Por Clara López Obregón
En 28/05/2023
Una estrategia militar estadounidense ha sido puesta en boga desde hace algunos años en América Latina para generar golpes de Estado en la región. El lawfare continúa siendo una amenaza latente para los gobiernos progresistas del continente.
El lawfare o guerra jurídica constituye una de las más serias amenazas a la institucionalidad democrática de América Latina. El término proviene de los manuales de estrategia militar estadounidenses y “describe un método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar”[1] En su aplicación práctica en la confrontación política, los instrumentos jurídicos se desvían indebidamente para perseguir e inhabilitar a adversarios políticos o mandatarios incómodos para los intereses de los poderosos. Se trata de utilizar la justicia como arma política, judicializando la política con la previsible consecuencia de la politización de la justicia. La amplificación mediática interesada que la acompaña cumple la tarea de estigmatizar y causarle un daño reputacional irreparable a la víctima para sacarla del juego político.
La génesis del concepto de lawfare en los manuales de estrategia militar responde a un arraigado principio geopolítico de la seguridad nacional de los Estados Unidos que considera a América Latina y más concretamente a la “América Mediterránea”, compuesta por los países costeros del mar Caribe, un territorio vital para su defensa nacional y fortaleza en el ejercicio del poder global.
Aun cuando el término es relativamente nuevo, el fenómeno ha existido siempre. El arte del engaño es tan antiguo como la política y los juegos de poder. En América Latina, pasamos de los golpes militares cruentos, que convirtieron a los países del Cono Sur en dictaduras oprobiosas, a los golpes blandos o pasivos propinados contra los gobiernos progresistas elegidos democráticamente, percibidos por las élites tradicionales y los Estados Unidos como amenazas para sus intereses. Con la caída del Muro de Berlín, el mundo que respiraba el fin de la guerra fría no veía con buenos ojos las viejas tácticas del poder militar. Fue entonces cuando las teorías del “golpe blando” se abrieron paso para mimetizar, bajo apariencias jurídicas, la negación de la voluntad popular expresada en las urnas.
En efecto, a partir de 1996, en los países de la región, diez de los mandatarios progresistas democráticamente elegidos y tres candidatos con opciones muy favorables para ganar la presidencia han sido víctimas de las tácticas del lawfare: Hugo Chávez en Venezuela, Manuel Zelaya en Honduras, Ernesto Samper en Colombia, Correa en Rafael Ecuador, Fernando Lugo en Paraguay, Dilma Rousseff y Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Gustavo Petro (durante su gobierno como alcalde de Bogotá) en Colombia, Andrés Arauz en Ecuador, Pedro Castillo en Perú y Cristina Fernández de Kirschner en Argentina.
En todos estos casos, los programas de gobierno viraban hacia relaciones más horizontales y soberanas frente a los Estados Unidos, predicaban mayor integración de los países suramericanos dentro de un enfoque multipolar de sus relaciones internacionales y planteaban cambios en el modelo económico, alternativos al neoliberalismo que, a pesar de estar agotado, está todavía en boga entre las élites del continente.
El lawfare ha sido un verdadero torpedo contra el cambio y la democracia y ha logrado camuflar ante la opinión pública internacional verdaderos golpes de Estado bajo la desnaturalización de formas y formalidades jurídicas. En últimas, el lawfare se ha traducido en un instrumento de poder coercitivo que utiliza una supuesta “vía legal” que puede ser percibida como una alternativa menos violenta para conseguir cambios de régimen. Hoy es fundamental reconocer sus alcances y actuar para impedir nuevos golpes de gracia a los gobiernos democráticos empeñados en el cambio, como el anunciado, entre otros opositores, por el expresidente de Acore, el coronel en retiro John Marulanda, en Colombia contra el presidente Gustavo Petro.
CASOS DE LAWFARE EN AMÉRICA LATINA (1996-2022)
1. Ernesto Samper (1996) Colombia
El Proceso 8000 consiguió arrinconar al entonces presidente Ernesto Samper cuando se alejaba del dogma neoliberal a pesar de no existir una sola prueba en su contra. El testigo estrella, Fernando Botero, fue condenado en última instancia y después de perder el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia por hurto agravado por la confianza. En efecto, once años después del proceso ante la Cámara de Representantes, se pudo confirmar judicialmente que los dineros de procedencia ilícita ingresados a la campaña se consiguieron para esconder la sustracción de donaciones lícitas recibidas en Nueva York y depositadas en confianza en la cuenta personal del gerente de la campaña, Fernando Botero, tal como lo había planteado la defensa. Éste recibió pesos sucios en Colombia para reemplazar los dólares limpios que se había hurtado en Estados Unidos.
2. Hugo Chávez (2002) República Bolivariana de Venezuela
De Hugo Chávez en Venezuela se afirmó que había renunciado y dejado un vacío de poder, cuando había sido apresado e incomunicado, al punto de que el vicepresidente asumió temporalmente el reemplazo cuando el pueblo retomó el palacio presidencial de Miraflores. La OEA esperó el desenvolvimiento del golpe y solamente lo reconoció como tal cuando el helicóptero que traía al presidente Chávez de regreso de la Isla de la Orchila surcaba los cielos de Caracas, después de haber fracasado el intento de obligarlo a renunciar y salir del país.
3. Manuel Zelaya (2009) Honduras
A Manuel Zelaya en Honduras (2009), las fuerzas armadas lo apresaron y expatriaron forzadamente cuando la Corte Suprema de Justicia determinó que había desacatado un fallo del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, un juzgado de primera instancia sin competencia constitucional para ello. El presidente Zelaya relató en el Encuentro Latinoamericano Progresista (ELAP 2014) que cuando asumió el poder había recibido de manos del embajador de Estados Unidos una hoja de papel con las sugerencias de los principales ministros que él desechó.
