Hundamos su Unión Europea
Alberto Garzón
Las novelas distópicas operan como antagonistas de las novelas utópicas, y en lugar de relatarnos cómo debería ser el mundo ideal prefieren describirnos un hipotético mundo plagado de injusticias y maldad. 1984 de George Orwell o Un Mundo Feliz de Aldous Huxley son sin duda los ejemplos más conocidos. Sin embargo, con mucho menos conocimiento público, la Comisión Europea está trabajando mano a mano con Estados Unidos en la redacción de un nuevo documento que podría estar prácticamente al mismo nivel. No obstante, el problema del Tratado de Libre Comercio que se está negociando entre la Unión Europea y EEUU es que amenaza con ir más allá de la literatura y podría convertirse en una dramática realidad.
La primera pregunta que nos asalta es ¿cómo es que apenas hemos oído hablar del TLC? Quizás ello tenga que ver con el hecho de que el negociador de la parte europea, Ignacio García Bercero, escribió una carta pública a su contraparte estadounidense para tranquilizarle en relación a la confidencialidad de todo el proceso. Anunció, sin ir más lejos, que la negociación del TLC sería una excepción a la regla 1049/2001 que obliga a las instituciones europeas a hacer públicos sus documentos. Y añadió, para terminar de convencer a su homólogo americano, que los documentos tendrían carácter secreto durante al menos 30 años[1]. El comisario europeo De Gucht suscribiría esa misma opinión en el propio parlamento europeo cuando concedió carácter confidencial a las negociaciones y negó la función negociadora del parlamento[2].
Un TLC es un acuerdo entre varios países o zonas geográficas para incrementar el volumen de intercambio de bienes y servicios. Y generalmente consiste en reducir los impuestos a la importación, lo que permite a los ciudadanos comprar más baratos los productos extranjeros. Sin embargo, la propia Comisión Europea ha reconocido que «las relaciones económicas entre los Estados Unidos y la Unión Europea pueden ser consideradas entre las más abiertas del mundo»[3]. Asimismo, la Organización Mundial del Comercio ha estimado que las tarifas promedio rondan el 3,5% en Estados Unidos y el 5,2% en la Unión Europea. Estamos hablando de niveles extraordinariamente reducidos, lo que nos obliga a sospechar de las intenciones últimas de un TLC entre EEUU y la UE.
Un paso más en nuestro análisis nos lleva al punto crucial. Asegura la Comisión Europea que la clave del TLC está en la armonización de la regulación comercial, lo que dicho así quiere decir poco. Es sabido que las regulaciones de EEUU y la UE difieren en mucho al tratar determinados sectores o productos. Por ejemplo, la Unión Europea opera con un principio regulatorio de precaución que impide la comercialización de los productos si la empresa no ha demostrado previamente que no son lesivos para la salud humana o el medio ambiente. En EEUU tal principio no opera y la regulación es bastante más laxa. Así las cosas, ¿hasta qué nivel se armonizará la regulación? ¿Hacia el de Estados Unidos o hacia el de la Unión Europea?
La pregunta está en el aire, pero las sospechas son crecientes dada la lógica del sistema económico. Y es que cuando se abren las fronteras a la competencia extranjera, como busca cualquier tratado de libre comercio, se inicia una competencia a la baja o carrera hacia el fondo que desploma los estándares laborales, medioambientales, sanitarios e incluso democráticos. Es decir, en esas circunstancias económicas cualquier coste es un obstáculo para vencer en la carrera competitiva, y lo mismo da que se trate de un salario alto o de un severo control medioambiental.
El caso del fracking es paradigmático. Esta práctica de extracción de gas y petróleo está extendiéndose como la espuma en EEUU, pero debido a los efectos negativos que tiene sobre el subsuelo e incluso la salud humana su prohibición está ganando terreno en la Unión Europea. Las multinacionales estadounidenses y las multinacionales europeas y algunos líderes políticos han protestado. Las primeras porque insisten en ampliar su mercado, y los segundos porque denuncian que compiten con desventaja. El primer ministro británico, D. Cameron dijo nítidamente que la paralización del fracking promovida desde la UE provocaba que «nuestros competidores vayan por delante de nosotros en la explotación de estos recursos». En suma, que los europeos somos menos competitivos por tener sensibilidad ecológica. Una obviedad, por otra parte.
Así las cosas, la teoría económica nos sugiere que la igualación o armonización de las regulaciones siempre se hace por la baja. Desregulación, en definitiva. No sólo de elementos medioambientales, como el fracking, o sanitarios, como los transgénicos o el etiquetado de productos, sino también laborales y democráticos.
EEUU no ha firmado varios de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) referidos a la libertad sindical. Bajo una cláusula llamada irónicamente Derecho al Trabajo se esconde una legislación antisindical que será armonizada con la regulación laboral europea. Y precisamente en un contexto económico y político en el que la Comisión culpabiliza de todo a los salarios y a la excesiva regulación laboral… Intrigante.
Más jugo tiene aún la cláusula de protección de los inversores extranjeros, conocida como ISDS (Investor-State dispute settlement), y que supone la creación de tribunales internacionales de arbitraje donde las multinacionales podrán acudir para denunciar a los Estados cuyos gobiernos aprueben normas que atenten contra sus beneficios económicos presentes o futuros. Se trata de un mecanismo ya existente para otros países y zonas económicas que operaría como una supraconstitución.
Desde que Argentina cambió su política económica tras la crisis de 2001, ha recibido más de 40 denuncias por parte de multinacionales. Las empresas argumentan que sus beneficios presentes y futuros han disminuido notablemente como consecuencia del cambio en la orientación política. Por otra parte, Ecuador fue sentenciado a pagar 2.300 millones de dólares a la petrolera Occidental Petroleum por abandonar la construcción de un pozo de petróleo en las amazonas. E incluso Libia tuvo que pagar 900 millones de dólares de beneficios perdidos por un proyecto turístico en el que sólo se habían invertido 5 millones de dólares. Son sólo algunos ejemplos que revelan las consecuencias de una cláusula de esta naturaleza.
Por cierto, estos litigios son llevados a cabo por gabinetes jurídicos especializados en la materia y que cobran por el volumen de casos. A finales de 2013 había un mínimo de 268 demandas pendientes contra 98 países según la UNCTAD, y en los noventa sólo había una docena. Pocos Estados se pueden permitir igualar la alta remuneración que reciben los abogados de las grandes multinacionales, y mucho menos mantener un equipo entero especializado en el tema.
Al fin y al cabo se trata de un atentado contra la democracia, incluso entendiendo ésta sólo en su aspecto procedimental, y que otorga a las multinacionales un poder y una capacidad de la que carecen los ciudadanos.
Constituye, en definitiva, un nuevo ordenamiento jurídico que a la vez destituye el ahora presente en las constituciones nacionales. Sirve para construir un nuevo marco de reglas profundamente sesgadas hacia el interés individual de las grandes empresas. Supone, a falta de su consecución, una verdadera distopía potencial. Y es, naturalmente, el enésimo intento de lograrlo tras los fracasos del Acuerdo Multilateral de Inversiores y de la Constitución Europea, así como del fallido ACTA que por cierto ahora se rescata en el seno del TLC.
Pero no está todo dicho, afortunadamente. El TLC tendrá que ser aprobado por el Parlamento Europeo, y una movilización social contundente y a tiempo puede suponer una nueva victoria ciudadana y de la clase trabajadora. En España los dos grandes partidos políticos, PP y PSOE, ya se han dado la mano para aprobar el proyecto. El acuerdo firmado en junio de 2013 entre el Partido Popular y el Partido Socialista en el Congreso recogía una petición expresa al Gobierno para «apoyar un rápido comienzo de las negociaciones de un acuerdo de libre comercio entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea ambicioso y naturalmente beneficioso». Sin embargo, es aún posible movilizar a las bases sociales para continuar luchando contra esta Unión Europea regresiva y antisocial.
Sugiero que comencemos cuanto antes por la pedagogía política llevando a todas partes esta antidemocrática y miserable actuación de las élites europeas. Y hundamos sus elitistas y distópicos proyectos con la misma fuerza y contundencia con la que tenemos que impulsar nuestras utopías.
[1] Carta de I. García Bercero a L. Daniel Mullany con fecha 5 de julio de 2013 y titulada “arrangements on TTIP negotiating documents”.
[2] Intervención durante el debate en el Parlamento Europeo de 22 de mayo de 2013: “EU trade and investment agreement negotiations with the US”.
[3]Comisión Europea (2013): “Impact Assesment Report on the future of EU-US trade relations”.
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I087317
Alberto Garzón
Economista nacido en Logroño (1985) y criado en Andalucía. Máster en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente portavoz en las comisiones de Economía, Hacienda y Presupuestos en el Congreso de los Diputados. Comprometido con la tesis número 11 sobre Feuerbach, de Karl Marx. Luchando por construir la unidad de una izquierda coherente, rigurosa, austera y responsable y que sea capaz de sentar las bases de otro mundo posible y necesario.
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7 may 2014
Kiev moviliza mas fuerzas especiales para controlar Odesa
La comunidad judía de Odesa se prepara para una eventual evacuación de urgencia
Grupos de ultraderecha ucranianos han pronunciado amenazas y quemado sinagogas. Alemania recomienda a sus nacionales abandonar el sur y este de Ucrania
06/05/2014
Donetsk cierra su espacio aéreo tras el ataque de las fuerzas de Kiev
La comunidad judía de la localidad ucraniana de Odesa, escenario de violentos enfrentamientos durante el fin de semana principalmente instigados por grupos de ultraderecha, está preparando planes para una eventual evacuación de urgencia en caso de que se deteriore la situación de seguridad. Al menos 46 personas fallecieron el viernes durante los enfrentamientos entre separatistas prorrusos y milicianos progubernamentales, la mayoría de ellos durante el incendio aparentemente provocado por ultraderechistas de la Casa de los Sindicatos, que había sido tomada poco antes por separatistas.
Los incidentes en Odesa tuvieron lugar el mismo día en que el Ejército lanzó una operación contra los separatistas en la localidad de Slaviansk, que se saldó con la muerte de varios milicianos y soldados. Pese a que los líderes de la comunidad judía han reiterado que la violencia no está conectada con los judíos de Odesa, han indicado que, en caso de que la situación empeore, sería fácil que se conviertan en objetivo de los ataques, según ha informado el diario israelí The Jerusalem Post.
El principal temor gira en torno a grupos ultranacionalistas ucranianos como Sector Derecho, que han expresado previamente opiniones antisemitas y cuyos seguidores han incendiado ya varias sinagogas en el país. En este sentido, el rabino Refael Kruskal ha detallado que varios de los heridos en los enfrentamientos del viernes son judíos. "Durante el fin de semana cerramos la sinagoga. Alejamos a los estudiantes del centro de la ciudad porque estamos preocupados de que se difunda la violencia", ha añadido.
Los grupos de ultraderecha ucranianos han expresado opiniones antisemitas y quemado sinagogas
"Cuando se registran tiroteos, el plan inicial es sacar a los niños del centro de la ciudad. Si la cosa empeora, les sacaremos de la ciudad. Tenemos planes para ello e incluso para llevarles a otro país, pero preferimos no hablar sobre ello", ha manifestado. Asimismo, Kruskal ha dicho que teme que el viernes se puedan registrar mayores "provocaciones", debido a que en dicha fecha se conmemorará la victoria de la Unión Soviética sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial. "El próximo fin de semana va a ser muy violento", ha valorado.
Por su parte, la directora del Centro Internacional Migdal de Programas de la Comunidad Judía, Kira Verjovski, ha indicado que sus operaciones no se han visto detenidas por la violencia, si bien ha asegurado que "si la situación empeora, hay planes de evacuación". En esta línea se ha expresado la comunidad hasídica Chabad, que ha asegurado tener también planes de evacuación, si bien sus instituciones han permanecido abiertas con la presencia de guardias armados.
Por último, el director ejecutivo del Comité Judío Ucraniano en Kiev, Eduard Dolinski, ha resaltado que "los judíos de Odesa necesitan seguridad", antes de culpar a Rusia de los incidentes y advertir de que los enfrentamientos "podrían extenderse a la capital" durante la jornada del viernes.
Alemania pide a sus nacionales que abandonen el país
El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán desaconsejó a sus ciudadanos que viajen a la península de Crimea, así como al este o el sur de Ucrania, y recomendó a quienes se encuentre en esas regiones que las abandonen ante los enfrentamientos entre tropas ucranianas y milicias prorrusas. "Desde el punto de vista del Gobierno, Crimea pertenece a Ucrania, pero está actualmente de modo fáctico controlada por Rusia. Debido a la actual situación no se puede proporcionar protección consular", subraya el Ministerio a través de un comunicado en su página web.
"Igualmente se desaconseja viajar a las zonas sur y este del país. Se recomiendo a los ciudadanos que se encuentren en esos territorios que los abandonen", continúa. El Ministerio de Exteriores germano, ante los incidentes violentos protagonizados por tropas ucranianas y milicias prorusas, que se han recrudecido en los últimos días, pide a sus conciudadanos que permanezcan en lugares seguros.
Alerta especialmente del peligro que corren los periodistas de ser detenidos por miembros de los grupos separatistas. En una entrevista publicada hoy por varios periódicos europeos el titular de Exteriores alemán, Frank Walter Steinmeier, admitió que la evolución del conflicto en Ucrania ha tenido una rapidez inesperada.
"El conflicto de Ucrania ha crecido con una velocidad y agudeza que no hubiéramos considerado posible hace un tiempo", manifestó Steinmeier quien también apuntó que se deben hacer todos los esfuerzos para evitar una "nueva Guerra Fría".
Grupos de ultraderecha ucranianos han pronunciado amenazas y quemado sinagogas. Alemania recomienda a sus nacionales abandonar el sur y este de Ucrania
06/05/2014
Donetsk cierra su espacio aéreo tras el ataque de las fuerzas de Kiev
La comunidad judía de la localidad ucraniana de Odesa, escenario de violentos enfrentamientos durante el fin de semana principalmente instigados por grupos de ultraderecha, está preparando planes para una eventual evacuación de urgencia en caso de que se deteriore la situación de seguridad. Al menos 46 personas fallecieron el viernes durante los enfrentamientos entre separatistas prorrusos y milicianos progubernamentales, la mayoría de ellos durante el incendio aparentemente provocado por ultraderechistas de la Casa de los Sindicatos, que había sido tomada poco antes por separatistas.
Los incidentes en Odesa tuvieron lugar el mismo día en que el Ejército lanzó una operación contra los separatistas en la localidad de Slaviansk, que se saldó con la muerte de varios milicianos y soldados. Pese a que los líderes de la comunidad judía han reiterado que la violencia no está conectada con los judíos de Odesa, han indicado que, en caso de que la situación empeore, sería fácil que se conviertan en objetivo de los ataques, según ha informado el diario israelí The Jerusalem Post.
El principal temor gira en torno a grupos ultranacionalistas ucranianos como Sector Derecho, que han expresado previamente opiniones antisemitas y cuyos seguidores han incendiado ya varias sinagogas en el país. En este sentido, el rabino Refael Kruskal ha detallado que varios de los heridos en los enfrentamientos del viernes son judíos. "Durante el fin de semana cerramos la sinagoga. Alejamos a los estudiantes del centro de la ciudad porque estamos preocupados de que se difunda la violencia", ha añadido.
Los grupos de ultraderecha ucranianos han expresado opiniones antisemitas y quemado sinagogas
"Cuando se registran tiroteos, el plan inicial es sacar a los niños del centro de la ciudad. Si la cosa empeora, les sacaremos de la ciudad. Tenemos planes para ello e incluso para llevarles a otro país, pero preferimos no hablar sobre ello", ha manifestado. Asimismo, Kruskal ha dicho que teme que el viernes se puedan registrar mayores "provocaciones", debido a que en dicha fecha se conmemorará la victoria de la Unión Soviética sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial. "El próximo fin de semana va a ser muy violento", ha valorado.
Por su parte, la directora del Centro Internacional Migdal de Programas de la Comunidad Judía, Kira Verjovski, ha indicado que sus operaciones no se han visto detenidas por la violencia, si bien ha asegurado que "si la situación empeora, hay planes de evacuación". En esta línea se ha expresado la comunidad hasídica Chabad, que ha asegurado tener también planes de evacuación, si bien sus instituciones han permanecido abiertas con la presencia de guardias armados.
Por último, el director ejecutivo del Comité Judío Ucraniano en Kiev, Eduard Dolinski, ha resaltado que "los judíos de Odesa necesitan seguridad", antes de culpar a Rusia de los incidentes y advertir de que los enfrentamientos "podrían extenderse a la capital" durante la jornada del viernes.
Alemania pide a sus nacionales que abandonen el país
El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán desaconsejó a sus ciudadanos que viajen a la península de Crimea, así como al este o el sur de Ucrania, y recomendó a quienes se encuentre en esas regiones que las abandonen ante los enfrentamientos entre tropas ucranianas y milicias prorrusas. "Desde el punto de vista del Gobierno, Crimea pertenece a Ucrania, pero está actualmente de modo fáctico controlada por Rusia. Debido a la actual situación no se puede proporcionar protección consular", subraya el Ministerio a través de un comunicado en su página web.
"Igualmente se desaconseja viajar a las zonas sur y este del país. Se recomiendo a los ciudadanos que se encuentren en esos territorios que los abandonen", continúa. El Ministerio de Exteriores germano, ante los incidentes violentos protagonizados por tropas ucranianas y milicias prorusas, que se han recrudecido en los últimos días, pide a sus conciudadanos que permanezcan en lugares seguros.
Alerta especialmente del peligro que corren los periodistas de ser detenidos por miembros de los grupos separatistas. En una entrevista publicada hoy por varios periódicos europeos el titular de Exteriores alemán, Frank Walter Steinmeier, admitió que la evolución del conflicto en Ucrania ha tenido una rapidez inesperada.
"El conflicto de Ucrania ha crecido con una velocidad y agudeza que no hubiéramos considerado posible hace un tiempo", manifestó Steinmeier quien también apuntó que se deben hacer todos los esfuerzos para evitar una "nueva Guerra Fría".
Ganan batalla a Coca Cola: Adiós al aceite vegetal bromado
Ganan batalla a Coca Cola: Adiós al aceite vegetal bromado
BOV: Aceite inhibidor de incendios
El aceite vegetal bromado se utiliza como retardador de llamas,
puede generar pérdida de memoria, problemas a la piel y al sistema nervioso.
Coca Cola, se vio obligada a eliminar de sus productos el controvertido componente conocido como aceite vegetal bromado, luego de que un adolescente de Mississippi (sur) iniciara una campaña de recolección de firmas para que se eliminara el ingrediente de las bebidas rehidratantes Gatorade (de Pepsi) y Powerade (de Coca Cola).
La compañía, con sede en Atlanta (EE.UU.), informó el lunes que ese aceite (BOV, por su sigla en inglés) sigue siendo usado en algunos de sus refrescos, aunque no en todos los países.
El ingrediente, que está prohibido en Europa y Japón, aún se utiliza en EE.UU., Canadá y América Latina. La firma espera descontinuar los productos con BOV hacia fines de este año.
Pepsi ya había retirado el componente de Gatorade el año pasado.
El ingrediente, usado en las bebidas como estabilizador del sabor, ha sido ampliamente cuestionado. Los problemas de salud se derivan de que el BVO contiene bromuro, que se encuentra en los retardantes de llama bromados.
Según los investigadores médicos de la Clínica Mayo de EE.UU., el consumo excesivo de bebidas que contengan BVO está relacionado con efectos negativos para la salud, incluida la pérdida de memoria y problemas a la piel y al sistema nervioso.
Además, el BOV deja residuos en la grasa corporal, así como en el cerebro, el hígado y otros órganos.
Sin embargo, Josh Gold, portavoz de Coca Cola aseguró que la medida no responde a problemas de seguridad. "Todas nuestras bebidas, incluyendo las con BVO, son seguras, siempre lo han sido y cumplen con todas las regulaciones de los países donde se venden", dijo en un comunicado.
teleSUR-BBC/ao - FC
BOV: Aceite inhibidor de incendios
El aceite vegetal bromado se utiliza como retardador de llamas,
puede generar pérdida de memoria, problemas a la piel y al sistema nervioso.
Coca Cola, se vio obligada a eliminar de sus productos el controvertido componente conocido como aceite vegetal bromado, luego de que un adolescente de Mississippi (sur) iniciara una campaña de recolección de firmas para que se eliminara el ingrediente de las bebidas rehidratantes Gatorade (de Pepsi) y Powerade (de Coca Cola).
La compañía, con sede en Atlanta (EE.UU.), informó el lunes que ese aceite (BOV, por su sigla en inglés) sigue siendo usado en algunos de sus refrescos, aunque no en todos los países.
El ingrediente, que está prohibido en Europa y Japón, aún se utiliza en EE.UU., Canadá y América Latina. La firma espera descontinuar los productos con BOV hacia fines de este año.
Pepsi ya había retirado el componente de Gatorade el año pasado.
El ingrediente, usado en las bebidas como estabilizador del sabor, ha sido ampliamente cuestionado. Los problemas de salud se derivan de que el BVO contiene bromuro, que se encuentra en los retardantes de llama bromados.
Según los investigadores médicos de la Clínica Mayo de EE.UU., el consumo excesivo de bebidas que contengan BVO está relacionado con efectos negativos para la salud, incluida la pérdida de memoria y problemas a la piel y al sistema nervioso.
Además, el BOV deja residuos en la grasa corporal, así como en el cerebro, el hígado y otros órganos.
Sin embargo, Josh Gold, portavoz de Coca Cola aseguró que la medida no responde a problemas de seguridad. "Todas nuestras bebidas, incluyendo las con BVO, son seguras, siempre lo han sido y cumplen con todas las regulaciones de los países donde se venden", dijo en un comunicado.
teleSUR-BBC/ao - FC
John Kerry y el Estado del apartheid
John Kerry y el Estado del apartheid
Por Adrián Mac Liman
El plan de paz del jefe de la diplomacia estadounidense tiene las horas contadas. El viejo conflicto israelo-palestino acabó con el buenismo de un político incapaz de comprender los entresijos de esa complejísima pugna.
“Si no se consigue aceptar la solución de los dos Estados, Israel corre el riesgo de convertirse en un país del apartheid”. Por muy extraño que parezca, esas palabras fueron pronunciadas hace unos días en Nueva York por el Secretario de Estado norteamericano, John Kerry. El jefe de la diplomacia estadounidense se dirigía a un selecto grupo de políticos y empresarios norteamericanos, europeos, rusos y japoneses, congregados en la moderna Torre de Babel por la discreta Comisión Trilateral.
Detalle interesante: hasta la fecha, ningún alto cargo de la Administración norteamericana había pronunciado la palabra apartheid al aludir al conflicto israelo-palestino. Las declaraciones de Kerry, supuestamente formuladas en una reunión a puerta cerrada, causaron un gran revuelo en Israel, donde la clase política no tardó en tacharle de traidor, pero también en Washington, donde los portavoces del Departamento de Estado se apresuraron en quitar hierro al asunto, asegurando que las citas fueron empleadas fuera del contexto.
¿Sorpresa? No, en absoluto. No hay que olvidar que la iniciativa de paz de Kerry, que contemplaba la firma de un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos en un plazo de… nueve meses, resultó ser una de las mayores excentricidades de la diplomacia norteamericana.
