La memoria en el Delta: sobrevivientes de La Isla visitaron el centro clandestino

Crónica del viaje realizado por siete detenidos-desaparecidos al lugar al que fueron trasladados desde la Escuela de Mecánica a fines de 1979


Estuvieron presentes los jueces del Tribunal Oral Federal 5. La recorrida se realizó en el marco de una inspección ocular, como parte del juicio en la megacusa ESMA. "Esto es el terror personificado", dijo el fiscal Friele.

Gerardo Aranguren


La Isla - La dictadura trasladó a los detenidos-desaparecidos desde la ESMA a La Isla cuando llegó la CIDH al país - Foto: Fotos: maximiliano luna

Imágenes del pasado y del presente se mezclan durante la visita de siete sobrevivientes de la dictadura para reconstruir el recorrido que 36 años atrás los llevó a la isla El Silencio, en el delta de San Fernando.
Ese lugar fue elegido por el grupo de tareas de la Marina para llevar allí a más de 30 detenidos-desaparecidos y vaciar el centro clandestino de detención de la ESMA. Fue ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fines de 1979.
El viaje de los sobrevivientes se realizó el jueves pasado en el marco de una inspección ocular del Tribunal Oral Federal 5, como parte del juicio oral por la megacausa ESMA. Se trató de la segunda vez que la justicia recorrió el lugar, tras el allanamiento realizado en 2013 por el juzgado federal de Sergio Torres.
Para los ex detenidos (y testigos del juicio oral) no fue un día más. "Es un viaje al pasado, a la parte más fea de nuestra vida", graficó uno de los sobrevivientes, Carlos Lordkipanidse.
La jornada comenzó temprano. A las 9:30, la comitiva de unas 30 personas, entre testigos, abogados querellantes y defensores, el fiscal Guillermo Friele y un puñado de periodistas abordaron la lancha, un guardacostas de 27 metros de largo que navegaría durante más de tres horas el delta de San Fernando hasta la isla. Los tres jueces del TOF 5, Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Leopoldo Bruglia, llegaron en helicóptero apenas el barco arribó a destino.
El Silencio está ubicada a unos 50 kilómetros de San Fernando, sobre el arroyo Chañá Miní, a 800 metros de su intersección con el río Paraná Miní. El largo trayecto y el calor agobiante facilitaron la conversación y, ni bien la embarcación comenzó su ruidoso andar, los siete ex detenidos reconstruyeron su paso por El Silencio.
En 1979, a la isla llegaron detenidos en tres oleadas. Los primeros fueron Alfredo Ayala, conocido como "Mantecol" y Leonardo "Bichi" Martínez, quienes integraban un grupo de secuestrados que eran obligados a hacer reparaciones.
"Estuvimos durante todo el año en la isla. Se la compraron a los curas y estaba bastante derruido. Arreglamos el muelle, la Casa Grande, hicimos el cerramiento donde estaban los 'capuchas' en la Casa Chica", señaló Martínez.
Las anécdotas se agolpan: viajes en lancha colectivo y largas estadías con sus captores: "Un sábado los milicos quisieron ir a bailar, pero no sabían qué hacer conmigo, así que me llevaron a con ellos", detalló "Bichi". Una foto sepia y gastada retrató ese momento extraño.
"Llegamos un mes y medio antes. El mes en que la mayoría vino a la isla, nosotros estábamos en la ESMA recibiendo a la CIDH. Yo tenía un mameluco y hacía reparaciones", señaló Ayala. Martínez debió fingir ser un cadete de la Marina y recuerda haber tenido que "cuadrarse" cuando llegó el almirante Emilio Massera.
El segundo grupo en llegar fue el mayor. Veinte detenidos llevados para trabajar en la plantación de Álamos y Fornio, que se utiliza para hacer hilo. Allí estaban el "Sueco" Lordkipanidse, Enrique "Cachito" Fukman y Ángel Strazzeri, conocido como Taita. También Blanca Firpo, a quien llamaban Betty, y Thelma Jara de Cabezas, encargadas de la cocina. Todos se quedaban en la Casa Grande.
"Fuimos mano de obra esclava para que ellos hicieran plata. Primero abríamos caminos, desmalezábamos, nos daban machetes, pero ellos estaban con fusiles. Después, el segundo trabajo fue el traslado de los troncos a una lancha de una empresa. También cortábamos las hojas del Fornio", relató Fukman.
Los últimos en llegar fueron los que permanecían recluidos en el sector Capucha de la ESMA, encapuchados y esposados. En la isla, sus condiciones empeoraron: fueron arrojados debajo de la Casa Chica. "Éramos 15 sobre piso de tierra, con capuchas y grilletes. En todo el mes nos sacaron cuatro o cinco veces para tomar aire, pero de noche y tabicados. Sólo dos veces nos permitieron bañarnos en la Casa Grande. Estábamos en peores condiciones que en Capucha", describió Barros.
De ese grupo, sólo cinco lograron sobrevivir, entre ellos él y Basterra.

