Fuerzas Armadas en debate
por Ricardo Ferré
En estos últimos días se ha suscitado una discusión sobre las Fuerzas Armadas, su presupuesto y aun sobre la validez política y económica de su subsistencia.
El "asistente" Huidobro salió en ferviente defensa del presupuesto militar utilizando hasta epítetos insultantes contra la senadora Constanza Moreira. Su amparo a cuanto militar acusado de torturador o de asesino, o de haber cometido cualquiera de los abusos conocidos: violación de mujeres o de hombres, robo de bebés, desapariciones, etc., es bien conocida. Desde el envío de tropas a Haití hace bastante tiempo, pasando por la extradicción de los tres participantes del asesinato del químico chileno Berríos, los procesamientos de Dalmao y de Juan Carlos Gómez, la búsqueda de nuevas fuentes de ingreso(vulgo curros) para los militares, el envío de tropas a Irak, hasta su posición actual.
Es obvio que él y Mujica están tratando de imponer un "día del nunca más" en cuanto a la impunidad de todos los delincuentes de lesa humanidad procesados y sin procesar.
Mujica convirtió por arte de magia a violadores, asesinos, ladrones de bebés y torturadores empedernidos en pobres "viejitos" indefensos.
Ahora lanzaron la novedad de los "juicios militares" para encubrir a los culpables y a la propia institución armada, protagonista en pleno de los crímenes.
En sintonía con la actitud defensiva del ministro, Mujica entona el himno de la pseudo "insustituibilidad" de los militares, aprovechando la coyuntura de catástrofes climáticas.
Hace unos pocos años en un estudio, el politólogo argentino Rosendo Fraga a partir de datos oficiales de cada país, el factbook de la CIA y estudios de la Cepal, concluyó que Uruguay es el país de América Latina con mayor cantidad de efectivos militares en relación a su población. Su presupuesto de Defensa Nacional, en relación al PBI, ocupa el octavo lugar, según dicho informe, aunque medido por habitante, el gasto en las fuerzas militares uruguayas es el segundo de América Latina. Respecto al gasto militar per. cápita, el promedio regional el año pasado(2010) fue de US$ 46,04 por habitante. En 2003 Chile invirtió US$ 90,98, Uruguay ocupó el segundo lugar con US$ 51,82 y Brasil fue tercero con US$ 51,55. (Ver El Observador, sección URUGUAY, 31-03-04).
Revisando cifras más recientes, 1) en 2012 nuestro país dedicaba un 1,9 % de su Producto Bruto Interno(PBI) a sus fuerzas armadas, según datos insospechables del Banco Mundial.
Se imponen comparaciones para estimar el valor de este guarismo:
Argentina 0,9
Brasil 1,5
Chile 2,0
Paraguay 1,7
Bolivia 1,5
Colombia 3,3
Venezuela 1,1
Naturalmente, países con grandes ambiciones geopolíticas como EEUU, Rusia y China muestran porcentajes aun mayores, así como los países que tienen algún tipo de conflicto armado, como Colombia.
China, que tiene obvias ambiciones geopolíticas dedica, sin embargo un porcentaje levemente mayor que nuestro paí, a saber 2,0.
Es obvio que esta cifra es absurda para un país que no tiene perspectivas de conflicto armado, aun teniendo en consideración muchos años hacia adelante..
Si se compara con otros ministerios o con otros poderes del estado 2), se obtiene una visión aun más absurda.
En el presupuesto de 2012, Defensa figuraba como el segundo ministerio más rico del Estado (con 4,2% del presupuesto total del Estado): el primero es el Ministerio del Interior (5,1%) – lo que arroja el resultado de dudosa defensa política de que las dos carteras vinculadas a las armas y a la seguridad son las más ricas del Estado –. Detrás, muy atrás, queda el Ministerio de Transporte (2,2%), el de Vivienda (1,8%), o la cancillería (0,7%). Sumados, los ministerios de Industria, Desarrollo Social, Salud Pública, Ganadería, no llegan al presupuesto que se lleva Defensa. Un capitán de navío retirado gana $80.109 de jubilación, de acuerdo con la misma fuente.
Siguiendo con el punto de vista económico, de acuerdo con un estudio de Hugo Rodríguez, del Grupo de Estudios Estratégicos Argentinos 3), realizado en 2009, teniendo en cuenta el gasto militar per cápita, es decir cuánto aporta cada uno de nosotros para el mantenimiento de las fuerzas armadas , se obtiene el resultado siguiente en dólares americanos por año:
Uruguay 148,28
Argentina 64,75
Bolivia 27,17
Brasil 140,01
Chile 334,88
Colombia 220,22
Ecuador 133,65
Paraguay 22,05
Perú 51,50
Ésto nos da nuevamente un resultado harto sorprendente: un país pacífico, sin ningún tipo de traza de conflicto bélico futuro, ¡es superado en América del Sur sólo por Chile y Colombia!
Pasemos ahora a analizar otro punto de vista: la cantidad de efectivos militares por cada 1000 habitantes, de acuerdo con las últimas cifras. 4)
Uruguay 7
Argentina 1,8
Brasil 1,6
Bolivia 4,7
Chile 3,6
Colombia 9,4
Ecuador 4
Paraguay 1,5
Perú 3,9
Entre los grandes países con intereses geopolíticos importantes encontramos a Rusia con 7,3, EEUU con 4,5 y China con 1,7 en cuanto a personal activo.
Uruguay está entre los países de mundo con mayor cantidad de efectivos activos por cada mil habitantes. Un militar por cada 142 habitantes.
Otra vez nos encontramos con cifras asombrosas, nuevamente teniendo en cuenta los posibles conflictos armados de nuestro país.
Ahora bien, preguntémonos para qué tenemos esta cantidad desmesurada de efectivos militares, con los gastos consiguientes.
Una guerra convencional con los posibles agresores, o sea Argentina, Brasil o EEUU mediante sus infantes de marina, que han incursionado repetidamente por diferentes países latinoamericanos, no es posible.
Si se tratara de una guerra de resistencia contra alguno de estos tres posibles agresores, nuestras fuerzas armadas obviamente no están preparadas ni militarmente ni psicológicamente para esta tarea, y además carecen totalmente de experiencia de combate efectivo, salvo los grupos minoritarios que han participado de conflictos como tropas de paz de las Naciones Unidas. Este hecho ha sido reconocido hasta por los propios militares, cuando fueron consultados por Tabaré Vázquez para el caso hipotético de conflicto con Argentina a causa de la pastera UPM/Botnia, ubicada sobre la frontera fluvial entre los dos países.
Nuestras fuerzas armadas tienen como modelo y siguen, incluso bajo los últimos dos gobiernos progresistas, yendo a cursos de nuestros posibles agresores: EEUU, Israel, etc.
