25 de marzo de 2022 - 01:22
La normativa que estuvo vigente desde 2014 clasificó información sobre el uso de los recursos del Estado impidiendo su acceso a periodistas y a la ciudadanía en general.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, firmó la derogación de la ley de secretos que estuvo vigente durante los dos últimos gobiernos del exmandatario Juan Orlando Hernández. La medida blindó información sobre el uso de los recursos del Estado impidiendo su acceso a periodistas y a la ciudadanía en general. El gobierno de Castro ahora se encamina a investigar la corrupción del partido Nacional que se instaló desde el golpe de Estado a Manuel Zelaya en 2009.
El secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor, indicó que la derogación de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional (2014-2022) reafirma el compromiso de lucha contra la corrupción de la mandataria del partido Libertad y Refundación. Con este paso, Pastor señaló que espera que la desclasificación brinde acceso a información de lo que sucedió en el pasado y que a su vez siente un precedente para el manejo transparente de la información.
“La infame ley de secretos resultó en el uso discrecional y oscuro de los recursos y de las tomas de decisiones desde el poder”, añadió el funcionario a . “Al no haber ley de secretos, el acceso a la información por parte de la ciudadanía está garantizado”, precisó.
La ley de secretos resultó en la vulneración de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública implementada en 2006 durante el primer año del gobierno del expresidente Zelaya. Sin embargo, desde la presidencia del Congreso Nacional, Hernández aprobó la ley que blindaría sus dos periodos como jefe de Estado (2014-2022). Actualmente, el exmandatario nacionalista es reclamado por la justicia estadounidense que lo acusa de haber introducido 500.000 kilos de cocaína al país norteamericano.
Periodismo y la ley de secretos
La aplicación de la normativa vulneró el derecho de acceso a la información pública para ciudadanía, dificultando la profesión periodística en uno de los cuatro países más peligrosos para ejercerla en la región, según el último informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF). Su aplicación habilitaba la clasificación de información como reservada, confidencial, secreta y ultra secreta, durante 5, 10, 15 y 25 años respectivamente.
Además, la ley permitía que se declaren como "materia clasificada", aquellos "asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y/o defensa nacional, y el logro de los objetivos en esas materias".
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, firmó la derogación de la ley de secretos que estuvo vigente durante los dos últimos gobiernos del exmandatario Juan Orlando Hernández. La medida blindó información sobre el uso de los recursos del Estado impidiendo su acceso a periodistas y a la ciudadanía en general. El gobierno de Castro ahora se encamina a investigar la corrupción del partido Nacional que se instaló desde el golpe de Estado a Manuel Zelaya en 2009.
El secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor, indicó que la derogación de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional (2014-2022) reafirma el compromiso de lucha contra la corrupción de la mandataria del partido Libertad y Refundación. Con este paso, Pastor señaló que espera que la desclasificación brinde acceso a información de lo que sucedió en el pasado y que a su vez siente un precedente para el manejo transparente de la información.
“La infame ley de secretos resultó en el uso discrecional y oscuro de los recursos y de las tomas de decisiones desde el poder”, añadió el funcionario a . “Al no haber ley de secretos, el acceso a la información por parte de la ciudadanía está garantizado”, precisó.
La ley de secretos resultó en la vulneración de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública implementada en 2006 durante el primer año del gobierno del expresidente Zelaya. Sin embargo, desde la presidencia del Congreso Nacional, Hernández aprobó la ley que blindaría sus dos periodos como jefe de Estado (2014-2022). Actualmente, el exmandatario nacionalista es reclamado por la justicia estadounidense que lo acusa de haber introducido 500.000 kilos de cocaína al país norteamericano.
Periodismo y la ley de secretos
La aplicación de la normativa vulneró el derecho de acceso a la información pública para ciudadanía, dificultando la profesión periodística en uno de los cuatro países más peligrosos para ejercerla en la región, según el último informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF). Su aplicación habilitaba la clasificación de información como reservada, confidencial, secreta y ultra secreta, durante 5, 10, 15 y 25 años respectivamente.
Además, la ley permitía que se declaren como "materia clasificada", aquellos "asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y/o defensa nacional, y el logro de los objetivos en esas materias".
