Por Sergio Pascual
21 enero, 2020
Presidente ilegítimo”, “deriva autoritaria”, “chavistas, golpistas, cómplices del terrorismo”… estos son algunos de los epítetos que le ha dedicado la derecha política y mediática al nuevo Gobierno de España conformado por PSOE y Unidas Podemos. Si, al nuevo Gobierno de España, no al de Venezuela, Bolivia o Cuba.
En América Latina la década de los 2000 nos acostumbró a estos adjetivos -cuando no peores- dirigidos a los gobiernos de Chávez, Evo Morales, Correa, Kirchner y Lula. Después vinieron los golpes de estado, explícitamente militares como el de Bolivia o jurídico mediáticos como los del lawfare ensayado en Ecuador, Argentina o Brasil. La primera etapa, la de adjetivación resultó absolutamente imprescindible para facilitar la fase golpista. Era necesario preparar a la opinión pública para lo que vendría. No se puede derrocar sin respuesta popular un gobierno legítimo…pero si puede tumbarse un gobierno sobre el que se han sembrado las sombras de su compromiso con la democracia. El caso boliviano es ilustrativo. En un país en el que todos los indicadores macro y microeconómicos, de desarrollo humano, de inversión y bienestar demostraban los éxitos del gobierno, bastó sembrar la duda sobre su legitimidad para amortiguar suficientemente la respuesta popular al golpe de estado.
Derechas golpistas
El Gobierno español es el primer gobierno de coalición desde la II República, desde 1936, año en el que los militares dieron un golpe de estado en España. Es el primer gobierno desde el retorno de la democracia en 1978 en el que dirigentes de tradiciones de izquierda a la izquierda de la socialdemocracia del PSOE entran en el Gobierno. Pero aunque los titulares de los medios carguen contra la forma de gobierno – coalición – o contra los curriculums de juventud de los nuevos ministros, en la práctica su única preocupación orbita sobre el hecho de que este es el primer gobierno desde el retorno de la democracia en el que asumen carteras ministeriales dirigentes políticos que defienden el control del precio de la vivienda, la intervención de la factura eléctrica, la creación de una gran banca pública, la subida del salario mínimo y el aumento de los impuestos a los más ricos.
Y es que a la derecha española, como a la latinoamericana, solo la mueve un objetivo: defender los privilegios de la clase social que los financia y a la que pertenecen. Y reconozcámoslo, para lograrlo hace gala de un gran pragmatismo y un buen conocimiento del escenario social y político. Sus voceros saben perfectamente que si el debate público se centra en torno a cuestiones como el salario mínimo o el aumento de impuestos a los más ricos perderán la batalla. Esa y no otra es la razón por la cual centran hoy en España como ayer en América Latina todos sus esfuerzos en tratar de erosionar las credenciales democráticas de su adversario, aunque para lograrlo tengan que erosionar la democracia misma. No debería extrañarnos su escaso apego a la democracia, el PP, y por ende su spin-off VOX, son creaciones de ministros y dirigentes de la dictadura franquista.
Si lo analizamos con frialdad resulta incluso lógico. La democracia es por definición el sistema político óptimo para las clases populares y las mayorías. En democracia cada persona representa un voto y, en términos ideales, no importa cuan rico seas. Un voto es un voto. ¿por qué querrían las minorías privilegiadas un sistema como este? De hecho una revisión histórica nos recuerda que efectivamente nunca apostaron por la democracia, desde el fin del sufragio censitario hasta la incorporación efectiva de indígenas y mujeres al voto, todos y cada uno de los avances fueron arrancados a fuerza de lucha y reivindicación.
La batalla mediática
Con cada avance de las clases populares hacia el sistema en el que por fin “podrían ganar”, la democracia, han llegado las innovaciones de las clases propietarias para mantener sus privilegios: educación segregada, jornadas laborales bestializantes, un sistema de salud que condena a la postración ante la enfermedad…. y finalmente acceso privilegiado a las tribunas públicas. Antes eran los púlpitos, hoy son los espacios en los medios de comunicación los que privatizan nuestra atención decidiendo sobre qué discutimos y sobre qué no discutimos los ciudadanos.
Son los medios de comunicación -es decir, sus propietarios- los que dirigen nuestras conversaciones hacia la agenda que deciden disponer.
