PLUNA : Las cosas que empiezan mal, terminan mal

Las cosas que empiezan mal, terminan mal
por Claudio Paolillo

búsqueda nº 1745

"Este es un proceso profesional. Este es un proceso que, a diferencia de algunos que se han realizado en el pasado, recorre todas las etapas que debe recorrer un proceso de este tipo. Y por eso tenemos que sentirnos muy tranquilos de que se va a ver coronado por el éxito. Las cosas que empiezan bien, por lo general siempre se desarrollan y culminan bien. Y a la inversa en caso contrario"

Con esa categórica afirmación, el entonces ministro de Economía y actual vicepresidente de la República, Danilo Astori, concluía una conferencia de prensa a la que había convocado en la sede del Ministerio el 12 de febrero de 2007 para informar a la sociedad sobre la firma, ese día, del contrato entre el Estado uruguayo y la Sociedad Aeronáutica Oriental-Leadgate, por el cual la aerolínea PLUNA pasaba a ser mixta, con un control accionario de inversores privados (75%) y una participación minoritaria de directores estatales (25%).

Casi ocho años después, los tres principales directores privados de la ya desaparecida PLUNA, Matías Campiani, Arturo Álvarez Demalde y Sebastián Hirsch, pasaron la Navidad en la cárcel, procesados por una jueza penal por haber cometido "un delito continuado de estafa especialmente agravado". A la vez, un escribano del Estado fue enjuiciado por el delito de "certificación falsa por un funcionario público" y dos altos jerarcas del gobierno mantienen pendientes pedidos de procesamiento sin prisión por el delito de "abuso de funciones".

Aquel 12 de febrero de 2007, Campiani, Álvarez Demalde y Hirsch compartieron la mesa con el entonces presidente Tabaré Vázquez, quien con su presencia avaló la suscripción del acuerdo con Leadgate para operar PLUNA.
El convenio fue suscrito entonces por los tres hoy procesados (representados por un apoderado), los ministros Astori y Luis Lazo (que, como subsecretario, ejercía un interinato por ausencia momentánea del ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi), Carlos Bouzas (presidente de PLUNA Ente Autónomo y presidente del Directorio de PLUNA SA), Carlos Galcerán (vicepresidente del Directorio de PLUNA SA) y María Esther Mallo de Mendoza (secretaria general de PLUNA Ente Autónomo).

El sábado 21, el presidente José Mujica, acompañado por Astori, leyó una breve declaración ante el desencadenamiento de los hechos judiciales que ya provocaron la renuncia del ministro de Economía, Fernando Lorenzo.
El presidente hizo allí dos afirmaciones que vale la pena comentar.

En primer lugar, luego de elogiar en toda la línea a Lorenzo y al otro implicado, el presidente del BROU, Fernando Calloia, Mujica afirmó que "la Justicia resolverá si se cometieron errores instrumentales". Pues el Poder Judicial no existe para resolver sobre "errores instrumentales" de funcionarios públicos o privados.
El Poder Judicial existe para establecer si determinadas conductas están dentro o fuera de la ley y, en caso de que estén fuera de la ley, para decidir si configuran delitos previstos en los códigos respectivos

En segundo lugar, el presidente creyó del caso asegurar al pueblo uruguayo que su gobierno respetará "las decisiones que tome la Justicia, íntegramente". Fue un recordatorio completamente innecesario.
En una sociedad donde rige el Estado de derecho, sus integrantes no esperan otra cosa de los coyunturales miembros del Poder Ejecutivo sino que respeten "íntegramente" las decisiones de los jueces.

¿Qué otra alternativa tienen? ¿Dar un golpe de Estado? ¿Para qué se recuerda lo que es, simplemente, un deber insoslayablemente obvio?