No están a tono con las nuevas melodías que surgen de los gobiernos populares en América Latina, que se expresan en el ALBA. la UNASUR, la CELAC, y hasta en la vieja OEA, antiguamente dominada por Washington y que ahora a menudo resuena con ecos de los pueblos latinoamericanos.
Entonces, ¿para qué gasta el país, de los bolsillos del pueblo uruguayo, cerca de un millón y medio de dólares diarios en estas fuerzas armadas, gastos que inquietan hasta a militares extranjeros? 6)
Existen en el mundo 25 países sin fuerzas armadas 5), la mayoría de ellos países pequeños con fuerzas que le permiten controlar la integridad de su territorio y de su espacio aéreo y sobre todo marítimo, algún tipo de guardia nacional o prefectura terrestre y marítima altamente eficiente y tecnificada.
El presidente Mujica lo ratificó claramente en la base de Santa Bernardina en Durazno: garantizar la estabilidad institucional de la nación.
Ahora bien: ¿a qué se refiere el presidente? Parece bastante evidente que no se refiere a mantener la vigencia de la constitución, quebrada por los militares no hace tantos años y por la que sus voceros no parecen prestarle más que una atención retórica.
¿A qué estabilidad institucional entonces están dedicadas a mantener estas fuerzas armadas?
Cabe colegir la única posibilidad usando parcialmente el método de descartar otras que no parecen lógicas, una especie de ad absurdum matemático: que están para garantizar que la clase dominante, los terratenientes, las pocas familias que tienen el poder económico y las empresas nacionales y extranjeras que detentan la propiedad de medios de producción y de comunicación sigan gozando de sus privilegios.
Esta tesis está confirmada por la actuación de los militares en años oprobiosos recientes en la memoria popular cuando pudieron desarrollar sus técnicas. Usaron todos los medios para aterrorizar a los que quisieron cambiar las estructuras de poder: tortura, prisión, violaciones, asesinatos, desapariciones, secuestro y venta de los niños hijos de los “subversivos”.
En pocas palabras: el pueblo uruguayo mantiene casi a 1 militar cada ciento cuarenta habitantes a un costo de un millón y medio de dólares diarios como amenaza a los que tengan como idea cambiar las estructuras de poder.
Su actitud renovada de reafirmación en sus procedimientos violatorios de los derechos humanos detallada más arriba constituye una permanente amenaza de atentado a la continuidad del parlamento y el poder judicial, instituciones representativas del pueblo que significa colocar a éste de rehén de su poderío castrense.
No cesan de repetir su auto nombramiento como tutores de la "democracia", tal vez querrán decir de su propio modelo de "democracia", cuando su función constitucional y su función es completamente diferente, más ligada con la tradicional de defensa de la integridad territorial del país.
Como dijo el Gral. Licandro, que debía conocer mucho del tema: "las Fuerzas Armadas no han cambiado. Cambiaron los hombres pero hay una gran presencia de hijos y nietos de aquellos, de aquella época. Y aquellos siguen hablando en los centros y diciendo que fueron salvadores de la patria y reclamando el reconocimiento de la sociedad. No han captado que la sociedad los ha rechazado una y otra vez. Yo no veo el camino para integrarlas a la sociedad hoy", concluyó Licandro oponiéndose a la intención que ha repetido una y otra vez el presidente José Mujica.
Se impone entonces la disolución de las actuales fuerzas armadas y su refundación con la mentalidad artiguista de verdadera defensa nacional, de nuestros recursos naturales y humanos; fuerzas armadas populares con auténtico cariño por nuestro pueblo.
Ricardo Ferré
4 de febrero de 2014
http://federaciondebasespatriagrande.blogspot.nl/2014/02/la-conspiracion-de-los-asistentes.html
1 http://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.XPND.GD.ZS
2 http://www.tacuarembo2030.com/opinion/1140-el-peso-de-las-fuerzas-armadas-en-el-estado-uruguayo-por-constanza-moreira-.html
3 http://www.rebelion.org/docs/127506.pdf
4http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_number_of_military_and_paramilitary_personnel
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_sin_fuerzas_armadas
6 http://www.elpais.com.uy/informacion/gasto-defensa-inquieta-a-militares-extranjeros.html
6 feb 2014
Dilma frente a la resistencia de los mercados
Planes sociales en la mira.
La presidenta de Brasil aseguró que el país dispone de los medios necesarios para hacer frente a la crisis financiera que amenaza a los países emergentes. Y pidió a los parlamentarios especial empeño en el control fiscal.
Por Eric Nepomuceno
Desde Río de Janeiro
Dilma Rousseff empieza el último año de su mandato presidencial enfrentando fuertes resistencias en el mercado financiero local, y una mezcla de temor y desconfianza en los inversores extranjeros.
No es un fenómeno único: buena parte del escenario internacional se muestra poco propicio a los países emergentes. Las incertidumbres del mundo no eligen blancos aislados: afectan a todos de manera general, y a algunos de manera particular. Brasil no quiere estar en esta última categoría, y el gobierno viene tratando de buscar una estrategia eficaz para lograrlo, tanto en el campo interno como en el externo.
Además, la situación de la economía tiene peso específico en las elecciones generales de octubre. La persistente presión inflacionaria (2013 cerró con una tasa de inflación de 5,91 por ciento) es buena munición para los adversarios, y afecta directamente, gracias a los segmentos de alimentación, vestimenta, transporte y servicios, a las clases más bajas, donde se concentra el grueso del electorado.
Por todo eso, el mensaje presidencial enviado al Congreso el pasado lunes, cuando fue la reapertura de los trabajos legislativos luego del receso de fin de año, tuvo como objetivo disparar gestos en varias direcciones, del electorado al mercado financiero y, por extensión, al exterior.
Una vez más, Dilma aseguró que Brasil dispone de los medios necesarios para hacer frente a la crisis financiera que amenaza a los países emergentes. Y pidió a los parlamentarios especial empeño en el control fiscal, manera indirecta pero bastante clara de pedirles que no inventen, con el ojo centrado en sus respectivos corrales electorales, proyectos que luego impacten de manera dura las cuentas públicas.
Al asegurar que en 2014 el gobierno mantendrá una gestión compatible con “la continuidad de la política de profundo compromiso con la responsabilidad fiscal”, Dilma Rousseff comentó que, para tanto, cuenta con el pacto firmado entre el Poder Ejecutivo y los principales líderes del Congreso. La tónica del mensaje presidencial a los parlamentarios ha sido clara: de parte del Poder Ejecutivo hay plena disposición de hacer que 2014 sea un año mejor que 2013.
