09 de enero de 2019
“El objetivo es que no haya presos políticos”, dijo López Obrador.
El gobierno de López Obrador condenó la criminalización de la protesta. Algunos de los ahora liberados ni siquiera habían sido sentenciados tras años de prisión; varios eran opositores a la reforma educativa lanzada por Peña Nieto.
Andrés Manuel López Obrador anunció ayer la liberación de 16 presos políticos y la revisión de otros 352 casos de personas que, según aseguró, están encarceladas injustamente. Esta vez en su habitual conferencia de prensa matutina el presidente mexicano estuvo acompañado por la ministra de la Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien fue la encargada de explicar en detalle la nueva medida. “En el mes de diciembre hemos revisado los 368 casos que tenemos en la mesa y hasta ahora hemos liberado a 16 personas. Estas personas, muchas de ellas, no han tenido siquiera una sentencia después de muchos años privadas de su libertad”, apuntó la ministra. Sin dar mayores detalles sobre los liberados, la funcionaria explicó que algunos de ellos son ambientalistas y otros son opositores a la reforma educativa lanzada por el ex presidente Enrique Peña Nieto y recientemente cancelada por la nueva administración. En una entrevista meses antes de asumir la presidencia, Obrador denunció con preocupación que muchos ciudadanos mexicanos están en la cárcel entre cuatro y cinco años sin tener sentencia. Y otros, agregó, están privados de su libertad porque hubo expresa orden de detenerlos.
En la conferencia, Cordero comunicó que recientemente la administración estableció una mesa especial para revisar caso por caso la situación de las personas privadas de la libertad “injustamente”. “En este tiempo hemos encontrado importantes demoras en el ejercicio de la justicia, pero esto se acabó. No podemos permitir que la protesta social sea criminalizada por eso investigaremos todas las prácticas ilegales de privación de libertad”, sentenció. Cordero explicó además que la mesa de evaluación de casos será permanente en una respuesta a la falta de respuesta del sistema de justicia tanto a nivel local como federal. “Queremos hacerlo con mucha celeridad, pero esto lleva tiempo. Sin embargo, creo que vamos por el camino correcto porque en el mes de diciembre ya hicimos un primer paso.”
Hacia el final de la conferencia matutina, el flamante presidente explicó la nueva medida sin matices: “el objetivo principal es que no haya presos políticos y que ningún ciudadano sea víctima de represalias por su manera de pensar, por su postura política”, lanzó señalando que su gobierno buscará justicia para los inocentes. “Queremos que la Cuarta Transformación signifique justicia. No podemos permitir que la protesta social sea condenada, que se fabriquen delitos, ni que se utilice ninguna institución del Estado para acusar a opositores, dirigentes sociales, ambientalistas, indígenas y mujeres, sentenció el presidente”, sentenció. Ante la pregunta de periodistas en la sala, el presidente explicó que varios de los detenidos son activistas en contra del fracking que se manifestaban en la zona norte de Puebla. Además señaló que muchos otros son personas humildes que en la mayoría de los casos no tuvieron derecho a un defensor público. Entre ellos destacó la presencia de mujeres indígenas que, por ejemplo, transportaban mochilas con marihuana o amapola y que al ser detenidas tampoco tuvieron posibilidad de contar intérpretes. A otros tantos, agregó, les hicieron montajes de secuestros o extorsiones y están presos sin elementos probatorios.
Otro de los temas planteados ayer fue la situación de 600 personas del estado de Chiapas que están siendo desplazadas por conflictos agrarios entre poblaciones autóctonas y donde también hay presencia de grupos paramilitares. En este sentido el subsecretario de Derechos Humanos y Migración, Alejandro Encinas, destacó que desde la semana pasada están enviando ayuda humanitaria a la zona. “A fines de diciembre un grupo de funcionarios se desplazó hacia Chiapas para hacer una visita a los campamentos y a los lugares donde está este problema vigente, en donde, efectivamente, los problemas de violencia, de presencia de grupos paramilitares y de una gran capacidad de fuego, incluso de grupos ligados, presuntamente, a la delincuencia organizada, ha generado niveles de violencia, de nueva cuenta”, explicó Encinas.
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