Causa Cuadernos, se develan más mentiras: “Cometí un delito y lo acepto”. Declaró el encargado del edificio de Recoleta donde vivió Cristina Kirchner
Por Irina Hauser
22 de mayo de 2026
Julio César Silva, el encargado del edificio donde vivía CFK. Gentileza -
Julio César Silva desmintió haber visto bolsos y valijas en la casa de la expresidenta. Aseguró haber estado bajo amenaza de Bonadío y Stornelli.
Julio César Silva, el encargado del edificio de Recoleta donde vivió Cristina Fernández de Kirchner cuando terminó su segunda presidencia, reveló en el juicio de los “Cuadernos” que declaró bajo amenaza en 2018 ante el fallecido juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli. “No te olvides nunca que tenés dos hijas”, relató que le advirtieron en forma reiterada cuando fue a dar testimonio a Comodoro Py.
Julio César Silva desmintió haber visto bolsos y valijas en la casa de la expresidenta. Aseguró haber estado bajo amenaza de Bonadío y Stornelli.
Julio César Silva, el encargado del edificio de Recoleta donde vivió Cristina Fernández de Kirchner cuando terminó su segunda presidencia, reveló en el juicio de los “Cuadernos” que declaró bajo amenaza en 2018 ante el fallecido juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli. “No te olvides nunca que tenés dos hijas”, relató que le advirtieron en forma reiterada cuando fue a dar testimonio a Comodoro Py.
En efecto, confirmó, tiene dos hijas mujeres y un varón. “Me citaron a una testimonial pero estuve en un interrogatorio”, “la pasé muy mal”, se descargó. Explicó que por eso mintió y firmó en ese entonces una declaración que decía que al inmueble entraban todas las semanas bolsos y dos o más personas. “Firmé pero no estaba de acuerdo, ni lo leí”, “pero eso yo no lo dije”, insistió. Silva contó que Daniel Muñoz, que era el secretario privado de Néstor Kirchner, tenía llave del departamento y que a veces iba en la época en que allí no vivía nadie. Pero en ese período, entre 2003 y 2015, ni el expresidente, ni CFK, ni Máximo ni ningún otro integrante de la familia estuvo en el lugar.
La declaración de Silva en el juicio había sido pedida por la fiscal Fabiana León, con la evidente expectativa de que el hombre hablara de bolsos, valijas y ese tipo de escenas que sugieren el transporte de billetes y pagos ilegales, acorde a los escritos de los cuadernos del chofer Oscar Centeno. Pero para sorpresa de los presentes, el relato –bajo juramento-- fue otro. Silva había dado su testimonio el 14 de agosto de 2018, cuando ya se había producido una ola de detenciones de exfuncionarios y empresarios, algunos de los cuales se “arrepentían” para recuperar la libertad, y el tema se sostenía como un escándalo nacional en los medios.
La declaración de Silva en el juicio había sido pedida por la fiscal Fabiana León, con la evidente expectativa de que el hombre hablara de bolsos, valijas y ese tipo de escenas que sugieren el transporte de billetes y pagos ilegales, acorde a los escritos de los cuadernos del chofer Oscar Centeno. Pero para sorpresa de los presentes, el relato –bajo juramento-- fue otro. Silva había dado su testimonio el 14 de agosto de 2018, cuando ya se había producido una ola de detenciones de exfuncionarios y empresarios, algunos de los cuales se “arrepentían” para recuperar la libertad, y el tema se sostenía como un escándalo nacional en los medios.
Ese fue el contexto en el que había sido citado: cualquiera que fuera convocado podía tener temor de quedar preso. Este martes, ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF7), ofreció detalles de cómo fue condicionado su testimonio.
Amenazas y algo más
El encargado --un uruguayo que se ocupa del edificio desde 1989— recordó que recibió la citación “por correspondencia”, que llegó solo a los tribunales de Retiro y que cuando empezó la declaración le llamó la atención que le advirtieran --Bonadío y Stornelli-- que ya habían ido al barrio, que “sabían todo lo que pasaba en el edificio”, que habían hablado con las personas del quiosco de enfrente, sobre Juncal, y aludían a que “ahí entraban bolsos”.
