Eduardo Bautista
28.04.2022
© Foto : Pixabay/Zack Culver
Si Estados Unidos acepta la demanda de México en contra de 11 fabricantes estadounidenses de armas, se abrirían las puertas para que otros países, como Rusia o Ucrania, puedan litigar en contra de compañías armamentistas en tribunales norteamericanos.
Desde hace décadas, Estados Unidos es el principal productor y exportador de armas en el mundo, según datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés). Del periodo 2011-2015 al de 2016-2020, el país norteamericano aumentó sus exportaciones de armamento del 32% al 36%.
Al tener una economía sustancialmente bélica, Estados Unidos asume la venta de armas como un negocio que conlleva un costo social y político ineludible. Cada vez son más los políticos, ciudadanos y organizaciones civiles que exigen mayores controles en el comercio de armamento ante los tiroteos y la violencia entre pandillas.
Por eso ha llamado tanto la atención la demanda que el Gobierno de México emprendió en contra de 11 armerías estadounidenses, entre las que se encuentran compañías con gran respaldo legal y legislativo, como Smith & Wesson, Sturm, Ruger & Co, Beretta USA, Colt’s Manufacturing Co y Glock Inc.
México argumenta que buena parte de las armas que utiliza el crimen organizado en su territorio proviene de fabricantes de armas establecidos en Estados Unidos. A cambio, pide una compensación de 10.000 millones de dólares y exige a las autoridades estadounidenses legislar más para reducir el tráfico ilegal de armamento. Las armeras, en cambio, afirman que no existe la jurisdicción necesaria para que una nación extranjera inicie acciones legales en Estados Unidos contra ellas. Argumentan que la Segunda Enmienda de la Constitución las protege.
¿El miedo de EEUU?
El asunto de fondo en este litigio es mucho más complejo y podría tocar a otros países. El 15 de abril, durante una audiencia en un tribunal de Massachusetts, el juez Boston F. Dennis Saylor lanzó una pregunta que levantó polémica entre los principales defensores del comercio de armas: ¿Aceptar la demanda de México abriría las puertas para que otras naciones, como Rusia o Ucrania, puedan demandar a las compañías armamentistas estadounidenses?
"Desde un punto de vista de la relación entre las empresas armamentistas y la garantía del cumplimiento de los derechos humanos, [este litigio] será un precedente interesantísimo en la jurisprudencia norteamericana que podría beneficiar a otros países donde se utilizan armas estadounidenses para causar daño. La demanda de México no es local: tiene alcances globales", explica a Sputnik Héctor Pérez Rivera, abogado especializado en derechos humanos y certificado por el Institute for International Criminal Investigations (IICI).
El 47% de las armas que se fabrican en Estados Unidos se exporta a Oriente Medio, una zona donde los conflictos armados, las guerrillas y los ataques terroristas son una realidad frecuente, según datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI).
De hecho, el mayor crecimiento de las importaciones de armas en todo el planeta corresponde a esta región. El SIPRI estima que, de 2015 a 2020, la venta de armas creció en 25% en todos los países de Oriente Medio. Sin embargo, la industria bélica estadounidense exporta armamento a prácticamente todo el orbe, en total a 96 países.
"Esto refleja la competencia estratégica regional entre varios Estados de la región del Golfo. Arabia Saudí, el mayor importador de armas del mundo, incrementó sus importaciones en un 61%, y Catar, en un 361%", detalla el SIPRI.
Derechos humanos o libre mercado
El cuestionamiento está ya en los tribunales norteamericano: ¿Qué tanta posibilidad existe de que el juez acepte la demanda de México y comience un juicio sin precedentes en la historia de Estados Unidos?
Pérez Rivera asegura que las probabilidades son amplias. Dice que los argumentos que ha ofrecido el Gobierno de López Obrador son sólidos y afirma que existen fundamentos jurídicos suficientes para que dar luz verde a un pleito legal a gran escala.
El país latinoamericano quiere convencer a las autoridades estadounidenses —mediante informes especializados— que 16.400 armas que han sido decomisadas en suelo mexicano entre 2011 y 2020 se vendieron por primera vez en el estado de Massachusetts.
