17 oct 2015

LA PUNTA DEL OVILLO

AVANZA LA CAUSA POR CORRUPCION CONTRA EL JEFE DE DIPUTADOS EN BRASIL

Bloquean cuentas del enemigo de Dilma

La Justicia suiza ya le había bloqueado dos cuentas por sospechas de haber recibido coimas de Petrobras. Ahora un fiscal federal pide que la Justicia brasileña haga lo mismo con cuatro cuentas y que investigue el origen de los fondos.

La Fiscalía de Brasil exigió un nuevo bloqueo de bienes al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. tras encontrar “indicios suficientes” de que el dinero depositado en cuentas bancarias suizas proviene de actos ilícitos. El pedido del nuevo bloqueo consta en una solicitud de investigación presentada por la Fiscalía ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para saber si, tal como dicen las autoridades suizas, existen cuatro cuentas secretas que pertenecen a Cunha y su esposa, quienes recibieron dinero desviado de Petrobras. Dos de esas cuentas fueron bloqueadas recientemente por la Procuraduría helvética, que después envió al país sudamericano las denuncias contra Cunha. Ahora, como el caso quedó en manos de Brasil, las cuentas podrían ser desbloqueadas en Europa. Por eso, la Fiscalía brasileña quiere ordenar un nuevo bloqueo, con el fin de evitar que eventualmente sean vaciadas. El líder parlamentario negó en declaraciones oficiales tener cuentas en el extranjero, pero desde que las fiscalías de ambos países confirmaron que aquéllas existen guardó silencio sobre el asunto.
El procurador general en ejercicio, Eugenio Aragao, dijo que no existe “la más mínima duda” de que los titulares de esas cuentas son Cunha y su esposa, Claudia Cruz. “Hay copias de pasaportes, inclusive diplomáticos, de la pareja, domicilio residencial, números de teléfonos del Congreso Nacional y del Palacio de Planalto (Presidencia)”, expresó el fiscal, citado por el periódico paulista O Estado de Sao Paulo.
Cunha fue denunciado el pasado 20 de agosto por el procurador general de la República, Rodrigo Janot, ante el STF por su participación en la trama de corrupción de Petrobras. El fiscal lo acusó de corrupción y lavado de dinero, por sospechar que exigió sobornos a empresas a cambio de conseguirles contratos con la petrolera estatal. Entre los indicios sobre la ilegalidad de las cuentas que sembraron sospechas está el patrimonio de Cunha, que creció un 214 por ciento entre 2002 y 2014. El fiscal Aragao tomó ese dato, entre otros, para afirmar que existen pruebas contundentes de que las cuentas en el exterior no fueron declaradas al fisco y que, al menos en relación a Cunha, “son producto del delito”.
El líder parlamentario, tercero en la línea sucesoria detrás de la presidenta y su vice, integra junto a éste el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el principal aliado del gobierno. No obstante, Cunha rompió relaciones con el Ejecutivo en el marco de una tensa relación en la que el Congreso, a instancias del legislador, propinó sendas derrotas al gobierno.
Por otra parte, uno de los 11 miembros del STF, Marco Aurélio Mello, propuso ayer como solución “no traumática” para el país la renuncia colectiva de la presidenta Dilma Rousseff; su vice, Michel Temer y Cunha. En declaraciones citadas por el diario Folha de Sao Paulo, Mello sostuvo que la renuncia de los tres máximos mandatarios del país podría ser una solución para que Brasil pueda salir de la crisis política y económica que mantiene paralizado al gobierno. “Digo esto como ciudadano y en una perspectiva utópica, ya que sería algo impensable para los actuales detentores del poder”, dijo el juez de la máxima corte del país. “El mal mayor, que es la crisis económica, está siendo dejado en segundo plano a causa de intereses políticos”, señaló. Pero dicha solución, tan improbable como improvisada, pondría al presidente del STF, Ricardo Lewandowski, segundo en la línea sucesoria presidencial, detrás del jefe del Senado, Román Calheiros, que también tambalea en su cargo por su presunta vinculación con corrupción en Petrobras.
Las declaraciones del magistrado se producen cuando Rousseff enfrenta una campaña destituyente que hasta ahora no ha dado resultado. Los pedidos de apertura de juicio político y los dictámenes que apuntan irregularidades en las cuentas de su gobierno anterior, y en las finanzas de su campaña hacia la reelección, no han logrado reunir el apoyo legislativo de la mayoría especial que requiere el Tribunal Supremo Federal para dar curso al enjuiciamiento de la mandataria reelecta hace menos de un año..
En el primer caso, la presidenta puede ser acusada de haber violado la Ley de Responsabilidad Fiscal. En el segundo, si se comprueban las sospechas de que su campaña electoral recibió fondos desviados de la petrolera estatal, puede ser objeto de una invalidación de su elección, lo que llevaría a que cayeran tanto ella como Temer. Respecto a la economía, a los indicadores económicos negativos, como inflación y el desempleo en alza, desvalorización histórica del real y estancamiento de la actividad económica, se sumó el jueves la rebaja de la nota de crédito del país por parte de la agencia de calificación Fitch, que no obstante no le quitó el grado inversor.
En su calidad de presidente de la Cámara baja, Cunha tiene en sus manos la potestad de acoger o archivar los pedidos de apertura de juicio político contra la mandataria, y la prensa especuló el jueves con un acercamiento entre él y el gobierno con intercambio de favores –él rechazaría el pedido de “impeachment” contra Dilma y el Partido de los Trabajadores (PT) le aseguraría su escaño–, pero él mismo negó esas conjeturas en forma tajante. El político evangélico avisó además que no pretende renunciar al cargo pese a las denuncias, pero no adelantó que hará con los pedidos de destitución de la mandataria del PT