Amenazas y algo más
El encargado --un uruguayo que se ocupa del edificio desde 1989— recordó que recibió la citación “por correspondencia”, que llegó solo a los tribunales de Retiro y que cuando empezó la declaración le llamó la atención que le advirtieran --Bonadío y Stornelli-- que ya habían ido al barrio, que “sabían todo lo que pasaba en el edificio”, que habían hablado con las personas del quiosco de enfrente, sobre Juncal, y aludían a que “ahí entraban bolsos”.
“Lo que más incómodo me puso es que me dijeron que yo tenía dos hijas y tenía que decir todo lo que me preguntaran. Me gustaría responder que yo acá vengo y voy a venir todas las veces que me llamen, no tengo nada que ocultar”, declaró Silva. La frase, remarcó, fue: “No te olvides nunca que vos tenés dos hijas”. “Y yo tengo tres hijos: un varón y dos mujeres”, reafirmó.
Para Silva esas expresiones según sostuvo ante una pregunta del abogado José Manuel Ubeira, defensor Oscar Thomas, fueron amenazantes. “Me puse mal”, enfatizó, pera acotó que sabe que “si la justicia lo llama hay que ir”. La razón por la que lo habían convocado, se suponía, era que había estado presente en un extenso allanamiento en el edificio de Recoleta vinculado con la causa.
Para Silva esas expresiones según sostuvo ante una pregunta del abogado José Manuel Ubeira, defensor Oscar Thomas, fueron amenazantes. “Me puse mal”, enfatizó, pera acotó que sabe que “si la justicia lo llama hay que ir”. La razón por la que lo habían convocado, se suponía, era que había estado presente en un extenso allanamiento en el edificio de Recoleta vinculado con la causa.
Cuando entró en detalles sobre aquel operativo, volvió a causar un sobresalto en la sala: “Yo estuve en ese allanamiento once horas y media, y en un momento a las seis y media de la tarde, cuando llamó el juez al comisario inspector a los gritos porque se sentía, y le dijo que no había nada en el edificio, (Bonadío) le dijo ‘se van a quedar hasta mañana hasta que encuentren algo’”.
La fiscal León probó a ver si el testigo trastabillaba al describir a Bonadío, y le pidió que lo describiera. “Mediano y bastante gordito”. Se presentaron tanto él como el fiscal, dijo. Reconstruyó así su estadía en el despacho judicial: “No me olvido más nunca. Fue un momento que para mí no fue muy agradable. Entré y había una persona de espaldas a mí, dos escribientes y ellos (Bonadío y Stornelli) salían por una puerta que estaba a mi derecha.
La fiscal León probó a ver si el testigo trastabillaba al describir a Bonadío, y le pidió que lo describiera. “Mediano y bastante gordito”. Se presentaron tanto él como el fiscal, dijo. Reconstruyó así su estadía en el despacho judicial: “No me olvido más nunca. Fue un momento que para mí no fue muy agradable. Entré y había una persona de espaldas a mí, dos escribientes y ellos (Bonadío y Stornelli) salían por una puerta que estaba a mi derecha.
Entraban y salían y me preguntaban lo mismo todas las veces”. “Los dos me tomaron la declaración”, replicó a León por si no le había quedado claro. Comentó que cuando después en el barrio lo insultaban, lo trataban de “hijo de puta” y de “chorro”, al vincularlo con las acusaciones contra CFK. Aseguró que fue una etapa difícil para él y su familia.
Cuando llevaba más de una hora respondiendo preguntas, Silva dijo con todas las letras que él había mentido bajo ese escenario de presión. Que su declaración no decía la verdad, que había firmado algo que no era real. Agregó que suponía que había cometido un delito: “Cometí un delito y lo acepto. Firmé. Pero no estaba de acuerdo ni lo leí.
