11 dic 2018
Cuando apenas faltan diez días para que el Gobierno de España celebre en Barcelona su próximo Consejo de Ministros, sus relaciones con el Ejecutivo catalán se encuentran en un punto de tensión considerable. Mientras tanto, crece la presión en el espacio público de las fuerzas independentistas.
Las fuerzas independentistas aumentan su presión en el espacio público mientras el presidente de la Generalitat, Quim Torra, cuestiona abiertamente la actuación de las fuerzas policiales autonómicas que tratan de contenerla. Esta postura, a su vez, ha generado una previsible oleada de críticas entre las que se escucha, cada vez con más insistencia, la sugerencia de volver a intervenir la autonomía de Cataluña mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española.
En este escenario, al presidente catalán –que afirma que "ya no hay marcha atrás" posible en las aspiraciones independentistas– le pareció buena idea apelar a la memoria del violento proceso separatista de Eslovenia en 1991, incluyendo así una corrosiva retórica belicista en un conflicto que no para de acumular tensiones en los últimos días.
Una visita controvertida
La decisión de celebrar una reunión ordinaria del gabinete ministerial en Cataluña fue anunciada el pasado 12 de noviembre por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que aseguró también que, una vez allí, Sánchez se reuniría "con total lealtad y normalidad con el presidente de todos los catalanes".
Calvo anunció la visita del Ejecutivo a Barcelona como un acto normal del que ya existen precedentes; al fin y al cabo, el Consejo de Ministros ya se reunió en Sevilla a finales de octubre y desde Moncloa no descartan una agenda itinerante que contenga visitas a todas las Comunidades Autónomas del país.
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Vicepresidencia
✔@M_Presidencia
.@carmencalvo en el programa #BuenosDíasAndalucía de @canalsur: “El presidente Sánchez acepta la #Constitución de punta a cabo. El #CMin estará en todas las Autonomías, también en #Cataluña. Torra sabrá si acepta la reunión o no”.
15
6:01 - 10 dic. 2018Ver los otros Tweets de Vicepresidencia
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Sin embargo, la fecha de la visita a Cataluña es especial y ciertamente controvertida. La reunión de los ministros en Barcelona está prevista –y ha sido recientemente confirmada– para el día 21 de diciembre, cuando se cumple exactamente un año de las últimas elecciones autonómicas catalanas, convocadas por el Gobierno del expresidente Mariano Rajoy tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, que suspendía la autonomía de Cataluña.
En un momento en el que otra intervención de la autonomía catalana se perfila como una posibilidad, esta visita del Consejo de Ministros adquiere matices perturbadores para las fuerzas independentistas que gobiernan la Generalitat. De hecho, el Ejecutivo catalán, a través de su portavoz, Elsa Artadi, declaró que percibía "un punto de provocación" en la presencia del Gobierno español precisamente en esa fecha, y se apresuró a afirmar que garantizarían la seguridad de la visita, pero también el derecho a la protesta.
Tensión en las calles
Mientras tanto, el independentismo a pie de calle se muestra especialmente agitado y combativo, y tanto sus acciones como la gestión de las fuerzas de seguridad que se lleva a cabo desde la Generalitat para contenerlas están siendo objeto de polémica.
Este fin de semana, varios activistas de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) mantuvieron cortada durante 15 horas la AP-7, una autopista de vital importancia, al grito de "el pueblo manda, el Gobierno obedece".
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El poble mana, el govern obeeix!
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"L'Ebre serà la tomba del feixime", "Tothom al carrer", seguim, seguirem...#AP7 #Ampolla #CDRenXarxa #ElPoderDelPoble
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10:44 - 8 dic. 2018161 personas están hablando de esto
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En los días previos, varios disturbios registrados en Gerona y Tarrassa entre independentistas y partidarios de la Constitución se saldaron con una polémica intervención de los Mossos d'Escuadra [Policía autonómica catalana].
El Gobierno y los Mossos
Una de las quejas principales que se dirige estos días desde el Ejecutivo español contra la Generalitat es la supuesta inacción de los Mossos contra los CDR que bloquearon la autopista. La portavoz del Gobierno central, Isabel Celaá, criticó que los agentes de la Policía autonómica estuvieran "parados" y afirmó que parecían estar alineándose con "objetivos partidistas".