RECORRIDA. Al bajar en El Silencio, las palabras ya sobraron y los siete sobrevivientes se palmearon y abrazaron emocionados. Las dos casas siguen casi idénticas. La pintura, maderas y muebles siguen en su sitio. Una piedra redonda donde los detenidos afilaban sus machetes ya no está a la vista. El buggy, un pequeño auto que los guardias usaban para recorrer la isla, continúa semi enterrado y despedazado.
Apenas bajó de la lancha, Lordkipanidse se dirigió a un punto frente a la casa. Junto con Strazzeri reconocieron ante los jueces que en ese punto exacto el represor y fotógrafo Orlando González le tomó una instantánea a Lucía Deón, una detenida a la que hizo posar con unos velos y una calavera. La foto, que nombró "La Parca", ganó el Premio de la Federación Argentina de Fotografía.
El ánimo cambió cuando el grupo llegó a la Casa Chica. "El terror personificado es esto", suspiró el fiscal Friele, sin poder creer que allí hubo 15 personas hacinadas durante un mes. Los jueces impresionados escuchaban los relatos y describían ese sótano como "uno de los perores lugares de detención" que vieron.
Muy movilizado, Lordkipanidse se apartó un poco de la casa y se descargó. "Yo no estuve acá, pero el sufrimiento de mis compañeros… hay diez de los que pasaron por acá que no están. Los hicieron pasar por esta mierda y después los mataron sin necesidad alguna", dijo, y pidió disculpas: "Lamento hacerlos pasar por este lugar tan tormentoso." «



grasselli, un eslabón aún impune de la represión



La isla El Silencio fue un lugar de descanso de la Curia argentina. Allí pasaban sus fines de semana las autoridades de la Iglesia, alejados del barullo porteño. Meses antes del golpe de Estado del '76, el predio fue cedido a una sociedad integrada por el entonces capellán del Ejército Emilio Teodoro Grasselli, también secretario del vicario castrense Adolfo Tortolo.
El cura, hasta hoy apenas imputado a pesar de su rol central en el vínculo de la Iglesia con la represión cívico-militar, vendió irregularmente esa propiedad al Grupo de Tareas de la ESMA (GT ESMA). Quien aparece como comprador es el ex detenido Marcelo Camilo Hernández, sobreviviente de ese centro clandestino y quien ya se había exiliado a comienzos de ese año. El GT ESMA vendió la propiedad en 1980 a Lande SA, aunque no se logró descartar que esa venta haya sido otra de las maniobras de los marinos de la ESMA.
"Pedimos que se investigue la compraventa", dice Enrique Fukman, indignado. "En 30 años siempre hubo declaraciones sobre la isla pero nunca se allanó por el vínculo con la Iglesia. Pedimos que lo llamen a indagatoria a Grasselli", agregó.
Tras la inspección ocular, Carlos Lordkipanidse señaló que si bien se cierra un capítulo, también se abre otro: "Que se haga justicia. Que este lugar sirva para la memoria, este es un sitio histórico y se tiene que preservar. Además, desde lo jurídico, se debe castigar a los responsables de lo que ocurrió, también a los que fueron titulares de este lugar, porque es como que esto hubiese pasado en su casa, son tan responsables como quienes lo hicieron", manifestó.
El rol de Grasselli en la dictadura recién comenzó a avanzar en 2014. El juzgado de Sergio Torres lo investiga en relación a la titularidad de la isla en la megacausa ESMA. Sobrevivientes vincularon al religioso con la gestión de pasaportes para la salida del país de ex detenidos.
En dos expedientes se trata de determinar su relación con otros casos de represión. El juez federal Julián Ercolini tiene en su poder la causa que se generó a partir de la gran cantidad de testimonios que lo mencionaron en los juicios Plan Sistemático de Robo de Bebés y juicio por la Verdad de La Plata. A pesar del pedido de indagatoria del fiscal Federico Delgado, el juez amplió los testimonios y por ahora demora una resolución.
La megacausa Campo de Mayo también lo tiene imputado, ya que entre las 2000 fichas que elaboró en dictadura había 140 personas que pasaron por ese centro clandestino de detención.



