Perú
Siguen las protestas contra el fallo a favor del dictador Fujimori que esta semana saldrá en libertad
Por Henry Cotos
En 21/03/2022
“¡El indulto es un insulto!”, corearon en rechazo a liberación de Alberto Fujimori
Indignación, rechazo, acusaciones. Con gritos como “¡el indulto a Fujimori es un insulto!”, cientos de ciudadanos y numerosos colectivos marcharon con pancartas en mano por las calles del Centro de Lima y en otras ciudades del país.
Los jóvenes, que fueron en su mayoría los participantes de esta manifestación, rechazaron el fallo del Tribunal Constitucional que hace unos días le dio luz verde al indulto otorgado al exdictador Alberto Fujimori durante el gobierno de Pedro Pablo Kuzcynski, en el 2017.
La marcha, convocada por las redes sociales, se inició en la plaza San Martín y se dirigió hacia Palacio de Justicia, en repudio a las sentencias emanadas de los magistrados del máximo ente constitucional.
Encabezaron esta movilización llamada “Marcha nacional contra el indulto” los familiares de los casos Barrios Altos, La Cantuta y Pentagonito, entre ellas Gisela Ortiz, la exministra de Cultura del actual régimen y hermana de uno de los estudiantes desaparecidos de La Cantuta.
Ortiz se dirigió a los manifestantes y señaló que el indulto de Fujimori es una burla para los familiares, además de recalcar que las víctimas de la violencia durante el gobierno fujimontesinista esperan un Estado más comprometido en la lucha contra la impunidad.
“No permitamos que el fujimorismo manipule al Tribunal Constitucional para beneficiar a Alberto Fujimori. No tenemos los ojos vendados. Alcanzar justicia en nuestro país es una tarea larga, nosotros tenemos 30 años en esta lucha”, mencionó la exministra ante los asistentes que aplaudían sus palabras surgidas de la indignación y las ansias de justicia.
La palabra justicia fue la más mencionada y la frase “no a la impunidad”. Todos rechazaron el fallo que repone el indulto a Fujimori. A toda voz pedían que cumpla la condena de 25 años como autor mediato del asesinato de 25 personas en Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992).
Anunciaron que seguirán marchando para que sus voces sean escuchadas.
En 21/03/2022
“¡El indulto es un insulto!”, corearon en rechazo a liberación de Alberto Fujimori
Indignación, rechazo, acusaciones. Con gritos como “¡el indulto a Fujimori es un insulto!”, cientos de ciudadanos y numerosos colectivos marcharon con pancartas en mano por las calles del Centro de Lima y en otras ciudades del país.
Los jóvenes, que fueron en su mayoría los participantes de esta manifestación, rechazaron el fallo del Tribunal Constitucional que hace unos días le dio luz verde al indulto otorgado al exdictador Alberto Fujimori durante el gobierno de Pedro Pablo Kuzcynski, en el 2017.
La marcha, convocada por las redes sociales, se inició en la plaza San Martín y se dirigió hacia Palacio de Justicia, en repudio a las sentencias emanadas de los magistrados del máximo ente constitucional.
Encabezaron esta movilización llamada “Marcha nacional contra el indulto” los familiares de los casos Barrios Altos, La Cantuta y Pentagonito, entre ellas Gisela Ortiz, la exministra de Cultura del actual régimen y hermana de uno de los estudiantes desaparecidos de La Cantuta.
Ortiz se dirigió a los manifestantes y señaló que el indulto de Fujimori es una burla para los familiares, además de recalcar que las víctimas de la violencia durante el gobierno fujimontesinista esperan un Estado más comprometido en la lucha contra la impunidad.
“No permitamos que el fujimorismo manipule al Tribunal Constitucional para beneficiar a Alberto Fujimori. No tenemos los ojos vendados. Alcanzar justicia en nuestro país es una tarea larga, nosotros tenemos 30 años en esta lucha”, mencionó la exministra ante los asistentes que aplaudían sus palabras surgidas de la indignación y las ansias de justicia.
La palabra justicia fue la más mencionada y la frase “no a la impunidad”. Todos rechazaron el fallo que repone el indulto a Fujimori. A toda voz pedían que cumpla la condena de 25 años como autor mediato del asesinato de 25 personas en Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992).
