Juraima Almeida
On Sep 7, 2023
El Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño llegó a la conclusión que el proceso que condenó y encarceló a uiz Inácio Lula da Silva se apoyó en pruebas viciadas y estuvo a cargo de una una gavilla, liderada por el exjuez Sergio Moro responsable de varios delitos, incluso haber contado con la colaboración legal de la central estadounidenses de inteligencia CIA.
La causa Lava Jato fue puesta en evidencia a través de una sentencia publicada este miércoles, donde el STF resume la idea de lo que significa lawfare: emplear medios judiciles para llevar adelante una guerra política. El fallo mencionan «indicios de cooperación irregular entre Moro y la CIA», lo que deja al descubierto que hubo una ayuda estadounidense para perjudicar a Lula.
El Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño llegó a la conclusión que el proceso que condenó y encarceló a uiz Inácio Lula da Silva se apoyó en pruebas viciadas y estuvo a cargo de una una gavilla, liderada por el exjuez Sergio Moro responsable de varios delitos, incluso haber contado con la colaboración legal de la central estadounidenses de inteligencia CIA.
La causa Lava Jato fue puesta en evidencia a través de una sentencia publicada este miércoles, donde el STF resume la idea de lo que significa lawfare: emplear medios judiciles para llevar adelante una guerra política. El fallo mencionan «indicios de cooperación irregular entre Moro y la CIA», lo que deja al descubierto que hubo una ayuda estadounidense para perjudicar a Lula.
De acuerdo con Dias Toffoli, además de los tratos directos con las autoridades en Estados Unidos y Suiza, los jueces actuaron sin la necesaria colaboración de los ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia y Seguridad Pública, que resultaron en «consecuencias muy graves» para el Estado brasileño y para «centenares de imputados y personas jurídicas en procesos penales, procesos por improbidad administrativa, procesos electorales y procesos civiles» en Brasil y en el exterior.
En abril de 2018, cinco meses antes de las elecciones, Lula, entonces candidato presidencial, fue arrestado por orden del juez federal de primera instancia Moro: una medida «que puede ser llamada como uno de los más grandes errores judiciales de la historia del país», según el fallo del Supremo.
De hecho ese «error histórico» fue «un montaje fruto de un proyecto de poder de determinados agentes públicos cuyo objetivo era la conquista del Estado por medios aparentemente legales, pero con métodos y acciones contrarios a la ley».
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El fallo, firmado por el juez Antonio DiasToffoli, anuló las confesiones que se consiguieron a partir del acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht y señaló que se usaron artilugios ilegales de “tortura psicológica” que tuvieron como objetivo, entre otros, obtener pruebas falsas contra inocentes.
El juez Sergio Moro, con la complicidad del exfiscal Deltan Dallagnol, utilizó métodos propios de la «dictadura militar» para obtener delaciones premiadas de varios ejecutivos de la constructora Odebrecht. Usó a la llamada Operación Lava Jato para acabar con Lula, y por elevación con el Partido de los Trabajadores (PT).
Los aliados políticos de Moro, entre ellos el entones diputado Jair Bolsonaro, proponían tipificar al PT como una «organización delictiva» que se debía declarar ilegal. Debido a esa ilegalidad todas estas confesiones fueron declaradas nulas así como las consecuencias a las que dieron lugar.
Moro ejerció presión, incluso sobre el STF, para evitar que Lula recuperara la libertad fuera impedido de participar en la campaña electoral frente a Bolsonaro, a quien aventajaba por entre 15 y 20 puntos a dos meses de las elecciones de octubre de 2018. Luls sufrió 580 días de prisión en un calabozo aislado de la Policía Federal en Curitiba.![]()
Además, Moro alimentó un discurso de rasgos extremistas en el que se combinaban un acendrado antiizquierdismo, incluso antriprogresismo, con la denostación de la política. El juez Toffoli sostuvo que la hostilidad y el discurso de Moro contra Lula fueron «el verdadero huevo de la serpiente de los (futuros) ataques a la democracia y a las instituciones», o sea en la diseminación de un estado de exaltación ultraderechista sobre el cual luego se montaria el bolsonarismo.
Con este fallo, el TSJ marcó la defunción de Lava Jato, y sumó argumentos para quienes pujan por la destitución del senador Moro, tras la destitución reciente del exfiscal Dallagnol.
Moroleaks
La filtración conocida como «Moroleaks» fue clave para que la justicia aceptara un pedido de la defensa de Lula para anular las pruebas obtenidas a partir de acuerdos de colaboración con directivos de la empresa Odebrecht, obtenidas de forma ilegal por el exjuez Sergio Moro y los exfiscales de la operación Lava Jato
Deltan Dallagnol y Sergio Moro
La decisión del juez supremo Dias Toffoli fue publicada en respuesta a una solicitud de la defensa de Lula, que brindó acceso a los expedientes de la «Operación Spoofing», que investigaba el hackeo de los celulares del exjuez Moro. En su decisión de 135 páginas, Toffoli publicó parte de los diálogos filtrados que involucran a Moro y al fiscal Deltan Dallagnol y reconoció que utilizaron el alegato de lucha contra la corrupción para «llevar a las rejas a un líder político, con parcialidad y connivencia, falsificando pruebas».