Fiscalía

Hoy, audiencias

Por pedido de la fiscalía del caso, el Tribunal Oral Federal 5 decidió postergar el inicio de los alegatos del juicio oral por delitos en la ESMA, previstos para el 23 de febrero. Hoy se retomarán las audiencias con cuatro nuevos testigos.

Grecia y Ucrania se asesoran con técnicos del "canje" argentino

LA POLÍTICA DE DESENDEUDAMIENTO NACIONAL, ANTECEDENTE A NIVEL GLOBAL

Ambas en proceso de análisis de deuda, contrataron a expertos de la firma Lazard, la misma empresa que trabajó en el exitoso canje 2005 en Argentina.

Genaro Grasso

Los debates en la Unión Europea sobre la necesidad de reestructuración de deuda griega se aceleraron cuando el partido Syriza tomó las riendas del país heleno. El nuevo primer ministro, Alexis Tsiprasm, y el ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, contrataron a la compañía Lazard como asesora en materia de deuda externa, que ya trabajaba codo a codo con las autoridades ucranianas. Dicha compañía, de origen francés  y renombre mundial, está dirigida por Kenneth Jacobs y Mattheu Pigasse y tiene gran experiencia en fusiones y adquisiciones en el sector privados y en las reestructuraciones del sector público. Una de las experiencias más importantes fue la participación como asesor en el canje 2005 de Argentina. 
Dado que todavía las negociaciones con la Troika son limitadas, desde Lazard aseguraron que por ahora "la reestructuración griega no ha sido una opción a considerar", a pesar de que la deuda asciende a 315.500 millones de euros. 
En febrero de 2003, "la República Argentina seleccionó como asesor financiero a Lazard Freres para cumplir las tareas relativas a primera etapa de la reestructuración de la deuda pública nacional, momento a partir del cual se han desarrollado diversas actividades preparatorias para el proceso antes mencionado", declara un decreto del año 2004. La designación estuvo a cargo del entonces secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, y el ministro de Economía, Roberto Lavagna. La compañía ganó una licitación, compitiendo con las bancas de inversión Morgan Stanley y UBS Warbrug. Lazard se encargó de entrar en relaciones con los miles de bonistas del mundo que se encontraban esperando para poder cobrar, y con los países miembros del Club de París.
Para 2005, también asesoró a la empresa Telecom Argentina en la reestructuración corporativa más grande de la historia del país, de U$S 3200 millones y en la de Transportadora de Gas del Norte (TGN) en 2006, de U$S 570 millones.  
Pero su historial también está relacionado con otros países latinoamericanos. En 2009, asesoró al gobierno ecuatoriano en la recompra de sus bonos global 2012 y 2013 por un total de U$S 3200 millones, que permitieron al país desendeudarse evitando pagar los intereses. Asimismo, la empresa ayudó a la petrolera estatal venezolana PDVSA en 2008 a emitir los bonos por U$S 1681 millones. Además de Venezuela, Lazard ha asesorado a Ucrania, Etiopía, Costa de Marfil y Egipto.
Un punto relevante es la larga relación de Lazard con Grecia. En 2010, el ministro de finanzas, George Papaconstantinou, contrató a la compañía para la restructuración que tuvo una quita del 75% del valor nominal, una cifra levemente mayor a la que realizó la República Argentina en 2005. Sin embargo, la presión que ejerce la Eurozona sobre los países menos favorecidos, la permanencia en el euro y las políticas de austeridad impuestas por los organismos multilaterales han obligado al país heleno a volver a las negociaciones.
Uno de los posibles motivos de la elección es la relación de la firma con el presidente de Francia, François Hollande. El director general delegado de Lazard en Francia y vicepresidente de la compañía en Europa, Mattheu Pigasse, supo pertenecer al Ministerio de Economía de ese país, y es accionista de Le Monde y del Huffington Post, y propietario y presidente de la revista Los Inrockuptibles. Es probable que la influencia económica, política y mediática de Pigasse sea crucial a la hora de enfrentar a los países más fuertes de la Eurozona, incluyendo a Alemania.
Grecia y Ucrania sufren las agresivas políticas de Europa. Por un lado, los ucranianos son parte de los conflictos geopolíticos de los líderes occidentales contra Rusia, por lo que su economía redujo su PBI un 7,5% en 2014. Por otro lado, las presiones de la Troika a favor de la austeridad llevaron al país heleno al borde del abismo. Tal como dijo el propio Varoufakis en su "propuesta modesta para la solución de la crisis del euro", los problemas deben resolverse en una negociación europea. Y esto implica "atender la crisis bancaria, de deuda, falta de inversión, desempleo y la emergencia política, social y humana".  «