México también reclama que 500.000 armas cruzan su frontera ilegalmente cada año, un hecho que deriva en la caída de su Producto Interno Bruto (PIB) en hasta 2%. El 68% de esas armas son producidas por las empresas demandadas, entre las que también se encuentra Barrett Firearms Manufacturing.
"[Si el juez desecha la demanda de México] se sentará un precedente bastante negativo, ya que el mensaje de Estados Unidos será muy claro: el libre comercio prevalece por sobre los derechos humanos y no nos importa para que se usan las armas [que se producen en nuestro territorio]", explica Pérez Rivera, quien ha defendido casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
EEUU condiciona dinero a México por 'militarización'... pero es su principal comprador de armas
"No nos pueden demandar"
Para justificar sus operaciones y evitar ser demandados por terceros, los fabricantes de armas recurren siempre a la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, en la cual se establece que el pueblo estadounidense tiene el derecho de poseer y portar armas.
De este modo, la venta de armas tiene una protección jurídica del más alto nivel, por lo cual resulta complejo que se emprendan acciones gubernamentales que restrinjan este derecho esencial para la seguridad del país norteamericano.
"Dependiendo de si se trata de un ámbito público o privado, en la legislación norteamericana hay un supuesto de que ningún extranjero puede demandar a una entidad en Estados Unidos. De algún modo, se le otorga inmunidad a este tipo de entidades. No veo que haya tanto sustento legal [para que la demanda sea aceptada]", observa Miguel de la Fuente, socio de la firma internacional DAC Beachcroft y abogado por la Universidad Anáhuac.
"No creo que sea una demanda procedente en Estados Unidos porque no existe un incumplimiento en la legislación. El hecho de que las armas lleguen al crimen organizado [o a otro conflicto a través del mercado negro] es algo totalmente imprevisible para la industria bélica", agrega De la Fuente, egresado del King's College de Londres.
En ese sentido, dice, los controles para que no lleguen las armas a manos de criminales dependen más del Gobierno de México que de las autoridades o los fabricantes estadounidenses.
"Quizá si hubo incumplimientos en los decretos presidenciales de Estados Unidos para la venta de armas, y si además se infringieron las restricciones particulares que prevalecen en la frontera, entonces sí podría proceder la demanda", aclara el especialista.
28.04.2022
© Foto : Pixabay/Zack Culver
Si Estados Unidos acepta la demanda de México en contra de 11 fabricantes estadounidenses de armas, se abrirían las puertas para que otros países, como Rusia o Ucrania, puedan litigar en contra de compañías armamentistas en tribunales norteamericanos.
Desde hace décadas, Estados Unidos es el principal productor y exportador de armas en el mundo, según datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés). Del periodo 2011-2015 al de 2016-2020, el país norteamericano aumentó sus exportaciones de armamento del 32% al 36%.
Al tener una economía sustancialmente bélica, Estados Unidos asume la venta de armas como un negocio que conlleva un costo social y político ineludible. Cada vez son más los políticos, ciudadanos y organizaciones civiles que exigen mayores controles en el comercio de armamento ante los tiroteos y la violencia entre pandillas.
Por eso ha llamado tanto la atención la demanda que el Gobierno de México emprendió en contra de 11 armerías estadounidenses, entre las que se encuentran compañías con gran respaldo legal y legislativo, como Smith & Wesson, Sturm, Ruger & Co, Beretta USA, Colt’s Manufacturing Co y Glock Inc.
México argumenta que buena parte de las armas que utiliza el crimen organizado en su territorio proviene de fabricantes de armas establecidos en Estados Unidos. A cambio, pide una compensación de 10.000 millones de dólares y exige a las autoridades estadounidenses legislar más para reducir el tráfico ilegal de armamento. Las armeras, en cambio, afirman que no existe la jurisdicción necesaria para que una nación extranjera inicie acciones legales en Estados Unidos contra ellas. Argumentan que la Segunda Enmienda de la Constitución las protege.
¿El miedo de EEUU?
El asunto de fondo en este litigio es mucho más complejo y podría tocar a otros países. El 15 de abril, durante una audiencia en un tribunal de Massachusetts, el juez Boston F. Dennis Saylor lanzó una pregunta que levantó polémica entre los principales defensores del comercio de armas: ¿Aceptar la demanda de México abriría las puertas para que otras naciones, como Rusia o Ucrania, puedan demandar a las compañías armamentistas estadounidenses?
