Por Marcos Salgad
En 25/05/2022
La administración de Joe Biden, amenazada por una crisis energética de cara a los comicios legislativos de noviembre, comenzó a reconsiderar su política de agresiones y sanciones y hasta a reconocer que el diálogo del gobierno venezolano con los grupos de oposición interrumpido en México, es el único marco de negociación posible.
El paso dado por Washington respecto a Caracas, con la autorización a la trasnacional petrolera estadounidense Chevron para volver a operar en Venezuela, coincide con una relajación de las restricciones a las remesas, turismo y visados impuestas por Donald Trump contra Cuba, aprobada recientemente, y refleja un reacomodo de perfil continental en vísperas de una Cumbre de las Américas que, se sabe, no pinta bien para Washington.
El reclamo generalizado en la región latinoamericano-caribeña y la apuesta de varios mandatarios de no asistir a la IX Cumbre de las Américas en Los Ángeles debido a la exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua, también supone un desafío a la autoridad de la administración Biden, que se expone a otra cumbre intrascendente. Estados Unidos pergeñó estas cumbres en 1994 con el único fin de imponer el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), proyecto abortado en la cumbre de Mar del Plata en 2005, por la tríada Lula-Kirchner-Chávez.
Estados Unidos busca zafarse de este escenario de vacío de hegemonía y autoridad recalibrando su política exterior en el continente, pivotando sobre el triángulo central de poder de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestramérica (ALBA), bajo el juego ya conocido del soft power, donde la narrativa pro-derechos humanos, la infiltración mediante ONG y las maniobras encubiertas de desestabilización amparadas en figuras “ciudadanas” y “civiles” sustituyen el ataque directo.
La administración Biden entiende que la influencia estadounidense en la economía, el comercio y la inversión en la región está siendo minada por China, que gana terreno con asociaciones estratégicas y una modalidad de pactos bilaterales que no condiciona los beneficios de la integración económica a una relación de vasallaje y subordinación geopolítica.
Los analistas advierten que la meta para contrarrestar a China, es dividir a la región y realinear países en lo geopolítico, mediante métodos posmodernos de captación cultural que incluso puedan estar situados en el bloque progresista.
Petróleo y diálogo entre venezolanos
Chevron venía haciendo lobby en la Casa Blanca desde la llegada misma de Joe Biden, para reiniciar sus operaciones en Venezuela, técnicamente, la empresa estadounidense nunca se fue de Venezuela. Mantuvo su plantilla de persona y operaciones de mantenimiento para el regreso abierto, que se da ahora.
Se trata de una medida que podría traer costos políticos a los demócratas en el poder en un año con elecciones legislativas en noviembre. De allí que el relato de la Casa Blanca hable de un “acto de buena fe”, cuyo objetivo aparente es reanudar el diálogo de gobierno y oposición venzolanos en México. Pero es más que eso.
El petróleo venezolano, expulsado del circuito de las refinerías estadounidenses desde 2017, ahora es demandado con urgencia por la administración Biden, en un intento de reequilibrar su mapa energético, en plena guerra en Ucrania y con los antecedentes de denostar a la OPEP y enemistarse (y aplicarles agresivas “sanciones”) con dos grandes productores de petróleo como Irán y Venezuela.
Hoy, a través de una narrativa de apoyo a las negociaciones, intenta diluir su urgencia de acceder al petróleo venezolano. Cabe recordar que el primer paso dado en marzo con el viaje de funcionarios estadounidense a Caracas que se entrevistaron con Nicolás Maduro, se produjo en paralelo a la prohibición de importar crudo y gas ruso.
Ahora, la posibilidad de un levantamiento parcial de las sanciones, transcurre a la par de las negociaciones con la Plataforma Unitaria venezolana, que sigue los dictados de Washington y que ahora, de nuevo, queda fuera de base.
Seis semanas atrás, el denominado Foro Cívico, una plataforma que vincula a ONG, activistas y personas del mundo empresarial, se reunieron con el presidente Nicolás Maduro. En una carta pública al presidente estadounidense, 25 opositores ligados a los medios y a la empresa privada exigieron el levantamiento de las “sanciones” debido a su impacto negativo en el bienestar de la población.
El encuentro en el Palacio de Miraflores, fue interpretado como un desafío al protagonismo de la Plataforma Unitaria que representa a las oposiciones en México y que frente al nuevo panorama quedó sin iniciativa y con el monopolio de la agenda antibolivariana arrebatado por varios días.
Estos movimientos dejan en evidencia que la política de Estados Unidos ha perdido respaldo en el laberinto de las oposiciones, y deja a la intemperie una convergencia política y social contra las medidas de coerción de Washington que obliga a Biden a una revisión inmediata mientras la insatisfacción y las distancias crecen.
Mientras, 18 congresistas del ala progresista del Partido Demócrata enviaron una carta a Joe Biden exigiendo un levantamiento, sin condiciones, de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela y continuar el diálogo con Caracas. Para los analistas venezolanos, la sucesión de estos hechos hace inviable que Estados Unidos pueda incrementar la presión sancionatoria, y ello implica el fracaso global de la estrategia de cambio de régimen mediante guerra económica, financiera y comercial.
