Por Paula Giménez y Matías Caciabue
24 enero, 2019
Pese a mantenerse fuerte en el control de algunos gobiernos y de no abandonar las calles en muchos otros, el campo popular latinoamericano atraviesa un momento de reflujo relativo, en un año en el que seis países latinoamericanos buscarán un nuevo presidente a través de contiendas electorales.
Los ciudadanos de Argentina, Bolivia, El Salvador, Panamá, Guatemala y Uruguay, en procesos diversos y contradictorios, irán a las urnas para definir un nuevo balance de poder en la región.
Bolivia y Argentina, uno espejo de otro
Los gobiernos de Argentina y Bolivia sostienen modelos económicos y sociales abiertamente enfrentados, señalando la más nítida contracara en términos de proyectos político estratégicos.
El socialismo comunitario de Bolivia, con un presidente indígena a la cabeza, puede describirse como un proceso de refundación nacional, que combina justicia social con el índice de crecimiento económico sostenido más importante de toda Sudamérica (4,67% del PBI en 2018).
La restitución neoliberal de Argentina, de la mano de un presidente empresario, puede detallarse como un proceso de recolonización en manos de los intereses del capital transnacional, los grandes grupos económicos locales y el conglomerado agroexportador. La inflación del 48% anual, la recesión económica con una caída de 2,3% del PBI, y el crecimiento exponencial de la deuda han puesto a ese país en jaque.
Para el caso boliviano, en la oposición se visualiza a parte del complejo multimediático y un disfraz digital de la vieja derecha en las llamadas “Plataformas 21F”. Carlos Mesa, un cobarde y neoliberal ex presidente que renunció en plena crisis boliviana de los años 2002-2006, se presenta, grotescamente, como “lo nuevo”.
Mesa consigue ser, por el momento, la figura electoral más relevante de una oposición fragmentada y que mostró toda su hilacha al momento de la postulación de los binomios electorales.
Evo Morales y Álvaro García Linera van por la continuidad y en pocos días mostraron toda su fortaleza política. Un masivo acto del MAS-IPSP el 18 de diciembre en Cochabamba muestra el poder de un “instrumento político” que certificó casi un millón de adherentes, contra los apenas 60mil del MNR, el principal partido de oposición.
La batalla electoral, en una Latinoamérica que hoy es gobernada mayoritariamente por proyectos políticos de las derechas, promete elevar las tensiones políticas del Estado Plurinacional de Bolivia. Ese pueblo tendrá que defender sus más de 10 años de conquistas potenciando la combinación, junto a lo electoral, de otras formas de lucha y organización.
En Argentina, Macri y su cada vez más nítido alineamiento con el proyecto neoconservador de Donald Trump, enfrentan un escenario electoral aún incierto, donde la ex presidenta Cristina Fernández asoma en todas las encuestas como la principal figura de oposición. A su vez, el gobierno enfrenta una batalla en el “frente económico”, con vencimientos de deuda y la tensionante espera de otro rescate del FMI para marzo de 2019.
Cristina Fernández encara una lenta pero progresiva rearticulación de diversos intereses económicos y políticos que otrora supieron sostenerla. Sin esa tarea, la “vuelta” al gobierno sería una quimera. Preocupa, a la vez, cierta falta de definiciones programáticas para una Argentina que, por el nuevo contexto internacional y nacional, no podrá ser gobernada sólo con el trazo neodesarrollista de la etapa anterior.
Centroamérica: el sueño de Istmania atraviesa varias batallas electorales
Juan José Arévalo, presidente guatemalteco entre 1945 y 1951, en los días de la caída de su amigo Jacobo Arbenz en 1954 lanzó un poderosos libro-proclama titulado “Istmania, o la unidad revolucionaria de centroamérica” para reclamar otro rumbo para los países centroamericanos.
Más de 60 años después de ese libro, la “tierra del istmo”, atomizada y enfrentando un sinnúmero de problemas -como la reciente caravana migrante que partió desde Honduras hasta Estados Unidos- este año será protagonista de elecciones en Guatemala, El Salvador y Panamá.
