Bolivia
Teresa Morales, exministra de Evo Morales: “Los gobiernos extranjeros que apoyaron el golpe buscan quedarse con los yacimientos de litio”
Por Denise Godoy
Entrevista a Teresa Morales, exministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural de Bolivia
Desde el golpe de Estado perpetrado en Bolivia el 10 de noviembre, el gobierno de facto de Jeanine Áñez ha ido anunciando diversas medidas económicas que contrastan con el modelo de crecimiento implementado en los últimos 14 años durante la gestión de Evo Morales. En conversación con NODAL, Teresa Morales, exministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, analiza los intereses económicos que se esconden detrás del golpe y que ponen en riesgo la soberanía sobre los recursos naturales del país.
¿Cuáles fueron las principales medidas económicas implementadas por el gobierno de facto?
Desde los primeros días, el gobierno de facto de Jeanine Áñez ha hecho anuncios rimbombantes en relación a las medidas económicas que se iban a tomar, que sin embargo no han sido acompañadas por la toma real de decisiones. Por lo tanto, no se han reflejado en la aprobación ni de decretos ni de normas. El primer anuncio fue que se iban a privatizar las empresas públicas generadas en los últimos 14 años de gobierno. Pero, en realidad, nunca se tomó una decisión, decreto o una norma que lo hiciera efectivo. Lo segundo ha sido su anuncio de liberalización plena de exportaciones de productos alimentarios, una demanda de las empresas agroindustriales del oriente, planteada ya desde el año 2008 en que se implantó una regulación de exportaciones debido a que las empresas habían decidido exportar la mayor parte de la producción y desabastecer el mercado interno. A partir de ese año, el gobierno de Evo Morales había implementado una regulación que solo permitía exportar a los agroindustriales del oriente los excedentes de producción después de abastecer el mercado interno. Recién en los primeros días de febrero se publicó en la gaceta oficial el decreto de liberación de exportaciones. Esto se ha retrasado por parte del gobierno de facto debido a que la liberación de exportaciones conlleva al desabastecimiento del mercado interno y eso probablemente haga subir los precios de los productos básicos agroalimentarios y, entre otros, del producto más importante para la cadena alimentaria que es el maíz. Subiendo el maíz, que ya ha empezado a subir, el pollo también subiría de precio y en el mercado interno eso sería el inicio de un proceso inflacionario de los precios de los alimentos que complicaría mucho la política económica.
¿Qué sectores se benefician con estas medidas?
La liberación plena de exportaciones favorece al sector de la agroindustria oriental, ubicada principalmente en Santa Cruz, debido a que la agroindustria produce commodities que tienen precio internacional mucho más interesante que el precio nacional. Entonces, al eliminarse la restricción que tenían las agroindustrias van a proceder a exportar la mayor parte de su producción y van a dejar desabastecido el mercado interno. El monto probablemente va a ser calculado en los próximos días pero el beneficiario principal de esta medida es la agroindustria cruceña.
Respecto al anuncio de privatización de empresas públicas, todavía no se ha tomado ninguna decisión. Lo que sí se ha hecho es entregar el manejo de empresas públicas, como la Línea Boliviana de Aviación que se entregó a la gerencia de su competidor. Es decir, en Bolivia hay dos líneas aéreas importantes, la línea de propiedad pública que era Boliviana de Aviación y Amazonas que era una línea aérea privada. Lo que se ha hecho es poner en la gerencia de BOA al dueño de la empresa Amazonas. Entonces se ha entregado prácticamente la empresa pública a manos de la competencia, de tal manera que la estrategia que tienen es devaluar, minimizar la posibilidad de crecimiento de la empresa pública para poder luego privatizarla.
¿Cuáles son los logros sociales y económicos que corren mayor riesgo en este escenario?
Sobre la base de lo que suceda luego de la liberalización de exportaciones, lo que va a ocurrir es un aumento importante de los precios de la canasta básica de consumo y esto se va a traducir en dos impactos. Primero, el daño al ejercicio de un derecho fundamental señalado en la Constitución que es el derecho a tener una alimentación adecuada. Segundo, la tasa de inflación que es un elemento central de la estabilidad económica. Va a subir la inflación y, por lo tanto, se va a dañar uno de los componentes más importantes de la estabilidad económica que se ha logrado en estos últimos años.
