HSBC: BCRA ya abrió 21 sumarios por transferencias irregulares

Autoridades del Banco Central se presentaron ante la Comisión Bicameral que investiga la fuga de divisas a través del banco HSBC y aseguraron que se están llevando a cabo "21 sumarios cambiarios por infracciones en operaciones de transferencias al exterior".

El presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, se presentó en la Cámara de Diputados junto con el superintendente de Entidades Financieras, Germán Feldman, para informar sobre las medidas adoptadas frente a la denuncia de la AFIP sobre la existencia de 4.040 cuentas de argentinos en Suiza, muchas de no declaradas.

"Cuando la AFIP nos puso en conocimiento instruimos una supervisión integral en el HSBC y todavía tenemos presencia continua en la entidad", explicó Feldman, quien sostuvo que se llevan a cabo "21 sumarios cambiarios".

Al respecto, el superintendente de bancos señaló que los más importantes son aquellos realizados "por infracciones en operaciones de transferencias en el exterior", a los que se suman también "sumarios financieros" contra la entidad bancaria investigada.

En su exposición ante la comisión que preside el diputado oficialista Roberto Feletti, Feldman explicó que "se detectaron irregularidades en registros de transferencias desde y hacia el exterior".

"Lo que pasaba era que no se podía reconstruir el camino de las transferencias" porque "el HSBC tenía muchos de sus sistemas tercerizados en el exterior", precisó el funcionario de la máxima autoridad monetaria.

También indicó, ante una pregunta de los legisladores opositores, que se le realizó al HSBC un "sumario por 86 millones de dólares" por "incumplir normas de prevención de lavado".

Por su parte, Vanoli hizo un repaso de los cambios en las políticas de control del Banco Central desde su arribo a la presidencia de la entidad, tras la salida de Juan Carlo Fábrega.

"Como nunca el Banco Central se puso a controlar a los bancos" y a "jerarquizar las áreas de supervisión", subrayó Vanoli, quin además sostuvo que "se generaron distintos regímenes informativos porque en los años 90 el Banco Cenrtal desmanteló toda las estructuras de control sobre el sector externo".

Los legisladores radicales Ricardo Buryaile y Mario Cimadevilla apuntaron a las supuestas fallas en los mecanismos de control para detectar la fuga de divisas, pero el oficialismo pidió centrarse en los presuntos delitos o infracciones de la entidad bancaria y de los supuestos evasores.

En el final de la reunión, el presidente de la comisión, Roberto Feletti (Frente para la Victoria), anticipó que para la próxima semana serán convocados directivos de las tres primeras empresas, del listado de 70 en la que figuran sociedades jurídicas con cuentas en la filial suiza del HSBC.

De esta forma, los directivos de Cablevisión -del Grupo Clarín-, Central Térmica Güemes y Telecom Argentina tendrán que presentarse el próximo martes ante la comisión legislativa.

El diputado kirchnerista puso de relieve también que en un trabajo comparativo que realizó entre las cuentas de argentinos en el exterior que se revelaron en 2001 y las 4.040 conocidas ahora existen nombres en común como "Cablevisión, Edesur y Loma Negra, entre otras", hecho que calificó "al menos como llamativo".

En el marco de esta comisión, comenzarán a investigarse a algunas firmas y personas vinculadas al Grupo Clarín denunciadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como es el caso de:Cablevisión (es el mayor operador de TV paga de la Argentina, que brinda servicio a unos 3,5 millones de abonados. Pertenece al Grupo Clarín. La mayoría de sus directivos tienen cuentas vinculadas); Multicanal(operador de TV por cable); Saturnino Herrero Mitjans (miembro del directorio del Grupo Clarín); Pablo César Casey (miembro del Grupo Clarín); Mariano Marcelo Ibañéz (Cablevisión); y Luis Alberto González Buruki (Cablevisión).

En total, el fisco nacional reveló que hay 4.040 cuentas en Ginebra de clientes argentinos del HSBC que están sin declarar. En conjunto, evadieron al fisco al menos 62 mil millones de pesos. De ese total, 300 no pudieron ser identificados. En la nómina figuran conocidos empresarios, diputados, jugadores y grandes empresas.

LA FISCALIA SOLICITO ELEVAR A JUICIO LA CAUSA POR LOS DESAPARECIDOS DE MERCEDES BENZ

Pedido para juzgar a los civiles

El requerimiento de los fiscales incluyó, además de los ocho militares acusados, a dos ex directivos de la empresa. Ya habían hecho el planteo, pero el juzgado no había respondido. Ahora ordenó una serie de medidas de prueba.

Durante la dictadura fueron secuestrados 18 trabajadores de Mercedes-Benz.

 Por Alejandra Dandan

Los fiscales de San Martín Miguel Angel Blanco García Ordás y Hugo Bogetti pidieron elevar a juicio oral la causa por los trabajadores secuestrados y desaparecidos de Mercedes Benz Argentina, que investiga a ocho integrantes de las Fuerzas Armadas. El requerimiento incluyó un pedido para que el juzgado de Alicia Vence resuelva de forma “urgente” una solicitud más vieja, para que el juicio pueda avanzar también sobre dos ex directivos civiles de la automotriz imputados en esta causa: Juan Ronaldo Tasselkraut, gerente de Producción de la época, y Rubén Pablo Cuevas, entonces jefe de Asuntos Jurídicos. Los fiscales hicieron el primer pedido en noviembre. El juzgado de Vence les respondió con un “téngase presente”. Ellos insistieron. Vence agregó que había que continuar la investigación antes de decidirlo. Ellos insistireron. Y ayer, finalmente, la jueza se pronunció: volvió a decir “téngase presente” sobre el pedido de indagatoria a los civiles, pero ordenó un listado concreto de medidas de prueba.

En Mercedes-Benz fueron secuestrados 18 trabajadores; 17 obreros y un supervisor. Todos habían integrado la comisión interna, enfrentada a la dirección de la empresa y a la dirección del sindicato (Smata). Sin embargo, la causa original quedó dividida en dos partes según el lugar de detención ilegal de las víctimas. En San Martín quedaron sólo siete “casos” de detenidos desaparecidos, trabajadores que fueron llevados a Campo de Mayo –entre ellos está uno de los tres únicos sobrevivientes y testigo clave desde la Conadep, Hector Aníbal Ratto–.

