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27 jun 2015
FIFA-Gate: embargan en Uruguay cobros de empresa de Burzaco y los Jinkis
Los tres están presos
La Dirección General Impositiva de Uruguay (DGI) informó este jueves que la justicia autorizó el embargo del dinero a cobrar por la empresa Datisa, investigada por la Justicia de EEUU en el caso FIFA, por parte de varias televisiones uruguayas a las que vendió el derecho de emisión de la Copa América.
"En este caso se solicitó a la justicia un embargo específico sobre ciertos créditos y el embargo fue autorizado por el Poder Judicial. Ahora habrá que continuar la inspección y determinar los impuestos", informaron a la agencia española Efe fuentes del organismo público.
Según publicó este jueves el semanario Búsqueda y confirmaron las mismas fuentes, con esta acción cautelar el organismo apunta a preservar lo que se entiende son los créditos fiscales que tiene el Estado contra Datisa.
La publicación añade que la empresa hizo un acuerdo con tres canales privados de la televisión uruguaya para emitir la Copa América.
"Cuando la DGI hace una inspección y encuentra que hay riesgo fiscal, una de las posibilidades previstas en nuestra legislación es que se pidan medidas cautelares a la Justicia a efectos de proteger los créditos fiscales", informaron a Efe fuentes de la DGI, que evitaron dar más detalles porque "lamentablemente en Uruguay existe el secreto tributario".
Según la Fiscalía estadounidense, Datisa, que posee los derechos de televisión de las Copas América de 2015, 2016 (Centenario), 2019 y 2023, sobornó a varios dirigentes del fútbol suramericano, entre ellos Julio Grondona y otros seis presidentes de federaciones nacionales, que habrían recibido 1,5 millones de dólares.
Los dueños de dicha empresa son los empresarios Alejandro Burzaco y Hugo y Mariano Jinkis, los tres actualmente detenidos.
La Dirección General Impositiva de Uruguay (DGI) informó este jueves que la justicia autorizó el embargo del dinero a cobrar por la empresa Datisa, investigada por la Justicia de EEUU en el caso FIFA, por parte de varias televisiones uruguayas a las que vendió el derecho de emisión de la Copa América.
"En este caso se solicitó a la justicia un embargo específico sobre ciertos créditos y el embargo fue autorizado por el Poder Judicial. Ahora habrá que continuar la inspección y determinar los impuestos", informaron a la agencia española Efe fuentes del organismo público.
Según publicó este jueves el semanario Búsqueda y confirmaron las mismas fuentes, con esta acción cautelar el organismo apunta a preservar lo que se entiende son los créditos fiscales que tiene el Estado contra Datisa.
La publicación añade que la empresa hizo un acuerdo con tres canales privados de la televisión uruguaya para emitir la Copa América.
"Cuando la DGI hace una inspección y encuentra que hay riesgo fiscal, una de las posibilidades previstas en nuestra legislación es que se pidan medidas cautelares a la Justicia a efectos de proteger los créditos fiscales", informaron a Efe fuentes de la DGI, que evitaron dar más detalles porque "lamentablemente en Uruguay existe el secreto tributario".
Según la Fiscalía estadounidense, Datisa, que posee los derechos de televisión de las Copas América de 2015, 2016 (Centenario), 2019 y 2023, sobornó a varios dirigentes del fútbol suramericano, entre ellos Julio Grondona y otros seis presidentes de federaciones nacionales, que habrían recibido 1,5 millones de dólares.
Los dueños de dicha empresa son los empresarios Alejandro Burzaco y Hugo y Mariano Jinkis, los tres actualmente detenidos.
Argentina y Brasil prorrogan por un año acuerdo automotor
Concluía a fin de mes
Los gobiernos de Argentina y Brasil acordaron prorrogar por un año el acuerdo automotor que concluía a fin de este mes, e intensificar las medidas destinadas a lograr una mayor complementación productiva entre ambas naciones.
La información fue dada a conocer por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio de Brasil, a través de un comunicado publicado en su página web y confirmada por fuentes argentinas.
El acuerdo, que fue suscripto en Montevideo, en el marco de una reunión de la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), establece disposiciones para la comercialización de productos en la industria automotor entre Brasil y Argentina, sin el cobro de derechos de importación.
La extensión del acuerdo será por un año, a partir del 1 de julio próximo y no contiene cambios en el sistema conocido como "flex" que establece que por cada dólar que Argentina exporta a Brasil en autopartes y vehículos sin impuestos, puede importar 1,5 dólares en productos brasileños.
"La decisión de mantener las normas actuales se hizo de común acuerdo entre las partes, y en el período de prórroga se llevará a cabo negociaciones sobre una base más amplia", destacó el comunicado oficial brasileño.
El Ministerio de Desarrollo destacó que la extensión "es importante profundizar la integración productiva y preservar el flujo comercial bilateral".
Argentina exporta el 60% de su producción automotriz a Brasil, y representa el 8% de ese mercado que en los últimos años ha visto caer sus ventas en un 22%.
