La ONU las considera elementos de tortura
Organizaciones de DDHH en alerta
Organizaciones defensoras de los derechos humanos se declararon en alerta ante la posibilidad de que la Policía Metropolitana logre otra resolución judicial favorable que permita a los agentes utilizar las pistolas de descarga eléctrica Taser.
La luz amarilla está encendida. Hay preocupación, pero no se quedan de brazos cruzados. Mientras se aguarda una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el caso, las entidades agrupadas en el Observatorio de DDHH de la Ciudad ya preparan un recurso de queja para presentar ante la Corte Suprema de la Nación. Genera dudas que una fuerza con tantas denuncias por violencia institucional sume este armamento. "Consideramos que sería un retroceso que la Policía Metropolitana salga a la calle con las Taser", resumió el abogado del ODH, Demian Konfino, a ámbito.com.
El conflicto con el uso de estas armas comenzó hace cinco años, cuando el Observatorio presentó un amparo contra la administración del PRO para que "se impida la utilización de las armas denominadas 'no letales' Taser X26, por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno local, por consistir en un elemento de tortura".
Lo de la "tortura" no es broma. Así lo determinó un Comité de la ONU en 2007, que declaró que las Taser constituyen una forma de tortura, y que por ende, todos los países que ratificaron la Convención y adoptan este tipo de armas están infringiendo obligaciones contraídas internacionalmente. Sólo en los Estados Unidos se contabilizan más de 600 muertes con las Taser en los últimos 14 años.
El amparo, que lleva la firma del subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Carlos Pisoni, logró dos fallos a favor en primera y segunda instancia, pero en abril pasado el TSJ revocó la resolución que impedía a los metropolitanos el empleo de las "pistolas picanas" en la vía pública. En respuesta, el ODH presentó un recurso extraordinario con el patrocinio de la Defensoría General de la Ciudad ante el mismo TSJ. Ahora, los supremos porteños tienen que "conceder" o rechazar esta vía de apelación. Si no lo hiciera, en el Observatorio ya tienen camino alternativo para llegar a la Corte.
"Hemos comprometido el acompañamiento de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, como el CELS, Amnistía Internacional, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Abuelas de Plaza de Mayo y otras, que nos van a acompañar en la queja a la Corte como Amicus Curiae", anticipó Konfino a este medio.
La empresa fabricante de las Taser asegura que un disparo provoca la inmovilización instantánea durante cinco segundos. La víctima padece 19 contracciones por segundo en los grupos musculares y el cuerpo queda extenuado por el plazo de 10 minutos. No importa si la descarga se realiza sobre la ropa, la electricidad se trasmite igual. El alcance de los policías al sospechoso va de los cuatro a los diez metros. Desde más lejos no se puede utilizar. El costo es similar al de un arma de fuego. Además de EEUU, las emplean fuerzas de seguridad de Colombia, Brasil, México, Reino Unido y Francia.
Los principales efectos secundarios de la aplicación son la incapacidad para mantener el equilibrio, que puede causar raspaduras, cortes y fracturas, ya sea por la caída al piso al sufrir la descarga o por no poder levantarse normalmente. Además, puede provocar convulsiones temporales o posteriores, quemar o dañar la piel o los músculos y si el disparo va al corazón, podría ocasionar lesiones coronarias severas, que pueden llevar a un paro cardíaco.
Tras el permiso concedido por el TSJ para portarlas por las calles de Buenos Aires, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad de Guillermo Montenegro soltaron a rodar una versión de que finalmente no las utilizarían. Para el abogado Konfino esa no es la postura del Gobierno de Macri. "Nunca se comunicó oficialmente ni hubo resolución. Fue una declaración en el marco de la campaña electoral de la Ciudad, pero en el expediente ellos siguen con la intención de que se les permita el uso de las pistolas. En el ámbito judicial insisten con usarlas y en los medios se publican versiones que no tiene nada que ver con el expediente", subrayó el letrado.
"No sorprende porque esto sucede a menudo, el Gobierno de la Ciudad apela a cosas irrisorias y llega hasta las máximas consecuencias, como el pedido para darle una vivienda a una mujer con un hijo enfermo y la reglamentación de la ley de los testigos protegidos en los juicios por delitos de lesa humanidad. No nos sorprende que en el expediente apelen todo en contra de los intereses populares y la Constitución, y para afuera, para lo mediático, se mueven de otra manera, con una cobertura mediática que le permiten estas maniobras", advirtió.