Cuando llevaba más de una hora respondiendo preguntas, Silva dijo con todas las letras que él había mentido bajo ese escenario de presión. Que su declaración no decía la verdad, que había firmado algo que no era real. Agregó que suponía que había cometido un delito: “Cometí un delito y lo acepto. Firmé. Pero no estaba de acuerdo ni lo leí.
La parte que dice que Muñoz venía del 2007 al 2010 con personas, bolsos y valijas, eso yo no lo dije”. Añadió que sí había dicho que Muñoz en una oportunidad llevó una valija, y que lo había visto solo una o dos veces con algún bolso (que podía atribuir a que viajaba a Buenos Aires).
--¿Está seguro de lo que está diciendo ahora?— le preguntó el juez Germán Castelli, y generó un gran revuelo. El primero en quejarse fue le abogado Federico Paruolo, que defiende al exdirector de Vialidad, Nelson Periotti. Cuestionó que el magistrado pusiera en duda lo que Silva había repetido ya varias veces en la declaración.
--¿Está seguro de lo que está diciendo ahora?— le preguntó el juez Germán Castelli, y generó un gran revuelo. El primero en quejarse fue le abogado Federico Paruolo, que defiende al exdirector de Vialidad, Nelson Periotti. Cuestionó que el magistrado pusiera en duda lo que Silva había repetido ya varias veces en la declaración.
Hicieron salir al testigo de la sala y al regresar su versión no se modificó ni un ápice. Algunos letrados comenzaron a mostrar un enojo acumulado tras varias audiencias y cuestionaron al tribunal por dar un trato desigual a Silva en relación, por ejemplo, al expolicía que declaró el martes último, Jorge Bacigalupo, quien había entregado los cuadernos al periodista La Nación Diego Cabot y sinceró que lo había hecho por su odio al peronismo, además de navegar en contradicciones.
Maximiliano Rusconi, defensor del exministro de Planificación, Julio De Vido, requirió “extracción de testimonios”, es decir, que los jueces denunciaran que el testigo estaba relatando bajo juramento un apriete liso y llano de un fiscal y un juez. Tampoco le hicieron lugar. El presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, respaldó la pregunta de Castelli y la negativa a hacer una denuncia.
Carlos Beraldi, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, pidió que le explicaran a Silva que no había incurrido en ningún delito y que no se estaba autoicriminando sino contando un hecho como él lo vivió. “Es más, está denunciando un delito del que fue víctima”, señaló el abogado. Marcó que le llamaba la atención que el tribunal hubiera estado muy preocupado respecto de que Bacigalupo no se autoincriminara pero que esta vez la tónica era distinta. Méndez Signori dijo que al encargado no le diría nada.
Una declaración clave
La fiscalía y al tribunal (al menos al juez Castelli, que fue quien preguntó) pusieron énfasis en preguntas para reconstruir qué iba a hacer Muñoz al edificio y cómo era la relación del encargado con él y con la familia Kirchner. Silva contó que éstos habían vivido ahí hasta cerca de un mes después de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia.
Maximiliano Rusconi, defensor del exministro de Planificación, Julio De Vido, requirió “extracción de testimonios”, es decir, que los jueces denunciaran que el testigo estaba relatando bajo juramento un apriete liso y llano de un fiscal y un juez. Tampoco le hicieron lugar. El presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, respaldó la pregunta de Castelli y la negativa a hacer una denuncia.
Carlos Beraldi, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, pidió que le explicaran a Silva que no había incurrido en ningún delito y que no se estaba autoicriminando sino contando un hecho como él lo vivió. “Es más, está denunciando un delito del que fue víctima”, señaló el abogado. Marcó que le llamaba la atención que el tribunal hubiera estado muy preocupado respecto de que Bacigalupo no se autoincriminara pero que esta vez la tónica era distinta. Méndez Signori dijo que al encargado no le diría nada.