detalles 
del plan ante la onu

Argentina presentó ante la ONU un proyecto de marco para reestructuración de deuda soberana.Los puntos neurálgicos de la propuesta incluyen la creación de una Comisión de Supervisión compuesta por tres Estados, uno designado por el país deudor y dos por países que aceptan el marco. Estos deberán intentar resolver el litigio entre los acreedores y el deudor. Si el dilema no puede ser resuelto, acudirán a la Corte Internacional de Justicia. Argentina introdujo en la propuesta algunas condiciones que limitan el accionar de los buitres. Por ejemplo, renunciar a la inmunidad soberana en el prospecto de un bono no significará que se puedan tomar acciones contra los tenedores de bonos reestructurados. Además, las minorías deberán aceptar la decisión de una mayoría de los acreedores, por lo que no se podrá bloquear una reestructuración, y el gobierno podrá emitir nuevos títulos en default en mejores condiciones que las de los litigantes.

CREACION DE UNA COMISION DE INVESTIGACION DE ARCHIVOS DE LA DICTADURA EN EL BANCO CENTRAL

“Es un punto de inflexión para el BCRA”

A través de una resolución, el presidente del Banco Central ordenó poner todos los archivos del banco a disposición de la subgerencia de Derechos Humanos. En esta entrevista explica los objetivos del trabajo en marcha.

 Por Alejandra Dandan

Alejandro Vanoli firmó una resolución que no tuvo gran repercusión, pero que puede tener efectos trascendentes. El presidente del Banco Central ordenó la colaboración de áreas clave en “el acceso, compulsa y análisis” de “la totalidad de las actas del directorio, corrientes y secretas” del período 1975-1985 “que se encuentran bajo su custodia”. Esta medida que “parecería ser una simple gestión de carácter burocrático”, agrega la resolución, “representa el inicio de un accionar tendiente a implementar una política de derechos humanos hacia el interior de este organismo y constituye el primer paso para conocer el rol que ha tenido el BCRA durante la dictadura cívico-militar”. Y en los hechos, según sus propias palabras, la orden se entiende como “un punto de inflexión importante en la historia del Banco Central, del sistema financiero y del país”.

La resolución de Vanoli no es una decisión aislada sino una línea política que intenta dar continuidad al trabajo sobre los archivos que impulsó cuando estuvo en la Comisión Nacional de Valores. A fines de diciembre, Vanoli presentó esta resolución en el salón de ceremonias del BCRA. En la primera fila estaba Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, madre de Gustavo Cortiñas, trabajador desaparecido de la CNV, e hijos y familiares de los desaparecidos del banco. En el acto se presentó el área encargada del seguimiento de esta tarea, que va a estar encuadrada por la gerencia de Relaciones con la Comunidad y seguida por la subgerencia de Promoción de derechos humanos, a cargo de Celeste Perosino, ex coordinadora del equipo de la CNV. En esta entrevista, ambos explican alcances del trabajo.

–¿Por qué la desclasificación?