"Desde un punto de vista de la relación entre las empresas armamentistas y la garantía del cumplimiento de los derechos humanos, [este litigio] será un precedente interesantísimo en la jurisprudencia norteamericana que podría beneficiar a otros países donde se utilizan armas estadounidenses para causar daño. La demanda de México no es local: tiene alcances globales", explica a Sputnik Héctor Pérez Rivera, abogado especializado en derechos humanos y certificado por el Institute for International Criminal Investigations (IICI).
El 47% de las armas que se fabrican en Estados Unidos se exporta a Oriente Medio, una zona donde los conflictos armados, las guerrillas y los ataques terroristas son una realidad frecuente, según datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI).
De hecho, el mayor crecimiento de las importaciones de armas en todo el planeta corresponde a esta región. El SIPRI estima que, de 2015 a 2020, la venta de armas creció en 25% en todos los países de Oriente Medio. Sin embargo, la industria bélica estadounidense exporta armamento a prácticamente todo el orbe, en total a 96 países.
"Esto refleja la competencia estratégica regional entre varios Estados de la región del Golfo. Arabia Saudí, el mayor importador de armas del mundo, incrementó sus importaciones en un 61%, y Catar, en un 361%", detalla el SIPRI.
Derechos humanos o libre mercado
El cuestionamiento está ya en los tribunales norteamericano: ¿Qué tanta posibilidad existe de que el juez acepte la demanda de México y comience un juicio sin precedentes en la historia de Estados Unidos?
Pérez Rivera asegura que las probabilidades son amplias. Dice que los argumentos que ha ofrecido el Gobierno de López Obrador son sólidos y afirma que existen fundamentos jurídicos suficientes para que dar luz verde a un pleito legal a gran escala.
El país latinoamericano quiere convencer a las autoridades estadounidenses —mediante informes especializados— que 16.400 armas que han sido decomisadas en suelo mexicano entre 2011 y 2020 se vendieron por primera vez en el estado de Massachusetts.
México también reclama que 500.000 armas cruzan su frontera ilegalmente cada año, un hecho que deriva en la caída de su Producto Interno Bruto (PIB) en hasta 2%. El 68% de esas armas son producidas por las empresas demandadas, entre las que también se encuentra Barrett Firearms Manufacturing.
"[Si el juez desecha la demanda de México] se sentará un precedente bastante negativo, ya que el mensaje de Estados Unidos será muy claro: el libre comercio prevalece por sobre los derechos humanos y no nos importa para que se usan las armas [que se producen en nuestro territorio]", explica Pérez Rivera, quien ha defendido casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
EEUU condiciona dinero a México por 'militarización'... pero es su principal comprador de armas
"No nos pueden demandar"
Para justificar sus operaciones y evitar ser demandados por terceros, los fabricantes de armas recurren siempre a la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, en la cual se establece que el pueblo estadounidense tiene el derecho de poseer y portar armas.
De este modo, la venta de armas tiene una protección jurídica del más alto nivel, por lo cual resulta complejo que se emprendan acciones gubernamentales que restrinjan este derecho esencial para la seguridad del país norteamericano.
"Dependiendo de si se trata de un ámbito público o privado, en la legislación norteamericana hay un supuesto de que ningún extranjero puede demandar a una entidad en Estados Unidos. De algún modo, se le otorga inmunidad a este tipo de entidades. No veo que haya tanto sustento legal [para que la demanda sea aceptada]", observa Miguel de la Fuente, socio de la firma internacional DAC Beachcroft y abogado por la Universidad Anáhuac.
"No creo que sea una demanda procedente en Estados Unidos porque no existe un incumplimiento en la legislación. El hecho de que las armas lleguen al crimen organizado [o a otro conflicto a través del mercado negro] es algo totalmente imprevisible para la industria bélica", agrega De la Fuente, egresado del King's College de Londres.
En ese sentido, dice, los controles para que no lleguen las armas a manos de criminales dependen más del Gobierno de México que de las autoridades o los fabricantes estadounidenses.
"Quizá si hubo incumplimientos en los decretos presidenciales de Estados Unidos para la venta de armas, y si además se infringieron las restricciones particulares que prevalecen en la frontera, entonces sí podría proceder la demanda", aclara el especialista.