La jueza federal Alicia Vence es la persona que tiene a cargo las causas de lesa humanidad de San Martín. En diciembre del año pasado, los fiscales frenaron la elevación a juicio de la causa para pedir que se incluyera a los civiles. La jueza primero rechazó el pedido, pero después respondió con el “téngase presente”, que es la figura que volvieron a cuestionar los fiscales en su última presentación.

“Requerimos a Vuestra Señoría en carácter urgente que conforme surge de la prueba acumulada en el caso de referencia, existe de acuerdo con el Código Procesal Penal de la Nación mérito suficiente para legitimar pasivamente (llamar a indagatoria) a Rubén Pablo Cuevas y Juan Ronaldo Tasselkraut, a lo que nos remitimos en un todo a los argumentos vertidos en la solicitud efectuada por este Ministerio Público Fiscal” en noviembre de 2014.

En el escrito le recuerdan que ellos hicieron “reiterados pedidos” para que la jueza “adopte un criterio definitivo de la imputación” para los dos ex directivos. Y también que la jueza había dicho que era prematuro convocarlos porque había que llevar a cabo más medidas de prueba, como “individualizar al personal militar y policial que habría tomado la fábrica en aquellos tiempos, así como también (ubicar a) quienes fueron todos los directivos de la compañía y qué rol desempeñó cada uno, a los efectos de determinar eventuales responsabilidades penales”.

Los fiscales pidieron el 30 de marzo una definición: o que investigue con la “premura necesaria” o “que resuelva en definitiva la situación procesal” de los civiles, conforme fuera resuelto por la Cámara. Eso es lo que finalmente acaba de resolverse ayer. La jueza elaboró un largo listado de medidas de prueba.

Tasselkraut nació el 5 de abril de 1941 en Buenos Aires. Según señala la periodista y querellante en los inicios de esta causa Gabriela Weber, “su familia vivía en condiciones humildes, pero su ingreso a MB le abrió un camino prometedor. En 1975, la empresa le asigna el cargo de gerente de Producción en la fábrica de González Catán”. Los obreros lo describen, según señala Weber, como muy autoritario y hombre de confianza del Ejército.

En noviembre pasado, la fiscalía pidió la indagatoria para él y Cuevas por “haber arbitrado los medios necesarios para indicar y señalar al personal militar (...) a los delegados y empleados de la ex firma Mercedes-Benz para que pudieran ser privados de la libertad y así ejecutar el plan de represión implementado por el entonces gobierno de facto”. Precisaron que los secuestros fueron posibles “en el marco del ataque cívico-militar generalizado y sistemático contra un sector de la población”, que incluyó a “las comisiones internas de empresa, empleados y delegados gremiales, opositores al plan que fuera diseñado por el Estado represor”.

Tanto la fiscalía como el CELS analizaron con detalle algunos antecedentes a los secuestros: la huelga de 1975 con 115 despidos, la lucha por las reincorporaciones, el rol del Smata, y el dato de que varios de los despedidos fueron secuestrados en ’76. También el dato de que era una de las 20 empresas de mayor facturación nacional y que tenía como cliente principal al Ejército, al que le vendía los camiones Unimog, los mismos que van a aparecer en los relatos de los colimbas de Campo de Mayo: los veían llegar cargados con personas que iban rumbo a los “vuelos de la muerte”.

http://www.pagina12.com.ar/

Paz turbulenta

Santos busca con equipo negociador definir plazos de los diálogos y las Farc ratifican su cese al fuego unilateral

21 abril, 2015   Colombia

El presidente Juan Manuel Santos se reunirá con el equipo negociador del Gobierno en La Habana, en cabeza de Humberto de la Calle, para tratar el tema de los plazos que se podrían fijar para el proceso de paz que se desarrolla con las Farc en La Habana en Cuba, según fuentes consultadas por Caracol Radio.

Luego de escuchar las conclusiones que traen los negociadores desde cuba, se buscará establecer unos plazos específicos en La Habana, que quedarían plasmados en un cronograma que permita, como lo dijo este lunes De la Calle, que la mesa de diálogo no se prolongue indefinidamente.

De esta manera, el Gobierno espera recuperar la confianza de la ciudadanía, que se vio afectada, luego del hecho en el que murieron 11 soldados por un ataque de las Farc la semana pasada en Cauca.

La reunión se dará este martes en la mañana, y se espera que durante el día, el jefe de Estado entregue una declaración con las conclusiones sobre el futuro del proceso de paz.

Caracol

Farc deciden mantener tregua unilateral

Por medio de un comunicado de la Delegación de Paz, el grupo guerrillero expresa la necesidad de mantenerse en tregua unilateral indefinida siempre y cuando sus unidades guerrilleras no sen atacadas con el fin de llegar a un armisticio y finalmente poder firmar el acuerdo de paz.

A continuación el comunicado:

¿Para qué el proceso? ¿Para llegar a la paz o para someternos?

Termina hoy el ciclo trigésimo quinto de los diálogos de paz de La Habana tras diez días de importante trabajo. En la mesa de conversaciones, como siempre, se prosiguió en la búsqueda de soluciones a los problemas y divergencias que llevaron al conflicto y a su cruel realidad en el campo de batalla; el tema de las víctimas continuó y continúa siendo punto central de nuestras preocupaciones. Por su parte, la comisión técnica integrada por generales y otros oficiales de la República y comandantes guerrilleros se apresta a dar a conocer las fechas de inicio del plan conjunto de descontaminación del territorio de materiales explosivos atendiendo las necesidades humanitarias del conflicto, sin dejar de lado el perfeccionamiento del programa de desescalamiento que incluye iniciativas de naturaleza distinta a la ya mencionada.

Pero si bien entregamos este parte que debería invitar al optimismo, manifestamos nuestra preocupación por lo que viene sucediendo en el territorio colombiano. No se puede negar que los hechos ocurridos en la noche del 14 de este mes en la vereda La Esperanza, municipio de Buenos Aires, Cauca, no haya sido una tragedia. Y lo fue, porque la guerra es una enorme tragedia. En nuestra patria, una tragedia de más de medio siglo. Precisamente por esto nos encontramos en La Habana.

No puede seguir cayendo el pueblo por la irresponsabilidad de un Estado todos los días más responsable. Cae el pueblo. El pueblo de verdad.