Vanoli: Porque hay actas normales, y reservadas. Algunas poquitas se habían desclasificado ya por pedido de la Justicia, pero todas las demás no. Para nosotros era importante ver cómo evaluar todo el período con algún tipo de sistematización y replicar la experiencia de la CNV.

–¿Con qué se encontraron?

Vanoli: En este momento estamos en la fase de relevar. Es la etapa en la que queremos conocer qué hay. Y eventualmente aportar material para que culminen los juicios y se siga investigando como hicimos desde la CNV. Eso es un trabajo enorme.

¿De qué volumen estamos hablando?

Perosino: Son 35 biblioratos de actas corrientes y 30 de actas de Presidencia.

–Comparado con la CNV, ¿es mucho o poco?

Perosino: En la CNV vimos unas 500 actas. Estos 35 biblioratos de actas corrientes tal vez no tienen tanta cantidad, pero el volumen de las actas es mucho mayor. En la CNV los documentos eran como más pequeños. Acá están estos 35 volúmenes, a lo mejor un acta es un tomo. Pero además están los 30 biblioratos de resoluciones de presidencia.

–¿Qué hay ahí?

Perosino: Ahora estamos trabajando sobre estos biblioratos. Es un trabajo bien acotado y cerrado. Todavía no buscamos continuidades. Estamos viendo documentos desde mediados del ‘75 hasta mediados del ‘85.

–¿Cuál es la hipótesis sobre el rol del BCRA durante la dictadura?

Vanoli: Sobre la base de lo ya investigado y lo que recién estamos viendo que es provisorio, hay un concepto que aparece y es importante. La dictadura y la Ley de Entidades Financieras en el plano económico marcan una ruptura muy grande respecto de otros procesos dictatoriales previos, de ajuste económico ortodoxo, surgidos después de los procesos populares de los años ’40. El ’76 marca un quiebre. Y las cuestiones en las que hace eje, y son una paradoja, es en terminar con lo que llaman “represión financiera”. La dictadura en el marco de las ideas de Chicago, de liberación financiera, implica desmontar todas las estructuras de control cambiario y de presencia del Estado en la vida económica. Es un cambio de paradigma, en el estilo de la película Plata dulce: mucha gente, que ahorraba de otra manera, de golpe empieza a apostarle al plazo fijo de 7 días, al dólar. Se creó una cultura de la primacía de lo financiero sobre lo productivo que siguió y traspasó ese período.

–¿Y en ese contexto, el BCRA?

Vanoli: No sólo entonces comandó una política económico-financiera como ésta, sino que fue funcional al poder represivo de la época. Algunas pistas de esto ya las vimos en la CNV. No sólo comandó una política económico-financiera, sino que por el otro lado fue funcional a un modelo de apropiación de bienes, trasferencia de riquezas con distintos fines. Esto implicaba reconfigurar el mapa económico financiero del país. Perseguir a determinadas personas como complemento de la violación a los derechos humanos y la rapiña menor.

Perosino: Nosotros manejamos la idea de que la CNV no trabajaba de manera aislada. Ahora, con esta investigación vamos a poder profundizar eso. Los pocos archivos a los que habíamos tenido acceso del BCRA desde la CNV nos hablaban justamente de eso: que había un trabajo en espejo. Entendemos que acá vamos a encontrar el otro eje, la otra pata, sobre la colaboración en el desapoderamiento de bienes y secuestro de empresarios. No sólo políticas económicas sino también participación en crímenes de lesa humanidad. Pero es algo que estamos empezando a desandar ahora porque el volumen documental que hay acá es muy grande.

–¿Qué otro tipo de archivos hay?

Perosino: Además de las actas, hay cantidad de archivos en dos dependencias que condensa vida y expedientes del organismo. Y por el acceso a los primeros inventarios vimos que la cantidad de información que hay sobre temas que para nosotros son delicados es de un volumen documental importantísimo. Entendemos que conforme avancemos tendremos una foto más compleja y completa de lo que pasó en ese período.

–¿Tuvieron resistencias para acceder a los archivos del BCRA?

Perosino: Fue bien difícil. Lo que nos está transmitiendo ahora mucha gente del Banco es que llegaban los pedidos de información, no sólo nuestros, y había un resquemor muy grande a contestar. Se le aplicaba “secreto” a todo de manera irrestricta. Por eso, esta resolución viene a hacer un quiebre importante.