El fiscal Juan Gómez ha pedido el procesamiento sin prisión de Lorenzo y de Calloia —que, llamativamente, hasta ahora no ha seguido los pasos del ex ministro— luego de considerar que incurrieron en ilegalidades al conceder el Estado un aval de millones de dólares a una empresa fantasma que, supuestamente, compraría los aviones de la ex PLUNA, cosa que jamás hizo.
El fiscal dice que Lorenzo abusó de su "poder funcional" y reclamó a Calloia que el BROU emitiera un aval ilegal a pocas horas del remate de octubre de 2012, donde un ignoto personaje de la empresa fantasma ofertaría U$S 137 millones por los siete aviones de la ex PLUNA. Y dice que Calloia aceptó "esta situación irregular" e "instruyó a personal subordinado a efectos de conceder indebidamente el cuestionado aval"

El fiscal también dice que no tiene siquiera "indicios" de que Lorenzo o Calloia hayan tenido alguna "intención de enriquecimiento personal" o que hayan procurado "provechos indebidos" al obrar como lo hicieron. No hay elementos para decir lo contrario, por lo que va de suyo que hay que asumir que así fue. Sin embargo, la corrupción no es solo meterse plata ajena en el bolsillo. Un gobernante puede corromperse, también, cuando se saltea la ley para conseguir un propósito, aunque proclame que lo hace con las más nobles finalidades

La jueza Adriana de los Santos no pudo pronunciarse sobre la solicitud del fiscal porque tanto Lorenzo como Calloia consideran que el delito de "abuso innominado de funciones" es inconstitucional y, por tanto, derivó esta situación a la Suprema Corte de Justicia para que se expida.
Cuando estaba en la oposición y jerarcas y funcionarios de los gobiernos anteriores eran procesados con y sin prisión por este mismo delito, el hoy gobernante Frente Amplio no exhibía mayor preocupación por la presunta inconstitucionalidad de esta figura penal.

Hay lecciones para aprender de este caso. Una, muy importante, es el papel ineludible de una prensa libre en la democracia.
Si los periodistas no hubieran informado a la población que el BROU había concedido un aval de modo irregular, si no hubieran fotografiado a casi todos los personajes de esta insólita trama negociando en un almuerzo y si no hubieran desenmascarado a la empresa fantasma y a su testaferro que mezclaba sus nombres para despistar con la complicidad de un escribano público, la justicia hubiera tenido, probablemente, muchos más problemas para llegar a sus conclusiones.

Y hay preguntas que emergen de la vista fiscal y del fallo de la jueza. La más importante de todas es: ¿quién trajo a Leadgate para que se hiciera cargo de PLUNA? ¿Quién infundió tanta tranquilidad en Astori como para vaticinar, en 2007, que no había ninguna duda acerca de que este proceso sería "coronado por el éxito"?

Tanto el fiscal Gómez como la jueza De los Santos recuerdan en sus dictámenes que el gobierno frenteamplista le pagó un millón de dólares al bróker Paul Elberse para que consiguiera un socio para PLUNA. Elberse consiguió a Campiani y compañía.
Al fiscal —y a los senadores blancos que pusieron en marcha este proceso judicial— les llamó la atención "la inexistencia de puja entre los eventuales oferentes (para asociarse a PLUNA) e incluso las vinculaciones familiares de algunos interesados, refiriéndose al padre de Matías Campiani"

¿Quién es Elberse? Elberse es el mismo que durante el último tramo del gobierno colorado presidido por el ex presidente Jorge Batlle fue nombrado director y gerente general del Nuevo Banco Comercial, luego de la espantosa crisis del 2002, que había fundido al Banco Comercial. Elberse fue despedido en el 2004 por el entonces ministro de Economía, Isaac Alfie, luego de comprobar éste que Elberse se había votado bonos, para él y para otros gerentes, que le permitían a él cobrar un millón de dólares anuales, en un banco que había reprogramado los depósitos a seis años, pagando 2% de interés anual.

Y no sólo eso. Bajo la conducción de Elberse en el NBC, su Directorio estuvo integrado por el padre de Matías Campiani y el gerente de Riesgos del NBC era Javier Liberman

¿Quién es Javier Liberman?
El mismo que fue designado el 30 de julio de 2012 por el Poder Ejecutivo como fiduciario del Fideicomiso de Administración creado por el gobierno para adquirir los activos de PLUNA S.A. (los siete aviones) "con la finalidad de preservar el valor de los activos, viabilizar opciones de mantenimiento del servicio de transporte y preservar fuentes de trabajo".