Nueve meses para poner punto final a uno de los conflictos más inacabables de la era moderna. Obviamente, el autor de la iniciativa pecaba por su indescriptible inocencia o tal vez, ignorancia. Para que israelíes y palestinos decidan sellar la paz, es preciso contar con estrategias más complejas que las empleadas para el desencadenamiento nada espontáneo de las malogradas primaveras árabes. Los hermanos enemigos de Tierra Santa llevan décadas negociando, alternando el amor con el odio, la convivencia con las sangrientas matanzas.
Israelíes y palestinos cuentan con sus respectivos halcones y palomas, con sus Nerones y sus Ghandis. Cuando parece que las posturas se están acercando, que la paz está al alcance de la mano, el ruido de las armas suele acallar los tímidos cantes de concordia. Pero hagamos memoria: a comienzos del mes de abril, cuando la Autoridad Nacional Palestina solicitó el ingreso en quince organismos especializados de las Naciones Unidas, el Gobierno israelí optó por cancelar la liberación de 26 presos palestinos, cuya excarcelación estaba prevista por los acuerdos bilaterales. Más aún; el Gabinete Netanyahu dio luz verde a la edificación de centenares de viviendas los asentamientos de Jerusalén oriental. El anuncio generó la tímida y habitual protesta de la Administración estadounidense, que había asimilado las proféticas palabras del general Rabín tras el primer incumplimiento de los Acuerdos de Oslo por parte de Tel Aviv: No hay fechas sagradas.
Otro acontecimiento sirvió de detonante para ensombrecer aún más el panorama de las relaciones entre las dos comunidades. Se trata de la espectacular reconciliación de las grandes facciones palestinas, Al Fatah y Hamas, que se comprometieron a formar un Gobierno de unidad nacional capaz de allanar la vía para la celebración de elecciones generales en Cisjordania y la Franja de Gaza en un plazo de seis a ocho meses. Una excelente noticia para el Presidente Abbas, cuya popularidad había registrado un abismal descenso, así como para el líder de Hamas, el gazatí Ismael Haniyeh, privado del apoyo de los Hermanos Musulmanes egipcios tras el golpe de Estado del verano pasado.
Más la buena nueva se tornó en un pretexto (¡otro más!) para que el Gabinete Netanyahu congele el ya de por sí moribundo proceso de paz ideado por John Kerry. El primer ministro israelí advirtió al presidente de la ANP que debía escoger entre la paz con Israel o la alianza con un grupo terrorista – Hamas –, que preconiza la destrucción del Estado judío. Conviene recordar que, hasta ahora, Israel no reconocía la representatividad del Gobierno de Abbas, alegando que este no contaba con el aval de la totalidad del pueblo palestino. ¿Simple alusión al divorcio entre Cisjordania y Gaza u… otro subterfugio?
Al escribir estas líneas, el plan de paz de John Kerry tiene las horas contadas. El viejo conflicto israelo-palestino acabó con el buenismo de un político incapaz de comprender los entresijos de esa complejísima pugna. Queda pues, el rencor y la amargura. Y unas declaraciones off the record sobre el Estado del apartheid, que sólo servirán los intereses de los halcones.
Por Adrián Mac Liman
Analista político internacional
La ONDA digital Nº 670
Por Adrián Mac Liman
El plan de paz del jefe de la diplomacia estadounidense tiene las horas contadas. El viejo conflicto israelo-palestino acabó con el buenismo de un político incapaz de comprender los entresijos de esa complejísima pugna.
“Si no se consigue aceptar la solución de los dos Estados, Israel corre el riesgo de convertirse en un país del apartheid”. Por muy extraño que parezca, esas palabras fueron pronunciadas hace unos días en Nueva York por el Secretario de Estado norteamericano, John Kerry. El jefe de la diplomacia estadounidense se dirigía a un selecto grupo de políticos y empresarios norteamericanos, europeos, rusos y japoneses, congregados en la moderna Torre de Babel por la discreta Comisión Trilateral.
Detalle interesante: hasta la fecha, ningún alto cargo de la Administración norteamericana había pronunciado la palabra apartheid al aludir al conflicto israelo-palestino. Las declaraciones de Kerry, supuestamente formuladas en una reunión a puerta cerrada, causaron un gran revuelo en Israel, donde la clase política no tardó en tacharle de traidor, pero también en Washington, donde los portavoces del Departamento de Estado se apresuraron en quitar hierro al asunto, asegurando que las citas fueron empleadas fuera del contexto.
¿Sorpresa? No, en absoluto. No hay que olvidar que la iniciativa de paz de Kerry, que contemplaba la firma de un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos en un plazo de… nueve meses, resultó ser una de las mayores excentricidades de la diplomacia norteamericana.
Nueve meses para poner punto final a uno de los conflictos más inacabables de la era moderna. Obviamente, el autor de la iniciativa pecaba por su indescriptible inocencia o tal vez, ignorancia. Para que israelíes y palestinos decidan sellar la paz, es preciso contar con estrategias más complejas que las empleadas para el desencadenamiento nada espontáneo de las malogradas primaveras árabes. Los hermanos enemigos de Tierra Santa llevan décadas negociando, alternando el amor con el odio, la convivencia con las sangrientas matanzas.
Israelíes y palestinos cuentan con sus respectivos halcones y palomas, con sus Nerones y sus Ghandis. Cuando parece que las posturas se están acercando, que la paz está al alcance de la mano, el ruido de las armas suele acallar los tímidos cantes de concordia. Pero hagamos memoria: a comienzos del mes de abril, cuando la Autoridad Nacional Palestina solicitó el ingreso en quince organismos especializados de las Naciones Unidas, el Gobierno israelí optó por cancelar la liberación de 26 presos palestinos, cuya excarcelación estaba prevista por los acuerdos bilaterales. Más aún; el Gabinete Netanyahu dio luz verde a la edificación de centenares de viviendas los asentamientos de Jerusalén oriental. El anuncio generó la tímida y habitual protesta de la Administración estadounidense, que había asimilado las proféticas palabras del general Rabín tras el primer incumplimiento de los Acuerdos de Oslo por parte de Tel Aviv: No hay fechas sagradas.
Otro acontecimiento sirvió de detonante para ensombrecer aún más el panorama de las relaciones entre las dos comunidades. Se trata de la espectacular reconciliación de las grandes facciones palestinas, Al Fatah y Hamas, que se comprometieron a formar un Gobierno de unidad nacional capaz de allanar la vía para la celebración de elecciones generales en Cisjordania y la Franja de Gaza en un plazo de seis a ocho meses. Una excelente noticia para el Presidente Abbas, cuya popularidad había registrado un abismal descenso, así como para el líder de Hamas, el gazatí Ismael Haniyeh, privado del apoyo de los Hermanos Musulmanes egipcios tras el golpe de Estado del verano pasado.
Más la buena nueva se tornó en un pretexto (¡otro más!) para que el Gabinete Netanyahu congele el ya de por sí moribundo proceso de paz ideado por John Kerry. El primer ministro israelí advirtió al presidente de la ANP que debía escoger entre la paz con Israel o la alianza con un grupo terrorista – Hamas –, que preconiza la destrucción del Estado judío. Conviene recordar que, hasta ahora, Israel no reconocía la representatividad del Gobierno de Abbas, alegando que este no contaba con el aval de la totalidad del pueblo palestino. ¿Simple alusión al divorcio entre Cisjordania y Gaza u… otro subterfugio?
Al escribir estas líneas, el plan de paz de John Kerry tiene las horas contadas. El viejo conflicto israelo-palestino acabó con el buenismo de un político incapaz de comprender los entresijos de esa complejísima pugna. Queda pues, el rencor y la amargura. Y unas declaraciones off the record sobre el Estado del apartheid, que sólo servirán los intereses de los halcones.
Por Adrián Mac Liman
Analista político internacional
La ONDA digital Nº 670
6 may 2014
Marihuana: entra en vigencia la ley y empezarán a otorgar licencias para producir
Marihuana: entra en vigencia la ley y empezarán a otorgar licencias para producir
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6 mayo, 2014 Uruguay
El cultivo de la marihuana para vender en farmacias se realizará en predios de Montevideo, Canelones o San José
Este lunes los ministros firmaron la reglamentación de la Ley 19.172 de regulación del cultivo y mercado de la marihuana, en su aspecto referente al cannabis psicoactivo no medicinal, y desde el martes estará vigente.
Por su parte, Calzada participó este lunes de la apertura del XVIº Seminario Iberoamericano sobre Drogas y Cooperación-Desarrollo Futuro de los Documentos de la OEA.
En el encuentro, que finalizará el jueves 8, participan más de 60 delegados de organizaciones sociales de Iberoamérica y de entidades multilaterales. La iniciativa tiene el objetivo de “conocer, analizar y debatir sobre el desarrollo de la política de drogas en América, con particular énfasis en la estrategia que impulsa Uruguay en el concierto internacional”.
La apertura del foro, realizado este lunes en la Intendencia de Montevideo, estuvo a cargo de Calzada, del presidente de la Red Iberoamericana de ONGs que trabajan en Drogodependencias (RIOD), Enrique Bravo Mena, el secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), Paul Simons, y el director de la División Salud de la Intendencia de Montevideo, Pablo Anzalone.
Calzada dijo que las políticas públicas deben ser “una construcción colectiva entre el ámbito estatal, el privado y la sociedad civil”.
“Desde la Junta Nacional de Drogas consideramos que es un tema muy complejo, en el que confluyen una cantidad de factores sociales, culturales, económicos y geopolíticos y que, un análisis de la globalidad debe hacerse desde este conjunto de miradas, entre las cuales las organizaciones de la sociedad civil son actores relevantes”, expresó Calzada.
Remarcó que las políticas de drogas que han regido en los últimos 40 años “no han tenido los resultados esperados”, por lo cual aseguró “hay que revisar y crear nuevas propuestas”.
Cultivos
Luego del evento, Calzada expresó, en declaraciones a la prensa, que entre 15 y 20 días estará pronto el llamado a empresas privadas para obtener las licencias para el cultivo del cannabis psicoactivo, y que a fines de noviembre estará habilitada la venta de marihuana en las farmacias.
Los terrenos en que se cultivará el cannabis psicoactivo estarán en el área metropolitana, es decir: Montevideo, Canelones o San José, aseguró Calzada.
Sin embargó aseguró que la localización exacta de los predios se conocerá en “15 o 20 días” cuando se realice la apertura del llamado.
Inicialmente se estima que se entregarán entre 2 y 6 licencias para un área de cultivo de entre 1 a 2,5 hectáreas.
Por otro lado, Calzada dijo estarán habilitadas para comercializar la droga, todas las farmacias de “primera categoría”, es decir aquellas que tiene habilitación del Ministerio de Salud Pública para expedir medicamentos controlados.
“Dichas farmacias también podrán dispensar el cannabis psicoactivo como especialidad vegetal regulada”, puntualizó.
El precio de la marihuana que se expenderá en farmacias será fijado en forma administrativa, y variará entre los 20 y 22 pesos el gramo.
La reglamentación establece que el Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCA) realizará un llamado a interesados para producción y entrega a farmacias el cual establece como condiciones: “individualización de personas físicas o jurídicas, el plazo de la licencia, el sitio de plantación, cosecha o cultivo, el origen de la semilla, características varietales de los cultivos, volúmenes autorizados, y condiciones de envasado, entre otras”.
Los controles de seguridad biológica como logística del cultivo correrá por cuenta de los productores, y no habrá subvención de ningún tipo por parte del Estado. Sino que cobrará un canon.
El IRCA solicitará informes a la Secretaría Antilavado de Activos antes de entregar las licencias para evitar el tráfico ilegal.
El empaquetado, condiciones de envasado y seguridad del producto será en envases de hasta 10 gramos de cannabis psicoactivo de uso no médico, que deberá preservarse hasta en un plazo de 6 meses, y deberá contener mensajes y advertencias para la salud.
El control de calidad de la cosecha será realizado por laboratorios del IRCA y eventuales excedentes de producción quedará a disposición del dicho instituto.
http://www.lr21.com.uy/politica/1172615-cultivo-marihuana-uruguay-vender-farmacias-montevideo-canelones-san-jose
Mercado local requiere entre 18 y 22 toneladas
A partir de la firma de los secretarios de Estado comenzará la reglamentación legal a transitar el sendero de la burocracia estatal por lo que se estima que la norma estará vigente la próxima semana, confiaron a LA REPÚBLICA funcionarios cercanos a la Junta Nacional de Drogas consultados anoche.
Ayer, el secretario de la Junta, Julio Calzada, estimó que para satisfacer la demanda de los potenciales y verificados consumidores uruguayos de marihuana se necesitarán entre “18 y 22 toneladas” anuales. “Hoy en día manejamos que con 10 hectáreas se cubre todo, la idea es en el primer año poder dar cuenta de la estimación para ajustarla, si hay más demanda se habilitará más; la idea será producir entre cuatro y cinco toneladas el primer año”, señaló en nota con radio El Espectador.
Otro aspecto a ajustar cuando la ley esté vigente será el precio. La venta del cannabis no tendrá gravamen alguno; ni IVA ni tampoco Imesi. El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, aclaró que el precio de la dosis mensual de marihuana no llevará IVA porque “estará en suspenso” debido a que “no hay habilitación legal hoy para la exoneración sino que queda en suspenso, fruto también de la variación del precio y que tampoco será afectado con Imesi. “No puede integrar este impuesto porque debería haber una modificación legal. Nosotros no podemos agregar el cannabis si no está prevista por el legislador”, sostuvo el funcionario en el programa “Claves políticas”.
La posibilidad de acceder a la marihuana bajo el imperio de la ley llevará muchos meses aún. Calzada señaló que la primera partida de cannabis que se venderá en farmacias bajo ninguna obligación de venderla “se venderá en el curso del segundo semestre”, dijo. Aclaró que “hay que terminar la licitación, hay que dar tiempo de estudio para estudiar la propuesta y recurrir los plazos y hay un tiempo para la instalación de la empresa”. Están los tiempos biológicos para que la planta proceda a la floración y para ello se precisan seis semanas para que crezca, entre cuatro y seis meses demora en estar la flor; “la primera venta posiblemente será a fin de año”, estimó Calzada.
A partir de que esté vigente la reglamentación, cosa que es estima ocurra en esta jornada, y que se reglamente el nombramiento de autoridades, en una semana estarán designadas y en funciones las autoridades del Ircca y en 15 días más estaría previsto el inicio de la registración de los consumidores, “porque se abre un plazo de 180 días para los que ya tienen plantas en su casa, y quienes quieran tener plantas, que no tenían, tienen que registrarse previamente en un registro que, que quede claro, son datos sensibles, está garantizado el secreto de confidencialidad”, aclaró Cánepa.
“Sospechoso”
Tanto Calzada como Cánepa advirtieron que quien no esté registrado como consumidor y a su vez posea plantas en su casa, incumplirá la ley. Igualmente quien compre marihuana en el circuito clandestino o la revenda, por lo que quien tenga droga que no haya sido adquirida por las tres maneras posibles que contempla la ley como el autocultivo, los clubes de membresía y las farmacias que accedan a venderla “pasará a ser sospechoso ante la ley”.
Calzada está convencido que 480 gramos por mes “no alcanza para dos personas que consuman y vivan en una casa”, pero aclaró que “el objetivo de la ley no es fomentar el consumo”. Pero aconsejó que en estos casos, las opciones posibles son registrarse los dos consumidores y que tengan “tres plantas cada uno a su nombre, que uno de ellos ingrese a un club de membresía o que, estando registrados, uno de ellos compre en una farmacia”.
http://www.republica.com.uy/entre-18-y-22-toneladas/
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6 mayo, 2014 Uruguay
El cultivo de la marihuana para vender en farmacias se realizará en predios de Montevideo, Canelones o San José
Este lunes los ministros firmaron la reglamentación de la Ley 19.172 de regulación del cultivo y mercado de la marihuana, en su aspecto referente al cannabis psicoactivo no medicinal, y desde el martes estará vigente.
Por su parte, Calzada participó este lunes de la apertura del XVIº Seminario Iberoamericano sobre Drogas y Cooperación-Desarrollo Futuro de los Documentos de la OEA.
En el encuentro, que finalizará el jueves 8, participan más de 60 delegados de organizaciones sociales de Iberoamérica y de entidades multilaterales. La iniciativa tiene el objetivo de “conocer, analizar y debatir sobre el desarrollo de la política de drogas en América, con particular énfasis en la estrategia que impulsa Uruguay en el concierto internacional”.
La apertura del foro, realizado este lunes en la Intendencia de Montevideo, estuvo a cargo de Calzada, del presidente de la Red Iberoamericana de ONGs que trabajan en Drogodependencias (RIOD), Enrique Bravo Mena, el secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), Paul Simons, y el director de la División Salud de la Intendencia de Montevideo, Pablo Anzalone.
Calzada dijo que las políticas públicas deben ser “una construcción colectiva entre el ámbito estatal, el privado y la sociedad civil”.
“Desde la Junta Nacional de Drogas consideramos que es un tema muy complejo, en el que confluyen una cantidad de factores sociales, culturales, económicos y geopolíticos y que, un análisis de la globalidad debe hacerse desde este conjunto de miradas, entre las cuales las organizaciones de la sociedad civil son actores relevantes”, expresó Calzada.
Remarcó que las políticas de drogas que han regido en los últimos 40 años “no han tenido los resultados esperados”, por lo cual aseguró “hay que revisar y crear nuevas propuestas”.
Cultivos
Luego del evento, Calzada expresó, en declaraciones a la prensa, que entre 15 y 20 días estará pronto el llamado a empresas privadas para obtener las licencias para el cultivo del cannabis psicoactivo, y que a fines de noviembre estará habilitada la venta de marihuana en las farmacias.
Los terrenos en que se cultivará el cannabis psicoactivo estarán en el área metropolitana, es decir: Montevideo, Canelones o San José, aseguró Calzada.
Sin embargó aseguró que la localización exacta de los predios se conocerá en “15 o 20 días” cuando se realice la apertura del llamado.
Inicialmente se estima que se entregarán entre 2 y 6 licencias para un área de cultivo de entre 1 a 2,5 hectáreas.
Por otro lado, Calzada dijo estarán habilitadas para comercializar la droga, todas las farmacias de “primera categoría”, es decir aquellas que tiene habilitación del Ministerio de Salud Pública para expedir medicamentos controlados.
“Dichas farmacias también podrán dispensar el cannabis psicoactivo como especialidad vegetal regulada”, puntualizó.
El precio de la marihuana que se expenderá en farmacias será fijado en forma administrativa, y variará entre los 20 y 22 pesos el gramo.
La reglamentación establece que el Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCA) realizará un llamado a interesados para producción y entrega a farmacias el cual establece como condiciones: “individualización de personas físicas o jurídicas, el plazo de la licencia, el sitio de plantación, cosecha o cultivo, el origen de la semilla, características varietales de los cultivos, volúmenes autorizados, y condiciones de envasado, entre otras”.
Los controles de seguridad biológica como logística del cultivo correrá por cuenta de los productores, y no habrá subvención de ningún tipo por parte del Estado. Sino que cobrará un canon.
El IRCA solicitará informes a la Secretaría Antilavado de Activos antes de entregar las licencias para evitar el tráfico ilegal.
El empaquetado, condiciones de envasado y seguridad del producto será en envases de hasta 10 gramos de cannabis psicoactivo de uso no médico, que deberá preservarse hasta en un plazo de 6 meses, y deberá contener mensajes y advertencias para la salud.
El control de calidad de la cosecha será realizado por laboratorios del IRCA y eventuales excedentes de producción quedará a disposición del dicho instituto.
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Mercado local requiere entre 18 y 22 toneladas
A partir de la firma de los secretarios de Estado comenzará la reglamentación legal a transitar el sendero de la burocracia estatal por lo que se estima que la norma estará vigente la próxima semana, confiaron a LA REPÚBLICA funcionarios cercanos a la Junta Nacional de Drogas consultados anoche.
Ayer, el secretario de la Junta, Julio Calzada, estimó que para satisfacer la demanda de los potenciales y verificados consumidores uruguayos de marihuana se necesitarán entre “18 y 22 toneladas” anuales. “Hoy en día manejamos que con 10 hectáreas se cubre todo, la idea es en el primer año poder dar cuenta de la estimación para ajustarla, si hay más demanda se habilitará más; la idea será producir entre cuatro y cinco toneladas el primer año”, señaló en nota con radio El Espectador.
Otro aspecto a ajustar cuando la ley esté vigente será el precio. La venta del cannabis no tendrá gravamen alguno; ni IVA ni tampoco Imesi. El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, aclaró que el precio de la dosis mensual de marihuana no llevará IVA porque “estará en suspenso” debido a que “no hay habilitación legal hoy para la exoneración sino que queda en suspenso, fruto también de la variación del precio y que tampoco será afectado con Imesi. “No puede integrar este impuesto porque debería haber una modificación legal. Nosotros no podemos agregar el cannabis si no está prevista por el legislador”, sostuvo el funcionario en el programa “Claves políticas”.
La posibilidad de acceder a la marihuana bajo el imperio de la ley llevará muchos meses aún. Calzada señaló que la primera partida de cannabis que se venderá en farmacias bajo ninguna obligación de venderla “se venderá en el curso del segundo semestre”, dijo. Aclaró que “hay que terminar la licitación, hay que dar tiempo de estudio para estudiar la propuesta y recurrir los plazos y hay un tiempo para la instalación de la empresa”. Están los tiempos biológicos para que la planta proceda a la floración y para ello se precisan seis semanas para que crezca, entre cuatro y seis meses demora en estar la flor; “la primera venta posiblemente será a fin de año”, estimó Calzada.
A partir de que esté vigente la reglamentación, cosa que es estima ocurra en esta jornada, y que se reglamente el nombramiento de autoridades, en una semana estarán designadas y en funciones las autoridades del Ircca y en 15 días más estaría previsto el inicio de la registración de los consumidores, “porque se abre un plazo de 180 días para los que ya tienen plantas en su casa, y quienes quieran tener plantas, que no tenían, tienen que registrarse previamente en un registro que, que quede claro, son datos sensibles, está garantizado el secreto de confidencialidad”, aclaró Cánepa.
“Sospechoso”
Tanto Calzada como Cánepa advirtieron que quien no esté registrado como consumidor y a su vez posea plantas en su casa, incumplirá la ley. Igualmente quien compre marihuana en el circuito clandestino o la revenda, por lo que quien tenga droga que no haya sido adquirida por las tres maneras posibles que contempla la ley como el autocultivo, los clubes de membresía y las farmacias que accedan a venderla “pasará a ser sospechoso ante la ley”.
Calzada está convencido que 480 gramos por mes “no alcanza para dos personas que consuman y vivan en una casa”, pero aclaró que “el objetivo de la ley no es fomentar el consumo”. Pero aconsejó que en estos casos, las opciones posibles son registrarse los dos consumidores y que tengan “tres plantas cada uno a su nombre, que uno de ellos ingrese a un club de membresía o que, estando registrados, uno de ellos compre en una farmacia”.
http://www.republica.com.uy/entre-18-y-22-toneladas/
Colombia: renuncia el asesor de campaña de Santos acusado de vínculos con el narco
Colombia: renuncia el asesor de campaña de Santos acusado de vínculos con el narco
6 mayo, 2014 Colombia
Santos aceptó la renuncia que JJ Rendón le presentó tras escándalo
El estratega político venezolano Juan José (JJ) Rendón no resistió el escándalo en el que se vio inmerso esta semana y este lunes, de manera intempestiva, renunció a seguir siendo el asesor general de la campaña reeleccionista del presidente Juan Manuel Santos. El Presidente-candidato le aceptó la dimisión.
