Por Luvis Pareja
12 abril, 2019
Bajo el lema “El voto que el alma pronuncia: por la democracia y contra la impunidad”, miles de personas se movilizaron el jueves 11 en Montevideo y varias ciudades del interior del país, para reclamar el fin de la impunidad para los responsables de torturas, desapariciones y asesinatos durante la dictadura cívico-militar de 1973-1985.
Trabajadores, estudiantes, campesinos, movimientos sociales, ex presos políticos, familiares de desaparecidos, entre abrazos, manos agarradas y carteles con las caras de personas desaparecidas durante la dictadura, participaron de una multitudinaria movilización para reclamar justicia y el esclarecimiento de los crímenes del gobierno de facto, que ayuden a consolidar la democracia.
Varios oradores se refirieron a las destituciones realizadas por el presidente Tabaré Vázquez a las principales figuras del Ejército. El aplauso llegó al hablar del cese del ex comandante en jefe −y ahora candidato a la presidencia− Guido Manini Ríos y cuestionaron el hecho de que haber desaparecido y asesinado a personas “no afecte “el honor militar”, como señalaran jerarcas militares.
Vázquez cesó días atrás al ministro de Defensa y al comandante del ejército, general José González, por haber estado al tanto y no denunciado que el militar retirado Nino Gavazzo admitió que en 1973 arrojó a un río el cuerpo de un militante tupamaro. El comandante había asumido el cargo apenas dos semanas antes.
“Esta es la evidencia de que el pueblo uruguayo, en un porcentaje que me emociona, no está dispuesto a dejarse llevar por el olvido, ni por el ocultamiento ni por la impunidad”, dijo Mariano Arana, una figura emblemática del gobernant Frente Amplio, quien fuera senador, ministro e intendente (alcalde) de la capital uruguaya..
En el acto se leyó una proclama en defensa de la democracia y se pidió que todos los partidos políticos reformen las fuerzas armadas de Uruguay para dotarlas de un espíritu democrático. “En este país no tenemos lugar para los torturadores, los secuestradores y los asesinos”, se señaló.
La proclama
Los convocamos hoy, aquí, a manifestar juntos en apoyo a la institucionalidad democrática que los generales menospreciaron, y también para respaldar las medidas drásticas y largamente esperadas del Presidente de la República, de sancionar con una medida ejemplar que marcara con claridad la obligatoria subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, democráticamente elegido a través de las urnas.
Hoy, a más de una semana, nos encontramos aquí para defender nuestra democracia. Porque estos hechos dejaron al descubierto lo que venimos denunciando y requiriendo de los poderes del Estado: cortar con la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. En estos días se demostró que es posible. Es posible poner un freno a la impunidad y la omertá que se mantiene enquistada en las Fuerzas Armadas. Es posible exigir a sus altos oficiales que se ajusten a nuestras normas constitucionales.
Se demostró también que se necesitaba voluntad política y compromiso de todos los gobernantes y de todas las instituciones para garantizar la no repetición de ese tramo tan triste de nuestra historia. No queremos más dictaduras. ¡Nunca más!
Se demostró también que la fuerza ciudadana, que no permitió el olvido, que rescató la memoria paso a paso por todo nuestro país, en estos más de 40 años de lucha que confluye en las marchas de cada 20 de mayo, en homenajes y movilizaciones sindicales y estudiantiles, es la fuerza principal que debe continuar, para exigir y respaldar este camino contra la impunidad.
Este es un primer gran paso. Esta es la excelente noticia que nos conmocionó a todos, saber que se puede. Nos conmocionó también que por primera vez, hubo de parte de los criminales, Gavazzo y Silveira, el reconocimiento de lo que hicieron, torturar, asesinar, desaparecer mujeres, hombres y niños.
