Clamor popular: ¡Que se vaya Piñera!
Por Juan Pablo Cárdenas S.
22 enero, 2020
Foto: José María Del Pino
Muchos confían en que el proceso constituyente convenido por las cúpulas partidarias, podría dar a Chile una nueva Constitución y, con ello, satisfacer las grandes demandas políticas y económicas de la población. Se creyó que con la simple convocatoria a un plebiscito con tal propósito la explosión social podría desincentivarse, pero ya vemos que el descontento no amaina y que para que el camino trazado sea exitoso las autoridades deberán satisfacer, primero, las reformas que son más urgentes y no pueden esperar que de aquí a dos o más años sean resueltas por un nuevo orden institucional.
La nueva Carta Magna es una aspiración muy generalizada, pero mucho más todavía derribar, por ejemplo, nuestro sistema de pensiones y estructura salarial, así como comprometer un papel relevante del Estado en la economía, la educación y la cultura. Junto con ponerle freno a la corrupción política, los abusos empresariales y la violación programada de los derechos humanos y sociales.
Desafíos que requieren para su plenitud, efectivamente, de un nuevo orden institucional y económico, la construcción de una solida democracia y la recuperación de nuestros recursos estratégicos hoy en manos foráneas. Es decir, de cambios verdaderamente profundos o revolucionarios como la inmensa mayoría añora.
La Constitución Pinochet-Lagos es ciertamente un fatal impedimento para estos propósitos, pero más bien lo que se necesita para ello es proyecto nacional, voluntad, ética y liderazgo político. Es público y probado que las clases dirigentes fueron seducidas por el legado de Pinochet, como que el centro y buena parte de la izquierda siguen en connivencia con la derecha y realmente empeñados ahora todos en salvarse de la ira popular, adoptando medidas superficiales que no avizoran cambios sustantivos. Estos ven como un placebo más que una oportunidad el plebiscito y la conformación de una instancia constituyente.
Lo anterior explica que no solo sea el gobierno actual el cuestionado por el país, y que este descrédito comprometa prácticamente a todos los partidos, gremios, sindicatos y otras múltiples organizaciones, tal como lo indican las encuestas y las multitudinarias protestas callejeras.
Vaya cuán relevante es que el vandalismo con el que se ha tratado de inhibir y estigmatizar la protesta no haya logrado recuperar en nada la deteriorada imagen del Jefe de Estado, pese al aprovechamiento político ejercido por éste a querido obtener en relación a la violencia.
Por el contrario, con menos de un siete por ciento de respaldo ciudadano, podemos asegurar que a Piñera le queda todavía menos ascendiente que al ex dictador y, desde luego, no concita siquiera todo el apoyo de los chilenos que se consideran de derecha y centroderecha. Su pretendido liderazgo está completamente en entredicho y su adhesión popular debe ser ahora uno de los más precarios entre todos los gobernantes del mundo. Y, con seguridad, del continente.
Hasta aquí, el actual gobierno ha fracasado rotundamente en satisfacer hasta las más mínimas demandas ciudadanas. Las leyes que ha logrado aprobar en el Parlamento vienen soslayando la posibilidad de arreglar pensiones y sueldos, mejorar la salud y la educación. Sin ponerle atajo tampoco a lo abusos de las AFP, de las isapres y dándole continuidad a un sistema educacional de baja calidad y segregador.
Por el contrario, lo que el pueblo sigue observando es cómo las administradoras de la salud elevan las cotizaciones de las mujeres, y las cadenas de farmacias se reiteran en colusión para elevar los precios de sus productos. Así como, el transporte público y las concesionarias de autopistas elevan sus pasajes y peajes. Cuestiones que justamente, como recordamos, fueron las que gatillaron el conflicto social.
Asimismo, un nuevo escándalo estalla en Codelco en estos días y, con éste, la desconfianza de los chilenos en cuanto a que estos asaltos al erario nacional y al bolsillo de todos los chilenos concluyan condenando a los culpables. Por otro lado las propias policías han reconocido su fracaso en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico.
De esta manera es que Piñera se encuentra inhabilitado para administrar el proceso constituyente y el cumplimiento de la llamada agenda social comprometida con el pueblo. Lo lógico sería que renunciara y el país fuera convocado a elegir un nuevo mandatario antes que materializar un plebiscito que difícilmente su gobierno y nuestro sistema electoral pueden garantizar en transparencia y eficiencia.
