Macri quiere asegurarle el futuro a la empresa del presidente del Real Madrid
Por Martín Granovsky
09 de diciembre de 2018
Imagen: Pati-Jorh
Con P de pelota, peaje, política y poder
Aunque faltan las audiencias públicas, el Gobierno busca mejorar la rentabilidad de los accesos Oeste y Norte, propiedad de Florentino Pérez, el megaempresario que negoció jugar el Boca-River en Madrid.
Florentino Pérez es como los Rocca o los Macri: un megaempresario de grandes obras públicas. Presidente del Real Madrid, se transformó en el dueño de la superfinal que el Estado y los directivos de Boca y River birlaron a los argentinos. Hoy puede ser su día de fiesta. Le vendrá bien, porque después del partido llegará un trago amargo. El miércoles 12 será interrogado en el Congreso para determinar su responsabilidad en el financiamiento ilegal de los conservadores españoles. El dinero de Pérez es de origen global, la Argentina incluida.
Para la revista Forbes española, Don Florentino es el CEO número uno del reino. Y el Real Madrid, el club de fútbol financieramente más cotizado del mundo. Pérez es el ejecutivo principal de ACS, la constructora con 200 mil empleados fundada en 1997. En 2016 tenía un ingreso de 36 mil millones de dólares y obtuvo una ganancia neta de 855 millones de dólares.
El señor Pérez, a la vez principal accionista de ACS, consiguió forjar un despliegue mundial. ACS tiene ramificaciones en el sudeste asiático, Alemania y América Latina. En la Argentina sus conquistas fueron más allá del fútbol. ACS es la sexta adjudicataria de obra pública, con actividades soterramiento y una trayectoria rutilante en un rubro muy caro al ser nacional: el peaje.
Mauricio Macri trata con intensidad a Pérez desde 2009. Ese año, como jefe del gobierno porteño interesó a Don Florentino en que hiciera negocios en la Argentina. Lo hizo durante una gira por Madrid en la que consolidó los lazos con el Partido Popular de José María Aznar y Mariano Rajoy. El PP fue siempre un modelo para el Pro.
Un hecho resonante que unió a Pérez con Macri ocurrió en julio último, cuando el gigante europeo Abertis renovó por 12 años, hasta 2030, la concesión de las autopistas Acceso Oeste y Acceso Norte. Por los 119 kilómetros del primero pasan 85 mil autos por día. Por los 56 kilómetros del segundo, 77 mil. Según la agencia Europa Press las dos concesiones aportan 60 millones de dólares por año a los ingresos de Abertis.
Abertis está controlada por Atlantia y por ACS tras una operación de 19 mil millones de dólares que convirtió al nuevo grupo en el mayor concesionario de autopistas con peajes del mundo. La constructora española de Pérez detenta el 30 por ciento de las acciones. La filial alemana de ACS, Hochtief, el 20 por ciento menos una acción. Atlantia, de los Benetton, es poseedora del 50 por ciento.
Otro hecho que volvió a juntar a Pérez y a Macri en una tema común fue la perspectiva de la rentabilidad que alcanzarían los amigos españoles del Presidente. El 10 de mayo de este año la influyente web española www.elconfidencial.com colocó este título: “Florentino Pérez se pone al frente de la crisis de Abertis en Argentina”. Y agregaba que Pérez “lidera el equipo que negocia con el Gobierno de Macri minimizar el recorte de 250 millones (de euros) por la posible retirada de las concesiones de dos autopistas en Buenos Aires”.
Para ACS el origen de lo que consideraba como un problema era la mezcla de aumento sideral de las tasas y devaluación. Esa mezcla generaría un riesgo triple, según El Confidencial Digital, “ya que a su presencia como constructora (a través principalmente de Dragados) y materiales (a través de Cobra) se unirá ahora la de Abertis, que cuenta con la gestión de dos peajes de acceso a Buenos Aires que le genera al año ingresos por unos 250 millones”.
