Por Natalí Risso
9 de septiembre de 2023
La justicia estadounidense falló a favor del fondo buitre Burford en el juicio por la nacionalización de YPF. Imagen: Leandro Teysseire
La jueza Loretta Preska resolvió a favor de los argumentos del fondo buitre Burford para calcular el daño económico en el juicio por la nacionalización de YPF. La oposición hizo uso político del fallo y el gobierno apelará.
La justicia estadounidense falló a favor de todos los argumentos que el fondo buitre Burford reclamaba para calcular el esquema de compensación económica en el juicio que lleva a cabo contra Argentina por la forma en que se nacionalizó YPF en 2012. Ya había condenado en marzo a la República por incumplir el estatuto, pero faltaba definir el monto que el país deberá pagar- entre 4900 y 16.000 millones de dólares- dependiendo de la tasa de interés y la fecha en que considere que Argentina tomó el control de la empresa. Si bien no fijó una cifra, la jueza validó la propuesta del fondo buitre, lo que implicaría la suma más alta y por lo tanto el juicio más costoso que Argentina tiene en el exterior. Patricia Bullrich y Victoria Villaruel hicieron uso político del fallo, exigiéndole disculpas al kirchnerismo por nacionalizar la petrolera que permitió poner en valor Vaca Muerta. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó de "absurdo jurídico" al fallo y advirtió sobre la “casualidad” de que la decisión se haya conocido en plena campaña electoral. El Estado cuenta aún con dos instancias de apelación, que utilizará.
En tiempo récord, la jueza Loretta Preska emitió el peor fallo posible para el país entre las opciones que a fines de julio tenía sobre la mesa tras escuchar durante tres días de audiencias a las partes argumentar sobre la fecha que Argentina obtuvo el control de las acciones de YPF sujetas a expropiación, y la tasa de interés que corresponda por la demora para actualizar la indemnización. Fueron las dos cuestiones de daños económicos que dejó sin resolver en el dictamen que emitió en marzo de este año cuando eximió a la empresa YPF pero falló contra del Estado Argentino por la forma en que nacionalizó a la petrolera. Al aceptar ambos argumentos de Burford, Argentina debería pagar 16.000 millones de dólares.
La República cuenta aún con dos instancias de apelación, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Estados Unidos. Horas después de conocerse la noticia, Robert Giuffra, socio del estudio Sullivan & Cromwell, que representa a la República Argentina en el caso, manifestó su desacuerdo con la decisión y aseguró que tiene la intención de apelar la sentencia que refleja la "incomprensión fundamental respecto del derecho argentino aplicable". "Confiamos en que el Segundo Circuito corregirá los errores fundamentales de la corte de distrito”, reforzó. Con la apelación, la jueza podría ordenar que Argentina abone una garantía, además de que se arriesga a que Burford también apele y pida que se revoque la exoneración de YPF.
La jueza Loretta Preska resolvió a favor de los argumentos del fondo buitre Burford para calcular el daño económico en el juicio por la nacionalización de YPF. La oposición hizo uso político del fallo y el gobierno apelará.
La justicia estadounidense falló a favor de todos los argumentos que el fondo buitre Burford reclamaba para calcular el esquema de compensación económica en el juicio que lleva a cabo contra Argentina por la forma en que se nacionalizó YPF en 2012. Ya había condenado en marzo a la República por incumplir el estatuto, pero faltaba definir el monto que el país deberá pagar- entre 4900 y 16.000 millones de dólares- dependiendo de la tasa de interés y la fecha en que considere que Argentina tomó el control de la empresa. Si bien no fijó una cifra, la jueza validó la propuesta del fondo buitre, lo que implicaría la suma más alta y por lo tanto el juicio más costoso que Argentina tiene en el exterior. Patricia Bullrich y Victoria Villaruel hicieron uso político del fallo, exigiéndole disculpas al kirchnerismo por nacionalizar la petrolera que permitió poner en valor Vaca Muerta. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó de "absurdo jurídico" al fallo y advirtió sobre la “casualidad” de que la decisión se haya conocido en plena campaña electoral. El Estado cuenta aún con dos instancias de apelación, que utilizará.