Porque nunca nos hemos visto enfrentadosa soldados de estratos cinco o seis, porque los hijos de los ricos no van a la guerra. Curiosamente estratos estos que sin preocuparse por lo que aconteció la noche del día 14 claman por más sangre al cielo. La sangre ajena, naturalmente.

¿Qué sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo sucedieron los hechos del 14? Estos interrogantes parecen no ser de la incumbencia de esas clases que conforman el régimen. Y con el poder de los medios en sus manos envenenan al país sin permitir que se establezca con serenidad la verdad de lo ocurrido. Porque no puede haber juzgamiento certero de ninguna naturaleza si de lo que se trata es de envenenar los ánimos y con ello obstaculizar el camino hacia la paz.

Es que si de fotografías de cadáveres se trata, basta recordar la vulgar exhibición de los cuerpos destrozados que la llamada autoridad ha hecho de los comandantes guerrilleros muertos, no en combate, sino mientras dormían en sus campamentos.

Pero lo que deseamos manifestar no toca con la versión gubernamental de lo sucedido esa noche. Nuestra aspiración es que en los próximos días se pueda dar respuesta a los tres interrogantes arriba formulados. Eso sí, reconstruyendo los movimientos del ejército desde las vísperas. Su llegada a la zona: A Comedulce, y su desplazamiento a Naranjal, Bellavista y Betulia. Su entrada a La Esperanza. Todo dejando entrever en la región, que no se trataba de un preparativo para una fiesta. Y esto en medio de la tregua unilateral e indefinida declarada por el Secretariado de las FARC-EP el 17 de diciembre de 2014 en los siguientes términos: “…inspirados en el derecho de gentes, tradición constitucional colombiana y en homenaje a todas la víctimas ocasionadas en razón del conflicto que buscamos superar, y en consideración al trabajo que nos compromete cada día más con el espíritu trazado en la parte motiva de la agenda de La Habana, y, en atención a que creemos que hemos iniciado un recorrido definitivo hacia la paz acompañado de un proceso constituyente, hemos resuelto declarar un CESE UNILATERAL AL FUEGO Y A LAS HOSTILIDADES POR TIEMPO INDEFINIDO, que debe transformase en armisticio… Este cese de fuegos unilateral, que deseamos se prolongue en el tiempo, se daría por terminado solamente si se constata que nuestras estructuras guerrilleras han sido objeto de ataques por parte de la fuerza pública.

Ahora bien: No vamos a caer en la trampa tendida por quienes interpretan a sus anchas y capricho aquel aparte de nuestra declaración del día 17 de diciembre que señala que la tregua llegaría a su fin de constatarse ataques a las estructuras guerrilleras. Sabemos distinguir entre provocar, incitar, hostigar y azuzar, para lograr un fin dañado, y la necesidad imperiosa y el deber de darle una oportunidad al pueblo todo de reconstruir la nación. Como estamos muy en serio caminando el sendero de la paz, no vamos a ponerla en peligro por darle gusto a quienes miden sus éxitos regresando la situación a fechas anteriores al día en que ordenamos a toda las estructuras de las FARC, mantener en silencio sus armas, eso sí, quedando alertas. Por tal motivo, en el día de hoy reiteramos la decisión tomada en diciembre del 2014. Mantenemos entonces el CESE UNILATERAL AL FUEGO Y A LAS HOSTILIDADES POR TIEMPO INDEFINIDO, mientras no seamos objeto del asedio permanente de las tropas. Hay que entender que hay acciones ofensivas que se despliegan en el marco de la legítima defensa.

Llamamos la atención del país para que el cese in situ que hoy se reitera para ser mantenido por las estructuras de las FARC en todo el país, goce de una veeduría. Es de la naturaleza del cese del fuego y hostilidades que esta se cumpla. Su éxito radica allí. Hay mecanismos para hacerla. ¿Cuál puede ser el argumento para que un cese al fuego y de hostilidades no pueda gozar de una veeduría que evite muertes como las acaecidas el 14 de este mes? Tiene la palabra el gobierno.

Para garantizar el buen desarrollo de las conversaciones con el propósito de culminar exitosamente lo trazado en el Acuerdo General Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, verdadero Marco Jurídico para la Paz firmado en La Habana el 26 de agosto de 2012, por los plenipotenciarios de la partes y representantes de los países auspiciadores, se necesita, al decir del argot popular, “templar los nervios”; a la vez, impedir que los intereses partidistas de coyuntura como son las elecciones de octubre próximo, infecten los diálogos; que los odios nacionales que se perciben en todo escrito, en toda declaración, en todo comentario, se depongan; y que la paz sea de todos y para todos, en el buen entendimiento de que al ser el Estado el centro de la responsabilidad de lo acontecido durante los últimos sesenta años, como se desprende claramente de la historia reciente de Colombia y de quien no quiera tapar el sol con un dedo, para la tranquilidad de todos, para alcanzar la verdad de lo acontecido, y por ser un derecho de las víctimas, lo mejor es que el Presidente Santos y su gobierno se apresten a estudiar serena y patrióticamente el cese bilateral sin dilaciones ni temores. Sabe bien el gobierno que las principales consignas levantadas por los marchantes del 9 de abril se relacionaban con la urgencia de firmar desde ya un cese bilateral de fuegos que ponga fin al desangre, la necesidad de entablar conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional y la viabilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo de refrendación de los acuerdos alcanzados. Con ese mismo sentimiento de la muchedumbre decimos: No más muertos. No más. Y que para el bien y conocimiento de todos los compatriotas de lo ocurrido en los últimos sesenta años, que se abran los archivos. ¡Que se abran los archivos!

Como bien lo afirma el comandante de las FARC, Timoleón Jiménez, “cada vez el gobierno parece más empeñado en reducir los alcances del proceso de paz a la aceptación de condenas y penas por parte de los mandos guerrilleros. Han sido múltiples e incisivas las posturas públicas del Presidente Santos al respecto, en las cuales no deja de leerse cierto dejo de advertencia final.

O nos mostramos dispuestos a aceptar esa condición que nunca fue pactada como premisa de las conversaciones, o debemos tener claro que no será posible la firma de ningún acuerdo. Nada está acordado hasta que todo esté acordado, nos han repetido siempre”. Entonces preguntamos ¿Para qué el proceso? ¿Para llevar a Colombia a la paz y a la reconciliación, o para conducir a la insurgencia a los tribunales? Hay que persistir en las conversaciones. Estas no pueden romperse por ningún motivo.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP

Prensa Rural

Hay que ponerle plazos al proceso de paz, dijo Santos

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que hay que ponerle plazo a la negociación que busca la paz con la guerrilla de las Farc y advirtió que se está acabando la paciencia, después de un ataque del grupo rebelde esta semana que dejó 11 militares muertos.

