Por Luis Wainer
En 03/04/2022
Como siempre decimos, debemos ubicar a Malvinas en el centro geográfico de un océano Atlántico Sur rico en bienes naturales, y como llave a su depredación constante y creciente militarización. Luego de la guerra de 1982, hablar de Malvinas es hacerlo de un conflicto colonial que implica la disputa territorial más importante en extensión que tiene el mundo.
En 03/04/2022
Como siempre decimos, debemos ubicar a Malvinas en el centro geográfico de un océano Atlántico Sur rico en bienes naturales, y como llave a su depredación constante y creciente militarización. Luego de la guerra de 1982, hablar de Malvinas es hacerlo de un conflicto colonial que implica la disputa territorial más importante en extensión que tiene el mundo.
En ese marco de conflicto geopolítico, debe analizarse cualquier rasgo de militarización en el Atlántico Sur y en las adyacencias de Malvinas, como fue el pasado año, la presencia de un submarino norteamericano con capacidad nuclear realizando ejercicios conjuntos con la aviación británica. Lejos de considerar a estos como una “agresión diplomática”, debe priorizarse analizar un escenario extendido de conflicto geopolítico que tiene en el centro de la escena a la organización militar más poderosa del planeta (OTAN), que le concede a Gran Bretaña la administración de la base militar más dotada del Atlántico Sur, en territorio argentino.
¿La soberanía por delante?: un breve recorrido
El 14 de diciembre de 1960, Naciones Unidas aprobó la Resolución 1514, que proclamó la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo. Luego, la Resolución 2065 del año 1965, tomó en cuenta la existencia de la disputa entre Argentina y Gran Bretaña acerca de la soberanía sobre las Islas Malvinas e invitó a “proseguir sin demoras las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica al problema”. Argentina lograba que la ONU considerara a Malvinas como “un caso especial de colonialismo”, por lo que debía descartarse el principio de “libredeterminación de los pueblos” y aceptarse el criterio de respeto a la integridad territorial.
Como consecuencia de la Resolución 2065, desde fines de la década del sesenta se llevaron a cabo una serie de acuerdos “prácticos” –bajo la figura del “paraguas de soberanía”–, que suponían acercamientos, pero que “congelaban” el reclamo concreto por la soberanía sobre el territorio. Por esos tiempos Reino Unido se mostraba dispuesto a negociar la transferencia de la soberanía, intención explicitada en el Memorándum de Entendimiento de 1968. Sin embargo, se planteaba la cuestión de los “deseos” de los malvinenses, con lo que quedó en claro que la estrategia consistía en dilatar la discusión sobre la soberanía y colocar por delante la “autodeterminación” de los isleños. Entre los años 1971 y 1972, se conocieron los “Acuerdos de Comunicación” o “Acuerdos Prácticos”, los que buscaron avanzar en materia de servicios aéreos y marítimos, servicios postales, telegráficos y telefónicos; también en salud, educación y agricultura. Se concretó la construcción de un aeródromo, y empresas argentinas estatales, como Gas del Estado, YPF y Líneas Aéreas del Estado, comenzaron proveer servicios que las islas necesitaban. El punto de mayor avance fue el tratado secreto de 1974, durante el gobierno de Juan D. Perón, que planteaba una soberanía compartida sostenido en el tiempo; situación que sí pretendía poner en discusión la soberanía.
Sin embargo, entre 1975 y 1976 se conoció que existían recursos hidrocarburíferos estratégicos en la zona, a partir de una serie de expediciones; con lo que cambiaría para siempre la óptica de la potencia colonial. Lo que el Reino Unido decidió a partir de entonces fue suspender toda conversación con nuestro país, a partir de los resultados sobre relevamiento de recursos hidrocarburíferos, minerales e ictícolas, contenidos en informes como Griffiths y Shackleton de 1975. Al mismo tiempo, desde EE. UU. se sentenciaba que la única región fuera de la OPEP y de los países comunistas -con un potencial petrolero significativo- era la cuenca de las Malvinas, entre Argentina continental y las islas Malvinas. Ya en plena guerra, el 30 de abril de 1982, Estados Unidos anunció su apoyo al Reino Unido, priorizando su alianza con Gran Bretaña en el marco de la OTAN, cuyo objetivo quedó establecido en la decisión de Inglaterra de responder al desembarco argentino en Malvinas con el mayor operativo emprendido desde la Segunda Guerra Mundial, buscando consolidar una imprescindible posición estratégica en el Atlántico Sur. Concluida la guerra de 1982, el gobierno de Gran Bretaña creó la Fortaleza Malvinas (Falkland Fortress) conformada por un sistema de bases militares que incluye a las Islas Georgias, para afirmar la capacidad de proyección aérea en toda la zona en disputa.
