Tensión y final abierto
Por Aníbal García Fernández, Amílcar Salas Oroño y Camila Vollenweider
21 de abril de 2019
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México.
Los grupos de interés en México han adoptado su fisonomía actual a través de décadas de una dinámica simbiótica con los gobiernos neoliberales. La administración de Andrés Manuel López Obrador ha supuesto todo un desafío para la mayor parte de las corporaciones.
La última encuesta de opinión realizada en México arroja que el apoyo ciudadano a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es del 79,4 por ciento. Es decir, casi 8 de cada 10 mexicanos y mexicanas tiene una opinión favorable del Presidente. Si bien sólo lleva en el poder poco más de cien días, su favorabilidad entre el electorado es abrumadora.
La última encuesta de opinión realizada en México arroja que el apoyo ciudadano a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es del 79,4 por ciento. Es decir, casi 8 de cada 10 mexicanos y mexicanas tiene una opinión favorable del Presidente. Si bien sólo lleva en el poder poco más de cien días, su favorabilidad entre el electorado es abrumadora.
Algunos de los factores que explican este hecho son su política comunicacional (diariamente expone ante los medios sus decisiones y opiniones políticas), medidas de austeridad para el funcionariado público (que la gente percibió como el comienzo del fin de los privilegios políticos), y una inusitada firmeza en el manejo de asuntos sensibles como el histórico contrabando de gasolina (“huachicoleo”) o la justicia para los 43 de Ayotzinapa, que contrasta fuertemente con la debilidad conductora de su antecesor, Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, al explorar los grupos de poder en México, se percibe que el gobierno que lleva adelante la llamada “Cuarta Transformación” tiene importantes desafíos y obstáculos. El empresariado, los sindicatos y los medios de comunicación, entre otros, no reproducen ese casi 80 por ciento de favorabilidad hacia el Gobierno: existen tensiones y divergencias alrededor de cada grupo de interés, lo que pondrá a prueba la capacidad de AMLO de conducir políticamente una compleja sociedad atravesada por décadas de neoliberalismo, deterioro institucional y débil soberanía.
Empresariado
Los grupos empresariales más fuertes en México estuvieron y están reticentes a la política económica del gobierno de AMLO. Uno de esos grupos es el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el cual financió la serie titulada “Populismo en América Latina” y fue parte de la “guerra sucia” durante la campaña electoral en 2018. Algunos empresarios que conforman el CMN son Germán Larrea, de Grupo México, Ferromex, Claudio X. González Guajardo, hijo del empresario Claudio X. González Laporte, dueño de Kimberly-Clark. Actualmente financia organizaciones civiles como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad; Alberto Bailléres, presidente del Grupo Bal, en donde hay empresas en los sectores de siderúrgica, petróleo, agropecuario y en las finanzas. Lo que aglutina a estos empresarios no sólo es su posición en contra del proyecto de AMLO, también que sus fortunas crecieron en los últimos treinta años de neoliberalismo en México.
Otro grupo de empresarios decidió unirse al proyecto de AMLO, por ejemplo, Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas, Olegario Vázquez Aldir director general del Grupo Empresarial Angeles con empresas en medios, servicios hoteleros y en el sector financiero; Carlos Hank González, presidente del Grupo Banorte, principalmente en el sector financiero pero con ligas familiares con el PRI; y Bernardo Gómez Martínez, copresidente del Grupo Televisa, entre otros.
Grupos sociales
Uno de los grupos que han manifestado su oposición al proyecto de AMLO es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el cual lleva desde 1994 construyendo autonomía en el territorio de Chiapas, en conjunto con el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Consejo Indígena de Gobierno (CIG). En los últimos meses, la actividad en contra del Gobierno de AMLO se centró en la oposición a la construcción del Tren Maya, ferrocarril que pretende conectar el sur-sureste del país y que implica un gran costo ecológico, afectaciones a comunidades y daños medioambientales irreversibles. En contraste, comunidades indígenas aglutinadas en el recién creado Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) le entregaron simbólicamente el “bastón de mando” a AMLO cuando asumió la Presidencia.