No obstante, asumió que no puede dejarse llevar por la ira ocasionada por el ataque, que además dejó 20 soldados heridos.

“Señores de las Farc(…) hay que ponerle plazo a este proceso y si quieren la paz tienen que demostrarlo con hechos y no con palabras”, dijo Santos en un acto de Gobierno.

La negociaciones entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que completan dos años en La Habana, ocurren en medio del conflicto ante la negativa deSantos de declarar un cese bilateral a las hostilidades.Por otro lado, indicó a los militares a no bajar la guardia. “ Nuestra misión es seguir luchando por conseguir la paz”.

“No se hagan los sordos ante los colombianos que les estamos gritando (que) llegó la hora de acabar la guerra, la paciencia se nos agota”, advirtió el presidente.

El ataque de las Farc se produjo en medio de un cese unilateral al fuego decretado por el grupo rebelde desde mediados de diciembre.

Hasta ahora, las partes han llegado a acuerdos parciales para dar acceso a la tierra a los campesinos pobres, facilitar la transformación de la guerrilla en un partido político, combatir el narcotráfico y el desminado. Pero aún quedan temas sensibles como la reparación a las víctimas del conflicto de medio siglo.

La República

Crisis política por corrupción: involucran a asesores del ministro del Interior

Se comentaba en el oficialismo que esta semana aparecerían nuevos casos, se advirtió varias veces en los últimos días que era necesario adelantarse y sincerar las boletas emitidas entre el 2012 y el 2013 para evitar confusiones, pero en La Moneda solo escucharon y este lunes explotó una nueva bomba política con nuevas facturas que involucran a distintos inquilinos de Palacio.

21 abril, 2015   Chile

 El problema es que en este escenario, el que sale más perjudicado es el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, quien queda en tela de juicio para liderar el proceso de la agenda de probidad que la Presidenta Michelle Bachelet quiere impulsar para salir de la crisis política y de credibilidad que han gatillado los casos Penta, Caval y SQM.

Según informó ayer The Clinic, dos de las figuras del Gobierno más cercanas del ministro del Interior, el jefe de asesores de dicha cartera, Robinson Pérez, y su encargado de las actividades públicas, Héctor Cucumides –quien además es parte de su círculo de hierro político de la G90 del PPD–, dieron boletas al recaudador y operador político Giorgio Martelli, entre los años 2012 y 2013. Esto surge después que la semana pasada salieran a la luz cuatro facturas de más de tres millones cada una que el secretario de Estado había dado a la empresa de Martelli –SpA–, por tres informes que realizó el 2012, lo que complicó a Peñailillo, considerando el débil momento político que vive como conductor político del gabinete.

La información conocida ayer agregaba que Peñaillilo había entregado ocho boletas por cuatro millones a la empresa de Alex Matute Johns y Harold Correa –jefe de gabinete del ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre y también miembro del selecto grupo de la G90–, en diciembre del 2011 y de junio a diciembre del 2012, más otras tres facturas entre enero y abril del 2013, por un monto de tres millones cada una.

Este era justo el escenario que en el oficialismo querían evitar, que el ministro del Interior, el supuesto brazo político de la Presidenta Bachelet, apareciera nuevamente vinculado en la oscura relación del financiamiento de la política, justo cuando el objetivo de La Moneda es precisamente tratar de salir de la crisis de credibilidad que se ha instalado.

En La Moneda se reconocía que esto era “una crisis en progreso”, sin mucha certeza sobre cómo terminará. Porque una cosa es la defensa pública que hace el Gobierno, de apelar y escudarse en que las boletas serían legales, pues tendrían respaldo.

Pero otra muy distinta es el cuestionamiento “ético y político”, donde hoy el ministro del Interior –reconocen en el oficialismo– queda en deuda, cuestionado públicamente, deslegitimado a ojos de la opinión pública. Ese es el problema, recalcan.

Una vez conocida la información en La Moneda imperó un silencio sepulcral, aunque tras las paredes de las oficinas de Palacio se comentaba que el PPD estada muy golpeado con la noticia, ya que afecta a su generación de recambio, a la tendencia que lidera el propio Peñailillo.

En Palacio ya se instaló, en algunos sectores, la duda sobre la conveniencia de que el ministro del Interior se mantenga en esa cartera, considerando que este jueves el consejo asesor encabezado por Eduardo Engel le entrega a Bachelet su informe y se supone que Peñailillo debía conducir el proceso político de llevar a buen puerto y en un corto plazo la batería de propuestas.

En el oficialismo ayer reconocían que “es inaceptable” la situación, que en este escenario el ministro del Interior “aparece débil e incapaz de liderar el proceso de recuperación de confianzas”, que “lo dejan sin justificación porque aparece como reincidente” y que “queda sin piso”. Además, ponen el acento en que ya no es creíble el argumento que se utilizó la semana pasada, de afirmar que nunca se pensó que esto iba a afectar a La Moneda, al Gobierno, que en un contexto político como el que se vive estos meses, tensionado por las boletas del mundo de la política a distintas empresas, no hay cabida para insistir en esa lógica.
Oídos sordos

El manejo de Peñailillo la semana pasada para explicar las primeras cuatro boletas a Martelli fue mal evaluado, se le criticó lo ambiguo de sus explicaciones y lo excesivamente nervioso que se le vio. Pero, sobre todo, se le cuestionó en privado que el episodio demostró nuevamente la incapacidad del grupo más estrecho de sus asesores de adelantarse a las crisis, de prever conflictos y tratar de aminorarlos.

Esa crítica ayer tomó vuelo. Más aún cuando en el cónclave del domingo en la noche de la Nueva Mayoría y el Gobierno en el Hotel NH se habló a puertas cerradas de este punto, del “mal pie” en que queda Peñailillo al aparecer nuevas boletas, que su entorno aparezca vinculado en el pasado con Martelli, de lo complejo que es en términos políticos que el ministro del Interior quede cuestionado éticamente. “Esa es la verdadera dimensión que complica, la ética y la política, esa es la que puede traer problemas al Gobierno”, recalcó uno de los asistentes a la cita.

