Mariana Álvarez Orellana
Clae 09/01/2019
La crisis del régimen impuesto por la élite corrupta que ha tenido el poder desde el golpe de Estado de Alberto Fujimori del 5 de abril de 1992, parece no tener marcha atrás, en un Perú donde la lucha anticorrupción sintetiza el conjunto de demandas populares, revelando en toda su podredumbre del sistema y la injusticia reinante.
Pareciera que para el presidente Martín Vizcarra, quien accediera el poder ante la rnuncia del corrupto neoliberal Pedro pablo Kuczinsky, limpiar la casa (en este caso con la salida del sospechado fiscal general), se convierte en el punto clave para poder luego enfrentar los graves problemas nacionales.
Las iniciativas tomadas por Vizcarra, avizoran el surgimiento de un frente democrático anticorrupción cuyo primer resultado se vio en el referéndum del 9 de diciembre donde sus propuestas tuvieron más de 80% de apoyo. De lo que parece que no ha llegado aún la hora en esta lucha democrática es la de plantear una agenda alternativa, en especial por la falta de unidad de movimientos y partidos izquierdistas-progresistas.
Pero Vizcarra no es un hombre progresista y está acompañado por neoliberales que quieren seguir con un modelo exitoso en cifras macroeconómicas pero devastador para las grandes mayorías, y que, ahora, montados sobre la credibilidad del presidente, siguen exigiendo la disminución de los ya precarios derechos laborales de los trabajadores, con el argumento por demás falaz de que son costos que hay que eliminar para que la economía recobre su competitividad.
La historia de las últimas tres décadas del Perú muestra que la transición liderada por Valentín Paniagua se frustró por no cambiar la constitución impuesta por la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimir Montesinos y la “Gran Transformación” de Ollanta Humala primero la diluyeron y luego abandonaron totalmente. La esperanza de cambios en el modelo neoliberal, no solo fueron impedidos o frustrados, sino que dejaron consecuencias que hoy se padecen.
De crisis en crisis, habla la calle
Hace un año, con el indulto del entonces presidente Kuczinsky a Alberto Fujimori, se inició una crisis de régimen político que se ha agudizado gravemente con los intentos de remover a los fiscales de los casos de corrupción por cuestionado fiscal general Pedro Chávarry, dejando en claro para los peruanos, que la mafia fujiaprista se resiste a ser investigada por la justicia y está dispuesta a usar todo su poder para impedirlo.
Ni 48 horas le duró la jugada a Chávarry y tras contundentes marchas populares en Lima y otras regiones del país y ante la decisión de sus flamantes reemplazantes de declinar formar parte del equipo anticorrupción (Lava Jato), tuvo que dejar sin efecto la resolución que sacaba de sus puestos a Rafael Vela y José Domingo Pérez, y luego renunciar a su cargo ante la Junta de Fiscales Supremos.
La flamante fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, declaró en emergencia a la institución y explicó que será titular del Ministerio Público hasta que se instale la Junta Nacional de Justicia (JNJ), órgano que reemplazará al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura.
Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, dijo que se han propuesto denunciar y llevar a juicio a Keiko Fujimori, hija del exdictador y genocida Alberto, junto a otros implicados en el presunto delito de lavado de activos, antes de que termine el 2019.
Chávarry estaba involucrado en el caso de “Los Cuellos Blancos del Puerto” y acusado de encubrimiento a favor de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Su decisión de dimitir sirve como llamado de atención para quienes consideran que la movilización ciudadana no sirve de nada, y señalan por los medios hegemónicos que las marchas son solo realizadas por un grupo de violentistas que quiere ver arder todo.
Los peruanos han aprendido que en la calle se pelea por derechos y por una verdadera democracia. La sociedad movilizada, la acción ciudadana parece haber arrinconado a los poderosos de antaño y estos podrían estar viviendo las vísperas de su liquidación política, aventura el analista Nicolás Lynch.
Mientras, la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, señaló que la decisión de Chávarry contribuirá a garantizar la independencia de las investigaciones y dijo que “ahora lo que sigue es ver en el Congreso todas las acciones orientadas a mejorar la situación de la Fiscalía” para que los fiscales trabajen con libertad e independencia frente a todos los casos de corrupción. El Congreso debe analizar el proyecto de ley presentando por el Ejecutivo para reformar el Ministerio Público.
El presidente de la Asociación Civil Transparencia, Allan Wagner, dijo que la renuncia de Chávarry no debe detener las investigaciones contra el citado magistrado, contra quien hay cinco denuncias en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en el Congreso, las que se deben resolver.
El fujimorismo está de regreso y más fuerte que nunca, encabezado ahora por el presidente Martín Vizcarra, señaló Fernando Rospiglosi, exministro del Interior de Alejandro Toledo. “ El descarado intento de tomar el control del MP se parece como una gota de agua a lo que hizo Alberto Fujimori luego del golpe del 5 de abril”. (…) un amplio respaldo popular, que es lo que logró Fujimori atacando primero al Congreso y al sistema judicial y luego interviniéndolos”, señaló.
Rospligosi indicó que Vizcarra tiene ahora un apoyo similar al de Fujimori y lo ha obtenido igualmente agrediendo a las mismas desprestigiadas instituciones. (…) la coalición (…) antikeikista se ha convertido en la más entusiasta defensora del neofujimorismo y están endiosando a niveles ridículos y patéticos al presidente Vizcarra (…) “además de los ingenuos que creen que están luchando contra la corrupción y haciendo historia, hay gente muy corrupta que hasta ahora está saliendo bien librada del Caso Lava Jato”.
Es el modelo
Este modelo neoliberal fue impuesto por un golpe de Estado, y solo su derrocamiento con cambios estructurales, con una nueva Constitución que no solo sea la herramienta para cambiar no sólo el modelo económico y el enquistaminto mafioso en el poder del Estado, “sino también el control de las mentes y los cuerpos afianzado en las últimas décadas”, dice Lynch.
Para ello es imprescindible terminar con el contubernio mafioso y corrupto fujimorista-aprista, no para poner orden en el modelo de dominio neoliberal y expoliación de los recursos naturales del país, sino para terminar con las enormes desigualdades.
Los tecnócratas –que se dicen dueños del conocimiento- quieren cambiar algo para que nada cambie, los demócratas, sueñan con imponer una democracia participativa, a través de una profunda reforma política que barra con las barreras de acceso para los partidos y los movimientos sociales, haciendo trizas la legislación de criminalización de la protesta que aún rige en el Perú.La crisis de régimen no parece hoy tener vuelta atrás, pero la reforma del mismo es una larga marcha que no llevará de inmediato al objetivo de una Nueva Constitución. A menos que la calle la imponga.
* Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