El entonces diputado Rossi fustigó duramente en 2004 la gestión de Elberse.
Pero, curiosamente, tres años después, como ministro de Transporte y Obras Públicas, aceptó la sugerencia de Elberse para asociar a PLUNA. Quien no era confiable en 2004, pasó a ser una garantía en 2007.
Rossi, cabe recordar, es el único actor relevante del gobierno de Tabaré Vázquez que ha dicho que la asociación del Estado con Leadgate no fue una equivocación

Da la sensación de que esto recién empieza

El financiamiento de la USAID para operaciones secretas en América Latina se encubre a través de triangulaciones

Quito, 27 dic (Andes).-
La ONG Corporación Participación Ciudadana (PC) recibió cerca de dos millones y medio de dólares, en abril de 2003, según revela un documento obtenido gracias a la Ley de Libre Acceso a la Información de los EE.UU. (FOIA, por sus siglas en inglés), lo que demuestra que el financiamiento de la USAID para operaciones secretas en América Latina se da también a través de triangulaciones.

Este documento, fechado el 04 de abril de 2003 y donde consta la firma del político opositor, el ex legislador, César Montufar, es una modificación a otro anterior en el que la mencionada corporación recibía una suma inferior, exactamente 55.000 dólares menos.

El investigador estadounidense Jeremy Bigwood afirmó que las vinculaciones que se generan entre estos grupos opositores, los medios de comunicación y las fundaciones que financian a la oposición de los gobiernos progresistas son complicadas de desentrañar puesto que incluso se valen de terceros países para hacer llegar los fondos.

En este documento al que tuvo acceso exclusivo la Agencia Andes, se revela que los fondos percibidos por Montufar a nombre de Participación Ciudadana pasan primero por la Oficina de Acuerdo Regional, domiciliada en Lima, Perú, antes de llegar a su destino final.

Junto a la firma de Montufar, al pie del documento aparece la de James J. Dunlap, oficial regional de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

La USAID financia públicamente a la oposición de los países progresistas en América Latina. El mismo administrador adjunto para América Latina y el Caribe Mark Feierstein, lo ha confirmado.

El directivo de la Usaid para América Latina precisó que pese a los recortes realizados a esos tres países, durante este 2012, el apoyo sigue siendo importante, porque los recursos van destinados a la promoción y lucha por la “democracia”.

En el caso de Ecuador, las organizaciones no gubernamentales afincadas en el país que colaboran y reciben fondos de los proyectos “Ciudadanía Activa” y “Fortalecimiento de la Democracia”, que entre los dos suman $ 4,3 millones.

En la actualidad, Participación Ciudadana ha tenido constantes roces por el Ejecutivo que acusa a la organización de emitir informes sesgados sobre el gasto en publicidad oficial.

Con el anuncio de la salida de la USAID, directivos de varias ONG expresaron su preocupación al percibir que el gobierno supuestamente está tratando de asfixiarlos financieramente.

En contrario, el director de una conocida fundación dedicada -según ellos mismos- a la promoción y la protección de los derechos a las libertades de expresión, de prensa y a la asociación, manifestó off de record que no le preocupaba la salida de la oficina de Washington para la cooperación, pues el flujo de recursos económicos para su organización están asegurados a través de terceros.

La USAID anunció la semana pasada su salida de Ecuador pretextando que no había llegado a un acuerdo con el gobierno para el desarrollo de varios proyectos. No obstante, Quito adujo que no se había podido negociar un nuevo programa de cooperación con EEUU, requisito indispensable para la ejecución de proyectos en el país andino.

La Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETECI) le ha informado a la organización estadounidense que no se pueden realizar ampliaciones de plazo a los proyectos, ni tampoco iniciar nuevos, hasta negociar un acuerdo.
El canciller Ricardo Patiño expuso algunos puntos que preocupaban al Ecuador sobre convenios que eran “poco transparentes” y que, en algunos casos, se hicieron de manera oculta. Por ejemplo, que EEUU, a través de la USAID pretendía enseñar a los diputados del ex Congreso de Ecuador a “ejercer la democracia” y a las organizaciones no gubernamentales las instruía para dar seguimiento al comportamiento frente al supuesto ambiente restrictivo frente a la libertad de asociación.