Los claroscuros de la posguerra
Los primeros años del gobierno de Raúl Alfonsín, se intentó volver a la situación del año 1965, es decir, cuando Argentina había obtenido la Resolución 2065. La posición argentina consistía en que los avances “prácticos” de los años anteriores a la guerra no habían arrojado resultado alguno. Pero mientras Argentina planteo que la discusión de la soberanía debía anteceder a cualquier acuerdo, Gran Bretaña amplió su ocupación en Malvinas en la construcción de la base militar de Monte Agradable. En 1986 trazó una zona de exclusión para la pesca y la exploración de hidrocarburos, entre otras acciones que apuntaron a controlar la zona y la población. Se destaca, además, la elaboración de una “Constitución” en 1985 que, por primera vez, reconocía derechos ciudadanos a los isleños, en tanto ciudadanos británicos. Esa constitución tuvo por objeto asegurar el control político, social y económico del Reino Unido sobre el territorio usurpado, al mismo tiempo que fortalecer el argumento de la autodeterminación de los isleños, con el único fin de mantener la ocupación del enclave colonial.
Durante las presidencias de Menem, la política sobre Malvinas retomó la figura del “paraguas de soberanía”: el reclamo por Malvinas quedó asociado a una épica propia de los grandes relatos “ideológicos”, la que se proponía dejar de lado. Se planteaban otros vínculos con los países centrales, por lo que Malvinas se volvió a pensar desde el punto de vista de los “acercamientos prácticos”, y se dejó nuevamente de lado la discusión del tema de fondo: la soberanía. En 1989 y 1990 se firmaron los “Acuerdos de Madrid”: la cuestión Malvinas ya no se discutía entre Argentina y Gran Bretaña, como lo reclama la Resolución 2065, sino que sumaba un nuevo actor: los isleños, dando entidad a los históricos argumentos británicos sobre la autodeterminación, dejando en segundo plano la integración territorial (territorio usurpado). A través de esta política se buscó la cercanía con los isleños, con la consigna difusa de que una “cooperación” durante 50 años traería como consecuencia la soberanía. En lo práctico, se obtuvo el cese de las hostilidades, la restauración de consulados y embajadas luego de la guerra y el restablecimiento de comunicaciones aéreas y marítimas. También, la posibilidad de que los familiares de los caídos en Malvinas pudieran visitar las islas, y una serie de acuerdos de pesca e hidrocarburos que incluyeron la apertura de licitaciones para exploración de recursos. Estos tratados no hicieron otra cosa que reconocer la arbitrariedad e ilegalidad británica. Argentina convalidaba así la posición británica, que desoía la propia Resolución 31/49 (1976) de Naciones Unidas en cuanto a no innovar en materia de recursos naturales mientras exista el conflicto.
Entre 2003 y 2015, Malvinas pudo ubicarse en el marco general de una región que planteó críticamente la persistencia de dependencias económicas, políticas y culturales. Se adquirió un tono denunciante sobre el proceso de militarización en el continente y ofreció entonces una clave explicativa para dar cuenta de una escalada de instalación de bases militares que, como suele ocurrir, cercan los principales bienes naturales. Lo que mutó para Malvinas desde 2003 fue la política de los años setenta y noventa: debía ser tiempo de poner por delante el reclamo de soberanía y no los acuerdos instrumentales. Había que volver a colocar el conflicto exclusivamente entre los gobiernos de la Argentina y Gran Bretaña. En consonancia con el tono del reclamo, se señaló que, después de la guerra de 1982, Gran Bretaña construyó la mayor fortaleza militar de la OTAN en el océano Atlántico Sur.