El principal problema de Dilma es que, por más que asuma compromisos y difunda datos que deberían tranquilizar a los inversionistas, todavía no ha logrado convencer a los analistas, consultores e inversores de que el cuadro es mucho menos feo de lo que pintan. Argumentos concretos, como la manutención del nivel de empleo y la reducción de las desigualdades sociales, además de la estabilidad y del crecimiento económico, no parecen suficientemente convincentes, o seductores, para los dueños del dinero.
También existen vientos preocupantes en el escenario externo, que hacen que la volatilidad de la Bolsa y las oscilaciones del cambio afecten aún más algunos sectores de la economía ya bastante debilitados, en especial la industria.
En lo que va del año, la Bolsa cayó 10 por ciento en Brasil y el dólar se valorizó otro tanto frente al real. A eso se suman las presiones para que aumente aún más la tasa básica anual de interés, la Selic, y también eso preocupa al gobierno. Cuando analistas y consultores proyectan, en el mercado futuro, nuevas alzas de la Selic (hoy, 10,5 por ciento al año), ese movimiento hace que la banca ya se prepare para más intereses a la hora de firmar contratos de crédito y financiación. A fin de mes habrá nueva reunión del Comité de Política Monetaria, el Copom, y se especula que la Selic podrá ir a 11 por ciento anual. Algunos bancos y financieras proyectan un aumento de 0,75, lo que elevaría la Selic a 11,25 por ciento.
Técnicos del Banco Central y emisarios del equipo económico tratan, sin mucho éxito, de convencer a analistas y consultores, en intensas reuniones cerradas, de que esa proyección no tiene ninguna base concreta. Y, a la vez, tratan de demostrar que en enero la inflación se mantuvo bajo control y que los gastos del gobierno siguen el mismo camino.
Sin embargo, hay problemas que no pueden ser ignorados. Las exportaciones tuvieron el peor enero de la historia, con un déficit de cuatro mil millones de dólares. Y se supo que la recaudación fiscal aumentó alrededor de 2 por ciento en 2013, en comparación con el año anterior, mientras los gastos públicos subieron 7 por ciento.
Todo eso sumado lleva al punto central que hace que los grandes fondos globales de inversión miren hacia Brasil con desconfianza creciente.
Por si fuera poco, ahora surgen críticas contundentes vinculadas con algunas medidas adoptadas por Dilma para reducir precios, contener la inflación y estimular el consumo interno, y que ayudaron a corroer el saldo de las cuentas públicas.
Subsidios y renuncias fiscales para abaratar productos y servicios, de la nafta a la energía eléctrica, de los alimentos a los electrodomésticos, pueden haber costado unos 40 mil millones de reales (alrededor de 20 mil millones de dólares al cambio medio) a lo largo de 2013. Son cálculos del mercado financiero, con base en datos oficiales.
Con ese valor, el gobierno podría haber cumplido holgadamente la meta oficial de ahorrar 108 mil millones de reales (unos 50 mil millones de dólares) para disminuir la deuda pública. Lo que se logró fueron 72 mil millones de reales (unos 36 mil millones de dólares), lo que provocó fuerte insatisfacción y nueva desconfianza de los inversores sobre la capacidad del gobierno de cumplir sus propias metas.
Suspender algunos programas, sin embargo, significaría quitar a parte sustancial de la población el acceso a bienes y servicios, y liquidaría de una vez el exitoso “Mi casa, mi vida”, que en tres años entregó, a base de créditos de bajísimo interés, alrededor de tres millones de viviendas populares por todo el país.
El gobierno, por su parte, dice que la economía puede perfectamente soportar ese resultado. Y que no pretende interrumpir ningún programa social
La presidenta de Brasil aseguró que el país dispone de los medios necesarios para hacer frente a la crisis financiera que amenaza a los países emergentes. Y pidió a los parlamentarios especial empeño en el control fiscal.
Por Eric Nepomuceno
Desde Río de Janeiro
Dilma Rousseff empieza el último año de su mandato presidencial enfrentando fuertes resistencias en el mercado financiero local, y una mezcla de temor y desconfianza en los inversores extranjeros.
No es un fenómeno único: buena parte del escenario internacional se muestra poco propicio a los países emergentes. Las incertidumbres del mundo no eligen blancos aislados: afectan a todos de manera general, y a algunos de manera particular. Brasil no quiere estar en esta última categoría, y el gobierno viene tratando de buscar una estrategia eficaz para lograrlo, tanto en el campo interno como en el externo.
Además, la situación de la economía tiene peso específico en las elecciones generales de octubre. La persistente presión inflacionaria (2013 cerró con una tasa de inflación de 5,91 por ciento) es buena munición para los adversarios, y afecta directamente, gracias a los segmentos de alimentación, vestimenta, transporte y servicios, a las clases más bajas, donde se concentra el grueso del electorado.
Por todo eso, el mensaje presidencial enviado al Congreso el pasado lunes, cuando fue la reapertura de los trabajos legislativos luego del receso de fin de año, tuvo como objetivo disparar gestos en varias direcciones, del electorado al mercado financiero y, por extensión, al exterior.
Una vez más, Dilma aseguró que Brasil dispone de los medios necesarios para hacer frente a la crisis financiera que amenaza a los países emergentes. Y pidió a los parlamentarios especial empeño en el control fiscal, manera indirecta pero bastante clara de pedirles que no inventen, con el ojo centrado en sus respectivos corrales electorales, proyectos que luego impacten de manera dura las cuentas públicas.
Al asegurar que en 2014 el gobierno mantendrá una gestión compatible con “la continuidad de la política de profundo compromiso con la responsabilidad fiscal”, Dilma Rousseff comentó que, para tanto, cuenta con el pacto firmado entre el Poder Ejecutivo y los principales líderes del Congreso. La tónica del mensaje presidencial a los parlamentarios ha sido clara: de parte del Poder Ejecutivo hay plena disposición de hacer que 2014 sea un año mejor que 2013.
El principal problema de Dilma es que, por más que asuma compromisos y difunda datos que deberían tranquilizar a los inversionistas, todavía no ha logrado convencer a los analistas, consultores e inversores de que el cuadro es mucho menos feo de lo que pintan. Argumentos concretos, como la manutención del nivel de empleo y la reducción de las desigualdades sociales, además de la estabilidad y del crecimiento económico, no parecen suficientemente convincentes, o seductores, para los dueños del dinero.
También existen vientos preocupantes en el escenario externo, que hacen que la volatilidad de la Bolsa y las oscilaciones del cambio afecten aún más algunos sectores de la economía ya bastante debilitados, en especial la industria.