Los investigadores afirmaron que “el equipo de Florentino Pérez en ACS está evaluando el impacto de la crisis argentina especialmente en la recién absorbida Abertis”. Afirmaban estar inquietos por la devaluación y los compromisos de inversión firmados en 2017 antes de la corrida cambiaria de 2018. “Lo que ahora preocupa de verdad es el compromiso de inversión en Argentina de casi 700 millones que Abertis firmó en 2017”, con el que logró extender el contrato.
Cuando las ganancias bajan o no suben lo esperado y gobiernan los amigos hay un trabajo por hacer. “El presidente del Real Madrid tiene en cuenta que sería el segundo mercado en el que ACS se vería penalizada después de España, por lo que, según las fuentes consultadas, Pérez se está volcando con el Ejecutivo argentino para minimizar el recorte”, escribieron los periodistas.
ADN
El Grupo Macri está en el origen de los peajes, y los peajes están en el ADN de un conglomerado que creció al amparo de los beneficios estatales con saltos notables en la dictadura y durante el gobierno de Carlos Menem. Una de sus empresas de bandera, Sideco, alcanzó a ser propietaria del 23 por ciento de las acciones de la firma Ausol junto con Abertis y con la italiana Impregilo.
Llegó a ser tan escandalosa la confusión de intereses públicos y privados que hasta el Gobierno tomó nota. Por sugerencia de la Oficina Anticorrupción, el decreto con la extensión de las concesiones hasta 2030 fue firmado por la vicepresidenta Gabriela Michetti y no por Macri. También firmaron el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Transportes Guillermo Dietrich.
La concesión original fue otorgada en 1994 por el gobierno de Menem. El contrato que el Estado extendió incluye una compensación por obras anteriores.
Este diario publicó el 3 de agosto de 2017 una denuncia de Margarita Stolbizer. Por esa denuncia el juez Daniel Rafecas comenzó a investigar si Mauricio Macri benefició a su familia con la suba del peaje en Autopistas del Sol antes de que el grupo vendiera las acciones por un precio cuatro veces mayor al de 2015. Stolbizer se preguntó por qué Macri “no vendió sus acciones al asumir y recién lo hace 15 meses después”. Con las subas, Autopistas del Sol canceló deudas y pagó dividendos. Macri vendió una vez que subieron las acciones. Uno de los compradores fue Natal Inversiones, socia de ACS en Abertis.
La relación entre costo y beneficio en el negocio de los peajes fue siempre una preocupación del Grupo Macri y de ACS.
Esa ecuación mantuvo a Don Florentino bien activo en el transcurso del año. El 27 de noviembre último el Ministerio de Transportes y la Dirección Nacional de Vialidad firmaron la resolución 2369 sobre los peajes en las dos autopistas más transitadas. La expresión que más se repite tiene dos palabras: “redeterminación tarifaria”.
Hasta ahora tanto el Gobierno como los críticos de la resolución, obviamente por motivos distintos, la presentaron con un asunto cerrado. No es así. O casi no es así. La cuestión de las tarifas de peaje está abierta, tal como queda claro en la secuencia que sigue y que se desprende de la simple lectura de la resolución:
En febrero de 2018 Dietrich y el entonces administrador de Vialidad Nacional Javier Iguacel llamaron a audiencias para aumentar las tarifas en los dos accesos.
El Ministerio de Transportes y el área de Vialidad, que después del paso de Iguacel a Energía conduce Mabel Gutiérrez, impulsaron desde entonces el aumento de tarifas a aplicarse “después de fin del año 2018”.
Las nuevas tarifas tomarán en cuenta la merma en la circulación de autos y, como si el cemento y los sueldos de los empleados fueran actualizados en dólares, considerarán la devaluación acumulada del dólar desde el 31 de diciembre de 2016.
Ahora las empresas están obligadas a presentar el nuevo cuadro tarifario y exponerlo en “un espacio institucional para la expresión de opiniones y propuestas por parte de los interesados”. Una parte será presencial. La otra, por internet.
