Renegociar no es la solución. Países que extendieron su acuerdo con el FMI agravaron la crisis
Por Cristian Carrillo
17 de abril de 2019
Christine Lagarde dijo que sería una “tontería” no seguir con el acuerdo.
Frente a la imposibilidad de cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario bajo las premisas originales y el actual desempeño de la economía, el Gobierno buscaría como alternativa pedir una extensión con mayores exigencias para el país. El actual programa de stand By podría transformarse en un Extended Fund Facility (EFF), algo así como una extensión en las facilidades de liquidez, que amplía el monto y los plazos. Sin embargo, estos programas permiten al Fondo mayor injerencia en la economía del país deudor en el mediano y largo plazo, dado que se puede devolver hasta en diez años, lo que se convertirá en otra pesada herencia del macrismo.
Ante la evidencia de que Argentina no podrá cumplir con el Fondo, el Gobierno y parte de la oposición analizan cambios en el acuerdo.
La solución sigue siendo lograr desembarazarse del organismo lo antes posible. Las experiencias en distintos países de los acuerdos EFF fueron casi todas negativas. Según un relevamiento de la consultora Synthesis, de un total de 24 países que acudieron a esta alternativa de liquidez desde 1978, solo cuatro completaron los pagos, uno de manera anticipada, otros cuatro lo hicieron después de caer en cesación y renegociar el acuerdo y el resto tuvo que interrumpir los desembolsos. Los casos de “éxito” fueron ejecutados en su mayoría por gobiernos dictatoriales, que estaban menos sujetos al aval político a la hora de implementar las medidas acordadas con el organismo.
De acuerdo con cifras del Fondo, la deuda externa creció más del ciento por ciento en los cuatro años de gestión Cambiemos, a lo que se suman los compromisos con el organismo. “Sólo entre 2022 y 2023, Argentina tendrá que devolver 45.800 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional por el acuerdo”, señala la consultora que dirige el ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli. La alternativa que se analiza en el Gobierno es pasarse a un acuerdo de Extended Fund Facility, que difiere en varios puntos de los acuerdos del actual Stand By. Extiende los plazos de acción, intervención y supervisión de los programas, pero no implica un incremento significativo de los fondos disponibles.
Los acuerdos Stand By buscan una rápida reversión de los desajustes momentáneos en la balanza de pagos. Los desajustes que generó el macrismo ya dejaron de ser momentáneos. “El EFF fue creado para brindar asistencia a los países: (i) que están experimentando graves desequilibrios en sus balanzas de pagos debido a impedimentos estructurales; o (ii) aquellos caracterizados por un crecimiento lento y una balanza de pagos inherentemente débil”, señala la página Web del organismo que conduce Christine Lagarde. El plazo mínimo entre un stand by y un EFF pasa de un año a cuatro, en tanto el reembolso se duplica a diez años. Los montos pasan del 145 por ciento de la cuota anual del FMI para cada país al 435 por ciento y se exige mayor flexibilidad en la frecuencia de las revisiones que realiza el organismo en cada país.
Malas experiencias
Los EFF fueron creados con la Crisis del Petróleo como contexto, en 1974. Fue la primera de una serie de reformas del Fondo destinadas a ampliar de manera significativa el acceso de los miembros al crédito y dirigido especialmente a los países en desarrollo. “Sin embargo, hacia mediados de la década del ‘80, el propio FMI optó por desestimar los EFF, dado que la implementación sólo se había completado de acuerdo a lo previsto en un número muy reducido de casos”, recuerda el informe del Fondo. Las estadísticas del FMI advierten que las cancelaciones de este programa estuvieron relacionadas con la incapacidad política para cumplir con sus requisitos, lo que se traduce en aplicar el ajuste salvaje que impone el organismo y que en la Argentina tiene nombre de reforma laboral y previsional, al menos en el corto plazo.