En lo que va del año, la Bolsa cayó 10 por ciento en Brasil y el dólar se valorizó otro tanto frente al real. A eso se suman las presiones para que aumente aún más la tasa básica anual de interés, la Selic, y también eso preocupa al gobierno. Cuando analistas y consultores proyectan, en el mercado futuro, nuevas alzas de la Selic (hoy, 10,5 por ciento al año), ese movimiento hace que la banca ya se prepare para más intereses a la hora de firmar contratos de crédito y financiación. A fin de mes habrá nueva reunión del Comité de Política Monetaria, el Copom, y se especula que la Selic podrá ir a 11 por ciento anual. Algunos bancos y financieras proyectan un aumento de 0,75, lo que elevaría la Selic a 11,25 por ciento.
Técnicos del Banco Central y emisarios del equipo económico tratan, sin mucho éxito, de convencer a analistas y consultores, en intensas reuniones cerradas, de que esa proyección no tiene ninguna base concreta. Y, a la vez, tratan de demostrar que en enero la inflación se mantuvo bajo control y que los gastos del gobierno siguen el mismo camino.
Sin embargo, hay problemas que no pueden ser ignorados. Las exportaciones tuvieron el peor enero de la historia, con un déficit de cuatro mil millones de dólares. Y se supo que la recaudación fiscal aumentó alrededor de 2 por ciento en 2013, en comparación con el año anterior, mientras los gastos públicos subieron 7 por ciento.
Todo eso sumado lleva al punto central que hace que los grandes fondos globales de inversión miren hacia Brasil con desconfianza creciente.
Por si fuera poco, ahora surgen críticas contundentes vinculadas con algunas medidas adoptadas por Dilma para reducir precios, contener la inflación y estimular el consumo interno, y que ayudaron a corroer el saldo de las cuentas públicas.
Subsidios y renuncias fiscales para abaratar productos y servicios, de la nafta a la energía eléctrica, de los alimentos a los electrodomésticos, pueden haber costado unos 40 mil millones de reales (alrededor de 20 mil millones de dólares al cambio medio) a lo largo de 2013. Son cálculos del mercado financiero, con base en datos oficiales.
Con ese valor, el gobierno podría haber cumplido holgadamente la meta oficial de ahorrar 108 mil millones de reales (unos 50 mil millones de dólares) para disminuir la deuda pública. Lo que se logró fueron 72 mil millones de reales (unos 36 mil millones de dólares), lo que provocó fuerte insatisfacción y nueva desconfianza de los inversores sobre la capacidad del gobierno de cumplir sus propias metas.
Suspender algunos programas, sin embargo, significaría quitar a parte sustancial de la población el acceso a bienes y servicios, y liquidaría de una vez el exitoso “Mi casa, mi vida”, que en tres años entregó, a base de créditos de bajísimo interés, alrededor de tres millones de viviendas populares por todo el país.
El gobierno, por su parte, dice que la economía puede perfectamente soportar ese resultado. Y que no pretende interrumpir ningún programa social
5 feb 2014
Etchecolatz: "Por mi cargo y jerarquía, me tocó matar pero no sé cuánta gente"
Etchecolatz: "Por mi cargo y jerarquía, me tocó matar pero no sé cuánta gente"
En el marco del juicio que investiga la participación de 15 militares y un exfuncionario civil en el secuestro y tortura de 128 detenidos alojados en el centro clandestino La Cacha, ubicado en las afueras de La Plata, quien fuera la mano derecha del jefe de la Policía bonaerense, Ramón Camps, aseguró que "yo no salía a matar a alguien para quitarle la vida; era porque había llamados denuncias de vecinos, que veían algo raro en el lugar, le mandaba patrullas y ahí estaba la vida de uno u otro".
El represor, condenado a prisión perpetúa por crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura, sostuvo que "esos enfrentamientos son objeto y encuadre de una situación de guerra, dicha por los mismos terroristas. Acá no era por una cuestión de antipatía, estábamos exponiendo nuestras vidas". Al exponer ante el Tribunal Oral Federal Nº 1, presidido por Carlos Rozanski e integrado por Pablo Jantus y Pablo Vega, Miguel Etchecolatz dijo que "la policía de la Provincia tuvo que ofrecer más de 160 muertos", y preguntó a los magistrados presentes: "¿No conocen esa situación tan cruenta? ¿Por qué se oculta?".
"Yo no sé los años que me quedan de vida para mí, pero creo que el talonario se me va acortando, no me importan cuánto hagan de mi persona porque estoy más allá de mi persona, pero sí me importa que se respeten la Constitución y las leyes". Imputado como coautor de dos homicidios ocurridos en el barrio platense de Tolosa, el 9 de noviembre de 1976, Etchecolatz afirmó que "detrás mío hay una figura de un señor (Jorge Julio) López, desaparecido después de haber prestado declaración. El señor López mintió, como consta en varios lugares, cuando dice que vio que yo mandé a fusilar, ese día estuve internado".
Por su parte, Jaime Lamont Smart, el único civil que está siendo juzgado por las torturas y desapariciones de la dictadura, se desvinculó de las acusaciones y sostuvo que "(Marcelo) Bettini tomó una pastilla, y por ello murió". "La fiscalía me imputa homicidio porque equipara el suicidio de ettini con el de un campo de concentración", dijo el exministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Cuestionó que "Bettini era un montonero, llevaba una pastilla de cianuro que fue extendida a la militancia montonera porque la cúpula se había ido del país y ellos recomendaban tomarse la pastilla de cianuro".
Entre los casos que se investigan están los de Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la privación ilegítima de la libertad de Antonio Bautista Bettini, padre de Carlos Bettini, actual embajador argentino en España. Además, se juzga la sustracción de Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa y de Natalia Suárez Nelson, nacidos mientras sus madres estaban cautivas en La Cacha, tras lo cual fueron apropiados.
En el banquillo de los acusados están sentados Carlos Hidalgo Garzón; Jorge Di Pasquale; Gustavo Cacivio, Ricardo Fernández; Luis Perea; Roberto Balmaceda; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Romero Pavón y Anselmo Palavezzati, todos militares. También, se juzgará a Juan Carlos Herzberg, Raúl Espinoza, Claudio Grande, Héctor Acuña, Rufino Batalla, Isaac Crespín Miranda, todos exmilitares o exintegrantes del Servicio Penitenciario bonaerense.
El centro clandestino de La Cacha estaba ubicado entre las calles 191, 196, 47 y 52 de La Plata, contiguo al penal de Olmos y en las antiguas instalaciones de Radio Provincia. Funcionó como centro clandestino desde 1976 a 1978 y además operó como una maternidad clandestina para las detenidas- desaparecidas
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-239217-2014-02-05.html
En el marco del juicio que investiga la participación de 15 militares y un exfuncionario civil en el secuestro y tortura de 128 detenidos alojados en el centro clandestino La Cacha, ubicado en las afueras de La Plata, quien fuera la mano derecha del jefe de la Policía bonaerense, Ramón Camps, aseguró que "yo no salía a matar a alguien para quitarle la vida; era porque había llamados denuncias de vecinos, que veían algo raro en el lugar, le mandaba patrullas y ahí estaba la vida de uno u otro".