LA UNIDAD AMIA ENVIO UN EXHORTO A EE.UU. PARA DETERMINAR EL PARADERO DE STIUSO


Los viajes y salidas del espía

Los fiscales quieren ubicarlo para poder tomarle declaración. Ayer se buscó escandalizar con la información de que en febrero Stiuso fue retenido en la frontera y luego habilitado a irse del país, pero el hecho ya era conocido. Página/12 lo había publicado el 8 de marzo.
En marzo, el abogado de Antonio Horacio Stiuso se quejó porque su cliente fue demorado en la frontera.

Si algo caracteriza el devenir del caso Nisman en los medios es que periódicamente reaparecen hechos, datos o informaciones viejas como si fueran nuevos, y se reeditan discusiones y explicaciones que ya ocurrieron, como si nunca hubieran existido. A pesar de que allá por febrero el abogado de Antonio Horacio Stiuso se quejaba porque su cliente había sido retenido en la frontera con Uruguay cuando quiso salir del país –luego lo habilitaron y de hecho se tomó un avión a Miami–, el episodio reapareció ayer en la tapa del diario La Nación y empujó a nuevas explicaciones de parte del Gobierno, cuando varios funcionarios repitieron que por entonces no había, ni habría hoy, ningún impedimento para que el ex jefe de operaciones de la ex SIDE dejara la Argentina. Lo único que sí fue una novedad es el envío de un exhorto de la UFI AMIA a la Justicia de Estados Unidos para que determine el paradero de Stiuso, es decir, para que señale en dónde está porque los fiscales que integran esa unidad tienen previsto tomarle declaración testimonial diez días después de poder notificarlo.
Hasta ahora lo que pesa sobre Stiuso es una “notificación azul” de Interpol, es decir, una cédula para determinar dónde se encuentra. No es una orden de captura, ni tampoco es que el ex agente tenía prohibida la salida del país a pesar de que tiene por lo menos cuatro causas en trámite que lo involucran. Los fiscales de la Unidad AMIA le quieren tomar declaración para que explique qué tareas de entrecruzamientos de llamados hizo a pedido de la unidad, cuando estaba a cargo de Nisman, quién las llevó a la práctica y donde están los resultados, que no aparecieron en todo este tiempo, ni en el viejo despacho del fiscal fallecido ni en la ex Side. Los fiscales de la UFI señalan en el exhorto que “el propio Stiuso se ofreció a brindar ese testimonio, mediante una nota del 5 de marzo de 2013 y la presentación realizada, en términos similares, el pasado 22 de abril de 2015 ante la Corte Suprema”.
El escrito dice que el 30 de septiembre Interpol subió la ficha de Stiuso al sistema de notificación I-24/7 que enlaza a las policías de los 190 países miembros, con su foto de hace dos años y un pedido de “urgente registro y difusión” donde consta su calidad de “testigo” de una causa penal en la Argentina. “En el marco de la notificación azul requerida a Interpol para determinar el paradero internacional de Stiuso, se obtuvo información acerca de que su última localización resultaba la ciudad de Miami, lo que motivó que la Oficina Central Nacional Buenos Aires requiriera a su par en la ciudad de Washington (EE.UU.) la información con la que se pudiera contar al respecto”, dice.
En relación a la salida de Stiuso del país, el 18 de febrero, después de haber sido retenido por Migraciones, tras haber declarado como testigo en el expediente sobre la muerte de Nisman, el director nacional de Migraciones, Martín Arias Duval, afirmó ayer que hasta ahora “no existe ningún pedido de la Justicia para restringirle la salida o entrada al país” al ex agente. “Hoy mismo Stiuso podría entrar y salir del país normalmente”.
Oscar Parrilli, titular de la Agencia Federal de Inteligencia, señaló: “No es que lo dejamos ir. No había ningún motivo para que actuáramos y no lo podíamos hacer”, explicó. Fein había pedido ubicar a Stiuso en febrero porque le quería tomar declaración. Por eso en Migraciones estaban alertados. Una vez que declaró, señaló, no había razones para retenerlo. Esto mismo fue publicado por Página/12 el 8 de marzo pasado, luego de que el abogado de Stiuso se quejara porque lo habían demorado en la frontera.

