El zorro en el gallinero
Por David Cufré
15 de diciembre de 2018
Algunas de las entidades de consumidores que más incomodan a bancos, automotrices, concesionarias de peajes, aerolíneas low cost, distribuidoras eléctricas y de gas, que formulan reclamos contra los exorbitantes aumentos de tarifas, fueron dadas de baja en los últimos días del registro nacional de asociaciones por una resolución de la Secretaría de Comercio. “Estamos soportando una persecución política para frenar nuestras acciones, pero no vamos a bajar los brazos"."Vamos a apelar y vamos a presentar demandas penales contra los funcionarios por abuso de autoridad y malversación de fondos”, advierte Lucas Marisi, titular de Consumidores en Acción, una entidad creada en 2012 que sufre, junto a otras cuatro asociaciones, la exclusión del registro público que les permite actuar en representación de la ciudadanía frente a los abusos empresarios. Las otras dadas de baja son la Unión de Usuarios y Consumidores, Modecuma, Consumidores Financieros y Adunorba, en todos los casos por cuestiones formales como no tener actualizada la página web, atrasos en la presentación del informe de gestión anual, no registrar movimientos en una cuenta obligatoria en el Banco Nación y, en un caso, por demoras en la entrega del último balance ante la Secretaría, lo cual también se podría haber resuelto con una simple intimación. “No tuvimos notificaciones previas ni derecho a defensa. La semana pasada nos enteramos de la medida por una resolución publicada en el Boletín Oficial. Nosotros siempre cumplimos con todo, pero la falta de recursos porque el Gobierno no está entregando los aportes a las asociaciones como marca la ley nos complicó un poco con algunas tareas. Acá lo que vemos es una persecución política injustificable. La Secretaría de Comercio dice que no tiene inspectores para controlar a las empresas pero manda a fiscalizar a las asociaciones de consumidores con una rigurosidad que ojalá mostrara con los bancos o las prepagas. Nos quieren frenar cuando hay una inflación descontrolada, las empresas de servicios públicos cobran lo que quieren y las violaciones a los derechos de los usuarios están a la orden del día. Es un escándalo”, se quejan en las oficinas de una de las entidades.
El gobierno de Mauricio Macri, lleno de figuras del establishment, desactivó desde un primer momento las instituciones y mecanismos creados en los últimos años para intensificar los controles sobre las empresas. La histórica Subsecretaría de Defensa del Consumidor fue degradada a dirección nacional. Los Tribunales de Consumo dispuestos por ley en 2014, cuya puesta en marcha estaba por concretarse a fines de 2015, quedaron en el olvido. El gobierno nacional dispuso su traslado a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, pero la escasa voluntad política para ponerlos en funcionamiento es evidente al cabo de tres años sin novedades. Los auditores de consumo con facultad para resolver de manera expeditiva las quejas de los clientes tampoco fueron nombrados. Los entes de control de servicios públicos fueron copados por ex empresarios de las mismas empresas que ahora deben auditar. Los equipos de evaluación de costos de las distintas cadenas de valor quedaron desmembrados en la primera tanda de despidos en el sector público. Los inspectores de la Secretaría de Comercio que exigían el cumplimiento de programas como Precios Cuidados también fueron echados. En esa secuencia, las asociaciones de consumidores de la sociedad civil terminaron por asumir un papel preponderante en la lucha contra empresas de servicios públicos, telefonía celular, Internet, agencias de autos y demás sectores con prontuarios enciclopédicos de violación de derechos de los clientes. Sobre algunas de ellas ahora recae la sanción que firmó el 7 de diciembre la nueva secretaria de Comercio, Marisa Bircher, con publicación en el Boletín Oficial el lunes 10, día de celebración del 35 aniversario de la recuperación democrática.
Antes de llegar a Comercio, bajo el ala de Dante Sica, ministro de Producción y Trabajo, Bircher trabajó tres años en el Ministerio de Agroindustria como especialista en agronegocios. La funcionaria dictó clases sobre la materia en las universidades privadas de Belgrano, UCES y UADE. Años antes, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, formó parte de la Fundación Exportar, para luego desempeñarse en la multinacional SGS Group, también en el área de comercio exterior. Su formación profesional se produjo en la Fundación Bank Boston y en la Universidad de la Marina Mercante. Entre 2008 y 2014 fue funcionaria del gobierno de la Ciudad, y luego, entre 2014 y 2015, formó parte de los equipos de la Fundación Pensar, usina de funcionarios PRO como Marcos Peña, Francisco Cabrera y Miguel Braun. Por lo que muestra en el inicio de su gestión, no solo llegó para mantener una actitud pasiva frente al poder económico, mientras los precios vuelan al 50 por ciento, sino que su primera acción resonante fue para disciplinar a las entidades de consumidores que intentan defenderlos de él.