Desde 2016, iniciamos un nuevo ciclo de desmalvinización, cuyo objetivo fue colocar a Malvinas en el marco de la desintegración regional. Con el Acuerdo de septiembre de 2016 (y los posteriores diez acuerdos o entendimientos conjuntos) lo primero que se pretendió fue quitar las islas de los salvoconductos regionales –que en paralelo se fueron desmontando–, así como recuperar el tono acuerdista y profundizar el camino de los Acuerdos de Madrid, en tanto explotación de hidrocarburos y militarización del Atlántico Sur. Se desprende del acuerdo redactado en Londres (conocido como Foradori-Duncan), una búsqueda por desmantelar medidas jurídicas, en pos de eliminar las restricciones y sanciones a la explotación ilegal de nuestros recursos naturales. Argentina no solo abandonó un considerable empeño en el desarrollo del Atlántico Sur (en parte promovido por la existencia de Pampa Azul), en tanto defensa integral de su soberanía territorial, científica, satelital y económica, sino que además puso a disposición del país ocupante información sobre su propia plataforma continental. Apenas dos días después de la firma del Acuerdo Foradori-Duncan, el Reino Unido presentó a los Estados Unidos un ambicioso proyecto de “protección marina” conocido como “Cinturón Azul”, en sus propias palabras, que “duplicaría el tamaño del océano protegido alrededor de nuestros Territorios de Ultramar a un área más grande que la India: cuatro millones de kilómetros cuadrados”.
El Libro Blanco británico y la estrategia de la OTAN
Mientras Argentina se convertía en aliado extra-OTAN en 1999, el Reino Unido dio a conocer su Libro Blanco. Una suerte de manual sobre cómo administrar sus “territorios de ultramar”. Allí, se reconocía el hecho que dicha administración permitía tres elementos fundamentales a la hora de pensar las soberanías nacionales y regionales: posición geopolítica, acceso al conocimiento y posesión sobre recursos naturales estratégicos para el desarrollo industrial, en una era de dificultades en cuanto al acceso a los mismos.
Luego de la guerra, en 1985 Gran Bretaña inició la construcción de la Fortaleza Malvinas, incluyendo la Base Aérea en Monte Agradable, que posibilita el desplazamiento de aviones de gran porte. A esto se suma el puerto de aguas profundas Mare Harbour utilizado por la Marina Real para el amarre de buques y submarinos, donde Londres ha enviado submarinos de última generación y de propulsión nuclear, además de los silos y rampas para lanzamiento de armas nucleares. Actualmente, este enclave militar tiene entre 1.500 y 2.000 efectivos (entre temporales y permanentes). Muchos de los temporales, conforman contingentes temporales y rotativos que arriban para ser sometidos a entrenamiento y posteriormente son enviados a otros escenarios bélicos. Esta base cuenta con aviones de quinta generación, característica que no cuenta ninguna fuerza aérea en Latinoamérica.
Se estima que alrededor de 200.000 buques de carga transitan anualmente el Atlántico Sur: el 80% del petróleo que demanda Europa Occidental y el 40% de las importaciones de EE. UU. representan parte importante de este flujo comercial. No podemos entender la estrategia del Reino Unido en el Atlántico Sur, sino es asociada a la de EE.UU., por ende, al esquema de despliegue militar de la OTAN: si en el 2004, Londres traslada la Comandancia Naval del Atlántico Sur a Mare Harbour y Monte Agradable, en 2008 EE.UU. anuncia la reactivación de la IV Flota para patrullar el Caribe, América Central y América del Sur con fines “humanitarios”. Diez años después, en agosto de 2018, el secretario de Defensa británico, Gavin Williamson, resaltó la fortaleza de la relación entre el Reino Unido y los EE. UU.: “Hemos desplegado fuerzas en todo el mundo, podemos recurrir a nuestros territorios de ultramar en Gibraltar, las Áreas de la Base Soberana en Chipre, la Isla Ascensión, las Islas Falklands y el Territorio Británico del Océano Índico. Estos a menudo proporcionan instalaciones clave no solo para nosotros, sino también para EE. UU.”
Si desde el fin de la guerra, por medio de licencias ilegales, esas imponentes ciudades iluminadas en el océano representaron un negocio de entre 150.000 y 200.000 millones de dólares, en paralelo Argentina solo capturó 80 sobre un total de 12.000 buques en el Atlántico Sur. La pesca sigue siendo la principal actividad económica de las Islas Malvinas, representando el 60% y el 59% del PIB nominal, en 2019 y 2020 respectivamente. En ese sentido, vale la pone observar que entre 2010 y 2020, la participación de la industria pesquera en el PIB nominal ha variado entre el 35 y el 63 por ciento.