Por otra parte, el hecho de que Quim Torra y el consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, se reunieran posteriormente para analizar las cargas de los Mossos contra los independentistas y amenazaran a la cúpula de la fuerza policial con destituciones también ha sido objeto de controversia.
Los principales partidos de la oposición se han mostrado gravemente indignados al respecto. La presidenta del grupo parlamentario de Ciudadanos en la asamblea catalana, Inés Arrimadas, dijo que la gestión la Generalitat al frente de las fuerzas de seguridad autonómicas había sido "inadmisible", y cargó contra el Gobierno de Sánchez, al considerar que "deja que Cataluña sea un territorio sin ley en manos de Torra".
Inés Arrimadas
✔@InesArrimadas
Inadmisible. Después de las tremendas imágenes de ayer de los violentos CDR a los que anima a “apretar”, a Torra solo se le ocurre criminalizar e impedir a los Mossos que realicen su trabajo en condiciones. Sánchez deja que Cataluña sea un territorio sin ley en manos de Torra
La Vanguardia
✔@LaVanguardia
#ÚLTIMAHORA Torra le da cuatro días a Buch para que haga cambios en Interior tras las cargas en Girona y Terrassa http://bit.ly/2QjWUtG
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8:31 - 7 dic. 2018
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Por su parte, el Partido Popular –que insiste desde hace tiempo en volver a aplicar el artículo 155 en Cataluña– presentó este lunes una moción en el Senado para instar al Gobierno de España a hacerse con el control de la Policía catalana, mediante la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional.
Dura advertencia del Gobierno central
El Ejecutivo español ha enviado este martes tres cartas a las autoridades catalanas referidas al control de las fuerzas de seguridad. La vicepresidenta, Carmen Calvo, escribió a su homólogo Pere Aragonés para reprocharle que "aparentemente ha existido una dejación de las funciones que tiene atribuidas ese Gobierno, con consecuencias para la seguridad pública", y advertirle que es obligación del Gobierno central "evaluar los posibles incumplimientos del ordenamiento jurídico que se hayan producido".
Disturbios en Gerona (España) entre manifestantes de extrema derecha y antifascistas. 6 de diciembre de 2018. / Josep Lago / AFP
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, también envió una misiva a la Generalitat sobre el asunto. Sin embargo, la más contundente ha sido la remitida desde el Ministerio del Interior, por el titular Fernando Grande-Marlaska, en la que detalla un artículo de la ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que permite al Ejecutivo enviar la Policía a Cataluña si los Mossos no garantizan la seguridad.
La 'vía eslovena'
Al actual clima de tensión también han contribuido unas declaraciones realizadas el sábado por el presidente Torra, que tuvieron un efecto incendiario en un panorama ya de por sí inflamable.
Se hallaba en el acto de presentación del 'Consell per la República' (El Consejo por la República) celebrado en Bruselas, y dijo que los eslovenos "decidieron determinarse y tirar hacia delante en el camino de la libertad con todas sus consecuencias hasta conseguirlo". "Hagamos como ellos", propuso entonces Torra.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el Parlamento de Cataluña. Barcelona (España) 2 de Octubre de 2018. / Albert Gea / Reuters
Esta referencia al enfrentamiento armado con el que Eslovenia se independizó de Yugoslavia, y que se saldó con 74 muertos y varios cientos de heridos, ha contribuido considerablemente a elevar la tensión del conflicto entre el Ejecutivo catalán y el Gobierno central, y a agitar la polémica en torno a su validez como figura política en un contexto democrático.
La portavoz Isabel Celaá ha calificado las palabras de Torra como "lamentables e insensatas", y práctimente la totalidad del espectro político español ha condenado su mención a la vía eslovena.
Huelga de hambre
Al mismo tiempo, en el ámbito jurídico, corre la cuenta atrás hacia la celebración del juicio a los líderes independentistas que llegaron a proclamar la independencia de Cataluña en el Parlamento autonómico el 27 de octubre de 2017, entre los que se encuentra el exvicepresidente de la Generalitat catalana Oriol Junqueras y varios exconsejeros del Ejecutivo regional, que aguardan el juicio en régimen de prisión preventiva.