Una declaración clave
La fiscalía y al tribunal (al menos al juez Castelli, que fue quien preguntó) pusieron énfasis en preguntas para reconstruir qué iba a hacer Muñoz al edificio y cómo era la relación del encargado con él y con la familia Kirchner. Silva contó que éstos habían vivido ahí hasta cerca de un mes después de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia.
Durante le período en que no estuvieron ahí Muñoz iba con un chofer y se llevaba la correspondencia. Agregó que lo vio algunas veces con otras personas. Dijo que tuvo más trato con Cristina que con Néstor, cuando ella regresó a vivir allí después de su segunda presidencia: “Una vez que se fueron no volvieron más. Yo la traté (a ella) nuevamente cuando dejó de ser presidenta y volvió al piso”.
--Para atrás ¿algo más que nos pueda decir de cuando era Presidenta?-- insistió Castelli.
--No porque no fue al edificio, no fue nunca, ni Néstor, ni la doctora, ni Máximo ni nadie de la familia. A la doctora nunca la trate en esa fecha. De 2003 hasta que dejó de ser presidenta nunca la traté.
--¿Usted estuvo viendo este juicio?—preguntó el juez.
-- No señor, me manejo de esa manera. Siempre dispuesto a venir cuando me llamen.
Como quedó a la vista, el encargado dejó en claro que había dado un testimonio bajo presión frente a Bonadío y Stornelli y descartó el relato de que por allí pasaran sistemáticamente bolsos y valijas. Se suma, así a los 27 imputados que ya habían relatado aprietes que incluso algunos dejaron asentados en escribanías.
--Para atrás ¿algo más que nos pueda decir de cuando era Presidenta?-- insistió Castelli.
--No porque no fue al edificio, no fue nunca, ni Néstor, ni la doctora, ni Máximo ni nadie de la familia. A la doctora nunca la trate en esa fecha. De 2003 hasta que dejó de ser presidenta nunca la traté.
--¿Usted estuvo viendo este juicio?—preguntó el juez.
-- No señor, me manejo de esa manera. Siempre dispuesto a venir cuando me llamen.
Como quedó a la vista, el encargado dejó en claro que había dado un testimonio bajo presión frente a Bonadío y Stornelli y descartó el relato de que por allí pasaran sistemáticamente bolsos y valijas. Se suma, así a los 27 imputados que ya habían relatado aprietes que incluso algunos dejaron asentados en escribanías.
En este caso se trata de un testigo, no de un imputado. Aunque uno de los puntos en común es el tándem juez-fiscal intentó ponerlo entre la espada y la pared aludiendo a su familia. En el caso del empresario Gerardo Ferreyra, por caso, cuando fue indagado le decían que su familia estaba esperando en el pasillo y que si podía ir con ellos si “colaboraba” o terminar en la cárcel.
Silva añadió un dato muy relevante, cuando especificó que los Kirchner no pasaban por Juncal en el período clave que es investigado de supuestos sobornos en la obra pública, lo que vuelve a debilitar la acusación que intenta vincular a CFK con los hechos.
OTRA MUESTRA DE LA MAFIA JUDICIAL
La trama para encubrir el asesinato de Mariano Ferreyra
Espías, sobornos y jueces amigos: un juicio que dejó a Comodoro Py al desnudo
OTRA MUESTRA DE LA MAFIA JUDICIAL
La trama para encubrir el asesinato de Mariano Ferreyra
Espías, sobornos y jueces amigos: un juicio que dejó a Comodoro Py al desnudo
El Tribunal Oral Federal (TOF) 8 condenó a un exjuez y a un exfuncionario judicial por urdir una maniobra para que los expedientes contra José Pedraza cayeran en una sala afín de la Cámara de Casación.
Por Luciana Bertoia
Por Luciana Bertoia
20220627 Tribunales de Comodoro Py Foto Bernardino Avila
El juicio que indagó en el pago de sobornos para torcer la investigación por el asesinato de Mariano Ferreyra tuvo todos los elementos para dejar a Comodoro Py al desnudo: familia judicial, grandes estudios, los operadores de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y la manipulación de los sorteos para determinar qué juez o qué jueces intervienen en una causa. El Tribunal Oral Federal (TOF) 8 dio por acreditada esta mecánica espuria y condenó al exjuez Octavio Aráoz de Lamadrid y al exfuncionario judicial Luis Ameghino Escobar.