Gabriela Rosero, directora de la SETECI, dijo a Andes que algunos de los proyectos de cooperación estaban enfocados a “ciertos” gobiernos autónomos descentralizados (gobiernos locales) para que expertos foráneos promuevan procesos, en muchos casos, de incidencia política.

Relató que un denominador común del apoyo de la USAID es que los municipios con los que trabaja son de oposición a la línea del gobierno del presidente Rafael Correa. Añadió que la USAID tenía un trabajo sostenido en determinados territorios y había fortalecido grupos que tenían como característica su capacidad de movilización.

Rosero pone en duda el membrete de “fortalecimiento de la sociedad civil” pues los recursos de la cooperación iban dirigidos a un privilegiado número de ong. “Si usted lee los convenios, no trabajan con nadie más que con los mismos”, acotó

http://www.andes.info.ec/es/noticias/financiamiento-usaid-operaciones-secretas-america-latina-encubre-traves-triangulaciones

La CIA en Colombia: Injerencia y entreguismo confirmados

La CIA en Colombia
LA JORNADA / ANNCOL –
El diario The Washington Post reveló ayer la existencia de un programa secreto de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) por el cual el gobierno de Washington ayudó a las autoridades de Colombia a asesinar a al menos 24 líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), mediante un sistema de rastreo por GPS y el uso de bombas de alta precisión. Según la información hecha pública por el rotativo, el programa arrancó en 2000, tiene un presupuesto millonario y aún desconocido, que no forma parte del llamado Plan Colombia, y podría seguir en operación, lo que supone su continuidad entre las presidencias de George W. Bush y Barack Obama.

El diario pone especial énfasis en la participación de esa agencia estadunidense en el bombardeo que derivó en el asesinato de Raúl Reyes –el principal negociador de las FARC–, ocurrido en la localidad ecuatoriana de Sucumbíos en marzo de 2008. Dicho episodio, cabe recordarlo, constituyó no sólo un crimen de Estado –el asesinato a mansalva de una veintena de personas, entre ellas cuatro estudiantes mexicanos–, sino también derivó en un conflicto internacional entre Bogotá y sus vecinos Venezuela y Ecuador, por la incursión militar ilegal en el territorio de este último país.

En retrospectiva, la información difundida por el Post termina por dar la razón a los señalamientos formulados en su momento por el mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, quien desde un principio habló de un bombardeo realizado con tecnología de punta, seguramente con la colaboración de potencias extranjeras, y corrobora el papel desempeñado por la CIA, desde los años 50, como la dependencia que se encarga de hacer las tareas sucias que la Casa Blanca prefiere mantener en secreto, como una de las principales exponentes del terrorismo de Estado y como una de las entidades más peligrosas para la estabilidad mundial.

Por lo que hace al gobierno de Uribe, la información difundida denota el grado al que llegó la liquidación de la soberanía de esa república suramericana durante la gestión del ex mandatario (2002-2010), periodo durante el cual ese país se sumergió en un clima de violencia cada vez más confuso en el que participaron organizaciones políticas armadas, bandas de narcotraficantes, escuadrones de paramilitares y el mismo gobierno. El empeño de Uribe Vélez en una estrategia contrainsurgente que incluyó la violación masiva de derechos humanos y la conversión de ese país en violador de la legalidad internacional estuvo alentado, de acuerdo con lo que hoy se sabe a partir de la información publicada por el Post, por el gobierno de Estados Unidos. En un ejemplo más de la doble moral característica de Washington, Álvaro Uribe concluyó sus días al frente de la Casa de Nariño en medio de acusaciones de funcionarios y legisladores estadunidenses por los atropellos cometidos por su gobierno en el contexto de la política de un plan de contrainsurgencia del gobierno colombiano alentado por la propia Casa Blanca.

Por último, la información de que el mencionado programa secreto de la CIA pudiera seguir en marcha tendría, en caso de ser cierta, implicaciones desastrosas para el complicado proceso de paz que se desarrolla desde hace más de un año entre el gobierno de Bogotá y las FARC, el cual ha estado marcado por la continuidad de acciones bélicas por parte de ambos bandos.

Corresponde a los ciudadanos colombianos exigir a su gobierno un esclarecimiento contundente en trono a lo publicado por el diario estadunidense y, si es el caso, el cese de las operaciones conjuntas entre Washington y Bogotá, las cuales constituyen un lastre fundamental para poner fin al conflicto armado más antiguo del hemisferio.

