Por Mariana Álvarez Orellana
17 abril, 2019
El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski (PPK) fue detenido en el marco de las investigaciones por blanqueo de dinero del caso Odebrecht y el Poder Judicial ordenó su arresto preliminar por 10 días por la presunta participación en dos concesiones de obras adjudicadas a la constructora trasnacional brasileña Odebrecht, mientras ejercía cargos públicos en el país.
La resolución judicial que ordenó la detención de PPK, estadounidense de nacimiento, tiene que ver con los proyectos de construcción de la Carretera Interoceánica tramos 2 y 3, y el proyecto de irrigación e hidroeléctrico Olmos, durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), quien está prófugo de la justicia por un millonario soborno entregado por Odebrecht y con pedido de detención.
Esta orden contempla mantener detenido a PPK por un espacio de 10 días (permitido por Ley) en esta etapa, lo cual es distinto a una prisión preventiva que puede ser hasta por 36 meses. La resolución de detención preliminar se extiende a su exsecretaria Gloria Kisic y a su asistente y chofer José Luis Bernaola y el equipo especial Lava Jato de la Fiscalía peruana pidió además que se autorice el allanamiento de cuatro inmuebles, uno de ellos la casa de Kisic, y tres oficinas.
Kuczynski renunció a la presidencia de Perú, en marzo del 2018, debido a los vínculos que mantuvo con Odebrecht a través de sus empresas de asesoría financiera y después de producirse un escándalo por la difusión de videos que mostraban un intento de soborno en la compra de votos para evitar su destitución.
“No tengo una opinión, me parece ridículo, gracias. Es una arbitrariedad. He colaborado absolutamente con todas las investigaciones y asistido puntualmente a todas las citaciones de las autoridades judiciales. Nunca rehuí de la justicia”, dijo el exmandatario. Su abogado declaró que la medida es arbitraria y que será apelada.
El exmandatario, de 80 años, ha sido el primer presidente en ejercicio en América Latina en dimitir del cargo por sus supuestos vínculos con Odebrecht. El caso ha involucrado además a los expresidentes peruanos Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, todos bajo investigación de la Fiscalía. Odebrecht admitió en 2016 ante autoridades estadounidenses que pagó sobornos por 29 millones de dólares en Perú entre 2005 y 2014.
La constructora pagó a Kuczynski por consultorías a través de dos de sus empresas, Westfield y First Capital, entre 2007 y 2015. Además, cuando era ministro de Economía del gobierno de Toledo en 2006, firmó un decreto que respaldaba financieramente a la constructora brasileña como una garantía para asegurar los pagos en un contrato de concesión. Presidió el consejo directivo de ProInversión, la agencia estatal de promoción de la inversión privada en Perú. Más tarde, se desempeñó como presidente del Consejo de Ministros entre 2005 y 2006.
Según el requerimiento de extradición de Toledo, citado en la orden judicial de arresto, este hizo prometer al representante de Odebrecht en Perú un soborno de 35 millones de dólares a cambio de otorgarle la concesión de la carretera Interoceánica Sur. Los fiscales del equipo especial Lava Jato indican que Kuczynski “habría tenido intervención directa al proponer la adecuación del marco normativo con el objeto de que la empresa Odebrecht se adjudicara la obra de la construcción y mantenimiento” de la vía.
ProInversión aprobó la concesión en 2004, pero, añade la orden judicial, en el último año de la gestión de Toledo, Kuczynski aprobó la norma que decretaba de “necesidad pública e interés nacional” la Carretera Interoceánica Sur y el proyecto Olmos, dispensando así a la compañía de los impedimentos que tenía para ser proveedora del Estado.
Además, en marzo de 2004, la empresa unipersonal de Kuczynski, Westfield Capital, firmó un contrato de asesoría financiera con Odebrecht para que Olmos consiguiera el financiamiento que requería, pese a que en ese momento aún la constructora no había logrado la concesión. El ministro diseñó, según la investigación, un sistema de bonos corporativos que luego fueron colocados en el mercado.