Desde la destitución de Otto Pérez Molina, Guatemala asiste a una detonación de su frágil sistema político, deudor de la compleja situación social heredada desde la guerra civil abierta tras el derrocamiento de Arbenz.
El país centroamericano de mayor población asiste a un jaque entre la violencia y la corrupción de la “vieja” derecha autoritaria (del que el actual presidente Jimmy Morales pareciera ser un representante) y la intervención solapada (soft-power) de la ONU (¿y los Estados Unidos?) a través de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG.
Los “partidos franquicia”, acordes al clientelismo político de la “vieja” derecha, han sido prohibidos. Algunos candidatos están cercados por la justicia, incluso en prisión.
En síntesis, el escenario electoral y político guatemalteco atraviesa un momento incierto, donde se perfilan cuatro posibles presidenciables: Sandra Torres, cónyuge del expresidente Álvaro Colom; Carlos Raúl Morales, ex Canciller de Otto Pérez Molina y de Jimmy Morales; Zury Rìos, líder evangélica e hija del fallecido dictador José Efraín Ríos Montt; y Thelma Aldana, ex fiscal general del país y alfil político de las denuncias “selectivas” de la CICIG.
La izquierda política se encuentra fragmetada en cuatro grandes espacios que no tienen aún perspectivas de unificación: la histórica Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG; el Partido Convergencia del ex líder guerrillero Pablo Monsanto; el indigenista Partido Winaq fundado por la Nobel de la Paz Rigoberta Menchú; y el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, vinculado al Comité de Desarrollo Campesino, CODECA.
“En el escenario que atraviesa este país, pero también en función de lo que pasa en la región centroamericana y en latinoamérica, la izquierda pierde si va dividida en esta coyuntura que demanda una unidad urgente e inaplazable”, nos señaló Celeste Cano, referencia jóven de la URNG, en una entrevista realizada a los fines de este análiisis.
Por otro lado, en Panamá, a fines de este año se cumplen 30 años de la invasión norteamericana que apresó al General Noriega y que se llevó la vida de más de 3000 personas, la mayoría civiles. Con esa historia de fondo, el país del canal pareciera estar atravesado hoy múltiples y profundas tensiones geopolíticas.
El expresidente Ricardo Martinelli cumple prisión por escuchas ilegales a más de 200 figuras de la oposición, mientras el actual presidente, Juan Carlos Varela, abre negocios con China a partir de un tratado donde el gigante asiático invertiría en la ampliación del estratégico paso bioceánico para. desplegar su propuesta de la “nueva ruta de la seda”.
El acercamiento con China sería una motivación suficiente para que en septiembre pasado el presidente panameño, Juan Carlos Varela, en la Asamblea General de Naciones Unidas exigiera a los Estados Unidos la eliminación del bloqueo contra Cuba. Por otro lado, los intereses europeos ligados al vaticano se sentirán con el viaje del Papa Francisco a este país durante este mes de enero.
El expresidente Martinelli, desde la cárcel, se presentaría como candidato a la alcaldía de la ciudad de Panamá. José Luis Blandón será la carta oficialista a las elecciones presidenciales que competirá con Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático -que marcha al frente de las encuestas-. Las fuerzas populares, nucleadas en torno al Frente Amplio por la Democracia (FAD), darán fuerza a la candidatura de Saúl Méndez, que atravesará en mayo su segunda contienda electoral.
Finalmente, en El Salvador, el gobernante Frente Farabundo Martí (FMLN) se enfrenta al desafío de preservar su continuidad no sólo ante el tradicional y derechista Partido ARENA, sino también ante el ascenso de Nayib Bukele, alcalde de San Salvador.
Bukele fue expulsado del FMLN en octubre de 2017 por violentar los principios partidarios, y en las elecciones de 2019 se presentará por el difuso (pero también derechista) Partido GANA, tercero en la contienda electoral de 2014, que diera por presidente al ex comandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén.