Cuatro de los acusados en el juicio, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Joaquim Forn y Josep Rull, han iniciado una huelga de hambre con la intención de incrementar la presión en su reivindicación de libertad. Como gesto simbólico, el presidente Torra se ha solidarizado con ellos llevando a cabo un ayuno de 48 horas que terminará este martes.
Cuando apenas faltan diez días para que el Gobierno de España celebre en Barcelona su próximo Consejo de Ministros, sus relaciones con el Ejecutivo catalán se encuentran en un punto de tensión considerable. Mientras tanto, crece la presión en el espacio público de las fuerzas independentistas.
Las fuerzas independentistas aumentan su presión en el espacio público mientras el presidente de la Generalitat, Quim Torra, cuestiona abiertamente la actuación de las fuerzas policiales autonómicas que tratan de contenerla. Esta postura, a su vez, ha generado una previsible oleada de críticas entre las que se escucha, cada vez con más insistencia, la sugerencia de volver a intervenir la autonomía de Cataluña mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española.
En este escenario, al presidente catalán –que afirma que "ya no hay marcha atrás" posible en las aspiraciones independentistas– le pareció buena idea apelar a la memoria del violento proceso separatista de Eslovenia en 1991, incluyendo así una corrosiva retórica belicista en un conflicto que no para de acumular tensiones en los últimos días.
Una visita controvertida
La decisión de celebrar una reunión ordinaria del gabinete ministerial en Cataluña fue anunciada el pasado 12 de noviembre por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que aseguró también que, una vez allí, Sánchez se reuniría "con total lealtad y normalidad con el presidente de todos los catalanes".
Calvo anunció la visita del Ejecutivo a Barcelona como un acto normal del que ya existen precedentes; al fin y al cabo, el Consejo de Ministros ya se reunió en Sevilla a finales de octubre y desde Moncloa no descartan una agenda itinerante que contenga visitas a todas las Comunidades Autónomas del país.
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.@carmencalvo en el programa #BuenosDíasAndalucía de @canalsur: “El presidente Sánchez acepta la #Constitución de punta a cabo. El #CMin estará en todas las Autonomías, también en #Cataluña. Torra sabrá si acepta la reunión o no”.
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Sin embargo, la fecha de la visita a Cataluña es especial y ciertamente controvertida. La reunión de los ministros en Barcelona está prevista –y ha sido recientemente confirmada– para el día 21 de diciembre, cuando se cumple exactamente un año de las últimas elecciones autonómicas catalanas, convocadas por el Gobierno del expresidente Mariano Rajoy tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, que suspendía la autonomía de Cataluña.
En un momento en el que otra intervención de la autonomía catalana se perfila como una posibilidad, esta visita del Consejo de Ministros adquiere matices perturbadores para las fuerzas independentistas que gobiernan la Generalitat. De hecho, el Ejecutivo catalán, a través de su portavoz, Elsa Artadi, declaró que percibía "un punto de provocación" en la presencia del Gobierno español precisamente en esa fecha, y se apresuró a afirmar que garantizarían la seguridad de la visita, pero también el derecho a la protesta.
Tensión en las calles
Mientras tanto, el independentismo a pie de calle se muestra especialmente agitado y combativo, y tanto sus acciones como la gestión de las fuerzas de seguridad que se lleva a cabo desde la Generalitat para contenerlas están siendo objeto de polémica.
Este fin de semana, varios activistas de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) mantuvieron cortada durante 15 horas la AP-7, una autopista de vital importancia, al grito de "el pueblo manda, el Gobierno obedece".
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"L'Ebre serà la tomba del feixime", "Tothom al carrer", seguim, seguirem...
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En los días previos, varios disturbios registrados en Gerona y Tarrassa entre independentistas y partidarios de la Constitución se saldaron con una polémica intervención de los Mossos d'Escuadra [Policía autonómica catalana].
El Gobierno y los Mossos
Una de las quejas principales que se dirige estos días desde el Ejecutivo español contra la Generalitat es la supuesta inacción de los Mossos contra los CDR que bloquearon la autopista. La portavoz del Gobierno central, Isabel Celaá, criticó que los agentes de la Policía autonómica estuvieran "parados" y afirmó que parecían estar alineándose con "objetivos partidistas".