Que quede claro, en este país no tienen lugar, no deben tener lugar nunca más, los torturadores, los violadores, los asesinos, los secuestradores, los ladrones que robaron los hijos y los bienes de sus víctimas, los que persiguieron e hicieron desaparecer opositores dentro y fuera de fronteras, los que sumergieron en el dolor a miles de mujeres, niños y hombres con cárcel, destierro, sufrimiento y miedo, de la mano del Terrorismo de Estado que aprendieron en la temible Escuela de las Américas y en los planes de estudio que construyen mentiras y justificaron oprobios, y en la Doctrina de la Seguridad Nacional donde les enseñaron a odiar y concebir a su propio pueblo como el principal enemigo.
Desde hace ya un largo tiempo se viene haciendo visible el desborde institucional de las Fuerzas Armadas. Cuestionando Ministros, cuestionando al Parlamento y por último, cuestionando al Poder Judicial. Los fallos de estos Tribunales de Honor, en palabras de quienes los integran, nos dicen claramente lo que HOY piensan las Fuerzas Armadas.
28 asesinatos especialmente agravados y la posterior desaparición de las víctimas, todos crímenes confirmados por la justicia, no eran para los generales una violación a su honor ni a su moral.
El reconocimiento expreso de la tortura, la muerte y desaparición de Roberto Gomensoro, hechas por Gavazzo y Silveira; la tortura y desaparición de Eduardo Pérez y la desaparición y posterior enterramiento de María Claudia García de Gelman no afectan, para ellos, el honor militar. Sí afecta al honor militar la no defensa de un camarada de armas. ¡Qué vergüenza para nuestra democracia!
Es imprescindible asegurar que la Justicia reciba toda la información e investigue con eficacia e independencia.
La democracia uruguaya no admite más dilaciones en investigar hasta las últimas consecuencias las responsabilidades de civiles y militares en la gestación y ejecución del terrorismo de Estado. Es imperioso terminar con la cultura de impunidad que los ha amparado hasta el momento. Así como terminar con la estrategia de dilatar los pronunciamientos judiciales como por ejemplo el pedido de inconstitucionalidad de la Fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad interpuesto por la defensa de los militares, que ha detenido todas las causas judiciales. Ganar tiempo ha sido su estrategia para pasar sus vidas en impunidad.
Apoyamos y respaldamos, el acto institucional de destitución del Ex Comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos. También respaldamos el acto el haber cesado de sus cargos al ex comandante en Jefe del Ejército Gral. José González, y el ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Gral. Alfredo Erramún. Y exhortamos a una rápida respuesta por parte del Senado al pedido de venia para el pase a retiro obligatorio de los generales Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo que integraron los Tribunales de Honor y el Tribunal de Honor de Alzada.
Respaldamos la decisión del Presidente de los cambios ministeriales ante las omisiones constatadas y la remisión a la Fiscalía General de la Nación de los testimonios vertidos en los tribunales. Señoras y señores, el clavo no está en si el Presidente sabía o no sabía, si le dijo o no le dijo. Ahí no hay que martillar.
Pero todos sabemos – y estos episodios lo comprueban- que nombrar un nuevo comandante no alcanza. Ya lo demostraron. El mensaje que dieron esos generales a todo el país fue claro, y los gobernantes todos, de todos los partidos, desde la salida de la dictadura, deben asumir su responsabilidad por no haber modificado a las Fuerzas Armadas en los últimos 34 años, y comprometerse, de ahora en más, sin banderas partidarias, a cambiarlas. Todos los partidos políticos son responsables de que todavía rija la Ley Orgánica Militar que fue escrita y aprobada en plena dictadura. Todos deben asumir la responsabilidad inmediata de modificarla.
Hoy es imprescindible exigirle al nuevo comandante en jefe ciertas condiciones para ocupar su cargo. Para poder tenerle confianza a la institución como tal, se le debe exigir desde el Poder Ejecutivo:
A- Que condenen de forma expresa el accionar de las fuerzas armadas durante el Terrorismo de Estado
B- Se comprometa con el respeto irrestricto de los derechos humanos.