Rendón resultó salpicado por su mediación en un fallido intento de sometimiento de ‘los Comba’ y otros narcos a las autoridades colombianas, en el segundo semestre del 2011. Según la versión de uno de los Calle Serna, capos de ‘los Rastrojos’ –hoy presos en Estados Unidos–, por esa gestión se habrían pagado 12 millones de dólares. Todo esto fue revelado por Daniel Coronell en su columna de la revista Semana.
El escándalo hizo que este lunes, por medio de un comunicado, el estratega venezolano anunciara su retiro de la campaña de Santos, a la que llegó formalmente el pasado 27 de abril como figura clave para esas aspiraciones.
“Lo último que quiero es hacerle daño a la campaña del doctor Juan Manuel Santos, a quien admiro y respeto profundamente. Es obvio que este escándalo obedece a un complot para conseguir ese cometido”, señaló Rendón en su comunicado.
Agregó que se marginó de su labor para no convertirse en un “instrumento de los enemigos de la paz que pretenden minar la credibilidad del señor Presidente”.
Rendón también anunció que está a disposición de las autoridades, e incluso aseguró que le pidió a su apoderado que solicite el inicio de una investigación formal. Insistió en que su mediación no fue subrepticia.
El presidente Juan Manuel Santos, en el programa Hora 20, de Caracol Radio, dijo que “lo importante es que la presentó (la renuncia) y se la acepté. En un gesto gallardo, dijo que no quería perjudicar la campaña, y ya no es parte de ella”.
Santos destacó que Rendón ha dicho que no recibió ni un solo peso, “y hasta que no se demuestre lo contrario hay que creerle”.
“No le pregunté si estaba cobrando; nunca me imaginé que estuviera cobrando, y hasta ahora no sé si cobró o no”, dijo el Jefe de Estado.
Para Santos, no es “extraño” que estos delincuentes hayan contactado a Rendón. “Esta gente ha hecho ofertas para entregarse, para someterse a la justicia muchísimas veces”, dijo el Presidente, quien fue tajante al señalar que no negocia con narcotraficantes.
De acuerdo con el Jefe de Estado, tras conocer la petición de ‘los Comba’ se la entregó a la entonces fiscal Viviane Morales y al director de la Policía de la época, general Óscar Naranjo, para que decidieran las condiciones de ese eventual sometimiento a la justicia.
“Esa gente aparentemente no aceptó los términos que la Fiscal les impuso, y algunos prefirieron entregarse a las autoridades norteamericanas y otros fueron capturados por la Policía”, dijo.
En la polémica por los 12 millones de dólares también resultó salpicado Germán Chica, exconsejero presidencial. Sobre el exfuncionario, Santos dijo que terminó involucrado en esos acercamientos porque el exguerrillero ‘Pacho Galán’ fue el que lo contactó.
Rendón negó haber recibido esa plata y señaló que si realmente hubo dinero de por medio, quien pudo haberse quedado con él fue Chica. Este último anunció que demandará penalmente al venezolano.
El estratega político
El venezolano Juan José Rendón, conocido como JJ Rendón, es psicólogo, comunicador y publicista de profesión.
Su firma asesoró la primera campaña presidencial de Juan Manuel Santos. Cuando llegó a ella, tenía en su haber el diseño de la estrategia que llevó a Porfirio Lobo a conseguir el poder en Honduras.
Después de haber logrado que Santos llegara la Presidencia, hizo lo propio para Enrique Peña Nieto en México y para Juan Orlando Hernández, en Honduras.
Es un ferviente opositor del chavismo y durante los más de 20 años que tiene de experiencia, ha recibido varios títulos ‘honoris causa’ por instituciones como la International University de Panamá y la Organización de las Américas para la Excelencia Educativa.
En Venezuela tiene una investigación en curso por violencia sexual.
Los hermanos Calle Serna siguen buscando acuerdos con la Fiscalía
En septiembre del 2012, EL TIEMPO informó que, como parte de los compromisos de ‘los Comba’ en Estados Unidos, anunciaron la entrega de varias de sus estructuras.
Un mes después, en Trujillo (Valle del Cauca), se sometieron a la justicia varios ‘Rastrojos’.
Un año antes monseñor Julio César Vidal, obispo de Montería, había anunciado que los jefes de las principales bandas del país le habían manifestado la intención de entregarse a las autoridades.
Hace un mes este diario reveló que los hermanos Javier Antonio y Luis Enrique Calle Serna, presos en una cárcel de Nueva York, buscaron nuevos acercamientos con la Fiscalía, esta vez para entregar bienes a cambio de que algunas de las propiedades de su mamá y hermana no fueran tocadas.
Aunque en principio ofrecieron 19 bienes las autoridades terminaron por ocupar 66 en una primera fase. Esa investigación continúa para dar las propiedades que ‘los Comba’ tendrían en el exterior.
Los capos además buscan con la justicia de Estados Unidos un acuerdo para alcanzar una pena corta.
http://www.eltiempo.com/politica/jj-rendon-renuncia-a-la-campana-de-juan-manuel-santos_13938416-4
La oferta secreta de los narcos para entregarse
El Espectador conoció un documento de 109 páginas en el que capos de la talla de Daniel el ‘Loco’ Barrera, los hermanos ‘Comba’ y ‘Diego Rastrojo’ propusieron hace tres años entregar sus estructuras y someterse a la justicia a cambio de la no extradición. ‘Comba’ declaró que se le entregaron US$12 millones al asesor del presidente, J. J. Rendón.
El pasado 10 de diciembre, ante una fiscal de la Unidad de Extinción de Dominio, Javier Antonio Calle Serna, uno de los hermanos Comba, confesó desde Estados Unidos que entre 2010 y 2011 él y otros capos del narcotráfico, como Diego Rastrojo, Cuchillo y el Loco Barrera, adelantaron aproximaciones con el gobierno de Juan Manuel Santos para desarmar sus ejércitos y acabar con el narcotráfico en el país. La propuesta fue remitida a través de un documento con las huellas de los mafiosos y un video, pero finalmente no cuajó porque, según Comba, se exigió un acompañamiento del gobierno americano que nunca llegó y “el Gobierno colombiano dilató el proyecto y empezaron a capturar a mi gente; al ver que pasaba el tiempo y no sucedía nada tomo la decisión con el gobierno americano y me entrego”.
Lo grave de su declaración, conocida por El Espectador, es que Comba sostuvo que a J. J. Rendón, hoy asesor del presidente Juan Manuel Santos, estos narcos le entregaron US$12 millones para que desarrollara la fórmula de esta propuesta de sometimiento a la justicia y se la transmitiera al jefe de Estado. Consultado por este diario, Rendón desmintió la entrega de cualquier dinero, pidió a la Fiscalía ser investigado y recalcó que por su cercanía con el presidente Santos en 2011 unos abogados, que representaban a estos capos, le pidieron que sirviera como puente para hacerle conocer al alto gobierno una propuesta para desmovilizarse, entregar sus rutas y buscar salidas alternativas para ellos. Rendón aseguró que simplemente ofició como un canal para llevar esa correspondencia y que él mismo la entregó a la Fiscalía para su análisis.
“Ahí no hubo nada escondido. Todo quedó sobre la mesa. No estoy ni en licitaciones ni en componendas, y el que tenga algo concreto que denunciar que lo haga, pero con pruebas, no con chismes. Hubo una gestión. Me reuní con el presidente, le entregué eso y me fui. El presidente dijo que la Fiscalía se encargaría de eso. Esta denuncia parece otro complot en mi contra. Que abran una investigación y que prueben eso que dicen”, explicó Rendón. Su abogado Abelardo de la Espriella manifestó: “Le sugerí antes que nada poner el asunto en conocimiento del presidente y la entonces fiscal (Viviane Morales). Ambos funcionarios sabían de los acercamientos de J. J., que tenían como único propósito la entrega de un grupo significativo de narcotraficantes y generar un hecho político favorable al Gobierno. Entiendo que jamás se ventilaron acuerdos económicos, pero como apoderado de Rendón solicitaré una investigación para que la Fiscalía establezca el papel de mi representado en este bochornoso asunto”.
El Espectador investigó este asunto y accedió a un extenso documento de 109 páginas titulado “Agenda para solucionar el problema del narcotráfico y la violencia que genera”, elaborado en junio de 2011, en el que se establecía que J. J. Rendón oficiaba como estratega general de esta propuesta, que tenía como facilitadores al exguerrillero del Eln Francisco Galán y Jorge Castañeda; y como mediadores a los abogados José Ignacio Londoño y José Mira. Varias fuentes consultadas por este diario confirmaron que este proyecto fue conocido por el alto gobierno, la exfiscal Morales, la dirección de la Policía, funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, los intermediarios del proceso y el presidente Santos. En esencia, el documento es un completo abecé del plan para que el 90% de las cabezas del narcotráfico y sus hombres abandonaran el negocio a cambio de la no extradición y la exclusión de sus familias de procesos penales.
El proyecto comenzaba así: “Al cumplirse los primeros 10 meses del nuevo gobierno, la sociedad colombiana tiene altas expectativas en torno a su futuro, y uno de sus anhelos más reiterados durante décadas es que se puede erradicar de manera definitiva el problema del narcotráfico y la violencia que genera. Las condiciones nacionales e internacionales son idóneas para desarrollar una agenda de solución al problema del narcotráfico, con alcances no sólo en el país, sino en la región y en todo el hemisferio occidental”. En las primeras páginas de esta propuesta de sometimiento se comparan otros procesos de negociación, como los ocurridos con el capo Pablo Escobar, los narcos Henry Loaiza, alias El Alacrán; Víctor Patiño Fómeque; Juan Carlos Ramírez, alias Chupeta; el propio proceso con las autodefensas en Santa Fe de Ralito, y la entrega del jefe de la Oficina de Envigado, Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio, a la justicia de Estados Unidos.
Al revisar este cuadro comparativo se evaluaron si en esos procesos hubo aval de Estados Unidos, normas o leyes especiales, cuáles fueron los compromisos de los gobiernos de entonces, la entrega de las estructuras, rutas, armas, tierras, bienes y dinero de los ilegales y dónde cumplieron su pena. A renglón seguido se resalta en el documento que para la seguridad de las partes se debía crear un mecanismo de verificación que no descartaba veedores internacionales y un compromiso inamovible: no volver a delinquir. El proceso estaría sustentado en cinco premisas. La primera era que como resultado “de la fuerza disuasiva del Estado” estos actores debían desmontar el narcotráfico y sus estructuras, y entregarle al Estado toda la información sobre cultivos, laboratorios, informantes, enlaces con el Estado y toda la cadena del negocio. La segunda premisa era dejar sin su principal combustible a la violencia que generan “las guerrillas y las bacrim, así como las bandas y los combos en las ciudades”.
El tercer pilar señalaba que la entrega de miles de hectáreas de tierra por parte de estos capos le serviría al Estado para financiar proyectos productivos en las zonas de desarticulación de esta actividad ilegal. En ese contexto, el cuarto punto analizaba el impacto global en el mercado de drogas en Norteamérica y otros destinos de consumo. La última premisa concluía que era quizás esta negociación la última oportunidad para alcanzar la paz con estos actores del conflicto. En esta bitácora de aproximaciones aparece un documento titulado “Iniciativa Punto Final”, elaborado en octubre de 2010, en el que los capos firmantes señalaban su voluntad de contribuir a un proceso de reconciliación nacional, conscientes de que el narcotráfico “constituye un negocio rentable, pero cada vez más riesgoso”, que “ha generado una cultura de la violencia que ha dejado miles de muertes”.
En el documento en poder de El Espectador se leen los cálculos estimados para desmantelar sus organizaciones. Por ejemplo, los hermanos Comba y Diego Rastrojo prometieron sacar del negocio a 3.000 de sus hombres; alias Sebastián de la Oficina de Envigado, 2.000; los hermanos Úsuga, hoy jefes de los Urabeños, le manifestaron al obispo de Montería su intención de someter a 1.000 de sus miembros, lo mismo hizo alias Valenciano, quien dijo estar en capacidad de desmovilizar esa misma cantidad de hombres. Al final, Daniel el Loco Barrera y Héctor Buitrago, alias Martín Llanos, hablaron en conjunto de 1.200 integrantes. Lo curioso es que nunca se formalizó este proyecto de sometimiento y todos estos capos terminaron capturados, extraditados o negociando su entrega a Estados Unidos. En el documento se dejó constancia de que el narcotráfico se había atomizado y la única salida colectiva para frenar su expansión era un proceso así.
Tan detallada era la propuesta, que había análisis sobre cómo se movían las mafias del narcotráfico entre Urabá y Ecuador, las zonas de mayor riesgo y cultivos ilícitos e ideas concretas para suspender el negocio por el Pacífico, que según sus cuentas reduciría en un 60% las exportaciones de droga por esta zona; así como el compromiso de desarticular los corredores de la guerrilla de las Farc, la ubicación de sus cultivos e información sobre las rutas de salida de lanchas rápidas, submarinos y barcos con coca. La propuesta para detener el tráfico en el corredor entre Urabá y La Guajira, en donde hacen presencia los Urabeños, los Rastrojos y los Paisas, era lograr la reducción de un 50% de la circulación de la droga, al tiempo que se debían entregar datos confidenciales sobre los patrocinadores y sus enlaces con la Fuerza Pública.
Más adelante esta iniciativa aseguraba que los capos estaban en capacidad de entregar bienes y empresas, nombres de proveedores, socios y recursos en efectivo generados por esta actividad ilegal que serían puestos en custodia de un delegado oficial del Gobierno. Con otra garantía: la elaboración de un censo “de miembros directos e indirectos” de cada organización y bloquear cualquier intento de disidencia entre sus hombres con el objetivo de que ninguno se apoderara del negocio o se saliera del redil. En ese contexto se contempló la posibilidad de invitar a otras organizaciones a someterse a este proceso de “cooperación extraordinaria” sobre la base de dos condiciones: que el Estado retomara el control de las regiones donde se desmontaría la actividad ilegal y el aval de Estados Unidos y la comunidad internacional.
“Solicitamos la suspensión temporal de órdenes de captura y de cualquier orden de extradición con cualquier país con el que se tenga convenio, y solicitamos sus buenos oficios (se refiere al Gobierno) para alcanzar cualquier otra disposición que requiera el proceso para dar paso a los procedimientos que nos permitan llegar a la conclusión de estos compromisos”, reza uno de los apartes del documento. En el capítulo sobre el “Análisis de los actores” se especula que en principio podrían convertirse en aliados o apoyar este proceso el vicepresidente Angelino Garzón, dirigentes liberales de la talla de los expresidentes César Gaviria o Ernesto Samper, el electo congresista Horacio Serpa, el entonces ministro de Defensa Rodrigo Rivera, los congresistas Jesús García, Mauricio Lizcano y Roy Barreras, representantes de la Iglesia como Rubén Salazar y monseñor Julio César Vidal, y hasta el hoy alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. En ninguna parte se especifica que todas estas personas hubieran sido consultadas para tal propósito.
En contraste, se contemplaba que quienes se mostrarían en contra de esta apuesta serían las Farc, los carteles mexicanos y los paramilitares desmovilizados que seguramente “pedirían renegociación”. Se proyectaron cuatro fases del proceso. La primera de exploración, en donde se concretaban manifestaciones voluntarias y unilaterales de los capos a través de cartas y mensajes directos enviados a monseñor Vidal y al jefe guerrillero Francisco Galán. La fase dos consistía en una carta de intención formal de lo que ellos denominaron “Plan de sometimiento y cooperación extraordinaria para el desmonte del narcotráfico en Colombia”. El tercer paso era la apertura del proceso de diálogo directo y reservado, que constaba de dos partes: la definición de un equipo mediador y de los interlocutores del Estado, así como de la elaboración del censo de hombres en armas, bienes y recursos dispuestos a entregar. A su turno debía estar lista una solución jurídica definitiva con Estados Unidos y la Fiscalía, y unos modelos socioeconómicos para erradicar el narcotráfico.
La última fase consistía en desarrollar una agenda conjunta de conversaciones, establecer tiempos y metodologías, definir unas rutas jurídicas y políticas, y elaborar unos escenarios y planes de comunicación para hacerle oficial al país estas negociaciones. Incluso se pensó en un Estado extranjero como Honduras para facilitar estos encuentros y la posibilidad de otorgar visas, de ser necesario, salvoconductos y autorizaciones, un grupo de seguridad y acompañamientos de organismos como la ONU. El documento es concreto en la obligación de los capos de ubicar caletas, acciones e inversiones en la bolsa y en el extranjero, de entregar casas, edificios, terrenos y hasta obras de arte, así como rutas y puntos de embarque, y un listado de sus colaboradores, georreferenciación de cultivos ilícitos y puntos de venta. También se analizó la posibilidad de que se acogieran a un principio de oportunidad para obtener rebajas procesales.
Además, se consideró el escenario de repatriar algunos extraditados a cambio de información y desmonte de sus estructuras e incluso un período de gracia de 90 días, que podía ser anunciado por el Gobierno una vez se hicieran públicos estos acercamientos, con el fin de atraer el mayor número de narcotraficantes a este acuerdo. Fue tan milimétrica la propuesta, que se aventuraron escenarios entre la semana uno y la semana 12, tiempo en el que calculaban que podrían sacar esta iniciativa adelante. En la semana cinco, por ejemplo, se reseñaba que debía haber un cabildeo con países vecinos, como México y Estados Unidos, para “construir una alianza continental contra el narcotráfico”. En la semana 12 ya se habría anunciado un acuerdo de punto final, concretado la capitulación de estas organizaciones y se daría inicio a la etapa del posconflicto.
Se llegaron a considerar tres nombres de esta gigantesca operación que nunca se concretó: ‘Operación Punto Final’, ‘Operación Torrente’ y ‘Operación Caída y Mesa Limpia’. Y se definió que el gobierno Santos socializara esta iniciativa con el Congreso y las altas cortes, que se concretara un acuerdo de protección de testigos con Estados Unidos en Panamá y la eventual colaboración del gobierno de Honduras para acompañar la negociación. Además se dejó claro que cualquier filtración de este documento o las intimidades de estos posibles acuerdos pondría en riesgo el proyecto. Sin embargo, éste jamás vio la luz, al parecer como declaró Comba recientemente desde Estados Unidos, porque a los americanos no les gustó la propuesta y el gobierno Santos dio la orden de perseguirlos, capturarlos y extraditarlos, tal como ocurrió con la mayoría.
A pesar de que J. J. Rendón le dijo a este diario que nada de secreto tenían estas aproximaciones, lo cierto es que sólo hasta hoy el país se entera de la propuesta en detalle que en el año 2011 le formalizaron los mayores capos de la droga al gobierno de Juan Manuel Santos. En cambio, sí tomó forma el proceso de paz con la guerrilla de las Farc. Justamente, hoy se discute en La Habana el tercer punto de la agenda relacionado con el narcotráfico. Fuentes consultadas por El Espectador aseguraron que se frustró este proyecto de sometimiento con los barones de la droga por múltiples razones y confirmaron que J. J. Rendón sí participó activamente en la gestación del plan. Él sostiene que ofició como un simple mensajero y que poco se enteró de las minucias del proceso. Ahora deberá responder a la acusación de que se le entregaron US$12 millones para cabildear esta propuesta, un señalamiento que él redujo a un nuevo complot en su contra.
Las negociaciones con ‘narcos’ en los 80
En medio de la crisis política que vivía el país, azotada por la mano oscura del narcotráfico, los medios de comunicación dieron a conocer supuestos documentos en los que se proponía un preacuerdo entre los gobiernos de la época y los más temidos narcotraficantes: Pablo Escobar, los hermanos Ochoa y Gonzalo Rodríguez Gacha. Según se conoció, la primera reunión se dio en 1983 con miembros del gobierno de Belisario Betancur. Posteriormente, los capos del cartel de Medellín le entregaron una propuesta al expresidente Alfonso López Michelsen, quien se la hizo llegar al Presidente. Sin embargo, todos los intentos se vinieron abajo en 1984 cuando en julio de ese año El Tiempo público un reportaje llamado “Narcotraficantes formulan propuesta al Gobierno nacional”, en el que ofrecían el desmonte de su negocio, con entrega de laboratorios, pistas clandestinas y repatriación de capitales, entre otras concesiones, a cambio de neutralizar la extradición de los narcotraficantes y suspender los operativos contra sus bienes materiales y sus familias. Pese a ello, con el escándalo mediático todo quedó sepultado hasta cuatro años después.
El segundo intento de sometimiento
El baño de sangre no cesaba y los narcotraficantes del cartel de Medellín buscaban por todos lados la posibilidad de evitar ser extraditados a través de una negociación con el Gobierno en 1988. Algo parecido a lo que hicieron en el 83 y 84. Todo parecía ir por buen camino, pero la publicación de una columna de opinión en el diario ‘La Prensa’, el 7 de octubre de 1989 en la que relataban en detalle la negociación que habían adelantado el exministro antioqueño Joaquín Vallejo, el secretario de Presidencia Germán Montoya Vélez, el abogado Guido Parra, Pablo Escobar y los hermanos Ochoa, reversó las pretensiones de los ‘narcos’. Todo quedó en el olvido y la propuesta de retirarse del negocio de la droga y desmantelar otras organizaciones, a cambio de acabar con la extradición y gestionar una amnistía patrimonial para sanear sus capitales, jamás se concretó.
La oferta del cartel del Norte del Valle
El 23 de diciembre de 2002, monseñor Hernán Giraldo Jaramillo, obispo de la Diócesis de Buga, le comentó al entonces ministro de Justicia y del Interior de Álvaro Uribe, Fernando Londoño, que los máximos jefes del cartel del Norte del Valle estaban dispuestos a iniciar una negociación con el Gobierno con el fin de no ser extraditados.
Se trataba de una oferta realizada por Hernando Alberto Gómez, alias Rasguño, Diego León Montoya, alias Don Diego y Wílber Varela, alias Jabón, quienes a través de la iglesia intentaron hacer llegar sus pretensiones al gobierno Uribe, que desde esa época ya empezaba los primeros diálogos con los paramilitares.
El Espectador reveló esta información el 12 de enero de 2003 y en esa ocasión las fuentes le advirtieron que no se podía hablar del tema porque apenas estaban en etapa exploratoria, pero que los ‘narcos’ se habían comprometido a desmontar el negocio, entregar rutas, laboratorios y cultivos, el sometimiento a la justicia colombiana, a cambio de que sus penas fueran purgadas en cárceles del país y la garantía de no ser extraditados.
Carlos Castaño y la DEA
Una de las principales hipótesis sobre la muerte de Carlos Castaño es que todo se produjo por su acercamiento a las autoridades norteamericanas, especialmente a la DEA. Era el año 2004 cuando el máximo jefe del paramilitarismo colombiano empezó a darse cuenta de que los nexos de las autodefensas con los carteles de la droga tarde o temprano se conocerían. Sin embargo, lo que supuestamente ocasionó que el menor de los Castaño fuera asesinado por orden de su propio hermano Vicente fue que se opuso a que narcotraficantes se colaran al proceso de Justicia y Paz. Cosa que terminó sucediendo, ya que en mayo de 2008 varios jefes paramilitares y narcotraficantes terminaron en cárceles de Estados Unidos porque se demostró que siguieron delinquiendo desde prisión y traficando droga a Europa y Estados Unidos.
