Por Guido Leonardo Croxatto
25 de mayo de 2022
Los abogados estamos, merced del avance de la economía y las finanzas sobre el derecho, cada vez menos comprometidos con un ideal de justicia o de equidad. Hay palabras que ya no forman parte de nuestro vocabulario. Las finanzas nos van deformando y alejando de la equidad, de la justicia y de los derechos sociales. Usamos un lenguaje cada vez más neutro. Hablamos cada vez más como contadores, como administradores de empresas y cada vez menos como abogados. Por eso es muy importante reconstruir la abogacía pública. La abogacía tiene que ser pública, como la educación.
Existen dos banderas que ya nadie discute en nuestro país: la educación pública y la salud pública. La educación pública universitaria es gratuita desde el des-arancelamiento de 1949, porque no siempre la educación pública universitaria, incluso después de la reforma, fue gratuita en nuestro país. No siempre fue un derecho. Con la salud sucede algo semejante: la salud es pública por principio, como la educación. Todos tenemos derecho a la salud y al conocimiento.
Es hora de situar al lado de estos dos pilares, otro, que no siempre se menciona, pero que tiene tanta importancia como los dos primeros y cuya jerarquización tal vez nos permita salir del laberinto donde hoy como país nos encontramos situados: la abogacía pública. Tenemos que reconstruir entre todos la abogacía pública, volver a levantar esa categoría tan maltratada, necesitamos abogadas y abogados que defiendan con uñas y dientes los intereses de la Nación. Que defiendan con pasión y determinación el interés colectivo.
La abogacía es pública por definición: sin embargo parecemos haber olvidado esto. La salud “privada”, como la universidad “privada”, presuponen una tensión: el conocimiento o la salud no pueden ser bienes no públicos. Todos tenemos derecho a la salud y al conocimiento. Tanto la salud como el conocimiento se construyen públicamente. Todos participan de esa construcción, de la que a su vez se benefician. En la privatización de parcelas del saber (universitario, concepto que viene de universo, de acceso universal, es imposible un “universo” no público y por ende, una “universidad” no pública, una universidad privada es en el fondo una contradicción de concepto, o un término mal empleado, universidades de “ciencias empresariales”, se río Mario Bunge al recibir un honoris causa en Argentina) o de la salud, anidan contradicciones profundas y teóricas no siempre resueltas, como con los barrios privados en medio de ciudades públicas, con calles (tierras, bosques, aguas) que se van privatizando (y extranjerizando, ni siquiera son argentinas, no son tierras nuestras aunque estén en “nuestro” país) poco a poco. La tensión entre lo público y lo privado está lejos de ser resuelta. Es una tensión dinámica, en constante movimiento, con marchas y contramarchas. El rol del Estado es fundamental en este proceso.
Muchos países de Centroamérica ven cómo se privatizan (y extranjerizan) bienes que históricamente han sido públicos. Hasta el acceso al mar se vuelve privado. Hasta las plazas se ven “privadas” de su antigua función: ser espacios públicos de encuentro. Hoy las plazas se enrejan y se gestionan como espacios privados. Se “administran” como patios de comida de empresas, como espacios recreativos para empleados “felices”. Y no siempre los pobres pueden estar en ellas. Los pobres ya no pueden ser “parte”. Sus derechos pesan cada vez menos que los de otros sectores a hacer deporte en esas mismas plazas. Sucede a diario. Lo público pierde lugar. Pierde espacio discursivo pero también material. Por eso necesita ser reivindicado.
Las estructuras para desmantelar todo lo público –y el pensamiento teórico (El problema del costo social, Coase, Law and Economics, Posner) que anida detrás y las sostiene- están creciendo. Todo se economiza. Todo es cuestión de “resultados”. El mandado (también para los abogados) es ser “eficiente”. No justo ni solidario. No defender el derecho. Hablamos todos como si fuéramos abogados de bancos. Nos forman (o deforman) para ser abogados corporativos de empresas. No para defender el interés público, general. El bien común.