Entre 1998 y 2010, se perforaron seis pozos petroleros a cargo Ocean Guardian. El 2 de abril de 2015, Premier Oil, Falkland Oil & Gas y Rockhopper Exploration anunciaron el descubrimiento de reservas de petróleo y gas, superando latgamente las expectativas. En septiembre de 2017, durante la Conferencia “Capital Oil”, el CEO de Rockhopper Exploration anunció que el pozo denominado “Sea Lion” poseía reservas certificadas de entre 500 millones y 1.000 millones de barriles de petróleo. En 2017, proyectaban para 2022 una producción offshore de 75.000 barriles diarios y 120.000 para 2025. Este 2022, la petrolera inglesa Borders & Southern Petroleum, la cual es propietaria ilegal de varias licencias de exploración y explotación offshore de hidrocarburos (“derechos exclusivos de relevamiento, perforación y producción” en esas zonas del descubrimiento, extendidos hasta el 31 de diciembre de 2022), emitió una importante colocación de acciones para obtener un capital de unos USD 1,8 millones, para avanzar en el desarrollo del yacimiento Darwin, situado al Sur del archipiélago. Recordemos que se trata de la empresa sobre la cual -en 2015 y por el mismo motivo- el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner inició acciones penales, buscando inhibirla para operar dentro del territorio nacional.
Han pasado cuarenta años de la guerra de Malvinas. Varias formas de abordar –con distinto énfasis- el conflicto de soberanía. Los balances están a la vista en torno a la actuado y en relación a sus resultados. Por todo ello resulta imprescindible considerar Malvinas a partir de tres premisas ordenadoras: América Latina y Argentina no pueden pensar su desarrollo económico sin elaborar una política de defensa integral de sus recursos marítimos; es necesario retomar una agenda regional que logre ejercer presión sobre el Atlántico Sur, con Argentina, Brasil y los países de África en el centro del debate. Al mismo tiempo, urge retomar una agenda de investigación sobre nuestro océano, es decir, volver a invertir con decisión en nuestro Océano Atlántico, tanto como impedir que nuestro país ofrezca información sensible sobre su plataforma continental tanto como logística a las potencias agresoras.
*Wainer es Sociólogo. Dr. en Ciencias Sociales. Investigador/ Docente UBA-UNDAV-UNaHur. Coord. Área de Estudios Nuestroamericanos del CCC. Coordinador del libro “Malvinas en la Geopolítica de América Latina…” (Ed. CCC, 2020). Titular de la cátedra “Malvinas, una causa de Nuestra América” (UNaHur).
¿La soberanía por delante?: un breve recorrido
El 14 de diciembre de 1960, Naciones Unidas aprobó la Resolución 1514, que proclamó la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo. Luego, la Resolución 2065 del año 1965, tomó en cuenta la existencia de la disputa entre Argentina y Gran Bretaña acerca de la soberanía sobre las Islas Malvinas e invitó a “proseguir sin demoras las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica al problema”. Argentina lograba que la ONU considerara a Malvinas como “un caso especial de colonialismo”, por lo que debía descartarse el principio de “libredeterminación de los pueblos” y aceptarse el criterio de respeto a la integridad territorial.
Como consecuencia de la Resolución 2065, desde fines de la década del sesenta se llevaron a cabo una serie de acuerdos “prácticos” –bajo la figura del “paraguas de soberanía”–, que suponían acercamientos, pero que “congelaban” el reclamo concreto por la soberanía sobre el territorio. Por esos tiempos Reino Unido se mostraba dispuesto a negociar la transferencia de la soberanía, intención explicitada en el Memorándum de Entendimiento de 1968. Sin embargo, se planteaba la cuestión de los “deseos” de los malvinenses, con lo que quedó en claro que la estrategia consistía en dilatar la discusión sobre la soberanía y colocar por delante la “autodeterminación” de los isleños. Entre los años 1971 y 1972, se conocieron los “Acuerdos de Comunicación” o “Acuerdos Prácticos”, los que buscaron avanzar en materia de servicios aéreos y marítimos, servicios postales, telegráficos y telefónicos; también en salud, educación y agricultura. Se concretó la construcción de un aeródromo, y empresas argentinas estatales, como Gas del Estado, YPF y Líneas Aéreas del Estado, comenzaron proveer servicios que las islas necesitaban. El punto de mayor avance fue el tratado secreto de 1974, durante el gobierno de Juan D. Perón, que planteaba una soberanía compartida sostenido en el tiempo; situación que sí pretendía poner en discusión la soberanía.