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/oferta-secreta-de-los-narcos-entregarse-articulo-490272
Pruebas que vinculan a JJ Rendón con el narcotráfico serán consignadas a la AN
El presidente del Parlamento Nacional, Diosdado Cabello, informó que este martes serán consignados ante el Poder Legislativo, los documentos que vinculan al asesor político de derecha JJ Rendón con el narcotráfico.
La información la dio a conocer en su programa Con el Mazo Dando, transmitido todos los lunes por Venezolana de Televisión (VTV), tras referirse a las pruebas que ofreció el pasado viernes, en rueda de prensa el ministro de Interior , Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, sobre los planes de sedición de grupos antichavistas.
“Todo el mundo sabe que recibiste 12 millones de dolares del narcotráfico”, indicó el parlamentario al referirse a JJ Rendón.
En días pasados el diario colombiano El Espectador publicó documentos que precisan cómo Rendón recibió 12 millones de dólares de manos de tres capos para, presuntamente, conseguirles con el gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia un acuerdo de rendición a cambio de la no extradición.
Tras divulgarse esta información Rendón presentó su denuncia al equipo de campaña del actual mandatario colombiano, que aspira a ser reelecto.
La manipulación como estrategia
Juan José Rendón ha asesorado durante los últimos 27 años campañas presidenciales de Enrique Peña Nieto, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe Vélez, Porfirio Lobo, entre otros, teniendo como principal estrategia el descrédito y desprestigio de los adversarios de sus clientes.
Una de ellas, y que abiertamente Rendón ha admitido aplicar es “Estrategia: Las tres eses”, en la cual crea falsas informaciones relacionadas con el sexo, la salud y sueldo de quien sea el blanco de su campaña de descrédito.
El posicionar la idea de un supuesto “fraude electoral” fue otra de las ideas de Rendón y fue esa precisamente la que lo dio a conocer en 2004, como impulsor de esa matriz luego del revés opositor en el referendo revocatorio de 2004.
Fue asesor de la campaña del derechista Henrique Capriles Radonski, durante las pasadas elecciones presidenciales y los rumores sobre la salud del Presidente Hugo Chávez, fueron su “estrategia”.
En algunos correos enviados por Rendón, él asegura que “cae de maravilla” la muerte de la actriz Mónica Spear, que se produjo a comienzos de año y fue utilizada para el juego mediático.
“Esto lo vamos a llevar a la Asamblea Nacional, vamos a solicitar una investigación y vamos a consignar estos documentos”, resaltó Cabello, que leyó algos correos enviados por Rendón.
Asimismo en las pruebas y correos que se develaron se muestran mensajes enviados por este asesor al secretario de Estado de los Estados Unidos, Jhon Kerry, durante el mes de febrero, donde habla de que la desestabilización en Venezuela les convenía a todos.
Es tiempo de justicia
Con respecto a la Fiesta Mexicana, génesis del plan sedicioso denunciado por el ministro Miguel Rodríguez Torres, el presidente de la AN indicó que es fundamental la aplicación de medidas justas por parte del Estado.
“Nosotros vamos a investigar, no vamos a descansar, no es la situación del 2002, esta es la hora de la justicia, el pueblo clama justicia”, afirmó Cabello
Indicó también que el encuentro, efectuado en 2010 para diseñar un plan golpista contra el gobierno venezolano, evidenció los nexos de sectores derechistas con el narcotráfico y el paramilitarismo.
Parte de los objetivos del encuentro se detallan en un correo electrónico enviado por Gustavo Tovar Arroyo, financista de grupos guarimberos, para el derechista Pedro Burelli, con fecha del 20 de octubre del año 2010.
En ese sentido, Cabello señaló que Tovar Arroyo también ha propiciado la creación de supuestas organizaciones no gubernamentales “que son utilizadas para conspirar, para arreciar los planes de los organismos norteamericanos que se encarguen de la conspiración de los países”.
Durante todos estos años de planes, embestidas y ataques contra el Gobierno de Venezuela, Gustavo Tovar Arroyo ha mantenido constante conexión con Leopoldo López, quien a su vez hace enlace con Manuela Bolívar, Yon Goicoechea, David Smolansky, Vilka Fernández, Daniel Ceballos, Freddy Guevara, Roderick Navarro, Juan Requesens, entre otros.
Además, Tovar Arroyo sostiene permanente comunicación con el ex presidente de México Vicente Fox, y con José Antonio Colina Pulido, un militar retirado involucrado en la colocación de bombas en la Embajada de España y el Consulado de Colombia, en Venezuela, en febrero del año 2003, cuando el Presidente Hugo Chávez presidía las mesas de diálogo con la oposición venezolana, tras el golpe de Estado fallido de 2002.
http://www.avn.info.ve/contenido/pruebas-que-vinculan-jj-rend%C3%B3n-narcotr%C3%A1fico-ser%C3%A1n-consignadas
6 mayo, 2014 Colombia
Santos aceptó la renuncia que JJ Rendón le presentó tras escándalo
El estratega político venezolano Juan José (JJ) Rendón no resistió el escándalo en el que se vio inmerso esta semana y este lunes, de manera intempestiva, renunció a seguir siendo el asesor general de la campaña reeleccionista del presidente Juan Manuel Santos. El Presidente-candidato le aceptó la dimisión.
Rendón resultó salpicado por su mediación en un fallido intento de sometimiento de ‘los Comba’ y otros narcos a las autoridades colombianas, en el segundo semestre del 2011. Según la versión de uno de los Calle Serna, capos de ‘los Rastrojos’ –hoy presos en Estados Unidos–, por esa gestión se habrían pagado 12 millones de dólares. Todo esto fue revelado por Daniel Coronell en su columna de la revista Semana.
El escándalo hizo que este lunes, por medio de un comunicado, el estratega venezolano anunciara su retiro de la campaña de Santos, a la que llegó formalmente el pasado 27 de abril como figura clave para esas aspiraciones.
“Lo último que quiero es hacerle daño a la campaña del doctor Juan Manuel Santos, a quien admiro y respeto profundamente. Es obvio que este escándalo obedece a un complot para conseguir ese cometido”, señaló Rendón en su comunicado.
Agregó que se marginó de su labor para no convertirse en un “instrumento de los enemigos de la paz que pretenden minar la credibilidad del señor Presidente”.
Rendón también anunció que está a disposición de las autoridades, e incluso aseguró que le pidió a su apoderado que solicite el inicio de una investigación formal. Insistió en que su mediación no fue subrepticia.
El presidente Juan Manuel Santos, en el programa Hora 20, de Caracol Radio, dijo que “lo importante es que la presentó (la renuncia) y se la acepté. En un gesto gallardo, dijo que no quería perjudicar la campaña, y ya no es parte de ella”.
Santos destacó que Rendón ha dicho que no recibió ni un solo peso, “y hasta que no se demuestre lo contrario hay que creerle”.
“No le pregunté si estaba cobrando; nunca me imaginé que estuviera cobrando, y hasta ahora no sé si cobró o no”, dijo el Jefe de Estado.
Para Santos, no es “extraño” que estos delincuentes hayan contactado a Rendón. “Esta gente ha hecho ofertas para entregarse, para someterse a la justicia muchísimas veces”, dijo el Presidente, quien fue tajante al señalar que no negocia con narcotraficantes.
De acuerdo con el Jefe de Estado, tras conocer la petición de ‘los Comba’ se la entregó a la entonces fiscal Viviane Morales y al director de la Policía de la época, general Óscar Naranjo, para que decidieran las condiciones de ese eventual sometimiento a la justicia.
“Esa gente aparentemente no aceptó los términos que la Fiscal les impuso, y algunos prefirieron entregarse a las autoridades norteamericanas y otros fueron capturados por la Policía”, dijo.
En la polémica por los 12 millones de dólares también resultó salpicado Germán Chica, exconsejero presidencial. Sobre el exfuncionario, Santos dijo que terminó involucrado en esos acercamientos porque el exguerrillero ‘Pacho Galán’ fue el que lo contactó.
Rendón negó haber recibido esa plata y señaló que si realmente hubo dinero de por medio, quien pudo haberse quedado con él fue Chica. Este último anunció que demandará penalmente al venezolano.
El estratega político
El venezolano Juan José Rendón, conocido como JJ Rendón, es psicólogo, comunicador y publicista de profesión.
Su firma asesoró la primera campaña presidencial de Juan Manuel Santos. Cuando llegó a ella, tenía en su haber el diseño de la estrategia que llevó a Porfirio Lobo a conseguir el poder en Honduras.
Después de haber logrado que Santos llegara la Presidencia, hizo lo propio para Enrique Peña Nieto en México y para Juan Orlando Hernández, en Honduras.
Es un ferviente opositor del chavismo y durante los más de 20 años que tiene de experiencia, ha recibido varios títulos ‘honoris causa’ por instituciones como la International University de Panamá y la Organización de las Américas para la Excelencia Educativa.
En Venezuela tiene una investigación en curso por violencia sexual.
Los hermanos Calle Serna siguen buscando acuerdos con la Fiscalía
En septiembre del 2012, EL TIEMPO informó que, como parte de los compromisos de ‘los Comba’ en Estados Unidos, anunciaron la entrega de varias de sus estructuras.
Un mes después, en Trujillo (Valle del Cauca), se sometieron a la justicia varios ‘Rastrojos’.
Un año antes monseñor Julio César Vidal, obispo de Montería, había anunciado que los jefes de las principales bandas del país le habían manifestado la intención de entregarse a las autoridades.
Hace un mes este diario reveló que los hermanos Javier Antonio y Luis Enrique Calle Serna, presos en una cárcel de Nueva York, buscaron nuevos acercamientos con la Fiscalía, esta vez para entregar bienes a cambio de que algunas de las propiedades de su mamá y hermana no fueran tocadas.
Aunque en principio ofrecieron 19 bienes las autoridades terminaron por ocupar 66 en una primera fase. Esa investigación continúa para dar las propiedades que ‘los Comba’ tendrían en el exterior.
Los capos además buscan con la justicia de Estados Unidos un acuerdo para alcanzar una pena corta.
http://www.eltiempo.com/politica/jj-rendon-renuncia-a-la-campana-de-juan-manuel-santos_13938416-4
La oferta secreta de los narcos para entregarse
El Espectador conoció un documento de 109 páginas en el que capos de la talla de Daniel el ‘Loco’ Barrera, los hermanos ‘Comba’ y ‘Diego Rastrojo’ propusieron hace tres años entregar sus estructuras y someterse a la justicia a cambio de la no extradición. ‘Comba’ declaró que se le entregaron US$12 millones al asesor del presidente, J. J. Rendón.
El pasado 10 de diciembre, ante una fiscal de la Unidad de Extinción de Dominio, Javier Antonio Calle Serna, uno de los hermanos Comba, confesó desde Estados Unidos que entre 2010 y 2011 él y otros capos del narcotráfico, como Diego Rastrojo, Cuchillo y el Loco Barrera, adelantaron aproximaciones con el gobierno de Juan Manuel Santos para desarmar sus ejércitos y acabar con el narcotráfico en el país. La propuesta fue remitida a través de un documento con las huellas de los mafiosos y un video, pero finalmente no cuajó porque, según Comba, se exigió un acompañamiento del gobierno americano que nunca llegó y “el Gobierno colombiano dilató el proyecto y empezaron a capturar a mi gente; al ver que pasaba el tiempo y no sucedía nada tomo la decisión con el gobierno americano y me entrego”.
Lo grave de su declaración, conocida por El Espectador, es que Comba sostuvo que a J. J. Rendón, hoy asesor del presidente Juan Manuel Santos, estos narcos le entregaron US$12 millones para que desarrollara la fórmula de esta propuesta de sometimiento a la justicia y se la transmitiera al jefe de Estado. Consultado por este diario, Rendón desmintió la entrega de cualquier dinero, pidió a la Fiscalía ser investigado y recalcó que por su cercanía con el presidente Santos en 2011 unos abogados, que representaban a estos capos, le pidieron que sirviera como puente para hacerle conocer al alto gobierno una propuesta para desmovilizarse, entregar sus rutas y buscar salidas alternativas para ellos. Rendón aseguró que simplemente ofició como un canal para llevar esa correspondencia y que él mismo la entregó a la Fiscalía para su análisis.
“Ahí no hubo nada escondido. Todo quedó sobre la mesa. No estoy ni en licitaciones ni en componendas, y el que tenga algo concreto que denunciar que lo haga, pero con pruebas, no con chismes. Hubo una gestión. Me reuní con el presidente, le entregué eso y me fui. El presidente dijo que la Fiscalía se encargaría de eso. Esta denuncia parece otro complot en mi contra. Que abran una investigación y que prueben eso que dicen”, explicó Rendón. Su abogado Abelardo de la Espriella manifestó: “Le sugerí antes que nada poner el asunto en conocimiento del presidente y la entonces fiscal (Viviane Morales). Ambos funcionarios sabían de los acercamientos de J. J., que tenían como único propósito la entrega de un grupo significativo de narcotraficantes y generar un hecho político favorable al Gobierno. Entiendo que jamás se ventilaron acuerdos económicos, pero como apoderado de Rendón solicitaré una investigación para que la Fiscalía establezca el papel de mi representado en este bochornoso asunto”.
El Espectador investigó este asunto y accedió a un extenso documento de 109 páginas titulado “Agenda para solucionar el problema del narcotráfico y la violencia que genera”, elaborado en junio de 2011, en el que se establecía que J. J. Rendón oficiaba como estratega general de esta propuesta, que tenía como facilitadores al exguerrillero del Eln Francisco Galán y Jorge Castañeda; y como mediadores a los abogados José Ignacio Londoño y José Mira. Varias fuentes consultadas por este diario confirmaron que este proyecto fue conocido por el alto gobierno, la exfiscal Morales, la dirección de la Policía, funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, los intermediarios del proceso y el presidente Santos. En esencia, el documento es un completo abecé del plan para que el 90% de las cabezas del narcotráfico y sus hombres abandonaran el negocio a cambio de la no extradición y la exclusión de sus familias de procesos penales.
El proyecto comenzaba así: “Al cumplirse los primeros 10 meses del nuevo gobierno, la sociedad colombiana tiene altas expectativas en torno a su futuro, y uno de sus anhelos más reiterados durante décadas es que se puede erradicar de manera definitiva el problema del narcotráfico y la violencia que genera. Las condiciones nacionales e internacionales son idóneas para desarrollar una agenda de solución al problema del narcotráfico, con alcances no sólo en el país, sino en la región y en todo el hemisferio occidental”. En las primeras páginas de esta propuesta de sometimiento se comparan otros procesos de negociación, como los ocurridos con el capo Pablo Escobar, los narcos Henry Loaiza, alias El Alacrán; Víctor Patiño Fómeque; Juan Carlos Ramírez, alias Chupeta; el propio proceso con las autodefensas en Santa Fe de Ralito, y la entrega del jefe de la Oficina de Envigado, Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio, a la justicia de Estados Unidos.
Al revisar este cuadro comparativo se evaluaron si en esos procesos hubo aval de Estados Unidos, normas o leyes especiales, cuáles fueron los compromisos de los gobiernos de entonces, la entrega de las estructuras, rutas, armas, tierras, bienes y dinero de los ilegales y dónde cumplieron su pena. A renglón seguido se resalta en el documento que para la seguridad de las partes se debía crear un mecanismo de verificación que no descartaba veedores internacionales y un compromiso inamovible: no volver a delinquir. El proceso estaría sustentado en cinco premisas. La primera era que como resultado “de la fuerza disuasiva del Estado” estos actores debían desmontar el narcotráfico y sus estructuras, y entregarle al Estado toda la información sobre cultivos, laboratorios, informantes, enlaces con el Estado y toda la cadena del negocio. La segunda premisa era dejar sin su principal combustible a la violencia que generan “las guerrillas y las bacrim, así como las bandas y los combos en las ciudades”.
El tercer pilar señalaba que la entrega de miles de hectáreas de tierra por parte de estos capos le serviría al Estado para financiar proyectos productivos en las zonas de desarticulación de esta actividad ilegal. En ese contexto, el cuarto punto analizaba el impacto global en el mercado de drogas en Norteamérica y otros destinos de consumo. La última premisa concluía que era quizás esta negociación la última oportunidad para alcanzar la paz con estos actores del conflicto. En esta bitácora de aproximaciones aparece un documento titulado “Iniciativa Punto Final”, elaborado en octubre de 2010, en el que los capos firmantes señalaban su voluntad de contribuir a un proceso de reconciliación nacional, conscientes de que el narcotráfico “constituye un negocio rentable, pero cada vez más riesgoso”, que “ha generado una cultura de la violencia que ha dejado miles de muertes”.
En el documento en poder de El Espectador se leen los cálculos estimados para desmantelar sus organizaciones. Por ejemplo, los hermanos Comba y Diego Rastrojo prometieron sacar del negocio a 3.000 de sus hombres; alias Sebastián de la Oficina de Envigado, 2.000; los hermanos Úsuga, hoy jefes de los Urabeños, le manifestaron al obispo de Montería su intención de someter a 1.000 de sus miembros, lo mismo hizo alias Valenciano, quien dijo estar en capacidad de desmovilizar esa misma cantidad de hombres. Al final, Daniel el Loco Barrera y Héctor Buitrago, alias Martín Llanos, hablaron en conjunto de 1.200 integrantes. Lo curioso es que nunca se formalizó este proyecto de sometimiento y todos estos capos terminaron capturados, extraditados o negociando su entrega a Estados Unidos. En el documento se dejó constancia de que el narcotráfico se había atomizado y la única salida colectiva para frenar su expansión era un proceso así.
Tan detallada era la propuesta, que había análisis sobre cómo se movían las mafias del narcotráfico entre Urabá y Ecuador, las zonas de mayor riesgo y cultivos ilícitos e ideas concretas para suspender el negocio por el Pacífico, que según sus cuentas reduciría en un 60% las exportaciones de droga por esta zona; así como el compromiso de desarticular los corredores de la guerrilla de las Farc, la ubicación de sus cultivos e información sobre las rutas de salida de lanchas rápidas, submarinos y barcos con coca. La propuesta para detener el tráfico en el corredor entre Urabá y La Guajira, en donde hacen presencia los Urabeños, los Rastrojos y los Paisas, era lograr la reducción de un 50% de la circulación de la droga, al tiempo que se debían entregar datos confidenciales sobre los patrocinadores y sus enlaces con la Fuerza Pública.
Más adelante esta iniciativa aseguraba que los capos estaban en capacidad de entregar bienes y empresas, nombres de proveedores, socios y recursos en efectivo generados por esta actividad ilegal que serían puestos en custodia de un delegado oficial del Gobierno. Con otra garantía: la elaboración de un censo “de miembros directos e indirectos” de cada organización y bloquear cualquier intento de disidencia entre sus hombres con el objetivo de que ninguno se apoderara del negocio o se saliera del redil. En ese contexto se contempló la posibilidad de invitar a otras organizaciones a someterse a este proceso de “cooperación extraordinaria” sobre la base de dos condiciones: que el Estado retomara el control de las regiones donde se desmontaría la actividad ilegal y el aval de Estados Unidos y la comunidad internacional.
“Solicitamos la suspensión temporal de órdenes de captura y de cualquier orden de extradición con cualquier país con el que se tenga convenio, y solicitamos sus buenos oficios (se refiere al Gobierno) para alcanzar cualquier otra disposición que requiera el proceso para dar paso a los procedimientos que nos permitan llegar a la conclusión de estos compromisos”, reza uno de los apartes del documento. En el capítulo sobre el “Análisis de los actores” se especula que en principio podrían convertirse en aliados o apoyar este proceso el vicepresidente Angelino Garzón, dirigentes liberales de la talla de los expresidentes César Gaviria o Ernesto Samper, el electo congresista Horacio Serpa, el entonces ministro de Defensa Rodrigo Rivera, los congresistas Jesús García, Mauricio Lizcano y Roy Barreras, representantes de la Iglesia como Rubén Salazar y monseñor Julio César Vidal, y hasta el hoy alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. En ninguna parte se especifica que todas estas personas hubieran sido consultadas para tal propósito.
En contraste, se contemplaba que quienes se mostrarían en contra de esta apuesta serían las Farc, los carteles mexicanos y los paramilitares desmovilizados que seguramente “pedirían renegociación”. Se proyectaron cuatro fases del proceso. La primera de exploración, en donde se concretaban manifestaciones voluntarias y unilaterales de los capos a través de cartas y mensajes directos enviados a monseñor Vidal y al jefe guerrillero Francisco Galán. La fase dos consistía en una carta de intención formal de lo que ellos denominaron “Plan de sometimiento y cooperación extraordinaria para el desmonte del narcotráfico en Colombia”. El tercer paso era la apertura del proceso de diálogo directo y reservado, que constaba de dos partes: la definición de un equipo mediador y de los interlocutores del Estado, así como de la elaboración del censo de hombres en armas, bienes y recursos dispuestos a entregar. A su turno debía estar lista una solución jurídica definitiva con Estados Unidos y la Fiscalía, y unos modelos socioeconómicos para erradicar el narcotráfico.
La última fase consistía en desarrollar una agenda conjunta de conversaciones, establecer tiempos y metodologías, definir unas rutas jurídicas y políticas, y elaborar unos escenarios y planes de comunicación para hacerle oficial al país estas negociaciones. Incluso se pensó en un Estado extranjero como Honduras para facilitar estos encuentros y la posibilidad de otorgar visas, de ser necesario, salvoconductos y autorizaciones, un grupo de seguridad y acompañamientos de organismos como la ONU. El documento es concreto en la obligación de los capos de ubicar caletas, acciones e inversiones en la bolsa y en el extranjero, de entregar casas, edificios, terrenos y hasta obras de arte, así como rutas y puntos de embarque, y un listado de sus colaboradores, georreferenciación de cultivos ilícitos y puntos de venta. También se analizó la posibilidad de que se acogieran a un principio de oportunidad para obtener rebajas procesales.
Además, se consideró el escenario de repatriar algunos extraditados a cambio de información y desmonte de sus estructuras e incluso un período de gracia de 90 días, que podía ser anunciado por el Gobierno una vez se hicieran públicos estos acercamientos, con el fin de atraer el mayor número de narcotraficantes a este acuerdo. Fue tan milimétrica la propuesta, que se aventuraron escenarios entre la semana uno y la semana 12, tiempo en el que calculaban que podrían sacar esta iniciativa adelante. En la semana cinco, por ejemplo, se reseñaba que debía haber un cabildeo con países vecinos, como México y Estados Unidos, para “construir una alianza continental contra el narcotráfico”. En la semana 12 ya se habría anunciado un acuerdo de punto final, concretado la capitulación de estas organizaciones y se daría inicio a la etapa del posconflicto.