Ese es uno de los grandes retos del próximo Gobierno español, evitar que le marquen la agenda, evitar que le arrinconen en discusiones estériles sobre cuan estética es una decisión u otra o en torno a temáticas en las que no hay nada que ganar: ¿es Nicolas Maduro un dictador?, ¿qué le parece el Gobierno de Nicaragua?, ¿aboliría la monarquía?, ¿cuantas naciones hay en España?. La derecha iberoamericana es especialista en marcar la agenda.
Del lado del Gobierno será el BOE, el Boletín Oficial del Estado, donde se plasman las leyes y decretos el espacio idóneo para dar esa batalla. La reversión de los recortes sociales de los gobiernos precedentes del PP en educación, salud, dependencia, derechos laborales y libertades civiles dejan un amplio campo de acción para marcar la agenda con acciones concretas que afecten positivamente a la cotidianidad de los españoles.
El gran reto del debate territorial
Finalmente el gran reto para el gobierno español será el del debate territorial. En España los gobiernos se sostienen gracias al respaldo de la mayoría parlamentaria. Los presupuestos generales del Estado que han de presentarse anualmente son la gran prueba de fuego de la estabilidad de esa mayoría que en el caso de este Gobierno es exigua y gravita sobre la abstención de los 13 escaños de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). El partido independentista catalán hará depender la estabilidad de la legislatura sobre los avances de la discusión del modelo territorial en España, un país en el que Catalunya, Galicia y Euskadi se reconocen claramente como comunidades políticas, pero en el que Andalucía, Valencia, Navarra y Canarias -al menos- representan comunidades político-culturales tan sólidas y diferenciadas como las primeras y en el que Comunidades Autónomas (regiones) con menor tradición autonomista como Cantabria también tienen representación propia en el Congreso. Muchas de ellas han incluido ya el término nacionalidad en sus Estatutos (leyes equivalentes a Constituciones de estados federados).
Parece obvio que no hay otra salida posible sino que España comience a caminar hacia un Estado Federal en el que o bien la “gran federación castellana” estaría por delimitarse como suma de regiones sin tradición como comunidad político-cultural, o bien incluso las actuales comunidades autónomas no reconocidas como nacionalidades pudieran llegar a ser parte de dicha estructura en igualdad de condiciones con el resto. De otro lado Catalunya presiona hacia la consolidación de su asimetría. Convendría no olvidar no obstante que la solución que proponen desde Catalunya, en la práctica una solución que privilegiara exclusivamente la solución catalana, propulsaría el ya inflamado nacionalismo español que abandera la ultraderecha de VOX, abocando al país a un enconamiento de las posiciones y del conflicto político.
Cabría esperarse de la derecha europeista del PP una posición colaborativa con las soluciones al conflicto territorial pero, como ya hemos dicho, la derecha del PP se parece cada día más a sus congéneres golpistas latinoamericanos y a sus versiones autoritarias del este de Europa (con las que vota en el Parlamento Europeo) que a las derechas demócrata cristianas alemanas, danesa o sueca. No en vano el Partido Nacionalista Vasco (PNV), el partido demócrata cristiano más longevo del país apoyó al gobierno de PSOE y UP alejándose de las posturas tramontanas del PP.
A modo de conclusión
En España la izquierda y las clases populares no se juegan el gobierno en esta legislatura sino la misma democracia.
De un lado la torpe derechización del PP sitúa el debate público allá donde lo quiere la extrema derecha, que no para de subir elección tras elección. De otro lado el PSOE junto a UP, sin el concierto del centro derecha español, desaparecido en la huida a los extremos, tendrá enormes dificultades para avanzar en una solución al problema territorial que promete convertirse en el único tema de agenda de la legislatura, por más medidas sociales y avances de derechos que el nuevo gobierno pueda llegar a desarrollar. Y en el enconamiento del problema se agudizará la polarización en la que crecen los extremos. Solo una exquisita pedagogía al conjunto de la ciudadanía de los pasos que pretenden transitarse junto a un esmerado respeto a las identidades del resto de comunidades nacionales del país podrá evitar el desastre. Solo con más democracia podrá convencerse a la mayoría de españoles de que será necesario aún más crédito en las urnas para el único gobierno capaz de proyectar un nuevo país en el que todas las comunidades nacionales se sientan reconocidas y remen en la misma dirección. Convencer a los españoles en definitiva de que en ausencia de una derecha democrática la disputa no está ya entre la derecha y la izquierda sino entre los demócratas y los que no lo son.
* Fue diputado en la XI y XII legislatura en España y actualmente colabora con www.celag.org
Ojo zurdo
