1 oct 2014

Pluna: dueño de Cosmo declarará ante Justicia española

TIENES UN E-MAIL


En dicho remate Hernán Antonio Calvo Sánchez, empleado de la empresa, actuó en representación de Cosmo, y ofertó US$ 137 millones.


01.10.2014

MADRID (Uypress) — La Justicia española citó a declarar al dueño de la aerolínea Cosmo, Antonio Álvarez Hernández, como testigo por el caso Pluna. Deberá llevar copia de los correos electrónicos que tiene en su poder, que probarían la participación de la empresa en la subasta, en acuerdo con Juan Carlos López Mena.

Álvarez Hernández debe declarar el 21 de octubre en en el juzgado de Instrucción N° 2 (Móstoles), de Madrid, España, "en base a un cuestionario que enviaron la jueza de Crimen Organizado que tramita la causa en Uruguay, Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez", informó este martes el diario El País.
En el juzgado deberá aportar los correos electrónicos que tiene en su poder y que aportan detalles del remate de los aviones de la ex Pluna.
"La citación se da después que el juzgado de Crimen Organizado de Uruguay liberara un exhorto, hace más de un mes, para que Álvarez Hernández brinde su testimonio", indicó el matutino local.
La veintena de correos que el dueño de Cosmo presentaría ante la Justicia probarían que él acordó actuar como testaferro de López Mena en la subasta de aviones que tuvo lugar en 2012, a cambio de US$ 13,8 millones.


imagen del contenido Pluna: declaró “el caballero de la derecha”
Calvo Sánchez. Foto: La República

CALVO SÁNCHEZ

 “el caballero de la derecha”


Hernán Antonio Calvo Sánchez, conocido como “el caballero de la derecha” en el remate de los aviones de Pluna, fue indagado este viernes y quedó en calidad de emplazado, aunque puede salir del país. Aceptó la autoría de los e-mails que hablan de un presunto acuerdo con el empresario Juan Carlos López Mena.

Calvo Sánchez fue indagado sobre su vinculación con el empresario argentino, propietario de Buquebus, Juan Carlos López Mena, y en qué circunstancias participó del remate de las aeronaves, por las que ofertó US$ 137 millones que Cosmo, la empresa que dijo representar, luego no pudo asumir, informaron este sábado los principales diarios nacionales.
Según El País, Calvo tuvo un interrogatorio muy "intenso" en el que admitió la autoría de una serie de correos electrónicos enviados entre el 1° de octubre y el 27 de noviembre de 2012 (es decir antes y después de la subasta de los aviones de Pluna) al dueño de Cosmo, Antonio Álvarez Hernández.
En estos correos se entiende que Álvarez Hernández habría operado como testaferro del empresario Juan Carlos López Mena, algo que fue negado en su anterior declaración, señala La República. Allí se indica que el empresario le habría ofrecido un pago para que se presentaran a comprar los aviones de Pluna.
Calvo Sánchez declaró ante la jueza especializada en crimen organizado Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez en calidad de indagado y quedó "emplazado", aunque puede salir del país.

España: Ofensiva subversiva del FAES y el CNI/CIA contra Venezuela

CARLOS FAZIO – La inusitada irrupción de una campaña internacional de noticias frívolas, con eje en la escasez de productos de belleza, Botox, prótesis para implantes de senos y materiales para cirugías estéticas en un país que ostenta el récord de 13 coronas de Miss Mundo y Miss Universo, podría ser parte de un nuevo “calentamiento” mediático dirigido a generar nuevas acciones de violencia callejera para no dar “ningún respiro al gobierno chavista” de Nicolás Maduro en Venezuela.

