Por Rodrigo Alonso
7 febrero, 2020
7 febrero, 2020
La Luc representa un punto en una trama que tiene como hecho principal la recuperación de la iniciativa política de las clases altas uruguayas luego de 15 años de gobierno progresista.
Las movilizaciones de Un Solo Uruguay en enero de 2018, la irrupción de Cabildo Abierto y, finalmente, lo más relevante, el triunfo de la coalición multicolor en las elecciones nacionales son los hitos fundamentales de este nuevo vaivén del péndulo político nacional.
En términos tácticos, los promotores de este borrador eligen situarlo en un marco –ganador, desde su punto de vista– que se asienta en las oposiciones seguridad versus delincuencia, orden (protección de la propiedad, libre circulación) versus desorden (acción sindical, protesta social), austeridad estatal versus despilfarro.
Si asumimos que hay un discurso popular de claro corte punitivista y con algunos rasgos antiestatistas, que recibe con simpatía mensajes de restablecimiento del orden y de austeridad estatal, podemos decir que esta ley, si bien choca frontalmente con la sensibilidad de izquierda o progresista, se cuida de ser explícitamente antipopular, aunque lo sea en sus fundamentos.
En un sentido estratégico, es posible identificar el esbozo de algunas líneas maestras del proyecto de la coalición electa para los próximos años: 1) incremento del punitivismo y de la gestión policial de lo social y el conflicto político, que da muestras de un proyecto hegemónico más asentado en la coacción que en la búsqueda de consensos; 2) fuerte ofensiva en materia de gobernanza del sistema educativo; 3) señales de reafirmación de la alianza con el poder mediático; 4) expropiación de bienes comunes (privatización y liberalización de las empresas públicas), y 5) debilitamiento de las capacidades de lucha y resistencia de las organizaciones de trabajadores.
El aspecto económico no es el núcleo duro del anteproyecto, aunque podemos encontrar artículos de entidad, como el caso la derogación del monopolio de Ancap o la marcha atrás en la ley de inclusión financiera (sobre estos dos temas véanse notas de Mauricio Pérez y Víctor H Abelando).
El capítulo económico inicia con la incorporación de una regla fiscal, instrumento con el que cuentan diversos países y que busca evitar un gasto público procíclico y lograr uno contracíclico. Esto es, ahorrar cuando se está en fases de crecimiento para gastar en fases de caída o estancamiento. Suena razonable. Sin embargo, en nuestras sociedades estructuralmente desiguales, este tipo de herramientas suelen utilizarse para limitar el fin redistributivo de la expansión del gasto público en el entendido de que ello provoca endeudamiento y desequilibrios macroeconómicos. El sentido de este instrumento, por tanto, es limitar el uso de recursos en gasto social y salario indirecto de la población. También es posible leer la regla fiscal como una señal de ajuste en el gasto público al capital financiero y por tanto de capacidad de repago, resguardando la posibilidad de transitar un ciclo de endeudamiento.
El artículo 192, referido a la derogación del monopolio de la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados que protege Ancap, es un calco de la ley 17.448 de 2002, derogada el año siguiente mediante referéndum, con el apoyo de más del 63 por ciento de los votos.
La derogación del monopolio supone que la liquidación o el achicamiento de Ancap y la importación directa permite abaratar el precio del combustible; aunque también podría representar una señal al capital extranjero de que el Estado se está retrayendo de la economía y está habilitando el ingreso del sector privado.
El derecho a la portabilidad numérica (artículo 451 de la Luc) habilita al usuario el mantenimiento de su número de celular aún cuando cambie de operador de telefonía móvil: parece hecho a la medida de las operadoras privadas para disputarle usuarios a la estatal Antel.
El capítulo de las mypymes así como el retroceso en la ley de inclusión financiera (retira la obligatoriedad en el pago del salario por medios financieros y electrónicos y rehabilita las transacciones entre particulares en efectivo sin importar el monto, favoreciendo la informalidad y la evasión impositiva) parecen concesiones a algunos sectores del pequeño y mediano capital, cuyos actores han sido los más activos en estas demandas durante los últimos años.
El conjunto del articulado en materia económica deja entrever un sustrato ideológico típicamente liberal, en que el mercado es el mejor regulador y asignador de recursos y la competencia, el mecanismo para lograr la eficiencia y el mejor interés de la población.