“Los casos de éxito fueron ejecutados en su mayoría por gobiernos dictatoriales”, señala el informe de Synthesis. El primero, aplicado en Kenya (1978), fue interrumpido por incumplimiento. Lo mismo sucedió con Egipto (1981), Haití (1981), Jamaica (renegociado en 1984), Sri Lanka (1981), Guyana (1982), Honduras (1982), Sudán (1982), Bangladesh (1983), Marruecos (1983), Pakistan (1981), Costa Rica (1984), República Dominicana (1984), Costa Rica (1984), India (el país se rehúsa a retirar nuevos fondos), Sierra Leona (1984), Zaire y Zambia (cancelado por incumplimiento), Perú (1985) y Brasil (1986). En los casos de México (1979), Filipinas (1982), Costa de Marfil (1982) y Gabón (1984) se completó el programa.
Ucrania constituye uno de los ejemplos más recientes de la modalidad EFF. Luego de atravesar años de importantes conflictos internos y externos, el FMI jugó un papel importante en el devenir económico y político en Ucrania. Su primer programa EFF fue firmado en 1999, aunque fue cancelado en 2002 tras no haber cumplido los objetivos buscados. En 2008 el país volvió a recurrir al Fondo, y para 2010 lideraba el podio de países que más dinero habían recibido junto con Hungría y Rumania. El país se comprometió a reducir en un 40 por ciento el subsidio al valor del gas para los consumidores, lo que motivó duras manifestaciones. En marzo de 2015 el FMI acordó con el gobierno un nuevo programa EFF de cuatro años, aunque nuevamente fue cancelado antes de llegar a término, en 2017, dado que el gobierno sólo había cumplimentado una parte de los acuerdos que liberaría el quinto tramo de desembolsos: la reforma del sistema de pensiones. Hacia fines del año pasado, Ucrania y el FMI acordaron un nuevo Stand By, donde renovaron los compromisos incumplidos anteriormente.
De acuerdo con cifras del Fondo, la deuda externa creció más del ciento por ciento en los cuatro años de gestión Cambiemos, a lo que se suman los compromisos con el organismo. “Sólo entre 2022 y 2023, Argentina tendrá que devolver 45.800 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional por el acuerdo”, señala la consultora que dirige el ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli. La alternativa que se analiza en el Gobierno es pasarse a un acuerdo de Extended Fund Facility, que difiere en varios puntos de los acuerdos del actual Stand By. Extiende los plazos de acción, intervención y supervisión de los programas, pero no implica un incremento significativo de los fondos disponibles.
Los acuerdos Stand By buscan una rápida reversión de los desajustes momentáneos en la balanza de pagos. Los desajustes que generó el macrismo ya dejaron de ser momentáneos. “El EFF fue creado para brindar asistencia a los países: (i) que están experimentando graves desequilibrios en sus balanzas de pagos debido a impedimentos estructurales; o (ii) aquellos caracterizados por un crecimiento lento y una balanza de pagos inherentemente débil”, señala la página Web del organismo que conduce Christine Lagarde. El plazo mínimo entre un stand by y un EFF pasa de un año a cuatro, en tanto el reembolso se duplica a diez años. Los montos pasan del 145 por ciento de la cuota anual del FMI para cada país al 435 por ciento y se exige mayor flexibilidad en la frecuencia de las revisiones que realiza el organismo en cada país.
Malas experiencias
Los EFF fueron creados con la Crisis del Petróleo como contexto, en 1974. Fue la primera de una serie de reformas del Fondo destinadas a ampliar de manera significativa el acceso de los miembros al crédito y dirigido especialmente a los países en desarrollo. “Sin embargo, hacia mediados de la década del ‘80, el propio FMI optó por desestimar los EFF, dado que la implementación sólo se había completado de acuerdo a lo previsto en un número muy reducido de casos”, recuerda el informe del Fondo. Las estadísticas del FMI advierten que las cancelaciones de este programa estuvieron relacionadas con la incapacidad política para cumplir con sus requisitos, lo que se traduce en aplicar el ajuste salvaje que impone el organismo y que en la Argentina tiene nombre de reforma laboral y previsional, al menos en el corto plazo.