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La novedad, ahora, es la tercerización del caos, con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España en la tarea de subrogar las acciones de desestabilización encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadunidense, y la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), del Partido Popular del ex presidente del gobierno español José María Aznar como articuladora de una red internacional de think tanks y ONGs neoconservadoras que impulsan un cambio de régimen en Venezuela.
Inscripta en la guerra no convencional o de cuarta generación, la nueva ofensiva que podría desencadenarse en los próximos días, fue planeada en el marco de una serie de conferencias denominadas Campus FAES 2014, celebradas en la localidad madrileña de Guadarrama a finales de junio y principios de julio pasado.
El evento, clausurado por el jefe de gobierno español Mariano Rajoy, contó con la participación del diputado golpista venezolano Julio Borges y el alcalde guarimbero de Chacao, Ramón Muchacho, ambos del corrupto partido Primero Justicia, y con un discurso grabado de la ex diputada opositora María Corina Machado, fundadora de la ONG Súmate (financiada por la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos) y firmante del Decreto Carmona durante el golpe de Estado de 2002, a quien la Fiscalía de su país le ha prohibido salir de Venezuela porque es investigada por terrorismo.
Durante la realización del Campus FAES 2014, el par de opositores venezolanos sostuvo encuentros paralelos secretos con Aznar y funcionarios y analistas del CNI, el servicio de inteligencia español que dirige Félix Sanz Roldán. Ambos habrían recibido instrucciones concretas sobre los procedimientos tácticos y estratégicos para desencadenar una nueva fase de enfrentamientos callejeros, guerra psicológica, ingobernabilidad y acciones de desgaste del gobierno de Nicolás Maduro.
El CNI habría garantizado el adiestramiento y el financiamiento necesario para la ejecución de los nuevos planes subversivos en Venezuela, que estarían siendo coordinados en secreto en estrecha colaboración con el gobierno de Barack Obama y la CIA.
Cabe recordar que en 2013, gracias a las filtraciones sobre vigilancia mundial de Edward Snowden, se conoció que el Centro Nacional de Inteligencia español había estado colaborando de manera cercana con la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos, en el espionaje masivo de millones de ciudadanos españoles, interceptando de manera directa o ayudando a interceptar millones de megadatos de registros de llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos.
En la etapa, la tercerización de la desestabilización, el caos y la violencia sediciosa en Venezuela vía España, trata de no dejar evidencias de los vínculos del CNI con los servicios de inteligencia y espionaje estadunidenses, para que la oposición venezolana no sea objeto de una campaña de descrédito gubernamental.
En las reuniones de Borge y Muchacho con funcionarios del CNI se habría puesto énfasis en la organización y movilización callejera de jóvenes estudiantes venezolanos, y discutido los temas y los llamados talking points que se deben abordar en cada uno de los discursos, conferencias de prensa y campañas mediáticas que se organicen en la nueva fase de guerra psicológica y terrorismo mediático.
Como acciones prioritarias de la nueva ofensiva, el CNI español y la CIA estadunidense habrían determinado incentivar las especulaciones sobre las divisiones internas dentro del gobierno de Venezuela, con eje en mensajes desinformativos que señalen el estancamiento económico, la escasez de productos de primera necesidad (entre ellos medicinas y alimentos), la falta de gobernabilidad en el país y la supuesta disminución de popularidad del presidente Maduro.
Otro eje capital de la campaña es mantener “calientes” las calles y no dejar que muera la presencia opositora en ellas, para lo cual resulta fundamental reavivar al movimiento juvenil.
En ese sentido, se habría dispuesto facilitar un mayor apoyo político y logístico a las manifestaciones estudiantiles en los estados donde la oposición tiene mayoría. Dentro de esa estrategia juegan un papel de suma importancia los estados fronterizos con Colombia controlados por gobernadores opositores. En las reuniones se habría considerado vital la llamada estrategia de la “Media Luna”, encaminada a que la oposición logre retener y asegurar el control de dichos territorios.
Otra prioridad de la campaña mediática antigubernamental es el incremento del uso de las redes sociales. A tales efectos se habilitarán cursos en España para entrenar a miembros de la oposición venezolana en nuevas estrategias de comunicación y el empleo efectivo de las nuevas tecnologías en la materia.
A esos cursos ha sido programada la asistencia de 50 jóvenes venezolanos, que después de recibir entrenamiento deberán compartir lo aprendido y extender sus conocimientos a la masa juvenil opositora.
Otro punto clave de la nueva fase desestabilizadora es la continuación del desarrollo de acciones conspirativas en el seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), con el objetivo de fragmentar el sector militar y facilitar, en consecuencia, con el gobierno pierda apoyo en filas castrenses. En las conversaciones se habría puesto énfasis en la necesidad de mantener total discreción y tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar ser detectadas por el gobierno.
También se conversó con Borge y Muchacho acerca de la necesidad de realizar estudios sobre los movimientos de dirigentes del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) y del gobierno de Maduro, y en especial de reconocidas personalidades artísticas y deportivas, con la finalidad de planificar eventuales acciones de secuestro y otras acciones violentas que generen terror y caos en la población y al mismo tiempo fomenten la campaña sobre la inseguridad en el país.
En esas reuniones quedó estipulado que debido a su posición al frente del FAES y sus fuertes vínculos con diversos sectores latinoamericanos y venezolanos, José María Aznar, quien estuvo involucrado en el golpe de Estado de 2002 contra el presidente Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana, fuera el enlace principal con los dirigentes opositores.
El FAES es apoyado por importantes empresas afines a su ideología, que tienen intereses económicos en América Latina, como BBVA, Santander y ENDESA. Entre los íntimos colaboradores de la Fundación hay personajes relevantes de los medios académicos, periodísticos y diplomáticos de la derecha latinoamericana y europea, entre ellos el ex alcalde de Chacao Leopoldo López, actualmente preso, y una red de intelectuales “amigos” que impulsan la visión neoliberal y neoconservadora en boga, como el mexicano Enrique Krause, el cubano-español Carlos Alberto Montaner, el chileno Jorge Edwards y el peruano Álvaro Vargas Llosa.
El papel del FAES en la nueva ofensiva en ciernes radica en su articulación con un grupo de “tanques de pensamiento” neoconsevadores como el Cato Institute, American Interprise Institute, Heritage Fundation, International Republican Institute (IRI) y una red de partidos, ONGs y fundaciones latinoamericanas.
Sin embargo, lo que más destaca en la coyuntura es la abierta participación del Centro Nacional de Inteligencia en la trama. Las funciones del CNI son proporcionar información, estudios y análisis al gobierno español y a su presidente. A sus actividades de espionaje, contrainteligencia y contraterrorismo suma ser el interlocutor habitual de servicios de inteligencia y organizaciones supranacionales (como la NSA, la CIA y los servicios de la OTAN).
Como el antiguo CESID (Centro Superior de Información de la Defensa), se dice que en el exterior las principales zonas de operación del CNI son en el norte de África y Latinoamérica.
En síntesis, durante las conversaciones secretas del Campus FAES 2014, quedó lista la logística para una nueva fase de desestabilización subversiva, guerra sucia y terrorismo mediático de Estados Unidos y sus aliados europeos contra la Revolución Bolivariana de Venezuela.

