PABLO GUIMÓN Londres 18 JUL 2015
Entrada a la sede principal de la BBC. / PETER NICHOLLS (REUTERS)
La del diputado John Whittingdale parecía una carrera política amortizada. Fue asesor de Thatcher y ocupó importantes cargos en la oposición conservadora a Blair. Pero David Cameron, cuando tomó las riendas del partido en 2005, no apostó por él. Tampoco cuando llegó al poder en 2010. Whittingdale fue el primer sorprendido cuando el pasado 11 de mayo recibió una llamada de Downing Street.
Cameron, que estaba formando Gobierno tras su inesperada mayoría absoluta, ofreció a Whittingdale ser ministro de Cultura. El Daily Telegraph, diario amigo del partido conservador, eligió el siguiente titular: “Los tories declaran la guerra a la BBC”.
A Whittingdale, de 55 años, le precedían sus críticas a la radiotelevisión pública. Al frente de un comité parlamentario, había publicado un documento sobre el futuro de la BBC que recomendaba terminar con su modelo de financiación –un canon anual que pagan todos los hogares con televisor- y cuestionaba su tamaño y su acierto en su misión de ofrecer radiotelevisión de servicio público.
La lectura política era evidente. Un Gobierno dispuesto a recrudecer su cruzada contra el tamaño del Estado; un partido tradicionalmente receloso de la supuesta tendencia izquierdista de los informativos de la BBC, recelo intensificado durante una campaña electoral que se vivió en términos de un empate virtual entre los dos grandes; y una legislatura en la que toca revisar el estatuto constitutivo –el vigente vence en diciembre de 2016- que rige la entidad. La designación de un ministro que ha definido a la BBC como “la organización más manirrota e inflada del planeta” no parece inocente.
La primera ofensiva de la guerra de la BBC llegó el 8 de julio. El canciller del Exchequer, George Osborne, anunció una jugada maestra que supone eliminar de un plumazo un 18% de lo que recauda la BBC con el canon. La entidad asumirá a partir de ahora la financiación del canon a los mayores de 75 años, algo que venía haciendo el Ministerio de Trabajo. El Gobierno se ahorra 630 de los 12.000 millones de libras de gasto público que se ha propuesto recortar.
John Whittingdale. / STEFAN WERMUTH (REUTERS)
Pero la gran batalla comenzó el pasado jueves. Whittingdale presentó un documento que resume la postura del Gobierno de cara a la revisión del estatuto. El informe cuestiona los grandes pilares de la BBC: su sistema de financiación y su vocación de universalidad, dos principios que van de la mano.
Conceptualmente, el sistema de financiación implica dos cosas. El hecho de que sean los ciudadanos los que ingresan el canon en el banco protege a la BBC de los vaivenes que sufren otras partidas del gasto público y, por tanto, salvaguarda su independencia política. Y el hecho de que grave a todos los hogares que tengan televisor sustenta filosóficamente su vocación de universalidad. Si todos la pagan, la BBC debe ofrecer algo para todos.
La BBC es hoy un monstruo que emplea a cerca de 20.000 personas con un presupuesto público anual de 4.800 millones de libras. Hasta 48 millones de británicos ven la BBC 18 horas por semana. Su vocación es construir la identidad británica, ser un catalizador del talento del país, un ente poroso compartido por todos.
Esa idea de porosidad se refleja en su cuartel general, en el corazón de Londres, a unos pasos de Oxford Circus. El nuevo edificio introduce literalmente la ciudad en la BBC. La entrada es una plaza y la calle misma atraviesa una parte del edificio. El plató donde se ruedan algunos programas estrella está a pie de calle, separado de esta solo por un cristal. Siempre hay algún rodaje en la propia plaza. La redacción principal de los informativos está a 10 metros de la calle. Los presentadores se mezclan con los paseantes, con los alumnos de los colegios que visitan el edifico, con los paparazzi. La seguridad es discreta. No es un fortín cerrado. No es, por poner un ejemplo, Prado del Rey. La BBC es del contribuyente.
La alternativa es una BBC más pequeña, limitada a aquello que no puede ofrecer el mercado, y financiada por suscripción o por un híbrido de suscripción y canon. El entorno ha cambiado. La tecnología ha eliminado las diferencias de soporte, todos compiten en las pantallas de dispositivos móviles. La BBC juega en el terreno de Netflix, Amazon, Google, Apple, y en el de los periódicos locales y nacionales. El Times y el Telegraph, los dos periódicos serios más cercanos a los tories, tienen ambos plataformas de pago en sus ediciones online. Empresarialmente no es lo más conveniente que exista una gran web de noticias gratuita y pagada por el contribuyente.
La BBC ha proporcionado argumentos a sus enemigos en los últimos años. Su gestión en el escándalo de los delitos sexuales del locutor estrella Jimmy Savile dañó gravemente la confianza en la institución. Los millonarios finiquitos entregados a ejecutivos salientes ofrecieron deliciosa carnaza.
Cameron ha decidido enfrentarse a un símbolo del país. Algo a lo que no se atrevió ni Margaret Thatcher, aunque representaba todo lo que ella odiaba. En 2016 debe haber un nuevo estatuto. La escasez de tiempo juega a favor de Cameron. En su contra, la alta popularidad que sigue teniendo hoy la cadena entre los británicos. Incluso entre los votantes conservadores.
La BBC se defiende
La entidad ha empezado su defensa con cautela. A Tony Hall, director general desde 2013, se le ha definido como el Adriano de los emperadores de la BBC. El primero que no se centra en la expansión sino en consolidar las fronteras de su territorio. Tiene fama de táctico y conciliador.
Cuando el pasado 29 de junio Whittingdale le anunció que el ministro de Finanzas iba a trasladar a la BBC la responsabilidad de pagar el canon de los mayores de 75 años, quitándole de un plumazo 630 millones de libras, Hall decidió no enfrentarse públicamente. Negoció duramente en privado con Osborne, obteniendo en contrapartida el compromiso de que el canon, congelado desde 2010, volvería a subir con el IPC.
Tras la publicación del documento de Whittingdale el pasado jueves, la BBC respondió, esta vez sí, con un comunicado público en el que sostiene que el Gobierno plantea “una BBC disminuida y menos popular”. Algo que sería “malo para Reino Unido y diferente de la BBC que los británicos han conocido y amado durante más de 90 años”. Después ha trascendido que promovió una carta abierta al primer ministro, firmada por personalidades como la escritora J.K. Rowling o el actor Daniel Craig, que decía que “una BBC disminuida significaría un Reino Unido disminuido”. En los próximos meses, probablemente a través de una serie de discursos, Tony Hall definirá la postura negociadora de la casa.
Por Laura Vales