Uruguay: ¿La continuidad del Frente Amplio?
El 27 de octubre serán las elecciones en el país rioplatense. Los grandes partidos no han definido aún a sus candidatos, pero la situación uruguaya no escapa al escenario de reflujo relativo que viven sus países vecinos.
Los medios de comunicación, el capital financiero especulativo, la judicialización de la política (que obligó a la renuncia al vicepresidente Raúl Sendic), y hasta intentos de lock-out patronales (en el sector lechería y el sector petrolero) se vivieron en el país de los orientales.
La derecha partidaria, con el Partido Nacional como referencia, se para sobre esas situaciones para construir una alternativa de poder ante un Frente Amplio (FA) que atraviesa el desgaste de casi 15 años en el gobierno.
Si bien el FA ha realizado grandes transformaciones en el país, pasando de un 40% de pobreza a un 8% y de un 26% de desocupación a un 6%, se enfrenta a la desmovilización política relativa de los sectores populares que lo llevaron al gobierno tras la crisis de 2002, donde cada vez más el gobierno se separa de la fuerza política, y cada vez más ésta se separa de los colectivos y organizaciones sociales.
Esa desmovilización es resultado de la acción combinada de los medios de comunicación, de los partidos de la derecha y, también, de los sectores moderados dentro del propio FA, que le “regalaron” a la región un personaje tan oscuro como Luis Almagro, recientemente expulsado de las filas frenteamplistas.
Pareciera, de todas formas, que la pelota sigue estando del lado del oficialismo. Si el frenteamplismo logra ordenarse para renovar sus figuras electorales y apostar por el cumplimiento del programa de su último congreso (reforma agraria, flota pesquera y desarrollo frigorífico nacional, impuestos al gran capital y controles a la inversión extranjera directa, entre otros puntos), todo indica que tendría la fuerza y la moral para alcanzar un cuarto mandato presidencial.
Entre los presidenciables del FA aparecen el socialista moderado Daniel Martínez, actual intendente de Montevideo; el social liberal Mario Bergara, vinculado al ex vicepresidente Danilo Astori; la desarrollista Carolina Cosse, actual ministra de industria; y el comunista Oscar Andrade, secretario general del sindicato de la construcción y de creciente apoyo popular.
Palabras de cierre
En la etapa anterior (1999-2015), el progresismo fue importantísimo desde el punto de vista geopolítico y hasta de ampliación de márgenes de justicia y dignidad para nuestros pueblos.
Como bien señalara Álvaro García Linera, los gobiernos progresistas y populares de la región sacaron a nada menos que 72 millones de personas de la pobreza en el decenio anterior.
Ese notable cambio en los índices de pobreza, como también en los de empleo y equidad social, rápidamente son retrotraídos por los gobiernos de las derechas si, cuando las fuerzas populares ocupan posiciones de gobierno no se empujan cambios profundos en las estructuras sociales heredadas.
Para el mundo que se viene y la coyuntura que Latinoamérica atraviesa hoy, los sectores populares deben profundizar sus propuestas políticas, animándose a salir por arriba del laberinto institucional que las democracias representativas diseñaron para impedir una verdadera transformación de la matriz económica y cultural del neoliberalismo.
De nada servirá “volver” si no podemos desandar la lógica progresista, mucho más preocupada por las instituciones y la república que lo mostrado por las derechas que últimamente llegaron a posiciones de gobierno.
El triunfo de Macri, y más claramente la victoria de Bolsonaro, señalan que cuando hay conciencia del enemigo de clase, ninguna regla democrática es respetada y acatada.
Los gobiernos de las derechas todos los días dan lecciones de como romper y cambiar las reglas de juego de la caduca democracia representativa.
Por tanto, es preciso avanzar en formular (ó reformular) proyectos políticos que propongan transformar radicalmente los preceptos económicos, políticos, militares y culturales que el neoliberalismo nos propone.
(*) Investigadores argentinos del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
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