La resolución aclara, naturalmente, que “las opiniones y propuestas que se presenten durante este procedimiento no tendrán carácter vinculante”. Lo dice dos veces. Si hay participación, que no se note. Y si se nota, que no obligue a nada. Por eso es que el trámite no está cerrado pero casi. O está abierto pero casi no. Como una final entre Boca y River.
Cronos
La Confederación Sudamericana de Fútbol, conocida como Conmebol, fue la cara visible de la decisión de mudar la superfinal de Boca y River a España. La versión oficial es que el partido no pudo jugarse en el Monumental el 24 de noviembre porque el hincha Matías Firpo embocó un botellazo en una ventana del micro que llevaba a los jugadores de Boca. Seguramente muy pocos aprobarán la conducta de Firpo, que encima confesó su arrepentimiento ante la Justicia. Pero desterrar de la Argentina un partido solo por él suena a coartada. Es como pensar que el principal causante de la Primera Guerra Mundial fue el bosnio Gavrilo Princip cuando mató al archiduque Francisco Fernando de Austria.
Para construir la historia oficial fue clave el presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, que a su vez es vicepresidente de la Federación Internacional del Fútbol Asociado. Graduado en Kansas y con vínculos en los negocios de marketing, alcanzó ambos cargos después del escándalo de corrupción con origen en una investigación norteamericana. Junto con el ítalo-suizo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, Domínguez fue uno de los invitados especiales a la gala del Colón en el marco del G-20, el viernes 30 de noviembre. Ni él ni Infantino presiden países. Pero quizás la FIFA y la Conmebol expliquen parte de la globalización financiera con sus movimientos de dinero blanco y dinero negro.
Para los maliciosos, la cronología es suculenta. El 27 de noviembre se firmó la resolución de Transporte y Vialidad. El 29 la Conmebol resolvió jugar en el estadio del Real Madrid. El 30 Macri, Domínguez e Infantino lloraron emocionados en el Colón. Es evidente que cada proceso tiene su propio desarrollo. ¿La coincidencia de fechas es casualidad? Es posible. Lo que no es casual es el cruce permanente de intereses entre los conservadores españoles del PP, los conservadores argentinos del PRO, la obra pública, los peajes de Pérez y Macri, el negocio político y económico del fútbol en el Real Madrid, Boca, River y la vida en los palcos.
Banquillo
Además de Pérez, entre los accionistas de ACS figuran la familia March, Miquel Fluxá Roselló y el dúo conocido en España como “Los Albertos”, por Alberto Alcocer y Alberto Cortina. Ambos son primos y ostentan el título de ser los hombres más ricos de España. Estuvieron casados con dos hermanas, Alicia y Esther Koplowitz, una familia ligada a las grandes construcciones. Pero el que pesa de verdad es Florentino, quien comparte ACS con el Real Madrid en ese orden de importancia para su agenda cotidiana.
Pérez es un gran amigo de un gran amigo de Macri, el ex presidente del gobierno Mariano Rajoy, el dirigente del conservador Partido Popular. Debió dejar su cargo el 1° de junio último cuando la Justicia descubrió que había mentido en una causa por el financiamiento ilegal del PP. Aparte de negocios y política, a Rajoy y a Pérez los unen los mariscos de Badulaque, un sabroso restaurante de La Coruña donde se juntan seguido con el presidente del gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, y el director del diario ABC Bieito Rubido. Cuando el Parlamento votó la moción de censura en su contra, Rajoy llevaba siete años y medio al frente del gobierno, 15 como jefe máximo del PP y 38 de carrera pública. Ahora tendrá tiempo para los mariscos.
La salida de Rajoy coincidió con otra: la del francés Zinedine Zidane como director técnico del Real Madrid. “Si queda libre Rajoy, puede ficharlo Florentino Pérez”, bromeaba el periodista de deportes Isaías Lafuente. “Tiene mucha gente en el banquillo.” Entre el banco de suplentes y el banquillo de los acusados hay cierta familiaridad. Todo se cruza cuando el fútbol se entremezcla con la política y con los grandes capitales.