Una de las consecuencias de la baja de las entidades del registro oficial es la pérdida de los subsidios que cobran todas las asociaciones para su financiamiento. El Gobierno ordenó la distribución de esos aportes días después de la exclusión, con lo cual quedaron afuera, con el agravante de que lo que dejaron de percibir son recursos adeudados de 2017. “Acá hay una clara intencionalidad política. A nosotros nos sancionaron porque no estaba actualizada la página de internet”, señala Marisi, quien anticipa que hará una denuncia por malversación de fondos contra la Secretaría de Comercio por la discriminación en el reparto de subsidios. Consumidores en Acción, la entidad que preside, es la que viene sosteniendo los reclamos contra la instalación de un aeropuerto para las low cost en El Palomar. “El 3 de diciembre iniciamos una demanda contra Flybondi y las demás aerolíneas que operan desde la base área, contra Aeropuertos Argentina 2000 y contra los funcionarios. El 6 de diciembre a la tarde participamos de una marcha histórica frente al aeropuerto con los ocho gremios aeronáuticos, camioneros y otras entidades. Y el 7 de diciembre la Secretaría de Comercio dictó las resoluciones con las sanciones a las cincos asociaciones de consumidores. La publicación fue el 10 en el Boletín Oficial”, detalla.
Algunos de los litigios que sostienen las entidades castigadas involucran a bancos por cargos abusivos con tarjetas de crédito; prepagas por el incumplimiento de la ley que las regula -por ejemplo, al no respetar el Plan Médico Obligatorio o los plazos de comunicación a los clientes de la suba de aranceles-; distribuidoras eléctricas y de gas por errores de facturación; automotrices y agencias por no presentar los kits de seguridad; concesionarias de peajes por no enviar las facturas del telepeaje a los usuarios; proveedores de telefonía celular e internet por problemas de servicio, facturación o para dar la baja, entre otros. La lista es mucho más extensa y explica, en la visión de las asociaciones, la embestida oficial de un gobierno PRO empresario.
El riesgo de poner al zorro a cuidar las gallinas fue advertido por las entidades de consumidores y en documentos de especialistas que estudiaron el funcionamiento de las CEOcracias en el mundo. Las alertas que esos sectores formularon no bien Macri designó su gabinete terminaron quedando cortas ante lo que después resultó la gestión. Que la inflación de 2018 se convierta en la más alta en 27 años es una de las consecuencias de aquellas designaciones en las estructuras de control del Estado nacional. La nueva arremetida sobre los defensores de los usuarios anticipa lo que puede esperarse para 2019 en el marco de un plan de ajuste auditado por el FMI.
15 de diciembre de 2018
Algunas de las entidades de consumidores que más incomodan a bancos, automotrices, concesionarias de peajes, aerolíneas low cost, distribuidoras eléctricas y de gas, que formulan reclamos contra los exorbitantes aumentos de tarifas, fueron dadas de baja en los últimos días del registro nacional de asociaciones por una resolución de la Secretaría de Comercio. “Estamos soportando una persecución política para frenar nuestras acciones, pero no vamos a bajar los brazos"."Vamos a apelar y vamos a presentar demandas penales contra los funcionarios por abuso de autoridad y malversación de fondos”, advierte Lucas Marisi, titular de Consumidores en Acción, una entidad creada en 2012 que sufre, junto a otras cuatro asociaciones, la exclusión del registro público que les permite actuar en representación de la ciudadanía frente a los abusos empresarios. Las otras dadas de baja son la Unión de Usuarios y Consumidores, Modecuma, Consumidores Financieros y Adunorba, en todos los casos por cuestiones formales como no tener actualizada la página web, atrasos en la presentación del informe de gestión anual, no registrar movimientos en una cuenta obligatoria en el Banco Nación y, en un caso, por demoras en la entrega del último balance ante la Secretaría, lo cual también se podría haber resuelto con una simple intimación. “No tuvimos notificaciones previas ni derecho a defensa. La semana pasada nos enteramos de la medida por una resolución publicada en el Boletín Oficial. Nosotros siempre cumplimos con todo, pero la falta de recursos porque el Gobierno no está entregando los aportes a las asociaciones como marca la ley nos complicó un poco con algunas tareas. Acá lo que vemos es una persecución política injustificable. La Secretaría de Comercio dice que no tiene inspectores para controlar a las empresas pero manda a fiscalizar a las asociaciones de consumidores con una rigurosidad que ojalá mostrara con los bancos o las prepagas. Nos quieren frenar cuando hay una inflación descontrolada, las empresas de servicios públicos cobran lo que quieren y las violaciones a los derechos de los usuarios están a la orden del día. Es un escándalo”, se quejan en las oficinas de una de las entidades.