Se llegaron a considerar tres nombres de esta gigantesca operación que nunca se concretó: ‘Operación Punto Final’, ‘Operación Torrente’ y ‘Operación Caída y Mesa Limpia’. Y se definió que el gobierno Santos socializara esta iniciativa con el Congreso y las altas cortes, que se concretara un acuerdo de protección de testigos con Estados Unidos en Panamá y la eventual colaboración del gobierno de Honduras para acompañar la negociación. Además se dejó claro que cualquier filtración de este documento o las intimidades de estos posibles acuerdos pondría en riesgo el proyecto. Sin embargo, éste jamás vio la luz, al parecer como declaró Comba recientemente desde Estados Unidos, porque a los americanos no les gustó la propuesta y el gobierno Santos dio la orden de perseguirlos, capturarlos y extraditarlos, tal como ocurrió con la mayoría.
A pesar de que J. J. Rendón le dijo a este diario que nada de secreto tenían estas aproximaciones, lo cierto es que sólo hasta hoy el país se entera de la propuesta en detalle que en el año 2011 le formalizaron los mayores capos de la droga al gobierno de Juan Manuel Santos. En cambio, sí tomó forma el proceso de paz con la guerrilla de las Farc. Justamente, hoy se discute en La Habana el tercer punto de la agenda relacionado con el narcotráfico. Fuentes consultadas por El Espectador aseguraron que se frustró este proyecto de sometimiento con los barones de la droga por múltiples razones y confirmaron que J. J. Rendón sí participó activamente en la gestación del plan. Él sostiene que ofició como un simple mensajero y que poco se enteró de las minucias del proceso. Ahora deberá responder a la acusación de que se le entregaron US$12 millones para cabildear esta propuesta, un señalamiento que él redujo a un nuevo complot en su contra.
Las negociaciones con ‘narcos’ en los 80
En medio de la crisis política que vivía el país, azotada por la mano oscura del narcotráfico, los medios de comunicación dieron a conocer supuestos documentos en los que se proponía un preacuerdo entre los gobiernos de la época y los más temidos narcotraficantes: Pablo Escobar, los hermanos Ochoa y Gonzalo Rodríguez Gacha. Según se conoció, la primera reunión se dio en 1983 con miembros del gobierno de Belisario Betancur. Posteriormente, los capos del cartel de Medellín le entregaron una propuesta al expresidente Alfonso López Michelsen, quien se la hizo llegar al Presidente. Sin embargo, todos los intentos se vinieron abajo en 1984 cuando en julio de ese año El Tiempo público un reportaje llamado “Narcotraficantes formulan propuesta al Gobierno nacional”, en el que ofrecían el desmonte de su negocio, con entrega de laboratorios, pistas clandestinas y repatriación de capitales, entre otras concesiones, a cambio de neutralizar la extradición de los narcotraficantes y suspender los operativos contra sus bienes materiales y sus familias. Pese a ello, con el escándalo mediático todo quedó sepultado hasta cuatro años después.
El segundo intento de sometimiento
El baño de sangre no cesaba y los narcotraficantes del cartel de Medellín buscaban por todos lados la posibilidad de evitar ser extraditados a través de una negociación con el Gobierno en 1988. Algo parecido a lo que hicieron en el 83 y 84. Todo parecía ir por buen camino, pero la publicación de una columna de opinión en el diario ‘La Prensa’, el 7 de octubre de 1989 en la que relataban en detalle la negociación que habían adelantado el exministro antioqueño Joaquín Vallejo, el secretario de Presidencia Germán Montoya Vélez, el abogado Guido Parra, Pablo Escobar y los hermanos Ochoa, reversó las pretensiones de los ‘narcos’. Todo quedó en el olvido y la propuesta de retirarse del negocio de la droga y desmantelar otras organizaciones, a cambio de acabar con la extradición y gestionar una amnistía patrimonial para sanear sus capitales, jamás se concretó.
La oferta del cartel del Norte del Valle
El 23 de diciembre de 2002, monseñor Hernán Giraldo Jaramillo, obispo de la Diócesis de Buga, le comentó al entonces ministro de Justicia y del Interior de Álvaro Uribe, Fernando Londoño, que los máximos jefes del cartel del Norte del Valle estaban dispuestos a iniciar una negociación con el Gobierno con el fin de no ser extraditados.
Se trataba de una oferta realizada por Hernando Alberto Gómez, alias Rasguño, Diego León Montoya, alias Don Diego y Wílber Varela, alias Jabón, quienes a través de la iglesia intentaron hacer llegar sus pretensiones al gobierno Uribe, que desde esa época ya empezaba los primeros diálogos con los paramilitares.
El Espectador reveló esta información el 12 de enero de 2003 y en esa ocasión las fuentes le advirtieron que no se podía hablar del tema porque apenas estaban en etapa exploratoria, pero que los ‘narcos’ se habían comprometido a desmontar el negocio, entregar rutas, laboratorios y cultivos, el sometimiento a la justicia colombiana, a cambio de que sus penas fueran purgadas en cárceles del país y la garantía de no ser extraditados.
Carlos Castaño y la DEA
Una de las principales hipótesis sobre la muerte de Carlos Castaño es que todo se produjo por su acercamiento a las autoridades norteamericanas, especialmente a la DEA. Era el año 2004 cuando el máximo jefe del paramilitarismo colombiano empezó a darse cuenta de que los nexos de las autodefensas con los carteles de la droga tarde o temprano se conocerían. Sin embargo, lo que supuestamente ocasionó que el menor de los Castaño fuera asesinado por orden de su propio hermano Vicente fue que se opuso a que narcotraficantes se colaran al proceso de Justicia y Paz. Cosa que terminó sucediendo, ya que en mayo de 2008 varios jefes paramilitares y narcotraficantes terminaron en cárceles de Estados Unidos porque se demostró que siguieron delinquiendo desde prisión y traficando droga a Europa y Estados Unidos.
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/oferta-secreta-de-los-narcos-entregarse-articulo-490272
Pruebas que vinculan a JJ Rendón con el narcotráfico serán consignadas a la AN
El presidente del Parlamento Nacional, Diosdado Cabello, informó que este martes serán consignados ante el Poder Legislativo, los documentos que vinculan al asesor político de derecha JJ Rendón con el narcotráfico.
La información la dio a conocer en su programa Con el Mazo Dando, transmitido todos los lunes por Venezolana de Televisión (VTV), tras referirse a las pruebas que ofreció el pasado viernes, en rueda de prensa el ministro de Interior , Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, sobre los planes de sedición de grupos antichavistas.
“Todo el mundo sabe que recibiste 12 millones de dolares del narcotráfico”, indicó el parlamentario al referirse a JJ Rendón.
En días pasados el diario colombiano El Espectador publicó documentos que precisan cómo Rendón recibió 12 millones de dólares de manos de tres capos para, presuntamente, conseguirles con el gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia un acuerdo de rendición a cambio de la no extradición.
Tras divulgarse esta información Rendón presentó su denuncia al equipo de campaña del actual mandatario colombiano, que aspira a ser reelecto.
La manipulación como estrategia
Juan José Rendón ha asesorado durante los últimos 27 años campañas presidenciales de Enrique Peña Nieto, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe Vélez, Porfirio Lobo, entre otros, teniendo como principal estrategia el descrédito y desprestigio de los adversarios de sus clientes.
Una de ellas, y que abiertamente Rendón ha admitido aplicar es “Estrategia: Las tres eses”, en la cual crea falsas informaciones relacionadas con el sexo, la salud y sueldo de quien sea el blanco de su campaña de descrédito.
El posicionar la idea de un supuesto “fraude electoral” fue otra de las ideas de Rendón y fue esa precisamente la que lo dio a conocer en 2004, como impulsor de esa matriz luego del revés opositor en el referendo revocatorio de 2004.
Fue asesor de la campaña del derechista Henrique Capriles Radonski, durante las pasadas elecciones presidenciales y los rumores sobre la salud del Presidente Hugo Chávez, fueron su “estrategia”.
En algunos correos enviados por Rendón, él asegura que “cae de maravilla” la muerte de la actriz Mónica Spear, que se produjo a comienzos de año y fue utilizada para el juego mediático.
“Esto lo vamos a llevar a la Asamblea Nacional, vamos a solicitar una investigación y vamos a consignar estos documentos”, resaltó Cabello, que leyó algos correos enviados por Rendón.
Asimismo en las pruebas y correos que se develaron se muestran mensajes enviados por este asesor al secretario de Estado de los Estados Unidos, Jhon Kerry, durante el mes de febrero, donde habla de que la desestabilización en Venezuela les convenía a todos.
Es tiempo de justicia
Con respecto a la Fiesta Mexicana, génesis del plan sedicioso denunciado por el ministro Miguel Rodríguez Torres, el presidente de la AN indicó que es fundamental la aplicación de medidas justas por parte del Estado.
“Nosotros vamos a investigar, no vamos a descansar, no es la situación del 2002, esta es la hora de la justicia, el pueblo clama justicia”, afirmó Cabello
Indicó también que el encuentro, efectuado en 2010 para diseñar un plan golpista contra el gobierno venezolano, evidenció los nexos de sectores derechistas con el narcotráfico y el paramilitarismo.
Parte de los objetivos del encuentro se detallan en un correo electrónico enviado por Gustavo Tovar Arroyo, financista de grupos guarimberos, para el derechista Pedro Burelli, con fecha del 20 de octubre del año 2010.
En ese sentido, Cabello señaló que Tovar Arroyo también ha propiciado la creación de supuestas organizaciones no gubernamentales “que son utilizadas para conspirar, para arreciar los planes de los organismos norteamericanos que se encarguen de la conspiración de los países”.
Durante todos estos años de planes, embestidas y ataques contra el Gobierno de Venezuela, Gustavo Tovar Arroyo ha mantenido constante conexión con Leopoldo López, quien a su vez hace enlace con Manuela Bolívar, Yon Goicoechea, David Smolansky, Vilka Fernández, Daniel Ceballos, Freddy Guevara, Roderick Navarro, Juan Requesens, entre otros.
Además, Tovar Arroyo sostiene permanente comunicación con el ex presidente de México Vicente Fox, y con José Antonio Colina Pulido, un militar retirado involucrado en la colocación de bombas en la Embajada de España y el Consulado de Colombia, en Venezuela, en febrero del año 2003, cuando el Presidente Hugo Chávez presidía las mesas de diálogo con la oposición venezolana, tras el golpe de Estado fallido de 2002.
http://www.avn.info.ve/contenido/pruebas-que-vinculan-jj-rend%C3%B3n-narcotr%C3%A1fico-ser%C3%A1n-consignadas
Venezuela: de los 197 detenidos sólo 14 son estudiantes
Siguen los focos de violencia en Venezuela: de los 197 detenidos sólo 14 son estudiantes
6 mayo, 2014 Venezuela
La Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, destacó la noche de este lunes que el Estado venezolano ha mostrado transparencia en su interés por mostrar la verdad al mundo, sobre los hechos de violencia desatados por sectores de derecha que han arrojado 41 personas fallecidas.
Ortega Díaz resaltó que han sido privadas de libertad 197 personas y solo 14 de ellas han acreditado su condición de estudiantes. “Es decir que no es cierto que la mayoría de las personas que está detenidas son estudiantes, son muy pocos”, señaló.
“Tenemos por derechos fundamentales 142 investigaciones iniciadas, hay algunas investigaciones que ya concluyeron (…) incluso se formuló algunas acusaciones, eso evidencia el interés que tiene el Estado venezolano en que se esclarezcan aquellos casos donde aparecen como responsables algunos funcionarios”, dijo.
Detalló durante el programa Con el Mazo Dando, transmitido por Venezolana de Televisión, que del número de víctimas fatales, 8 son funcionarios públicos, la mayoría de ellos pertenecientes a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y un fiscal del Ministerio Público.
Asimismo, precisó que desde el inicio de las acciones vandálicas originadas por las llamadas guarimbas a partir del 12 de febrero de este año, 785 personas han resultado lesionadas, de las cuales 275 son funcionarios públicos otras 510 civiles.
Cuestionó los actos violentos que se escenificaron este lunes en el municipio Chacao del estado Miranda, así como el incendio a la biblioteca de la Universidad Fermín Toro del estado Lara.
Indicó que es muy extraño que los ataques se produzcan contra instituciones que prestan servicio en función de atender a los más pobres, principalmente en el área educativa.
Informó que el comandante de la GNB, Justo Noguera Pietri, puso a la orden del MP las personas señaladas como presuntos responsables del homicidio de la joven Geraldine Moreno.
“El Estado ha mostrado transparencia, el Estado se ha mostrado como ha sido durante estos últimos 15 años, que no quiere ocultar nada, que quiere mostrarle la verdad al país y al mundo”, apuntó.
Enfatizó la necesidad de dar a conocer la verdad sobre estas manifestaciones en la que participan sectores opositores. “Se han escenificado manifestaciones violentas, con armas, más de 2 mil armas han sido incautadas”, puntualizó.
Acotó que el Estado debe actuar de manera contundente, en aras de garantizar la justicia y evitar la impunidad.
http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/casi-200-personas-han-sido-privados-libertad-venezuela-por-acciones-vandalicas-solo-14-son-estudiantes/
Violentos incendiaron Universidad Fermín Toro de Barquisimeto: Bomberos controlan las llamas
Efectivos del Cuerpo de Bomberos del municipio Iribarren del estado Lara, controlaron en la noche de este lunes un incendio que se generó en la sede de la Universidad Fermín Toro (UFT), situada en el sector El Ujano, en el este de Barquisimeto. El comandante del cuerpo de bomberos de la ciudad, Steven Castillo, informó que tras el evento “no hay lesionados pero sí pérdidas materiales”.
Señaló que una vez sofocadas totalmente las llamas, comenzarán las investigaciones para determinar el origen de las llamas.
El fuego se inició a primeras horas de la noche, luego de que grupos violentos se apostaran en la avenida Hermann Garmendia, donde se encuentra la sede de esa universidad privada. El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), Vladimir Padrino López, añadió que este lunes grupos de la extrema derecha también incendiaron vehículos en las inmediaciones del recinto universitario.
http://albaciudad.org/wp/index.php/2014/05/controlado-incendio-provocado-por-violentos-en-la-universidad-fermin-toro-de-barquisimeto/
Incendian un vehículo de la GNB frente a Pdvsa La Estancia en Chacao
Un vehículo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fue incendiado la noche de este lunes en la urbanización Altamira del municipio Chacao, en el Distrito Metropolitano de Caracas.
La información fue reportada inicialmente por usuarios de la red social Twitter, quienes publicaron imágenes en diferentes ángulos de la camioneta en llamas frente a la sede de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) La Estancia, en la avenida Francisco de Miranda.
Entretanto, la estación Altamira del Metro de Caracas fue cerrada, informó Juan Solano, coordinador general de Vigilancia y Transporte Terrestre del municipio Chacao.
Por su parte, el jefe del Comando Regional (Core) número 5, Manuel Quevedo, sostuvo que el hecho vandálico forma “parte de acciones aisladas y con objetivos selectivos de los reductos violentos”.
Precisó que el suceso ocurrió a 200 metros de las carpas que tienen instaladas grupos opositores en las inmediaciones de la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) desde hace varias semanas.
“Atacaron a los efectivos por la espalda, como cobardes, con bombas molotov, cohetones”, indicó Quevedo durante un contacto informativo transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).
Los efectivos de la GNB regresaban de una actividad de la Superintendencia de Precios Justos, donde desempeñaban funciones de apoyo.
“Estos grupos andan de manera aislada buscando a quien le puedan causar un daño, atacando de forma cobarde a los efectivos y quemaron la unidad sin ningún tipo de consideración”, apuntó.
Quevedo añadió que tras los hechos se procedió a realizar las primeras investigaciones. “Una vez que tengamos todos los elementos de convicción los estaremos presentando a la justicia yluego irán a la cárcel, donde tienen que estar“, acotó.
Los tres efectivos que tripulaban la unidad fueron trasladados a un centro médico asistencial, donde se encuentran ilesos.
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/237350/incendian-un-vehiculo-de-la-gnb-frente-a-pdvsa-la-estancia-en-chacao/
6 mayo, 2014 Venezuela
La Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, destacó la noche de este lunes que el Estado venezolano ha mostrado transparencia en su interés por mostrar la verdad al mundo, sobre los hechos de violencia desatados por sectores de derecha que han arrojado 41 personas fallecidas.
Ortega Díaz resaltó que han sido privadas de libertad 197 personas y solo 14 de ellas han acreditado su condición de estudiantes. “Es decir que no es cierto que la mayoría de las personas que está detenidas son estudiantes, son muy pocos”, señaló.
“Tenemos por derechos fundamentales 142 investigaciones iniciadas, hay algunas investigaciones que ya concluyeron (…) incluso se formuló algunas acusaciones, eso evidencia el interés que tiene el Estado venezolano en que se esclarezcan aquellos casos donde aparecen como responsables algunos funcionarios”, dijo.
Detalló durante el programa Con el Mazo Dando, transmitido por Venezolana de Televisión, que del número de víctimas fatales, 8 son funcionarios públicos, la mayoría de ellos pertenecientes a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y un fiscal del Ministerio Público.
Asimismo, precisó que desde el inicio de las acciones vandálicas originadas por las llamadas guarimbas a partir del 12 de febrero de este año, 785 personas han resultado lesionadas, de las cuales 275 son funcionarios públicos otras 510 civiles.
Cuestionó los actos violentos que se escenificaron este lunes en el municipio Chacao del estado Miranda, así como el incendio a la biblioteca de la Universidad Fermín Toro del estado Lara.
Indicó que es muy extraño que los ataques se produzcan contra instituciones que prestan servicio en función de atender a los más pobres, principalmente en el área educativa.
Informó que el comandante de la GNB, Justo Noguera Pietri, puso a la orden del MP las personas señaladas como presuntos responsables del homicidio de la joven Geraldine Moreno.
“El Estado ha mostrado transparencia, el Estado se ha mostrado como ha sido durante estos últimos 15 años, que no quiere ocultar nada, que quiere mostrarle la verdad al país y al mundo”, apuntó.
Enfatizó la necesidad de dar a conocer la verdad sobre estas manifestaciones en la que participan sectores opositores. “Se han escenificado manifestaciones violentas, con armas, más de 2 mil armas han sido incautadas”, puntualizó.
Acotó que el Estado debe actuar de manera contundente, en aras de garantizar la justicia y evitar la impunidad.
http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/casi-200-personas-han-sido-privados-libertad-venezuela-por-acciones-vandalicas-solo-14-son-estudiantes/
Violentos incendiaron Universidad Fermín Toro de Barquisimeto: Bomberos controlan las llamas
Efectivos del Cuerpo de Bomberos del municipio Iribarren del estado Lara, controlaron en la noche de este lunes un incendio que se generó en la sede de la Universidad Fermín Toro (UFT), situada en el sector El Ujano, en el este de Barquisimeto. El comandante del cuerpo de bomberos de la ciudad, Steven Castillo, informó que tras el evento “no hay lesionados pero sí pérdidas materiales”.
Señaló que una vez sofocadas totalmente las llamas, comenzarán las investigaciones para determinar el origen de las llamas.
El fuego se inició a primeras horas de la noche, luego de que grupos violentos se apostaran en la avenida Hermann Garmendia, donde se encuentra la sede de esa universidad privada. El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), Vladimir Padrino López, añadió que este lunes grupos de la extrema derecha también incendiaron vehículos en las inmediaciones del recinto universitario.
http://albaciudad.org/wp/index.php/2014/05/controlado-incendio-provocado-por-violentos-en-la-universidad-fermin-toro-de-barquisimeto/
Incendian un vehículo de la GNB frente a Pdvsa La Estancia en Chacao
Un vehículo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fue incendiado la noche de este lunes en la urbanización Altamira del municipio Chacao, en el Distrito Metropolitano de Caracas.
La información fue reportada inicialmente por usuarios de la red social Twitter, quienes publicaron imágenes en diferentes ángulos de la camioneta en llamas frente a la sede de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) La Estancia, en la avenida Francisco de Miranda.
Entretanto, la estación Altamira del Metro de Caracas fue cerrada, informó Juan Solano, coordinador general de Vigilancia y Transporte Terrestre del municipio Chacao.
Por su parte, el jefe del Comando Regional (Core) número 5, Manuel Quevedo, sostuvo que el hecho vandálico forma “parte de acciones aisladas y con objetivos selectivos de los reductos violentos”.
Precisó que el suceso ocurrió a 200 metros de las carpas que tienen instaladas grupos opositores en las inmediaciones de la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) desde hace varias semanas.
“Atacaron a los efectivos por la espalda, como cobardes, con bombas molotov, cohetones”, indicó Quevedo durante un contacto informativo transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).
Los efectivos de la GNB regresaban de una actividad de la Superintendencia de Precios Justos, donde desempeñaban funciones de apoyo.
“Estos grupos andan de manera aislada buscando a quien le puedan causar un daño, atacando de forma cobarde a los efectivos y quemaron la unidad sin ningún tipo de consideración”, apuntó.
Quevedo añadió que tras los hechos se procedió a realizar las primeras investigaciones. “Una vez que tengamos todos los elementos de convicción los estaremos presentando a la justicia yluego irán a la cárcel, donde tienen que estar“, acotó.
Los tres efectivos que tripulaban la unidad fueron trasladados a un centro médico asistencial, donde se encuentran ilesos.
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/237350/incendian-un-vehiculo-de-la-gnb-frente-a-pdvsa-la-estancia-en-chacao/
Relator de la ONU afirma que tortura policial es práctica generalizada en el país
Relator de la ONU afirma que tortura policial es práctica generalizada en el país
5 mayo, 2014 México
La tortura que efectúan las corporaciones policiacas tanto estatales como municipales y federales, incluso militares y marinos, es generalizada en México y se trata de una especie de endemia”, aseguró Juan Méndez, relator especial de la ONU en la materia.
Como parte de los resultados preliminares de su visita al país, a fin de hacer un informe para la organización internacional sobre la tortura y otros tratos, como penas crueles, inhumanas y denigrantes, explicó que estos hechos ocurren al momento de las detenciones.
“Aún existe en México una situación generalizada del uso de la tortura y malos tratos como medio de investigación criminal, pero con mayor intensidad en los delitos relacionados con la delincuencia organizada.
“El uso de la tortura y malos tratos aparecen excesivamente relacionada en la obtención forzada de confesiones y en la averiguación de información”, enfatizó.
En conferencia, el relator de la ONU abundó que de acuerdo con la información que recabó durante su visita de 14 días en al menos seis entidades, los casos de tortura se presentan en vehículos, durante el traslado a un Ministerio Público o en “casas de seguridad”.
Detalló que la tortura se produce en cuestión de horas y “aparentemente” termina cuando el juez recibe la indagatoria.
Méndez puntualizó que al utilizar la palabra “generalizada”, se refiere a que “prácticamente no hay corporaciones que se dediquen al arresto y la detención de personas que no hayan recibido denuncias”.
“Elegí con cuidado el término (generalizada), porque no quise decir que sea deliberada ni sistemática (la tortura) o que haya altos dirigentes estatales que ordenen o impulsen la comisión de estas atrocidades, pero sí quiero decir que hay una presencia plenamente del maltrato en un momento de la detención
“Cuando digo generalizada, quise referirme a que las denuncias que he recibido se refieren prácticamente a todas las corporaciones que hacen arrestos en este país desde el Ejército y la Marina hasta municipales, federales y los estatales”, detalló.
El relator de la ONU mostró su preocupación por estos hechos, aunque aseguró que “está en camino de corregirse”.