El 20 de octubre de 2010, una patota de la Unión Ferroviaria (UF) –que lideraba José Pedraza– mató a Mariano Ferreyra, un joven militante del Partido Obrero (PO) que participaba de una protesta de trabajadores precarizados. La fiscal de la causa, Cristina Caamaño, pidió el 8 de noviembre de 2010 la indagatoria de Pedraza.
Para entonces, Pedraza ya había empezado a activar sus contactos. El dirigente estaba en comunicación con Juan José Riquelme, un agente de la SIDE que solía dar como referencia a Carlos Guillermo Suárez Mason, el comandante del Primer Cuerpo de Ejército durante la dictadura. Riquelme solía funcionar como operador de sectores de la Iglesia vinculados a represores –como el exobispo castrense Antonio Baseotto– y convocaba a jueces a los cursos que se impartían en la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI).
Pedraza se comunicaba tanto con Riquelme como con Octavio Aráoz de Lamadrid. Para entonces, Aráoz de Lamadrid ya no era juez federal: había renunciado para dedicarse a la profesión. Pero seguía conservando buenos contactos. Aráoz de Lamadrid había sido un funcionario cercano a Eduardo Riggi, juez de la Cámara Federal de Casación Penal.
La principal apuesta de Pedraza era que el expediente cayera en la Sala III de Casación, donde estaba Riggi, para que le garantizara votos favorables para la libertad de los imputados o la revocatoria de los procesamientos. Para que el expediente aterrizara en la Sala III era indispensable manipular el sistema de sorteos. En la oficina a cargo estaba Ameghino Escobar, que también había trabajado con Riggi y Aráoz de Lamadrid.
Los servicios no eran gratuitos. El 1 de febrero de 2011, Ángel Stafforini, contador de la UF, sacó 50.000 dólares de una caja de seguridad y se encaminó junto con la abogada Susana Planas hasta el estudio de Aráoz de Lamadrid. Al rato llegó Riquelme. Y, poco después, hubo un allanamiento. En la causa están las escuchas que describen la trama.
Antes de que el TOF 8 dictara sentencia, Aráoz de Lamadrid pronunció sus últimas palabras. Dijo que todo había sido una operación de Riquelme, que no llegó a juicio –al igual que Pedraza– porque murió antes, y que él había sido víctima de una “manipulación psicológica”.
Susana Planas también habló. Fue breve. Solo dijo que era inocente. En su caso, fue absuelta por el TOF, tal como había pedido la fiscalía encabezada por Marcelo Colombo.
Los jueces Nicolás Toselli, María Gabriela López Iñíguez y Sabrina Namer condenaron a Aráoz de Lamadrid a cinco años de prisión y a Ameghino Escobar a tres años –de ejecución condicional-- por tráfico de influencias.
En el caso de Stafforini, el TOF dio por acreditado que existió el delito de cohecho agravado, pero lo salvó la prescripción. La causa demoró quince años en llegar a juicio. Stafforini mantiene o mantuvo vínculos societarios con el actual jefe de la SIDE, Cristian Auguadra.
“El valor del juicio es, entre otras cosas, haber mostrado la trama de funcionamiento de un sector de Comodoro Py –sin pretender abarcarlo todo– y las relaciones entre distintos factores de poder, como la Unión Ferroviaria, agentes de inteligencia –orgánicos e inorgánicos– y sectores judiciales. El proceso permitió ver cómo se fue armando esa red y el tipo de lobby judicial que termina siendo determinante para el avance o el freno de ciertas causas, sobre todo cuando involucran a personas poderosas”, le dijo a Página/12 Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que actuó como querellante.