El Derecho está perdiendo su mensaje. Ya no parece defender la justicia como un ideal. Se vuelve poco a poco un derecho “técnico”. Formal. Vacío. Un derecho privado. Empresario. Sin un mensaje “común” para todos, el derecho se queda poco a poco sin un mensaje “público”. Los sueldos millonarios de los jueces son una vergüenza: privatizan el derecho.
En la UBA, luego de la crisis del 2001, el CBC cambió su materia Teoría general del derecho por una materia más concreta y que apostaba al proceso de integración regional que se vivía entonces: Principios de derecho latinoamericano. Esa materia, desde el 2016, volvió a cambiar su nombre: ahora se llama Derecho Privado. La abogacía pública se ha ido privatizando. Los abogados, a medida que retrocede la filosofía (y avanza la economía financiera), ya no hablamos de equidad, de igualdad, o de “justicia”. Hablamos cada vez más de costos de transacción, de externalidades, de eficiencia en el uso de “recursos”.
Por eso es importante volver a poner, al lado de la educación pública y de la salud pública, un tercer pilar, que necesita volver a ser reivindicado: la abogacía pública. La abogacía de los intereses colectivos. La abogacía del Estado. La abogacía pública es tan importante como la salud pública y la educación pública, pero no lo vemos. Nos han formado para olvidar este pilar básico. Lo social se va perdiendo de vista. Es percibido como un “costo”. No como un derecho.
Hoy está de moda la abogacía privada. Los abogados hablamos cada vez más como empresarios. No como abogados. La justicia ya no forma parte de nuestro horizonte. Nos vamos quedando sin nuestro discurso. Hay una crisis de sentido profunda en el Derecho. Pero la tarea del abogado no es ser eficiente, es ser justo. La abogacía que realmente importa es la que defiende el interés público. No el interés de un sector en desmedro de otros. Hoy los abogados hablamos cada vez más como empresarios, como administradores de empresas, como contadores. Parecemos todos abogados de bancos. Nos enseñan a hablar así. Nos forman para eso. No para defender al Estado. No para defender el interés público. Para eso nadie nos prepara. Porque eso no es “negocio”. Eso –se nos dice- “cuesta” mucho. Es una “carga”. Un “costo social”, diría Coase.
Habría que reactivar el MeCIMAE, un mecanismo –que nació en Argentina- de cooperación entre las Escuelas de Abogados públicos de todo el Mercosur, que Bolsonaro dio de baja para impulsar las privatizaciones en Brasil. La victoria de Lula puede dejar esta página neoliberal atrás, devolviendo bríos a la abogacía pública.
* Director Nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado (ECAE)
La abogacía es pública por definición: sin embargo parecemos haber olvidado esto. La salud “privada”, como la universidad “privada”, presuponen una tensión: el conocimiento o la salud no pueden ser bienes no públicos. Todos tenemos derecho a la salud y al conocimiento. Tanto la salud como el conocimiento se construyen públicamente. Todos participan de esa construcción, de la que a su vez se benefician. En la privatización de parcelas del saber (universitario, concepto que viene de universo, de acceso universal, es imposible un “universo” no público y por ende, una “universidad” no pública, una universidad privada es en el fondo una contradicción de concepto, o un término mal empleado, universidades de “ciencias empresariales”, se río Mario Bunge al recibir un honoris causa en Argentina) o de la salud, anidan contradicciones profundas y teóricas no siempre resueltas, como con los barrios privados en medio de ciudades públicas, con calles (tierras, bosques, aguas) que se van privatizando (y extranjerizando, ni siquiera son argentinas, no son tierras nuestras aunque estén en “nuestro” país) poco a poco. La tensión entre lo público y lo privado está lejos de ser resuelta. Es una tensión dinámica, en constante movimiento, con marchas y contramarchas. El rol del Estado es fundamental en este proceso.