El gobierno de Mauricio Macri, lleno de figuras del establishment, desactivó desde un primer momento las instituciones y mecanismos creados en los últimos años para intensificar los controles sobre las empresas. La histórica Subsecretaría de Defensa del Consumidor fue degradada a dirección nacional. Los Tribunales de Consumo dispuestos por ley en 2014, cuya puesta en marcha estaba por concretarse a fines de 2015, quedaron en el olvido. El gobierno nacional dispuso su traslado a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, pero la escasa voluntad política para ponerlos en funcionamiento es evidente al cabo de tres años sin novedades. Los auditores de consumo con facultad para resolver de manera expeditiva las quejas de los clientes tampoco fueron nombrados. Los entes de control de servicios públicos fueron copados por ex empresarios de las mismas empresas que ahora deben auditar. Los equipos de evaluación de costos de las distintas cadenas de valor quedaron desmembrados en la primera tanda de despidos en el sector público. Los inspectores de la Secretaría de Comercio que exigían el cumplimiento de programas como Precios Cuidados también fueron echados. En esa secuencia, las asociaciones de consumidores de la sociedad civil terminaron por asumir un papel preponderante en la lucha contra empresas de servicios públicos, telefonía celular, Internet, agencias de autos y demás sectores con prontuarios enciclopédicos de violación de derechos de los clientes. Sobre algunas de ellas ahora recae la sanción que firmó el 7 de diciembre la nueva secretaria de Comercio, Marisa Bircher, con publicación en el Boletín Oficial el lunes 10, día de celebración del 35 aniversario de la recuperación democrática.
Antes de llegar a Comercio, bajo el ala de Dante Sica, ministro de Producción y Trabajo, Bircher trabajó tres años en el Ministerio de Agroindustria como especialista en agronegocios. La funcionaria dictó clases sobre la materia en las universidades privadas de Belgrano, UCES y UADE. Años antes, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, formó parte de la Fundación Exportar, para luego desempeñarse en la multinacional SGS Group, también en el área de comercio exterior. Su formación profesional se produjo en la Fundación Bank Boston y en la Universidad de la Marina Mercante. Entre 2008 y 2014 fue funcionaria del gobierno de la Ciudad, y luego, entre 2014 y 2015, formó parte de los equipos de la Fundación Pensar, usina de funcionarios PRO como Marcos Peña, Francisco Cabrera y Miguel Braun. Por lo que muestra en el inicio de su gestión, no solo llegó para mantener una actitud pasiva frente al poder económico, mientras los precios vuelan al 50 por ciento, sino que su primera acción resonante fue para disciplinar a las entidades de consumidores que intentan defenderlos de él.
Una de las consecuencias de la baja de las entidades del registro oficial es la pérdida de los subsidios que cobran todas las asociaciones para su financiamiento. El Gobierno ordenó la distribución de esos aportes días después de la exclusión, con lo cual quedaron afuera, con el agravante de que lo que dejaron de percibir son recursos adeudados de 2017. “Acá hay una clara intencionalidad política. A nosotros nos sancionaron porque no estaba actualizada la página de internet”, señala Marisi, quien anticipa que hará una denuncia por malversación de fondos contra la Secretaría de Comercio por la discriminación en el reparto de subsidios. Consumidores en Acción, la entidad que preside, es la que viene sosteniendo los reclamos contra la instalación de un aeropuerto para las low cost en El Palomar. “El 3 de diciembre iniciamos una demanda contra Flybondi y las demás aerolíneas que operan desde la base área, contra Aeropuertos Argentina 2000 y contra los funcionarios. El 6 de diciembre a la tarde participamos de una marcha histórica frente al aeropuerto con los ocho gremios aeronáuticos, camioneros y otras entidades. Y el 7 de diciembre la Secretaría de Comercio dictó las resoluciones con las sanciones a las cincos asociaciones de consumidores. La publicación fue el 10 en el Boletín Oficial”, detalla.
Algunos de los litigios que sostienen las entidades castigadas involucran a bancos por cargos abusivos con tarjetas de crédito; prepagas por el incumplimiento de la ley que las regula -por ejemplo, al no respetar el Plan Médico Obligatorio o los plazos de comunicación a los clientes de la suba de aranceles-; distribuidoras eléctricas y de gas por errores de facturación; automotrices y agencias por no presentar los kits de seguridad; concesionarias de peajes por no enviar las facturas del telepeaje a los usuarios; proveedores de telefonía celular e internet por problemas de servicio, facturación o para dar la baja, entre otros. La lista es mucho más extensa y explica, en la visión de las asociaciones, la embestida oficial de un gobierno PRO empresario.
El riesgo de poner al zorro a cuidar las gallinas fue advertido por las entidades de consumidores y en documentos de especialistas que estudiaron el funcionamiento de las CEOcracias en el mundo. Las alertas que esos sectores formularon no bien Macri designó su gabinete terminaron quedando cortas ante lo que después resultó la gestión. Que la inflación de 2018 se convierta en la más alta en 27 años es una de las consecuencias de aquellas designaciones en las estructuras de control del Estado nacional. La nueva arremetida sobre los defensores de los usuarios anticipa lo que puede esperarse para 2019 en el marco de un plan de ajuste auditado por el FMI.