C- Se comprometa con la búsqueda de toda la verdad y la aporte a la justicia como corresponde. No aceptamos las declaraciones del comandante en jefe Claudio Feola, ni la ambigüedad de sus aclaraciones. No necesitamos Fuerzas Armadas que amenacen a su propio pueblo, gestoras de miedo en la sociedad. No necesitamos fuerzas armadas que ostenten de manera irrespetuosa privilegios que no corresponden. Queremos Fuerzas Armadas cuya función sea defender las fronteras de un enemigo externo y que dejen atrás la Doctrina de Seguridad Nacional y su noción de enemigo interno.
Como nos legó Artigas, “El despotismo militar será precisamente aniquilado con trabas constitucionales que aseguren inviolable la soberanía de los pueblos”. Esas trabas constitucionales deben conducir a la reformulación de los propósitos de las Fuerzas Armadas y la reducción de su oficialidad de acuerdo a sus tareas.
Es imperioso reformular los programas de estudio. Los que aspiren a ser militares deben estudiar con el conjunto de la sociedad civil y recién a nivel terciario hacer una opción vocacional por la carrera militar. Es imperioso que accedan al conocimiento, a la tecnología, la visión de la historia y las ideas con suficiente profundidad y entendimiento como para construir un juicio crítico, siempre al servicio de la democracia del pueblo y para el pueblo. Nuestros militares deben recibir una formación profundamente constitucionalista, con el artiguismo como evocación filosófica esencial, contraria a toda dictadura en cualquier tiempo y en cualquier lugar.
Consideramos inaceptable la creación de una Guardia Nacional integrada por efectivos de las Fuerzas Armadas, formadas bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional, según la propuesta que se plebiscitará este año.
La defensa de la democracia es un compromiso inquebrantable del movimiento sindical, social y de Derechos Humanos demostrado con una de las gestas más heroicas de nuestro pueblo, la gloriosa Huelga General del año 1973, con la que el pueblo uruguayo respondió al golpe de Estado. Reafirmamos la vigencia de la decisión de contestar con una huelga general frente a cualquier intento de quiebre de la institucionalidad democrática
Ese compromiso con la vida, esa lucha por la libertad tuvo también muchas expresiones en nuestro pueblo, especialmente la de las madres y familiares de los desaparecidos y la de los familiares de los presos, que en esos años oscuros abrieron rendijas de luz y hasta hoy mantienen la dignidad de un pueblo que no quiere venganza sino justicia: que no quiere impunidad ni privilegios para los responsables, que quiere verdad y memoria para construir una sociedad que pueda decidir su futuro sin mentiras ni engaños.
Ha sido siempre desde filas de nuestro pueblo y de las madres y familiares que se encararon las denuncias, las investigaciones, las búsquedas abnegadas y constantes de nuestros desaparecidos.
Han sido nuestras compañeras y compañeros ex presas y ex presos que han denunciado las torturas en los centros de reclusión, las muertes por tortura en los cuarteles o en viles fusilamientos en las calles, las muertes en la sala 8 del hospital militar por negligencia o ausencia de asistencia médica. Han sido los sobrevivientes de la tragedia de Automotores Orletti que persistentemente denunciaron y demostraron los secuestros, las desapariciones, los traslados internacionales ilegales, el montaje de parodias de invasiones que nunca existieron, que tuvieron a Gavazzo y Silveira, entre muchos otros, como principalísimos artífices de la gran mentira y la monstruosa decisión en procurar de aniquilar opositores en el marco del Plan Cóndor directamente dirigido por las más altas autoridades de las Fuerzas Armadas de nuestro país en tiempo de dictadura.
Estamos acá para reafirmar en qué país queremos vivir. Un país donde prime el derecho a la verdad sobre todo lo sucedido, el derecho a la justicia, el derecho a vivir en un país democrático, el derecho a la protesta, el derecho a la paz, el derecho a la felicidad.
El honor es edificar un país donde siempre La cuestión es sólo entre la libertad y el despotismo. Compartimos la alegría del reciente encuentro de la hija de Norma y Carlos, fruto de la lucha de nuestras abuelas argentinas. Como dijo su papá, nosotros también llevamos miles de noches soñando con encuentros similares.
Por verdad, justicia y memoria. Nunca más terrorismo de Estado.