La Fiscalía indica que en 2005, la empresa First Capital, de Sepúlveda, suscribió otro contrato con Odebrecht para terminar la consultoría que inició Westfield Capital, simulando la exclusión de la empresa de Kuczynski de la prestación del servicio. En 2008, otro representante de First Capital firmó un nuevo contrato de asesoría financiera con Odebrecht para el proyecto de la Carretera Interoceánica Sur.
Los fiscales señalan que Kuczynski asesoró dichos trabajos y recibió un pago por ellos, pero simuló que los realizó la firma de su socio Sepúlveda. Según las pesquisas citadas por el juez, Odebrecht pagó en total más de un millón 30 mil dólares a Westfield Capital, la de Kuczynski, y más de un millón cien mil dólares a First Capital.
Los fiscales también indican que el político ingresó parte de ese dinero ilícitamente. Por ello la Fiscalía imputa a Kuczynski el cargo de lavado de activos en las modalidades de conversión, transferencia y ocultamiento. Teniendo en cuenta lo ocurrido en las investigaciones del caso Odebrecht a otros políticos –como el expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia, y a la dos veces candidata presidencial y líder de la oposición, Keiko Fujimori– tras el arresto preliminar suele seguir una orden de detención preventiva.
El expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) y a Keiko Fujimori (hija del dictador Alberto Fujimori), también han sido llamados a declarar, en calidad de testigos, en el caso de Humala. García, vinculado a sobornos por siete millones de dólares y otras e irregularidades en la adjudicación del Metro de Lima, no logró que Uruguay le diera asilo político.
Mintras, el 29 de marzo, el equipo especial Lava Jato firmó en Israel un acuerdo de colaboración eficaz con Yosef Maiman, el testaferro del expresidente Alejandro Toledo, quien reconoció que recibió más de 17 millones de dólares de Odebrecht en sus cuentas, y casi cuatro millones de dólares de la constructora brasileña Camargo Correa. El destinatario era su amigo, el entonces presidente y fundador del partido Perú Posible. La orden de detención sostiene que uno de los elementos para pedir el arresto del político es el peligro de obstaculización de la justicia.
El financiamiento ilícito de la derecha
Los escándalos de corrupción de dirigentes y gobernantes de la derecha sudamericana siguen saliendo a luz, pero ya no sorprenden a nadie, pese a que el terrorismo mediático ha querido imponer el imaginario colectivo que los gobiernos progresistas son los corruptos. Más allá de los sobornos, lo que los une es su particular forma de “combatir la corrupción”.
El expresidente de facto brasileño Michel Temer, arrestado el jueves 21 de marzo en el marco de un proceso por corrupción, fue catalogado por la Fiscalía como líder de un grupo criminal que desvió en 40 años cerca de 475 millones de dólares. Temer fue mencionado 43 veces en las “delaciones premiadas” de uno de los ejecutivos de Odebrecht.
“Identificamos una organización criminal recursos públicos en las que el expresidente ha tenido influencia por los cargos que ha ejercido que viene actuando desde hace 40 años, y que opera hasta hoy, y que ha recibido en sobornos y promesas de sobornos unos 450 millones de dólares desde entonces. La fiscal explicó que la organización nació en 1980 cuando Temer inició su carrera política como secretario de Seguridad Pública del estado de Sao Paulo y conoció al coronel de la Policía Militar Joao Baptista Lima Filho, su amigo desde entonces, quien ha actuado como “su operador financiero en los desvíos” e igualmente preso ahora.
También el expresidente (1989-1999) y actual senador argentino Carlos Menem fue condenado este 27 de marzo a tres años y nueve meses de prisión por la venta a terratenientes y grandes hacendados ”a precio vil” del predio ferial de Palermo La Rural, en 1991. El Tribunal Oral Federal (TOF) 2, impuso la misma condena al exministro de Economía Domingo Cavallo.