Es notoria la voluntad de empujar a las empresas públicas a un esquema de competencia, de creciente autonomización del poder político y de afirmación de su rol mercantil. Esto está en línea con una propuesta de reforma de las empresas públicas que circuló a finales del año pasado y que contó con el apoyo de influyentes profesionales, en su mayoría miembros de diversas consultoras económicas privadas.1
El movimiento de fondo. Este anteproyecto deja traslucir la reactivación y la profundización de lo que ha sido la visión estratégica de los sectores dominantes. Esto es: acoplarse al papel que la mundialización capitalista le va dejando a Sudamérica en la reconfiguración de la división internacional del trabajo, mediante la liquidación de los entramados económicos nacionales en favor de aquellos segmentos con ventajas comparativas con el resto del mundo, básicamente los sectores asociados a los recursos naturales.
Las consecuencias ya las conocemos: incremento de la desigualdad, fragmentación social y violencia. Estamos ante una agenda país que no sólo busca avanzar sobre la expropiación de bienes comunes –como es el caso de Ancap–, sino que, aunque esto no esté explicitado en el anteproyecto, se encamina hacia la expropiación del salario en forma directa (a través de las remuneraciones) e indirecta (a través del pago de los servicios públicos).
En suma, se trata de una orientación estratégica que busca favorecer a “sectores ganadores” en su proceso de inserción internacional y al mismo tiempo tiene como contracara la precarización de la vida de vastos sectores de la población, el incremento de las poblaciones excluidas y la intensificación del conflicto social.
Lejos de representar un horizonte de orden, este articulado deja entrever un proyecto que desarma nuestras capacidades colectivas para lidiar con un país que se fragmenta y polariza. La inclusión de un incremento sustancial del punitivismo y de diversos mecanismos para el control de la protesta social no es casual.
En las líneas maestras del proyecto de reestabilización del capitalismo uruguayo es necesario blindar a los cuerpos armados para el ejercicio de la represión del delito y de la protesta social. El mensaje es claro: el espacio público no es un lugar para el acontecimiento político y el encuentro de la ciudadanía, sino para la circulación de las mercancías en sus diferentes formas: fuerza de trabajo, productos o servicios.
A pesar de presentarse como una propuesta que protege y favorece al funcionario policial, en términos globales, resulta en todo lo contrario, ya que expresa una apuesta que renuncia a conducir un proyecto integrador y que se dispone a “tercerizar” la gestión del conflicto político y la cuestión social en los cuerpos armados.
El creciente peso de la gestión policial (cada vez más militarizada) de la fractura social, lejos de favorecer a los cuerpos policiales, los pone en la primera línea de combate de la población excluida y la disidencia política, lo cual incrementa la violencia y la deshumanización a la que están expuestos.
Los privilegios que la elite uruguaya no está dispuesta a resignar luego se traducen en un conflicto cuerpo a cuerpo entre trabajadores públicos policiales y poblaciones marginadas. Este camino, más que representar una dignificación de la función policial, profundiza su degradación.
Una sociedad no es un cúmulo de consumidores. Puede resultar seductora la promesa de un plan de datos con más beneficios o pagar la nafta 10 pesos más barata, pero no es negocio si esto viene de la mano de un país en descomposición y sin herramientas para hacer frente a eso, porque lo que antes era una empresa estatal potente y alineada con objetivos nacionales ahora es una multinacional que remite utilidades a su casa matriz.
Con este anteproyecto, los partidos tradicionales y sus nuevos aliados vuelven a mostrar que representan una elite que no tiene nada que ofrecerle a Uruguay y que no está a la altura de los dilemas que enfrentamos como país. Como en la década de los noventa, toca volver a frenar este proyecto de deterioro de los marcos de convivencia, al mismo tiempo que nos preparamos programática y organizativamente para dar cauce a otra agenda nacional.
* Economista uruguayo. Integrante del Consejo Editor de hemisferioizquierdo.uy
El derecho a la portabilidad numérica (artículo 451 de la Luc) habilita al usuario el mantenimiento de su número de celular aún cuando cambie de operador de telefonía móvil: parece hecho a la medida de las operadoras privadas para disputarle usuarios a la estatal Antel.