Firman: La Central Única de Trabajadores PIT-CNT, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos, Asociación de ex presos políticos (Crysol), la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU) y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas de Ayuda Mutua (FUCVAM)
* Periodista uruguayo, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Trabajadores, estudiantes, campesinos, movimientos sociales, ex presos políticos, familiares de desaparecidos, entre abrazos, manos agarradas y carteles con las caras de personas desaparecidas durante la dictadura, participaron de una multitudinaria movilización para reclamar justicia y el esclarecimiento de los crímenes del gobierno de facto, que ayuden a consolidar la democracia.
Varios oradores se refirieron a las destituciones realizadas por el presidente Tabaré Vázquez a las principales figuras del Ejército. El aplauso llegó al hablar del cese del ex comandante en jefe −y ahora candidato a la presidencia− Guido Manini Ríos y cuestionaron el hecho de que haber desaparecido y asesinado a personas “no afecte “el honor militar”, como señalaran jerarcas militares.
Vázquez cesó días atrás al ministro de Defensa y al comandante del ejército, general José González, por haber estado al tanto y no denunciado que el militar retirado Nino Gavazzo admitió que en 1973 arrojó a un río el cuerpo de un militante tupamaro. El comandante había asumido el cargo apenas dos semanas antes.
“Esta es la evidencia de que el pueblo uruguayo, en un porcentaje que me emociona, no está dispuesto a dejarse llevar por el olvido, ni por el ocultamiento ni por la impunidad”, dijo Mariano Arana, una figura emblemática del gobernant Frente Amplio, quien fuera senador, ministro e intendente (alcalde) de la capital uruguaya..
En el acto se leyó una proclama en defensa de la democracia y se pidió que todos los partidos políticos reformen las fuerzas armadas de Uruguay para dotarlas de un espíritu democrático. “En este país no tenemos lugar para los torturadores, los secuestradores y los asesinos”, se señaló.
La proclama
Los convocamos hoy, aquí, a manifestar juntos en apoyo a la institucionalidad democrática que los generales menospreciaron, y también para respaldar las medidas drásticas y largamente esperadas del Presidente de la República, de sancionar con una medida ejemplar que marcara con claridad la obligatoria subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, democráticamente elegido a través de las urnas.
Hoy, a más de una semana, nos encontramos aquí para defender nuestra democracia. Porque estos hechos dejaron al descubierto lo que venimos denunciando y requiriendo de los poderes del Estado: cortar con la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. En estos días se demostró que es posible. Es posible poner un freno a la impunidad y la omertá que se mantiene enquistada en las Fuerzas Armadas. Es posible exigir a sus altos oficiales que se ajusten a nuestras normas constitucionales.
Se demostró también que se necesitaba voluntad política y compromiso de todos los gobernantes y de todas las instituciones para garantizar la no repetición de ese tramo tan triste de nuestra historia. No queremos más dictaduras. ¡Nunca más!
Se demostró también que la fuerza ciudadana, que no permitió el olvido, que rescató la memoria paso a paso por todo nuestro país, en estos más de 40 años de lucha que confluye en las marchas de cada 20 de mayo, en homenajes y movilizaciones sindicales y estudiantiles, es la fuerza principal que debe continuar, para exigir y respaldar este camino contra la impunidad.
Este es un primer gran paso. Esta es la excelente noticia que nos conmocionó a todos, saber que se puede. Nos conmocionó también que por primera vez, hubo de parte de los criminales, Gavazzo y Silveira, el reconocimiento de lo que hicieron, torturar, asesinar, desaparecer mujeres, hombres y niños.
Que quede claro, en este país no tienen lugar, no deben tener lugar nunca más, los torturadores, los violadores, los asesinos, los secuestradores, los ladrones que robaron los hijos y los bienes de sus víctimas, los que persiguieron e hicieron desaparecer opositores dentro y fuera de fronteras, los que sumergieron en el dolor a miles de mujeres, niños y hombres con cárcel, destierro, sufrimiento y miedo, de la mano del Terrorismo de Estado que aprendieron en la temible Escuela de las Américas y en los planes de estudio que construyen mentiras y justificaron oprobios, y en la Doctrina de la Seguridad Nacional donde les enseñaron a odiar y concebir a su propio pueblo como el principal enemigo.