Sin embargo, entre 1975 y 1976 se conoció que existían recursos hidrocarburíferos estratégicos en la zona, a partir de una serie de expediciones; con lo que cambiaría para siempre la óptica de la potencia colonial. Lo que el Reino Unido decidió a partir de entonces fue suspender toda conversación con nuestro país, a partir de los resultados sobre relevamiento de recursos hidrocarburíferos, minerales e ictícolas, contenidos en informes como Griffiths y Shackleton de 1975. Al mismo tiempo, desde EE. UU. se sentenciaba que la única región fuera de la OPEP y de los países comunistas -con un potencial petrolero significativo- era la cuenca de las Malvinas, entre Argentina continental y las islas Malvinas. Ya en plena guerra, el 30 de abril de 1982, Estados Unidos anunció su apoyo al Reino Unido, priorizando su alianza con Gran Bretaña en el marco de la OTAN, cuyo objetivo quedó establecido en la decisión de Inglaterra de responder al desembarco argentino en Malvinas con el mayor operativo emprendido desde la Segunda Guerra Mundial, buscando consolidar una imprescindible posición estratégica en el Atlántico Sur. Concluida la guerra de 1982, el gobierno de Gran Bretaña creó la Fortaleza Malvinas (Falkland Fortress) conformada por un sistema de bases militares que incluye a las Islas Georgias, para afirmar la capacidad de proyección aérea en toda la zona en disputa.
Los claroscuros de la posguerra
Los primeros años del gobierno de Raúl Alfonsín, se intentó volver a la situación del año 1965, es decir, cuando Argentina había obtenido la Resolución 2065. La posición argentina consistía en que los avances “prácticos” de los años anteriores a la guerra no habían arrojado resultado alguno. Pero mientras Argentina planteo que la discusión de la soberanía debía anteceder a cualquier acuerdo, Gran Bretaña amplió su ocupación en Malvinas en la construcción de la base militar de Monte Agradable. En 1986 trazó una zona de exclusión para la pesca y la exploración de hidrocarburos, entre otras acciones que apuntaron a controlar la zona y la población. Se destaca, además, la elaboración de una “Constitución” en 1985 que, por primera vez, reconocía derechos ciudadanos a los isleños, en tanto ciudadanos británicos. Esa constitución tuvo por objeto asegurar el control político, social y económico del Reino Unido sobre el territorio usurpado, al mismo tiempo que fortalecer el argumento de la autodeterminación de los isleños, con el único fin de mantener la ocupación del enclave colonial.
Durante las presidencias de Menem, la política sobre Malvinas retomó la figura del “paraguas de soberanía”: el reclamo por Malvinas quedó asociado a una épica propia de los grandes relatos “ideológicos”, la que se proponía dejar de lado. Se planteaban otros vínculos con los países centrales, por lo que Malvinas se volvió a pensar desde el punto de vista de los “acercamientos prácticos”, y se dejó nuevamente de lado la discusión del tema de fondo: la soberanía. En 1989 y 1990 se firmaron los “Acuerdos de Madrid”: la cuestión Malvinas ya no se discutía entre Argentina y Gran Bretaña, como lo reclama la Resolución 2065, sino que sumaba un nuevo actor: los isleños, dando entidad a los históricos argumentos británicos sobre la autodeterminación, dejando en segundo plano la integración territorial (territorio usurpado). A través de esta política se buscó la cercanía con los isleños, con la consigna difusa de que una “cooperación” durante 50 años traería como consecuencia la soberanía. En lo práctico, se obtuvo el cese de las hostilidades, la restauración de consulados y embajadas luego de la guerra y el restablecimiento de comunicaciones aéreas y marítimas. También, la posibilidad de que los familiares de los caídos en Malvinas pudieran visitar las islas, y una serie de acuerdos de pesca e hidrocarburos que incluyeron la apertura de licitaciones para exploración de recursos. Estos tratados no hicieron otra cosa que reconocer la arbitrariedad e ilegalidad británica. Argentina convalidaba así la posición británica, que desoía la propia Resolución 31/49 (1976) de Naciones Unidas en cuanto a no innovar en materia de recursos naturales mientras exista el conflicto.