Otros reconocieron que en el cónclave nuevamente surgió la tesis de terminar con el goteo semana a semana de boletas de diversos funcionarios gubernamentales, a todo nivel. “No fue un planteamiento unánime, pero sí fue persistente durante toda la reunión”, explicaron.

El punto es que, una vez más, el gobierno escuchó atentamente, agregaron, pero no hubo respuesta y, por lo visto ayer, tampoco hubo un cambio de giro en la estrategia. “Anoche se dijo que venían nuevos casos, pero no se aceptó sincerar las boletas, por lo que se optó por pedir que se prepararan para reaccionar mejor que lo hecho hasta ahora”, dijo otro asistente al cónclave.

Peñailillo al mediodía de ayer partió rumbo a la Región de Atacama, sobrevoló y recorrió las zonas afectadas por el aluvión.

En Santiago, mientras eso sucedía, el vocero Álvaro Elizalde se remitió al libreto que ha aplicado La Moneda desde la semana pasada, es decir, apelar a la legalidad de las boletas: “Se trata de servicios profesionales que efectivamente se realizaron, no tienen ninguna relación con la campaña (presidencial de Bachelet). Estamos hablando de profesionales que trabajaron, que rindieron su trabajo, que por lo demás cumplieron con toda la legislación tributaria, y por eso hemos señalado que hay un mundo de diferencia entre personas que trabajan, por un lado, y quienes, por otro lado, han emitido boletas falsas para financiar campañas (políticas)”.

Luego, desde Copiapó, el ministro del Interior se mostró molesto por la información y dijo que “¡aquí se ha cruzado un límite!”.

Todo indica que esta performance es insuficiente. El aún timonel de la DC, Ignacio Walker, en su cuenta de Twitter pidió públicamente que “la arista Martelli tiene que ser aclarada, crece como bola de nieve”, mientras que su par PS, Osvaldo Andrade, durante un acto partidario dijo que “aún estamos a tiempo” de sincerar todas las boletas, porque “es malo para el sistema, para la forma de enfrentar el problema y para encontrar soluciones, que nos estemos enterando día a día de situaciones de esta naturaleza, Por eso insisto, que aquellos que tienen algo que contarnos nos cuenten de una vez”.

El episodio de las boletas de Peñailillo a Martelli la semana pasada gatilló que al día siguiente, el jueves 16 de abril, la Mandataria diera una señal pública de respaldo a su ministro del Interior. Asistió con él a una actividad en Villa Alemana, la inauguración de la 6° Comisaria de la comuna, un gesto que graficó para el Gobierno y todo el oficialismo que “se había afirmado”, que la Presidenta le creía, pero había quienes insistían en que no era suficiente, más aún si estaba latente en privado que podían aparecer nuevas boletas, que al final vienen a empañar el hito que prepara La Moneda con la comisión Engel.

El Mostrador

Peñailillo: “Se ha cruzado un límite con la honra de las personas”

El ministro del Interior defendió a sus asesores, quienes son cuestionados por emitir boletas a la empresa Asesorías y Negocios Spa.

“¿Desde cuando es una falta trabajar profesionalmente y pagar los tributos?”

Así defendió el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, a sus dos asesores cuestionados por emitir boletas a la empresa Asesorías y Negocios Spa, en la mira por su vinculación con SQM.

“Aquí se ha cruzado un límite con la honra de las personas (…) El daño que se hace después nadie lo repara”, indicó el ministro.

Peñailillo agregó que quienes trabajan en el Gobierno están llamados a actuar con transparencia e hizo un llamado a la responsabilidad a la hora de entregar información.

“Espero que haya un respeto mínimo a la honra de las personas, en el marco de un Estado de Derecho donde la justicia siempre tiene que trabajar y operar sin presión de ningún actor político”, dijo.

El secretario de Estado también respondió a las críticas de diversas personalidades que aseguran que es necesario un cambio de gabinete y recordó que en la reunión sostenida por la Nueva Mayoría este fin de semana, el respaldo fue transversal a la Presidenta Michelle Bachelet y su liderazgo.

“Aquellos que han dicho por qué no se adelantan las elecciones, ¿por qué no dicen de cara al país que no quieren hacer las reformas?”, sostuvo.

24hs

Ayotzinapa: la CIDH pide abrir nuevas líneas de investigación sobre desapariciones

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la de-saparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) abrir nuevas líneas de investigación sobre estas ‘‘de-sapariciones forzadas’’ ocurridas en septiembre pasado.

21 abril, 2015   México

‘‘El GIEI suministró información para abrir nueva líneas de investigación y ampliar las ya existentes; asimismo, solicitó tomar declaraciones, analizar pruebas fotográficas y documentales y de video, entre otras’’, dio a conocer Carlos Beristain, especialista de este grupo.

Sin embargo, dijo, no son líneas que en este momento puedan ser públicas, ya que perjudicarían las investigaciones.

En conferencia de prensa realizada en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Beristain y Francisco Cox dieron a conocer que ya se entregó a la Policía Federal (PF) información sobre dos nuevos lugares que deben ser inspeccionados, de acuerdo con datos proporcionados por los familiares de las víctimas.

Además, con el mapa de fosas en Iguala, obtenido a través de las autoridades federales, el GIEI evalúa la relación de algunos de esos entierros con ‘‘la intervención de agentes de la policía municipal en la desaparición de los 43 normalistas’’.

Durante su segundo informe de actividades en México, los expertos subrayaron la necesidad de fortalecer la búsqueda de fosas utilizando tecnología láser para identificar perturbaciones en el terreno de los lugares cercanos a Pueblo Viejo, La Parota y alrededores.

En esta visita de trabajo los especialistas detallaron que también se llevó a cabo la reconstrucción de hechos de la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, con el apoyo de normalistas testigos de los hechos, lo que les ha ayudado a entender el impacto no sólo de las desapariciones forzadas, sino de los familiares y estudiantes del lugar.

Sin embargo, los expertos dijeron que presentarán las conclusiones de la investigación hasta que concluyan los seis meses estipulados para la indagatoria que se inició el 2 de marzo.

Asimismo, dieron a conocer que se reunieron con 16 detenidos por este caso en el Cefereso 4 de Nayarit y se envió una solicitud al Senado para aprobar la reforma constitucional necesaria para posteriormente elaborar una ley sobre desaparición forzada.