El capítulo de las mypymes así como el retroceso en la ley de inclusión financiera (retira la obligatoriedad en el pago del salario por medios financieros y electrónicos y rehabilita las transacciones entre particulares en efectivo sin importar el monto, favoreciendo la informalidad y la evasión impositiva) parecen concesiones a algunos sectores del pequeño y mediano capital, cuyos actores han sido los más activos en estas demandas durante los últimos años.
El conjunto del articulado en materia económica deja entrever un sustrato ideológico típicamente liberal, en que el mercado es el mejor regulador y asignador de recursos y la competencia, el mecanismo para lograr la eficiencia y el mejor interés de la población.
Es notoria la voluntad de empujar a las empresas públicas a un esquema de competencia, de creciente autonomización del poder político y de afirmación de su rol mercantil. Esto está en línea con una propuesta de reforma de las empresas públicas que circuló a finales del año pasado y que contó con el apoyo de influyentes profesionales, en su mayoría miembros de diversas consultoras económicas privadas.1
El movimiento de fondo. Este anteproyecto deja traslucir la reactivación y la profundización de lo que ha sido la visión estratégica de los sectores dominantes. Esto es: acoplarse al papel que la mundialización capitalista le va dejando a Sudamérica en la reconfiguración de la división internacional del trabajo, mediante la liquidación de los entramados económicos nacionales en favor de aquellos segmentos con ventajas comparativas con el resto del mundo, básicamente los sectores asociados a los recursos naturales.
Las consecuencias ya las conocemos: incremento de la desigualdad, fragmentación social y violencia. Estamos ante una agenda país que no sólo busca avanzar sobre la expropiación de bienes comunes –como es el caso de Ancap–, sino que, aunque esto no esté explicitado en el anteproyecto, se encamina hacia la expropiación del salario en forma directa (a través de las remuneraciones) e indirecta (a través del pago de los servicios públicos).
En suma, se trata de una orientación estratégica que busca favorecer a “sectores ganadores” en su proceso de inserción internacional y al mismo tiempo tiene como contracara la precarización de la vida de vastos sectores de la población, el incremento de las poblaciones excluidas y la intensificación del conflicto social.
Lejos de representar un horizonte de orden, este articulado deja entrever un proyecto que desarma nuestras capacidades colectivas para lidiar con un país que se fragmenta y polariza. La inclusión de un incremento sustancial del punitivismo y de diversos mecanismos para el control de la protesta social no es casual.
En las líneas maestras del proyecto de reestabilización del capitalismo uruguayo es necesario blindar a los cuerpos armados para el ejercicio de la represión del delito y de la protesta social. El mensaje es claro: el espacio público no es un lugar para el acontecimiento político y el encuentro de la ciudadanía, sino para la circulación de las mercancías en sus diferentes formas: fuerza de trabajo, productos o servicios.
A pesar de presentarse como una propuesta que protege y favorece al funcionario policial, en términos globales, resulta en todo lo contrario, ya que expresa una apuesta que renuncia a conducir un proyecto integrador y que se dispone a “tercerizar” la gestión del conflicto político y la cuestión social en los cuerpos armados.
El creciente peso de la gestión policial (cada vez más militarizada) de la fractura social, lejos de favorecer a los cuerpos policiales, los pone en la primera línea de combate de la población excluida y la disidencia política, lo cual incrementa la violencia y la deshumanización a la que están expuestos.
Los privilegios que la elite uruguaya no está dispuesta a resignar luego se traducen en un conflicto cuerpo a cuerpo entre trabajadores públicos policiales y poblaciones marginadas. Este camino, más que representar una dignificación de la función policial, profundiza su degradación.
Una sociedad no es un cúmulo de consumidores. Puede resultar seductora la promesa de un plan de datos con más beneficios o pagar la nafta 10 pesos más barata, pero no es negocio si esto viene de la mano de un país en descomposición y sin herramientas para hacer frente a eso, porque lo que antes era una empresa estatal potente y alineada con objetivos nacionales ahora es una multinacional que remite utilidades a su casa matriz.
Con este anteproyecto, los partidos tradicionales y sus nuevos aliados vuelven a mostrar que representan una elite que no tiene nada que ofrecerle a Uruguay y que no está a la altura de los dilemas que enfrentamos como país. Como en la década de los noventa, toca volver a frenar este proyecto de deterioro de los marcos de convivencia, al mismo tiempo que nos preparamos programática y organizativamente para dar cauce a otra agenda nacional.
* Economista uruguayo. Integrante del Consejo Editor de hemisferioizquierdo.uy