Los hechos
Juan González, director del Consejo de Seguridad Nacional de EU para el Hemisferio Occidental, confirmó que la administración de Joe Biden autorizó un alivio parcial de las «sanciones» ilegales que recaen sobre Venezuela y su sector petrolero. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó la información.
La medida permite que la empresa petrolera estadounidense Chevron negocie directamente con el gobierno de Caracas el reinicio de las operaciones de explotación petrolera en Venezuela, a cambio de que se reanude el proceso de negociación en México con la oposición, paralizado tras el secuestro del diplomático venezolano Alex Saab, integrante de la mesa de diálogo, a mediados de octubre de 2021.
Chevron ofreció duplicar la producción petrolera venezolana en poco tiempo, lo que le permitiría a Washington sustituir unos 700 mil barriles diarios de crudo de origen ruso que ya no entran a Estados Unidos, tras la prohibición impuesta por la propia Casa Blanca.
En paralelo, la empresa estatal iraní National Iran Oil Engineering and Construction Company suscribió un contrato de 110 millones de euros con la estatal venezolana PDVSA para repotenciar la refinería El Palito, una señal de profundización de la alianza estratégica entre ambos países con sectores petroleros atacados por Estados Unidos. De hecho, en gran medida la puesta en marcha de la industria petrolera venezolana se debe a una alianza con Irán, que comenzó con el envío de buques con gasolina en 2020, pero que sigue y se profundiza.
La alianza entre ambos países le permite a Venezuela acceder a suministros, equipamientos tecnológicos y esquemas de triangulación para comercializar su petróleo, evadiendo las acciones de guerra económica, financiera y comercial estadounidenses. Irán aseveró que su capacidad productiva volvió a los estándares previos a la estrategia de “máxima presión” de Donald Trump en 2018: más de 3 millones de barriles diarios.
¿Quién gana y quién pierde en esta negociación? Parece claro que Washington arriesga más que Caracas. Nicolás Maduro, a diferencia de Biden, no paga costo interno en esta movida. Por el contrario, la consolidación de la reactivación de la industria petrolera implica dólares frescos para recomponer la economía, de cara a las elecciones de 2024, que tienen a Maduro, por ahora, como único candidato seguro.
*Periodista argentino del equipo fundacional de Telesur. Corresponsal de HispanTv en Venezuela, editor de Questiondigital.com. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
En 25/05/2022
La administración de Joe Biden, amenazada por una crisis energética de cara a los comicios legislativos de noviembre, comenzó a reconsiderar su política de agresiones y sanciones y hasta a reconocer que el diálogo del gobierno venezolano con los grupos de oposición interrumpido en México, es el único marco de negociación posible.
El paso dado por Washington respecto a Caracas, con la autorización a la trasnacional petrolera estadounidense Chevron para volver a operar en Venezuela, coincide con una relajación de las restricciones a las remesas, turismo y visados impuestas por Donald Trump contra Cuba, aprobada recientemente, y refleja un reacomodo de perfil continental en vísperas de una Cumbre de las Américas que, se sabe, no pinta bien para Washington.
El reclamo generalizado en la región latinoamericano-caribeña y la apuesta de varios mandatarios de no asistir a la IX Cumbre de las Américas en Los Ángeles debido a la exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua, también supone un desafío a la autoridad de la administración Biden, que se expone a otra cumbre intrascendente. Estados Unidos pergeñó estas cumbres en 1994 con el único fin de imponer el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), proyecto abortado en la cumbre de Mar del Plata en 2005, por la tríada Lula-Kirchner-Chávez.
Estados Unidos busca zafarse de este escenario de vacío de hegemonía y autoridad recalibrando su política exterior en el continente, pivotando sobre el triángulo central de poder de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestramérica (ALBA), bajo el juego ya conocido del soft power, donde la narrativa pro-derechos humanos, la infiltración mediante ONG y las maniobras encubiertas de desestabilización amparadas en figuras “ciudadanas” y “civiles” sustituyen el ataque directo.
La administración Biden entiende que la influencia estadounidense en la economía, el comercio y la inversión en la región está siendo minada por China, que gana terreno con asociaciones estratégicas y una modalidad de pactos bilaterales que no condiciona los beneficios de la integración económica a una relación de vasallaje y subordinación geopolítica.
Los analistas advierten que la meta para contrarrestar a China, es dividir a la región y realinear países en lo geopolítico, mediante métodos posmodernos de captación cultural que incluso puedan estar situados en el bloque progresista.
Petróleo y diálogo entre venezolanos
Chevron venía haciendo lobby en la Casa Blanca desde la llegada misma de Joe Biden, para reiniciar sus operaciones en Venezuela, técnicamente, la empresa estadounidense nunca se fue de Venezuela. Mantuvo su plantilla de persona y operaciones de mantenimiento para el regreso abierto, que se da ahora.
