EFE
11/12/2019
Vista general del velatorio de algunas de las víctimas fatales de los disturbios ocurridos en la víspera cerca de una refinería de gas este miércoles, en el templo San Francisco de Asís, en El Alto (Bolivia). MARTÍN ALIPAZ
Un extenso informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la Organización de Estados Americanos, denuncia "masacres" y "ejecuciones extrajudiciales"
"Estos hechos pueden caracterizarse como masacres dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar y a que se cometieron en contra de un grupo específico de personas". "No es claro que la institucionalidad nacional esté en condiciones o capacidad de cumplir con la obligación internacional de investigación y sanción a los responsables"
Un investigación internacional debe esclarecer la violencia en Bolivia tras las fallidas elecciones de octubre, incluidas las "masacres" de civiles, según ha declarado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Un extenso informe difundido este miércoles por esta comisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) califica de "masacres" las muertes de civiles en dos ciudades bolivianas, entre otras posibles violaciones de derechos humanos como "ejecuciones extrajudiciales".
Denuncia de "masacres"
El informe es resultado de una visita de observadores de la CIDH por "invitación del Estado" boliviano entre los pasados 22 y 25 de noviembre a cuatro ciudades de Bolivia, entre ellas Sacaba y El Alto.
La comisión constata que desde los comicios del pasado 20 de octubre, que fueron después anulados, han muerto 36 personas por la violencia en el país, al menos 18 de ellas en esas dos ciudades.
Otras entidades como la Defensoría del Pueblo de Bolivia cifran en al menos una veintena los fallecidos, diez en Sacaba el pasado 15 de noviembre y otros diez en El Alto el 19 de ese mes.
El estudio de la CIDH advierte de que en ambos casos fuerzas conjuntas policiales y militares "habrían abierto fuego contra la población civil". La comisión recoge que la versión oficial niega que fueran las fuerzas del orden las que dispararan, mientras que las víctimas denuncian "represión con armas de fuego"."Estos hechos pueden caracterizarse como masacres dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar, y a que se cometieron en contra de un grupo específico de personas", detalle el informe. "Los patrones de las lesiones que se han registrado ofrecen serios indicios de prácticas de ejecución extrajudicial", añade.
Investigación internacional
La CIDH fue informada también de otras muertes, incluyendo agentes de la fuerza pública, en sucesos violentos en el país. "Se trata de hechos de violencia extremadamente graves, con aparente participación tanto de la fuerza pública como de distintos sectores sociales", destaca.
El análisis apunta a que "no es claro que la institucionalidad nacional esté en condiciones o en capacidad de cumplir con la obligación estatal internacional de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables".
Por ello, la CIDH considera que "se trata de una situación típica en la que se plantea al Estado la necesidad de permitir la instauración de una investigación internacional independiente e imparcial sobre estos hechos".
La comisión asegura que el Gobierno interino de Bolivia de ha mostrado "plenamente de acuerdo" con una investigación internacional.
Violaciones de derechos
El informe alerta además de casos de "incitación a la violencia y a la discriminación étnica y racial", indicando que "tanto los oficialistas como la oposición se han acusado recíprocamente de instigar a las masas al uso de la violencia".
Algunos de los casos que concreta son ataques a mujeres con pollera, una falda externa que forma parte de la vestimenta tradicional, y a la whipala, una bandera de comunidades indígenas.
La comisión también señala "el recurso simultáneo, desde el Estado, a la persecución penal de los opositores políticos, a quienes se señala de cometer los delitos de sedición, terrorismo".
El Gobierno interino de Bolivia ha denunciado ante la Fiscalía por ese tipo de delitos a Evo Morales y varios ministros del que fue su Ejecutivo.
Arrestos y detenciones arbitrarias, ataques a periodistas y bloqueos de carreteras que ocasionaron escasez de alimentos y de combustibles, afectando a servicios de salud y educación, también se recogen en el informe.