El represor, condenado a prisión perpetúa por crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura, sostuvo que "esos enfrentamientos son objeto y encuadre de una situación de guerra, dicha por los mismos terroristas. Acá no era por una cuestión de antipatía, estábamos exponiendo nuestras vidas". Al exponer ante el Tribunal Oral Federal Nº 1, presidido por Carlos Rozanski e integrado por Pablo Jantus y Pablo Vega, Miguel Etchecolatz dijo que "la policía de la Provincia tuvo que ofrecer más de 160 muertos", y preguntó a los magistrados presentes: "¿No conocen esa situación tan cruenta? ¿Por qué se oculta?".
"Yo no sé los años que me quedan de vida para mí, pero creo que el talonario se me va acortando, no me importan cuánto hagan de mi persona porque estoy más allá de mi persona, pero sí me importa que se respeten la Constitución y las leyes". Imputado como coautor de dos homicidios ocurridos en el barrio platense de Tolosa, el 9 de noviembre de 1976, Etchecolatz afirmó que "detrás mío hay una figura de un señor (Jorge Julio) López, desaparecido después de haber prestado declaración. El señor López mintió, como consta en varios lugares, cuando dice que vio que yo mandé a fusilar, ese día estuve internado".
Por su parte, Jaime Lamont Smart, el único civil que está siendo juzgado por las torturas y desapariciones de la dictadura, se desvinculó de las acusaciones y sostuvo que "(Marcelo) Bettini tomó una pastilla, y por ello murió". "La fiscalía me imputa homicidio porque equipara el suicidio de ettini con el de un campo de concentración", dijo el exministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Cuestionó que "Bettini era un montonero, llevaba una pastilla de cianuro que fue extendida a la militancia montonera porque la cúpula se había ido del país y ellos recomendaban tomarse la pastilla de cianuro".
Entre los casos que se investigan están los de Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la privación ilegítima de la libertad de Antonio Bautista Bettini, padre de Carlos Bettini, actual embajador argentino en España. Además, se juzga la sustracción de Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa y de Natalia Suárez Nelson, nacidos mientras sus madres estaban cautivas en La Cacha, tras lo cual fueron apropiados.
En el banquillo de los acusados están sentados Carlos Hidalgo Garzón; Jorge Di Pasquale; Gustavo Cacivio, Ricardo Fernández; Luis Perea; Roberto Balmaceda; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Romero Pavón y Anselmo Palavezzati, todos militares. También, se juzgará a Juan Carlos Herzberg, Raúl Espinoza, Claudio Grande, Héctor Acuña, Rufino Batalla, Isaac Crespín Miranda, todos exmilitares o exintegrantes del Servicio Penitenciario bonaerense.
El centro clandestino de La Cacha estaba ubicado entre las calles 191, 196, 47 y 52 de La Plata, contiguo al penal de Olmos y en las antiguas instalaciones de Radio Provincia. Funcionó como centro clandestino desde 1976 a 1978 y además operó como una maternidad clandestina para las detenidas- desaparecidas
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-239217-2014-02-05.html
Iron Mountain :Una empresa con antecedentes en "siniestros"
Una empresa con antecedentes en "siniestros"
Iron Mountain, la multinacional dedicada a la protección y almacenamiento de documentos de empresas, y propietaria del galpón que se incendió en Barracas, tiene antecedentes de cuatro siniestros en sus depósitos. Dos de ellos ocurrieron en julio de 2006, en Canadá y Gran Bretaña. Los otros dos fueron con dos días de diferencia, en marzo de 1997, en Estados Unidos, y se los investigó como presuntamente "intencionales".
En 1997, el New York Times habló de un "misterioso incendio" que destruyó un "depósito de documentos corporativos" en Nueva Jersey, dos días después de otro incendió en un depósito cercano, ambos pertenecientes a Iron Mountain. En la nota, el jefe de bomberos Robert Davidson dijo que "seguro que el primero de los incendios se había producido intencionalmente" y que era "probable" que el segundo también.
Otro de los "siniestros" fue en Londres. Un informe de la BBC, del 13 de julio de 2006, habló de "un gran incendio arrasó un depósito de almacenamiento de papel de seis pisos" en la capital británica, en el que debieron intervenir "cerca de 100 bomberos". Una semana antes se había incendiado otro depósito de Iron Mountain en Ottawa, Canadá, con miles de cajas de registros en su interior.
La empresa que desembarcó en Argentina en 2000, luego de la compra de CADA Storage y posteriormente Box Security, pertenece a la multinacional Iron Mountain Corporation, fundada en 1951 y con sede en Estados Unidos. En Argentina tiene sus oficinas centrales en Amancio Alcorta al 2400, en el barrio porteño Parque de los Patricios, además de contar con dependencias en La Boca, Lugano y Barracas, donde se produjo el siniestro.
En su sitio en internet sostiene que ofrece "servicios integrales de gestión de archivos, protección de datos y destrucción de la información". "Durante 60 años Iron Mountain ha sido un confiable socio de trabajo para más de 150 mil compañías en más de 35 países, brindando soluciones de administración, protección y almacenaje de información".
Un video institucional de la compañía destaca que sus depósitos tienen "total protección contra incendios", "red hidratante", "sprinklers" y "control estricto de humedad", además de un "sistema de detección temprana de incendios".
Iron Mountain habló de "evento trágico"
La empresa propietaria del galpón que se incendió en Barracas, lo que ocasionó la muerte de nueve bomberos, aseguró a través de un comunicado que el edificio "estaba equipado con detectores de incendios y sistema de rociadores", garantizó que va a "investigar la causa del fuego" y a trabajar "en estrecha colaboración con los investigadores locales, la policía y las autoridades de bomberos para entender lo que pasó".
En un parte publicado en su página www.ironmountain.com, la firma que administra, gestiona y custodia documentos y archivos de distintos rubros aseguró que todos sus empleados "están a salvo" y "fueron contabilizados", y afirmó que se encuentran "profundamente entristecidos por la muerte de los valientes socorristas que se apresuraron a salvar a nuestras instalaciones".
"Nuestros pensamientos están también con aquellos que han sido hospitalizados, y les deseamos una recuperación rápida y completa", dice el documento. "El edificio estaba equipado con sistema de detección de incendios y un sistema de rociadores. Reconocemos que nuestros clientes tienen preocupaciones y preguntas, y estamos en el proceso de contactar a las personas que han sido afectadas", precisaron.
