Ajuste mileísta: 4,7 millones de nuevos pobres
Por Juan Carlos Junio
9 de agosto de 2024
. Imagen: Bernardino Avila
Todos sabían que ocurriría. La oposición al Presidente Milei se empeñó en declararlo y denunciarlo desde el primer día, y el gobierno y sus aliados de la derecha conservadora lo relativizaban y ocultaban. Las consecuencias sociales del “plan de ajuste más grande de la historia” son catastróficas para la vida de la gran mayoría del pueblo y para la Nación como comunidad político-cultural.
No debiera sorprender, ya que la aplicación de estas ideas propias de la “moderna” derecha thatcheriana, siempre generó similares resultados. Cierto es que desde el primer discurso presidencial, de espaldas al Congreso, al que luego denigraría calificándolo de “nido de ratas”, explicitó que se aplicaría un programa extremo de destrucción del Estado, reduciendo o eliminando sus funciones sociales, educativas, de fomento a la industria nacional, ajuste de los salarios públicos y privados, incluyendo un severo recorte a las jubilaciones.
El argumento principal no tenía ninguna originalidad, reiteraba la idea macrista de la “herencia recibida”, ahora mutada “al desastre kirchnerista”, con el agregado de que la decadencia venía desde un siglo atrás, a partir del primer gobierno surgido de la ley del sufragio secreto, universal y obligatorio (con la exclusión de la mujer).
La ultraderecha mileista, seguida por la otra vertiente del PRO, se proponía refundar la Nación, instaurando un proyecto político, económico y cultural de subordinación a EEUU, la gran potencia capitalista de la época; asumiendo la línea ultraísta inspirada en la marginal escuela austríaca, aggiornada a conceptos políticos y económicos neocoloniales, junto a un componente de irracionalismo cultural y científico.
Sus hitos principales e inmediatos fueron el DNU 70/23, que restringió al funcionamiento democrático, y la súper devaluación del 118%, reclamada por el antiquísimo partido devaluador con su inevitable impacto en los precios.
Decíamos que era esperable una caída de los indicadores sociales; sin embargo, la radicalidad deliberada de la actual fase del proyecto de las corporaciones empresarias y sus partidos políticos subordinados, fueron generando un impacto destructivo en el tejido social, con consecuencias dramáticas para la vida ciudadana.
Según la EPH (encuesta permanente de hogares) del Indec, la pobreza creció violentamente, alcanzando al 54,8% de las personas, de ese total el 20,3% están en situación de indigencia, o sea que pasan hambre. Si los símbolos porcentuales los expresamos en seres humanos, veremos que equivalen a 25,5 millones de personas, de las cuales 9 millones carecen de ingresos para adquirir alimentos básicos, se evidencia la violencia de la destrucción del trabajo y los ingresos de millones de personas: los nuevos pobres alcanzan los 4,7 millones. Pero hay más: sobre 11 millones de menores de 14 años, 7,7 millones viven en hogares pobres, de los cuales 3.300.000 pasan hambre.
Estos datos arrasadores incluyen a la “rica ciudad capital” donde la pobreza alcanzó, en el primer trimestre, a 1.083.000 personas y la indigencia a 472.000 de seres humanos.
En suma, la pobreza y el hambre son el fruto más amargo del proyecto de la ultraderecha, pero los guarismos muestran el poder destructivo del modelo, que arrastra también a la industria a una caída vertical, con sus graves consecuencias para la vida y el trabajo, muy particularmente para las pequeñas empresas, responsables de la mayor generación de trabajo y riqueza. En esta cuestión crucial del empleo, en los primeros 6 meses de Milei se redujo en 612.000 el número de trabajadores aportantes a los regímenes de seguridad social como consecuencia de las cesantías, o pase a la informalidad.
En sólo 7 meses de gobierno libertario-PRO y aledaños que votan “gobernabilidad”, la amenaza de la pérdida de trabajo se va transformando en realidad para cientos de miles de ciudadanos/as.
Pero las corporaciones empresarias van por más desde la convicción de que es el momento político oportuno para avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Desde el fondo de los tiempos reclaman y exigen “modernizar la legislación laboral”, así editorializaba La Nación allá por el 26/04/16.
Lo interesante de traer al presente esa nota doctrinaria es la constatación del clásico argumento: “la legislación actual genera aumento del costo laboral y mayor riesgo empresario”, critica a las paritarias y al sindicato único por actividad y demanda descentralizar las negociaciones y llevarlas a nivel de empresas.
Corona su postura “doctrinaria” criticando al dictador Onganía por su concesión de las obras sociales a los sindicatos y se ataja de posibles modificaciones de la “legislación del trabajo logrados por el incansable diputado Héctor Recalde”. Como vemos, la acción del lobista F. de Rioja, la UIA, AEA, la CAC, y sus legisladores pro-empresa no aportan nada novedoso. “El incansable Recalde” sigue con lo suyo incansablemente y los empresarios siempre van por más riqueza con Lavoisier como estandarte: nada se pierde, todo se “les” transfiere.