UdelaR reclama una “discusión pública” sobre el TiSA
"CONFIDENCIAL"
La institución educativa advirtió en en último CDC que ha tenido problemas para acceder a información oficial y aprobó un documento donde aconseja “no avanzar” en acuerdos como estos.
La institución educativa advirtió en en último CDC que ha tenido problemas para acceder a información oficial y aprobó un documento donde aconseja “no avanzar” en acuerdos como estos.
MONTEVIDEO (Uypress)
25.06.2015
La Universidad de la República (UdelaR) votó veinte a cero en el último Consejo Directivo Central (CDC) un documento donde manifiestan que "no se debe avanzar" en trativas como las del TiSA (Acuerdo de Comercio de Servicios) hasta que no se "haga una discusión pública" y advierten que la institución ha procurado "sin éxito" tener información oficial sobre las características y líneas generales del acuerdo.
Según relata El país sobre la instancia llevada a cabo este martes, el CDC resolvió crear una comisión para que analice los acuerdos educativos que se podrían llevar a cabo pero advirtieron que no se ha podido avanzar debido a "problemas de acceso a documentos de primera exposición", dijo Roberto Calabria, de la facultad de Humanidades.
El propio rector de la UdelaR Roberto Markarián, afirma el rotativo, se contactó telefónicamente con el canciller Rodolfo Nin Novoa, quien aceptó enviar información y le facilitó este lunes a través de una carta con el sello de "confidencial" -"por temas de seguridad"- un documento de uso oficial, pero ninguno de ellos tenía que ver con aspectos educativos, sino con acuerdos en el ámbito educativo.
El texto lleva por nombre Facilitación de la Movilidad de los pacientes y habilita a usuarios de prestadores de salud uruguayos a ir a tratarse a otros países que se unan acuerdo TiSA. Sobre los costos, señala que mientras el tratamiento lo pagaría el país de origen, el cuidado lo debería proporcionar el país de acogida, según el matutino.
eb
25.06.2015
La Universidad de la República (UdelaR) votó veinte a cero en el último Consejo Directivo Central (CDC) un documento donde manifiestan que "no se debe avanzar" en trativas como las del TiSA (Acuerdo de Comercio de Servicios) hasta que no se "haga una discusión pública" y advierten que la institución ha procurado "sin éxito" tener información oficial sobre las características y líneas generales del acuerdo.
Según relata El país sobre la instancia llevada a cabo este martes, el CDC resolvió crear una comisión para que analice los acuerdos educativos que se podrían llevar a cabo pero advirtieron que no se ha podido avanzar debido a "problemas de acceso a documentos de primera exposición", dijo Roberto Calabria, de la facultad de Humanidades.
El propio rector de la UdelaR Roberto Markarián, afirma el rotativo, se contactó telefónicamente con el canciller Rodolfo Nin Novoa, quien aceptó enviar información y le facilitó este lunes a través de una carta con el sello de "confidencial" -"por temas de seguridad"- un documento de uso oficial, pero ninguno de ellos tenía que ver con aspectos educativos, sino con acuerdos en el ámbito educativo.
El texto lleva por nombre Facilitación de la Movilidad de los pacientes y habilita a usuarios de prestadores de salud uruguayos a ir a tratarse a otros países que se unan acuerdo TiSA. Sobre los costos, señala que mientras el tratamiento lo pagaría el país de origen, el cuidado lo debería proporcionar el país de acogida, según el matutino.
eb
Los negocios de los cuestionados funcionarios de Ciencias Económicas vinculados a Lousteau
El programa Minuto Uno emitido por la señal C5N brindó detalles de los negocios que llevarían adelante funcionarios de la Facultad de Ciencias Económicas vinculados a la campaña de Martín Lousteau con fondos de la universidad
Entre los nombres denunciados el miércoles figuran el del exdecano de Ciencias Económicas, José Luis Giusti, el del titular de la UCR porteña, impulsor de la campaña de Lousteau y ministro de Haciendo de esa facultad, Emiliano Yacobitty y el del exsecretario de Asistencia Técnica y Pasantías de esa casa de estudios, Gastón Ricardo.
De acuerdo a lo revelado este jueves, el directorio del laboratorio Medipack, proveedor del Hospital de Clíncias con aparentes sobreprecios, está integrado por Ricardo y su cuñado, Diego Pellegrini.
Medipack, a su vez, es dueño de otra sociedad anónima registrada con el nombre de
Meycampcord, cuyos directivos también son Ricardo y Pellegrini.
A su vez, en otro empresa vinculada al rubro salud, Grupo salud, figuran en el directorio los nombres de Giusti, Yacobitty y Ricardo.
El entramado habría salido a la luz a partir del alejamiento de Giusti del decanato de Económicas luego de que su exesposa lo denunciase por violencia de género y reclamase la mitad de los bienes de la sociedad conyugal. El exdecano se habría negado a dar cuenta de su patrimonio ante la justicia porque no correspondería con sus ingresos declarados.
En ese sentido, según las averiguaciones realizadas por el programa, ninguno de los tres posee un nivel de vida que pueda corresponderse con sus ingresos como docentes universitarios.
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