Por otra parte, el hecho de que Quim Torra y el consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, se reunieran posteriormente para analizar las cargas de los Mossos contra los independentistas y amenazaran a la cúpula de la fuerza policial con destituciones también ha sido objeto de controversia.
Los principales partidos de la oposición se han mostrado gravemente indignados al respecto. La presidenta del grupo parlamentario de Ciudadanos en la asamblea catalana, Inés Arrimadas, dijo que la gestión la Generalitat al frente de las fuerzas de seguridad autonómicas había sido "inadmisible", y cargó contra el Gobierno de Sánchez, al considerar que "deja que Cataluña sea un territorio sin ley en manos de Torra".
Inés Arrimadas
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Inadmisible. Después de las tremendas imágenes de ayer de los violentos CDR a los que anima a “apretar”, a Torra solo se le ocurre criminalizar e impedir a los Mossos que realicen su trabajo en condiciones. Sánchez deja que Cataluña sea un territorio sin ley en manos de Torra
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Por su parte, el Partido Popular –que insiste desde hace tiempo en volver a aplicar el artículo 155 en Cataluña– presentó este lunes una moción en el Senado para instar al Gobierno de España a hacerse con el control de la Policía catalana, mediante la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional.
Dura advertencia del Gobierno central
El Ejecutivo español ha enviado este martes tres cartas a las autoridades catalanas referidas al control de las fuerzas de seguridad. La vicepresidenta, Carmen Calvo, escribió a su homólogo Pere Aragonés para reprocharle que "aparentemente ha existido una dejación de las funciones que tiene atribuidas ese Gobierno, con consecuencias para la seguridad pública", y advertirle que es obligación del Gobierno central "evaluar los posibles incumplimientos del ordenamiento jurídico que se hayan producido".
Disturbios en Gerona (España) entre manifestantes de extrema derecha y antifascistas. 6 de diciembre de 2018. / Josep Lago / AFP
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, también envió una misiva a la Generalitat sobre el asunto. Sin embargo, la más contundente ha sido la remitida desde el Ministerio del Interior, por el titular Fernando Grande-Marlaska, en la que detalla un artículo de la ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que permite al Ejecutivo enviar la Policía a Cataluña si los Mossos no garantizan la seguridad.
La 'vía eslovena'
Al actual clima de tensión también han contribuido unas declaraciones realizadas el sábado por el presidente Torra, que tuvieron un efecto incendiario en un panorama ya de por sí inflamable.
Se hallaba en el acto de presentación del 'Consell per la República' (El Consejo por la República) celebrado en Bruselas, y dijo que los eslovenos "decidieron determinarse y tirar hacia delante en el camino de la libertad con todas sus consecuencias hasta conseguirlo". "Hagamos como ellos", propuso entonces Torra.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el Parlamento de Cataluña. Barcelona (España) 2 de Octubre de 2018. / Albert Gea / Reuters
Esta referencia al enfrentamiento armado con el que Eslovenia se independizó de Yugoslavia, y que se saldó con 74 muertos y varios cientos de heridos, ha contribuido considerablemente a elevar la tensión del conflicto entre el Ejecutivo catalán y el Gobierno central, y a agitar la polémica en torno a su validez como figura política en un contexto democrático.
La portavoz Isabel Celaá ha calificado las palabras de Torra como "lamentables e insensatas", y práctimente la totalidad del espectro político español ha condenado su mención a la vía eslovena.
Huelga de hambre
Al mismo tiempo, en el ámbito jurídico, corre la cuenta atrás hacia la celebración del juicio a los líderes independentistas que llegaron a proclamar la independencia de Cataluña en el Parlamento autonómico el 27 de octubre de 2017, entre los que se encuentra el exvicepresidente de la Generalitat catalana Oriol Junqueras y varios exconsejeros del Ejecutivo regional, que aguardan el juicio en régimen de prisión preventiva.
Cuatro de los acusados en el juicio, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Joaquim Forn y Josep Rull, han iniciado una huelga de hambre con la intención de incrementar la presión en su reivindicación de libertad. Como gesto simbólico, el presidente Torra se ha solidarizado con ellos llevando a cabo un ayuno de 48 horas que terminará este martes.
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David Romero
David Romero