En cuanto al manejo de empresas públicas, hay que recordar que las más importantes son las que administran recursos naturales, como YPFB que son los hidrocarburos, Comibol que es minería y algunas otras agroalimentarias como la empresa azucarera San Buenaventura. Si se entrega la administración de estas empresas públicas a manos de las empresas privadas competidoras, queda claro que el competidor va a administrar la empresa pública con la intención de devaluarla y hundirla. Devaluarla deliberadamente y ponerla en riesgo de perecer a efectos de poderla privatizar y luego poderla vender a empresarios a precio de gallina muerta. Esa es la estrategia que seguramente se va a seguir y que dañaría lo esencial del modelo económico que implantó Evo Morales, que sería relativo a la nacionalización de los recursos naturales y a la administración de recursos como son hidrocarburos, la minería y algunas otras actividades productivas relativas a estos dos sectores. La privatización de las empresas públicas estratégicas como YPFB y Comibol conllevarían a la devolución de los recursos naturales a manos de transnacionales y eso sería un daño estructural a la economía boliviana.
Bolivia posee una de las reservas más grandes de litio a nivel global, ¿cree que el interés económico sobre este recurso esté involucrado entre los motivos del golpe?
En la misma línea de lo explicado en el tema anterior, la privatización de la actividad productiva de baterías de litio y de sulfato que se había avanzado en el gobierno del presidente Evo Morales, conllevaría a la posibilidad de que el Estado pierda no solo la inversión que se ha hecho en la producción de litio, de productos de litio, sino además la propia condición de propiedad del litio boliviano que según el modelo económico que defiende el gobierno de Jeanine Áñez, que es un modelo neoliberal, seguramente no sólo la empresa que produce el litio sino los yacimientos del litio serán entregados en manos de las empresas transnacionales con el subsecuente daño a la economía boliviana y al patrimonio del Estado y del pueblo boliviano.
Los intereses extranjeros en relación a este tema quedan cristalinamente claros. Los gobiernos extranjeros que apoyaron el golpe buscan quedarse con los yacimientos de litio, sin la menor duda. Y por tanto esta línea de privatización de empresas públicas del gobierno va a facilitar esta posibilidad entregando estos recursos a la voracidad de las empresas trasnacionales.
Por Denise Godoy
NODAL, 17 febrero, 2020
Entrevista a Teresa Morales, exministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural de Bolivia
Desde el golpe de Estado perpetrado en Bolivia el 10 de noviembre, el gobierno de facto de Jeanine Áñez ha ido anunciando diversas medidas económicas que contrastan con el modelo de crecimiento implementado en los últimos 14 años durante la gestión de Evo Morales. En conversación con NODAL, Teresa Morales, exministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, analiza los intereses económicos que se esconden detrás del golpe y que ponen en riesgo la soberanía sobre los recursos naturales del país.
¿Cuáles fueron las principales medidas económicas implementadas por el gobierno de facto?
Desde los primeros días, el gobierno de facto de Jeanine Áñez ha hecho anuncios rimbombantes en relación a las medidas económicas que se iban a tomar, que sin embargo no han sido acompañadas por la toma real de decisiones. Por lo tanto, no se han reflejado en la aprobación ni de decretos ni de normas. El primer anuncio fue que se iban a privatizar las empresas públicas generadas en los últimos 14 años de gobierno. Pero, en realidad, nunca se tomó una decisión, decreto o una norma que lo hiciera efectivo. Lo segundo ha sido su anuncio de liberalización plena de exportaciones de productos alimentarios, una demanda de las empresas agroindustriales del oriente, planteada ya desde el año 2008 en que se implantó una regulación de exportaciones debido a que las empresas habían decidido exportar la mayor parte de la producción y desabastecer el mercado interno. A partir de ese año, el gobierno de Evo Morales había implementado una regulación que solo permitía exportar a los agroindustriales del oriente los excedentes de producción después de abastecer el mercado interno. Recién en los primeros días de febrero se publicó en la gaceta oficial el decreto de liberación de exportaciones. Esto se ha retrasado por parte del gobierno de facto debido a que la liberación de exportaciones conlleva al desabastecimiento del mercado interno y eso probablemente haga subir los precios de los productos básicos agroalimentarios y, entre otros, del producto más importante para la cadena alimentaria que es el maíz. Subiendo el maíz, que ya ha empezado a subir, el pollo también subiría de precio y en el mercado interno eso sería el inicio de un proceso inflacionario de los precios de los alimentos que complicaría mucho la política económica.