Los diálogos fueron producto de un hacker que entregó parte de ellos a The Intercept, el portal brasileño-estadounidense que publicó los chats bajo el rótulo de «Moroleaks». La autenticidad de los diálogos fue luego confirmada por las pericias de la Corte Suprema.
«Al final tendremos un buen día», le decía Moro en un chat de la aplicación Telegram a Dallagnol, jefe de los fiscales del Lava Jato, quien le contó que estaba preparando la denuncia contra Lula acerca del supuesto soborno con un departamento en el balneario de Guarujá por la empresa OAS como retribución a los contratos obtenidos por la constructora con la estatal Petrobras.
Por ese caso Lula fue condenado en tres instancias, estuvo preso 510 días y fue inhabilitado para participar de las elecciones de 2018 que fueron ganadas por Jair Bolsonaro. En otros chats filtrados, Moro y los fiscales acordaban procedimientos sin informar a las defensas de los acusados, hablaban de operar a periodistas y defendían haber cometido hechos ilícitos ya que estaban cubiertos del «apoyo popular y de los medios».![]()
En las desgrabaciones Moro, Dallagnol y otros fiscales revelaron contactos ilegales con la fiscalía de Suiza y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sin cumplir con los debidos procedimientos. En una de las conversaciones Livia Tinoco, una de las fiscales del Lava Jato, confesó que Moro, la cámara de apelaciones de Porto Alegre y la TV Globo tenían el sueño de ver a Lula preso y calificó ese momento como un «orgasmo múltiple».
Según el diario Folha de Sao Paulo, la preocupación de Moro vino cuando la Policía Federal adjuntó a los autos de una investigación algunos documentos referentes al caso Odebrecht sin preservar su sigilo, lo que conllevó a la divulgación del material por la prensa brasileña. «Fue un enorme golpe por la espalda el de la Policía Federal. Ahora voy a quedar expuesto», le dijo Moro a Dallagnol.
La Corte Suprema había anulado en 2021 las sentencias contra Lula al considerar que Moro y los fiscales persiguieron políticamente al líder de izquierda para retirarlo de la vida política. El actual presidente brasileño fue impedido de disputar las elecciones presidenciales de 2018 debido a que estaba inhabilitado por la condena posteriormente anulada. Moro fue ministro de Justicia de Bolsonaro luego de haber encarcelado a Lula y actualmente es senador opositor.
En abril de 2018, cinco meses antes de las elecciones, Lula, entonces candidato presidencial, fue arrestado por orden del juez federal de primera instancia Moro: una medida «que puede ser llamada como uno de los más grandes errores judiciales de la historia del país», según el fallo del Supremo.
De hecho ese «error histórico» fue «un montaje fruto de un proyecto de poder de determinados agentes públicos cuyo objetivo era la conquista del Estado por medios aparentemente legales, pero con métodos y acciones contrarios a la ley».
El juez Sergio Moro, con la complicidad del exfiscal Deltan Dallagnol, utilizó métodos propios de la «dictadura militar» para obtener delaciones premiadas de varios ejecutivos de la constructora Odebrecht. Usó a la llamada Operación Lava Jato para acabar con Lula, y por elevación con el Partido de los Trabajadores (PT).
Los aliados políticos de Moro, entre ellos el entones diputado Jair Bolsonaro, proponían tipificar al PT como una «organización delictiva» que se debía declarar ilegal. Debido a esa ilegalidad todas estas confesiones fueron declaradas nulas así como las consecuencias a las que dieron lugar.
Moro ejerció presión, incluso sobre el STF, para evitar que Lula recuperara la libertad fuera impedido de participar en la campaña electoral frente a Bolsonaro, a quien aventajaba por entre 15 y 20 puntos a dos meses de las elecciones de octubre de 2018. Luls sufrió 580 días de prisión en un calabozo aislado de la Policía Federal en Curitiba.
Además, Moro alimentó un discurso de rasgos extremistas en el que se combinaban un acendrado antiizquierdismo, incluso antriprogresismo, con la denostación de la política. El juez Toffoli sostuvo que la hostilidad y el discurso de Moro contra Lula fueron «el verdadero huevo de la serpiente de los (futuros) ataques a la democracia y a las instituciones», o sea en la diseminación de un estado de exaltación ultraderechista sobre el cual luego se montaria el bolsonarismo.
Con este fallo, el TSJ marcó la defunción de Lava Jato, y sumó argumentos para quienes pujan por la destitución del senador Moro, tras la destitución reciente del exfiscal Dallagnol.
