Soterramiento del Sarmiento: cómo fue la maniobra de Iecsa y Odebrecht para desviar fondos y pagar. La fiscalía apunta contra la histórica empresa del Grupo Macri y la firma brasileña
Por Irina Hauser
13 de febrero de 2020
Imagen: Alejandro Leiva
El fiscal Franco Picardi consideró probado y detalló cómo las empresas triangularon 4,5 millones de dólares para pagar sobornos y acceder a la millonaria licitación. El fiscal entregó un informe que complica a la unión de empresas encargadas del soterramiento del tren Sarmiento, encabezada por Iecsa, histórica empresa del Grupo Macri y luego de Angelo Calcaterra (primo del ex presidente) y la brasileña Odebrecht, ya que consideró que está probado que fugaron cerca de 4.495.250 dólares hacia la Banca Privada de Andorra para pagar coimas a cambio de aquella licitación.
El documento, que ahora está en manos del juez del caso, Marcelo Martínez de Giorgi, reconstruye cómo fue el “circuito de transferencias y pagos que realizaron las firmas integrantes del consorcio desde y hacia cuentas radicadas en el exterior a nombre de empresas offshore”. La hipótesis es que para disimular los pagos ilegales se suscribieron dos contratos falsos de consultoría con una firma española llamada DSC, también usada por Odebrecht para pagar coimas en otros países de la región. Los fondos provenían de anticipos financieros del Estado, dice Picardi, y los sobornos estaban dirigidos hacia funcionarios del Ministerio de Planificación.
Las nuevas pruebas que Picardi puso sobre la mesa demuestran, a su entender, que el consorcio de empresas al que se adjudicó las obras del Sarmiento --que además de Iecsa y Odebrecht integraban la italiana Ghella, también socia recurrente de los Macri y la española Comsa-- está vinculado “de manera cierta e indubitable con operaciones de triangulación de dinero espurio a través del cuentas del BPA (Banca Privada de Andorra) originados con motivo de la licitación pública en trato”.
Las nuevas pruebas que Picardi puso sobre la mesa demuestran, a su entender, que el consorcio de empresas al que se adjudicó las obras del Sarmiento --que además de Iecsa y Odebrecht integraban la italiana Ghella, también socia recurrente de los Macri y la española Comsa-- está vinculado “de manera cierta e indubitable con operaciones de triangulación de dinero espurio a través del cuentas del BPA (Banca Privada de Andorra) originados con motivo de la licitación pública en trato”.
Todo empezó con un aviso en 2015 de la FinCEN --el organismo antilavado de Estados Unidos-- a la autoridad financiera de Andorra, que finalmente detectó operaciones irregulares. Un informe de las operaciones de la BPA en España al que se llamó “Operación Sarmiento”, con fecha de junio de 2017, afirmaba que la unión transitoria de empresas en cuestión trianguló fondos para pagar sobornos. Picardi añade que el dinero salió de la cuenta bancaria de ese consorcio (la número 294579 del Banco Santander Río) a una firma española. Quien hacía las transferencias era Santiago Altieri, apoderado de Iecsa.
El movimiento de fondos ocurrió, precisa el escrito, entre 2011 y 2013. Aparecía destinado al pago de las contrataciones con la empresa española Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación (DSC). Pero los fondos “circularon de manera escalonada” a través de las cuentas de la UTE CNS argentina; de la empresa DSC; Convergence Capital Partners B.V., radicada en Holanda; Lion’s Sul Corporation N.V, también de Holanda; Egeland Consultance Inc., de Islas Vírgenes Británicas; Meinl Bank LTD St. John’s; Nashville Financial Group; y Carday Capital SA en Panamá y con domicilio en Uruguay (constituida por el estudio Mosack Fonseca de los Panamá Papers). Es una estructura off shore de sociedades también utilizadas por Odebrecht para canalizar pagos indebidos para impedir el rastreo del origen de los fondos y sus destinatarios.
Se hicieron doce transferencias detalladas por Picardi con el argumento del pago de consultorías, servicios de asistencia técnica y servicios técnicos. Pero, según insiste el fiscal, “el consorcio no logró probar la existencia de una efectiva prestación de servicios por parte de DSC”. Hay dos contratos para justificar los pagos que tienen la misma fecha (20 de diciembre de 2010) y pactan los mismos servicios. Además, dice, DSC contrató a otra firma, Ingroup, supuestamente para concretar la prestación de servicios, pero ésta resultó inexistente. DSC transfiere algo más de 4 millones recibidos de la UTE a la firma Convergence Capital, en Holanda, que a la vez envía el dinero en partes a las otras sociedades. Carday funcionó como receptora de buena parte de los fondos. “No caben dudas de que la Unión Transitoria de Empresas suscribió el convenio contractual con DSC y fingió la contratación de prestaciones de servicios inexistentes con la única finalidad de respaldar la salida de fondos espurios al exterior”, dice el informe.