El 12 de febrero, cuando terminen las fiestas de fin de año y Reyes y ya no quede nada de la resaca, Rajoy tendrá que comparecer en la comisión del Congreso que ya citó a Pérez e investiga la financiación ilegal del PP. Antes de las fiestas, el 12 de diciembre, deberá asistir su amigo Florentino. ACS figura entre las empresas que donaron fondos al ex tesorero del PP Luis Bárcenas. En la citación de Pérez coincidieron todos los grupos parlamentarios menos, naturalmente, los diputados del PP. Estuvieron de acuerdo los socialistas, Podemos y hasta los liberales de Ciudadanos.
El Congreso de los Diputados investiga los detalles de la concesión de obras a cambio del presunto sobornos o comisiones.
Encarcelado en la prisión de Soto del Real, Bárcenas fue condenado a 33 años de privación de libertad por el Caso Gürtel. Acaba de interponer un recurso ante el Tribunal Supremo de España en el que dice que era “un mero amanuense mediante la anotación de los ingresos y pagos en la cuenta de donativos”.
Justamente fue Bárcenas quien involucró a Don Florentino. En una frase que puede sonar común en Boca o River dijo: “El PP tiene el palco del Bernabéu para hacer negocios”. El Bernabéu es el estadio del Real Madrid. Bárcenas dijo que era “una broma” imaginar que Pérez lo haya utilizado a él como intermediario cuando por su palco pasaban ministros. “Con el nivel de interlocución que tienen Florentino Pérez y Juan Miguel Villar-Mir, nadie se cree que vayan a utilizar al gerente del partido”, se defendió. Nacido en 1931 y funcionario de Francisco Franco, el marqués de Villar-Mir fue también empresario de la construcción y viceministro de asuntos económicos con Rajoy.
Otro de los acusados por la trama Gürtel, Francisco Correa, dijo a la Justicia que no tuvo la noción de que fuese delito haber hecho regalos a dirigentes políticos a cambio de favores. Narró como un hecho natural que los palcos del Bernabéu fueran el escenario de grandes operaciones. “Ministros de este país, ex presidentes del gobierno de este país, trabajan de esta manera en muchos países latinoamericanos y de Oriente Medio”, explicó. Y agregó: “Un equipo de fútbol de este país organizó una pretemporada en un continente muy lejano, en un país muy lejano, al que nunca había ido, y a los dos meses del regreso leí en la prensa que una de sus empresas relacionadas con ese equipo de fútbol, fue adjudicataria de la mayor obra del país, 2.500 millones de dólares”. China, Japón y los Estados Unidos son destinos habituales para los amistosos del Real Madrid y el Barcelona.
Correa dijo que entrar a un palco del Real Madrid cuesta cinco mil euros por persona pero que los ministros, los presidentes y los jueces son invitados y no pagan. Y que lo mismo hizo él. “Con mis empresas he invitado de la mejor manera porque eran buenos clientes míos.”
“Parece que desde 2015 es delito en el Código Penal y antes no”, ironizó. Sí reconoció Correa que ocultó fondos en el extranjero. “Bueno, que empiecen a hacer cárceles en España para meter en prisiones a todos los ciudadanos que están en los papeles de los paraísos fiscales”, recomendó el herido.
Pérez querelló de inmediato a Correa, un empresario de eventos que nació en Casablanca en 1955 y gusta hacerse llamar Don Vito, por el Vito Corleone de “El Padrino”. Fue encarcelado por primera vez por Baltasar Garzón cuando todavía Garzón era juez, antes de la vendetta del franquismo y los admiradores hispánicos de Augusto Pinochet. Hincha del Barcelona, la otra vocación del magistrado era el arco. Pero siempre le tuvo aversión a la cancha inclinada de los lobbyistas, esa categoría de gente que el viento desparrama y los peajes amontonan.
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