Cuando ya se conocen las trampas acordadas por los convocantes para hacer difícil, sino imposible, que la voluntad popular supere los quórums y otras barreras ya establecidas en la aprobación de cada acápite del nuevo Texto Fundamental. O si se considera que aún no se definen las reglas claras que regirán la propaganda política y la participación de los independientes en dicha consulta.
En la descarada e injustificable postura, además, del Ejecutivo y muchos legisladores de oponerse al voto obligatorio. Otra gran demanda popular a punto de frustrarse por el mezquino calculo de las cúpulas partidistas que temen de los sufragios de los más jóvenes y de los que vienen resistiéndose por años a sufragar.
El país no debe conformarse solo con las próximas jornadas electorales. Aunque debemos apoyar con entusiasmo al SI en el plebiscito, para así abrir las puestas de una asamblea constituyente, todavía estamos a tiempo de forzar la renuncia o destitución del actual Mandatario como garantía fundamental para que los cambios se materialicen. Además de que los ciudadanos que resulten elegidos para definir una nueva Carta Magna puedan acometer con éxito, libre y soberanamente su tarea.
Un gobierno que reprime a la población, dispara letalmente contra los opositores y es el responsable te tantas violaciones a los DDHH acreditados en Chile y por prestigiosas entidades extranjeras, no puede seguir a la cabeza de la promesa y el desafío de construir un nuevo destino para Chile. Después de una trayectoria republicana tan afectada por las defecciones de nuestros gobernantes, también un proceso constituyente y nueva Carta Fundamental deben ser validados internacionalmente.
Piñera debiera seguir el ejemplo de ese gran número de sus subalternos que han preferido alejarse de La Moneda y asumir sin más remilgos y dilaciones el lapidario juicio histórico que también le espera.
Por todo esto y así como durante la Dictadura la revista Análisis exigió con una portada la destitución de Pinochet (“¡Que se vaya!”), hoy nos parece propio demandar lo mismo del actual jefe de estado.
* Periodista y profesor universitario chileno. En el 2005 recibió en premio nacional de Periodismo y, antes, la Pluma de Oro de la Libertad, otorgada por la Federación Mundial de la Prensa.
Muchos confían en que el proceso constituyente convenido por las cúpulas partidarias, podría dar a Chile una nueva Constitución y, con ello, satisfacer las grandes demandas políticas y económicas de la población. Se creyó que con la simple convocatoria a un plebiscito con tal propósito la explosión social podría desincentivarse, pero ya vemos que el descontento no amaina y que para que el camino trazado sea exitoso las autoridades deberán satisfacer, primero, las reformas que son más urgentes y no pueden esperar que de aquí a dos o más años sean resueltas por un nuevo orden institucional.
La nueva Carta Magna es una aspiración muy generalizada, pero mucho más todavía derribar, por ejemplo, nuestro sistema de pensiones y estructura salarial, así como comprometer un papel relevante del Estado en la economía, la educación y la cultura. Junto con ponerle freno a la corrupción política, los abusos empresariales y la violación programada de los derechos humanos y sociales.
Desafíos que requieren para su plenitud, efectivamente, de un nuevo orden institucional y económico, la construcción de una solida democracia y la recuperación de nuestros recursos estratégicos hoy en manos foráneas. Es decir, de cambios verdaderamente profundos o revolucionarios como la inmensa mayoría añora.
La Constitución Pinochet-Lagos es ciertamente un fatal impedimento para estos propósitos, pero más bien lo que se necesita para ello es proyecto nacional, voluntad, ética y liderazgo político. Es público y probado que las clases dirigentes fueron seducidas por el legado de Pinochet, como que el centro y buena parte de la izquierda siguen en connivencia con la derecha y realmente empeñados ahora todos en salvarse de la ira popular, adoptando medidas superficiales que no avizoran cambios sustantivos. Estos ven como un placebo más que una oportunidad el plebiscito y la conformación de una instancia constituyente.
Lo anterior explica que no solo sea el gobierno actual el cuestionado por el país, y que este descrédito comprometa prácticamente a todos los partidos, gremios, sindicatos y otras múltiples organizaciones, tal como lo indican las encuestas y las multitudinarias protestas callejeras.