“Los casos de éxito fueron ejecutados en su mayoría por gobiernos dictatoriales”, señala el informe de Synthesis. El primero, aplicado en Kenya (1978), fue interrumpido por incumplimiento. Lo mismo sucedió con Egipto (1981), Haití (1981), Jamaica (renegociado en 1984), Sri Lanka (1981), Guyana (1982), Honduras (1982), Sudán (1982), Bangladesh (1983), Marruecos (1983), Pakistan (1981), Costa Rica (1984), República Dominicana (1984), Costa Rica (1984), India (el país se rehúsa a retirar nuevos fondos), Sierra Leona (1984), Zaire y Zambia (cancelado por incumplimiento), Perú (1985) y Brasil (1986). En los casos de México (1979), Filipinas (1982), Costa de Marfil (1982) y Gabón (1984) se completó el programa.
Ucrania constituye uno de los ejemplos más recientes de la modalidad EFF. Luego de atravesar años de importantes conflictos internos y externos, el FMI jugó un papel importante en el devenir económico y político en Ucrania. Su primer programa EFF fue firmado en 1999, aunque fue cancelado en 2002 tras no haber cumplido los objetivos buscados. En 2008 el país volvió a recurrir al Fondo, y para 2010 lideraba el podio de países que más dinero habían recibido junto con Hungría y Rumania. El país se comprometió a reducir en un 40 por ciento el subsidio al valor del gas para los consumidores, lo que motivó duras manifestaciones. En marzo de 2015 el FMI acordó con el gobierno un nuevo programa EFF de cuatro años, aunque nuevamente fue cancelado antes de llegar a término, en 2017, dado que el gobierno sólo había cumplimentado una parte de los acuerdos que liberaría el quinto tramo de desembolsos: la reforma del sistema de pensiones. Hacia fines del año pasado, Ucrania y el FMI acordaron un nuevo Stand By, donde renovaron los compromisos incumplidos anteriormente.
NOTRE DRAME
La inflación de marzo dejó chicas las peores pesadillas del Gobierno. Impulsada por el precio de los alimentos saltó al 4,7 por ciento y acumula 54,7 en doce meses. Acorralado por el fracaso de sus pronósticos, Macri anuncia un improvisado paquete de medidas en las que no creen ni los propios funcionarios.
Por Javier Lewkowicz
El índice de inflación de marzo alcanzó el 4,7 por ciento mensual, lo cual ubica en el 11,8 por ciento el avance de los precios en el primer trimestre, informó ayer el Indec. El rubro de alimentos y bebidas, sensible para determinar las condiciones de vida de la población, lleva en tres meses un aumento del 15,8 por ciento y alcanza el 64 por ciento en el último año. Con los aumentos tarifarios ya anunciados y los que todavía falta aplicar más el riesgo cambiario que crecerá con la cercanía de las elecciones, la expectativa inflacionaria para el año se ubica cerca del 40 por ciento, lo cual empeora el panorama para el poder adquisitivo del salario y otros ingresos, y profundiza la recesión económica. El Gobierno anunciará un paquete de medidas para congelar un puñado de precios y reforzar controles, herramientas de las cuales desde el presidente Macri hasta el último miembro del gabinete económico siempre renegaron.
LEER MÁS
Nuevas listas de precios con aumentos en abril | Los alimentos siguen trepando
LEER MÁS
El tomate encabeza el ranking con un 31, 3 por ciento | Los diez alimentos que más aumentaron
“La inflación se está desacelerando”, repetía en octubre del año pasado el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Apenas dos meses le duró el pronóstico. Del 5,4 por ciento de octubre, los precios subieron 3,2 en noviembre y 2,6 por ciento en diciembre. Luego se reeditó la máquina del pifie económico del Gobierno, inaugurada con la promesa de Macri de que en su Gobierno la inflación no sería un problema y seguida por las declaraciones del por entonces ministro Alfonso Prat-Gay de que la devaluación de diciembre de 2015 no impactaría en los precios y el error de casi 35 puntos en la inflación de 2018 (meta del Banco Central del 15 por ciento frente a una suba del 47,6 por ciento). Al revés de lo que decía Dujovne, en enero los precios se aceleraron al 2,9, luego un poco más al 3,8 en febrero y llegaron al 4,7 por ciento en marzo.