Anunciaron que seguirán marchando para que sus voces sean escuchadas.
Memoria. Grupos de izquierda dijeron no al indulto. Foto: Jhon Reyes/ La República
Señalados. Jóvenes mencionaron a magistrados. Foto: Jhon Reyes/ La República
En el recuerdo. Rostros de las víctimas de La Cantuta. Foto: Jhon Reyes/ La República
No al olvido. Presentes las víctimas del fujimontesinismo. Foto: Jhon Reyes/ La República
Feministas. También recordaron las esterilizaciones. Foto: Jhon Reyes/ La República
La República
A más tardar el jueves Alberto Fujimori saldría en libertad, estimó abogado
A más tardar el jueves el expresidente Alberto Fujimori estaría recuperando su libertad, en virtud al fallo del Tribunal Constitucional de esta semana que restituyó el indulto humanitario otorgado a su favor en el 2017, informó su abogado Elio Riera.
Dijo que la carga procesal en la administración de justicia retrasaría la liberación del expresidente, estimada en principio para el martes o miércoles dee esta semana.
“Estimo que esto (la libertad de Fujimori) debería ser en dos o tres días, aproximadamente. Quizá el jueves, en realidad se entiende la carga procesal, no es una demora, es una carga que se da a nivel general (..) se respeta, se entiende y hay que ser respetuoso de ello”, afirmó en Canal N.
Ratificó que el mandatario, una vez en libertad, permanecerá en el país, pues la prioridad de la familia es preservar su salud, por lo que descartó la posibilidad de viajar al extranjero.
Riera reconoció el derecho de los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para buscar un pronunciamiento sobre este fallo, pero señaló que al gobierno lo que le corresponde es defender la resolución del TC, porque se trata de una resolución del Estado peruano.
“El estado tiene que defender un pronunciamiento emitido por uno de sus organismos más importantes, es una obligación legal, no se puede aparte de ello. Hacer lo contrario podría constituir un delito de omisión y renunciamiento del deber funcional”, señaló.
Para el hombre de leyes, el indulto concedido a Fujimori en el 2017 fue válido, y cumplió con todos los requisitos exigidos, y mantiene el principio de legalidad, tal como lo ha reconocido el TC.
Argumentó además que la enfermedad de Fujimori está plenamente comprobada, que se ha ido deteriorando en el tiempo, pues se trata de una persona anciana, con fibrilación auricular, dependiente del oxígeno, con problemas cancerígenos, que no va a mejorar.
Andina
RESTITUCIÓN DE INDULTO A FUJIMORI REABRE HERIDAS EN LOS DEUDOS DE LA CANTUTA Y BARRIOS ALTOS
Por Roger Chuquín
El reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC), que restituye el indulto humanitario entregado en el 2017 a Alberto Fujimori, ha reavivado el dolor y la indignación de los familiares de los torturados y asesinados por el denominado Grupo Colina, un comando paramilitar cuyas acciones fueron responsabilidad del exdictador.
Luego de que la Corte Suprema condenara en 2009 a Fujimori a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos, la posibilidad de su liberación ha mantenido en angustia a los deudos. Como se recuerda, el primer pedido de indulto fue presentado en 2013, pero fue rechazado por el entonces presidente Ollanta Humala. Y luego de que Pedro Pablo Kuczynski finalmente otorgara el perdón presidencial, el Poder Judicial revirtió la decisión al considerarlo ilegal.
Ahora, cuando los familiares de las víctimas empezaban a encontrar algo de paz, fueron de nuevo sorprendidos por un fallo del TC que podría ser pronto revocado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sentencia del tribunal, sin embargo, hasta ahora no ha sido publicada.
Dora Oyague
“[El fallo] es un evento que al menos yo, de modo muy personal, lo veía venir desde el momento en que pasó a ser parte del Tribunal Constitucional [Augusto] Ferrero, a través de exámenes clasificatorios, no sé si decir fraudulentos o muy beneficiosos, premiando una trayectoria muy poco pegada a la justicia”, comenta a este portal Carolina Oyague, hermana de Dora Oyague, una de las víctimas de la matanza de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, ‘La Cantuta’, ocurrida la noche del 18 de julio de 1992.