Iron Mountain afirmó además que proporcionarán información "a medida que esté disponible" y agradecieron por la "paciencia y comprensión en este período crítico".
Iron Mountain, la multinacional dedicada a la protección y almacenamiento de documentos de empresas, y propietaria del galpón que se incendió en Barracas, tiene antecedentes de cuatro siniestros en sus depósitos. Dos de ellos ocurrieron en julio de 2006, en Canadá y Gran Bretaña. Los otros dos fueron con dos días de diferencia, en marzo de 1997, en Estados Unidos, y se los investigó como presuntamente "intencionales".
En 1997, el New York Times habló de un "misterioso incendio" que destruyó un "depósito de documentos corporativos" en Nueva Jersey, dos días después de otro incendió en un depósito cercano, ambos pertenecientes a Iron Mountain. En la nota, el jefe de bomberos Robert Davidson dijo que "seguro que el primero de los incendios se había producido intencionalmente" y que era "probable" que el segundo también.
Otro de los "siniestros" fue en Londres. Un informe de la BBC, del 13 de julio de 2006, habló de "un gran incendio arrasó un depósito de almacenamiento de papel de seis pisos" en la capital británica, en el que debieron intervenir "cerca de 100 bomberos". Una semana antes se había incendiado otro depósito de Iron Mountain en Ottawa, Canadá, con miles de cajas de registros en su interior.
La empresa que desembarcó en Argentina en 2000, luego de la compra de CADA Storage y posteriormente Box Security, pertenece a la multinacional Iron Mountain Corporation, fundada en 1951 y con sede en Estados Unidos. En Argentina tiene sus oficinas centrales en Amancio Alcorta al 2400, en el barrio porteño Parque de los Patricios, además de contar con dependencias en La Boca, Lugano y Barracas, donde se produjo el siniestro.
En su sitio en internet sostiene que ofrece "servicios integrales de gestión de archivos, protección de datos y destrucción de la información". "Durante 60 años Iron Mountain ha sido un confiable socio de trabajo para más de 150 mil compañías en más de 35 países, brindando soluciones de administración, protección y almacenaje de información".
Un video institucional de la compañía destaca que sus depósitos tienen "total protección contra incendios", "red hidratante", "sprinklers" y "control estricto de humedad", además de un "sistema de detección temprana de incendios".
Iron Mountain habló de "evento trágico"
La empresa propietaria del galpón que se incendió en Barracas, lo que ocasionó la muerte de nueve bomberos, aseguró a través de un comunicado que el edificio "estaba equipado con detectores de incendios y sistema de rociadores", garantizó que va a "investigar la causa del fuego" y a trabajar "en estrecha colaboración con los investigadores locales, la policía y las autoridades de bomberos para entender lo que pasó".
En un parte publicado en su página www.ironmountain.com, la firma que administra, gestiona y custodia documentos y archivos de distintos rubros aseguró que todos sus empleados "están a salvo" y "fueron contabilizados", y afirmó que se encuentran "profundamente entristecidos por la muerte de los valientes socorristas que se apresuraron a salvar a nuestras instalaciones".
"Nuestros pensamientos están también con aquellos que han sido hospitalizados, y les deseamos una recuperación rápida y completa", dice el documento. "El edificio estaba equipado con sistema de detección de incendios y un sistema de rociadores. Reconocemos que nuestros clientes tienen preocupaciones y preguntas, y estamos en el proceso de contactar a las personas que han sido afectadas", precisaron.
Iron Mountain afirmó además que proporcionarán información "a medida que esté disponible" y agradecieron por la "paciencia y comprensión en este período crítico".
Colombia: relevan al jefe de inteligencia del Ejército por escándalo de espionaje a funcionarios
Colombia: relevan al jefe de inteligencia del Ejército por escándalo de espionaje a funcionarios
5 febrero, 2014 Colombia
Tras su reunión con el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, anunció cuatro medidas para afrontar el caso de las ‘chuzadas’ ilegales a los negociadores del gobierno en la mesa de diálogos con las FARC en La Habana, denunciadas por Semana.com.
Ese paquete de decisiones implica la salida del jefe de inteligencia del Ejército, brigadier general Mauricio Ricardo Zúñiga, y al director de la Central de Inteligencia Técnica de esa misma institución brigadier general Jorge Zuluaga.
“Esto, mientras avanzan las investigaciones y esto buscando mayor transparencia y mayor claridad”, dijo el ministro en la rueda de prensa. La decisión de la salida de los altos militares la tomaron de común acuerdo y en consenso con el comandante de las Fuerzas Militares, Leonardo Barrero, y el comandante del Ejército Nacional, Juan Pablo Rodríguez.
Dentro de las medidas estará el inicio de una investigación disciplinaria en las que los encargados deberán rendir un informe antes de que termine la próxima semana. A esto se suma una investigación de la Justicia Penal Militar, que ya abrió unas indagaciones preliminares, y la Fiscalía también hará lo propio.
El ministro aseguró que los colombianos pueden estar tranquilos de que ni el presidente Juan Manuel Santos, el ministro o comandantes de las fuerzas, “han dado instrucción alguna en el sentido de utilizar las herramientas de inteligencia para fines de establecidos en la Constitución y la leyes”.
Respecto a lo sucedido el ministro indicó que siempre lo que se ha querido es implementar un comportamiento ético a acorde a la labor que cada miembro de la Fuerza Pública desempeña, por lo que aseguró que este tipo de hechos no se pueden tolerar porque son violatorios de la ley.
Fiscal general Eduardo Montealegre aseguró que las labores de inteligencia son amparadas por la Corte Constitucional, pero cuando estas tienden a proteger la seguridad nacional y no para violar derechos fundamentales como el de la intimidad.
Fiscalía
El fiscal general Eduardo, Montealegre anunció que se adelantará una investigación para determinar si existió una extralimitación de funciones por parte de los miembros de inteligencia del Ejército que podrían estar vinculados con el tema de ‘chuzadas’.
“La Fiscalía ya tiene en su poder varios elementos producto del allanamiento que se hizo el 24 de enero de este año por orden de un fiscal y contamos con la autorización de un juez de control de garantías para hacer un examen minucioso de más de los 20 computadores, elementos y memorias que fueron incautados el días del allanamiento”, dijo.