Los retos del presente de los sectores populares y progresistas son enormes, y demandan de grandeza y audacia intelectual para crear nuevas respuestas ante estos desafíos, distintos a las experiencias anteriores. Resulta vital y urgente, no solo avanzar en la construcción de un polo político amplísimo y unitario, sino también, elaborar y presentar a la sociedad un cuerpo de ideas y un programa básico que enfrente la emergencia del drama social, educativo, industrial, cultural y de destrucción de nuestra soberanía como Nación.
Se trata de recuperar los valores humanistas y solidarios, enfrentando la cultura de lo individual como proyecto de vida y de la sociedad. Los sectores medios, muchos de los cuales también sufren las consecuencias de esta política, y otros núcleos que logran sostener sus niveles de vida, deben afirmarse en un ideario fraternal y comprensivo hacia los millones de humildes, particularmente castigados por el mileismo y las otras expresiones conservadoras. La derecha se propone, como siempre, arrastrar a las clases medias al lugar político de lo antipopular, del antiperonismo y antizquierdismo cerril, ahora con el agregado del odio.
El pueblo argentino superará esta instancia histórica, sobre la base de recuperar y potenciar lo mejor de nuestros valores democráticos y humanistas, provenientes de los diversos afluentes políticos y culturales.
Jubilados, provincias y universidades. Las víctimas del ajuste fiscal
El equilibrio de las cuentas públicas durante los primeros siete meses del año se sustentó en el recorte de fondos a jubilados, provincias y universidades, según un estudio privado. El 27,6 por ciento del recorte "se explica por la merma del gasto en los haberes de la clase pasiva". "Eso significa que de cada 100 mil pesos que dejaron de gastarse, casi 28 mil tendrían que haber ido a los bolsillos de jubilados y pensionados, sólo para no estar peor que en 2023", explicó el trabajo presentado por el Instituto Consenso Federal.
El informe toma como base el análisis de ejecución presupuestaria de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Según este enfoque, entre enero y julio las universidades recibieron "31 por ciento menos de recursos, comparado con idéntico período del año anterior y en términos reales".
En relación a las universidades, la ejecución presupuestaria pasó de -25,5 por ciento para el período enero-mayo, a -30,8 entre enero y junio, para llegar a -31 para enero-julio.
En el caso de las provincias, el gasto ejecutado en transferencias de la Nación se redujo 83,5 por ciento, a lo que habría que sumarle un 80,9 de ajuste en los gastos de capital, que usualmente están dirigidos a obras (rutas, hospitales, escuelas) distribuidas en todo el territorio nacional.
Todos sabían que ocurriría. La oposición al Presidente Milei se empeñó en declararlo y denunciarlo desde el primer día, y el gobierno y sus aliados de la derecha conservadora lo relativizaban y ocultaban. Las consecuencias sociales del “plan de ajuste más grande de la historia” son catastróficas para la vida de la gran mayoría del pueblo y para la Nación como comunidad político-cultural.
No debiera sorprender, ya que la aplicación de estas ideas propias de la “moderna” derecha thatcheriana, siempre generó similares resultados. Cierto es que desde el primer discurso presidencial, de espaldas al Congreso, al que luego denigraría calificándolo de “nido de ratas”, explicitó que se aplicaría un programa extremo de destrucción del Estado, reduciendo o eliminando sus funciones sociales, educativas, de fomento a la industria nacional, ajuste de los salarios públicos y privados, incluyendo un severo recorte a las jubilaciones.
El argumento principal no tenía ninguna originalidad, reiteraba la idea macrista de la “herencia recibida”, ahora mutada “al desastre kirchnerista”, con el agregado de que la decadencia venía desde un siglo atrás, a partir del primer gobierno surgido de la ley del sufragio secreto, universal y obligatorio (con la exclusión de la mujer).
La ultraderecha mileista, seguida por la otra vertiente del PRO, se proponía refundar la Nación, instaurando un proyecto político, económico y cultural de subordinación a EEUU, la gran potencia capitalista de la época; asumiendo la línea ultraísta inspirada en la marginal escuela austríaca, aggiornada a conceptos políticos y económicos neocoloniales, junto a un componente de irracionalismo cultural y científico.
Sus hitos principales e inmediatos fueron el DNU 70/23, que restringió al funcionamiento democrático, y la súper devaluación del 118%, reclamada por el antiquísimo partido devaluador con su inevitable impacto en los precios.
Decíamos que era esperable una caída de los indicadores sociales; sin embargo, la radicalidad deliberada de la actual fase del proyecto de las corporaciones empresarias y sus partidos políticos subordinados, fueron generando un impacto destructivo en el tejido social, con consecuencias dramáticas para la vida ciudadana.