A lo largo de los 30 años que lleva desaparecida su hermana, Carolina Oyague advierte que ha acudido a todas las instancias judiciales y seguirá insistiendo en instancias nacionales e internacionales para hacer justicia a la memoria de su hermana.
“Una de las principales cualidades de los seres humanos es nuestra capacidad de enterrar a nuestros muertos. A Dora le arrebataron el derecho a que sus familiares la despidieran de este mundo como un ser humano. Al día de hoy, casi 30 años después, seguimos esperándola. Su cuarto sigue intacto, esperando verla volver para despedirla como un ser humano. Sus restos siguen desparecidos en alguna fosa clandestina que sus verdugos se han negado a revelar y que el Estado en su desidia sigue sin buscarla”, relata Carolina Oyague.
Dora Oyague apenas contaba 20 años de edad. Cursaba el sexto ciclo de la carrera de Educación Inicial en La Cantuta. Tenía solo un mes en la residencia universitaria de la casa de estudios, donde pasaba tres días de la semana. El día de su desaparición, debía regresar a su casa en la zona del Pentagonito, en San Borja, antes del toque de queda, que empezaba a las 6:00 de la tarde.
“Nos preocupamos porque no había llegado (…). Pensamos que seguro se perdió el último tren que venía de La Cantuta, que era a las 5. Dijimos que quizá llegaría después, pero nos enteramos al día siguiente, por un comunicado que salió en La República y que había emitido La Cantuta, poniendo en conocimiento que nueve alumnos y un profesor habían sido sustraídos a pesar de que miembros del Ejercito vivían acuartelados y custodiaban la universidad”, relata Carolina Oyague a Convoca.pe.
Oyague recordó además que su hermana “era un pan de Dios”, muy alegre, que participaba en el teatro de su iglesia y en colaboraciones vecinales. Era además deportista destacada y, aunque era tímida y reservada, le encantaba socializar con las personas. “Justo me despedí de ella un martes y debía volver el viernes porque iba a ser el cumpleaños de una de las hermanas de su mejor amiga. No volvió”, recuerda.
Luis Enrique Ortiz
El dolor de la familia Oyague es compartido por la activista de derechos humanos Gisela Ortiz Perea. Su hermano Luis Enrique, con apenas 21 años, también fue arrebatado del internado de varones de La Cantuta esa misma noche.
“Vivía en el internado de varones, porque nosotros somos de Chachapoyas y no teníamos casa aquí. Era un muchacho joven, le gustaba leer, a Arguedas, a Vallejo, literatura peruana. Le gustaba jugar fútbol. En Chachapoyas fue siempre del equipo de su colegio y del club Chachapoyas. Le gustaba enseñar, soñaba con ser rehabilitador físico”, comenta la también exministra de Cultura en diálogo con Convoca.pe.
Los Ortiz Perea se enteraron de lo ocurrido al día siguiente por la enamorada de Luis Enrique, quien llegó a alertarlos sobre el incidente con la misma nota publicada en el diario La República. En aquella época, se vivía un estricto estado de emergencia y no había medios de comunicación inmediata como el internet. Además, las universidades del país estaban intervenidas por militares.
Gisela Ortiz, con 20 años en ese entonces, pensó que su hermano fue detenido en un operativo de rastrillaje y que lo habían conducido a la Dincote (Dirección Nacional Contra el Terrorismo). No se preocupó demasiado porque Luis Enrique nunca tuvo estuvo vinculado a ningún delito.
“Fui a la universidad para ir luego a la Dincote a buscarlo. La preocupación vino días después porque nos dimos cuenta que no estaba en ningún lado. Esa preocupación duró hasta julio del ‘93, cuando se encontraron las cosas [fosas] de Cieneguilla y tuvimos primeras evidencias del caso La Cantuta: que habían sido asesinados. Ya no era fácil pensar que los podíamos encontrar en algún lado”, comenta.
Al igual que Carmen Oyague, Gisela Ortiz siente una enorme indignación al saber que la máxima entidad de justicia en el país, la que debería garantizar los derechos ciudadanos, benefició a una persona sentenciada por delitos graves contra la humanidad.