La venta se realizó en su momento por 30 millones de pesos/dólares, siendo el valor real del lugar 130 millones de dólares. La pena es de cumplimiento efectivo, pero al no estar firme no se concretará y será sin duda apeladas ante la Cámara Federal de Casación Penal. No obstante, el expresidente cuenta con fueros parlamentarios pues aún le restan otros seis años como senador. Empero, si la condena queda firme el Tribunal solicitará su desafuero.
En el caso de Colombia, las denuncias giran en torno a irregularidades en contratos y sobornos dentro de un proyecto de construcción de la vía Ruta del Sol II, en el que participaron consorcios colombianos y la empresa brasileña Odebrecht entre 2010 y 2014, cuando la trasnacional brasileña pagó 28,5 millones de dólares para quedarse con el contrato.
El caso dio un giro inesperado tras la muerte repentina del testigo clave del proceso, Jorge Enrique Pizano –auditor de las cuentas- y de su hijo Alejandro, por envenenamiento con cianuro, salpicando incluso al Fiscal General Néstor Humberto Martínez. Dos meses después, otro testigo clave fue hallado muerto: Rafael Merchán, de 43 años, ex secretario de Transparencia durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
Tras el asesinato de Pizano, la prensa difundió grabaciones de conversaciones suyas con el Fiscal. En una de ellas, Martínez señala: “No sabemos si es que les están dando plata a los paramilitares. Si hay corrupción, se la están robando ellos de hijueputas ladrones… Venga, le digo cuál es la tesis que estamos trabajando: no sabemos si estos hijueputas están pagando coimas desde aquí para Gobiernos extranjeros y no sabemos si están pagando coimas aquí al Gobierno colombiano”. Cuando Pizano le pregunta si debe seguir indagando o quedarse quieto. “No. Quieto, quieto”, le contestó.
Empecé a detectar que los objetos se duplicaban, que los entregables no estaban y así fue cómo se empezó a realizar la investigación por mi parte. Yo simplemente informé a mis superiores”, relató Pizano, sobre los sobornos. Martínez asumió el control de la Fiscalía en agosto de 2016, bajo el mandato del expresidente Juan Manuel Santos.
El exsenador Otto Bula -actualmente preso por haber recibido 4,6 millones de dólares en supuestos sobornos de Odebrecht- salpicó la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos en 2014, que habría recibido un millón de dólares para la misma.La propia Fiscalía informó que la firma brasileña sí había hecho aportes a la campaña de presidencial de Santos y su rival en 2014, Óscar Iván Zuluaga.
El supuesto financiamiento ilegal de Odebrecht a campañas electorales también es objeto de interés en Panamá, donde las sospechas de apoyo a la campaña del expresidente Ricardo Martinelli ya habían sido destacadas por la embajadora de EEUU Barbara Stephenson, en un cable filtrado por Wikileaks. Martinelli, acusado de otros actos de corrupción y escuchas ilegales, fue capturado en Miami y el gobierno de Estados Unidos le negó la libertad bajo fianza
Y el diario brasileño Estadao informó que uno de los delatores de Odebrecht identificó a uno de los hijos de Martinelli como el receptor de seis millones de los 59 millones de dólares pagados como sobornos en el país. Mientras, se investiga la posible entrada de dinero de Odebrecth en la campaña del actual presidente panameño, Juan Carlos Varela.
En El Salvador, por ejemplo, el rol de la constructora en la campaña del expresidente Mauricio Funes, imputado además de enriquecimiento ilícito, también es objeto de investigaciones por cuenta de los servicios prestados por Joao Santana, un asesor de imagen brasileño, por 1,5 millones de dólares.
Las acusaciones también salpican al presidente argentino Mauricio Macri, quien había presionado para que las investigaciones sólo apuntaran a exfuncionarios del gobierno anterior, como el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, que ya fueron arrestados por corrupción.