Muchos países de Centroamérica ven cómo se privatizan (y extranjerizan) bienes que históricamente han sido públicos. Hasta el acceso al mar se vuelve privado. Hasta las plazas se ven “privadas” de su antigua función: ser espacios públicos de encuentro. Hoy las plazas se enrejan y se gestionan como espacios privados. Se “administran” como patios de comida de empresas, como espacios recreativos para empleados “felices”. Y no siempre los pobres pueden estar en ellas. Los pobres ya no pueden ser “parte”. Sus derechos pesan cada vez menos que los de otros sectores a hacer deporte en esas mismas plazas. Sucede a diario. Lo público pierde lugar. Pierde espacio discursivo pero también material. Por eso necesita ser reivindicado.
Las estructuras para desmantelar todo lo público –y el pensamiento teórico (El problema del costo social, Coase, Law and Economics, Posner) que anida detrás y las sostiene- están creciendo. Todo se economiza. Todo es cuestión de “resultados”. El mandado (también para los abogados) es ser “eficiente”. No justo ni solidario. No defender el derecho. Hablamos todos como si fuéramos abogados de bancos. Nos forman (o deforman) para ser abogados corporativos de empresas. No para defender el interés público, general. El bien común.
El Derecho está perdiendo su mensaje. Ya no parece defender la justicia como un ideal. Se vuelve poco a poco un derecho “técnico”. Formal. Vacío. Un derecho privado. Empresario. Sin un mensaje “común” para todos, el derecho se queda poco a poco sin un mensaje “público”. Los sueldos millonarios de los jueces son una vergüenza: privatizan el derecho.
En la UBA, luego de la crisis del 2001, el CBC cambió su materia Teoría general del derecho por una materia más concreta y que apostaba al proceso de integración regional que se vivía entonces: Principios de derecho latinoamericano. Esa materia, desde el 2016, volvió a cambiar su nombre: ahora se llama Derecho Privado. La abogacía pública se ha ido privatizando. Los abogados, a medida que retrocede la filosofía (y avanza la economía financiera), ya no hablamos de equidad, de igualdad, o de “justicia”. Hablamos cada vez más de costos de transacción, de externalidades, de eficiencia en el uso de “recursos”.
Por eso es importante volver a poner, al lado de la educación pública y de la salud pública, un tercer pilar, que necesita volver a ser reivindicado: la abogacía pública. La abogacía de los intereses colectivos. La abogacía del Estado. La abogacía pública es tan importante como la salud pública y la educación pública, pero no lo vemos. Nos han formado para olvidar este pilar básico. Lo social se va perdiendo de vista. Es percibido como un “costo”. No como un derecho.
Hoy está de moda la abogacía privada. Los abogados hablamos cada vez más como empresarios. No como abogados. La justicia ya no forma parte de nuestro horizonte. Nos vamos quedando sin nuestro discurso. Hay una crisis de sentido profunda en el Derecho. Pero la tarea del abogado no es ser eficiente, es ser justo. La abogacía que realmente importa es la que defiende el interés público. No el interés de un sector en desmedro de otros. Hoy los abogados hablamos cada vez más como empresarios, como administradores de empresas, como contadores. Parecemos todos abogados de bancos. Nos enseñan a hablar así. Nos forman para eso. No para defender al Estado. No para defender el interés público. Para eso nadie nos prepara. Porque eso no es “negocio”. Eso –se nos dice- “cuesta” mucho. Es una “carga”. Un “costo social”, diría Coase.
Habría que reactivar el MeCIMAE, un mecanismo –que nació en Argentina- de cooperación entre las Escuelas de Abogados públicos de todo el Mercosur, que Bolsonaro dio de baja para impulsar las privatizaciones en Brasil. La victoria de Lula puede dejar esta página neoliberal atrás, devolviendo bríos a la abogacía pública.
* Director Nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado (ECAE)