Según la EPH (encuesta permanente de hogares) del Indec, la pobreza creció violentamente, alcanzando al 54,8% de las personas, de ese total el 20,3% están en situación de indigencia, o sea que pasan hambre. Si los símbolos porcentuales los expresamos en seres humanos, veremos que equivalen a 25,5 millones de personas, de las cuales 9 millones carecen de ingresos para adquirir alimentos básicos, se evidencia la violencia de la destrucción del trabajo y los ingresos de millones de personas: los nuevos pobres alcanzan los 4,7 millones. Pero hay más: sobre 11 millones de menores de 14 años, 7,7 millones viven en hogares pobres, de los cuales 3.300.000 pasan hambre.
Estos datos arrasadores incluyen a la “rica ciudad capital” donde la pobreza alcanzó, en el primer trimestre, a 1.083.000 personas y la indigencia a 472.000 de seres humanos.
En suma, la pobreza y el hambre son el fruto más amargo del proyecto de la ultraderecha, pero los guarismos muestran el poder destructivo del modelo, que arrastra también a la industria a una caída vertical, con sus graves consecuencias para la vida y el trabajo, muy particularmente para las pequeñas empresas, responsables de la mayor generación de trabajo y riqueza. En esta cuestión crucial del empleo, en los primeros 6 meses de Milei se redujo en 612.000 el número de trabajadores aportantes a los regímenes de seguridad social como consecuencia de las cesantías, o pase a la informalidad.
En sólo 7 meses de gobierno libertario-PRO y aledaños que votan “gobernabilidad”, la amenaza de la pérdida de trabajo se va transformando en realidad para cientos de miles de ciudadanos/as.
Pero las corporaciones empresarias van por más desde la convicción de que es el momento político oportuno para avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Desde el fondo de los tiempos reclaman y exigen “modernizar la legislación laboral”, así editorializaba La Nación allá por el 26/04/16.
Lo interesante de traer al presente esa nota doctrinaria es la constatación del clásico argumento: “la legislación actual genera aumento del costo laboral y mayor riesgo empresario”, critica a las paritarias y al sindicato único por actividad y demanda descentralizar las negociaciones y llevarlas a nivel de empresas.
Corona su postura “doctrinaria” criticando al dictador Onganía por su concesión de las obras sociales a los sindicatos y se ataja de posibles modificaciones de la “legislación del trabajo logrados por el incansable diputado Héctor Recalde”. Como vemos, la acción del lobista F. de Rioja, la UIA, AEA, la CAC, y sus legisladores pro-empresa no aportan nada novedoso. “El incansable Recalde” sigue con lo suyo incansablemente y los empresarios siempre van por más riqueza con Lavoisier como estandarte: nada se pierde, todo se “les” transfiere.
Los retos del presente de los sectores populares y progresistas son enormes, y demandan de grandeza y audacia intelectual para crear nuevas respuestas ante estos desafíos, distintos a las experiencias anteriores. Resulta vital y urgente, no solo avanzar en la construcción de un polo político amplísimo y unitario, sino también, elaborar y presentar a la sociedad un cuerpo de ideas y un programa básico que enfrente la emergencia del drama social, educativo, industrial, cultural y de destrucción de nuestra soberanía como Nación.
Se trata de recuperar los valores humanistas y solidarios, enfrentando la cultura de lo individual como proyecto de vida y de la sociedad. Los sectores medios, muchos de los cuales también sufren las consecuencias de esta política, y otros núcleos que logran sostener sus niveles de vida, deben afirmarse en un ideario fraternal y comprensivo hacia los millones de humildes, particularmente castigados por el mileismo y las otras expresiones conservadoras. La derecha se propone, como siempre, arrastrar a las clases medias al lugar político de lo antipopular, del antiperonismo y antizquierdismo cerril, ahora con el agregado del odio.
El pueblo argentino superará esta instancia histórica, sobre la base de recuperar y potenciar lo mejor de nuestros valores democráticos y humanistas, provenientes de los diversos afluentes políticos y culturales.
Jubilados, provincias y universidades. Las víctimas del ajuste fiscal
El equilibrio de las cuentas públicas durante los primeros siete meses del año se sustentó en el recorte de fondos a jubilados, provincias y universidades, según un estudio privado. El 27,6 por ciento del recorte "se explica por la merma del gasto en los haberes de la clase pasiva". "Eso significa que de cada 100 mil pesos que dejaron de gastarse, casi 28 mil tendrían que haber ido a los bolsillos de jubilados y pensionados, sólo para no estar peor que en 2023", explicó el trabajo presentado por el Instituto Consenso Federal.
El informe toma como base el análisis de ejecución presupuestaria de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Según este enfoque, entre enero y julio las universidades recibieron "31 por ciento menos de recursos, comparado con idéntico período del año anterior y en términos reales".
En relación a las universidades, la ejecución presupuestaria pasó de -25,5 por ciento para el período enero-mayo, a -30,8 entre enero y junio, para llegar a -31 para enero-julio.
En el caso de las provincias, el gasto ejecutado en transferencias de la Nación se redujo 83,5 por ciento, a lo que habría que sumarle un 80,9 de ajuste en los gastos de capital, que usualmente están dirigidos a obras (rutas, hospitales, escuelas) distribuidas en todo el territorio nacional.