¿Qué sectores se benefician con estas medidas?
La liberación plena de exportaciones favorece al sector de la agroindustria oriental, ubicada principalmente en Santa Cruz, debido a que la agroindustria produce commodities que tienen precio internacional mucho más interesante que el precio nacional. Entonces, al eliminarse la restricción que tenían las agroindustrias van a proceder a exportar la mayor parte de su producción y van a dejar desabastecido el mercado interno. El monto probablemente va a ser calculado en los próximos días pero el beneficiario principal de esta medida es la agroindustria cruceña.
Respecto al anuncio de privatización de empresas públicas, todavía no se ha tomado ninguna decisión. Lo que sí se ha hecho es entregar el manejo de empresas públicas, como la Línea Boliviana de Aviación que se entregó a la gerencia de su competidor. Es decir, en Bolivia hay dos líneas aéreas importantes, la línea de propiedad pública que era Boliviana de Aviación y Amazonas que era una línea aérea privada. Lo que se ha hecho es poner en la gerencia de BOA al dueño de la empresa Amazonas. Entonces se ha entregado prácticamente la empresa pública a manos de la competencia, de tal manera que la estrategia que tienen es devaluar, minimizar la posibilidad de crecimiento de la empresa pública para poder luego privatizarla.
¿Cuáles son los logros sociales y económicos que corren mayor riesgo en este escenario?
Sobre la base de lo que suceda luego de la liberalización de exportaciones, lo que va a ocurrir es un aumento importante de los precios de la canasta básica de consumo y esto se va a traducir en dos impactos. Primero, el daño al ejercicio de un derecho fundamental señalado en la Constitución que es el derecho a tener una alimentación adecuada. Segundo, la tasa de inflación que es un elemento central de la estabilidad económica. Va a subir la inflación y, por lo tanto, se va a dañar uno de los componentes más importantes de la estabilidad económica que se ha logrado en estos últimos años.
En cuanto al manejo de empresas públicas, hay que recordar que las más importantes son las que administran recursos naturales, como YPFB que son los hidrocarburos, Comibol que es minería y algunas otras agroalimentarias como la empresa azucarera San Buenaventura. Si se entrega la administración de estas empresas públicas a manos de las empresas privadas competidoras, queda claro que el competidor va a administrar la empresa pública con la intención de devaluarla y hundirla. Devaluarla deliberadamente y ponerla en riesgo de perecer a efectos de poderla privatizar y luego poderla vender a empresarios a precio de gallina muerta. Esa es la estrategia que seguramente se va a seguir y que dañaría lo esencial del modelo económico que implantó Evo Morales, que sería relativo a la nacionalización de los recursos naturales y a la administración de recursos como son hidrocarburos, la minería y algunas otras actividades productivas relativas a estos dos sectores. La privatización de las empresas públicas estratégicas como YPFB y Comibol conllevarían a la devolución de los recursos naturales a manos de transnacionales y eso sería un daño estructural a la economía boliviana.
Bolivia posee una de las reservas más grandes de litio a nivel global, ¿cree que el interés económico sobre este recurso esté involucrado entre los motivos del golpe?
En la misma línea de lo explicado en el tema anterior, la privatización de la actividad productiva de baterías de litio y de sulfato que se había avanzado en el gobierno del presidente Evo Morales, conllevaría a la posibilidad de que el Estado pierda no solo la inversión que se ha hecho en la producción de litio, de productos de litio, sino además la propia condición de propiedad del litio boliviano que según el modelo económico que defiende el gobierno de Jeanine Áñez, que es un modelo neoliberal, seguramente no sólo la empresa que produce el litio sino los yacimientos del litio serán entregados en manos de las empresas transnacionales con el subsecuente daño a la economía boliviana y al patrimonio del Estado y del pueblo boliviano.
Los intereses extranjeros en relación a este tema quedan cristalinamente claros. Los gobiernos extranjeros que apoyaron el golpe buscan quedarse con los yacimientos de litio, sin la menor duda. Y por tanto esta línea de privatización de empresas públicas del gobierno va a facilitar esta posibilidad entregando estos recursos a la voracidad de las empresas trasnacionales.