La inflación en alimentos volvió a ser determinante para el resultado de marzo, con un aumento mensual del 6 por ciento. Entre los que más subieron está el tomate redondo (31,3 por ciento), pollo entero (25,4), queso pategrás y queso sardo (9,5), queso cremoso (9,4), leche entera en sachet (9,4), manteca (9,2), pan de mesa (8,6) y dulce de leche (8,1). También subió fuerte la carne vacuna, como por ejemplo la carne picada (6 por ciento) y paleta (6,7), los huevos de gallina (7,2) y la yerba mate (6,9).
En doce meses, el rubro de alimentos y bebidas muestra un aumento del 64 por ciento, que es el principal factor que explica la suba de la pobreza y la indigencia y el empeoramiento de las condiciones de vida. En los alimentos impacta la cotización del dólar, que terminó febrero en 40,14 pesos y un mes después estaba en 44,40 pesos, una suba del 10,6 por ciento.
El rubro transporte subió un 4,2 por ciento en marzo, 9,1 por ciento en tres meses y 67,5 por ciento en el último año. Ese movimiento se explica por la política de tarifazos y quita de subsidios de parte del Gobierno nacional, que implicó para el AMBA la suba del boleto mínimo de colectivo de 16,50 a 18 pesos en marzo. Además, la desregulación del mercado de naftas derivó en un nuevo aumento de los combustibles. También por el lado de los servicios públicos, en marzo se produjo el aumento del 14 por ciento en la tarifa de electricidad, que sumó al 26 por ciento de febrero.
Con el inicio de la nueva temporada, la suba promedio de los precios de la ropa fue del 6,6 por ciento en marzo, mientras que las subas de medicamentos tuvo un impacto del 3,2 por ciento en el rubro salud. El capítulo de educación registró un incremento del 17,9 por ciento por la suba de las cuotas de los colegios y de los útiles escolares, mientras que el aumento del 18 por ciento de Movistar definió el alza del 4,4 por ciento del rubro comunicación. De la mano del dólar y de los altos costos financieros, equipamiento y mantenimiento del hogar subió un 3,8.
En doce meses, los bienes del Indice de Precios del Indec registran un incremento del 59,2 por ciento y los servicios, un 47,2 por ciento. El “IPC Núcleo” que excluye a los precios regulados y estacionales, tiene un aumento del 55,5 por ciento frente a marzo del año pasado.
Con la mitad del actual mes ya jugado, el Gobierno se remite a hacer tibias previsiones quincenales, diciendo que “la inflación de abril va a ser menor que la de marzo”, según el ministro de Producción, Dante Sica. La consultora Ecolatina calculó un 3,7 por ciento de inflación para abril, que está por debajo de marzo pero sigue siendo altísima, por el impacto de las subas en el transporte público, servicio de gas, alimentos y bebidas e indumentaria. Con ese resultado, se alcanzaría una suba de precios del 15 por ciento para el primer cuatrimestre. Estima que la inflación en 2019 cerraría en el 39 por ciento, siempre que el dólar se mantenga en sus cauces.
El índice de inflación de marzo alcanzó el 4,7 por ciento mensual, lo cual ubica en el 11,8 por ciento el avance de los precios en el primer trimestre, informó ayer el Indec. El rubro de alimentos y bebidas, sensible para determinar las condiciones de vida de la población, lleva en tres meses un aumento del 15,8 por ciento y alcanza el 64 por ciento en el último año. Con los aumentos tarifarios ya anunciados y los que todavía falta aplicar más el riesgo cambiario que crecerá con la cercanía de las elecciones, la expectativa inflacionaria para el año se ubica cerca del 40 por ciento, lo cual empeora el panorama para el poder adquisitivo del salario y otros ingresos, y profundiza la recesión económica. El Gobierno anunciará un paquete de medidas para congelar un puñado de precios y reforzar controles, herramientas de las cuales desde el presidente Macri hasta el último miembro del gabinete económico siempre renegaron.