Vanoli: Es luchar contra una lógica burocrática que tiene una inercia y también con una lógica de funcionamiento de Banco Central. La resolución se hizo porque nos daban vueltas. Que intervenga Legales, que lo tiene éste, que lo tiene el otro. Esto es, en cambio, una instrucción de Presidencia que dice: “pónganse a disposición” directamente.

–¿Cuánto tiempo de relevamiento estiman?

Perosino: Nosotros hicimos en casi dos meses de trabajo el análisis de un año y medio: vimos de mediados del ’75 a fines del ’76. Creemos que para septiembre u octubre estaremos terminando el primer pantallazo general.

–¿Harán diferencias según las épocas?

Perosino: Ahora estamos avanzando lo más que se pueda en forma general. En esos períodos hay leyes muy importantes, como la Ley de Inversiones Extranjeras, que van a marcar el momento, y la Ley de Entidades Financieras.

Vanoli: El primer tramo es importante en cuanto a cambio de paradigma. El período posterior tiene de muy interesante la crisis financiera del ‘80, cuando se producen todas las caídas de los bancos. Son relaciones muy complejas sobre cómo el Banco Central en ese momento fue salvando a unos o no salvando a otras entidades.

Perosino: Está bien dividirlo metodológicamente, pero todo el período es riquísimo. Hay un archivo de liquidaciones en el que están los bancos liquidados que cayeron a partir del ‘80. El acervo documental es enorme.

–¿Hay otros temas importantes como, por ejemplo, la deuda?

Vanoli: En esa segunda parte también están los mecanismos por los que el Estado terminó haciéndose cargo de una cuantiosa deuda privada que fue el lastre de la democracia. Todo eso se fue consolidando entre el ’82 y ’83. Pero hay otras cosas: qué pasó con la compra de material bélico, con los movimientos financieros. Es importante poner las cosas en contexto, qué fue el plan económico, sus consecuencias. No sólo hablar del BCRA, sino ponerlo en línea con las interrelaciones políticas del terror.

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BUITRES EN LA MIRA

 PAGINA/12 ACCEDIO AL DOCUMENTO QUE CONTIENE LAS DIRECTRICES DE UN NUEVO MARCO JURIDICO PARA REESTRUCTURAR DEUDAS SOBERANAS

La propuesta para cambiar las reglas del juego

El objetivo central es limitar el accionar de buitres y cortes extranjeras. Cuáles serían los principales cambios.

 Por Tomás Lukin

La Argentina presentó el martes pasado en las Naciones Unidas su propuesta para crear un marco jurídico internacional que guíe los procesos de reestructuraciones de deuda soberana. El documento al que Página/12 accedió en forma exclusiva establece una serie de reglas básicas para desarrollar los canjes de deuda. El objetivo central es minimizar el accionar carroñero del sistema financiero internacional. Los lineamientos redactados por el Ministerio de Economía, la Cancillería y la Procuración del Tesoro también buscan impedir que decisiones judiciales en cortes extranjeras afecten los acuerdos alcanzados. Los miembros de la ONU ya comenzaron a analizar esa propuesta y, en caso de que finalmente se apruebe, deberán adherir al mecanismo multilateral que establece un plazo máximo de 18 meses para negociar. Una de las principales innovaciones introducidas en el proyecto argentino es la creación de una Comisión Veedora que estará compuesta por tres países. Ese organismo supervisará las negociaciones y mediará entre las partes cuando sea necesario. La función fundamental de los veedores será la de relegitimar ante la comunidad global la reestructuración.

Hoy la participación en una negociación es opcional y un acreedor puede decidir no participar y/o recurrir a la vía legal. La propuesta que llevó Argentina establece que los términos financieros –la quita de capital, la reducción de intereses y/o extensión de plazos– serán extendidos de forma obligatoria al ciento por ciento de los acreedores cuando la adhesión a la oferta alcance una porción mayoritaria. El primer acercamiento que llevó el gobierno a Nueva York no define el número. Las leyes de quiebras para las empresas privadas consideran que el visto bueno del 66 por ciento es suficiente para que la propuesta alcance a todos. Para el convenio en discusión la cantidad de voluntades necesarias podría ser inferior.