Ayotzinapa: expertos de cinco países realizarán un nuevo peritaje

El subprocurador de la PGR, Eber Omar Betanzos Torres, se reunirá la próxima semana con los expertos de cinco países que realizarán un tercer peritaje en el basurero de Cocula, Guerrero, para buscar el paradero de los 43 normalistas desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa.



El subprocurador de la PGR, Eber Omar Betanzos Torres, se reunirá la próxima semana con los expertos de cinco países que realizarán un tercer peritaje en el basurero de Cocula, Guerrero, para buscar el paradero de los 43 normalistas desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa.

En entrevista, indicó que la Subprocuraduría en Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Seido) aún no envía el expediente del caso a la subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la que es titular.

Comentó que expertos de Alemania, Canadá, España, Estados Unidos y México fueron convocados por la procuradora general de la República, Arely Gómez González, quienes podrán proponer a otros que coadyuven con ellos para llevar a cabo ese tercer peritaje.

El funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR) informó que la próxima semana se reunirá con esos expertos para delinear las características que deberá contener ese último estudio.

Sin embargo aclaró que aún no hay una fecha para realizar ese tercer peritaje, ya que primero se tiene que acordar con el grupo colegiado que lo llevará a cabo y cuáles serán sus contenidos.

El subprocurador precisó que en esa reunión con los expertos no participarán los padres de los normalistas desaparecidos.

Dejó claro que el caso Ayotzinapa está abierto y el objetivo fundamental es la localización de los normalistas y externó que otra prioridad será trabajar de manera más cercana con los familiares de los normalistas.

Los expertos que harán el nuevo peritaje son: René Colsaca, de Canadá; Ursula Withman, de Alemania; John Dylan, de Estados Unidos, Antonio del Amo Rodríguez, de España; además de Mario Saldaña, Enelio Torres García y Ricardo Damián Torres, de México.

El 26 de septiembre de 2014 desaparecieron los 43 estudiantes en la ciudad de Iguala, en Guerrero, después de ser detenidos ilegalmente por policías locales. La investigación oficial sostiene que los agentes los entregaron a miembros de un grupo del narcotráfico que los habrían asesinado y luego quemado en un basurero de la comunidad cercana de Cocula.

Sin embargo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizaron un peritaje en la zona y concluyeron que “los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero”.

Animal Político

OCDE: fracaso y cinismo

Diario La Jornada, México
DESIGUALDAD Y NEOLIBERALISMO



El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, aseguró ayer, mediante un mensaje grabado, que pese a los “avances en el combate a la pobreza”, México es el país más desigual de esta agrupación de 34 naciones, y señaló que se requiere una segunda ola de reformas para enfrentar los desafíos estructurales de nuestro país.

Tal pronunciamiento coincidió en la fecha con la presentación de un estudio en el que ese organismo multinacional afirma que el sistema mexicano de pensiones requiere de nuevas reformas para evitar que los trabajadores tengan que jubilarse con montos de una cuarta parte de su último ingreso promedio.

Es significativo que tales señalamientos provengan de un organismo que en décadas recientes ha adoptado como causa –en conjunto con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial– la promoción e implantación del llamado Consenso de Washington en América Latina, particularmente en México. En esa lógica, la organización con sede en París ha avalado el abandono por los gobiernos de la región de las políticas de desarrollo social y los programas de redistribución de la riqueza.

En efecto: la desigualdad que recorre el país es consecuencia de la aplicación de un recetario neoliberal que preconiza la deliberada contención salarial, la reducción de programas sociales y la eliminación de derechos y conquistas laborales, con los supuestos objetivos de reducir la inflación, incrementar la competitividad y la productividad y atraer inversiones extranjeras. En los hechos, esas medidas se han traducido en obstáculos para reactivar el mercado interno, para generar empleos y para una recuperación económica perceptible y sólida, y han llevado a una vergonzosa concentración de la riqueza en un sector minoritario de la población.