Pero el caso también ha salpicado al actual jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, amigo personal de Macri, y a varios funcionarios y allegados (incluso un primo y el hermano) del mandatario.
* Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Estrategia
La resolución judicial que ordenó la detención de PPK, estadounidense de nacimiento, tiene que ver con los proyectos de construcción de la Carretera Interoceánica tramos 2 y 3, y el proyecto de irrigación e hidroeléctrico Olmos, durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), quien está prófugo de la justicia por un millonario soborno entregado por Odebrecht y con pedido de detención.
Esta orden contempla mantener detenido a PPK por un espacio de 10 días (permitido por Ley) en esta etapa, lo cual es distinto a una prisión preventiva que puede ser hasta por 36 meses. La resolución de detención preliminar se extiende a su exsecretaria Gloria Kisic y a su asistente y chofer José Luis Bernaola y el equipo especial Lava Jato de la Fiscalía peruana pidió además que se autorice el allanamiento de cuatro inmuebles, uno de ellos la casa de Kisic, y tres oficinas.
Kuczynski renunció a la presidencia de Perú, en marzo del 2018, debido a los vínculos que mantuvo con Odebrecht a través de sus empresas de asesoría financiera y después de producirse un escándalo por la difusión de videos que mostraban un intento de soborno en la compra de votos para evitar su destitución.
“No tengo una opinión, me parece ridículo, gracias. Es una arbitrariedad. He colaborado absolutamente con todas las investigaciones y asistido puntualmente a todas las citaciones de las autoridades judiciales. Nunca rehuí de la justicia”, dijo el exmandatario. Su abogado declaró que la medida es arbitraria y que será apelada.
El exmandatario, de 80 años, ha sido el primer presidente en ejercicio en América Latina en dimitir del cargo por sus supuestos vínculos con Odebrecht. El caso ha involucrado además a los expresidentes peruanos Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, todos bajo investigación de la Fiscalía. Odebrecht admitió en 2016 ante autoridades estadounidenses que pagó sobornos por 29 millones de dólares en Perú entre 2005 y 2014.
La constructora pagó a Kuczynski por consultorías a través de dos de sus empresas, Westfield y First Capital, entre 2007 y 2015. Además, cuando era ministro de Economía del gobierno de Toledo en 2006, firmó un decreto que respaldaba financieramente a la constructora brasileña como una garantía para asegurar los pagos en un contrato de concesión. Presidió el consejo directivo de ProInversión, la agencia estatal de promoción de la inversión privada en Perú. Más tarde, se desempeñó como presidente del Consejo de Ministros entre 2005 y 2006.
Según el requerimiento de extradición de Toledo, citado en la orden judicial de arresto, este hizo prometer al representante de Odebrecht en Perú un soborno de 35 millones de dólares a cambio de otorgarle la concesión de la carretera Interoceánica Sur. Los fiscales del equipo especial Lava Jato indican que Kuczynski “habría tenido intervención directa al proponer la adecuación del marco normativo con el objeto de que la empresa Odebrecht se adjudicara la obra de la construcción y mantenimiento” de la vía.
ProInversión aprobó la concesión en 2004, pero, añade la orden judicial, en el último año de la gestión de Toledo, Kuczynski aprobó la norma que decretaba de “necesidad pública e interés nacional” la Carretera Interoceánica Sur y el proyecto Olmos, dispensando así a la compañía de los impedimentos que tenía para ser proveedora del Estado.
Además, en marzo de 2004, la empresa unipersonal de Kuczynski, Westfield Capital, firmó un contrato de asesoría financiera con Odebrecht para que Olmos consiguiera el financiamiento que requería, pese a que en ese momento aún la constructora no había logrado la concesión. El ministro diseñó, según la investigación, un sistema de bonos corporativos que luego fueron colocados en el mercado.