Moroleaks
La filtración conocida como «Moroleaks» fue clave para que la justicia aceptara un pedido de la defensa de Lula para anular las pruebas obtenidas a partir de acuerdos de colaboración con directivos de la empresa Odebrecht, obtenidas de forma ilegal por el exjuez Sergio Moro y los exfiscales de la operación Lava Jato
Deltan Dallagnol y Sergio MoroLa decisión del juez supremo Dias Toffoli fue publicada en respuesta a una solicitud de la defensa de Lula, que brindó acceso a los expedientes de la «Operación Spoofing», que investigaba el hackeo de los celulares del exjuez Moro. En su decisión de 135 páginas, Toffoli publicó parte de los diálogos filtrados que involucran a Moro y al fiscal Deltan Dallagnol y reconoció que utilizaron el alegato de lucha contra la corrupción para «llevar a las rejas a un líder político, con parcialidad y connivencia, falsificando pruebas».
Los diálogos fueron producto de un hacker que entregó parte de ellos a The Intercept, el portal brasileño-estadounidense que publicó los chats bajo el rótulo de «Moroleaks». La autenticidad de los diálogos fue luego confirmada por las pericias de la Corte Suprema.
«Al final tendremos un buen día», le decía Moro en un chat de la aplicación Telegram a Dallagnol, jefe de los fiscales del Lava Jato, quien le contó que estaba preparando la denuncia contra Lula acerca del supuesto soborno con un departamento en el balneario de Guarujá por la empresa OAS como retribución a los contratos obtenidos por la constructora con la estatal Petrobras.
Por ese caso Lula fue condenado en tres instancias, estuvo preso 510 días y fue inhabilitado para participar de las elecciones de 2018 que fueron ganadas por Jair Bolsonaro. En otros chats filtrados, Moro y los fiscales acordaban procedimientos sin informar a las defensas de los acusados, hablaban de operar a periodistas y defendían haber cometido hechos ilícitos ya que estaban cubiertos del «apoyo popular y de los medios».
En las desgrabaciones Moro, Dallagnol y otros fiscales revelaron contactos ilegales con la fiscalía de Suiza y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sin cumplir con los debidos procedimientos. En una de las conversaciones Livia Tinoco, una de las fiscales del Lava Jato, confesó que Moro, la cámara de apelaciones de Porto Alegre y la TV Globo tenían el sueño de ver a Lula preso y calificó ese momento como un «orgasmo múltiple».
Según el diario Folha de Sao Paulo, la preocupación de Moro vino cuando la Policía Federal adjuntó a los autos de una investigación algunos documentos referentes al caso Odebrecht sin preservar su sigilo, lo que conllevó a la divulgación del material por la prensa brasileña. «Fue un enorme golpe por la espalda el de la Policía Federal. Ahora voy a quedar expuesto», le dijo Moro a Dallagnol.
La Corte Suprema había anulado en 2021 las sentencias contra Lula al considerar que Moro y los fiscales persiguieron políticamente al líder de izquierda para retirarlo de la vida política. El actual presidente brasileño fue impedido de disputar las elecciones presidenciales de 2018 debido a que estaba inhabilitado por la condena posteriormente anulada. Moro fue ministro de Justicia de Bolsonaro luego de haber encarcelado a Lula y actualmente es senador opositor.
Walter Delgatti confesó haber hackeado los celulares de Sérgio Moro.
El 21 de agosto la justicia federal condenó a Walter Delgatti y a otras seis personas a 20 años de cárcel en el marco de la Operación Spoofing, tras intentar vender la información obtenida de manera ilegal a medios de comunicación por unos 40 mil dólares. Delgatti es el mismo que confesó que el ultraderechista Bolsonaro le pidió intervenir las máquinas de voto electrónico.
En 2019 una serie de chats publicados por el portal The Intercept demostraron la imparcialidad de Sergio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol. El lawfare fue confirmado por el máximo tribunal.
La Corte Suprema había anulado en 2021 las sentencias contra Lula al considerar que Moro y los fiscales persiguieron políticamente al líder de izquierda para retirarlo de la vida política. El actual presidente fue impedido de disputar las elecciones presidenciales de 2018 por estar inhabilitado por la condena posteriormente anulada. Moro fue ministro de Justicia de Bolsonaro luego de haber encarcelado a Lula y actualmente es senador opositor.
*Investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
El 21 de agosto la justicia federal condenó a Walter Delgatti y a otras seis personas a 20 años de cárcel en el marco de la Operación Spoofing, tras intentar vender la información obtenida de manera ilegal a medios de comunicación por unos 40 mil dólares. Delgatti es el mismo que confesó que el ultraderechista Bolsonaro le pidió intervenir las máquinas de voto electrónico.
En 2019 una serie de chats publicados por el portal The Intercept demostraron la imparcialidad de Sergio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol. El lawfare fue confirmado por el máximo tribunal.
La Corte Suprema había anulado en 2021 las sentencias contra Lula al considerar que Moro y los fiscales persiguieron políticamente al líder de izquierda para retirarlo de la vida política. El actual presidente fue impedido de disputar las elecciones presidenciales de 2018 por estar inhabilitado por la condena posteriormente anulada. Moro fue ministro de Justicia de Bolsonaro luego de haber encarcelado a Lula y actualmente es senador opositor.
*Investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
