13 oct 2020

PLATOS ROTOS NEOLIBERALES

ARGENTINA
La crisis que dejó la derecha liberal 
El reperfilamiento económico y la construcción de un nuevo sentido común del desarrollo nacional


Por Damián Regalini

11 de octubre de 2020



La intervención del Estado resultó fundamental para que las empresas no cierren sus puertas durante la pandemia. Imagen: NA


La recuperación de la producción y el trabajo nacional necesita también su consolidación en la política y en la sociedad. El desbalance heredado por el nuevo gobierno no sólo es económico sino también social, político y cultural. La construcción de un nuevo sentido común del desarrollo y de la economía nacional son fundamentales para sostener el cambio de rumbo económico planteado por el gobierno de Alberto Fernández. Los desafíos por delante en la economía y en la política.
La irrupción de la pandemia de la covid-19 profundizó el deterioro de los sectores productivos, principalmente de las pequeñas y medianas empresas. Estas ya venían arrastrando retracciones desde 2016, pero con una agudización a partir de la recesión que comenzó en el segundo trimestre del 2018.

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El contexto hasta diciembre del 2019 fue crítico: se cerraron más de 25.000 empresas y se redujeron en más de 160.000 los empleos formales de la industria manufacturera producto de cuatro años de políticas erráticas para el sector.

A partir del cambio de gobierno se abrió una esperanza para las empresas, dadas las intenciones de modificar los ejes de la política económica. En efecto, las medidas adoptadas frenaron el ciclo de la especulación financiera a través de tasas de interés compatibles con la actividad económica y volver a poner al crédito productivo como coordinador de la producción.

Al mismo tiempo, se llevaban adelante políticas económicas para recomponer el mercado interno. Sin embargo, a los tres meses de gestión irrumpió una pandemia sin precedentes en 100 años que abortó los proyectos iniciales y provocó que toda la gestión se avoque a la lucha sanitaria.
Emergencia

En este marco de crisis global, como consecuencia de la emergencia epidemiológica, la economía argentina, que previo a la pandemia se encontraba en una recesión debido a las equivocadas políticas económicas llevadas a cabo por la gestión anterior, profundizó su crisis debido al riesgo sanitario.

Vale destacar que desde el segundo trimestre del 2018 el producto viene retrocediendo. Asimismo, la deuda emergía como condicionante al programa económico. El escenario se agravó de manera notable por la emergencia sanitaria. En este contexto, las pymes fueron las más afectadas.

Abril será considerado, probablemente, el peor mes de la historia económica nacional (y regional), producto de las medidas de confinamiento estricto en todos los rincones del país. Cabe remarcar en números, que la actividad económica de la industria tuvo la peor caída registrada desde que la mide el Indec a través del Emae, retrayéndose 33,9 pro ciento interanual, el índice de producción industrial (IPI) descendió 33,3 por ciento interanual.

A su vez, en mayo la AFIP registró casi 21.000 empleadores menos que en febrero. Las ventas minoristas que miden las confederaciones gremiales que representan a las pymes experimentaron una baja de 57,6 por ciento interanual en abril. La tasa de desempleo entonces para el segundo trimestre del año aumentó a 13,1 por ciento (igual periodo de 2019 fue 10,6 por ciento) y el índice de pobreza superó el 40 por ciento en el primer semestre de 2020 (el gobierno anterior lo dejó en 35,5 por ciento.) Estos son los indicadores más relevantes del panorama social y económico.
Red de protección

La reacción del gobierno fue rápida y acertada. A traves de distintos Ministerios implementó sucesivas y crecientes medidas para morigerar el impacto de la crisis global y local heredada, como el IFE, los créditos a tasa cero para monotributistas, los créditos a tasa del 24 por ciento para empresas y el ATP, que implica la reducción casi completa de cargas patronales y, por sobre todo, el pago de parte de los salarios de los trabajadores de empresas que lo soliciten.

Así se llegó a cubrir a 9,5 millones de personas para los casos de IFE + créditos a monotributistas y a más de 400 mil empresas con el programa ATP y los créditos blandos. Por consiguiente, las medidas adoptadas pudieron contener un aumento mayor de la pobreza, el desempleo y la destrucción de empresas, aunque está claro que no es suficiente.