En tiempo récord, la jueza Loretta Preska emitió el peor fallo posible para el país entre las opciones que a fines de julio tenía sobre la mesa tras escuchar durante tres días de audiencias a las partes argumentar sobre la fecha que Argentina obtuvo el control de las acciones de YPF sujetas a expropiación, y la tasa de interés que corresponda por la demora para actualizar la indemnización. Fueron las dos cuestiones de daños económicos que dejó sin resolver en el dictamen que emitió en marzo de este año cuando eximió a la empresa YPF pero falló contra del Estado Argentino por la forma en que nacionalizó a la petrolera. Al aceptar ambos argumentos de Burford, Argentina debería pagar 16.000 millones de dólares.
La República cuenta aún con dos instancias de apelación, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Estados Unidos. Horas después de conocerse la noticia, Robert Giuffra, socio del estudio Sullivan & Cromwell, que representa a la República Argentina en el caso, manifestó su desacuerdo con la decisión y aseguró que tiene la intención de apelar la sentencia que refleja la "incomprensión fundamental respecto del derecho argentino aplicable". "Confiamos en que el Segundo Circuito corregirá los errores fundamentales de la corte de distrito”, reforzó. Con la apelación, la jueza podría ordenar que Argentina abone una garantía, además de que se arriesga a que Burford también apele y pida que se revoque la exoneración de YPF.
Revisionismo histórico
El fallo activó una suerte de revisionismo histórico por la estatización de la petrolera. Desde el CEO de Mercado Libre Marcos Galperin, que publicó en sus redes sociales que le "duele en el alma", y se preguntó si "sólo mediante fallos de jueces en Estados Unidos, podremos aprender como sociedad y dejar de ser autoritarios e irresponsables", hasta la candidata a presidenta de Juntos Por el Cambio, Patricia Bullrich, y Victoria Villaruel que, aprovechando el clima electoral, apuntaron directamente contra el entonces ministro de Economía Axel Kicillof: "16.000 Millones de disculpas nos tiene que dar el kirchnerismo, Kicillof", tuiteó la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza.
Kicillof está convencido de que el fallo tiene "tufillo electoral" y supone ser "un intento de intervención extranjera en nuestra campaña". "Es oportuno recordar que el partido de Patricia Bullrich, siendo ella diputada, fue la única fuerza política que se opuso a la recuperación de YPF. Por su parte, Javier Milei propone abiertamente su privatización", recordó el gobernador de la Provincia de Buenos Aires. " Es lamentable que la oposición aplauda que un fondo buitre le gane un juicio al Estado", sentenció el presidente de YPF Pablo González.
Una de las críticas más grandes que se realizan es que el monto que podría pagarse por el juicio es mayor al actual de la compañía. " Hoy YPF vale mucho más que los resultados de las acciones, es muy difícil de calcular. En realidad lo que YPF tiene es el 40 por ciento de la segunda reserva de gas y la cuarta de petróleo del mundo. l valor de una petrolera se calcula por sus reservas y sus recursos. Solo en Vaca Muerta se encuentran por encima de los 300 mil millones de dólares", aseguró en diálogo con PáginaI12 el director de CEPA Hernán Letcher. "La enorme potencialidad que tiene Argentina como productor de energía, le da racionalidad a esa decisión. Yo volvería a tomarla", complementó Gonzalez.