Montealegre fue enfático que con los elementos incautados se va a verificar si las labores de inteligencia se limitaron a proteger la seguridad Nacional o si se desviaron a actividades prohibidas por la Constitución.
http://www.semana.com/nacion/articulo/chuzadas-relevan-jefe-de-inteligencia-del-ejercito/376155-3
‘Andrómeda’, la sala de inteligencia que enreda al Ejército
El escándalo por la interceptación ilegal de comunicaciones privadas por parte de las Fuerzas Militares se reeditó ayer con un nuevo capítulo que presuntamente involucra a personal del Ejército y ya cobró las cabezas de dos generales. Súbitamente, la revista Semana divulgó que desde un local comercial ubicado en el barrio Galerías de Bogotá estaba operando una central de chuzadas ilegales que, además de los blancos tradicionales de la oposición, esta vez rastreaba a los negociadores del Gobierno en los diálogos de paz con las Farc en La Habana, Cuba.
Según la información, la central de interceptaciones del Ejército, llamada por los militares ‘Andrómeda’, funcionaba en un local de dos pisos. En el primero como un restaurante y el segundo como un sitio de servicios de internet, con oferta de cursos para creación de páginas web y seguridad informática. La fachada ‘Andrómeda’ contaba con la participación de militares activos y civiles hackers. Estos últimos, según Semana, habían sido reclutados en algunas ferias de tecnología y trabajaban bajo el principio de la compartimentación.
Tras una reunión entre el fiscal Eduardo Montealegre y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, este último anunció que el jefe de Inteligencia del Ejército y el director de la Central de Inteligencia Militar (Citec), generales Mauricio Ricardo Zúñiga y Jorge Zuluaga (ver página 4), respectivamente, fueron relevados de sus cargos mientras avanza la investigación. Al mismo tiempo, se determinó iniciar una indagación disciplinaria por parte de la Inspección General del Ejército y apoyar a la Fiscalía en sus pesquisas.
El pasado 30 de octubre, al detectar que la Fiscalía estaba a punto de allanar el lugar, tras una reunión de coordinación entre integrantes de la Citec, se ordenó hacer un borrado seguro de la información recaudada y empezar a desarmar los equipos de ‘Andrómeda’. El allanamiento se produjo el pasado martes, es decir, tres meses después, y los investigadores sólo encontraron 26 computadores, entre ellos 10 que estaban escondidos tras una puerta falsa. El fiscal Montealegre anunció que en estos momentos se analiza el contenido de sus discos duros para determinar si el Ejército se extralimitó en sus funciones.
Según le dijo a Semana un sargento primero del Ejército que pertenecía a ‘Andrómeda’, no se estaba haciendo control de voces, sino de datos, en especial de correos y conversaciones de chat. El objetivo eran varias ONG de derechos humanos, la excongresista Piedad Córdoba, el representante Iván Cepeda y algunos de los plenipotenciarios y asistentes a las negociaciones del Gobierno y las Farc en Cuba como Humberto de la Calle, Alejandro Éder y Sergio Jaramillo. El propósito de las chuzadas ilegales habría sido conseguir la mayor cantidad de información sobre el avance de los diálogos de paz.
Los hallazgos del ente investigador reportados por el periodismo tienen un antecedente igual de grave. El 1º de agosto de 2013, por orden directa del fiscal general, se determinó cerrar y trasladar al búnker de la entidad los equipos de una sala de interceptación de comunicaciones del Ejército conocida como la ‘Sala Gris’. Dicho centro de escuchas funcionaba en una oficina ubicada en la calle 100 con carrera 8ª, en el norte de Bogotá, y hacía parte del sistema Esperanza, matriz de interceptaciones legales de la Fiscalía.
A pesar de que el fiscal Montealegre le dijo a Semana que en ese momento y ante las versiones sobre las irregularidades en la ‘Sala Gris’ decidió trasladar los equipos al búnker para ejercer mayores controles, no está claro si personal del CTI sabía lo que estaba sucediendo en la 100 con 8ª. Según conoció El Espectador, esta última circunstancia ha generado discusiones entre la Fiscalía y el Ministerio de Defensa. Una versión dice que a la cartera de Defensa le molestó la decisión, pero otra afirma que altos funcionarios del CTI de la época participaban en las chuzadas.
Lo cierto es que después de lo sucedido el 1º de agosto se produjeron dos hechos que, según fuentes consultadas, pueden responder al súbito traslado de la ‘Sala Gris’ a la Fiscalía, donde se probó que la interceptación de al menos 100 líneas carecía de soportes legales adecuados. Una semana después del traslado de los equipos, el presidente Juan Manuel Santos dispuso el cambio de toda la cúpula militar. Ayer se especuló si algo tuvo que ver con lo sucedido. El pasado 14 de enero se produjo también un inesperado relevo en la dirección general del CTI.
El escándalo apenas comienza. Ayer el presidente Santos pidió investigar a fondo todo lo sucedido y anunció que dio instrucciones precisas al Ministerio de Defensa para que aclare el tema, porque “no es aceptable, bajo ningún punto de vista, que la inteligencia se haga contra los ciudadanos, la oposición política o funcionarios del mismo Estado”. De manera simultánea, en los diversos movimientos políticos hubo todo tipo de reacciones sobre la información, y quedó al descubierto que la célula legislativa encargada de pedirles cuentas a estas agencias de inteligencia jamás ha ejercido control alguno (ver pág. 6). Por lo pronto, lo que se busca esclarecer es quiénes ordenaron y eran los destinatarios principales de la información recaudada ilegalmente.
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/andromeda-sala-de-inteligencia-enreda-al-ejercito-articulo-472918
5 febrero, 2014 Colombia
Tras su reunión con el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, anunció cuatro medidas para afrontar el caso de las ‘chuzadas’ ilegales a los negociadores del gobierno en la mesa de diálogos con las FARC en La Habana, denunciadas por Semana.com.
Ese paquete de decisiones implica la salida del jefe de inteligencia del Ejército, brigadier general Mauricio Ricardo Zúñiga, y al director de la Central de Inteligencia Técnica de esa misma institución brigadier general Jorge Zuluaga.
“Esto, mientras avanzan las investigaciones y esto buscando mayor transparencia y mayor claridad”, dijo el ministro en la rueda de prensa. La decisión de la salida de los altos militares la tomaron de común acuerdo y en consenso con el comandante de las Fuerzas Militares, Leonardo Barrero, y el comandante del Ejército Nacional, Juan Pablo Rodríguez.
Dentro de las medidas estará el inicio de una investigación disciplinaria en las que los encargados deberán rendir un informe antes de que termine la próxima semana. A esto se suma una investigación de la Justicia Penal Militar, que ya abrió unas indagaciones preliminares, y la Fiscalía también hará lo propio.
El ministro aseguró que los colombianos pueden estar tranquilos de que ni el presidente Juan Manuel Santos, el ministro o comandantes de las fuerzas, “han dado instrucción alguna en el sentido de utilizar las herramientas de inteligencia para fines de establecidos en la Constitución y la leyes”.