Conclusiones de la CIDH
La CIDH emite una serie de conclusiones, la primera la necesidad de una investigación internacional y otras como "suspender el despliegue masivo de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía" para "restablecerlos a sus posiciones normales en tiempos de paz".
"Desmantelar los grupos armados particulares que han ejercido la violencia contra la población civil en todo el país, del bando que sean", es otra de las recomendaciones. La comisión rechaza además cualquier "amnistía" a quienes se considere responsables de estos hechos violentos.
El Parlamento boliviano tramita una ley presentada por el partido de Evo Morales, que tiene mayoría, que el Gobierno interino ha advertido que no promulgará por considerar que busca una amnistía para dejar impunes algunos de esos hechos.
La violencia comenzó en Bolivia el día después de los comicios en los que Morales fue proclamado vencedor para un cuarto mandato consecutivo, entre denuncias de fraude a su favor.
Un informe de la OEA del pasado 10 de noviembre advirtió graves irregularidades en las elecciones y ese día Evo Morales anunció su renuncia, denunciando un golpe de Estado para derrocarlo.
El país quedó sumido en el caos, con un vacío de poder hasta que dos días después la entonces senadora opositora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta hasta unos nuevos comicios.
La CIDH fue informada también de otras muertes, incluyendo agentes de la fuerza pública, en sucesos violentos en el país. "Se trata de hechos de violencia extremadamente graves, con aparente participación tanto de la fuerza pública como de distintos sectores sociales", destaca.
El análisis apunta a que "no es claro que la institucionalidad nacional esté en condiciones o en capacidad de cumplir con la obligación estatal internacional de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables".
Por ello, la CIDH considera que "se trata de una situación típica en la que se plantea al Estado la necesidad de permitir la instauración de una investigación internacional independiente e imparcial sobre estos hechos".
La comisión asegura que el Gobierno interino de Bolivia de ha mostrado "plenamente de acuerdo" con una investigación internacional.
Violaciones de derechos
El informe alerta además de casos de "incitación a la violencia y a la discriminación étnica y racial", indicando que "tanto los oficialistas como la oposición se han acusado recíprocamente de instigar a las masas al uso de la violencia".
Algunos de los casos que concreta son ataques a mujeres con pollera, una falda externa que forma parte de la vestimenta tradicional, y a la whipala, una bandera de comunidades indígenas.
La comisión también señala "el recurso simultáneo, desde el Estado, a la persecución penal de los opositores políticos, a quienes se señala de cometer los delitos de sedición, terrorismo".
El Gobierno interino de Bolivia ha denunciado ante la Fiscalía por ese tipo de delitos a Evo Morales y varios ministros del que fue su Ejecutivo.
Arrestos y detenciones arbitrarias, ataques a periodistas y bloqueos de carreteras que ocasionaron escasez de alimentos y de combustibles, afectando a servicios de salud y educación, también se recogen en el informe.
Conclusiones de la CIDH
La CIDH emite una serie de conclusiones, la primera la necesidad de una investigación internacional y otras como "suspender el despliegue masivo de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía" para "restablecerlos a sus posiciones normales en tiempos de paz".
"Desmantelar los grupos armados particulares que han ejercido la violencia contra la población civil en todo el país, del bando que sean", es otra de las recomendaciones. La comisión rechaza además cualquier "amnistía" a quienes se considere responsables de estos hechos violentos.
El Parlamento boliviano tramita una ley presentada por el partido de Evo Morales, que tiene mayoría, que el Gobierno interino ha advertido que no promulgará por considerar que busca una amnistía para dejar impunes algunos de esos hechos.
La violencia comenzó en Bolivia el día después de los comicios en los que Morales fue proclamado vencedor para un cuarto mandato consecutivo, entre denuncias de fraude a su favor.
Un informe de la OEA del pasado 10 de noviembre advirtió graves irregularidades en las elecciones y ese día Evo Morales anunció su renuncia, denunciando un golpe de Estado para derrocarlo.
El país quedó sumido en el caos, con un vacío de poder hasta que dos días después la entonces senadora opositora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta hasta unos nuevos comicios.