El documento del fiscal incluye correos electrónicos que respaldan la existencia de los desembolsos de la llamada “Operación Sarmiento”, un informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) que analizó los extractos bancarios y transferencias; los detalles de las inconsistencias de los contratos; los servicios fantasmas de DSC que la UTE intentó fundar en documentos deficientes, la inexistencia de Ingroup más informes del Registro Mercantil Central de España, entre los elementos centrales.
Picardi había pedido en abril pasado los procesamientos de Calcaterra, Altieri y otros empresarios implicados por cohecho. Lo mismo respecto de los ex funcionarios Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, José López y Roberto Baratta. Después, el juez Martínez de Giorgi procesó a los ex funcionarios, incluso a Julio De Vido y a Manuel Vázquez, ex mano derecha de Jaime. Pero para la mayoría de los empresarios dispuso falta de mérito. Luego, en agosto pasado, la Cámara Federal anuló todas las decisiones del juez al considerar que carecía de fundamentos. Las nuevas pruebas presentadas por la fiscalía por lo pronto complican el panorama de los empresarios.
El movimiento de fondos ocurrió, precisa el escrito, entre 2011 y 2013. Aparecía destinado al pago de las contrataciones con la empresa española Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación (DSC). Pero los fondos “circularon de manera escalonada” a través de las cuentas de la UTE CNS argentina; de la empresa DSC; Convergence Capital Partners B.V., radicada en Holanda; Lion’s Sul Corporation N.V, también de Holanda; Egeland Consultance Inc., de Islas Vírgenes Británicas; Meinl Bank LTD St. John’s; Nashville Financial Group; y Carday Capital SA en Panamá y con domicilio en Uruguay (constituida por el estudio Mosack Fonseca de los Panamá Papers). Es una estructura off shore de sociedades también utilizadas por Odebrecht para canalizar pagos indebidos para impedir el rastreo del origen de los fondos y sus destinatarios.
Se hicieron doce transferencias detalladas por Picardi con el argumento del pago de consultorías, servicios de asistencia técnica y servicios técnicos. Pero, según insiste el fiscal, “el consorcio no logró probar la existencia de una efectiva prestación de servicios por parte de DSC”. Hay dos contratos para justificar los pagos que tienen la misma fecha (20 de diciembre de 2010) y pactan los mismos servicios. Además, dice, DSC contrató a otra firma, Ingroup, supuestamente para concretar la prestación de servicios, pero ésta resultó inexistente. DSC transfiere algo más de 4 millones recibidos de la UTE a la firma Convergence Capital, en Holanda, que a la vez envía el dinero en partes a las otras sociedades. Carday funcionó como receptora de buena parte de los fondos. “No caben dudas de que la Unión Transitoria de Empresas suscribió el convenio contractual con DSC y fingió la contratación de prestaciones de servicios inexistentes con la única finalidad de respaldar la salida de fondos espurios al exterior”, dice el informe.
El documento del fiscal incluye correos electrónicos que respaldan la existencia de los desembolsos de la llamada “Operación Sarmiento”, un informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) que analizó los extractos bancarios y transferencias; los detalles de las inconsistencias de los contratos; los servicios fantasmas de DSC que la UTE intentó fundar en documentos deficientes, la inexistencia de Ingroup más informes del Registro Mercantil Central de España, entre los elementos centrales.
Picardi había pedido en abril pasado los procesamientos de Calcaterra, Altieri y otros empresarios implicados por cohecho. Lo mismo respecto de los ex funcionarios Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, José López y Roberto Baratta. Después, el juez Martínez de Giorgi procesó a los ex funcionarios, incluso a Julio De Vido y a Manuel Vázquez, ex mano derecha de Jaime. Pero para la mayoría de los empresarios dispuso falta de mérito. Luego, en agosto pasado, la Cámara Federal anuló todas las decisiones del juez al considerar que carecía de fundamentos. Las nuevas pruebas presentadas por la fiscalía por lo pronto complican el panorama de los empresarios.