Vaya cuán relevante es que el vandalismo con el que se ha tratado de inhibir y estigmatizar la protesta no haya logrado recuperar en nada la deteriorada imagen del Jefe de Estado, pese al aprovechamiento político ejercido por éste a querido obtener en relación a la violencia.
Por el contrario, con menos de un siete por ciento de respaldo ciudadano, podemos asegurar que a Piñera le queda todavía menos ascendiente que al ex dictador y, desde luego, no concita siquiera todo el apoyo de los chilenos que se consideran de derecha y centroderecha. Su pretendido liderazgo está completamente en entredicho y su adhesión popular debe ser ahora uno de los más precarios entre todos los gobernantes del mundo. Y, con seguridad, del continente.
Hasta aquí, el actual gobierno ha fracasado rotundamente en satisfacer hasta las más mínimas demandas ciudadanas. Las leyes que ha logrado aprobar en el Parlamento vienen soslayando la posibilidad de arreglar pensiones y sueldos, mejorar la salud y la educación. Sin ponerle atajo tampoco a lo abusos de las AFP, de las isapres y dándole continuidad a un sistema educacional de baja calidad y segregador.
Por el contrario, lo que el pueblo sigue observando es cómo las administradoras de la salud elevan las cotizaciones de las mujeres, y las cadenas de farmacias se reiteran en colusión para elevar los precios de sus productos. Así como, el transporte público y las concesionarias de autopistas elevan sus pasajes y peajes. Cuestiones que justamente, como recordamos, fueron las que gatillaron el conflicto social.
Asimismo, un nuevo escándalo estalla en Codelco en estos días y, con éste, la desconfianza de los chilenos en cuanto a que estos asaltos al erario nacional y al bolsillo de todos los chilenos concluyan condenando a los culpables. Por otro lado las propias policías han reconocido su fracaso en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico.
De esta manera es que Piñera se encuentra inhabilitado para administrar el proceso constituyente y el cumplimiento de la llamada agenda social comprometida con el pueblo. Lo lógico sería que renunciara y el país fuera convocado a elegir un nuevo mandatario antes que materializar un plebiscito que difícilmente su gobierno y nuestro sistema electoral pueden garantizar en transparencia y eficiencia.
Cuando ya se conocen las trampas acordadas por los convocantes para hacer difícil, sino imposible, que la voluntad popular supere los quórums y otras barreras ya establecidas en la aprobación de cada acápite del nuevo Texto Fundamental. O si se considera que aún no se definen las reglas claras que regirán la propaganda política y la participación de los independientes en dicha consulta.
En la descarada e injustificable postura, además, del Ejecutivo y muchos legisladores de oponerse al voto obligatorio. Otra gran demanda popular a punto de frustrarse por el mezquino calculo de las cúpulas partidistas que temen de los sufragios de los más jóvenes y de los que vienen resistiéndose por años a sufragar.
El país no debe conformarse solo con las próximas jornadas electorales. Aunque debemos apoyar con entusiasmo al SI en el plebiscito, para así abrir las puestas de una asamblea constituyente, todavía estamos a tiempo de forzar la renuncia o destitución del actual Mandatario como garantía fundamental para que los cambios se materialicen. Además de que los ciudadanos que resulten elegidos para definir una nueva Carta Magna puedan acometer con éxito, libre y soberanamente su tarea.
Un gobierno que reprime a la población, dispara letalmente contra los opositores y es el responsable te tantas violaciones a los DDHH acreditados en Chile y por prestigiosas entidades extranjeras, no puede seguir a la cabeza de la promesa y el desafío de construir un nuevo destino para Chile. Después de una trayectoria republicana tan afectada por las defecciones de nuestros gobernantes, también un proceso constituyente y nueva Carta Fundamental deben ser validados internacionalmente.
Piñera debiera seguir el ejemplo de ese gran número de sus subalternos que han preferido alejarse de La Moneda y asumir sin más remilgos y dilaciones el lapidario juicio histórico que también le espera.
Por todo esto y así como durante la Dictadura la revista Análisis exigió con una portada la destitución de Pinochet (“¡Que se vaya!”), hoy nos parece propio demandar lo mismo del actual jefe de estado.
* Periodista y profesor universitario chileno. En el 2005 recibió en premio nacional de Periodismo y, antes, la Pluma de Oro de la Libertad, otorgada por la Federación Mundial de la Prensa.