En números
Preska, que sucede a Thomas Griesa en los tribunales de Nueva York, definió los parámetros para ponerle número a un proceso que ya lleva ocho años de disputa entre el fondo buitre Burford Capital y la República Argentina, cuya defensa y apelaciones están en manos de la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini. Una de las cuestiones en pugna era la tasa de interés que se utilizará por los años de demora del pago de la indemnización, decisión que implicaba hasta 7600 millones de dólares de diferencia dependiendo si la jueza optaba por tomar el 0 por ciento que considera debería pagar la República Argentina, o el 8 por ciento que pedía Burford.
La otra cuestión en disputa era la fecha en que Argentina obtuvo el control de las acciones de YPF sujetas a expropiación. Los demandantes la sitúan el 16 de abril de 2012 , cuando se envió el proyecto de ley de expropiación al Congreso y se emitió un decreto que designó un interventor del Ejecutivo que desplazó al directorio de YPF. La República explica que no fue antes del 7 de mayo de 2012, cuando entró en vigor de la Ley de Expropiación 26.741 que facultó al ejecutivo a empezar a ejercer los derechos políticos y económicos de las acciones. La diferencia incidiría en las fórmulas con las que el estatuto determinaba el valor a pagar por las acciones, con diferencias de hasta 3400 millones de dólares de pago si se empieza a contabilizar en una fecha u otra.
En un fallo de 25 páginas, Preska le dio la razón a Burford Capital al considerar como fecha de expropiación el 16 de abril de 2012 y fijar una tasa de interés del 8 por ciento que comenzaría a regir desde mayo de 2012, a pesar de que la fecha de expropiación fue fijada en abril por la propia jueza.
Alerta buitre
Otro de los puntos que no debe dejarse de lado en el análisis es quién es la parte demandante. "Este fallo apoya a un fondo buitre que nunca invirtió en YPF ni en Argentina. Nunca le interesó que al país le vaya bien, ni hizo una apuesta productiva: compró el derecho a litigar. De alguna manera, esto confirma las jerarquías del mercado financiero global en el que un fondo buitre compra por migajas bonos o, en este caso, el derecho a litigar, y aprovechan la posibilidad de hacerlo en el país", explica Letcher. "No corresponde indemnizar a alguien que no sufrió un daño, como es el caso del Fondo Burford", agrega Pablo Gonzalez.
El juicio que llega a su recta final comenzó cuando en 2015 el fondo buitre Burford Capital le compró a las firmas Eton Park y Petersen Energía, que eran accionistas minoritarias de YPF al momento de la reestatización, el derecho a litigar contra la República Argentina por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA).
Tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem, el país se comprometía a que cualquier operación de adquisición de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta de compra por el total de las acciones del mercado. En 2012 la República adquirió el 51 por ciento de las acciones de la mayoritaria Repsol y no realizó una OPA al resto de los accionistas, hecho por el cual aseguraron haber sido perjudicados.
Lo distintivo de este caso es la característica del demandante: el fondo buitre Burford Capital, cuyas acciones en la Bolsa de Nueva York aumentaron 22,5 por ciento tras conocerse la decisión de Preska. Burford no es especialista en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino que su especialidad son los megajuicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso. Burford se constituyó el 11 de septiembre de 2009 en el paraíso fiscal de Guernsey, isla del Canal de la Mancha.
Para este fondo, el caso YPF no es uno más en su cartera de negocios. Cuando comenzó a cotizar como empresa pública en la bolsa de Nueva York, el 19 de octubre de 2020, tuvo que presentar informes y balances reglamentarios a los accionistas. Allí quedó expuesto que este juicio es el principal activo en su cartera. A diferencia del tradicional accionar carroñero, Burford Capital no compró bonos en default para reclamar luego el cobro del ciento por ciento más intereses y punitorios, sino que se hizo con los derechos de un inversor quebrado de YPF para litigar por la expropiación de la mayoría de acciones de la compañía. Tampoco cuenta con la espalda financiera que tienen los fondos buitres más tradicionales.