“Me hubiera gustado poder decir que la tortura es aislada en México. Me hubiera gustado decir que son cuestiones que se pueden corregir rápidamente, pero tengo la obligación de decir al gobierno de México, pero también a la sociedad mexicana, que hay una especie de endemia de la tortura que hay que corregir”, subrayó.
Méndez aclaró que esta información es preliminar y se la hizo saber inmediatamente a autoridades del gobierno federal, al que, dijo, enviará recomendaciones a través del informe que comenzará a redactar para entregárselo a la Organización de las Naciones Unidas.
Estimó que en aproximadamente cuatro semanas concluya este estudio tras su visita por el Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León, Baja California, Nayarit y Chiapas, que tambien entregará al gobierno federal.
De igual forma, Méndez precisó que durante su estancia en México, desde el pasado 21 de abril, se entrevistó con autoridades federales, estatales, víctimas del delito y asociaciones civiles.
Abundó que visitó centros de arraigo, de justicia para adolescentes, así como diversos Centros de Reinserción Sociales e instalaciones psiquiátricas, entre otros lugares.
Méndez fue invitado por el gobierno federal, al que le agradeció el “excelente apoyo” durante esta visita.
http://www.milenio.com/politica/Persiste-tortura-corporaciones-Mexico-ONU_0_292170839.html
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5 mayo, 2014 México
La tortura que efectúan las corporaciones policiacas tanto estatales como municipales y federales, incluso militares y marinos, es generalizada en México y se trata de una especie de endemia”, aseguró Juan Méndez, relator especial de la ONU en la materia.
Como parte de los resultados preliminares de su visita al país, a fin de hacer un informe para la organización internacional sobre la tortura y otros tratos, como penas crueles, inhumanas y denigrantes, explicó que estos hechos ocurren al momento de las detenciones.
“Aún existe en México una situación generalizada del uso de la tortura y malos tratos como medio de investigación criminal, pero con mayor intensidad en los delitos relacionados con la delincuencia organizada.
“El uso de la tortura y malos tratos aparecen excesivamente relacionada en la obtención forzada de confesiones y en la averiguación de información”, enfatizó.
En conferencia, el relator de la ONU abundó que de acuerdo con la información que recabó durante su visita de 14 días en al menos seis entidades, los casos de tortura se presentan en vehículos, durante el traslado a un Ministerio Público o en “casas de seguridad”.
Detalló que la tortura se produce en cuestión de horas y “aparentemente” termina cuando el juez recibe la indagatoria.
Méndez puntualizó que al utilizar la palabra “generalizada”, se refiere a que “prácticamente no hay corporaciones que se dediquen al arresto y la detención de personas que no hayan recibido denuncias”.
“Elegí con cuidado el término (generalizada), porque no quise decir que sea deliberada ni sistemática (la tortura) o que haya altos dirigentes estatales que ordenen o impulsen la comisión de estas atrocidades, pero sí quiero decir que hay una presencia plenamente del maltrato en un momento de la detención
“Cuando digo generalizada, quise referirme a que las denuncias que he recibido se refieren prácticamente a todas las corporaciones que hacen arrestos en este país desde el Ejército y la Marina hasta municipales, federales y los estatales”, detalló.
El relator de la ONU mostró su preocupación por estos hechos, aunque aseguró que “está en camino de corregirse”.
“Me hubiera gustado poder decir que la tortura es aislada en México. Me hubiera gustado decir que son cuestiones que se pueden corregir rápidamente, pero tengo la obligación de decir al gobierno de México, pero también a la sociedad mexicana, que hay una especie de endemia de la tortura que hay que corregir”, subrayó.
Méndez aclaró que esta información es preliminar y se la hizo saber inmediatamente a autoridades del gobierno federal, al que, dijo, enviará recomendaciones a través del informe que comenzará a redactar para entregárselo a la Organización de las Naciones Unidas.
Estimó que en aproximadamente cuatro semanas concluya este estudio tras su visita por el Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León, Baja California, Nayarit y Chiapas, que tambien entregará al gobierno federal.
De igual forma, Méndez precisó que durante su estancia en México, desde el pasado 21 de abril, se entrevistó con autoridades federales, estatales, víctimas del delito y asociaciones civiles.
Abundó que visitó centros de arraigo, de justicia para adolescentes, así como diversos Centros de Reinserción Sociales e instalaciones psiquiátricas, entre otros lugares.
Méndez fue invitado por el gobierno federal, al que le agradeció el “excelente apoyo” durante esta visita.
http://www.milenio.com/politica/Persiste-tortura-corporaciones-Mexico-ONU_0_292170839.html
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Condenan a muerte a 683 islamistas, incluido el líder de Hermanos Musulmanes
EGIPTO
Condenan a muerte a 683 islamistas, incluido el líder de Hermanos Musulmanes
Lo que quedo de la primavera arabe...
EL CAIRO (Uypress) — Un tribunal egipcio condenó a muerte este lunes a 683 islamistas, seguidores del depuesto presidente Mohamed Mursi, incluido el líder de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Badie.
Esta condena se suma a otro juzgamiento masivo que se dio en marzo de este año, cuando un tribunal decidió condenar a muerte a otras 529 personas consideradas islamistas o sospechosas de apoyar a Mursi y a los Hermanos Musulmanes.
El gobierno de facto que gobierna Egipto desde el 3 de julio de 2013 calificó a la Hermandad Musulmana como "organización terrorista" a fines del mismo año. Desde entonces se han sucedido juicios, la mayoría de las personas juzgadas "en rebeldía", con condenas sumarias o perpetuas, que establecen una fuerte persecución a los islamistas.
Badie y los otros 682 seguidores del presidente depuesto de Egipto, Mohamed Mursi, están acusados por un ataque contra una comisaria registrado en agosto de 2013. El mismo tribunal ha conmutado la pena de muerte impuesta en marzo a otros 529 acusados por cadena perpetua.
En la audiencia de este lunes 28, las familias de los condenados estallaron en llantos y gritos al conocer las sentencias, e insistieron en que sus allegados son inocentes, informaron agencias internacionales.
La decisión judicial de condenar a muerte a un número tan elevado de personas no tiene precedentes en la historia de Egipto y ha despertado la críticas de países occidentales y de organismos de derechos humanos.
ac
Condenan a muerte a 683 islamistas, incluido el líder de Hermanos Musulmanes
Lo que quedo de la primavera arabe...
EL CAIRO (Uypress) — Un tribunal egipcio condenó a muerte este lunes a 683 islamistas, seguidores del depuesto presidente Mohamed Mursi, incluido el líder de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Badie.
Esta condena se suma a otro juzgamiento masivo que se dio en marzo de este año, cuando un tribunal decidió condenar a muerte a otras 529 personas consideradas islamistas o sospechosas de apoyar a Mursi y a los Hermanos Musulmanes.
El gobierno de facto que gobierna Egipto desde el 3 de julio de 2013 calificó a la Hermandad Musulmana como "organización terrorista" a fines del mismo año. Desde entonces se han sucedido juicios, la mayoría de las personas juzgadas "en rebeldía", con condenas sumarias o perpetuas, que establecen una fuerte persecución a los islamistas.
Badie y los otros 682 seguidores del presidente depuesto de Egipto, Mohamed Mursi, están acusados por un ataque contra una comisaria registrado en agosto de 2013. El mismo tribunal ha conmutado la pena de muerte impuesta en marzo a otros 529 acusados por cadena perpetua.
En la audiencia de este lunes 28, las familias de los condenados estallaron en llantos y gritos al conocer las sentencias, e insistieron en que sus allegados son inocentes, informaron agencias internacionales.
La decisión judicial de condenar a muerte a un número tan elevado de personas no tiene precedentes en la historia de Egipto y ha despertado la críticas de países occidentales y de organismos de derechos humanos.
ac
Mercosur, cosecha histórica de soja
RECORD
Mercosur, cosecha histórica de soja
LAS PENAS SON DE NOSOTROS, LA SOJITA ES AJENA...
MONTEVIDEO (Uypress) La cosecha de la soja, la más importante de la historia comenzó en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, cuatro integrantes del Mercosur que controlan la mitad de la producción mundial de esta oleaginosa con más de 150 millones de toneladas. China consume un cuarto de toda la producción del planeta.
Con precios que no son los más altos de la historia, pero que se mantienen elevados, la cosecha de soja ha comenzado y las autoridades esperan que este año se bata una marca histórica en la zafra. Los buenos precios de las materias primas agrícolas aseguran el ingreso de divisas en estos países.
China acapara un cuarto del consumo mundial de soja y más de la mitad de las importaciones. EE UU y la Unión Europea también son importantes demandantes. La oleaginosa es usada tanto para alimento humano como animal y, en menor medida, para biocombustibles. El cultivo de sus semillas transgénicas se han expandido en EE UU y Mercosur ante la elevada cotización de su producción y su resistencia a diversos climas. Es así que la soja ha desplazado en algunas regiones a la actividad ganadera, al maíz o el trigo y a los bosques, como en la Amazonia brasileña o la región chaqueña de Argentina. Mercosur exporta la oleaginosa en forma de grano o lo procesa como aceite, harina para alimentar vacas, cerdos o pollos o para producir combustible.
En Brasil que es, luego de los EE.UU. el segundo productor mundial de soja, la Compañía Nacional de Abastecimiento predijo esta semana que la recolección llegará a un récord de 86,1 millones de toneladas. En enero se preveía que la cosecha incluso iba a superar a la norteamericana, pero no fue así por una sequía en el primer trimestre del año en el sur del país.
En Argentina, tercer productor mundial de la oleaginosa, las autoridades apuestan a una cosecha histórica de un cultivo tan bien cotizado para asegurar el ingreso de dinero por exportaciones y contrarrestar así la escasez de divisas que provocó en enero pasado la devaluación del peso. El Banco Central, que ha logrado domar la cotización de la moneda desde febrero con un alza de tipos de interés que enfrió la economía, sabe que es tiempo de zafra de dólares para sus reservas con la mira puesta en lo que pueda suceder en el segundo semestre de 2014. La recolección de soja se extiende a la largo de este segundo trimestre. Por esa sed de divisas, el jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, se apresuró esta semana a disolver las amenazas de una huelga de trabajadores en los puertos sojeros de Rosario. Argentina es además el único país de Mercosur que cobra impuestos a la exportación, que llegan al 35% en el caso de la soja. Por tanto, el Gobierno de Cristina Kirchner también espera esta cosecha para reducir el déficit fiscal financiado hasta ahora con emisión monetaria.
La Bolsa de Comercio de Rosario, ciudad que centraliza el acopio, el procesamiento y la exportación del grano, prevé también una marca histórica en la cosecha en Argentina: 54 millones de toneladas. Lo que no está claro que es si toda esa producción se va a vender. Muchos agricultores, que se mantienen en la oposición al Gobierno kirchnerista desde el conflicto impositivo que los enfrentó en 2008, optarán por guardar los granos en silos plásticos porque temen cambiarlos ahora por unos pesos que el día de mañana puedan volver a devaluarse. Prefieren ahorrar en soja, que después podrán cambiarla directamente por semillas o camionetas. La oleaginosa, como el resto de las materias primas, cotiza en dólares. Pero también están los productores que necesitan liquidar su zafra para vivir y pagar sus cuentas. Pese a su enfrentamiento con el Gobierno, la situación de los agricultores y de los pueblos y ciudades que rodean sus campos ha mejorado gracias a los altos precios de la soja desde que en 2003 la demanda de alimentos de la creciente clase media de China los elevó.
Paraguay, sexto productor mundial de soja, detrás de China e India, prevé que este año cosechará 8 millones de toneladas. La recolección será menor a la de 2013 por falta de lluvias y elevadas temperaturas.
En Uruguay, octavo productor mundial, detrás de Canadá y delante de Bolivia, se anticipa un récord de exportación de soja de 3,7 millones de toneladas. En menos de diez años, la soja se convirtió en el primer producto de exportación de Uruguay, con lo que destronó por estrecho margen a la carne vacuna, durante varios siglos sector dominante de la economía nacional. La soja juega un importante papel en el crecimiento económico que vive el país. El año pasado Uruguay se expandió más del 4,4%.
En estos días de cosecha, enormes máquinas de colores vivos invaden los campos uruguayos, mientras a un ritmo frenético los camiones desfilan por las carreteras rumbo al Puerto de Nueva Palmira.
Este año se calcula que la superficie de siembra de soja se ha incrementado de nuevo en Uruguay, entre el 10% y el 15%, por lo que alcanzará a 1,5 millones de hectáreas. En diez años, Uruguay multiplicó por 12 la cantidad de exportaciones agrícolas.
"No nos llenamos de plata (dinero), tenemos un margen muy chico de beneficios", se queja Alberto Urrestarázu, representante de la Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios, que nuclea a los contratistas que alquilan maquinaria para la zafra. Urrestarázu opina que el sector agrícola no ha desembolsado todavía las fuertes inversiones que debería para dar el salto tecnológico que requiere la soja.
El pasado febrero los actores de la cadena de producción agrícola uruguaya pusieron el grito en el cielo cuando el expresidente Tabaré Vázquez, favorito de cara a las elecciones generales de octubre próximo, anunció más impuestos para los "poderosos estancieros". Los sucesivos Gobiernos uruguayos han evitado gravar con tasas específicas a los agricultores, que tributan lo mismo que el resto de las empresas. Según fuentes oficiales, el agro pagó en 2013 unos 350 millones de dólares de impuestos, una cifra más que modesta. Esta cantidad vendría a representar el 10% del PIB del sector agrícola-ganadero.
El presidente de Uruguay, José Mujica, defendió a su correligionario Vázquez, del Frente Amplio (izquierda): "Todo el campo uruguayo en 2002 podía valer unos 7.000 millones de dólares, pero hoy vale unos 60.000 millones. Tal vez se pueda poner un poco más". Lázaro Baciagalupe, presidente de la Asociación Agropecuaria de Dolores, en el departamento de Soriano, no está para nada de acuerdo con Mujica: "Los productores pagan lo suficiente y hasta demasiado por lo que se reinvierte en infraestructuras". Esa es la principal queja del sector rural uruguayo: las carreteras están destrozadas, los puertos no dan abasto, la promesa de una red ferroviaria de mercancías nunca se cumplió.
De algún modo, Montevideo y el resto del país mantienen un statu quo: el Estado invierte poco, los productores apenas pagan impuestos. Claro que la evocación del sistema tributario argentino, con derechos de exportación, provoca auténticas reacciones de pavor entre los agricultores uruguayos. "Es veneno, es Siria", dice uno de ellos. En Argentina, un candidato presidencial para las elecciones de 2015, el conservador Mauricio Macri, les ha prometido a los agricultores la eliminación de los impuestos a la exportación, mientras que diversos economistas los consideran necesarios para evitar el impacto inflacionario de la devaluación y para capturar parte de la renta de una tierra poco distribuida para financiar el gasto social y el desarrollo de industrias y servicios exportables, que no dependan de los vaivenes que en forma cíclica sufren los precios de las materias primas. Pero, de momento, el ciclo de la soja cara continúa
Mercosur, cosecha histórica de soja
LAS PENAS SON DE NOSOTROS, LA SOJITA ES AJENA...
MONTEVIDEO (Uypress) La cosecha de la soja, la más importante de la historia comenzó en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, cuatro integrantes del Mercosur que controlan la mitad de la producción mundial de esta oleaginosa con más de 150 millones de toneladas. China consume un cuarto de toda la producción del planeta.
Con precios que no son los más altos de la historia, pero que se mantienen elevados, la cosecha de soja ha comenzado y las autoridades esperan que este año se bata una marca histórica en la zafra. Los buenos precios de las materias primas agrícolas aseguran el ingreso de divisas en estos países.
China acapara un cuarto del consumo mundial de soja y más de la mitad de las importaciones. EE UU y la Unión Europea también son importantes demandantes. La oleaginosa es usada tanto para alimento humano como animal y, en menor medida, para biocombustibles. El cultivo de sus semillas transgénicas se han expandido en EE UU y Mercosur ante la elevada cotización de su producción y su resistencia a diversos climas. Es así que la soja ha desplazado en algunas regiones a la actividad ganadera, al maíz o el trigo y a los bosques, como en la Amazonia brasileña o la región chaqueña de Argentina. Mercosur exporta la oleaginosa en forma de grano o lo procesa como aceite, harina para alimentar vacas, cerdos o pollos o para producir combustible.
En Brasil que es, luego de los EE.UU. el segundo productor mundial de soja, la Compañía Nacional de Abastecimiento predijo esta semana que la recolección llegará a un récord de 86,1 millones de toneladas. En enero se preveía que la cosecha incluso iba a superar a la norteamericana, pero no fue así por una sequía en el primer trimestre del año en el sur del país.
En Argentina, tercer productor mundial de la oleaginosa, las autoridades apuestan a una cosecha histórica de un cultivo tan bien cotizado para asegurar el ingreso de dinero por exportaciones y contrarrestar así la escasez de divisas que provocó en enero pasado la devaluación del peso. El Banco Central, que ha logrado domar la cotización de la moneda desde febrero con un alza de tipos de interés que enfrió la economía, sabe que es tiempo de zafra de dólares para sus reservas con la mira puesta en lo que pueda suceder en el segundo semestre de 2014. La recolección de soja se extiende a la largo de este segundo trimestre. Por esa sed de divisas, el jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, se apresuró esta semana a disolver las amenazas de una huelga de trabajadores en los puertos sojeros de Rosario. Argentina es además el único país de Mercosur que cobra impuestos a la exportación, que llegan al 35% en el caso de la soja. Por tanto, el Gobierno de Cristina Kirchner también espera esta cosecha para reducir el déficit fiscal financiado hasta ahora con emisión monetaria.
La Bolsa de Comercio de Rosario, ciudad que centraliza el acopio, el procesamiento y la exportación del grano, prevé también una marca histórica en la cosecha en Argentina: 54 millones de toneladas. Lo que no está claro que es si toda esa producción se va a vender. Muchos agricultores, que se mantienen en la oposición al Gobierno kirchnerista desde el conflicto impositivo que los enfrentó en 2008, optarán por guardar los granos en silos plásticos porque temen cambiarlos ahora por unos pesos que el día de mañana puedan volver a devaluarse. Prefieren ahorrar en soja, que después podrán cambiarla directamente por semillas o camionetas. La oleaginosa, como el resto de las materias primas, cotiza en dólares. Pero también están los productores que necesitan liquidar su zafra para vivir y pagar sus cuentas. Pese a su enfrentamiento con el Gobierno, la situación de los agricultores y de los pueblos y ciudades que rodean sus campos ha mejorado gracias a los altos precios de la soja desde que en 2003 la demanda de alimentos de la creciente clase media de China los elevó.
Paraguay, sexto productor mundial de soja, detrás de China e India, prevé que este año cosechará 8 millones de toneladas. La recolección será menor a la de 2013 por falta de lluvias y elevadas temperaturas.
En Uruguay, octavo productor mundial, detrás de Canadá y delante de Bolivia, se anticipa un récord de exportación de soja de 3,7 millones de toneladas. En menos de diez años, la soja se convirtió en el primer producto de exportación de Uruguay, con lo que destronó por estrecho margen a la carne vacuna, durante varios siglos sector dominante de la economía nacional. La soja juega un importante papel en el crecimiento económico que vive el país. El año pasado Uruguay se expandió más del 4,4%.
En estos días de cosecha, enormes máquinas de colores vivos invaden los campos uruguayos, mientras a un ritmo frenético los camiones desfilan por las carreteras rumbo al Puerto de Nueva Palmira.
Este año se calcula que la superficie de siembra de soja se ha incrementado de nuevo en Uruguay, entre el 10% y el 15%, por lo que alcanzará a 1,5 millones de hectáreas. En diez años, Uruguay multiplicó por 12 la cantidad de exportaciones agrícolas.
"No nos llenamos de plata (dinero), tenemos un margen muy chico de beneficios", se queja Alberto Urrestarázu, representante de la Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios, que nuclea a los contratistas que alquilan maquinaria para la zafra. Urrestarázu opina que el sector agrícola no ha desembolsado todavía las fuertes inversiones que debería para dar el salto tecnológico que requiere la soja.
El pasado febrero los actores de la cadena de producción agrícola uruguaya pusieron el grito en el cielo cuando el expresidente Tabaré Vázquez, favorito de cara a las elecciones generales de octubre próximo, anunció más impuestos para los "poderosos estancieros". Los sucesivos Gobiernos uruguayos han evitado gravar con tasas específicas a los agricultores, que tributan lo mismo que el resto de las empresas. Según fuentes oficiales, el agro pagó en 2013 unos 350 millones de dólares de impuestos, una cifra más que modesta. Esta cantidad vendría a representar el 10% del PIB del sector agrícola-ganadero.
El presidente de Uruguay, José Mujica, defendió a su correligionario Vázquez, del Frente Amplio (izquierda): "Todo el campo uruguayo en 2002 podía valer unos 7.000 millones de dólares, pero hoy vale unos 60.000 millones. Tal vez se pueda poner un poco más". Lázaro Baciagalupe, presidente de la Asociación Agropecuaria de Dolores, en el departamento de Soriano, no está para nada de acuerdo con Mujica: "Los productores pagan lo suficiente y hasta demasiado por lo que se reinvierte en infraestructuras". Esa es la principal queja del sector rural uruguayo: las carreteras están destrozadas, los puertos no dan abasto, la promesa de una red ferroviaria de mercancías nunca se cumplió.
De algún modo, Montevideo y el resto del país mantienen un statu quo: el Estado invierte poco, los productores apenas pagan impuestos. Claro que la evocación del sistema tributario argentino, con derechos de exportación, provoca auténticas reacciones de pavor entre los agricultores uruguayos. "Es veneno, es Siria", dice uno de ellos. En Argentina, un candidato presidencial para las elecciones de 2015, el conservador Mauricio Macri, les ha prometido a los agricultores la eliminación de los impuestos a la exportación, mientras que diversos economistas los consideran necesarios para evitar el impacto inflacionario de la devaluación y para capturar parte de la renta de una tierra poco distribuida para financiar el gasto social y el desarrollo de industrias y servicios exportables, que no dependan de los vaivenes que en forma cíclica sufren los precios de las materias primas. Pero, de momento, el ciclo de la soja cara continúa
5 may 2014
Uruguay ofrece refugio a niños y mujeres sirias
Uruguay ofrece refugio a niños y mujeres sirias
Uruguay ofrecerá ser refugio de niños y mujeres sirias que se encuentran en calidad de refugiados en Jordania, en el campo de Zaatari. El campo fue inaugurado el 28 de julio del año 2012. Allí hay más de 140 mil refugiados y, según pudo comprobar el ministro de relaciones exteriores Luis Almagro que recientemente visitó países del cercano Oriente, “el 25% de los refugiados son menores de 8 años” y algunos de ellos están acompañados únicamente por su madre “y otros son huérfanos”.
Según ilustró desde la apertura del campamento se han producido reiteradas manifestaciones llevadas a cabo por la población de refugiados. La principal preocupación se refiere a la falta de suministros de alimentos y de alojamiento. El campamento ha sido testigo de un creciente número de denuncias de delitos, como la prostitución y el tráfico de drogas.
Estos hechos han despertado el interés del presidente Mujica que en la pasada sesión del Consejo de Ministros propuso la medida de “tender una mano” a estas personas.