Las reestructuraciones de deuda son un procedimiento habitual desde comienzos del siglo XIX. Los datos recolectados por el FMI evidencian que, a partir de 1950, se registraron más de 600 casos de canjes soberanos alrededor del mundo. “La ausencia de un marco legal multilateral para conducir las reestructuraciones de deuda soberana permitió a un pequeño grupo de fondos altamente especulativos y litigiosos desplegar estrategias abusivas con el fin de obtener ganancias extraordinarias bloqueando los esfuerzos estatales legítimos destinados a hallar soluciones eficientes, equitativas, legales y sustentables para sus crisis de deuda”, advierte el documento presentado por el equipo económico ante la ONU.

Existen dos propuestas para cubrir esa carencia del sistema financiero internacional. Un enfoque contractual y un abordaje estatutario. Con el respaldo de los principales actores del mercado y los países centrales, el primero propone modificar los contratos de los bonos soberanos. “Aunque se trata de un paso adelante, modificar las cláusulas de los contratos ha demostrado ser insuficiente para resolver los múltiples y complejos desafíos que presentan las reestructuraciones de deuda soberana”, expresa la posición argentina. La alternativa propuesta por el país es un marco jurídico internacional que ofrezca reglas claras para llevar adelante una reestructuración soberana. La semana pasada un grupo de expertos académicos y representantes de los diferentes países se reunieron en la sede de Naciones Unidas en Manhattan para comenzar a discutir los lineamientos básicos introducidos por el equipo económico. Página/12 detalla y analiza los principales puntos del proyecto:

- Un convenio voluntario: Una corte internacional para llevar adelante las reestructuraciones ofrecería un fallo inapelable que podría resultar perjudicial para un país en crisis. Ese camino está descartado. No sólo se requeriría un tratado internacional sino que exige una renuncia de soberanía que innecesariamente expone a los estados altamente endeudados. El mecanismo seleccionado es un convenio internacional en el marco de Naciones Unidas al que los países se sumarán en forma voluntaria. No será vinculante pero quienes adhieran se comprometen a respetarlo. No está precisado pero es probable que quienes emitan bonos cuando el marco jurídico esté vigente le dedicarán varios párrafos a la existencia del convenio en los contratos de fideicomiso.

- Punto de partida: Reestructurar la deuda es una decisión soberana. La propuesta argentina es taxativa: para abrir el proceso alcanza con la declaración del interesado. El Estado con problemas de deuda deberá comunicar su decisión a sus acreedores y a los países que adhieren al convenio. Todos ellos deberán recibir una explicación sobre las razones que dispararon el uso del mecanismo multilateral, así como de una descripción sobre las políticas económicas que junto con la reestructuración permitirán llevar la deuda a un nivel sostenible. A partir de ese momento, el país obtiene una ventana de oportunidad con reglas claras para negociar.

- Normas básicas: El convenio enfatiza la protección de los derechos de los estados soberanos. Eso no significa que los acreedores deban perder o que sean perjudicados adrede, sino que pretende equilibrar la balanza. Argentina propone codificar un conjunto de principios y reglas legales generales vinculadas a los procesos de reestructuración de deuda soberana presentes en la mayoría de las legislaciones nacionales, incluso en la norteamericana. Con el fin de desarticular los mecanismos de presión de los buitres, el marco jurídico establece claramente que la inmunidad soberana que, entre otros aspectos, previene la ejecución de sus bienes en el extranjero (embajadas, cuentas de bancos estatales o activos militares). Para evitar imitadores internacionales del juez Griesa se establece que los estados adherentes y sus autoridades judiciales “no podrán adoptar medidas a pedido de un grupo minoritario de acreedores que afecte un acuerdo de reestructuración alcanzado por un país y la mayoría de sus acreedores”.

- Un año y medio para negociar: La finalización y clausura definitiva de las negociaciones está preestablecida. Los países tardan mucho en iniciar una reestructuración y, en cambio, recurren a “salvatajes” del FMI que, transferencia de ingresos hacia el capital financiero mediante, alargan la agonía. Pero incluso cuando se deciden a negociar la conclusión definitiva puede extenderse indefinidamente: la reestructuración argentina sigue abierta. Por eso, el marco jurídico dispone que el proceso estará concluido con la aprobación de un acuerdo o por decisión del Estado. El plazo definitivo llegará a los 18 meses de la constitución de la comisión veedora, aunque será posible extenderlo por 12 meses más.