Otro tanto puede decirse de las fallas del sistema actual de pensiones, que en las últimas dos décadas pasó de un modelo solidario a otro basado en cuentas individuales, las cuales, como se comentó ayer en este espacio, son sistemáticamente colocadas a merced de la voracidad especulativa, con las consecuentes pérdidas o “minusvalías” en perjuicio de los trabajadores. En todo momento, las políticas mencionadas han contado con el beneplácito de la OCDE; por ello, las afirmaciones realizadas por ese organismo revisten una inaceptable falta de autocrítica que raya en el cinismo.
La pertenencia de México al llamado “club de los ricos” no sólo ha representado una atadura adicional a las desastrosas recetas neoliberales. También ha dado pie a anomalías institucionales como el hecho de que el secretario general de una organización internacional –como el propio Gurría– opere, con un poder análogo o mayor al de un funcionario del gabinete económico, con el agravante de que su influencia trasciende los límites sexenales. Con todo, es justo señalar que han sido los propios gobiernos del ciclo neoliberal los que han puesto en manos de la OCDE atribuciones y facultades que debieran corresponder al Ejecutivo federal o, cuando menos, a instancias y organizaciones nacionales.
En suma, para remontar o cuando menos atenuar la catástrofe social en curso, no se requiere un nuevo ciclo de reformas neoliberales como las que se han aplicado en el pasado cuarto de siglo. Es necesario, en cambio, emprender un giro en la política económica que vaya en sentido contrario a la preceptiva de la OCDE: fortalecer el mercado interno y el nivel de vida de la población; ampliar la inversión pública en educación y desarrollo tecnológico; elevar la calidad de sus servicios y consolidar la eficacia de las instituciones para promover el desarrollo social.

La Jornada

Chile: Bachelet detalla cómo será proceso constituyente y ofrece garantías a partidos y movimientos políticos

Mandataria se reunió en La Moneda con los presidentes de las colectividades con representación parlamentaria.




La Presidenta Michelle Bachelet se reunió con los presidentes o representantes de los partidos y movimientos políticos con presencia parlamentaria, quienes fueron convocados por a La Moneda para darles a conocer los detalles del proceso constituyente.

En la cita, la Mandataria expuso el calendario del proceso que presentó el pasado martes en cadena nacional, el cual incluye educación cívica, diálogos ciudadanos, así como también una reforma constitucional para habilitar al futuro Congreso que se renovará en 2017 para que elija entre cuatro mecanismos para elaborar la nueva Carta Magna.

En la cita participaron el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz; el ministro del Interior, Jorge Burgos; y el titular de Hacienda, Rodrigo Valdés, además de la presidenta del PS, Isabel Allende; el vicepresidente del PPD, Ricardo Lagos Weber; el presidente de la DC Jorge Pizarro (DC); el líder del PRSD Ernesto Velasco; el presidente del PC Guillermo Tellier (PC), la secretaria general de la Izquierda Cristiana, Bernarda Soto; el presidente de la UDI Hernán Larraín; el presidente de RN, Cristián Monckeberg; el secretario general de Amplitud, Pedro Brown; el coordinador de RD, Sebastián Depolo; la consejera de Evópoli, Valentina Verbal; y la presidenta del PRO, Patricia Morales.

Gobierno asegura a la UDI que habrá garantías en cambio a la Constitución

El ministro de la Secretaría General de Gobierno, Marcelo Díaz, valoró el encuentro que la Presidenta Michelle Bachelet sostuvo este viernes con presidentes de partidos y movimientos políticos para abordar el itinerario del proceso constitucional, destacando que el proceso tendrá un “sentido de Estado”.

“Como gobierno nos interesa, como a todos los dirigentes políticos que hoy día nos acompañaron, que este proceso pueda incluir todas las voces, que todos se sientan partícipes”, dijo el vocero.

Díaz expresó asimismo que en los próximos días la Jefa de Estado seguirá recibiendo a distintos actores para “convertir este proceso en uno que tenga sentido de Estado y carácter republicano”.

“Tenemos la convicción que el proceso constituyente puede y debe ser un momento de reencuentro para hacernos cargo de las desconfianzas y, por otro lado, para poder generar las condiciones para un nuevo ciclo de desarrollo de Chile fundado en la equidad y en la confianza”, dijo.

Ante las aprensiones manifestadas por el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), senador Hernán Larraín, sobre los cabildos ciudadanos y su advertencia de que no entregarán un “cheque en blanco” al Gobierno, el ministro Díaz replicó planteando que “los chilenos nos están demandando espacios de participación” y recordó que “una de las cosas que hablamos y que varios plantearon en la reunión es mantener un debate sereno, un debate tranquilo”.

“Si lo que ellos quieren son garantías, las van a tener; y la Presidenta se las dio personalmente”, afirmó el vocero de La Moneda.

“Esta reunión y otras que vamos a sostener, como por ejemplo para la conformación del Consejo Ciudadano, tienen precisamente ese objetivo: dar garantías de que es un proceso donde todos participan en igualdad de condiciones y todas la voces tienen lugar”, concluyó.

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