La Fiscalía indica que en 2005, la empresa First Capital, de Sepúlveda, suscribió otro contrato con Odebrecht para terminar la consultoría que inició Westfield Capital, simulando la exclusión de la empresa de Kuczynski de la prestación del servicio. En 2008, otro representante de First Capital firmó un nuevo contrato de asesoría financiera con Odebrecht para el proyecto de la Carretera Interoceánica Sur.
Los fiscales señalan que Kuczynski asesoró dichos trabajos y recibió un pago por ellos, pero simuló que los realizó la firma de su socio Sepúlveda. Según las pesquisas citadas por el juez, Odebrecht pagó en total más de un millón 30 mil dólares a Westfield Capital, la de Kuczynski, y más de un millón cien mil dólares a First Capital.
Los fiscales también indican que el político ingresó parte de ese dinero ilícitamente. Por ello la Fiscalía imputa a Kuczynski el cargo de lavado de activos en las modalidades de conversión, transferencia y ocultamiento. Teniendo en cuenta lo ocurrido en las investigaciones del caso Odebrecht a otros políticos –como el expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia, y a la dos veces candidata presidencial y líder de la oposición, Keiko Fujimori– tras el arresto preliminar suele seguir una orden de detención preventiva.
El expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) y a Keiko Fujimori (hija del dictador Alberto Fujimori), también han sido llamados a declarar, en calidad de testigos, en el caso de Humala. García, vinculado a sobornos por siete millones de dólares y otras e irregularidades en la adjudicación del Metro de Lima, no logró que Uruguay le diera asilo político.
Mintras, el 29 de marzo, el equipo especial Lava Jato firmó en Israel un acuerdo de colaboración eficaz con Yosef Maiman, el testaferro del expresidente Alejandro Toledo, quien reconoció que recibió más de 17 millones de dólares de Odebrecht en sus cuentas, y casi cuatro millones de dólares de la constructora brasileña Camargo Correa. El destinatario era su amigo, el entonces presidente y fundador del partido Perú Posible. La orden de detención sostiene que uno de los elementos para pedir el arresto del político es el peligro de obstaculización de la justicia.
El financiamiento ilícito de la derecha
Los escándalos de corrupción de dirigentes y gobernantes de la derecha sudamericana siguen saliendo a luz, pero ya no sorprenden a nadie, pese a que el terrorismo mediático ha querido imponer el imaginario colectivo que los gobiernos progresistas son los corruptos. Más allá de los sobornos, lo que los une es su particular forma de “combatir la corrupción”.
El expresidente de facto brasileño Michel Temer, arrestado el jueves 21 de marzo en el marco de un proceso por corrupción, fue catalogado por la Fiscalía como líder de un grupo criminal que desvió en 40 años cerca de 475 millones de dólares. Temer fue mencionado 43 veces en las “delaciones premiadas” de uno de los ejecutivos de Odebrecht.
“Identificamos una organización criminal recursos públicos en las que el expresidente ha tenido influencia por los cargos que ha ejercido que viene actuando desde hace 40 años, y que opera hasta hoy, y que ha recibido en sobornos y promesas de sobornos unos 450 millones de dólares desde entonces. La fiscal explicó que la organización nació en 1980 cuando Temer inició su carrera política como secretario de Seguridad Pública del estado de Sao Paulo y conoció al coronel de la Policía Militar Joao Baptista Lima Filho, su amigo desde entonces, quien ha actuado como “su operador financiero en los desvíos” e igualmente preso ahora.
También el expresidente (1989-1999) y actual senador argentino Carlos Menem fue condenado este 27 de marzo a tres años y nueve meses de prisión por la venta a terratenientes y grandes hacendados ”a precio vil” del predio ferial de Palermo La Rural, en 1991. El Tribunal Oral Federal (TOF) 2, impuso la misma condena al exministro de Economía Domingo Cavallo.