LEER MÁS
Nuevas listas de precios con aumentos en abril | Los alimentos siguen trepando
LEER MÁS
El tomate encabeza el ranking con un 31, 3 por ciento | Los diez alimentos que más aumentaron
“La inflación se está desacelerando”, repetía en octubre del año pasado el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Apenas dos meses le duró el pronóstico. Del 5,4 por ciento de octubre, los precios subieron 3,2 en noviembre y 2,6 por ciento en diciembre. Luego se reeditó la máquina del pifie económico del Gobierno, inaugurada con la promesa de Macri de que en su Gobierno la inflación no sería un problema y seguida por las declaraciones del por entonces ministro Alfonso Prat-Gay de que la devaluación de diciembre de 2015 no impactaría en los precios y el error de casi 35 puntos en la inflación de 2018 (meta del Banco Central del 15 por ciento frente a una suba del 47,6 por ciento). Al revés de lo que decía Dujovne, en enero los precios se aceleraron al 2,9, luego un poco más al 3,8 en febrero y llegaron al 4,7 por ciento en marzo.
La inflación en alimentos volvió a ser determinante para el resultado de marzo, con un aumento mensual del 6 por ciento. Entre los que más subieron está el tomate redondo (31,3 por ciento), pollo entero (25,4), queso pategrás y queso sardo (9,5), queso cremoso (9,4), leche entera en sachet (9,4), manteca (9,2), pan de mesa (8,6) y dulce de leche (8,1). También subió fuerte la carne vacuna, como por ejemplo la carne picada (6 por ciento) y paleta (6,7), los huevos de gallina (7,2) y la yerba mate (6,9).
En doce meses, el rubro de alimentos y bebidas muestra un aumento del 64 por ciento, que es el principal factor que explica la suba de la pobreza y la indigencia y el empeoramiento de las condiciones de vida. En los alimentos impacta la cotización del dólar, que terminó febrero en 40,14 pesos y un mes después estaba en 44,40 pesos, una suba del 10,6 por ciento.
El rubro transporte subió un 4,2 por ciento en marzo, 9,1 por ciento en tres meses y 67,5 por ciento en el último año. Ese movimiento se explica por la política de tarifazos y quita de subsidios de parte del Gobierno nacional, que implicó para el AMBA la suba del boleto mínimo de colectivo de 16,50 a 18 pesos en marzo. Además, la desregulación del mercado de naftas derivó en un nuevo aumento de los combustibles. También por el lado de los servicios públicos, en marzo se produjo el aumento del 14 por ciento en la tarifa de electricidad, que sumó al 26 por ciento de febrero.
Con el inicio de la nueva temporada, la suba promedio de los precios de la ropa fue del 6,6 por ciento en marzo, mientras que las subas de medicamentos tuvo un impacto del 3,2 por ciento en el rubro salud. El capítulo de educación registró un incremento del 17,9 por ciento por la suba de las cuotas de los colegios y de los útiles escolares, mientras que el aumento del 18 por ciento de Movistar definió el alza del 4,4 por ciento del rubro comunicación. De la mano del dólar y de los altos costos financieros, equipamiento y mantenimiento del hogar subió un 3,8.
En doce meses, los bienes del Indice de Precios del Indec registran un incremento del 59,2 por ciento y los servicios, un 47,2 por ciento. El “IPC Núcleo” que excluye a los precios regulados y estacionales, tiene un aumento del 55,5 por ciento frente a marzo del año pasado.
Con la mitad del actual mes ya jugado, el Gobierno se remite a hacer tibias previsiones quincenales, diciendo que “la inflación de abril va a ser menor que la de marzo”, según el ministro de Producción, Dante Sica. La consultora Ecolatina calculó un 3,7 por ciento de inflación para abril, que está por debajo de marzo pero sigue siendo altísima, por el impacto de las subas en el transporte público, servicio de gas, alimentos y bebidas e indumentaria. Con ese resultado, se alcanzaría una suba de precios del 15 por ciento para el primer cuatrimestre. Estima que la inflación en 2019 cerraría en el 39 por ciento, siempre que el dólar se mantenga en sus cauces.
