Automotores Orletti: confirman la perpetua de dos represores de la Policía Federal
Por el homicidio del militante uruguayo Mario Roger Julién Cáceres
Por Luciana Bertoia
15 de septiembre de 2023
La Cámara de Casación ratificó la condena contra Oscar Roberto Gutiérrez y Rolando Oscar Nerone, que operaban en un grupo de tareas que dependía de la SIDE. Por los padecimientos de la familia Julién Grisonas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había condenado al Estado argentino en 2021.
El inspector Rolando Oscar Nerone abrió de una patada la puerta de la casa en la que vivían los militantes uruguayos Mario Roger Julién Cáceres y Victoria Lucía Grisonas con sus dos hijitos, Anatole y Victoria Eva. A su costado, se había parapetado Oscar Roberto Gutiérrez, su compañero de la Policía Federal Argentina (PFA). Nerone no pudo evitar un disparo que salió desde adentro y le impactó directamente en la pierna izquierda. Terminó en el hospital con la tibia destrozada. Aún así, recibió felicitaciones por el operativo en el que un grupo de tareas de la dictadura había asesinado a Julién Cáceres y secuestrado a su compañera y sus hijos. Absueltos inicialmente por el homicidio del padre de la familia, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la pena de prisión perpetua para Nerone y Gutiérrez.
El 26 de septiembre de 1976, cuando la patota de la dictadura irrumpió en su casa, Julién Cáceres tenía 33 años e integraba la estructura militar del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), que habían conformado militantes uruguayos que estaban en el exilio en la Argentina. Su compañera, Victoria Lucía, tenía 31 años. Los dos vivían con sus hijos: Anatole, de cuatro años, y Victoria Eva, de un año.
Antes del grupo de tareas irrumpiera en la casa, Julién Cáceres había llevado a los chiquitos al baño, los había encerrado en la bañera y les había ordenado que no salieran por nada. Anatole escuchó desde allí los disparos, las corridas y el llanto de su mamá. No se aguantó más y salió: vio cómo los represores la arrastraban por el suelo.
Los vecinos de la casa de la calle Mitre en el partido de San Martín alcanzaron a ver cómo se llevaban a Victoria Lucía –después de arrojarla varias veces desde altura al pavimento– y a los dos chicos. Anatole y Victoria Eva estuvieron en Automotores Orletti, el centro clandestino de detención regenteado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y después fueron trasladados al Servicio de Información de la Defensa (SID) en Montevideo. Estuvieron alojados en esa casona junto con María Claudia García Iruretagoyena de Gelman un piso más arriba que el resto de los detenidos. Claudia estuvo allí hasta un tiempo después de dar a luz a su beba, Macarena. A Anatole y Victoria Eva los pusieron en un avión y los abandonaron en una plaza de Valparaíso.
Grisonas está desaparecida. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró determinar que Julién Cáceres habría sido enterrado un día después del operativo en el cementerio de San Martín, pero nunca se pudo recuperar el cuerpo. En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) condenó al Estado argentino por las desapariciones de Julién Cáceres y Grisonas. El tribunal internacional también apuntó hacia las demoras en las investigaciones judiciales y particularmente a la “cronoterapia” que aplican los tribunales superiores, en especial la Corte Suprema, a la hora de revisar estas causas.
Cuatro años antes de la sentencia de la Corte-IDH, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 había condenado a Nerone y Gutiérrez por el secuestro de Grisonas, pero los había absuelto por el homicidio de Julién Cáceres. En 2019, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal anuló la absolución y ordenó al TOF 1 dictar una nueva sentencia que contemplara lo que había pasado con el padre de la familia. La defensa de los represores llevó el tema a la Corte, que tardó dos años y medio en rechazar los recursos.
El año pasado, el TOF 1 condenó a Nerone y a Gutiérrez a prisión perpetua por el homicidio de Julién Cáceres. La Casación –con los votos de Javier Carbajo y Alejandro Slokar– validó la decisión. Ángela Ledesma, por el contrario, entendió que se había dado una doble persecución contra los dos efectivos de la PFA.
En su voto, Carbajo habló de un operativo desmedido en el que intervinieron el Ejército, la PFA y la SIDE. De hecho, Nerone y Gutiérrez integraban el Departamento de Asuntos Extranjeros (DAE) de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) de la PFA y estaban en comisión en el Grupo de Tareas 5, que funcionaba bajo la órbita de la SIDE y estaba dedicado a la persecución de militantes extranjeros.
“Dada la especial calidad de delitos de lesa humanidad que nos ocupa, debe tenerse presente la obligación del país adoptada como política de Estado por sus tres poderes”, remarcó Carbajo, que habló del “invalorable aporte” que hizo al proceso de justicia la Comisión Interpoderes de la Corte –que está inactiva desde que Horacio Rosatti asumió la presidencia del máximo tribunal.