Sobre el trabajo realizado hasta ahora, Cox explicó que el GIEI ya cuenta con el expediente digital completo y próximamente realizará entrevistas con miembros del 27 batallón de infantería, además de acordar un mecanismo de atención médica para los familiares de los 43 jóvenes y para elaborar un segundo diagnóstico para el estudiante Aldo Gutiérrez, quien se encuentra en estado muy grave.

El grupo de trabajo de la CIDH, cuya tercera visita está programada para el próximo primero de mayo, está integrado por Beristain, quien se desempeña como médico y psicólogo; Francisco Cox Vial, abogado chileno; la colombiana Ángela Buitrago, quien es abogada y socióloga, y el también jurista colombiano Alejandro Valencia Villa.

La Jornada

AMIGOS SON LOS AMIGOS

 EL GOBIERNO DE MACRI ALQUILO UN GALPON AL GRUPO CLARIN EN EL LUGAR DONDE ESTA EL MURO

Con una millonaria ayudita 

Con el pretexto de la “urgencia” para reacondicionar vagones del subte, el gobierno porteño le alquiló el galpón al Grupo Clarín por un millón y medio de dólares por año.

 Por Werner Pertot

Además de rehusarse a demoler el muro construido junto a la planta de impresión del Grupo Clarín, el gobierno de Mauricio Macri le alquiló un galpón en ese mismo lugar al holding empresarial por un costo anual de un millón y medio de dólares. Para hacerlo, sortearon mecanismos de control con el pretexto de la urgencia de conseguir un lugar para los vagones de subte de la línea B que debían ser reacondicionados. “Estamos acostumbrados a los manejos desprolijos e irregulares de Sbase, pero en este caso particular, se revela la especial relación del gobierno de Macri con el Grupo Clarín”, señaló el auditor porteño Eduardo Epszteyn.

Se trata de la planta denunciada por los legisladores Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo por construir un muro que impide el paso en una calle pública. Los dirigentes y un vecino presentaron un amparo, ya que el gobierno porteño se negaba a demoler el muro. En la causa judicial, la gestión PRO argumentó que no sabía si el muro existía, que no tenía conocimiento de quién lo construyó y otra serie de argumentos de antología. La jueza Lidia Lago los desarmó uno por uno en un fallo en el que le ordenó al gobierno de Macri que demuela el muro en un plazo de diez días. La procuración porteña apeló para evitar tener que demoler un muro que corta el acceso a una calle pública, que es utilizada por la planta de impresión del Grupo Clarín como estacionamiento privado y depósito.

El conductor Víctor Hugo Morales sufrió una agresión la semana pasada, cuando fue a tomar imágenes del muro para su programa Bajada de línea, donde se dieron los primeros detalles de la relación entre Sbase y el galpón del Grupo Clarín. Según pudo reconstruir el equipo del auditor Epszteyn, la procuración porteña emitió un dictamen a posteriori del alquiler de parte de un galpón de 7000 metros cuadrados en Agustín Magaldi 2139 por la bicoca de 115 mil dólares más IVA por mes. El contrato de alquiler fue firmado por Sbase, la empresa estatal de subtes que controla el macrismo, con un fideicomiso de nombre LOMA XXI, que comparte la dirección fiscal con el Grupo Clarín y con AGEA.

El lugar fue alquilado para recibir los vagones que llegaron de Madrid para la línea B. Curiosamente, pese a que el gobierno porteño sabía con anticipación de la llegada de estos vagones, la contratación del galpón se hizo utilizando un mecanismo previsto para casos de urgencia, que evitó el dictamen previo de la procuración.

En su dictamen posterior, la procuración –que conduce Julio Conte Grand, un funcionario designado por Macri– encontró que varias de las cláusulas del contrato “colisionan con lo dispuesto en el Reglamento de Contrataciones” de Sbase. No encontró probada la excepcionalidad para firmar ese contrato ni por qué se hizo en moneda extranjera. “Considero que deberá acompañarse de un informe técnico por el cual se deberá invocar y justificar debidamente las razones por las que motivaron y tornaron necesario tales apartamientos respecto del Reglamento de Contrataciones de Sbase, considerando que se trata de un mecanismo contractual de excepción”, le marcó la procuración porteña a Sbase. “La actuación de la procuración es pública –detalló Epszteyn–. Mi equipo la encontró, ya que tenemos como costumbre buscar toda información pública relacionada con un tema que se esté auditando. Y justamente estamos auditando a Sbase.”

La resolución 2124/14 de Sbase, firmada por su presidente Juan Pablo Piccardo –a la que accedió Página/12–, corrobora lo planteado por el equipo de Epszteyn: el contrato se firmó el 14 de agosto de 2014, tiene una duración de 36 meses, y un canon de 115.500 dólares por mes a partir del 1° de marzo de este año. Y la frutilla del postre: la inmobiliaria que hizo las averiguaciones para Sbase se llevó otros 173.250 dólares en comisiones.

“No hay delito alguno, ni consumado ni tentado”

EL FISCAL DE CASACION JAVIER DE LUCA DESESTIMO LA DENUNCIA DE NISMAN CONTRA LA PRESIDENTA CRISTINA KIRCHNER

De Luca insistió en que no existe delito en lo denunciado. Sólo resta que la Cámara de Casación firme una resolución dejando en pie el desestimiento de primera instancia del juez Rafecas para que la denuncia de Nisman se archive.

 Por Raúl Kollmann e Irina Hauser

@El fiscal ante la Cámara de Casación, Javier De Luca, desistió ayer del recurso de Casación por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque y varios dirigentes sociales. De Luca tenía la obligación de fundamentar su desistimiento y lo hizo en un escrito de 27 páginas en los que afirma que en la denuncia de Nisman “por más que se recorran todas sus hipótesis una y otra vez, no se logra encontrar delito alguno a averiguar y demostrar”. De Luca sostiene que no existe delito en la firma del memorándum ni en la constitución de una Comisión de la Verdad, todo lo cual fue votado por el Congreso. “Sostener que firmar un tratado constituye un plan criminal es un absurdo desde el punto de vista jurídico. Las supuestas motivaciones, móviles o ultra-intenciones no son delito”, remata el fiscal. Tras la presentación del escrito de De Luca, la Sala I de la Cámara de Casación seguramente dirá que el recurso no fue sostenido, lo que deja firme el desestimiento original del juez Daniel Rafecas. Será el final de una denuncia que naufragó desde el principio (ver aparte).