“La justicia en el país parece una decisión tan poco seria por parte de quienes deberían garantizarla, y eso nos da mucha vergüenza, indignación, porque somos los familiares lo que seguimos luchando para que, primero, se reconozcan las responsabilidades; segundo, para que se haga justicia y, tercero, para que se garantice ese derecho a la justicia que tanto nos cuesta alcanzar”, explica.
A su juicio, la sentencia del Tribunal Constitucional responde a razones políticas. Ortiz señala que queda claro que algunos magistrados tienen relación con el fujimorismo. Como se sabe, según la fiscalía, el magistrado José Luis Sardón es cuñado de un aportante fantasma del partido fujimorista Fuerza Popular. Por su parte, Augusto Ferrero, actual presidente del TC que usó su prerrogativa del voto dirimente para decidir este resultado, fue elegido por el Congreso miembro de este órgano de justicia a propuesta del mismo partido liderado por Keiko Fujimori, hija del exmandatario.
Sin embargo, Ortiz mantiene sus esperanzas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya se ha pronunciado sobre la obligación del Estado de garantizar justicia.
“Estamos esperando primero el plazo que la Corte le dio al Estado para que hasta el 25 [de marzo] presente la información [sobre la sentencia que restituye el indulto de Fujimori]. Ahí conoceremos las razones, porque hasta ahora el documento del Tribunal Constitucional no es público. También esperamos que nos den fecha de audiencia para que podamos, como familiares, presentar nuestros argumentos y luego esperar a resolución para que los órganos de justicia se encarguen de revisar el tema”, apunta.
Un niño entre las víctimas
Pero el secuestro y crimen perpetrado en La Cantuta es uno de los varios crímenes imputados al Grupo Colina. El 3 de noviembre de 1991 se produjo la matanza de Barrios Altos, en la que 15 personas, incluido un niño de 8 años, fueron acribillados en una quinta de dicho distrito, a pocos metros del Congreso de la República. La masacre se desató en el N° 840 del Jirón Huanta, un solar en el que los vecinos realizaban una actividad para recaudar los fondos necesarios para realizar ciertas reparaciones.
“Habíamos organizado una pollada para conseguir la plata para reparar el desagüe, porque por ahí salía mucha suciedad y era donde jugaban mis hijos. Entraron esos hombres y gritaron: ‘los perros al suelo’. Yo eché a correr, pensando que todos los demás harían lo mismo, pero de repente me vi corriendo sola”, dijo en 2021 a la BBC la ciudadana Rosa Rojas, madre de Javier Ríos Rojas, el menor fallecido. Su esposo, Manuel Ríos Pérez, también perdió la vida en la incursión paramilitar.
Rojas encontró a su pareja boca abajo, con los ojos abiertos. Poco después, halló a su hijo y lo condujo a la comisaría para intentar auxiliarlo. “Ellos me conocían y me dijeron: ‘déjalo, tu hijo está muerto'”, relató Rosas al mismo medio. Su hijo tendría hoy 38 años.
El informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación señaló que “se impidió deliberadamente la investigación del caso de Barrios Altos mediante una imposición de mecanismos legislativos y judiciales encubriendo y obstaculizando la acción de los responsables”.
Defensa
Gloria Cano, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), informó a Convoca.pe que los deudos de La Cantuta y Barrios Altos pidieron medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se detenga la restitución del indulto otorgado a Alberto Fujimori.
“Habíamos solicitado medidas provisionales a la Corte, en el marco de que existe un procedimiento abierto, por la supervisión de cumplimiento de la sentencia por La Cantuta y Barrios Altos. La Corte lo que ha señalado es que nos ha notificado a medio día (del último viernes) que está pidiendo al Estado que de manera inmediata comunique al Tribunal Constitucional el pedido de medidas provisionales de nuestra parte y le da hasta el 25 de marzo para hacer sus observaciones. Quiere decir, la información respectiva que tiene que ver con pedido de medidas provisionales”, advirtió la especialista.
Asimismo, la abogada recalcó que es sorprendente que esta resolución haya sido tramitada, conforme lo dicho por el tribuno Eloy Espinoza-Saldaña, colocándola en agenda sin conocimiento y de manera apresurada por otro miembro del Tribunal Constitucional.