Si bien el incremento del desempleo en los sectores formales se contuvo (fue uno de los que menos cayó en la región), el impacto de la pandemia en los sectores informales y en varios comercios fue muy duro.

A partir de junio, producto del paulatino desconfinamiento, las provincias en primer término, y luego en el AMBA, la actividad comenzó a reactivarse y a traccionar a la economía en su conjunto, de manera muy heterogénea.

De igual modo, la baja en las tasas de interés, sumado al despliegue de créditos productivos para amortiguar el parate de la actividad por la pandemia lograron evitar que el impacto del riesgo sanitario fuera mayor.
Estado

Por ello, la intervención del Estado resultó fundamental para que las empresas no cierren sus puertas, con sus implicancias en el mercado de trabajo. Asimismo, el Gobierno redujo la tasa de política monetaria de 65 por ciento en diciembre a 38 por ciento en marzo. Esto permitió que, por ejemplo, la tasa para cambiar cheques (crédito tradicional de las empresas) se haya reducido de 55 por ciento en diciembre a 20 por ciento, abaratando el financiamiento de las empresas, lo cual significó una importante bocanada de aire para la rentabilidad de las pymes tan castigada años anteriores.

Por otra parte, la administración cambiaria y el control de precios básicos que viene desplegando el Poder Ejecutivo (con el relanzamiento de programas como Precios Cuidados y Precios Máximos) viene ayudando a frenar la dinámica inflacionaria heredada.

La inflación pasó de 53,8 por ciento interanual en diciembre a un 40,7 por ciento en agosto pasado. Los insumos industriales crecieron 5,5 por ciento por debajo de los precios finales (en donde el congelamiento de los precios de la energía tuvo un papel importantísimo), según las mediciones del IPC y del IPIM. Esto también tuvo una repercusión positiva en la recuperación de la rentabilidad de las pymes industriales.

En concordancia, la devaluación viene acompañando la evolución general de los precios (3 por ciento por encima) y se estima que, de no mediar más inconvenientes en el frente externo (que se encuentra en una situación compleja, en especial el tema de las reservas), este año el tipo de cambio oficial crecerá aproximadamente 30 por ciento, muy por debajo de los brutales ajustes cambiarios del 2019 (62 por ciento) o del 2018 (115por ciento), con sus severas consecuencias negativas en los salarios, los costos y la actividad.

Recuperación heterogénea

Las políticas económicas ejecutadas entonces permitieron una recuperación de la actividad, que si bien se da de manera heterogénea (por ejemplo, parte de las provincias que se reactivaron primero, ahora son el epicentro de la pandemia, con su consecuente impacto en la actividad), han posibilitado trazar un horizonte positivo.

En consecuencia, la actividad industrial se encuentra, a nivel general, en niveles de la prepandemia. El Indicador Adelantado de la Producción Industrial del Ministerio de Desarrollo Productivo muestra que a principios de septiembre la actividad está 0,6 por ciento por debajo de principios de marzo. En este sentido, el Índice de Producción de julio mostró una caída de 6,9 por ciento interanual (crecimiento de 2,1 por ciento mensual), una desaceleración considerable mes a mes desde el piso de abril.

El Estimador Mensual de la Actividad Manufacturera (Emae) de junio muestra un comportamiento similar: una desaceleración de la contracción de la actividad (-7,3 por ciento interanual). El indicador de la construcción (Isac-Indec) pasó de arrojar una caída interanual histórica del 76,2 por ciento en abril a una retracción de 12,9 por ciento en julio. Para el caso de la actividad metalúrgica, que mide Adimra, el índice de producción también viene frenando la caída: pasó de contraerse 38,7 por ciento interanual en abril a 5,2 por ciento en julio. La producción de automóviles (medido por Adefa) en agosto mostró niveles similares a los de febrero.

Otro indicador que muestra la reactivación paulatina y heterogénea de la economía son los datos del consumo. Si bien la pérdida de poder adquisitivo y del empleo se profundizó por la pandemia (a causa de la menor circulación), con su correlato en la reducción de varios patrones de consumo, las ventas vienen creciendo a la par de las aperturas que realizan los municipios y las provincias.