Tratado

Aunque se pretenda descalificar a De Luca por su pertenencia a la agrupación Justicia Legítima, lo cierto es que el fiscal no sólo siguió los lineamientos del fallo de primera instancia de Rafecas y de dos de los tres jueces de Casación –Jorge Ballestero y Eduardo Freiler–, sino que convalidó los mismos argumentos que públicamente explicaron juristas de la talla de Raúl Zaffaroni, León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Julio Maier o Luis Moreno Ocampo. Todos coincidieron en que en la denuncia de Nisman no existe delito o que tenía más de denuncia política que judicial.

El fiscal dice: “Véase que la conformación de una ‘Comisión de la Verdad’ y la notificación a Interpol de la celebración del acuerdo internacional están escritas en el mismo memorándum, totalmente a la vista, y fueron ratificados por el Congreso de la Nación. Es decir, nuestros legisladores, en el ejercicio de su potestad constitucional, dispusieron esas cláusulas. No queda resquicio alguno para operaciones encubiertas o la realización de móviles ocultos, porque está todo a la vista. Un tratado es equiparable a una ley. Fue votado por el Congreso. Es el soberano el que decide. Hay tratados que eximen de extradición, que modifican regímenes de excarcelaciones y todo ello está dentro de las facultades del Legislativo y el Ejecutivo, que luego promulga. No puede haber delito en eso”.

Interpol

Ya está demostrado que la Cancillería no pidió el levantamiento de las alertas rojas. Las pruebas exhibidas fueron categóricas: la carta a Interpol advirtiéndole que la firma del memorándum no cambiaba el status de las capturas; la respuesta de Interpol ratificando que no habría cambios; las declaraciones de Ronald Noble.

Sin embargo, De Luca resalta que ni el Ejecutivo ni el Legislativo argentino tenían facultades para incidir en el levantamiento de las órdenes de captura, incluso si se hubiera hecho alguna gestión. “No existe en Interpol el mecanismo de solicitudes u órdenes de los poderes ejecutivos –afirma De Luca–. No es un procedimiento reglado para bajar las alertas rojas. Ni Argentina ni Irán tienen capacidad legal de bajar alertas. Sólo los jueces son quienes pueden solicitar a Interpol las altas y las bajas de las capturas internacionales de personas imputadas de delitos, que dan lugar a un procedimiento reglado de Interpol. Los otros poderes de los respectivos Estados no tienen una competencia específica para incidir en el proceso interno de la Interpol al respecto, ni para darles el alta ni para darles la baja.”

AMIA

Hay un punto del dictamen de De Luca que va a uno de los meollos del memorándum. El fiscal explica que el tratado no detuvo nada de la causa judicial argentina, que siempre estuvo en las manos de un juez, Rodolfo Canicoba Corral, y delegada en un fiscal, Nisman. De Luca analiza que el expediente afrontaba un problema sin solución: los prófugos no podían ser indagados porque ni se presentaban voluntariamente ni podían ser aprehendidos. “No se podía avanzar –señala De Luca–. En ese contexto, se desprende de la simple lectura del memorándum que el acuerdo no pretende otra cosa que traer a derecho a esas personas para que declaren ante el juez de la causa. La historia judicial argentina está plagada de búsqueda de soluciones, porque no se trata de un conjunto de normas pétreas. Los poderes del Estado competentes buscan e instauran un mecanismo que destrabe una situación. Y la solución puede ser criticada por los políticos, la doctrina, las partes, pero es lo que pudieron y supieron concretar quienes dirigen las políticas exterior y criminal de la República.” Esto no significa –redondea De Luca– que el Ejecutivo o el Legislativo hayan entorpecido la causa judicial, que siempre estuvo a cargo de un magistrado. No se afectó el trámite judicial en la Argentina. Tampoco significó ayuda para los prófugos, no les facilitó la elusión de la Justicia.

Comisión

De Luca responde al argumento de que la creación de la Comisión de la Verdad, en el marco del Memorándum, sea una ayuda a los prófugos y, por lo tanto, un delito. “De la lectura misma del memorándum –dictamina De Luca– surge que el juez y el fiscal a cargo de la etapa de investigación no están obligados ni vinculados por las acciones y conclusiones de la llamada ‘Comisión de la Verdad’, de modo que no tiene efectos sobre el proceso porque siempre dependerán de la decisión autónoma que tomen los magistrados a cargo. La intervención de la Comisión no tiene mayor valor que el que pudieran tener las infinitas opiniones, estudios, investigaciones y conclusiones que sobre el atentado hubo desde el primer día. Y ello conduce a visibilizar que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, al concretar este acuerdo, con esa redacción, de ningún modo entorpecieron la marcha del proceso penal que, reitero, en nuestro país está a cargo de un magistrado que pertenece a otro poder del Estado.”

Delito

El fiscal de Casación, en su desistimiento del recurso, polemiza con lo que llama una falacia “consistente en sostener que la hipótesis del denunciante (Nisman) puede dar lugar a un delito o puede dar lugar a un no delito, lo cual demanda investigación para su dilucidación”. El fiscal rechaza ese proceder: “Si se reciben denuncias del tipo ‘en la casa de al lado se trafican estupefacientes’, o que ‘Fulano mató a Mengano’, o de un robo de una cartera, etcétera, debemos investigarlas porque se parte de la base de que traficar estupefacientes, matar a otro, o robar, son delitos. Pero si la denuncia consiste en tratar de probar si Fulano es infiel a su mujer porque tiene manceba, esa investigación está vedada porque el adulterio no es más delito en la Argentina. En este caso, como ya se dijo, el supuesto intento de hacer caer las alertas rojas y la creación de una comisión que opinaría sobre el caso, no pueden constituir la base de un delito, porque no son una ayuda para los prófugos y se inscriben en la competencia constitucional de los otros poderes del Estado”. Es decir que hubo un tratado y una ley, que –como señaló la Cámara Federal– pudo haberse considerado inconstitucional, pero no un delito.