- Todos adentro con el mismo tratamiento: Con una reestructuración en dos tramos –2005 y 2010– Argentina logró una adhesión del 92,4 por ciento de los acreedores. Sin embargo, la abrumadora mayoría lograda no bastó para cerrar definitivamente un proceso abierto más de diez años atrás. Por eso, el convenio establece que “un acuerdo aprobado por las mayorías calificadas que se establezcan será vinculante para todos los acreedores”.

- Sin juicios: Para garantizar un proceso ordenado cuando un país declara la necesidad de llevar adelante una reestructuración, el proyecto propone que automáticamente una medida cautelar suspenda todas las acciones judiciales (o los intentos de ejecución de las sentencias) iniciadas en los países adherentes al convenio.

- Check-in obligatorio: La propuesta dispone un proceso de verificación y registración que les otorga a los tenedores de los títulos públicos voz y voto en las negociaciones. El mecanismo exige que los fondos involucrados declaren si ellos –o sus empresas vinculadas– poseen instrumentos financieros de cobertura, los denominados seguros contra default (CDS, por sus siglas en inglés), que les generarían ingresos adicionales ante un evento de incumplimiento. De esa forma el Estado podría conocer si tiene posibilidades genuinas para llevar adelante un proceso exitoso o si los acreedores carecen de incentivos para involucrarse en una negociación ya que el default les significa una jugosa ganancia.

- Comisión veedora: Como las crisis de deuda soberanas afectan a la comunidad internacional, el proyecto garantiza que todos los adherentes a la convención participen del proceso. La comisión veedora estará compuesta por representantes de tres países. Uno será seleccionado por el Estado que reestructura sus pasivos y los otros dos por los adherentes al marco jurídico. Supervisarán el cumplimiento del mecanismo legal y realizarán un reporte una vez que termine el acuerdo. La comisión no revisará la decisión de un país de llevar adelante una reestructuración y tampoco el acuerdo aprobado por una mayoría de acreedores.

“La creación de una comisión veedora involucra a la comunidad internacional y otorga un sello de calidad a la reestructuración”, explicó a Página/12 un funcionario que trabajó en la redacción del borrador presentado ante la ONU. Desde el equipo económico reconocen que, incluso legitimada por los países adherentes al marco internacional, no elimina la posibilidad de demandas en cortes extranjeras, fudamentalmente en Estados Unidos e Inglaterra. Las dos principales plazas financieras del mundo rechazan la propuesta. “En la Justicia de un país que no se adhiera no será vinculante pero seguramente hubiera sido más difícil para Griesa sacar su fallo si una comisión compuesta por Brasil, China y Rusia avalaban el procedimiento”, consideran entre los redactores del proyecto. La iniciativa argentina comenzó a ser analizada junto a los lineamientos presentados por la Iniciativa para el Diálogo de Políticas de la Universidad de Columbia que encabezan Joseph Stiglitz y el economista argentino Martín Guzmán.

tlukin@pagina12.com.ar

Soros: "Esta vez es la UE la que está desintegrándose, y Rusia vuelve a hacerse valer"

La Unión Europea está al borde de la desintegración, mientras que Rusia está ganando terreno en la escena internacional, afirma el famoso financiero estadounidense George Soros.


Publicado: 8 feb 2015

REUTERS/Jorge Silva

"Hace 25 años observé la caída de la URSS, cuando la Unión Europea estaba formándose. Esta vez es la Unión Europea la que se desintegra mientras Rusia vuelve a hacerse valer", dijo Soros, citado por RIA Novosti, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich.


Al mismo tiempo, el presidente de Open Society Foundations acusó a la Unión Europea de no cumplir sus promesas de ayuda a Ucrania, algo que ha puesto al país, asegura, al borde del colapso.


Soros instó a Bruselas a desembolsar miles de millones de euros en ayuda a Ucrania; sin embargo, rechazó la propuesta del moderador de la discusión de donar 1.000 millones de dólares para el país.


"Cada uno debe hacer su trabajo. Yo proporciono algunos millones", comentó Soros.