Uruguay expresa su “más firme rechazo” al bloqueo EEUU contra Cuba

EP – El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Luis Almagro, ha expresado este lunes el “más firme rechazo” del Gobierno uruguayo contra el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos contra Cuba, al entender que “contraviene las reglas de derecho internacional”.

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EP – El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Luis Almagro, ha expresado este lunes el “más firme rechazo” del Gobierno uruguayo contra el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos contra Cuba, al entender que “contraviene las reglas de derecho internacional”.
   Durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el canciller uruguayo se ha referido al bloqueo como una “medida coercitiva” y añade que va en contra de los principios de la Carta de ONU, según detalla el diario digital uruguayo ‘La Red’.
“Debemos afirmarnos en el principio de igualdad jurídica de los Estados”, ha añadido Almagro, quien también ha reclamado que Cuba “sea retirada de la lista hecha por Estados Unidos y Europa de países que ampara el terrorismo”.
Por otra parte, ha hecho alusión al caso que enfrenta al Gobierno de Argentina con los llamados ‘fondos buitre’. En este punto, ha exigido “poner coto a la especulación financiera de los capitales que se aprovechan de países en crisis para ganar cuantiosas sumas de dinero”.
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL MEDIO AMBIENTE
Otros temas abordados por el ministro uruguayo durante su discurso han sido la “crítica” situación de la seguridad alimentaria en el mundo, que considera un “problema estructural”, así como la situación de degradación del medio ambiente.
“Una de cada ocho personas sufren malnutrición crónica, mientras la humanidad desperdicia más de la tercera parte de los alimentos que bastarían para resolver el problema del hambre”, ha criticado Almagro, que acusa a la ONU de haber fallado en su dimensión ética, al no alcanzar soluciones efectivas para atender a la gente.
Asimismo, ha cuestionado una situación “cada vez peor” por la degradación de la tierra, producida “por el mal uso de elementos químicos tóxicos en la cadena de producción y por causa del cambio climático”.
Por último, el representante ante Naciones Unidas del Gobierno uruguayo ha planteado que la agenda de desarrollo de la ONU “debe tener una perspectiva de género” y ha hecho mención a las leyes de “matrimonio igualitario”, como un derecho que favorece la construcción social.