El escondite de la corrupción
En los últimos 12 años los gobiernos del partido Nacional que se sucedieron en el poder triplicaron la deuda externa de Honduras, un país en bancarrota según lo precisó Castro en la toma de posesión. En este sentido, el secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, señaló que esta normativa impidió el acceso a información sobre el gasto público. “El tema es que la Ley de Secretos se pasó en tiempos de la narcodictadura para tener a escondidas del pueblo muchas transacciones económicas que eran de corrupción para que no nos diéramos cuenta y que nadie las pudiera revisar y auditar”, aseguró citado en el portal de Radio América.
Barquero además detalló que ahora la documentación podrá ser revisada y derivada a la justicia hondureña para que investigue los actos de corrupción detrás de la ley de secretos.
El diputado del partido Libertad y Refundación, Rasel Tomé, aseguró que la derogación de la ley de secretos se trata de una promesa cumplida del gobierno de Castro. “Esta fue una promesa que nosotros hicimos, que en Honduras el gobierno del Partido Libre iba a hacer un corte en la historia; no somos como la dictadura del Partido Nacional, queremos transparencia, rendición de cuentas y que el pueblo se entere en qué se utilizan los fondos públicos”, aseguró citado por medios locales.
“Usted puede preguntar cuánto se gasta en viáticos, cuánto costó el avión presidencial, cuánto costaron las vacunas, cuánto costaban los carros blindados; todo eso va ser publico y de conocimiento de todo el pueblo hondureño”, afirmó Tomé, quién a su vez ordenó al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) la desclasificación de “todo aquello que la dictadura había dejado en reserva”.
Contra la impunidad
El pasado dos de marzo, día en el que también se conmemoraron seis años del asesinato de la líder indígena Berta Cáceres, el congreso hondureño aprobó casi por unanimidad la derogación de la ley de secretos. La decisión del órgano legislativo unicameral buscaba que las instituciones estatales centralizadas, descentralizadas y autónomas eleven documentación al IAIP.
Ahora la mandataria Castro, la primera jefa de Estado del país centroamericano, está más cerca de cumplir con una de sus promesas de campaña: la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH). En los últimos días el canciller hondureño, Enrique Reina, aseguró que en abril llegará a Honduras la misión de la ONU que trabajará en la creación de la CICIH.
En los últimos 12 años los gobiernos del partido Nacional que se sucedieron en el poder triplicaron la deuda externa de Honduras, un país en bancarrota según lo precisó Castro en la toma de posesión. En este sentido, el secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, señaló que esta normativa impidió el acceso a información sobre el gasto público. “El tema es que la Ley de Secretos se pasó en tiempos de la narcodictadura para tener a escondidas del pueblo muchas transacciones económicas que eran de corrupción para que no nos diéramos cuenta y que nadie las pudiera revisar y auditar”, aseguró citado en el portal de Radio América.
Barquero además detalló que ahora la documentación podrá ser revisada y derivada a la justicia hondureña para que investigue los actos de corrupción detrás de la ley de secretos.
El diputado del partido Libertad y Refundación, Rasel Tomé, aseguró que la derogación de la ley de secretos se trata de una promesa cumplida del gobierno de Castro. “Esta fue una promesa que nosotros hicimos, que en Honduras el gobierno del Partido Libre iba a hacer un corte en la historia; no somos como la dictadura del Partido Nacional, queremos transparencia, rendición de cuentas y que el pueblo se entere en qué se utilizan los fondos públicos”, aseguró citado por medios locales.
“Usted puede preguntar cuánto se gasta en viáticos, cuánto costó el avión presidencial, cuánto costaron las vacunas, cuánto costaban los carros blindados; todo eso va ser publico y de conocimiento de todo el pueblo hondureño”, afirmó Tomé, quién a su vez ordenó al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) la desclasificación de “todo aquello que la dictadura había dejado en reserva”.
Contra la impunidad
El pasado dos de marzo, día en el que también se conmemoraron seis años del asesinato de la líder indígena Berta Cáceres, el congreso hondureño aprobó casi por unanimidad la derogación de la ley de secretos. La decisión del órgano legislativo unicameral buscaba que las instituciones estatales centralizadas, descentralizadas y autónomas eleven documentación al IAIP.
Ahora la mandataria Castro, la primera jefa de Estado del país centroamericano, está más cerca de cumplir con una de sus promesas de campaña: la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH). En los últimos días el canciller hondureño, Enrique Reina, aseguró que en abril llegará a Honduras la misión de la ONU que trabajará en la creación de la CICIH.