Desde hace ya un largo tiempo se viene haciendo visible el desborde institucional de las Fuerzas Armadas. Cuestionando Ministros, cuestionando al Parlamento y por último, cuestionando al Poder Judicial. Los fallos de estos Tribunales de Honor, en palabras de quienes los integran, nos dicen claramente lo que HOY piensan las Fuerzas Armadas.
28 asesinatos especialmente agravados y la posterior desaparición de las víctimas, todos crímenes confirmados por la justicia, no eran para los generales una violación a su honor ni a su moral.
El reconocimiento expreso de la tortura, la muerte y desaparición de Roberto Gomensoro, hechas por Gavazzo y Silveira; la tortura y desaparición de Eduardo Pérez y la desaparición y posterior enterramiento de María Claudia García de Gelman no afectan, para ellos, el honor militar. Sí afecta al honor militar la no defensa de un camarada de armas. ¡Qué vergüenza para nuestra democracia!
Es imprescindible asegurar que la Justicia reciba toda la información e investigue con eficacia e independencia.
La democracia uruguaya no admite más dilaciones en investigar hasta las últimas consecuencias las responsabilidades de civiles y militares en la gestación y ejecución del terrorismo de Estado. Es imperioso terminar con la cultura de impunidad que los ha amparado hasta el momento. Así como terminar con la estrategia de dilatar los pronunciamientos judiciales como por ejemplo el pedido de inconstitucionalidad de la Fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad interpuesto por la defensa de los militares, que ha detenido todas las causas judiciales. Ganar tiempo ha sido su estrategia para pasar sus vidas en impunidad.
Apoyamos y respaldamos, el acto institucional de destitución del Ex Comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos. También respaldamos el acto el haber cesado de sus cargos al ex comandante en Jefe del Ejército Gral. José González, y el ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Gral. Alfredo Erramún. Y exhortamos a una rápida respuesta por parte del Senado al pedido de venia para el pase a retiro obligatorio de los generales Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo que integraron los Tribunales de Honor y el Tribunal de Honor de Alzada.
Respaldamos la decisión del Presidente de los cambios ministeriales ante las omisiones constatadas y la remisión a la Fiscalía General de la Nación de los testimonios vertidos en los tribunales. Señoras y señores, el clavo no está en si el Presidente sabía o no sabía, si le dijo o no le dijo. Ahí no hay que martillar.
Pero todos sabemos – y estos episodios lo comprueban- que nombrar un nuevo comandante no alcanza. Ya lo demostraron. El mensaje que dieron esos generales a todo el país fue claro, y los gobernantes todos, de todos los partidos, desde la salida de la dictadura, deben asumir su responsabilidad por no haber modificado a las Fuerzas Armadas en los últimos 34 años, y comprometerse, de ahora en más, sin banderas partidarias, a cambiarlas. Todos los partidos políticos son responsables de que todavía rija la Ley Orgánica Militar que fue escrita y aprobada en plena dictadura. Todos deben asumir la responsabilidad inmediata de modificarla.
Hoy es imprescindible exigirle al nuevo comandante en jefe ciertas condiciones para ocupar su cargo. Para poder tenerle confianza a la institución como tal, se le debe exigir desde el Poder Ejecutivo:
A- Que condenen de forma expresa el accionar de las fuerzas armadas durante el Terrorismo de Estado
B- Se comprometa con el respeto irrestricto de los derechos humanos.
C- Se comprometa con la búsqueda de toda la verdad y la aporte a la justicia como corresponde. No aceptamos las declaraciones del comandante en jefe Claudio Feola, ni la ambigüedad de sus aclaraciones. No necesitamos Fuerzas Armadas que amenacen a su propio pueblo, gestoras de miedo en la sociedad. No necesitamos fuerzas armadas que ostenten de manera irrespetuosa privilegios que no corresponden. Queremos Fuerzas Armadas cuya función sea defender las fronteras de un enemigo externo y que dejen atrás la Doctrina de Seguridad Nacional y su noción de enemigo interno.