“La Corte había señalado que cualquier intento de recortar penas a persona condenadas y sancionadas por este tipo de delitos, es limitar el derechos de las víctimas a acceder a justicia. Esto ya lo dijo en varias oportunidades y en el caso de Barrios Altos y La Cantuta”, señaló Cano.
Carolina Oyague dice que no hay un ensañamiento con nadie, pero la cárcel es precisamente la consecuencia de delinquir. “Nosotros no somos quienes privamos de libertad, sino los actos malos que cada quien comete, y les corresponde asumir la responsabilidad plena y cumplir su condena. Nuestras madres también están con presión alta, y tienen que seguir saliendo a las calles, exigir justicia, tienen que seguir rogando que les devuelvan los cuerpos de sus hijos”, señaló la hermana de Dora Oyague.
De otro lado, Gisela Ortiz, exministra de Cultura y hermana de uno de los estudiantes desaparecidos, en una entrevista previa con Agencia Andina afirmó que el fallo del Tribunal Constitucional afectó directamente a los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, pues se le otorgó la libertad a uno de los principales responsables políticos de la muerte y desaparición de sus familiares.
“No entendemos el razonamiento [del TC] porque no lo conocemos aún. Sin embargo, sí debemos decir que nos afecta directamente en nuestro derecho como familiares a la justicia cuando se le otorga libertad a uno de los principales responsables políticos de la muerte y desaparición de nuestros familiares”, indicó. Los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos sostuvieron este viernes una reunión con el presidente Pedro Castillo. En la misma, los deudos expresaron sus inquietudes por la decisión del TC.
“Nosotros le hemos expresado nuestra preocupación por la decisión del Tribunal Constitucional, y le pedimos que, no solamente el Ejecutivo sino que a través de los asesores legales que tiene el Gobierno, nos demos la tarea de pensar qué es lo que corresponde hacer. Él nos ha escuchado y seguro que las decisiones que tome las compartirá por las vías que correspondan”, indicó Gisela Ortiz.
En dicha reunión participaron Martha Flores, esposa de Pedro Huilca asesinado por el Grupo Colina; Cromwell Castillo, padre del estudiante Ernesto Castillo desaparecido por efectivos de la Policía Nacional; Javier Roca, padre del estudiante Martín Roca detenido y desaparecido por agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército; Gisela Ortiz, hermana de Luis Enrique Ortiz asesinado por el Grupo Colina en el caso La Cantuta; entre otros. Todos ellos esperan que se haga justicia y se respete la memoria de sus deudos.
Convoca.pe
La República
A más tardar el jueves Alberto Fujimori saldría en libertad, estimó abogado
A más tardar el jueves el expresidente Alberto Fujimori estaría recuperando su libertad, en virtud al fallo del Tribunal Constitucional de esta semana que restituyó el indulto humanitario otorgado a su favor en el 2017, informó su abogado Elio Riera.
Dijo que la carga procesal en la administración de justicia retrasaría la liberación del expresidente, estimada en principio para el martes o miércoles dee esta semana.
“Estimo que esto (la libertad de Fujimori) debería ser en dos o tres días, aproximadamente. Quizá el jueves, en realidad se entiende la carga procesal, no es una demora, es una carga que se da a nivel general (..) se respeta, se entiende y hay que ser respetuoso de ello”, afirmó en Canal N.
Ratificó que el mandatario, una vez en libertad, permanecerá en el país, pues la prioridad de la familia es preservar su salud, por lo que descartó la posibilidad de viajar al extranjero.
Riera reconoció el derecho de los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para buscar un pronunciamiento sobre este fallo, pero señaló que al gobierno lo que le corresponde es defender la resolución del TC, porque se trata de una resolución del Estado peruano.
“El estado tiene que defender un pronunciamiento emitido por uno de sus organismos más importantes, es una obligación legal, no se puede aparte de ello. Hacer lo contrario podría constituir un delito de omisión y renunciamiento del deber funcional”, señaló.
Para el hombre de leyes, el indulto concedido a Fujimori en el 2017 fue válido, y cumplió con todos los requisitos exigidos, y mantiene el principio de legalidad, tal como lo ha reconocido el TC.
Argumentó además que la enfermedad de Fujimori está plenamente comprobada, que se ha ido deteriorando en el tiempo, pues se trata de una persona anciana, con fibrilación auricular, dependiente del oxígeno, con problemas cancerígenos, que no va a mejorar.