LA JORNADA

Álvaro Uribe reconoce participación de los Estados Unidos en bombardeo a Ecuador

Álvaro Uribe reconoce participación de los Estados Unidos en bombardeo a Ecuador
Quito, 26 dic (Andes).-

El expresidente colombiano y pre candidato al senado de su país, Álvaro Uribe Vélez, reconoció la injerencia armada de los Estados Unidos en el bombardeo a territorio ecuatoriano que acabó con la vida de Raúl Reyes, miembro del secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), ocurrida el 1 marzo de 2008.

“Bajo mi responsabilidad fueron (los) operativos militares con hombres y equipos nuestros USA ayudó para detectar ubicación de narco secuestradores”, escribió en su cuenta de Twitter @AlvaroUribeVel.

Una serie de evidencias aparecidas en una publicación del Washington Post indican que la CIA llevó a cabo un programa de acción encubierta que ayudó al gobierno de Colombia a exterminar al menos a dos docenas de líderes de las FARC.

La ayuda secreta -que también incluye espionaje sustancial de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés)- fue financiada a través de un presupuesto sospechoso multimillonario que no forma parte del paquete oficial de 9.000 millones de dólares en el marco del llamado Plan Colombia, que comenzó en el 2000.

Uribe ha sido sindicado en su país debido a la participación de varios miembros de su gabinete y más cercanos colaboradores en actividades relacionadas con el paramilitarismo. Su primo, el ex senador Mario Uribe Escobar, ha sido detenido por dos ocasiones en dos años dentro de un proceso por sus presuntos vínculos con paramilitares que ha señalado desde 2007 a más de una treintena de legisladores.

Álvaro Uribe está indudablemente detrás de la guerra, es un alfil de los Estados Unidos y de la CIA en la región, afirmó el martes el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño en referencia a la publicación del Washigton Post.

“Ya sabemos atrás de qué está (Álvaro) Uribe: él está siempre detrás, en medio y delante de la guerra. Él es un alfil de los Estados Unidos y de la CIA, indudablemente. Así que, esto será parte de este escenario que están armando a nivel internacional”, dijo Patiño.

http://www.andes.info.ec/node/26622

PLUNA :El error del fiscal y el error del gobierno

El error del fiscal y el error del gobierno
Jaime Secco
23.12.2013
El fiscal Juan Bautista Gómez, en uso de sus funciones, ha perjudicado al país y a particulares, al cometer un error de apreciación en las varias causas que informó conjuntamente en relación a la empresa Pluna, su quiebra y hechos posteriores.
En las sentencias judiciales se suele ver una expresión pintoresca: "no es así como suceden las cosas". Si una persona es sorprendida de noche en la cocina de una casa ajena y dice que escuchó gotear la canilla y la quería cerrar porque es amante de la naturaleza, el juez probablemente utilice esa fórmula a la hora de procesarlo.

El fiscal Gómez hace una interpretación sobre los hechos relacionados con la actuación de Fernando Lorenzo y Fernando Calloia que puede no ser imposible, como que aparezca un intruso ecologista o que una silla salga volando si por casualidad todos sus átomos vibran para el mismo lado, pero es poco verosímil. Queremos mostrar que su extraña interpretación no sólo no es la única posible, sino que no es siquiera verosímil. Las cosas no suceden así.



Los hechos

Los hechos públicos son conocidos.

1- Lorenzo llamó a Calloia pidiendo que se agilitara la concesión de un aval, cosa a la que se accedió. En el mismo momento el presidente del Fideicomiso estaba acompañando a otro oferente al BROU con igual fin. Es decir, todo el gobierno intentaba que hubiera el máximo de oferentes en el remate.

2- El remate se convocó en dos fases. En un primer momento quien superara la base podía llevarse los aviones sin más compromiso. En un segundo llamado, los oferentes que cotizaran por debajo de la base tenían como estímulo poder tener las frecuencias de Pluna si cumplían algunas condiciones, como mantenerlos para uso de una compañía de bandera, ocupar personal de la ex Pluna y aportar al pago de Ancap. Sólo uno ofreció sobre la base y no sabremos si algún otro pensaba ofertar en segunda instancia.