Respecto a lo sucedido el ministro indicó que siempre lo que se ha querido es implementar un comportamiento ético a acorde a la labor que cada miembro de la Fuerza Pública desempeña, por lo que aseguró que este tipo de hechos no se pueden tolerar porque son violatorios de la ley.
Fiscal general Eduardo Montealegre aseguró que las labores de inteligencia son amparadas por la Corte Constitucional, pero cuando estas tienden a proteger la seguridad nacional y no para violar derechos fundamentales como el de la intimidad.
Fiscalía
El fiscal general Eduardo, Montealegre anunció que se adelantará una investigación para determinar si existió una extralimitación de funciones por parte de los miembros de inteligencia del Ejército que podrían estar vinculados con el tema de ‘chuzadas’.
“La Fiscalía ya tiene en su poder varios elementos producto del allanamiento que se hizo el 24 de enero de este año por orden de un fiscal y contamos con la autorización de un juez de control de garantías para hacer un examen minucioso de más de los 20 computadores, elementos y memorias que fueron incautados el días del allanamiento”, dijo.
Montealegre fue enfático que con los elementos incautados se va a verificar si las labores de inteligencia se limitaron a proteger la seguridad Nacional o si se desviaron a actividades prohibidas por la Constitución.
http://www.semana.com/nacion/articulo/chuzadas-relevan-jefe-de-inteligencia-del-ejercito/376155-3
‘Andrómeda’, la sala de inteligencia que enreda al Ejército
El escándalo por la interceptación ilegal de comunicaciones privadas por parte de las Fuerzas Militares se reeditó ayer con un nuevo capítulo que presuntamente involucra a personal del Ejército y ya cobró las cabezas de dos generales. Súbitamente, la revista Semana divulgó que desde un local comercial ubicado en el barrio Galerías de Bogotá estaba operando una central de chuzadas ilegales que, además de los blancos tradicionales de la oposición, esta vez rastreaba a los negociadores del Gobierno en los diálogos de paz con las Farc en La Habana, Cuba.
Según la información, la central de interceptaciones del Ejército, llamada por los militares ‘Andrómeda’, funcionaba en un local de dos pisos. En el primero como un restaurante y el segundo como un sitio de servicios de internet, con oferta de cursos para creación de páginas web y seguridad informática. La fachada ‘Andrómeda’ contaba con la participación de militares activos y civiles hackers. Estos últimos, según Semana, habían sido reclutados en algunas ferias de tecnología y trabajaban bajo el principio de la compartimentación.
Tras una reunión entre el fiscal Eduardo Montealegre y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, este último anunció que el jefe de Inteligencia del Ejército y el director de la Central de Inteligencia Militar (Citec), generales Mauricio Ricardo Zúñiga y Jorge Zuluaga (ver página 4), respectivamente, fueron relevados de sus cargos mientras avanza la investigación. Al mismo tiempo, se determinó iniciar una indagación disciplinaria por parte de la Inspección General del Ejército y apoyar a la Fiscalía en sus pesquisas.
El pasado 30 de octubre, al detectar que la Fiscalía estaba a punto de allanar el lugar, tras una reunión de coordinación entre integrantes de la Citec, se ordenó hacer un borrado seguro de la información recaudada y empezar a desarmar los equipos de ‘Andrómeda’. El allanamiento se produjo el pasado martes, es decir, tres meses después, y los investigadores sólo encontraron 26 computadores, entre ellos 10 que estaban escondidos tras una puerta falsa. El fiscal Montealegre anunció que en estos momentos se analiza el contenido de sus discos duros para determinar si el Ejército se extralimitó en sus funciones.
Según le dijo a Semana un sargento primero del Ejército que pertenecía a ‘Andrómeda’, no se estaba haciendo control de voces, sino de datos, en especial de correos y conversaciones de chat. El objetivo eran varias ONG de derechos humanos, la excongresista Piedad Córdoba, el representante Iván Cepeda y algunos de los plenipotenciarios y asistentes a las negociaciones del Gobierno y las Farc en Cuba como Humberto de la Calle, Alejandro Éder y Sergio Jaramillo. El propósito de las chuzadas ilegales habría sido conseguir la mayor cantidad de información sobre el avance de los diálogos de paz.
Los hallazgos del ente investigador reportados por el periodismo tienen un antecedente igual de grave. El 1º de agosto de 2013, por orden directa del fiscal general, se determinó cerrar y trasladar al búnker de la entidad los equipos de una sala de interceptación de comunicaciones del Ejército conocida como la ‘Sala Gris’. Dicho centro de escuchas funcionaba en una oficina ubicada en la calle 100 con carrera 8ª, en el norte de Bogotá, y hacía parte del sistema Esperanza, matriz de interceptaciones legales de la Fiscalía.
A pesar de que el fiscal Montealegre le dijo a Semana que en ese momento y ante las versiones sobre las irregularidades en la ‘Sala Gris’ decidió trasladar los equipos al búnker para ejercer mayores controles, no está claro si personal del CTI sabía lo que estaba sucediendo en la 100 con 8ª. Según conoció El Espectador, esta última circunstancia ha generado discusiones entre la Fiscalía y el Ministerio de Defensa. Una versión dice que a la cartera de Defensa le molestó la decisión, pero otra afirma que altos funcionarios del CTI de la época participaban en las chuzadas.
Lo cierto es que después de lo sucedido el 1º de agosto se produjeron dos hechos que, según fuentes consultadas, pueden responder al súbito traslado de la ‘Sala Gris’ a la Fiscalía, donde se probó que la interceptación de al menos 100 líneas carecía de soportes legales adecuados. Una semana después del traslado de los equipos, el presidente Juan Manuel Santos dispuso el cambio de toda la cúpula militar. Ayer se especuló si algo tuvo que ver con lo sucedido. El pasado 14 de enero se produjo también un inesperado relevo en la dirección general del CTI.
El escándalo apenas comienza. Ayer el presidente Santos pidió investigar a fondo todo lo sucedido y anunció que dio instrucciones precisas al Ministerio de Defensa para que aclare el tema, porque “no es aceptable, bajo ningún punto de vista, que la inteligencia se haga contra los ciudadanos, la oposición política o funcionarios del mismo Estado”. De manera simultánea, en los diversos movimientos políticos hubo todo tipo de reacciones sobre la información, y quedó al descubierto que la célula legislativa encargada de pedirles cuentas a estas agencias de inteligencia jamás ha ejercido control alguno (ver pág. 6). Por lo pronto, lo que se busca esclarecer es quiénes ordenaron y eran los destinatarios principales de la información recaudada ilegalmente.
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/andromeda-sala-de-inteligencia-enreda-al-ejercito-articulo-472918
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