Entre 2003 y 2015, Malvinas pudo ubicarse en el marco general de una región que planteó críticamente la persistencia de dependencias económicas, políticas y culturales. Se adquirió un tono denunciante sobre el proceso de militarización en el continente y ofreció entonces una clave explicativa para dar cuenta de una escalada de instalación de bases militares que, como suele ocurrir, cercan los principales bienes naturales. Lo que mutó para Malvinas desde 2003 fue la política de los años setenta y noventa: debía ser tiempo de poner por delante el reclamo de soberanía y no los acuerdos instrumentales. Había que volver a colocar el conflicto exclusivamente entre los gobiernos de la Argentina y Gran Bretaña. En consonancia con el tono del reclamo, se señaló que, después de la guerra de 1982, Gran Bretaña construyó la mayor fortaleza militar de la OTAN en el océano Atlántico Sur.
Desde 2016, iniciamos un nuevo ciclo de desmalvinización, cuyo objetivo fue colocar a Malvinas en el marco de la desintegración regional. Con el Acuerdo de septiembre de 2016 (y los posteriores diez acuerdos o entendimientos conjuntos) lo primero que se pretendió fue quitar las islas de los salvoconductos regionales –que en paralelo se fueron desmontando–, así como recuperar el tono acuerdista y profundizar el camino de los Acuerdos de Madrid, en tanto explotación de hidrocarburos y militarización del Atlántico Sur. Se desprende del acuerdo redactado en Londres (conocido como Foradori-Duncan), una búsqueda por desmantelar medidas jurídicas, en pos de eliminar las restricciones y sanciones a la explotación ilegal de nuestros recursos naturales. Argentina no solo abandonó un considerable empeño en el desarrollo del Atlántico Sur (en parte promovido por la existencia de Pampa Azul), en tanto defensa integral de su soberanía territorial, científica, satelital y económica, sino que además puso a disposición del país ocupante información sobre su propia plataforma continental. Apenas dos días después de la firma del Acuerdo Foradori-Duncan, el Reino Unido presentó a los Estados Unidos un ambicioso proyecto de “protección marina” conocido como “Cinturón Azul”, en sus propias palabras, que “duplicaría el tamaño del océano protegido alrededor de nuestros Territorios de Ultramar a un área más grande que la India: cuatro millones de kilómetros cuadrados”.
El Libro Blanco británico y la estrategia de la OTAN
Mientras Argentina se convertía en aliado extra-OTAN en 1999, el Reino Unido dio a conocer su Libro Blanco. Una suerte de manual sobre cómo administrar sus “territorios de ultramar”. Allí, se reconocía el hecho que dicha administración permitía tres elementos fundamentales a la hora de pensar las soberanías nacionales y regionales: posición geopolítica, acceso al conocimiento y posesión sobre recursos naturales estratégicos para el desarrollo industrial, en una era de dificultades en cuanto al acceso a los mismos.
Luego de la guerra, en 1985 Gran Bretaña inició la construcción de la Fortaleza Malvinas, incluyendo la Base Aérea en Monte Agradable, que posibilita el desplazamiento de aviones de gran porte. A esto se suma el puerto de aguas profundas Mare Harbour utilizado por la Marina Real para el amarre de buques y submarinos, donde Londres ha enviado submarinos de última generación y de propulsión nuclear, además de los silos y rampas para lanzamiento de armas nucleares. Actualmente, este enclave militar tiene entre 1.500 y 2.000 efectivos (entre temporales y permanentes). Muchos de los temporales, conforman contingentes temporales y rotativos que arriban para ser sometidos a entrenamiento y posteriormente son enviados a otros escenarios bélicos. Esta base cuenta con aviones de quinta generación, característica que no cuenta ninguna fuerza aérea en Latinoamérica.