3- En seguida, el oferente y Juan Carlos López Mena piden reunirse con el ministro de Economía, reunión que se agenda en un lugar público. El fiscal acota que "desencadenándose en consecuencia el escándalo social, gremial y político". No vemos claro qué aporta esa frase, ni a qué viene el "a consecuencia" ni el artículo determinado "el", pero son detalles.

4- Se supo días después por comunicado de Presidencia que López Mena estaba negociando arrendar los aviones a Cosmo y quería en forma definitiva las 90 líneas de Pluna, con 320 líneas semanales, "sin cargo ni costo"; es decir: sin la contrapartida de aportar para la deuda con Ancap ni tomar personal de Pluna. Públicamente el Director del MEF dijo que era "poco clara" la idea de que se acepte ese salteo de las condiciones. La respuesta la evaluó un grupo interministerial.

5- Cosmo decidió no adquirir los aviones, pero el BROU cobró la garantía, después de algunos tironeos que el fiscal detalla con minucia. Calloia siempre dijo que el BROU estaba cubierto aunque no podía agregar más por razones de secreto bancario.



La teoría del fiscal

Ante estos hechos, el fiscal aclara que la actuación de los jerarcas "no evidencia una intención de enriquecimiento personal por parte de los indagados u otro fin específico". También, "que en el decurso de toda la investigación cumplida no emergen siquiera indicios de que las diversas conductas cumplidas por funcionarios públicos... estuvieran motivadas en propósitos espúreos, en la búsqueda de provechos indebidos", y da un ejemplo de que nadie le pidió "ni siquiera un pasaje" a uno de los empresarios que declaran.

Ningún "fin específico", ¿entonces?

Supone que la llamada de Lorenzo pidiendo diligencia supuso un "aval verbal", lo que es obviamente un absurdo; eso no existe. Supone que el BROU no exigió contragarantías, lo que no explica por qué cobró. Supone que el tratamiento urgente dado al expediente por el BROU "no era habitual", pese a que él mismo, con inflamada hipérbaton habla de "un período de suma trascendencia histórica para el país durante el cual cierra la única aerolínea nacional". Supone que el aval a Cosmo se produjo en detrimento de los demás, cuando en su propio escrito se menciona a otros oferentes que gestionaban en suyo. Supone -al tipificar abuso de funciones a Calloia-, que hubo detrimento para el estado o particulares, cuando ha de concluirse que no.

Supone, finalmente, que hubo "palmario desprestigio". El argumento, que no menciona en su lugar, parece ser el escandalete periodístico por una foto en un lugar público. Ese parece ser la única prueba, su opinión sobre qué es elegante o no, cuando se estaba intentando, al menos, los siguientes objetivos: evitar que los aviones nuevos fueran embargados por acreedores de la ex Varig, conseguir el dinero para pagarlos, conservar la conectividad del país en vísperas de una temporada turística y preservar en lo posible la fuente de trabajo de los funcionarios de la fallida aerolínea, recuperar al menos parte del dinero de Ancap.

Pero no. Así no es como suceden las cosas. No se sale de un embrollo como el que se vio envuelto el país sin hablar. No se intenta favorecer a quien al día siguiente intentará chantajearnos y terminará haciendo fracasar la salida elaborada. ¿Qué lógica tiene eso? No se hacen cosas de esta magnitud sin ningún "fin específico", por pura travesura.



El error del gobierno

En octubre de 2012, un funcionario del MEF me reconoció que "quizá estemos intentando lograr demasiados objetivos a la vez". Lorenzo, doctor en Economía, me había explicado un día que, como norma, "hay que usar un instrumento para cada objetivo".

En ese momento no se podía elegir qué dejar para atrás. Con el diario del lunes, se ve que no se pudo. ¿Hubiera sido mejor aceptar la oferta de BQB y dejar a los funcionarios para atrás? ¿Dejar que todo se derrumbe y vaya a concurso de acreedores? No se sabrá nunca. Pero hay que recordar que había una ley para cumplir, aprobada dos meses antes. El estado no puede negociar como un almacenero sin mirar normas, no sería "prestigioso", por decir lo menos