La venta se realizó en su momento por 30 millones de pesos/dólares, siendo el valor real del lugar 130 millones de dólares. La pena es de cumplimiento efectivo, pero al no estar firme no se concretará y será sin duda apeladas ante la Cámara Federal de Casación Penal. No obstante, el expresidente cuenta con fueros parlamentarios pues aún le restan otros seis años como senador. Empero, si la condena queda firme el Tribunal solicitará su desafuero.
En el caso de Colombia, las denuncias giran en torno a irregularidades en contratos y sobornos dentro de un proyecto de construcción de la vía Ruta del Sol II, en el que participaron consorcios colombianos y la empresa brasileña Odebrecht entre 2010 y 2014, cuando la trasnacional brasileña pagó 28,5 millones de dólares para quedarse con el contrato.
El caso dio un giro inesperado tras la muerte repentina del testigo clave del proceso, Jorge Enrique Pizano –auditor de las cuentas- y de su hijo Alejandro, por envenenamiento con cianuro, salpicando incluso al Fiscal General Néstor Humberto Martínez. Dos meses después, otro testigo clave fue hallado muerto: Rafael Merchán, de 43 años, ex secretario de Transparencia durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
Tras el asesinato de Pizano, la prensa difundió grabaciones de conversaciones suyas con el Fiscal. En una de ellas, Martínez señala: “No sabemos si es que les están dando plata a los paramilitares. Si hay corrupción, se la están robando ellos de hijueputas ladrones… Venga, le digo cuál es la tesis que estamos trabajando: no sabemos si estos hijueputas están pagando coimas desde aquí para Gobiernos extranjeros y no sabemos si están pagando coimas aquí al Gobierno colombiano”. Cuando Pizano le pregunta si debe seguir indagando o quedarse quieto. “No. Quieto, quieto”, le contestó.
Empecé a detectar que los objetos se duplicaban, que los entregables no estaban y así fue cómo se empezó a realizar la investigación por mi parte. Yo simplemente informé a mis superiores”, relató Pizano, sobre los sobornos. Martínez asumió el control de la Fiscalía en agosto de 2016, bajo el mandato del expresidente Juan Manuel Santos.
El exsenador Otto Bula -actualmente preso por haber recibido 4,6 millones de dólares en supuestos sobornos de Odebrecht- salpicó la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos en 2014, que habría recibido un millón de dólares para la misma.La propia Fiscalía informó que la firma brasileña sí había hecho aportes a la campaña de presidencial de Santos y su rival en 2014, Óscar Iván Zuluaga.
El supuesto financiamiento ilegal de Odebrecht a campañas electorales también es objeto de interés en Panamá, donde las sospechas de apoyo a la campaña del expresidente Ricardo Martinelli ya habían sido destacadas por la embajadora de EEUU Barbara Stephenson, en un cable filtrado por Wikileaks. Martinelli, acusado de otros actos de corrupción y escuchas ilegales, fue capturado en Miami y el gobierno de Estados Unidos le negó la libertad bajo fianza
Y el diario brasileño Estadao informó que uno de los delatores de Odebrecht identificó a uno de los hijos de Martinelli como el receptor de seis millones de los 59 millones de dólares pagados como sobornos en el país. Mientras, se investiga la posible entrada de dinero de Odebrecth en la campaña del actual presidente panameño, Juan Carlos Varela.
En El Salvador, por ejemplo, el rol de la constructora en la campaña del expresidente Mauricio Funes, imputado además de enriquecimiento ilícito, también es objeto de investigaciones por cuenta de los servicios prestados por Joao Santana, un asesor de imagen brasileño, por 1,5 millones de dólares.
Las acusaciones también salpican al presidente argentino Mauricio Macri, quien había presionado para que las investigaciones sólo apuntaran a exfuncionarios del gobierno anterior, como el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, que ya fueron arrestados por corrupción.
Pero el caso también ha salpicado al actual jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, amigo personal de Macri, y a varios funcionarios y allegados (incluso un primo y el hermano) del mandatario.
* Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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