Como nos legó Artigas, “El despotismo militar será precisamente aniquilado con trabas constitucionales que aseguren inviolable la soberanía de los pueblos”. Esas trabas constitucionales deben conducir a la reformulación de los propósitos de las Fuerzas Armadas y la reducción de su oficialidad de acuerdo a sus tareas.
Es imperioso reformular los programas de estudio. Los que aspiren a ser militares deben estudiar con el conjunto de la sociedad civil y recién a nivel terciario hacer una opción vocacional por la carrera militar. Es imperioso que accedan al conocimiento, a la tecnología, la visión de la historia y las ideas con suficiente profundidad y entendimiento como para construir un juicio crítico, siempre al servicio de la democracia del pueblo y para el pueblo. Nuestros militares deben recibir una formación profundamente constitucionalista, con el artiguismo como evocación filosófica esencial, contraria a toda dictadura en cualquier tiempo y en cualquier lugar.
Consideramos inaceptable la creación de una Guardia Nacional integrada por efectivos de las Fuerzas Armadas, formadas bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional, según la propuesta que se plebiscitará este año.
La defensa de la democracia es un compromiso inquebrantable del movimiento sindical, social y de Derechos Humanos demostrado con una de las gestas más heroicas de nuestro pueblo, la gloriosa Huelga General del año 1973, con la que el pueblo uruguayo respondió al golpe de Estado. Reafirmamos la vigencia de la decisión de contestar con una huelga general frente a cualquier intento de quiebre de la institucionalidad democrática
Ese compromiso con la vida, esa lucha por la libertad tuvo también muchas expresiones en nuestro pueblo, especialmente la de las madres y familiares de los desaparecidos y la de los familiares de los presos, que en esos años oscuros abrieron rendijas de luz y hasta hoy mantienen la dignidad de un pueblo que no quiere venganza sino justicia: que no quiere impunidad ni privilegios para los responsables, que quiere verdad y memoria para construir una sociedad que pueda decidir su futuro sin mentiras ni engaños.
Ha sido siempre desde filas de nuestro pueblo y de las madres y familiares que se encararon las denuncias, las investigaciones, las búsquedas abnegadas y constantes de nuestros desaparecidos.
Han sido nuestras compañeras y compañeros ex presas y ex presos que han denunciado las torturas en los centros de reclusión, las muertes por tortura en los cuarteles o en viles fusilamientos en las calles, las muertes en la sala 8 del hospital militar por negligencia o ausencia de asistencia médica. Han sido los sobrevivientes de la tragedia de Automotores Orletti que persistentemente denunciaron y demostraron los secuestros, las desapariciones, los traslados internacionales ilegales, el montaje de parodias de invasiones que nunca existieron, que tuvieron a Gavazzo y Silveira, entre muchos otros, como principalísimos artífices de la gran mentira y la monstruosa decisión en procurar de aniquilar opositores en el marco del Plan Cóndor directamente dirigido por las más altas autoridades de las Fuerzas Armadas de nuestro país en tiempo de dictadura.
Estamos acá para reafirmar en qué país queremos vivir. Un país donde prime el derecho a la verdad sobre todo lo sucedido, el derecho a la justicia, el derecho a vivir en un país democrático, el derecho a la protesta, el derecho a la paz, el derecho a la felicidad.
El honor es edificar un país donde siempre La cuestión es sólo entre la libertad y el despotismo. Compartimos la alegría del reciente encuentro de la hija de Norma y Carlos, fruto de la lucha de nuestras abuelas argentinas. Como dijo su papá, nosotros también llevamos miles de noches soñando con encuentros similares.
Por verdad, justicia y memoria. Nunca más terrorismo de Estado.
Firman: La Central Única de Trabajadores PIT-CNT, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos, Asociación de ex presos políticos (Crysol), la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU) y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas de Ayuda Mutua (FUCVAM)
* Periodista uruguayo, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