“El padecimiento humano por efecto de la violencia y la impunidad sufridos, en razón de los atroces delitos perpetrados por el terrorismo estatal del último régimen de facto, obliga primariamente a atender a los damnificados y procurar la reparación a aquellos auténticos sostenes de la verdad y la justicia”, anadió, por su parte, Slokar.
El inspector Rolando Oscar Nerone abrió de una patada la puerta de la casa en la que vivían los militantes uruguayos Mario Roger Julién Cáceres y Victoria Lucía Grisonas con sus dos hijitos, Anatole y Victoria Eva. A su costado, se había parapetado Oscar Roberto Gutiérrez, su compañero de la Policía Federal Argentina (PFA). Nerone no pudo evitar un disparo que salió desde adentro y le impactó directamente en la pierna izquierda. Terminó en el hospital con la tibia destrozada. Aún así, recibió felicitaciones por el operativo en el que un grupo de tareas de la dictadura había asesinado a Julién Cáceres y secuestrado a su compañera y sus hijos. Absueltos inicialmente por el homicidio del padre de la familia, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la pena de prisión perpetua para Nerone y Gutiérrez.
El 26 de septiembre de 1976, cuando la patota de la dictadura irrumpió en su casa, Julién Cáceres tenía 33 años e integraba la estructura militar del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), que habían conformado militantes uruguayos que estaban en el exilio en la Argentina. Su compañera, Victoria Lucía, tenía 31 años. Los dos vivían con sus hijos: Anatole, de cuatro años, y Victoria Eva, de un año.
Antes del grupo de tareas irrumpiera en la casa, Julién Cáceres había llevado a los chiquitos al baño, los había encerrado en la bañera y les había ordenado que no salieran por nada. Anatole escuchó desde allí los disparos, las corridas y el llanto de su mamá. No se aguantó más y salió: vio cómo los represores la arrastraban por el suelo.
Los vecinos de la casa de la calle Mitre en el partido de San Martín alcanzaron a ver cómo se llevaban a Victoria Lucía –después de arrojarla varias veces desde altura al pavimento– y a los dos chicos. Anatole y Victoria Eva estuvieron en Automotores Orletti, el centro clandestino de detención regenteado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y después fueron trasladados al Servicio de Información de la Defensa (SID) en Montevideo. Estuvieron alojados en esa casona junto con María Claudia García Iruretagoyena de Gelman un piso más arriba que el resto de los detenidos. Claudia estuvo allí hasta un tiempo después de dar a luz a su beba, Macarena. A Anatole y Victoria Eva los pusieron en un avión y los abandonaron en una plaza de Valparaíso.
Grisonas está desaparecida. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró determinar que Julién Cáceres habría sido enterrado un día después del operativo en el cementerio de San Martín, pero nunca se pudo recuperar el cuerpo. En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) condenó al Estado argentino por las desapariciones de Julién Cáceres y Grisonas. El tribunal internacional también apuntó hacia las demoras en las investigaciones judiciales y particularmente a la “cronoterapia” que aplican los tribunales superiores, en especial la Corte Suprema, a la hora de revisar estas causas.
Cuatro años antes de la sentencia de la Corte-IDH, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 había condenado a Nerone y Gutiérrez por el secuestro de Grisonas, pero los había absuelto por el homicidio de Julién Cáceres. En 2019, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal anuló la absolución y ordenó al TOF 1 dictar una nueva sentencia que contemplara lo que había pasado con el padre de la familia. La defensa de los represores llevó el tema a la Corte, que tardó dos años y medio en rechazar los recursos.
El año pasado, el TOF 1 condenó a Nerone y a Gutiérrez a prisión perpetua por el homicidio de Julién Cáceres. La Casación –con los votos de Javier Carbajo y Alejandro Slokar– validó la decisión. Ángela Ledesma, por el contrario, entendió que se había dado una doble persecución contra los dos efectivos de la PFA.
En su voto, Carbajo habló de un operativo desmedido en el que intervinieron el Ejército, la PFA y la SIDE. De hecho, Nerone y Gutiérrez integraban el Departamento de Asuntos Extranjeros (DAE) de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) de la PFA y estaban en comisión en el Grupo de Tareas 5, que funcionaba bajo la órbita de la SIDE y estaba dedicado a la persecución de militantes extranjeros.
“Dada la especial calidad de delitos de lesa humanidad que nos ocupa, debe tenerse presente la obligación del país adoptada como política de Estado por sus tres poderes”, remarcó Carbajo, que habló del “invalorable aporte” que hizo al proceso de justicia la Comisión Interpoderes de la Corte –que está inactiva desde que Horacio Rosatti asumió la presidencia del máximo tribunal.
“El padecimiento humano por efecto de la violencia y la impunidad sufridos, en razón de los atroces delitos perpetrados por el terrorismo estatal del último régimen de facto, obliga primariamente a atender a los damnificados y procurar la reparación a aquellos auténticos sostenes de la verdad y la justicia”, anadió, por su parte, Slokar.