Preska, que sucede a Thomas Griesa en los tribunales de Nueva York, definió los parámetros para ponerle número a un proceso que ya lleva ocho años de disputa entre el fondo buitre Burford Capital y la República Argentina, cuya defensa y apelaciones están en manos de la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini. Una de las cuestiones en pugna era la tasa de interés que se utilizará por los años de demora del pago de la indemnización, decisión que implicaba hasta 7600 millones de dólares de diferencia dependiendo si la jueza optaba por tomar el 0 por ciento que considera debería pagar la República Argentina, o el 8 por ciento que pedía Burford.
La otra cuestión en disputa era la fecha en que Argentina obtuvo el control de las acciones de YPF sujetas a expropiación. Los demandantes la sitúan el 16 de abril de 2012 , cuando se envió el proyecto de ley de expropiación al Congreso y se emitió un decreto que designó un interventor del Ejecutivo que desplazó al directorio de YPF. La República explica que no fue antes del 7 de mayo de 2012, cuando entró en vigor de la Ley de Expropiación 26.741 que facultó al ejecutivo a empezar a ejercer los derechos políticos y económicos de las acciones. La diferencia incidiría en las fórmulas con las que el estatuto determinaba el valor a pagar por las acciones, con diferencias de hasta 3400 millones de dólares de pago si se empieza a contabilizar en una fecha u otra.
En un fallo de 25 páginas, Preska le dio la razón a Burford Capital al considerar como fecha de expropiación el 16 de abril de 2012 y fijar una tasa de interés del 8 por ciento que comenzaría a regir desde mayo de 2012, a pesar de que la fecha de expropiación fue fijada en abril por la propia jueza.
Alerta buitre
Otro de los puntos que no debe dejarse de lado en el análisis es quién es la parte demandante. "Este fallo apoya a un fondo buitre que nunca invirtió en YPF ni en Argentina. Nunca le interesó que al país le vaya bien, ni hizo una apuesta productiva: compró el derecho a litigar. De alguna manera, esto confirma las jerarquías del mercado financiero global en el que un fondo buitre compra por migajas bonos o, en este caso, el derecho a litigar, y aprovechan la posibilidad de hacerlo en el país", explica Letcher. "No corresponde indemnizar a alguien que no sufrió un daño, como es el caso del Fondo Burford", agrega Pablo Gonzalez.
El juicio que llega a su recta final comenzó cuando en 2015 el fondo buitre Burford Capital le compró a las firmas Eton Park y Petersen Energía, que eran accionistas minoritarias de YPF al momento de la reestatización, el derecho a litigar contra la República Argentina por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA).
Tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem, el país se comprometía a que cualquier operación de adquisición de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta de compra por el total de las acciones del mercado. En 2012 la República adquirió el 51 por ciento de las acciones de la mayoritaria Repsol y no realizó una OPA al resto de los accionistas, hecho por el cual aseguraron haber sido perjudicados.
Lo distintivo de este caso es la característica del demandante: el fondo buitre Burford Capital, cuyas acciones en la Bolsa de Nueva York aumentaron 22,5 por ciento tras conocerse la decisión de Preska. Burford no es especialista en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino que su especialidad son los megajuicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso. Burford se constituyó el 11 de septiembre de 2009 en el paraíso fiscal de Guernsey, isla del Canal de la Mancha.
Para este fondo, el caso YPF no es uno más en su cartera de negocios. Cuando comenzó a cotizar como empresa pública en la bolsa de Nueva York, el 19 de octubre de 2020, tuvo que presentar informes y balances reglamentarios a los accionistas. Allí quedó expuesto que este juicio es el principal activo en su cartera. A diferencia del tradicional accionar carroñero, Burford Capital no compró bonos en default para reclamar luego el cobro del ciento por ciento más intereses y punitorios, sino que se hizo con los derechos de un inversor quebrado de YPF para litigar por la expropiación de la mayoría de acciones de la compañía. Tampoco cuenta con la espalda financiera que tienen los fondos buitres más tradicionales.