Se trata de una medida que podría traer costos políticos a los demócratas en el poder en un año con elecciones legislativas en noviembre. De allí que el relato de la Casa Blanca hable de un “acto de buena fe”, cuyo objetivo aparente es reanudar el diálogo de gobierno y oposición venzolanos en México. Pero es más que eso.
El petróleo venezolano, expulsado del circuito de las refinerías estadounidenses desde 2017, ahora es demandado con urgencia por la administración Biden, en un intento de reequilibrar su mapa energético, en plena guerra en Ucrania y con los antecedentes de denostar a la OPEP y enemistarse (y aplicarles agresivas “sanciones”) con dos grandes productores de petróleo como Irán y Venezuela.
Hoy, a través de una narrativa de apoyo a las negociaciones, intenta diluir su urgencia de acceder al petróleo venezolano. Cabe recordar que el primer paso dado en marzo con el viaje de funcionarios estadounidense a Caracas que se entrevistaron con Nicolás Maduro, se produjo en paralelo a la prohibición de importar crudo y gas ruso.
Ahora, la posibilidad de un levantamiento parcial de las sanciones, transcurre a la par de las negociaciones con la Plataforma Unitaria venezolana, que sigue los dictados de Washington y que ahora, de nuevo, queda fuera de base.
Seis semanas atrás, el denominado Foro Cívico, una plataforma que vincula a ONG, activistas y personas del mundo empresarial, se reunieron con el presidente Nicolás Maduro. En una carta pública al presidente estadounidense, 25 opositores ligados a los medios y a la empresa privada exigieron el levantamiento de las “sanciones” debido a su impacto negativo en el bienestar de la población.
El encuentro en el Palacio de Miraflores, fue interpretado como un desafío al protagonismo de la Plataforma Unitaria que representa a las oposiciones en México y que frente al nuevo panorama quedó sin iniciativa y con el monopolio de la agenda antibolivariana arrebatado por varios días.
Estos movimientos dejan en evidencia que la política de Estados Unidos ha perdido respaldo en el laberinto de las oposiciones, y deja a la intemperie una convergencia política y social contra las medidas de coerción de Washington que obliga a Biden a una revisión inmediata mientras la insatisfacción y las distancias crecen.
Mientras, 18 congresistas del ala progresista del Partido Demócrata enviaron una carta a Joe Biden exigiendo un levantamiento, sin condiciones, de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela y continuar el diálogo con Caracas. Para los analistas venezolanos, la sucesión de estos hechos hace inviable que Estados Unidos pueda incrementar la presión sancionatoria, y ello implica el fracaso global de la estrategia de cambio de régimen mediante guerra económica, financiera y comercial.
Los hechos
Juan González, director del Consejo de Seguridad Nacional de EU para el Hemisferio Occidental, confirmó que la administración de Joe Biden autorizó un alivio parcial de las «sanciones» ilegales que recaen sobre Venezuela y su sector petrolero. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó la información.
La medida permite que la empresa petrolera estadounidense Chevron negocie directamente con el gobierno de Caracas el reinicio de las operaciones de explotación petrolera en Venezuela, a cambio de que se reanude el proceso de negociación en México con la oposición, paralizado tras el secuestro del diplomático venezolano Alex Saab, integrante de la mesa de diálogo, a mediados de octubre de 2021.
Chevron ofreció duplicar la producción petrolera venezolana en poco tiempo, lo que le permitiría a Washington sustituir unos 700 mil barriles diarios de crudo de origen ruso que ya no entran a Estados Unidos, tras la prohibición impuesta por la propia Casa Blanca.
En paralelo, la empresa estatal iraní National Iran Oil Engineering and Construction Company suscribió un contrato de 110 millones de euros con la estatal venezolana PDVSA para repotenciar la refinería El Palito, una señal de profundización de la alianza estratégica entre ambos países con sectores petroleros atacados por Estados Unidos. De hecho, en gran medida la puesta en marcha de la industria petrolera venezolana se debe a una alianza con Irán, que comenzó con el envío de buques con gasolina en 2020, pero que sigue y se profundiza.
La alianza entre ambos países le permite a Venezuela acceder a suministros, equipamientos tecnológicos y esquemas de triangulación para comercializar su petróleo, evadiendo las acciones de guerra económica, financiera y comercial estadounidenses. Irán aseveró que su capacidad productiva volvió a los estándares previos a la estrategia de “máxima presión” de Donald Trump en 2018: más de 3 millones de barriles diarios.
¿Quién gana y quién pierde en esta negociación? Parece claro que Washington arriesga más que Caracas. Nicolás Maduro, a diferencia de Biden, no paga costo interno en esta movida. Por el contrario, la consolidación de la reactivación de la industria petrolera implica dólares frescos para recomponer la economía, de cara a las elecciones de 2024, que tienen a Maduro, por ahora, como único candidato seguro.
*Periodista argentino del equipo fundacional de Telesur. Corresponsal de HispanTv en Venezuela, editor de Questiondigital.com. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