MUY POCO PARA TANTA HIJAPUTEZ

Argentina: piden tres años de prisión para exministro de Economía Cavallo, que promovió canje de deuda

Por haber promovido un canje de deuda en beneficio de un grupo de bancos, “negociaciones incompatibles” con la función pública, la fiscal Fabiana León solicitó tres años de prisión en suspenso para Domingo Cavallo y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
A Cafiero, más allá de la pena, le preocupa que “quede claro que hubo delito, que se condene a Cavallo por haber favorecido a los bancos y por aumentar la deuda”. “A este juicio se llegó como si hubiera sido un tema menor, negociaciones incompatibles, sin los otros funcionarios y banqueros en el banquillo de los acusados, aunque sabemos que acá hubo otros delitos y que se violó la Constitución. Pero si Cavallo resulta condenado vamos a pedir la nulidad del Megacanje para que los bancos tengan que devolver la plata”, anunció.
La fiscal Fabiana León pidió que Domingo Cavallo sea condenado a tres años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por haber implementado el Megacanje en junio de 2001 a través de mecanismos de canje de títulos destinados a beneficiar a un grupo de bancos. El delito que se le imputa es el de “negociaciones incompatibles” con la función pública cuando era ministro de Economía. La fiscal consideró como agravantes su “altísimo nivel de educación”, que le permitía tener noción de las consecuencias de sus actos, y la “extensión del daño causado”, que se reflejó en un incremento de la deuda externa argentina de cerca de 55 mil millones de dólares. Al alegar, el defensor de Cavallo, Eduardo Oderigo, dijo que su cliente actuó con “patriotismo” y “salvó a la Nación”, por lo que pidió que sea absuelto. En su momento, el canje de títulos fue presentado por el gobierno de la Alianza como la salvación para evitar el default, aunque la cesación de pagos se convirtió en un hecho seis meses más tarde.
La escena que podía apreciarse ayer en la sala de audiencias del juicio oral contra Cavallo no parece tener relación con la magnitud de los hechos que se juzgan. Entre el escaso público, estaba la esposa del ex ministro, Sonia Cavallo, quien al entrar al recinto insultó a Mario Cafiero (Proyecto Sur), uno de los denunciantes. “Su madre era buena, pero usted es un hijo de puta”, le espetó la mujer, quien también le tiraba papelitos en la espalda al abogado José Luis Fabris, quien llevó adelante la querella en los primeros tiempos de la investigación. En las butacas se sumaban un puñado de abogados y de periodistas.
“Tres años parece poco y es un una pena que le impide a la fiscal según el Código Procesal apelar una absolución. Podía haber pedido cuatro (la máxima es seis)”, dijo Fabris a este diario.
Cavallo reconoció que el Megacanje surgió de un acuerdo con el banquero David Mulford, el ex secretario del Tesoro de Estados Unidos que representaba los intereses del Credit Suisse First Boston. En su alegato, la fiscal León explicó que el delito se basó en mejorar la calidad de los bonos que los bancos al mismo tiempo tenían y administraban. En medio de la crisis, se fue aplazando el vencimiento de los bonos, hasta el 2031, y creció la deuda hasta alcanzar los 55 mil millones de dólares, según estableció una pericia de especialistas de la Corte Suprema.
León detalló que los bancos tenían 20 mil millones de dólares en bonos propios y administraban los de sus clientes. El Banco Galicia tenía 1580 millones de dólares en bonos viejos y 1598 millones, de clientes; el Santander Central Hispano tenía 1730 millones y otros 2736 de terceros; el Banco Francés tenía 1397 millones propios y 3877 de sus clientes. El Credit Suisse administraba 590 millones de clientes; el HSBC tenía 185 millones en mano y otros 2316 de terceros; el JP Morgan invirtió 98 millones de dólares en bonos y tenía a cargo otros 3369 de terceros. La fiscal planteó que el Megacanje buscó salvaguardar a los bancos frente a la desvalorización de sus carteras y que se trató de una maniobra “dolosa”.
A favor del acusado, la fiscal consideró atenuantes el “extensísimo tiempo que demandó la realización del juicio” así como la “condena pública a la que se vio expuesto”, y su edad actual.
El abogado de Cavallo dijo que estaba asombrado con que la fiscalía hubiera pedido una condena. Sostuvo que todo lo que hizo como ministro fue para beneficio del país y que eso debe ser “reconocido en una absolución”; que a mediados del 2001 se evitó un default y un perjuicio a las finanzas de la población. Aludió a los bancos como entidades que buscan el lucro pero actuaron bien.
Cavallo es el único en el banquillo porque para el resto de los involucrados en el caso (ex funcionarios y banqueros) la Cámara Federal dictó la prescripción por el paso del tiempo, lo que está en revisión en la Cámara de Casación.
En las redes sociales circularon algunas voces críticas con el proceso. Una fue la de Claudio Castelli, abogado penalista dedicado a la criminalidad económica en organismos públicos, quien explicó a Página/12: “Hay una falta de comprensión del daño social provocado por el Megacanje, por ejemplo más muerte y más desocupación. Se le pide la misma pena a Cavallo por un fraude descomunal que a un tesorero de un club de barrio. Es garantismo bobo. No se concibe a Cavallo como un delincuente económico. Hacen falta penas justas”.
El juicio llegará a su fin el lunes próximo, cuando Cavallo tendrá oportunidad de decir sus últimas palabras en la causa ante los jueces Néstor Costabel, Enrique Pose y Patricia Mallo.