Otro de los grupos sociales que puede cumplir una de sus demandas son las organizaciones civiles en pro del derecho a la interrupción voluntaria de la gestación, el cual, mediante una ley, podría ser legal a nivel nacional. Esta demanda histórica encontró también grupos de oposición de diversas organizaciones como la Iglesia, sectores conservadores, y partidos políticos que pretenden conformar un “bloque común” para no permitir la legalización. Incluso, dentro del propio partido de AMLO hubo voces en contra del aborto.
La cancelación del aeropuerto en la Ciudad de México aglutinó a varias organizaciones sociales contrarias al proyecto desde que se concibió, como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y organizaciones barriales, estudiantiles, campesinas que se unieron en la campaña “YoPrefieroElLago”. Por otra parte, grupos empresariales que se verían beneficiados con el proyecto se opusieron más al entrante Gobierno de AMLO, abonando incluso a la campaña de “incertidumbre” que genera el actual Gobierno para los inversionistas y que tiene su eco en medios.
Otro de los grandes temas pendientes será la aprobación o cancelación del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-Mec o Usmca por sus siglas en inglés). La renovación del Tlcan es central para México, toda vez que más del 80 por ciento de sus exportaciones se dirigen hacia Estados Unidos, la cantidad de intereses interrelacionados para la clase política de ambos países, así como intereses económicos de largo aliento.
La estrategia de Estados Unidos hacia México fue la de dislocar su producción manufacturera en el país, abrir el mercado energético, y prolongar la situación de dependencia estructural. La ratificación del tratado polarizará posiciones incluso dentro de los grupos empresariales que se colocaron con el actual gobierno.
Sin embargo, al explorar los grupos de poder en México, se percibe que el gobierno que lleva adelante la llamada “Cuarta Transformación” tiene importantes desafíos y obstáculos. El empresariado, los sindicatos y los medios de comunicación, entre otros, no reproducen ese casi 80 por ciento de favorabilidad hacia el Gobierno: existen tensiones y divergencias alrededor de cada grupo de interés, lo que pondrá a prueba la capacidad de AMLO de conducir políticamente una compleja sociedad atravesada por décadas de neoliberalismo, deterioro institucional y débil soberanía.
Empresariado
Los grupos empresariales más fuertes en México estuvieron y están reticentes a la política económica del gobierno de AMLO. Uno de esos grupos es el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el cual financió la serie titulada “Populismo en América Latina” y fue parte de la “guerra sucia” durante la campaña electoral en 2018. Algunos empresarios que conforman el CMN son Germán Larrea, de Grupo México, Ferromex, Claudio X. González Guajardo, hijo del empresario Claudio X. González Laporte, dueño de Kimberly-Clark. Actualmente financia organizaciones civiles como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad; Alberto Bailléres, presidente del Grupo Bal, en donde hay empresas en los sectores de siderúrgica, petróleo, agropecuario y en las finanzas. Lo que aglutina a estos empresarios no sólo es su posición en contra del proyecto de AMLO, también que sus fortunas crecieron en los últimos treinta años de neoliberalismo en México.
Otro grupo de empresarios decidió unirse al proyecto de AMLO, por ejemplo, Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas, Olegario Vázquez Aldir director general del Grupo Empresarial Angeles con empresas en medios, servicios hoteleros y en el sector financiero; Carlos Hank González, presidente del Grupo Banorte, principalmente en el sector financiero pero con ligas familiares con el PRI; y Bernardo Gómez Martínez, copresidente del Grupo Televisa, entre otros.
