La Fiscalía de Bolivia imputó a exmilitares por participar en la "investidura ilegal" de Jeanine Áñez. Entiende que los mandos militares "no permitieron la continuidad legítima" de Evo Morales
28 de octubre de 2021
Imagen: EFE
Los cuatro acusados también son señalados por presuntamente haber ordenado retirar la medalla y la banda presidencial del Banco Central de Bolivia para entregársela a Áñez en noviembre de 2019.
La Fiscalía de Bolivia imputó a los exmiembros del alto mando de las Fuerzas Armadas de 2019 por el golpe de Estado perpetrado ese año en el país, basándose en que sin su "participación y cooperación" no se podría haber llevado a cabo la "ilegal concreción de la investidura" de Jeanine Áñez (foto). Así, la Fiscalía señaló que los imputados "no permitieron la continuidad legítima" del titular de la presidencia del país, que en su criterio debería haber sido Evo Morales como vencedor de las elecciones de aquel momento, por lo que perpetraron "hechos delictivos en clara usurpación de la soberanía popular".
El Ministerio Fiscal apunta que los mandos militares violentaron la "legitimidad de las instituciones del Estado y la sucesión constitucional", todo ello "conjuntamente" con Áñez, quien precisó de la colaboración militar para concretar "el hecho antijurídico" de su investidura. De este modo el exjefe de Estado Mayor Flavio Gustavo Arce, el excomandante del Ejército Pastor Mendieta, el excomandante de la Fuerza Aérea Gonzalo Terceros y el excomandante de la Armada Palmiro Jarjury pasan ahora a estar imputados en la causa conocida como "golpe de Estado II", aunque ya están detenidos por el caso "golpe de Estado I".
El abogado defensor de los militares, Eusebio Vera, señaló que el proceso del que se los acusa se llevó a cabo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, lugar en el que "en ningún momento se han constituido los comandantes", informó el diario La Razón de Bolivia.
Los acusados también son señalados por presuntamente haber ordenado retirar la medalla y la banda presidencial del Banco Central de Bolivia para entregársela a Áñez en noviembre de 2019, algo que Vera también rechazó. La imputación señala, en ese sentido, que los militares avalaron la "ilegal concreción de la investidura e imposición de símbolos patrios a la supuesta presidenta del Estado Plurinacional", todo ello "sin competencia para hacerlo y fuera de la Asamblea Legislativa".
Los cuatro acusados también son señalados por presuntamente haber ordenado retirar la medalla y la banda presidencial del Banco Central de Bolivia para entregársela a Áñez en noviembre de 2019.
La Fiscalía de Bolivia imputó a los exmiembros del alto mando de las Fuerzas Armadas de 2019 por el golpe de Estado perpetrado ese año en el país, basándose en que sin su "participación y cooperación" no se podría haber llevado a cabo la "ilegal concreción de la investidura" de Jeanine Áñez (foto). Así, la Fiscalía señaló que los imputados "no permitieron la continuidad legítima" del titular de la presidencia del país, que en su criterio debería haber sido Evo Morales como vencedor de las elecciones de aquel momento, por lo que perpetraron "hechos delictivos en clara usurpación de la soberanía popular".
El Ministerio Fiscal apunta que los mandos militares violentaron la "legitimidad de las instituciones del Estado y la sucesión constitucional", todo ello "conjuntamente" con Áñez, quien precisó de la colaboración militar para concretar "el hecho antijurídico" de su investidura. De este modo el exjefe de Estado Mayor Flavio Gustavo Arce, el excomandante del Ejército Pastor Mendieta, el excomandante de la Fuerza Aérea Gonzalo Terceros y el excomandante de la Armada Palmiro Jarjury pasan ahora a estar imputados en la causa conocida como "golpe de Estado II", aunque ya están detenidos por el caso "golpe de Estado I".
El abogado defensor de los militares, Eusebio Vera, señaló que el proceso del que se los acusa se llevó a cabo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, lugar en el que "en ningún momento se han constituido los comandantes", informó el diario La Razón de Bolivia.
Los acusados también son señalados por presuntamente haber ordenado retirar la medalla y la banda presidencial del Banco Central de Bolivia para entregársela a Áñez en noviembre de 2019, algo que Vera también rechazó. La imputación señala, en ese sentido, que los militares avalaron la "ilegal concreción de la investidura e imposición de símbolos patrios a la supuesta presidenta del Estado Plurinacional", todo ello "sin competencia para hacerlo y fuera de la Asamblea Legislativa".