Cuevas con ayuda externa

El jefe del organismo que investiga delitos económicos advirtió que funcionarios del Banco Central y de la policía actuaron dando apoyo a financistas que operan con el dólar ilegal. Se analizan eventuales cambios al régimen penal cambiario.


 Por Cristian Carrillo

El jefe de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, denunció ayer que existe connivencia entre cuevas financieras y personal del Banco Central y de la Policía Federal. En el caso del organismo monetario, sostuvo que hubo llamados a los cueveros para anticiparles futuros allanamientos judiciales, mientras que en esos operativos se constató en varias oportunidades asociaciones ilícitas con fuerzas policiales. “En una o dos oportunidades verbalizaron que los habían llamado desde el Central para decirles que estaba todo normal; esto sería que no iba a haber ninguna situación irregular”, dijo Gonella en declaraciones radiales. Consultados sobre el tema, desde el Central prefirieron no realizar comentarios. El titular de la Procelac indicó también que el régimen penal cambiario vigente “ha sido superado por la realidad”, pero aseguró que aún no hay una propuesta concreta en carpeta del Ejecutivo.
“Detectamos otros perfiles de funcionarios públicos dentro de las cuevas brindando seguridad, lo que es una situación absolutamente ilegal”, disparó Gonella. La primera denuncia formal para el inicio de una investigación fue a partir de un allanamiento a una cueva de la city porteña, explicaron a este diario desde la Procuraduría. En esa oportunidad, el dueño del establecimiento ofreció dinero a un funcionario del área de fraudes de la Procelac y a otro del BCRA. Frente a la negativa a la proposición de soborno, el cuevero les manifestó: “A mí me dijeron del banco que hoy operara tranquilo”, en referencia a la autoridad monetaria. Las miradas apuntan a directivos en distintas áreas estratégicas vinculadas con control bancario y cambiario, pero aún no hay personas denunciadas.
En los allanamientos se encontró además personal de Policía Federal asociado a las cuevas, dando “cobertura” a estos establecimientos ilegales. En este último punto ya hay denuncias realizadas. “Hemos encontrado personal de distintas fuerzas de seguridad, incluso armados, en tres o cuatro oportunidades. Por lo cual hicimos la denuncia y se está investigando”, detalló Gonella.
Las sospechas de un entramado ilícito que involucre a fuerzas policiales y del Central en la pulseada contra el Gobierno en la arena cambiaria reavivó el debate sobre una reforma del marco legal. “No se trata de una iniciativa o inquietud que ha surgido en el último tiempo, sino que la reforma hacia el régimen legal que regula el delito cambiario es una discusión que tiene varios años. No es un discusión inédita”, aseguró Gonella. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, había señalado por la mañana que no estaba en estudio un proyecto de esta naturaleza. Desde la Procelac explicaron a este diario que lo que existe son conversaciones desde hace unos meses con los juristas del organismo para consensuar una propuesta de reforma. El actual marco –la Ley Penal Cambiaria 19.359– es de fines de 1971 y coloca al Central como el responsable de las actuaciones y los pedidos de órdenes de allanamiento. “Está enfocada en un paradigma que ha sido superado por la realidad”, consideró el titular de la Procelac.
Entre las reformas más urgentes se encontraría la actual imposibilidad de clausurar las cuevas e iniciar investigaciones más profundas. En el caso de los allanamientos en cuevas, la idea es que se pueden hacer in situ sin necesidad de una autorización previa de la Justicia. “El Banco Central no es un organismo público diseñado para investigar delitos. Entonces, esto conlleva a que en la práctica se acumulen las causas por el abordaje burocrático”, explicó Gonella. En la actualidad existen más de 80.000 sumarios en curso vinculados con petroleras y exportadoras de granos por maniobras de elusión a través del comercio exterior. “Para una administración más eficiente y para poder neutralizar el comportamiento de los sectores que fugan capitales, se requiere de una visión más general del problema, que incluya la persecución de las cuevas, pero también la supervisión de los grandes jugadores del comercio exterior”, explicaron.