Grupos sociales
Uno de los grupos que han manifestado su oposición al proyecto de AMLO es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el cual lleva desde 1994 construyendo autonomía en el territorio de Chiapas, en conjunto con el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Consejo Indígena de Gobierno (CIG). En los últimos meses, la actividad en contra del Gobierno de AMLO se centró en la oposición a la construcción del Tren Maya, ferrocarril que pretende conectar el sur-sureste del país y que implica un gran costo ecológico, afectaciones a comunidades y daños medioambientales irreversibles. En contraste, comunidades indígenas aglutinadas en el recién creado Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) le entregaron simbólicamente el “bastón de mando” a AMLO cuando asumió la Presidencia.
Otro de los grupos sociales que puede cumplir una de sus demandas son las organizaciones civiles en pro del derecho a la interrupción voluntaria de la gestación, el cual, mediante una ley, podría ser legal a nivel nacional. Esta demanda histórica encontró también grupos de oposición de diversas organizaciones como la Iglesia, sectores conservadores, y partidos políticos que pretenden conformar un “bloque común” para no permitir la legalización. Incluso, dentro del propio partido de AMLO hubo voces en contra del aborto.
La cancelación del aeropuerto en la Ciudad de México aglutinó a varias organizaciones sociales contrarias al proyecto desde que se concibió, como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y organizaciones barriales, estudiantiles, campesinas que se unieron en la campaña “YoPrefieroElLago”. Por otra parte, grupos empresariales que se verían beneficiados con el proyecto se opusieron más al entrante Gobierno de AMLO, abonando incluso a la campaña de “incertidumbre” que genera el actual Gobierno para los inversionistas y que tiene su eco en medios.
Otro de los grandes temas pendientes será la aprobación o cancelación del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-Mec o Usmca por sus siglas en inglés). La renovación del Tlcan es central para México, toda vez que más del 80 por ciento de sus exportaciones se dirigen hacia Estados Unidos, la cantidad de intereses interrelacionados para la clase política de ambos países, así como intereses económicos de largo aliento.
La estrategia de Estados Unidos hacia México fue la de dislocar su producción manufacturera en el país, abrir el mercado energético, y prolongar la situación de dependencia estructural. La ratificación del tratado polarizará posiciones incluso dentro de los grupos empresariales que se colocaron con el actual gobierno.
Sindicatos
Como parte de la confirmación de un nítido perfil propio, a principios de este año AMLO fue muy enfático en la denuncia sobre la corrupción que se registraba en Pemex –a propósito del “huachicoleo”– indicando que funcionarios de la compañía habrían recibido sobornos de más de 400 millones de pesos. Buena parte de las observaciones se colocaron sobre el papel desempeñado por Romero Deschamps, el histórico líder sindical de los petroleros. Frente al problema, AMLO precisó que el rumbo estará determinado por “la democracia sindical” pues “el Gobierno ya no tiene líderes favoritos”.
Si bien la arremetida no fue tan frontal como en otros casos históricos –por ejemplo, como el del Presidente Carlos Salinas y el “Quinazo”–, la quita de algunas prerrogativas sindicales ya ha generado una reorientación de los actores del sector. No es el único caso donde las relaciones entre el Gobierno y los sindicatos han ingresado en una nueva etapa. De hecho, y como señal de los tiempos, se ha estructurado una nueva central sindical.
La Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), uno de cuyos referentes es el líder sindical minero Napoleón Gómez Urrutia, aparece en escena poniendo sobre la agenda la discusión acerca de las regulaciones laborales del país, teniendo en cuenta los efectos negativos que sobre éstas tuvieron durante tantos años las disposiciones del Tlcan, que mejoraron de gran forma los intereses de la clase empresarial a costa de bajos salarios y escasas prestaciones.
Precisamente, en la Asamblea Constitutiva de la CIT, compuesta por 10 federaciones y 150 sindicatos, se puso énfasis una determinada orientación para el movimiento obrero: observando con buenas expectativas la llegada de AMLO, su interés está puesto en desarmar toda la arquitectura neoliberal que fue diseñada en perjuicio de los trabajadores.