Andina
RESTITUCIÓN DE INDULTO A FUJIMORI REABRE HERIDAS EN LOS DEUDOS DE LA CANTUTA Y BARRIOS ALTOS
Por Roger Chuquín
El reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC), que restituye el indulto humanitario entregado en el 2017 a Alberto Fujimori, ha reavivado el dolor y la indignación de los familiares de los torturados y asesinados por el denominado Grupo Colina, un comando paramilitar cuyas acciones fueron responsabilidad del exdictador.
Luego de que la Corte Suprema condenara en 2009 a Fujimori a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos, la posibilidad de su liberación ha mantenido en angustia a los deudos. Como se recuerda, el primer pedido de indulto fue presentado en 2013, pero fue rechazado por el entonces presidente Ollanta Humala. Y luego de que Pedro Pablo Kuczynski finalmente otorgara el perdón presidencial, el Poder Judicial revirtió la decisión al considerarlo ilegal.
Ahora, cuando los familiares de las víctimas empezaban a encontrar algo de paz, fueron de nuevo sorprendidos por un fallo del TC que podría ser pronto revocado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sentencia del tribunal, sin embargo, hasta ahora no ha sido publicada.
Dora Oyague
“[El fallo] es un evento que al menos yo, de modo muy personal, lo veía venir desde el momento en que pasó a ser parte del Tribunal Constitucional [Augusto] Ferrero, a través de exámenes clasificatorios, no sé si decir fraudulentos o muy beneficiosos, premiando una trayectoria muy poco pegada a la justicia”, comenta a este portal Carolina Oyague, hermana de Dora Oyague, una de las víctimas de la matanza de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, ‘La Cantuta’, ocurrida la noche del 18 de julio de 1992.
A lo largo de los 30 años que lleva desaparecida su hermana, Carolina Oyague advierte que ha acudido a todas las instancias judiciales y seguirá insistiendo en instancias nacionales e internacionales para hacer justicia a la memoria de su hermana.
“Una de las principales cualidades de los seres humanos es nuestra capacidad de enterrar a nuestros muertos. A Dora le arrebataron el derecho a que sus familiares la despidieran de este mundo como un ser humano. Al día de hoy, casi 30 años después, seguimos esperándola. Su cuarto sigue intacto, esperando verla volver para despedirla como un ser humano. Sus restos siguen desparecidos en alguna fosa clandestina que sus verdugos se han negado a revelar y que el Estado en su desidia sigue sin buscarla”, relata Carolina Oyague.
Dora Oyague apenas contaba 20 años de edad. Cursaba el sexto ciclo de la carrera de Educación Inicial en La Cantuta. Tenía solo un mes en la residencia universitaria de la casa de estudios, donde pasaba tres días de la semana. El día de su desaparición, debía regresar a su casa en la zona del Pentagonito, en San Borja, antes del toque de queda, que empezaba a las 6:00 de la tarde.
“Nos preocupamos porque no había llegado (…). Pensamos que seguro se perdió el último tren que venía de La Cantuta, que era a las 5. Dijimos que quizá llegaría después, pero nos enteramos al día siguiente, por un comunicado que salió en La República y que había emitido La Cantuta, poniendo en conocimiento que nueve alumnos y un profesor habían sido sustraídos a pesar de que miembros del Ejercito vivían acuartelados y custodiaban la universidad”, relata Carolina Oyague a Convoca.pe.
Oyague recordó además que su hermana “era un pan de Dios”, muy alegre, que participaba en el teatro de su iglesia y en colaboraciones vecinales. Era además deportista destacada y, aunque era tímida y reservada, le encantaba socializar con las personas. “Justo me despedí de ella un martes y debía volver el viernes porque iba a ser el cumpleaños de una de las hermanas de su mejor amiga. No volvió”, recuerda.
Luis Enrique Ortiz
El dolor de la familia Oyague es compartido por la activista de derechos humanos Gisela Ortiz Perea. Su hermano Luis Enrique, con apenas 21 años, también fue arrebatado del internado de varones de La Cantuta esa misma noche.