Ayer, el canciller luego de comparecer en régimen de comisión general del Senado (ver nota aparte), confirmó a LA REPÚBLICA que “la idea del Presidente es brindar opciones de salida de los niños y viudas con hijos, aplicando los principios artiguistas para que tengan una mejor condición de vida”.
Adelantó que el gobierno implementará el mecanismo conjuntamente con Acnur, la oficina internacional de refugiados “para dar una implementación de la mejor manera. Nuestra idea es que vengan a Uruguay en calidad de refugiados; están refugiados en Jordania y pasarían a ser refugiados en Uruguay”, detalló el canciller.
Ayer, en su audición semanal por radios del Estado, Mujica interpeló a los uruguayos aludiendo al valor de la solidaridad y apelando a la “madurez de nuestra sociedad”. El Presidente lanzó la posibilidad de “consultar” a la ciudadanía sobre si “no estamos en condiciones de socorrer en algo a los niños sirios abandonados en los campos de refugiados a consecuencia de la guerra”. “Ofrecer al mundo una mano no significa tener hijos robados del dolor, sino una práctica familiar de la solidaridad”, aclaró.
Y públicamente si no valdría la pena que “nuestra sociedad levante un poco la cabeza y sea capaz de socorrerlos”.
Almagro agregó que otra vía de ayuda a los refugiados sirios sería el envío de provisiones. Esto se implementaría a través del Sistema Nacional de Emergencia y en coordinación con organismos internacionales de ayuda a poblaciones en riesgo.
http://www.republica.com.uy/una-mano-al-mundo/
Uruguay ofrecerá ser refugio de niños y mujeres sirias que se encuentran en calidad de refugiados en Jordania, en el campo de Zaatari. El campo fue inaugurado el 28 de julio del año 2012. Allí hay más de 140 mil refugiados y, según pudo comprobar el ministro de relaciones exteriores Luis Almagro que recientemente visitó países del cercano Oriente, “el 25% de los refugiados son menores de 8 años” y algunos de ellos están acompañados únicamente por su madre “y otros son huérfanos”.
Según ilustró desde la apertura del campamento se han producido reiteradas manifestaciones llevadas a cabo por la población de refugiados. La principal preocupación se refiere a la falta de suministros de alimentos y de alojamiento. El campamento ha sido testigo de un creciente número de denuncias de delitos, como la prostitución y el tráfico de drogas.
Estos hechos han despertado el interés del presidente Mujica que en la pasada sesión del Consejo de Ministros propuso la medida de “tender una mano” a estas personas.
Ayer, el canciller luego de comparecer en régimen de comisión general del Senado (ver nota aparte), confirmó a LA REPÚBLICA que “la idea del Presidente es brindar opciones de salida de los niños y viudas con hijos, aplicando los principios artiguistas para que tengan una mejor condición de vida”.
Adelantó que el gobierno implementará el mecanismo conjuntamente con Acnur, la oficina internacional de refugiados “para dar una implementación de la mejor manera. Nuestra idea es que vengan a Uruguay en calidad de refugiados; están refugiados en Jordania y pasarían a ser refugiados en Uruguay”, detalló el canciller.
Ayer, en su audición semanal por radios del Estado, Mujica interpeló a los uruguayos aludiendo al valor de la solidaridad y apelando a la “madurez de nuestra sociedad”. El Presidente lanzó la posibilidad de “consultar” a la ciudadanía sobre si “no estamos en condiciones de socorrer en algo a los niños sirios abandonados en los campos de refugiados a consecuencia de la guerra”. “Ofrecer al mundo una mano no significa tener hijos robados del dolor, sino una práctica familiar de la solidaridad”, aclaró.
Y públicamente si no valdría la pena que “nuestra sociedad levante un poco la cabeza y sea capaz de socorrerlos”.
Almagro agregó que otra vía de ayuda a los refugiados sirios sería el envío de provisiones. Esto se implementaría a través del Sistema Nacional de Emergencia y en coordinación con organismos internacionales de ayuda a poblaciones en riesgo.
http://www.republica.com.uy/una-mano-al-mundo/
¿Qué Panamá somos hoy?
¿Qué Panamá somos hoy?
Por Ernesto A. Holder
5 mayo, 2014 Opinión
Todos los candidatos expresaron que hoy, 5 de mayo, después de los comicios realizados ayer, todos somos Panamá. La pregunta que cabe es: ¿Qué Panamá somos?
Anteriormente había dejado claro que ninguna de las tres principales propuestas electoreras podían resolver los problemas más profundas de la sociedad panameña. Problemas que no tienen que ver con cemento ni repartición de dinero, sino con nuestra condición humana.
Si este proceso politiquero es la medida de lo que somos a inicios del aún naciente milenio, una imagen cuestionada tendrán los que nos estudian en el futuro. Deberíamos estar preocupados por lo que estas elecciones han expuesto. Línea por línea ha dibujado claramente nuestra conducta malsana y la excesiva tolerancia que la mayoría le tiene o, con que acepta los comportamientos perversos e irrespetuosos. El momento debe servir de reflexión introspectiva. Decía José Ingenieros: ‘Cuando las miserias morales asolan a un país, culpa es de todos los que por falta de cultura y de ideal no han sabido amarlo como patria…’.
Para el nuevo presidente, Juan Carlos Varela, es urgente dar inicio a lo que será una labor escabrosa y de cuidado para recobrar y perfeccionar el respeto por la institucionalidad. Una institucionalidad, hasta hace cinco años imperfecta, que sucumbió totalmente en este último quinquenio a las ansias de poder y control del Órgano Ejecutivo, comprometiendo peligrosamente el balance social. Habrán cuestionamientos, retos y amenazas, pero la tarea la debe cumplir.
Lo que más debemos saber en la intención de hacer lo justo por adecentar el país, es que de todas las cosas que hemos experimentado de esta proceso electorero, hay una que nos ha definido y que habla claramente de la sociedad que tenemos.
A pesar de que la elección pareciera un giro correctivo, la realidad es otra. Por no hablar del comportamiento juegavivo de nuestros coterráneos del barrio, los de mayores retos en el día a día, en muchos círculos sociales, entre personas que atienden sus deberes con seriedad, profesionales y con un grado aceptable de educación social, ha sido aceptado sin resquemor que ‘estos roban, pero dejan obras’. He perdido la cuenta de la cantidad de veces que escuché esto, por la vergüenza que me da la aceptación. Es como aceptar que ‘La señora que limpia en mi casa se lleva las cosas, pero limpia bien’, o el que lava el carro, ‘se lleva lo que hay en el monedero, pero lava bien el auto’. Sufren del síndrome del esclavo, muy bien planteado hace años en un escrito de Pedro Rivera titulado: ‘La nostalgia por el Látigo’, donde esbozó la conducta de aceptación inequívoca del abuso bajo el alegato de que ‘amo dar latigazo, pero dar comida’.
A pesar de mi modo reservado y silencioso, lo he tenido que ser mucho más con gente que quiero mucho, familiares y amigos. Por más educados que se piensan. La ignorancia histórico-política, selectiva o consciente, no les permite ver las cosas desde la perspectiva del bien común. De lo que nos conviene a todos.
Revertir esa mentalidad, quizás sea el mayor reto. Lo dicen con seriedad, convencido de que es lo justo y lo mejor para el país. Enclaustrados en sus concepciones más intransigentes sobre sucesos del pasado, descalificando las otras ofertas electoreras, aunque tengan propuestas de adecentamiento de la cosa pública con algún valor evidente y de seriedad moral.
Con eso amanecemos hoy. Eso es lo que es Panamá. Los que buscaron el poder para seguir enriqueciéndose, los que aceptaron como bueno el transfugismo, la regaladera de cosas en los barrios y como noble la conducta del que regaló.
Guardemos los colores, las gorras y las banderas partidarias y junto a la bandera nacional sequemos la vergüenza.
Mucha responsabilidad tiene el presidente electo de la República, Juan Carlos Varela, con lo ocurrido en estos últimos cinco años. Él y su partido facilitaron el triunfo del actual gobierno y deben compartir la responsabilidad.
Pero tienen la oportunidad de enmendar, tienen que cumplir con todo lo prometido en campaña para iniciar el proceso de reconstrucción de nuestra condición de seres sociales respetuosos de las leyes y de la relación en sociedad. Por la votación emitida, en concreto, la propuesta del Movimiento Nueva República esa opción ha sido descartada a mucho pesar. Espero la considere como necesario para adecentar el país.
http://laestrella.com.pa/opinion/columnistas/panama-somos/23454364
Por Ernesto A. Holder
5 mayo, 2014 Opinión
Todos los candidatos expresaron que hoy, 5 de mayo, después de los comicios realizados ayer, todos somos Panamá. La pregunta que cabe es: ¿Qué Panamá somos?
Anteriormente había dejado claro que ninguna de las tres principales propuestas electoreras podían resolver los problemas más profundas de la sociedad panameña. Problemas que no tienen que ver con cemento ni repartición de dinero, sino con nuestra condición humana.
Si este proceso politiquero es la medida de lo que somos a inicios del aún naciente milenio, una imagen cuestionada tendrán los que nos estudian en el futuro. Deberíamos estar preocupados por lo que estas elecciones han expuesto. Línea por línea ha dibujado claramente nuestra conducta malsana y la excesiva tolerancia que la mayoría le tiene o, con que acepta los comportamientos perversos e irrespetuosos. El momento debe servir de reflexión introspectiva. Decía José Ingenieros: ‘Cuando las miserias morales asolan a un país, culpa es de todos los que por falta de cultura y de ideal no han sabido amarlo como patria…’.
Para el nuevo presidente, Juan Carlos Varela, es urgente dar inicio a lo que será una labor escabrosa y de cuidado para recobrar y perfeccionar el respeto por la institucionalidad. Una institucionalidad, hasta hace cinco años imperfecta, que sucumbió totalmente en este último quinquenio a las ansias de poder y control del Órgano Ejecutivo, comprometiendo peligrosamente el balance social. Habrán cuestionamientos, retos y amenazas, pero la tarea la debe cumplir.
Lo que más debemos saber en la intención de hacer lo justo por adecentar el país, es que de todas las cosas que hemos experimentado de esta proceso electorero, hay una que nos ha definido y que habla claramente de la sociedad que tenemos.
A pesar de que la elección pareciera un giro correctivo, la realidad es otra. Por no hablar del comportamiento juegavivo de nuestros coterráneos del barrio, los de mayores retos en el día a día, en muchos círculos sociales, entre personas que atienden sus deberes con seriedad, profesionales y con un grado aceptable de educación social, ha sido aceptado sin resquemor que ‘estos roban, pero dejan obras’. He perdido la cuenta de la cantidad de veces que escuché esto, por la vergüenza que me da la aceptación. Es como aceptar que ‘La señora que limpia en mi casa se lleva las cosas, pero limpia bien’, o el que lava el carro, ‘se lleva lo que hay en el monedero, pero lava bien el auto’. Sufren del síndrome del esclavo, muy bien planteado hace años en un escrito de Pedro Rivera titulado: ‘La nostalgia por el Látigo’, donde esbozó la conducta de aceptación inequívoca del abuso bajo el alegato de que ‘amo dar latigazo, pero dar comida’.
A pesar de mi modo reservado y silencioso, lo he tenido que ser mucho más con gente que quiero mucho, familiares y amigos. Por más educados que se piensan. La ignorancia histórico-política, selectiva o consciente, no les permite ver las cosas desde la perspectiva del bien común. De lo que nos conviene a todos.
Revertir esa mentalidad, quizás sea el mayor reto. Lo dicen con seriedad, convencido de que es lo justo y lo mejor para el país. Enclaustrados en sus concepciones más intransigentes sobre sucesos del pasado, descalificando las otras ofertas electoreras, aunque tengan propuestas de adecentamiento de la cosa pública con algún valor evidente y de seriedad moral.
Con eso amanecemos hoy. Eso es lo que es Panamá. Los que buscaron el poder para seguir enriqueciéndose, los que aceptaron como bueno el transfugismo, la regaladera de cosas en los barrios y como noble la conducta del que regaló.
Guardemos los colores, las gorras y las banderas partidarias y junto a la bandera nacional sequemos la vergüenza.
Mucha responsabilidad tiene el presidente electo de la República, Juan Carlos Varela, con lo ocurrido en estos últimos cinco años. Él y su partido facilitaron el triunfo del actual gobierno y deben compartir la responsabilidad.
Pero tienen la oportunidad de enmendar, tienen que cumplir con todo lo prometido en campaña para iniciar el proceso de reconstrucción de nuestra condición de seres sociales respetuosos de las leyes y de la relación en sociedad. Por la votación emitida, en concreto, la propuesta del Movimiento Nueva República esa opción ha sido descartada a mucho pesar. Espero la considere como necesario para adecentar el país.
http://laestrella.com.pa/opinion/columnistas/panama-somos/23454364
EEUU instalará 5 bases militares en Filipinas
EEUU instalará 5 bases militares en Filipinas
Publicado el 5/04/14 •
El gobierno filipino puede entregar cinco bases militares a Estados Unidos, según los primeros detalles conocidos de un convenio bilateral de defensa y seguridad, informó hoy un funcionario de la nación asiática.
De acuerdo con el vicesecretario filipino de Defensa Pío Batino, jefe del equipo negociador, el diálogo Manila-Washington entró en una fase que incluye la selección de instalaciones.
Lo estipulado de manera general en el pacto, facilitará a los militares estadounidenses el uso por 10 años de territorios filipinos para avituallar, reparar o de descanso de tripulaciones de aeronaves o buques de guerra.
En ese convenio, partes del cual las revelaron durante la visita del presidente Barack Obama a principios de semana, se menciona el enclave de la bahía de Subic como una de las plazas posibles.
Se trata de un antiguo local de reparaciones de la flota estadounidense con base en Japón y que por su ubicación estratégica (linda con el Mar de China Oriental) entra dentro de la estrategia del Pentágono en la región.
Batino solo mencionó a la instalación de Subic y eludió las otras cuatro, aunque se conoce del interés por el Fuerte Magsaysay, 100 kilómetros al norte de Manila, que con anterioridad acogió los participantes en ejercicios bélicos conjuntos Filipinas-EE.UU.
El gobierno del país asiático desea sellar todo lo referente al tratado antes del 30 de septiembre próximo.
En 1992, Manila rehusó extender un convenio similar con Washington, lo cual puso fin a casi 100 años de presencia militar norteamericana en esta nación asiática.
Esa decisión la adoptó el Parlamento filipino que incluyó dentro de la Carta Magna, un acápite contra la utilización del territorio nacional por tropas extranjeras.
De ahí que varios diputados rechazaron la medida del Gobierno de dar curso a las negociaciones del pacto militar con Estados Unidos y obviar el espíritu y la letra de la Constitución.
PL
Publicado el 5/04/14 •
El gobierno filipino puede entregar cinco bases militares a Estados Unidos, según los primeros detalles conocidos de un convenio bilateral de defensa y seguridad, informó hoy un funcionario de la nación asiática.
De acuerdo con el vicesecretario filipino de Defensa Pío Batino, jefe del equipo negociador, el diálogo Manila-Washington entró en una fase que incluye la selección de instalaciones.
Lo estipulado de manera general en el pacto, facilitará a los militares estadounidenses el uso por 10 años de territorios filipinos para avituallar, reparar o de descanso de tripulaciones de aeronaves o buques de guerra.
En ese convenio, partes del cual las revelaron durante la visita del presidente Barack Obama a principios de semana, se menciona el enclave de la bahía de Subic como una de las plazas posibles.
Se trata de un antiguo local de reparaciones de la flota estadounidense con base en Japón y que por su ubicación estratégica (linda con el Mar de China Oriental) entra dentro de la estrategia del Pentágono en la región.
Batino solo mencionó a la instalación de Subic y eludió las otras cuatro, aunque se conoce del interés por el Fuerte Magsaysay, 100 kilómetros al norte de Manila, que con anterioridad acogió los participantes en ejercicios bélicos conjuntos Filipinas-EE.UU.
El gobierno del país asiático desea sellar todo lo referente al tratado antes del 30 de septiembre próximo.
En 1992, Manila rehusó extender un convenio similar con Washington, lo cual puso fin a casi 100 años de presencia militar norteamericana en esta nación asiática.
Esa decisión la adoptó el Parlamento filipino que incluyó dentro de la Carta Magna, un acápite contra la utilización del territorio nacional por tropas extranjeras.
De ahí que varios diputados rechazaron la medida del Gobierno de dar curso a las negociaciones del pacto militar con Estados Unidos y obviar el espíritu y la letra de la Constitución.
PL
Chile es el Estado de peor distribución de ingresos de la OCDE
Chile es el Estado de peor distribución de ingresos de la OCDE
Los indicadores sociales comparados de los 34 países integrantes de la OCDE, que en el caso de Chile muestran lo sucedido entre 2006 y 2011, ratifica la gravedad de los problemas del país en esta esfera y los muy escasos esfuerzos efectuados por cambiar esta realidad: es el Estado de peor distribución de ingresos entre los integrantes de la organización, lejos del promedio de ellos; muestra el alto porcentaje de la población que consigna haber experimentado el problema de no disponer recursos monetarios suficientes para su alimentación o la de su núcleo familiar; el nivel de protección social es extraordinariamente insuficiente si se considera el porcentaje del PIB que el fisco destina a este objetivo; en 2011 –durante la administración Piñera- la confianza de la población en el gobierno y en las organizaciones financieras cayó bruscamente, están entre los más graves consignados en el documento. Ello es necesario tenerlo en cuenta cuando el país se encuentra en la víspera de que se conozca el proyecto de ley de reforma tributaria que no solo debe proporcionar recursos para el cumplimento del programa sino además debe aportar a mejorar la distribución de los ingresos. Es inaceptable que Chile figure entre los países de la OCDE en que la distribución empeora en vez de mejorar después de aplicar impuestos.
La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) hizo público sus indicadores Sociales Comparados para sus países miembros, entre los cuales se encuentra Chile desde la anterior administración de Michelle Bachelet. En el caso del país la comparación se efectuó entre los años 2006, previo a la crisis global y a la recesión chilena de 2008-2009, y 2011, o sea en la mitad de la administración de Sebastián Piñera. En general, las comparaciones fueron en un lapso de cinco años, preferentemente entre 2007 y 2012. En el análisis, Chile ocupó el último lugar en distribución del ingreso, con el agravante que en el lapso considerado no se registró prácticamente ningún mejoramiento, ya que se pasó de un coeficiente de Gini de 0,509 a 0,501, en un indicador donde cero es la perfecta igualdad y uno la perfecta desigualdad. En el período el coeficiente promedio de la OCDE tampoco tuvo modificación permaneciendo en 0,313 muy inferior al del país. La no modificación de la OCDE ratifica que la mala distribución del ingreso es un problema global, que no ha tenido mejoría en el lapso considerado. El otro país latinoamericano integrante de la OCDE, México, registró 0,46. El Panorama Social 2013 de la Cepal mostró que América Latina es la región del mundo de peor distribución del ingreso, existiendo países que tienen indicadores aún peores que los de Chile, como Brasil (coeficiente Gini 0,55) y Colombia (0,53).
Los datos negativos de Chile y México en distribución deben analizarse teniendo en cuenta que este último tiene el nivel de ingreso per cápita más reducido de todos los países integrantes de la OCDE y el de Chile corresponde solo a un 60% del promedio de sus miembros. “Chile es el único país OCDE –expresó Oscar Landerretche- cuyos impuestos no mejoran la distribución y donde predominan mecanismos (con el FUT y el DL 600) que en la práctica favorecen a la gran empresa, al conglomerado y a la multinacional por sobre los innovadores, los nuevos empresarios y los emprendedores populares” (21/03/14). Es un problema de larga data. “Existe un sistema sociopolítico que mantiene las condiciones de distribución en los ingresos –señaló Eugenio Figueroa, académico de la Universidad de Chile- y eso quiere decir que los sectores dominantes y los grandes poderes económicos tienen enormes poderes de decisión”. Esta realidad tributaria conduce, agregó Figueroa, a resultados que acentúan el problema “porque usa tributos que cargan muy fuertemente a los sectores más desposeídos y no usa tributos importantes o eficientes como aquellos que capturan la renta económica de los sectores más ricos” (24/03/14).
Esta es la realidad que debe modificarse. Además debe considerarse que la desigualdad distributiva es muy superior a lo anotada en el coeficiente de Gini, ya que la concentración del ingreso y de la riqueza es aún muy superior si la comparación se efectúa tomando segmentos menores de la población, permitiendo visualizar así la magnitud por ejemplo de la participación del 1%, 0,1% y 0,01% considerado en otros estudios. La OCDE no entregó información sobre la concentración de la riqueza, pero su economista Horacio Levy considera que siendo “la riqueza (…) mucho más difícil de medir (…) sería razonable pensar que las desigualdades de ingresos se correlacionan con las de riqueza” (20/03/14).
Los indicadores OCDE entregan una cifra no presente en otros estudios consignando el porcentaje de las personas que constatan no tener dinero suficiente para adquirir comida de acuerdo a las necesidades personales o familiares. En Chile su porcentaje se mantuvo también en los hechos inmodificado, ya que en 2006 era de 27,6% y en 2011 fue de 27,8%. En México, el registro es aún peor, alcanzando al 38,3%. El promedio de los 34 subió en dos puntos porcentuales de 11,2% a 13,2%. Estos datos los extrajo la OCDE de la Encuesta Mundial Gallup y responde directamente a la pregunta: ¿Ha habido oportunidad en los últimos doce meses en que usted no haya tenido suficiente dinero para comprar la comida que usted o su familia necesitaba?
“Pero quizá el dato más preocupante del informe OCDE –escribió el director ejecutivo de la Fundación de Superación de la Pobreza, Leonardo Moreno-, tiene que ver con que la protección social que procura el Estado representó (…) solo el 10.2% de nuestro PIB Bruto, el tercero más bajo luego del de México y Corea del Sur, frente a un 21,9% de media entre los países de la organización. Hemos escuchado -añadió- muchas voces entusiastas repitiendo que la protección social está en el centro de la política social chilena (…) pero las cifras duras no avalan esas declaraciones” (21/03/14). Igualmente preocupante es que la tasa de jóvenes que no estudian ni trabajan, los llamados ni ni, sea de 23%, siendo el quinto país con el peor registro, cuando se sabe que este problema es uno de los peores flagelos en varios países de la eurozona, miembros de la OCDE.
Otros datos relevantes del documento son los de porcentajes de confianza de la población en el gobierno y en las instituciones financieras, las cuales cayeron fuertemente en 2011 durante la administración Piñera, los del gobierno bajaron del 45% al 33% y los de las instituciones financieras de 53% a 29%. Estos indicadores también disminuyeron, constató el cuadro comparativo de la OCDE, en los países desarrollados, pero en Chile se redujo mucho más que el promedio de sus 34 miembros.
El estudio ratificó una realidad que el país vivió directamente durante la administración Piñera. “En general, y esto es cierto para todos los países –observó Horacio Levy-, el crecimiento por sí solo no es suficiente para luchar contra las desigualdades”. Ello es obvio, ya que depende de cómo, en definitiva, “se reparta la torta”. Como concluye un estudio del FMI sobre el tema, la redistribución del ingreso generalmente tiene un efecto positivo sobre el crecimiento económico. El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, con razón en una reunión con la Sofofa planteó que el crecimiento económico y la distribución del ingreso “no son objetivos antagónicos, sino que por el contrario, contribuyen al desarrollo económico de los países”. (21/03/14).