Habrá que ver hasta qué punto las otras centrales sindicales (y sindicatos en general) también asumen esta posición o si, por el contrario, se colocan abiertamente contra el Gobierno. Tal como lo detallan varios analistas, es importante ver si las “rupturas” que propone AMLO en varios planos también modifican la inercia de la naturaleza “oficialista” y corrupta que, en la mayoría de los casos, caracterizó al mundo sindical mexicano.
En ese sentido, habrá que seguir de cerca las apariciones públicas –además de la de Deschamps– de Carlos Aceves del Olmo (Confederación de Trabajadores de México-CTM), Joel Ayala Almeida (Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado), Francisco Hernández (Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana), Víctor Flores (Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana), Juan Díaz de la Torre (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) y del propio Victor Fuente del Villar (Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana), todas figuras claves que, frente al discurso anticorrupción de AMLO –y al igual que Deschamps– pueden sentirse incomodados.
No siempre favorables con el actual discurso presidencial, es también probable que comiencen a verificarse cambios internos en las estructuras sindicales, con consecuencias hacia su gravitación en la esfera gubernamental.
Por el momento, el actor sindical no se ha colocado en un lugar confrontativo; es cierto que se han registrado varias huelgas y protestas, como la de los sindicatos universitarios, pero aún sin mayores consecuencias.
Medios de comunicación
En términos generales, los medios de comunicación privados y sus principales caras visibles pasaron de una abierta hostilidad hacia la figura de AMLO a posiciones de crítica más moderada al asumir éste la Presidencia. Si bien todavía han transcurrido pocos meses desde que asumió el cargo como para poder establecer cómo se va a definir de manera definitiva la relación de AMLO con los medios de comunicación o, más bien, en qué medida los principales medios van a ser determinantes en la gobernabilidad del mandato, hay un aspecto que es clave y que no debe ser soslayado: el nuevo formato de conferencias matinales por parte del presidente ha trastocado la escena comunicacional. No sólo porque es allí donde AMLO marca la agenda mediática entregando la pauta de sus acciones, sino también formatea las opiniones en general de su Gobierno. Hay un nuevo estilo, frente al cual los medios de comunicación todavía se están acomodando: posicionado de frente a la ciudadanía, ha tomado la iniciativa de la agenda política y comunicacional del país, algo que Peña Nieto fue perdiendo en el último tramo de su gestión. Por eso es que las principales críticas provienen, sobre todo, desde el exterior, donde todavía no se termina de perfilar - o de aceptar- el rumbo de la nueva Presidencia.
Corporaciones
Los grupos de interés en México han adoptado su fisonomía actual a través de décadas de una dinámica simbiótica con los gobiernos neoliberales de turno, exceptuando las organizaciones indígenas, campesinas y populares en general, que siempre han estado al margen de la consideración gubernamental. La constitución y naturaleza de los grupos de poder empresarial, sindical y mediático han sabido cómo amoldarse a las nuevas gestiones presidenciales (con viejos y similares objetivos). Sin embargo, la llegada de AMLO ha supuesto todo un desafío para la mayor parte de esas corporaciones, habituadas a mantener la armonía con los gobiernos a cambio de satisfacer sus intereses.
La nueva situación es de tensión, contradictoria y con final abierto. AMLO ha demostrado tener la suficiente “cintura” política como para amarrar a la opinión pública a su favor, aunque determinados nodos política y económicamente fuertes le representan aun un enorme desafío. México no tiene un referente histórico progresista relativamente reciente, como otros países de Latinoamérica; y en esa “novedad” progresista, AMLO tiene la ventaja, como también el reto, de conducir el destino de una sociedad devastada por décadas de neoliberalismo y entrega de soberanía.
* Aníbal García Fernández: Master en Estudios Latinoamericanos (UNAM-México).
** Amílcar Salas Oroño: Doctor en Ciencias Sociales (UBA-Argentina).
*** Camila Vollenweider: Master en Sociología (UBA-Argentina).
Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).