“Vivía en el internado de varones, porque nosotros somos de Chachapoyas y no teníamos casa aquí. Era un muchacho joven, le gustaba leer, a Arguedas, a Vallejo, literatura peruana. Le gustaba jugar fútbol. En Chachapoyas fue siempre del equipo de su colegio y del club Chachapoyas. Le gustaba enseñar, soñaba con ser rehabilitador físico”, comenta la también exministra de Cultura en diálogo con Convoca.pe.
Los Ortiz Perea se enteraron de lo ocurrido al día siguiente por la enamorada de Luis Enrique, quien llegó a alertarlos sobre el incidente con la misma nota publicada en el diario La República. En aquella época, se vivía un estricto estado de emergencia y no había medios de comunicación inmediata como el internet. Además, las universidades del país estaban intervenidas por militares.
Gisela Ortiz, con 20 años en ese entonces, pensó que su hermano fue detenido en un operativo de rastrillaje y que lo habían conducido a la Dincote (Dirección Nacional Contra el Terrorismo). No se preocupó demasiado porque Luis Enrique nunca tuvo estuvo vinculado a ningún delito.
“Fui a la universidad para ir luego a la Dincote a buscarlo. La preocupación vino días después porque nos dimos cuenta que no estaba en ningún lado. Esa preocupación duró hasta julio del ‘93, cuando se encontraron las cosas [fosas] de Cieneguilla y tuvimos primeras evidencias del caso La Cantuta: que habían sido asesinados. Ya no era fácil pensar que los podíamos encontrar en algún lado”, comenta.
Al igual que Carmen Oyague, Gisela Ortiz siente una enorme indignación al saber que la máxima entidad de justicia en el país, la que debería garantizar los derechos ciudadanos, benefició a una persona sentenciada por delitos graves contra la humanidad.
“La justicia en el país parece una decisión tan poco seria por parte de quienes deberían garantizarla, y eso nos da mucha vergüenza, indignación, porque somos los familiares lo que seguimos luchando para que, primero, se reconozcan las responsabilidades; segundo, para que se haga justicia y, tercero, para que se garantice ese derecho a la justicia que tanto nos cuesta alcanzar”, explica.
A su juicio, la sentencia del Tribunal Constitucional responde a razones políticas. Ortiz señala que queda claro que algunos magistrados tienen relación con el fujimorismo. Como se sabe, según la fiscalía, el magistrado José Luis Sardón es cuñado de un aportante fantasma del partido fujimorista Fuerza Popular. Por su parte, Augusto Ferrero, actual presidente del TC que usó su prerrogativa del voto dirimente para decidir este resultado, fue elegido por el Congreso miembro de este órgano de justicia a propuesta del mismo partido liderado por Keiko Fujimori, hija del exmandatario.
Sin embargo, Ortiz mantiene sus esperanzas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya se ha pronunciado sobre la obligación del Estado de garantizar justicia.
“Estamos esperando primero el plazo que la Corte le dio al Estado para que hasta el 25 [de marzo] presente la información [sobre la sentencia que restituye el indulto de Fujimori]. Ahí conoceremos las razones, porque hasta ahora el documento del Tribunal Constitucional no es público. También esperamos que nos den fecha de audiencia para que podamos, como familiares, presentar nuestros argumentos y luego esperar a resolución para que los órganos de justicia se encarguen de revisar el tema”, apunta.
Un niño entre las víctimas
Pero el secuestro y crimen perpetrado en La Cantuta es uno de los varios crímenes imputados al Grupo Colina. El 3 de noviembre de 1991 se produjo la matanza de Barrios Altos, en la que 15 personas, incluido un niño de 8 años, fueron acribillados en una quinta de dicho distrito, a pocos metros del Congreso de la República. La masacre se desató en el N° 840 del Jirón Huanta, un solar en el que los vecinos realizaban una actividad para recaudar los fondos necesarios para realizar ciertas reparaciones.
“Habíamos organizado una pollada para conseguir la plata para reparar el desagüe, porque por ahí salía mucha suciedad y era donde jugaban mis hijos. Entraron esos hombres y gritaron: ‘los perros al suelo’. Yo eché a correr, pensando que todos los demás harían lo mismo, pero de repente me vi corriendo sola”, dijo en 2021 a la BBC la ciudadana Rosa Rojas, madre de Javier Ríos Rojas, el menor fallecido. Su esposo, Manuel Ríos Pérez, también perdió la vida en la incursión paramilitar.