Ante el cuadro descrito por la OCDE resulta desconcertante que la ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, considere escribiendo sobre el informe de la OCDE que “los resultados son optimistas, ya que muestra la línea de consistencia entre los datos que manejamos oficialmente con los datos internacionales, en el sentido de que desde los noventa en adelante han ido descendiendo los niveles de pobreza” (26/03/14). La comisión encargada de diseñar una nueva metodología para calcular la pobreza, ante los cuestionamientos a sus cifras, estimó que en 2011 –último año considerado para Chile en los indicadores de la OCDE- utilizando la nueva forma que proponen de hacerlo, los habitantes del país en situación de pobreza o vulnerabilidad de caer en ella fue de 42,2%[1].
Peor aún, se declara optimista la ministra de un Gobierno que con razón proclama modificar la regresiva distribución del ingreso como uno de sus objetivos centrales cuando el informe de la OCDE coloca a Chile como el país de peor distribución entre todos sus integrantes. La ministra además afirma que “para combatir la desigualdad y pobreza (se) requiere sostener el gasto público en protección social” cuando el porcentaje destinado a este propósito nos dice el informe fue uno de los más bajos de la OCDE. La distribución del ingreso, por lo demás, no se resuelve únicamente con protección social sino que requiere una política tributaria redistributiva y otras medidas que vayan en la misma dirección.
En la polémica existente en el país sobre los objetivos a perseguir con la reforma tributaria está si ella, además de generar recursos para fines sociales, entre ellos la educación, debe tener además un carácter redistributivo. La respuesta solo puede ser –como reiteró el ministro Arenas- una sola dado que Chile es un país en que la distribución de los ingresos es peor después que antes de considerar el efecto tributario. Para ello debe gravarse a la reducida capa de la población de más altos ingresos. A lo cual contribuye poner término al flujo hacia el Fondo de Utilidades Tributables en el lapso más breve posible, e incrementar como se plantea el impuesto de primera categoría. En cambio resulta contradictoria la formulación contenida en el programa de gobierno, de reducir en cinco puntos porcentuales el tramo más alto de los impuestos a la renta. Al mismo tiempo deberían reducirse los impuestos más regresivos, ante todo el IVA, en el cual pagan más en relación a sus ingresos las capas de la población mayoritarias que deben destinar el total de ellos a consumo, de lo cual en la propuesta no se habla.
http://www.elciudadano.cl/2014/04/21/104450/ocde-ratifico-la-mala-distribucion-del-ingreso-en-chile/
Los indicadores sociales comparados de los 34 países integrantes de la OCDE, que en el caso de Chile muestran lo sucedido entre 2006 y 2011, ratifica la gravedad de los problemas del país en esta esfera y los muy escasos esfuerzos efectuados por cambiar esta realidad: es el Estado de peor distribución de ingresos entre los integrantes de la organización, lejos del promedio de ellos; muestra el alto porcentaje de la población que consigna haber experimentado el problema de no disponer recursos monetarios suficientes para su alimentación o la de su núcleo familiar; el nivel de protección social es extraordinariamente insuficiente si se considera el porcentaje del PIB que el fisco destina a este objetivo; en 2011 –durante la administración Piñera- la confianza de la población en el gobierno y en las organizaciones financieras cayó bruscamente, están entre los más graves consignados en el documento. Ello es necesario tenerlo en cuenta cuando el país se encuentra en la víspera de que se conozca el proyecto de ley de reforma tributaria que no solo debe proporcionar recursos para el cumplimento del programa sino además debe aportar a mejorar la distribución de los ingresos. Es inaceptable que Chile figure entre los países de la OCDE en que la distribución empeora en vez de mejorar después de aplicar impuestos.
La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) hizo público sus indicadores Sociales Comparados para sus países miembros, entre los cuales se encuentra Chile desde la anterior administración de Michelle Bachelet. En el caso del país la comparación se efectuó entre los años 2006, previo a la crisis global y a la recesión chilena de 2008-2009, y 2011, o sea en la mitad de la administración de Sebastián Piñera. En general, las comparaciones fueron en un lapso de cinco años, preferentemente entre 2007 y 2012. En el análisis, Chile ocupó el último lugar en distribución del ingreso, con el agravante que en el lapso considerado no se registró prácticamente ningún mejoramiento, ya que se pasó de un coeficiente de Gini de 0,509 a 0,501, en un indicador donde cero es la perfecta igualdad y uno la perfecta desigualdad. En el período el coeficiente promedio de la OCDE tampoco tuvo modificación permaneciendo en 0,313 muy inferior al del país. La no modificación de la OCDE ratifica que la mala distribución del ingreso es un problema global, que no ha tenido mejoría en el lapso considerado. El otro país latinoamericano integrante de la OCDE, México, registró 0,46. El Panorama Social 2013 de la Cepal mostró que América Latina es la región del mundo de peor distribución del ingreso, existiendo países que tienen indicadores aún peores que los de Chile, como Brasil (coeficiente Gini 0,55) y Colombia (0,53).
Los datos negativos de Chile y México en distribución deben analizarse teniendo en cuenta que este último tiene el nivel de ingreso per cápita más reducido de todos los países integrantes de la OCDE y el de Chile corresponde solo a un 60% del promedio de sus miembros. “Chile es el único país OCDE –expresó Oscar Landerretche- cuyos impuestos no mejoran la distribución y donde predominan mecanismos (con el FUT y el DL 600) que en la práctica favorecen a la gran empresa, al conglomerado y a la multinacional por sobre los innovadores, los nuevos empresarios y los emprendedores populares” (21/03/14). Es un problema de larga data. “Existe un sistema sociopolítico que mantiene las condiciones de distribución en los ingresos –señaló Eugenio Figueroa, académico de la Universidad de Chile- y eso quiere decir que los sectores dominantes y los grandes poderes económicos tienen enormes poderes de decisión”. Esta realidad tributaria conduce, agregó Figueroa, a resultados que acentúan el problema “porque usa tributos que cargan muy fuertemente a los sectores más desposeídos y no usa tributos importantes o eficientes como aquellos que capturan la renta económica de los sectores más ricos” (24/03/14).
Esta es la realidad que debe modificarse. Además debe considerarse que la desigualdad distributiva es muy superior a lo anotada en el coeficiente de Gini, ya que la concentración del ingreso y de la riqueza es aún muy superior si la comparación se efectúa tomando segmentos menores de la población, permitiendo visualizar así la magnitud por ejemplo de la participación del 1%, 0,1% y 0,01% considerado en otros estudios. La OCDE no entregó información sobre la concentración de la riqueza, pero su economista Horacio Levy considera que siendo “la riqueza (…) mucho más difícil de medir (…) sería razonable pensar que las desigualdades de ingresos se correlacionan con las de riqueza” (20/03/14).
Los indicadores OCDE entregan una cifra no presente en otros estudios consignando el porcentaje de las personas que constatan no tener dinero suficiente para adquirir comida de acuerdo a las necesidades personales o familiares. En Chile su porcentaje se mantuvo también en los hechos inmodificado, ya que en 2006 era de 27,6% y en 2011 fue de 27,8%. En México, el registro es aún peor, alcanzando al 38,3%. El promedio de los 34 subió en dos puntos porcentuales de 11,2% a 13,2%. Estos datos los extrajo la OCDE de la Encuesta Mundial Gallup y responde directamente a la pregunta: ¿Ha habido oportunidad en los últimos doce meses en que usted no haya tenido suficiente dinero para comprar la comida que usted o su familia necesitaba?
“Pero quizá el dato más preocupante del informe OCDE –escribió el director ejecutivo de la Fundación de Superación de la Pobreza, Leonardo Moreno-, tiene que ver con que la protección social que procura el Estado representó (…) solo el 10.2% de nuestro PIB Bruto, el tercero más bajo luego del de México y Corea del Sur, frente a un 21,9% de media entre los países de la organización. Hemos escuchado -añadió- muchas voces entusiastas repitiendo que la protección social está en el centro de la política social chilena (…) pero las cifras duras no avalan esas declaraciones” (21/03/14). Igualmente preocupante es que la tasa de jóvenes que no estudian ni trabajan, los llamados ni ni, sea de 23%, siendo el quinto país con el peor registro, cuando se sabe que este problema es uno de los peores flagelos en varios países de la eurozona, miembros de la OCDE.
Otros datos relevantes del documento son los de porcentajes de confianza de la población en el gobierno y en las instituciones financieras, las cuales cayeron fuertemente en 2011 durante la administración Piñera, los del gobierno bajaron del 45% al 33% y los de las instituciones financieras de 53% a 29%. Estos indicadores también disminuyeron, constató el cuadro comparativo de la OCDE, en los países desarrollados, pero en Chile se redujo mucho más que el promedio de sus 34 miembros.
El estudio ratificó una realidad que el país vivió directamente durante la administración Piñera. “En general, y esto es cierto para todos los países –observó Horacio Levy-, el crecimiento por sí solo no es suficiente para luchar contra las desigualdades”. Ello es obvio, ya que depende de cómo, en definitiva, “se reparta la torta”. Como concluye un estudio del FMI sobre el tema, la redistribución del ingreso generalmente tiene un efecto positivo sobre el crecimiento económico. El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, con razón en una reunión con la Sofofa planteó que el crecimiento económico y la distribución del ingreso “no son objetivos antagónicos, sino que por el contrario, contribuyen al desarrollo económico de los países”. (21/03/14).
Ante el cuadro descrito por la OCDE resulta desconcertante que la ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, considere escribiendo sobre el informe de la OCDE que “los resultados son optimistas, ya que muestra la línea de consistencia entre los datos que manejamos oficialmente con los datos internacionales, en el sentido de que desde los noventa en adelante han ido descendiendo los niveles de pobreza” (26/03/14). La comisión encargada de diseñar una nueva metodología para calcular la pobreza, ante los cuestionamientos a sus cifras, estimó que en 2011 –último año considerado para Chile en los indicadores de la OCDE- utilizando la nueva forma que proponen de hacerlo, los habitantes del país en situación de pobreza o vulnerabilidad de caer en ella fue de 42,2%[1].
Peor aún, se declara optimista la ministra de un Gobierno que con razón proclama modificar la regresiva distribución del ingreso como uno de sus objetivos centrales cuando el informe de la OCDE coloca a Chile como el país de peor distribución entre todos sus integrantes. La ministra además afirma que “para combatir la desigualdad y pobreza (se) requiere sostener el gasto público en protección social” cuando el porcentaje destinado a este propósito nos dice el informe fue uno de los más bajos de la OCDE. La distribución del ingreso, por lo demás, no se resuelve únicamente con protección social sino que requiere una política tributaria redistributiva y otras medidas que vayan en la misma dirección.
En la polémica existente en el país sobre los objetivos a perseguir con la reforma tributaria está si ella, además de generar recursos para fines sociales, entre ellos la educación, debe tener además un carácter redistributivo. La respuesta solo puede ser –como reiteró el ministro Arenas- una sola dado que Chile es un país en que la distribución de los ingresos es peor después que antes de considerar el efecto tributario. Para ello debe gravarse a la reducida capa de la población de más altos ingresos. A lo cual contribuye poner término al flujo hacia el Fondo de Utilidades Tributables en el lapso más breve posible, e incrementar como se plantea el impuesto de primera categoría. En cambio resulta contradictoria la formulación contenida en el programa de gobierno, de reducir en cinco puntos porcentuales el tramo más alto de los impuestos a la renta. Al mismo tiempo deberían reducirse los impuestos más regresivos, ante todo el IVA, en el cual pagan más en relación a sus ingresos las capas de la población mayoritarias que deben destinar el total de ellos a consumo, de lo cual en la propuesta no se habla.
http://www.elciudadano.cl/2014/04/21/104450/ocde-ratifico-la-mala-distribucion-del-ingreso-en-chile/
3 may 2014
ONU lamenta muertes provocadas por neonazis en Odessa, Ucrania
ONU lamenta muertes provocadas por neonazis en Odessa, Ucrania
Publicado el 5/04/14 •
PL – El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, lamentó hoy la muerte de decenas de personas la víspera en Odessa, Ucrania, donde grupos fascistas incendiaron una instalación con federalistas refugiados en su interior. En un mensaje, el diplomático calificó de trágicos los incidentes, trasladó sus condolencias a los familiares de las víctimas y demandó investigaciones.
Organizaciones neonazis participan junto a militares en una ofensiva ordenada por el gobierno de facto contra sectores populares que reclaman en el sureste ucraniano la federalización y se ponen a las autoridades que tomaron el poder en Kiev tras el derrocamiento, en febrero pasado, del presidente electo Víktor Yanukóvich.
Ban dio la bienvenida a la liberación de observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), detenidos a finales de abril por milicianos en Slaviansk, oriente del país, bajo sospecha de espionaje.
El Secretario General pidió responsabilidades penales por la captura y detención de los monitores, y agradeció las gestiones para su libertad, entre ellas las realizadas por Rusia.
Además, reiteró sus llamados a la solución pacífica a la crisis en Ucrania, devenida enfrentamiento político entre Moscú y occidente.
Rusia rechaza a las autoridades interinas -las cuales considera fruto de un golpe de Estado- y su ofensiva contra los federalistas.
Por su parte, Estados Unidos y la Unión Europea respaldan al nuevo Gobierno en Kiev, y establecieron sanciones económicas contra Moscú, a la que acusan de promover la rebelión en el sureste del país.
La víspera, el representante permanente ruso ante la ONU, Vitaly Churkin, denunció el apoyo de occidente a la represión, postura que tildó de obstáculo para cualquier negociación.
“Occidente corta los caminos a la solución pacífica, al respaldar a las autoridades de Kiev en su violenta arremetida contra las protestas”, advirtió el embajador
Publicado el 5/04/14 •
PL – El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, lamentó hoy la muerte de decenas de personas la víspera en Odessa, Ucrania, donde grupos fascistas incendiaron una instalación con federalistas refugiados en su interior. En un mensaje, el diplomático calificó de trágicos los incidentes, trasladó sus condolencias a los familiares de las víctimas y demandó investigaciones.
Organizaciones neonazis participan junto a militares en una ofensiva ordenada por el gobierno de facto contra sectores populares que reclaman en el sureste ucraniano la federalización y se ponen a las autoridades que tomaron el poder en Kiev tras el derrocamiento, en febrero pasado, del presidente electo Víktor Yanukóvich.
Ban dio la bienvenida a la liberación de observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), detenidos a finales de abril por milicianos en Slaviansk, oriente del país, bajo sospecha de espionaje.
El Secretario General pidió responsabilidades penales por la captura y detención de los monitores, y agradeció las gestiones para su libertad, entre ellas las realizadas por Rusia.
Además, reiteró sus llamados a la solución pacífica a la crisis en Ucrania, devenida enfrentamiento político entre Moscú y occidente.
Rusia rechaza a las autoridades interinas -las cuales considera fruto de un golpe de Estado- y su ofensiva contra los federalistas.
Por su parte, Estados Unidos y la Unión Europea respaldan al nuevo Gobierno en Kiev, y establecieron sanciones económicas contra Moscú, a la que acusan de promover la rebelión en el sureste del país.
La víspera, el representante permanente ruso ante la ONU, Vitaly Churkin, denunció el apoyo de occidente a la represión, postura que tildó de obstáculo para cualquier negociación.
“Occidente corta los caminos a la solución pacífica, al respaldar a las autoridades de Kiev en su violenta arremetida contra las protestas”, advirtió el embajador
EEUU: desinformación y operaciones encubiertas en Ucrania
ROBERTO GARCAI HERNANDEZ / PL
Estados Unidos desarrolla una campaña de desinformación sobre el conflicto en Ucrania, dirigida a desvirtuar la imagen de Rusia, ocultar sus actividades dentro del país europeo y justificar el reforzamiento de sus unidades en Europa. Para confundir a la opinión pública existe una estrecha coordinación en toda la estructura de mando de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y otras naciones involucradas en esta crisis, donde el Pentágono y las agencias de espionaje estadounidenses llevan el control de las mentiras.
Aquí ponen en práctica las llamadas Operaciones de Información (OI), regidas por el manual del mismo nombre codificado como JP 3-13 aprobado el 27 de noviembre de 2012, típico en este tipo de acciones de Guerra No Convencional, aunque se aplica en otras categorías de lucha.
El reglamento señala que las OI tienen como objetivo “influir, desestabilizar, corromper o usurpar el proceso de toma de decisiones del adversario”.
Estas misiones en el caso de Ucrania están bajo el control del jefe del Comando Supremo Aliado en Europa, general Philip Breedlove, quien en las últimas semanas desarrolla una intensa actividad de “relaciones públicas”, que incluye varias sesiones “secretas” en el Congreso norteamericano a principios de mayo.
A estas tareas desinformativas se han sumado medios de prensa supuestamente serios en Estados Unidos, que reproducen “filtraciones” de fuentes gubernamentales.
En ese sentido, un artículo del diario The New York Times del pasado 22 de abril acusó a Rusia de desarrollar maniobras típicas de guerra no convencional para neutralizar las acciones de Occidente dentro de Ucrania.
Con la intención de culpar al Kremlin de la actual situación, el artículo menciona “expertos” que aseguran la estrategia de Moscú combina el empleo de la ciberguerra, las fuerzas especiales y unidades convencionales.
Sin embargo, estas afirmaciones reflejan en realidad las estrategias de Washington y sus aliados, como el uso de unidades irregulares contra los rebeldes partidarios de la federalización en el este de Ucrania, entrenadas por las FOE estadounidenses y de sus socios europeos
Pero al parecer el monopolio informativo no es absoluto a favor de Washington, como demostró la declaración este jueves del secretario de Estado norteamericano, John Kerry, quien trató de desacreditar la cobertura que realiza la televisora Rusia Today sobre el conflicto ucraniano.
Durante una conferencia de prensa, Kerry acusó a la cadena rusa de “amplificar la propaganda del Kremlin” en torno al diferendo con Moscú por la crisis, lo que según expertos denota la incomodidad de Estados Unidos ante la existencia de información alternativa sobre el tema.
Por otra parte, especialistas que se suman a esta guerra desinformativa, acusan a la Casa Blanca de debilidad ante el agravamiento del conflicto, a pesar de la intromisión a fondo del Gobierno en los asuntos internos ucranianos.
Para Anne-Marie Slaughter, presidenta de la organización derechista The New America Foundation, el presidente Barack Obama debe agredir a Siria para neutralizar la supuesta amenaza de Rusia contra el régimen de Kiev.
En un artículo publicado el 24 de abril en el sitio digital de ese grupo, Slaughter emplazó a Obama a demostrar que puede ordenar el uso de la fuerza contra el país árabe, para que Moscú cambie sus planes en Europa.
Entretanto,hasta la fecha no ha habido una intervención militar directa de Washington en Ucrania, aunque según medios de prensa existen fuertes evidencias de una participación de fuerzas de operaciones especiales del Pentágono en actividades de entrenamiento de unidades locales y de asesoría en la represión.
El Departamento de Defensa se las arregla para informar a la opinión pública internacional -como lo ha hecho en otras ocasiones- sobre aspectos colaterales del conflicto y solo hacen énfasis en el envío “limitado” de unidades aerotransportadas, aviación de combate a Europa del Este. Sin embargo, por razones obvias el silencio es casi absoluto sobre el accionar subversivo estadounidense dentro del territorio ucraniano en apoyo a las autoridades establecidas en Kiev tras la caída del presidente Víctor Yanukovich.
ROBERTO GARCAI HERNANDEZ / PL
Estados Unidos desarrolla una campaña de desinformación sobre el conflicto en Ucrania, dirigida a desvirtuar la imagen de Rusia, ocultar sus actividades dentro del país europeo y justificar el reforzamiento de sus unidades en Europa. Para confundir a la opinión pública existe una estrecha coordinación en toda la estructura de mando de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y otras naciones involucradas en esta crisis, donde el Pentágono y las agencias de espionaje estadounidenses llevan el control de las mentiras.
Aquí ponen en práctica las llamadas Operaciones de Información (OI), regidas por el manual del mismo nombre codificado como JP 3-13 aprobado el 27 de noviembre de 2012, típico en este tipo de acciones de Guerra No Convencional, aunque se aplica en otras categorías de lucha.
El reglamento señala que las OI tienen como objetivo “influir, desestabilizar, corromper o usurpar el proceso de toma de decisiones del adversario”.
Estas misiones en el caso de Ucrania están bajo el control del jefe del Comando Supremo Aliado en Europa, general Philip Breedlove, quien en las últimas semanas desarrolla una intensa actividad de “relaciones públicas”, que incluye varias sesiones “secretas” en el Congreso norteamericano a principios de mayo.
A estas tareas desinformativas se han sumado medios de prensa supuestamente serios en Estados Unidos, que reproducen “filtraciones” de fuentes gubernamentales.
En ese sentido, un artículo del diario The New York Times del pasado 22 de abril acusó a Rusia de desarrollar maniobras típicas de guerra no convencional para neutralizar las acciones de Occidente dentro de Ucrania.
Con la intención de culpar al Kremlin de la actual situación, el artículo menciona “expertos” que aseguran la estrategia de Moscú combina el empleo de la ciberguerra, las fuerzas especiales y unidades convencionales.
Sin embargo, estas afirmaciones reflejan en realidad las estrategias de Washington y sus aliados, como el uso de unidades irregulares contra los rebeldes partidarios de la federalización en el este de Ucrania, entrenadas por las FOE estadounidenses y de sus socios europeos
Pero al parecer el monopolio informativo no es absoluto a favor de Washington, como demostró la declaración este jueves del secretario de Estado norteamericano, John Kerry, quien trató de desacreditar la cobertura que realiza la televisora Rusia Today sobre el conflicto ucraniano.
Durante una conferencia de prensa, Kerry acusó a la cadena rusa de “amplificar la propaganda del Kremlin” en torno al diferendo con Moscú por la crisis, lo que según expertos denota la incomodidad de Estados Unidos ante la existencia de información alternativa sobre el tema.
Por otra parte, especialistas que se suman a esta guerra desinformativa, acusan a la Casa Blanca de debilidad ante el agravamiento del conflicto, a pesar de la intromisión a fondo del Gobierno en los asuntos internos ucranianos.
Para Anne-Marie Slaughter, presidenta de la organización derechista The New America Foundation, el presidente Barack Obama debe agredir a Siria para neutralizar la supuesta amenaza de Rusia contra el régimen de Kiev.
En un artículo publicado el 24 de abril en el sitio digital de ese grupo, Slaughter emplazó a Obama a demostrar que puede ordenar el uso de la fuerza contra el país árabe, para que Moscú cambie sus planes en Europa.
Entretanto,hasta la fecha no ha habido una intervención militar directa de Washington en Ucrania, aunque según medios de prensa existen fuertes evidencias de una participación de fuerzas de operaciones especiales del Pentágono en actividades de entrenamiento de unidades locales y de asesoría en la represión.
El Departamento de Defensa se las arregla para informar a la opinión pública internacional -como lo ha hecho en otras ocasiones- sobre aspectos colaterales del conflicto y solo hacen énfasis en el envío “limitado” de unidades aerotransportadas, aviación de combate a Europa del Este. Sin embargo, por razones obvias el silencio es casi absoluto sobre el accionar subversivo estadounidense dentro del territorio ucraniano en apoyo a las autoridades establecidas en Kiev tras la caída del presidente Víctor Yanukovich.
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