Por Carlos Heller
NODAL, 18 febrero, 2020
El ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, anunció a fines de enero el envío de un proyecto de Ley al Congreso de la Nación denominado “Restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera”. Pocos días después, el 12 de febrero, luego de haberse aprobado la Ley con el voto casi unánime de ambas cámaras, el funcionario brindó una exposición sobre este tema en el recinto de Diputados. En esa oportunidad dejó en claro que “el país padece una carga de deuda insostenible, que de no resolverse profundizaría el descalabro macroeconómico”.
Esta afirmación no hace más que reflejar la realidad. Entre otras complicaciones, según el acuerdo alcanzado por el gobierno de Mauricio Macri con el FMI a mediados de 2018, se pactaron desembolsos por un total de U$S 57.500 millones, de los cuales se recibieron U$S 45.500. Cerca de un 80% de los desembolsos debería devolverse en el bienio 2022-2023: objetivo imposible de cumplir, dada la concentración de los vencimientos y los altos montos involucrados.
Este préstamo se gestó en el marco de una situación límite en la cual la Argentina ya no podía acceder a otros prestamistas internacionales. Lejos había quedado el optimismo imperante en los mercados y el propio gobierno de Cambiemos al comienzo de su gestión. En el año 2016, el documento “Argentina, tierra de oportunidades”, que circulaba por el mundo financiero para atraer fondos hacia la Argentina, mencionaba la “muy baja relación deuda/PIB con privados: 13%” que ostentaba la Argentina en comparación con el 60% en promedio en el resto de Latinoamérica. Ese era el escenario de deuda cuando asumió Macri.
En poco tiempo, el panorama cambió drásticamente. En términos generales, la deuda total del sector público pasó del 52,6% del PIB en el cuarto trimestre de 2015 (Macri asumió en diciembre de ese año) al 88,8% del PIB a fines de 2019, cuando finalizaba su mandato.
En consecuencia, la situación no es para nada fácil: al fuerte endeudamiento del gobierno anterior, con el FMI y también con otros acreedores, se suma el hecho de que parte del dinero obtenido se convirtió en lo que técnicamente se denomina “formación de activos externos” y coloquialmente “fuga de capitales”. Es decir, lejos de generar capacidad de repago a partir de la inversión en la economía real para fomentar el crecimiento económico, la mayor parte de las divisas recibidas fueron destinadas al mercado financiero. Un mercado que se volvió particularmente atractivo por la desregularización que aplicó el gobierno de Macri y porque ofrecía una importante rentabilidad a partir de tasas de interés que llegaron a un pico del 86% anual en septiembre de 2019, con una inflación anual del 53,8%.
Las medidas de control cambiario fueron tomadas como último recurso y en pleno contexto electoral por la coalición de gobierno Cambiemos. Luego de las elecciones primarias de agosto, se produjo un importante aumento en la salida neta de dólares para atesoramiento, llegando a los U$S 5.909 millones, un 112% más que el mismo mes del año anterior y la mayor desde el inicio de esa serie publicada por el Banco Central argentino en el año 2003. En estas circunstancias, a partir de septiembre de 2019, junto con el primer reperfilamiento (alargamiento de los plazos de pago con cumplimiento de intereses de la deuda) se estableció un tope de compra de moneda extranjera para personas humanas de U$S 10.000 mensuales y la obligación de liquidar las divisas a los agroexportadores. Ambas constituyeron reversiones de medidas que se habían tomado al comienzo de la gestión del gobierno macrista, cuando se eliminaron las restricciones cambiarias existentes hasta 2015 y se permitió a los exportadores no ingresar al país las divisas obtenidas por sus ventas.
Volviendo a la situación actual, existen razones suficientes para que el gobierno de Alberto Fernández haya tomado el tema del endeudamiento argentino como prioritario. En palabras del mandatario: “para poder pagar hay que crecer primero. El país tiene la voluntad de pagar pero carece (en las actuales condiciones) de la capacidad para hacerlo”.
En la mencionada intervención del ministro de Economía Guzmán en la presentación del proyecto de la ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública éste también señaló que “en este momento la relación con el FMI es diferente a lo que ha ocurrido en otras instancias en la historia argentina. Nosotros estamos en control, este es un programa económico diseñado por nosotros y ejecutado por nosotros y no vamos a permitir ninguna condicionalidad”. Una reflexión que no debe ser pasada por alto ya que implica una no sumisión a las comúnmente llamadas “reformas estructurales” que se traducen en una directa intervención del Fondo en las políticas soberanas de los países deudores. Un giro importante con relación a la gestión de Macri, cuyas políticas, avaladas por el organismo, llevaron a un achicamiento de la economía argentina junto con elevados niveles de pobreza y desempleo.
Una de las últimas decisiones tomadas por el actual gobierno en materia de deuda fue el reperfilamiento del pago del Bono AF20, de legislación local. El objetivo es “contar con más tiempo para poder reestructurar este bono de una forma consistente con el resto de la reestructuración de la deuda externa”, según el comunicado del Ministerio de Economía. Se pagarán sólo los intereses de este bono por unos U$S 117 millones y no se reperfilarán los vencimientos de personas humanas con tenencias inferiores a un valor nominal de U$S 20.000.
Los servicios de deuda argentina con privados y organismos internacionales suman un total de U$S 36.400 millones en 2020. Es por ello que el peso de la deuda es un condicionante absoluto para cualquier propuesta que se quiera llevar adelante. De allí que el Presupuesto Nacional 2020 sería tratado en el Parlamento luego de arribar a un acuerdo de reestructuración de la deuda con los acreedores, previsto para fines de marzo.
Vale la pena cerrar esta nota con una frase presente en el comunicado de este último reperfilamiento: “Este gobierno no va a aceptar que la sociedad argentina quede rehén de los mercados financieros internacionales, ni va a favorecer la especulación por sobre el bienestar de la gente”. Queda claro cuáles son las prioridades del actual gobierno argentino, que asumió en diciembre del año pasado, luego de haber obtenido la mayoría de los votos de la ciudadanía en las elecciones de octubre.
(*) Diputado Nacional Frente de Todos. Presidente Partido Solidario