La luz amarilla está encendida. Hay preocupación, pero no se quedan de brazos cruzados. Mientras se aguarda una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el caso, las entidades agrupadas en el Observatorio de DDHH de la Ciudad ya preparan un recurso de queja para presentar ante la Corte Suprema de la Nación. Genera dudas que una fuerza con tantas denuncias por violencia institucional sume este armamento. "Consideramos que sería un retroceso que la Policía Metropolitana salga a la calle con las Taser", resumió el abogado del ODH, Demian Konfino, a ámbito.com.
El conflicto con el uso de estas armas comenzó hace cinco años, cuando el Observatorio presentó un amparo contra la administración del PRO para que "se impida la utilización de las armas denominadas 'no letales' Taser X26, por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno local, por consistir en un elemento de tortura".
Lo de la "tortura" no es broma. Así lo determinó un Comité de la ONU en 2007, que declaró que las Taser constituyen una forma de tortura, y que por ende, todos los países que ratificaron la Convención y adoptan este tipo de armas están infringiendo obligaciones contraídas internacionalmente. Sólo en los Estados Unidos se contabilizan más de 600 muertes con las Taser en los últimos 14 años.
El amparo, que lleva la firma del subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Carlos Pisoni, logró dos fallos a favor en primera y segunda instancia, pero en abril pasado el TSJ revocó la resolución que impedía a los metropolitanos el empleo de las "pistolas picanas" en la vía pública. En respuesta, el ODH presentó un recurso extraordinario con el patrocinio de la Defensoría General de la Ciudad ante el mismo TSJ. Ahora, los supremos porteños tienen que "conceder" o rechazar esta vía de apelación. Si no lo hiciera, en el Observatorio ya tienen camino alternativo para llegar a la Corte.
"Hemos comprometido el acompañamiento de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, como el CELS, Amnistía Internacional, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Abuelas de Plaza de Mayo y otras, que nos van a acompañar en la queja a la Corte como Amicus Curiae", anticipó Konfino a este medio.
La empresa fabricante de las Taser asegura que un disparo provoca la inmovilización instantánea durante cinco segundos. La víctima padece 19 contracciones por segundo en los grupos musculares y el cuerpo queda extenuado por el plazo de 10 minutos. No importa si la descarga se realiza sobre la ropa, la electricidad se trasmite igual. El alcance de los policías al sospechoso va de los cuatro a los diez metros. Desde más lejos no se puede utilizar. El costo es similar al de un arma de fuego. Además de EEUU, las emplean fuerzas de seguridad de Colombia, Brasil, México, Reino Unido y Francia.
Los principales efectos secundarios de la aplicación son la incapacidad para mantener el equilibrio, que puede causar raspaduras, cortes y fracturas, ya sea por la caída al piso al sufrir la descarga o por no poder levantarse normalmente. Además, puede provocar convulsiones temporales o posteriores, quemar o dañar la piel o los músculos y si el disparo va al corazón, podría ocasionar lesiones coronarias severas, que pueden llevar a un paro cardíaco.
Tras el permiso concedido por el TSJ para portarlas por las calles de Buenos Aires, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad de Guillermo Montenegro soltaron a rodar una versión de que finalmente no las utilizarían. Para el abogado Konfino esa no es la postura del Gobierno de Macri. "Nunca se comunicó oficialmente ni hubo resolución. Fue una declaración en el marco de la campaña electoral de la Ciudad, pero en el expediente ellos siguen con la intención de que se les permita el uso de las pistolas. En el ámbito judicial insisten con usarlas y en los medios se publican versiones que no tiene nada que ver con el expediente", subrayó el letrado.
"No sorprende porque esto sucede a menudo, el Gobierno de la Ciudad apela a cosas irrisorias y llega hasta las máximas consecuencias, como el pedido para darle una vivienda a una mujer con un hijo enfermo y la reglamentación de la ley de los testigos protegidos en los juicios por delitos de lesa humanidad. No nos sorprende que en el expediente apelen todo en contra de los intereses populares y la Constitución, y para afuera, para lo mediático, se mueven de otra manera, con una cobertura mediática que le permiten estas maniobras", advirtió.
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