Se estima que alrededor de 200.000 buques de carga transitan anualmente el Atlántico Sur: el 80% del petróleo que demanda Europa Occidental y el 40% de las importaciones de EE. UU. representan parte importante de este flujo comercial. No podemos entender la estrategia del Reino Unido en el Atlántico Sur, sino es asociada a la de EE.UU., por ende, al esquema de despliegue militar de la OTAN: si en el 2004, Londres traslada la Comandancia Naval del Atlántico Sur a Mare Harbour y Monte Agradable, en 2008 EE.UU. anuncia la reactivación de la IV Flota para patrullar el Caribe, América Central y América del Sur con fines “humanitarios”. Diez años después, en agosto de 2018, el secretario de Defensa británico, Gavin Williamson, resaltó la fortaleza de la relación entre el Reino Unido y los EE. UU.: “Hemos desplegado fuerzas en todo el mundo, podemos recurrir a nuestros territorios de ultramar en Gibraltar, las Áreas de la Base Soberana en Chipre, la Isla Ascensión, las Islas Falklands y el Territorio Británico del Océano Índico. Estos a menudo proporcionan instalaciones clave no solo para nosotros, sino también para EE. UU.”
Si desde el fin de la guerra, por medio de licencias ilegales, esas imponentes ciudades iluminadas en el océano representaron un negocio de entre 150.000 y 200.000 millones de dólares, en paralelo Argentina solo capturó 80 sobre un total de 12.000 buques en el Atlántico Sur. La pesca sigue siendo la principal actividad económica de las Islas Malvinas, representando el 60% y el 59% del PIB nominal, en 2019 y 2020 respectivamente. En ese sentido, vale la pone observar que entre 2010 y 2020, la participación de la industria pesquera en el PIB nominal ha variado entre el 35 y el 63 por ciento.
Entre 1998 y 2010, se perforaron seis pozos petroleros a cargo Ocean Guardian. El 2 de abril de 2015, Premier Oil, Falkland Oil & Gas y Rockhopper Exploration anunciaron el descubrimiento de reservas de petróleo y gas, superando latgamente las expectativas. En septiembre de 2017, durante la Conferencia “Capital Oil”, el CEO de Rockhopper Exploration anunció que el pozo denominado “Sea Lion” poseía reservas certificadas de entre 500 millones y 1.000 millones de barriles de petróleo. En 2017, proyectaban para 2022 una producción offshore de 75.000 barriles diarios y 120.000 para 2025. Este 2022, la petrolera inglesa Borders & Southern Petroleum, la cual es propietaria ilegal de varias licencias de exploración y explotación offshore de hidrocarburos (“derechos exclusivos de relevamiento, perforación y producción” en esas zonas del descubrimiento, extendidos hasta el 31 de diciembre de 2022), emitió una importante colocación de acciones para obtener un capital de unos USD 1,8 millones, para avanzar en el desarrollo del yacimiento Darwin, situado al Sur del archipiélago. Recordemos que se trata de la empresa sobre la cual -en 2015 y por el mismo motivo- el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner inició acciones penales, buscando inhibirla para operar dentro del territorio nacional.
Han pasado cuarenta años de la guerra de Malvinas. Varias formas de abordar –con distinto énfasis- el conflicto de soberanía. Los balances están a la vista en torno a la actuado y en relación a sus resultados. Por todo ello resulta imprescindible considerar Malvinas a partir de tres premisas ordenadoras: América Latina y Argentina no pueden pensar su desarrollo económico sin elaborar una política de defensa integral de sus recursos marítimos; es necesario retomar una agenda regional que logre ejercer presión sobre el Atlántico Sur, con Argentina, Brasil y los países de África en el centro del debate. Al mismo tiempo, urge retomar una agenda de investigación sobre nuestro océano, es decir, volver a invertir con decisión en nuestro Océano Atlántico, tanto como impedir que nuestro país ofrezca información sensible sobre su plataforma continental tanto como logística a las potencias agresoras.
*Wainer es Sociólogo. Dr. en Ciencias Sociales. Investigador/ Docente UBA-UNDAV-UNaHur. Coord. Área de Estudios Nuestroamericanos del CCC. Coordinador del libro “Malvinas en la Geopolítica de América Latina…” (Ed. CCC, 2020). Titular de la cátedra “Malvinas, una causa de Nuestra América” (UNaHur).