Finalmente, el fiscal les responde a quienes dicen que hay que investigar e iniciar un proceso de recolección de pruebas. “Nuestra ley –remata De Luca– exige que lo que se denuncie e investigue sean hechos que constituyan delitos y no cualquier hecho de la vida. En este caso no estamos ante hechos que no se pudieran probar, sino que lo que se pretende probar son hechos que no podrían configurar un delito.”

http://www.pagina12.com.ar/

Por una Agencia latinoamericana de Calificación de Riesgo

Por Alfredo Serrano Mancilla

20 abril, 2015   Opinión

Después de unos años de aceleración en el proceso de construcción de una América Latina más emancipada, con más mecanismos propios de integración, se viene entrando en un periodo de cierto amesetamiento. No es fácil mantener el intenso ritmo que fue necesario implementar desde el año 2005 en adelante para ir poniendo ladrillo a ladrillo la nueva casa latinoamericana con unos nuevos cimientos que perduran con gran vigor hasta nuestros días. La aparición del ALBA (y el rechazo al ALCA) con la genuina idea del SUCRE, la emergencia de Unasur, el empeño en curso puesto en la creación de un árbitro unasuriano que sea quien dirima en caso de conflicto de las inversiones extranjeras en este territorio, el nacimiento de la CELAC, los nuevos instrumentos para relacionarse con los BRICS sin necesidad de tener que pedir permiso a la hegemonía estadounidense; son todos hitos propios del inicio del cambio de época en América latina.

Sin embargo, esta tarea arquitectónica exige ahora más que nunca un nuevo reimpulso para hacer irrerversible todo lo logrado en esta década ganada para la mayoría social latinoamericana. No es aconsejable que el alto nivel de decibelios existentes en muchos países debido a la disputa que está en juego puertas adentro (sea por contienda electoral o por cualquier otra causa) distraiga la atención de los desafíos estratégicos para seguir avanzando y consolidando el proceso de integración regional. A la importancia, ya mencionada recientemente por el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, de disponer este mismo año del Banco del Sur en pleno funcionamiento, se le suma la necesidad urgente de repensar y buscar qué otro tipo de herramientas son imprescindibles desde ahora en adelante. La transición geoeconómica en marcha hacia un mundo multipolar no permite estar en huelga; cualquier pasividad podría ser penalizada arrastrando a la región a una inserción que se debate entre la opción hegemónica y otra opción vía BRICS, abandonando cualquier posibilidad de insertarse bolivarianamente en el mundo como bloque propio. No hay tiempo que perder para tomar acciones concretas que permitan aprovechar esta buena oportunidad histórica para reubicarse soberanamente en la mejor manera posible en este nuevo mundo del siglo XXI. De lo contrario, se corre el riesgo de perder la oportunidad de obtener efectivamente la segunda y definitiva independencia.

Entre las múltiples tareas que restan por hacer, una de ellas debería ser la creación de una Agencia latinoamericana de calificación de riesgo. El objetivo de esta idea es dotarse de una herramienta real para confrontar una de las nuevas armas de destrucción masiva que utiliza el capitalismo global para golpear a los estados soberanos, a sus democracias y a sus economías. Hasta el momento son tres empresas privadas las que monopolizan la posibilidad de evaluar cualquier deuda, pública o privada, otorgándole una nota que hace considerarla riesgosa o no, y por tanto, fija los intereses a pagar a la hora de colocarla en los mercados financieros. En otras palabras, son únicamente Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch quienes pueden decir si una deuda pública de un país latinoamericano posee alto riesgo o no de ser impagada, poniéndole desde la máxima nota a la peor. Permitir que los capitales privados, quienes a la vez tienen intereses particulares en esa misma evaluación, sean aquellos que puedan considerar que un país está en colapso o default es verdaderamente un atropello a la soberanía que no debería admitirse. Este es un colmo más del neoliberalismo: la privatización de la actividad de impartir justicia en el ámbito financiero.

A pesar que en los últimos años se han sucedido numerosos casos poniendo de manifiesto la incompetencia, la competencia desleal y el fraude de estas empresas para llevar a cabo su labor, todavía siguen actuando con total impunidad abusando de su posición dominante. No ha servido aún que el Departamento de Justicia de Estados Unidos esté investigando a Moody’s por inflar la calidad de los activos hipotecarios que dieron lugar a la crisis financiera de 2008 (según The Wall Street Journal) ni que le haya impuesto una multa record (1300 millones de dólares) a la agencia Standard & Poor’s por prácticas similares. Aún estas agencias gozan de autoridad impune para seguir no sólo afectando a los presupuestos públicos de los estados latinoamericanos sino también creando entornos desfavorables y propicios para crear condiciones de inestabilidad económica de cara al exterior. No vale siquiera que se haya demostrado que el principal accionista de Moody’s es el multimillonario estadounidense Warren Buffet (a través de su compañía, Berkshire Hathaway, controla el 12.3%) o que Standard & Poor’s es filial de la editorial McGraw-Hill, o el mayor accionista de Fitch es la firma francesa Fimalac/Lacharriere, presidida por Marc Ladreit, una de las fortunas más grandes de Francia. Tampoco cuenta que este trío calificador de riesgo haya metido un sinfín de meteduras de patas en el pasado. Por ejemplo, cuando los gigantes estadounidense Enron elaboraba su contabilidad ocultando deudas, contabn con las más altas calificación; en Enron mantuvieron la categoría de “alto grado de inversión” aún después que el descalabro era público y sus acciones habían caído de 70 a 3 dólares. En el caso de Islandia, se le concedió una nota de AAA debido a su nueva legislación bancaria liberal, y luego, años más tarde, en 2008 el sistema bancario islandés entró en quiebra. El caso más conocido fue cuando antes de la crisis de los bonos de hipotecas subprime de 2008, estas agencias les dio la máxima calificación crediticia a las hipotecas basura y a bancos que resultaron subsistir de estafas, entre ellos a Lehman Brothers.

Estos son solamente algunos casos que demuestran por qué no se debe confiar la suerte de la calificación de la deuda pública a merced de estas agencias de riesgo. La soberanía como meta de la nueva América Latina se recupera también con este tipo de batallas económicas. Al igual que Rusia y China ya han iniciado a toda prisa la constitución de una agencia de calificación de riesgo propia, y algo similar está procurando hacer la UE si es que el acuerdo de Libre Comercio Trasatlántico (TTIP) con Estados Unidos se lo permite, en América Latina es urgente dar un paso al frente en este asunto. Cuanto antes, se disponga de una Agencia latinoamericana de calificación de riesgo en el seno de la CELAC, o suramericana en el seno de Unasur, mucho antes se evitará la dependencia que en esta materia se tiene todavía de los poderes económicos centrales.

Celag