El juicio que indagó en el pago de sobornos para torcer la investigación por el asesinato de Mariano Ferreyra tuvo todos los elementos para dejar a Comodoro Py al desnudo: familia judicial, grandes estudios, los operadores de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y la manipulación de los sorteos para determinar qué juez o qué jueces intervienen en una causa. El Tribunal Oral Federal (TOF) 8 dio por acreditada esta mecánica espuria y condenó al exjuez Octavio Aráoz de Lamadrid y al exfuncionario judicial Luis Ameghino Escobar.
El 20 de octubre de 2010, una patota de la Unión Ferroviaria (UF) –que lideraba José Pedraza– mató a Mariano Ferreyra, un joven militante del Partido Obrero (PO) que participaba de una protesta de trabajadores precarizados. La fiscal de la causa, Cristina Caamaño, pidió el 8 de noviembre de 2010 la indagatoria de Pedraza.
Para entonces, Pedraza ya había empezado a activar sus contactos. El dirigente estaba en comunicación con Juan José Riquelme, un agente de la SIDE que solía dar como referencia a Carlos Guillermo Suárez Mason, el comandante del Primer Cuerpo de Ejército durante la dictadura. Riquelme solía funcionar como operador de sectores de la Iglesia vinculados a represores –como el exobispo castrense Antonio Baseotto– y convocaba a jueces a los cursos que se impartían en la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI).
Pedraza se comunicaba tanto con Riquelme como con Octavio Aráoz de Lamadrid. Para entonces, Aráoz de Lamadrid ya no era juez federal: había renunciado para dedicarse a la profesión. Pero seguía conservando buenos contactos. Aráoz de Lamadrid había sido un funcionario cercano a Eduardo Riggi, juez de la Cámara Federal de Casación Penal.
La principal apuesta de Pedraza era que el expediente cayera en la Sala III de Casación, donde estaba Riggi, para que le garantizara votos favorables para la libertad de los imputados o la revocatoria de los procesamientos. Para que el expediente aterrizara en la Sala III era indispensable manipular el sistema de sorteos. En la oficina a cargo estaba Ameghino Escobar, que también había trabajado con Riggi y Aráoz de Lamadrid.
Los servicios no eran gratuitos. El 1 de febrero de 2011, Ángel Stafforini, contador de la UF, sacó 50.000 dólares de una caja de seguridad y se encaminó junto con la abogada Susana Planas hasta el estudio de Aráoz de Lamadrid. Al rato llegó Riquelme. Y, poco después, hubo un allanamiento. En la causa están las escuchas que describen la trama.
Antes de que el TOF 8 dictara sentencia, Aráoz de Lamadrid pronunció sus últimas palabras. Dijo que todo había sido una operación de Riquelme, que no llegó a juicio –al igual que Pedraza– porque murió antes, y que él había sido víctima de una “manipulación psicológica”.
Susana Planas también habló. Fue breve. Solo dijo que era inocente. En su caso, fue absuelta por el TOF, tal como había pedido la fiscalía encabezada por Marcelo Colombo.
Los jueces Nicolás Toselli, María Gabriela López Iñíguez y Sabrina Namer condenaron a Aráoz de Lamadrid a cinco años de prisión y a Ameghino Escobar a tres años –de ejecución condicional-- por tráfico de influencias.
En el caso de Stafforini, el TOF dio por acreditado que existió el delito de cohecho agravado, pero lo salvó la prescripción. La causa demoró quince años en llegar a juicio. Stafforini mantiene o mantuvo vínculos societarios con el actual jefe de la SIDE, Cristian Auguadra.
“El valor del juicio es, entre otras cosas, haber mostrado la trama de funcionamiento de un sector de Comodoro Py –sin pretender abarcarlo todo– y las relaciones entre distintos factores de poder, como la Unión Ferroviaria, agentes de inteligencia –orgánicos e inorgánicos– y sectores judiciales. El proceso permitió ver cómo se fue armando esa red y el tipo de lobby judicial que termina siendo determinante para el avance o el freno de ciertas causas, sobre todo cuando involucran a personas poderosas”, le dijo a Página/12 Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que actuó como querellante.