Rojas encontró a su pareja boca abajo, con los ojos abiertos. Poco después, halló a su hijo y lo condujo a la comisaría para intentar auxiliarlo. “Ellos me conocían y me dijeron: ‘déjalo, tu hijo está muerto'”, relató Rosas al mismo medio. Su hijo tendría hoy 38 años.
El informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación señaló que “se impidió deliberadamente la investigación del caso de Barrios Altos mediante una imposición de mecanismos legislativos y judiciales encubriendo y obstaculizando la acción de los responsables”.
Defensa
Gloria Cano, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), informó a Convoca.pe que los deudos de La Cantuta y Barrios Altos pidieron medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se detenga la restitución del indulto otorgado a Alberto Fujimori.
“Habíamos solicitado medidas provisionales a la Corte, en el marco de que existe un procedimiento abierto, por la supervisión de cumplimiento de la sentencia por La Cantuta y Barrios Altos. La Corte lo que ha señalado es que nos ha notificado a medio día (del último viernes) que está pidiendo al Estado que de manera inmediata comunique al Tribunal Constitucional el pedido de medidas provisionales de nuestra parte y le da hasta el 25 de marzo para hacer sus observaciones. Quiere decir, la información respectiva que tiene que ver con pedido de medidas provisionales”, advirtió la especialista.
Asimismo, la abogada recalcó que es sorprendente que esta resolución haya sido tramitada, conforme lo dicho por el tribuno Eloy Espinoza-Saldaña, colocándola en agenda sin conocimiento y de manera apresurada por otro miembro del Tribunal Constitucional.
“La Corte había señalado que cualquier intento de recortar penas a persona condenadas y sancionadas por este tipo de delitos, es limitar el derechos de las víctimas a acceder a justicia. Esto ya lo dijo en varias oportunidades y en el caso de Barrios Altos y La Cantuta”, señaló Cano.
Carolina Oyague dice que no hay un ensañamiento con nadie, pero la cárcel es precisamente la consecuencia de delinquir. “Nosotros no somos quienes privamos de libertad, sino los actos malos que cada quien comete, y les corresponde asumir la responsabilidad plena y cumplir su condena. Nuestras madres también están con presión alta, y tienen que seguir saliendo a las calles, exigir justicia, tienen que seguir rogando que les devuelvan los cuerpos de sus hijos”, señaló la hermana de Dora Oyague.
De otro lado, Gisela Ortiz, exministra de Cultura y hermana de uno de los estudiantes desaparecidos, en una entrevista previa con Agencia Andina afirmó que el fallo del Tribunal Constitucional afectó directamente a los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, pues se le otorgó la libertad a uno de los principales responsables políticos de la muerte y desaparición de sus familiares.
“No entendemos el razonamiento [del TC] porque no lo conocemos aún. Sin embargo, sí debemos decir que nos afecta directamente en nuestro derecho como familiares a la justicia cuando se le otorga libertad a uno de los principales responsables políticos de la muerte y desaparición de nuestros familiares”, indicó. Los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos sostuvieron este viernes una reunión con el presidente Pedro Castillo. En la misma, los deudos expresaron sus inquietudes por la decisión del TC.
“Nosotros le hemos expresado nuestra preocupación por la decisión del Tribunal Constitucional, y le pedimos que, no solamente el Ejecutivo sino que a través de los asesores legales que tiene el Gobierno, nos demos la tarea de pensar qué es lo que corresponde hacer. Él nos ha escuchado y seguro que las decisiones que tome las compartirá por las vías que correspondan”, indicó Gisela Ortiz.
En dicha reunión participaron Martha Flores, esposa de Pedro Huilca asesinado por el Grupo Colina; Cromwell Castillo, padre del estudiante Ernesto Castillo desaparecido por efectivos de la Policía Nacional; Javier Roca, padre del estudiante Martín Roca detenido y desaparecido por agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército; Gisela Ortiz, hermana de Luis Enrique Ortiz asesinado por el Grupo Colina en el caso La Cantuta; entre otros. Todos ellos esperan que se haga justicia y se respete la memoria de sus deudos.
Convoca.pe