Por tal motivo, las ventas minoristas que mide Came vienen mostrando una recuperación del consumo y de las ventas de los comercios de distinta índole. Los datos de agosto muestran una caída interanual del 17,8 por ciento que, si bien aún es muy fuerte, se redujo bastante en comparación con el piso de abril. Otro indicador positivo en este sentido es el nivel de rentabilidad de las pymes. En agosto, el 35 por ciento de las pymes industriales tuvieron un nivel de rentabilidad positivo, mientras que en marzo y abril este nivel fue de aproximadamente 15 por ciento.

Finalmente, entre mayo y agosto creció en 3000 la cantidad de empleadores registrados en AFIP, por lo que habrá que seguir de cerca esta dinámica los próximos meses.

Horizonte

En definitiva, si bien existe una crisis que se agravó fuertemente por la pandemia de la covid-19, las empresas vienen recuperando, gradualmente, niveles cercanos a los de la prepandemia en varios sectores, lo que permite trazar un horizonte de salida de la pandemia.

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El Estado, mediante el Presupuesto 2021, propone seguir volcando muchos recursos tanto en inversión y obra pública, como en créditos y subsidios para los sectores productivos. Esto será fundamental para recomponer, por un lado, el tejido productivo perdido durante la pandemia, y por otro, reparar lo perdido durante cuatro años que fueron muy dañinos para los pequeños y medianos empresarios y para proyectos productivos.

También será fundamental continuar con un manejo de la política monetaria al servicio de la producción, como viene siendo hasta ahora. La economía argentina necesita volver a la senda del crecimiento, y para ello lo tiene que hacer desde el mercado interno y las exportaciones con valor agregado.

El camino para la recomposición del tejido productivo, la generación de trabajo, la recuperación del salario, el crecimiento y desarrollo económico sostenible no son una utopía. La base y las intenciones están firmes, pero aún queda todavía salir del atolladero de la emergencia sanitaria para encarar con firmeza el proceso de reactivación.



Esto es la base de un cambio de rumbo económico, en medio de un contexto complicado para las economías mundiales marcado por la crisis de la covid-19, que necesita ser consolidado a partir del fortalecimiento político de quienes están llevando adelante esta misión de devolver a la Argentina su impronta productiva. 

Objetivos

Esta consolidación no es sólo necesaria con el manejo de las variables económicas y financieras. En esa misión las variables en juego también son políticas y culturales, y los objetivos a lograr son a corto y a largo plazo.

A corto plazo será fundamental el acompañamiento político de los sectores populares y los agentes económicos beneficiados por este nuevo esquema en las elecciones de medio término de 2021.

Mientras en el largo plazo, la consolidación del rumbo tomado por la economía a partir de la asunción del nuevo gobierno dependerá del fortalecimiento institucional de agencias, entidades gremiales y organizaciones no gubernamentales que acompañenen el trabajo político y la gestión de quienes lleven adelante estas medidas de transformación.

En ambos casos, la construcción de un nuevo sentido común del desarrollo y del trabajo en el terreno comunicacional será fundamental. La Argentina de 2020 no solo heredó un desbalance económico, sino y fundamentalmente, un desbalance social y cultural. A partir del cual, la idea de lo que conviene y no conviene al empresariado nacional aparece distorsionada en la opinión pública, y muchas veces distorsionada en modo contrario a su conveniencia real.

El apoyo político de miles de pequeños y medianos empresarios hacia las posturas liberales en las elecciones de 2015 fue un claro ejemplo de ello. Hoy, luego del fracaso y de la crisis que dejó la derecha liberal en el empresariado local se presenta una nueva oportunidad de resignificar las demandas y las políticas que han sido “vendidas” como la solución a los problemas de la economía local.

Esta tarea requiere de voluntades políticas acompañando a un nuevo armado gremial empresario que trabaje en el contrapeso del discurso mediático dominante de economistas, empresarios y comunicadores que construyen en el espacio público la idea de una Argentina imaginaria y teórica, que se parece más a la Inglaterra de los siglos XVII y XVIII que a la Argentina que necesitamos para encarar el siglo XXI.

Por Damián Regalini

Presidente del Consejo Productivo Nacional y dirigente de la Mesa Nacional de Unidad Pyme.