4. Fernando Lugo (2012) Paraguay
Fernando Lugo en Paraguay (2012) no respondió ante el legislativo para evitar un baño de sangre cuando se le seguía un juicio exprés que lo destituyó en 24 horas, sin debido proceso alguno, mientras francotiradores se apostaban alrededor de la plaza en la que el pueblo acudía a defender a su mandatario. En 2009 había cancelado los ejercicios militares del programa “Nuevos Horizontes” con la presencia de 500 soldados estadounidenses en suelo paraguayo.
5. Gustavo Petro (2013) Colombia
Siendo Alcalde Bogotá, el excandidato a la presidencia de la República Gustavo Petro fue destituido e inhabilitado para ejercer funciones públicas por un Procurador General conservador sin funciones judiciales. Alejandro Ordóñez adujo, sin razón legal alguna, que las políticas de recuperación del manejo de las basuras por parte del sector público eran ilegales, hizo caso omiso de la prohibición contenida en las normativas interamericanas que prohíben a funcionarios administrativos disponer de la libertad de personas que hayan sido elegidas popularmente. Sin la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Gustavo Petro no habría podido posesionarse como presidente en 2022.
6. Dilma Rousseff (2016) Brasil
Dilma Rousseff en Brasil sufrió un golpe parlamentario bajo la figura de un impeachment ilegal por unas supuestas irregularidades administrativas que son habituales en la presentación del presupuesto anual en Brasil. Su sucesor reversó muchas de las medidas de los gobiernos del PT (Partido de los Trabajadores) para regresar al viejo modelo y sirvió de mampara democrática al juicio espurio contra el expresidente Ignacio Lula da Silva.
7. Ignacio Lula da Silva (2018) Brasil
Cuando las encuestas lo daban como el virtual ganador frente a Bolsonaro, con argucias, arbitrariedades y una total ausencia del debido proceso fue encarcelado y se le impidió participar como candidato en las elecciones. La justicia brasilera ya se ha pronunciado sobre la ilegalidad del procedimiento dirigido contra él y restaurado su libertad por lo que pudo presentarse y ganar las elecciones presidenciales de 2022.
8. Rafael Correa (2018) Ecuador
Los derechos políticos de Rafael Correa, dos veces elegido presidente de Ecuador, fueron judicialmente desconocidos al punto de que la acusación que hoy lo tiene asilado en Bruselas, Bélgica, es la de haber sido “determinador psicológico” de casos de corrupción. Una indemostrable apreciación subjetiva de jueces, enemigos políticos. Por ello ni él ni su partido pudieron presentarse a las elecciones, pero su candidato, también víctima de lawfare, perdió por estrecho margen en 2022.
9. Evo Morales (2019) Bolivia
El presidente Evo Morales de Bolivia fue obligado a renunciar y exiliarse después de que la OEA presentó un informe con alegatos de fraude, los mismos que académicos e investigaciones hechas por el New York Times comprobaron que jamás existieron. Aun cuando a su partido y su candidato, Luis Arce, tuvieron dificultades para presentarse a las elecciones, en 2020 ganó las presidenciales.
10. Nicolás Maduro (2019) República Bolivariana de Venezuela
Con la legitimación hecha por Estados Unidos y los países latinoamericanos reunidos en el Grupo de Lima en 2019, Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, fue reconocido como presidente interino de Venezuela., Con ello, se impidió una salida dialogada a la crisis política venezolana que hasta ahora se vuelve a abrir paso.
11. Andrés Arauz (2021) Ecuador
En vísperas de la segunda vuelta presidencial en Ecuador, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, viajó a Quito para acusar con pruebas falsas a Andrés Arauz de haber recibido dinero del ELN para financiar su campaña lo cual pudo conducir a perder por un muy estrecho margen las elecciones.
12. Cristina Fernández de Kirschner (2022) Argentina
A Cristina Fernández de Kirchner la han condenado e inhabilitado (2022) cuando se acercan las nuevas elecciones presidenciales en las cuales podría haber sido escogida como candidata presidencial del peronismo.
13. Pedro Castillo (2022) Perú
El defenestrado presidente de Perú, Pedro Castillo, fue destituido en 2022 por un Congreso golpista sin las mayorías calificadas exigidas en la Constitución, hecho invisibilizado para justificar la actuación inconstitucional. Si bien es cierto que intentó cerrar el Congreso conforme a la muerte cruzada consignada en la Constitución peruana, su destitución no fue realizada conforme a las prescripciones constitucionales.
[1] Vollenweider, C. y Romano, S., Lawfare. La judicialización de la política en América Latina. CELAG
Revista Raya
El lawfare o guerra jurídica constituye una de las más serias amenazas a la institucionalidad democrática de América Latina. El término proviene de los manuales de estrategia militar estadounidenses y “describe un método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar”[1] En su aplicación práctica en la confrontación política, los instrumentos jurídicos se desvían indebidamente para perseguir e inhabilitar a adversarios políticos o mandatarios incómodos para los intereses de los poderosos. Se trata de utilizar la justicia como arma política, judicializando la política con la previsible consecuencia de la politización de la justicia. La amplificación mediática interesada que la acompaña cumple la tarea de estigmatizar y causarle un daño reputacional irreparable a la víctima para sacarla del juego político.
La génesis del concepto de lawfare en los manuales de estrategia militar responde a un arraigado principio geopolítico de la seguridad nacional de los Estados Unidos que considera a América Latina y más concretamente a la “América Mediterránea”, compuesta por los países costeros del mar Caribe, un territorio vital para su defensa nacional y fortaleza en el ejercicio del poder global.
Aun cuando el término es relativamente nuevo, el fenómeno ha existido siempre. El arte del engaño es tan antiguo como la política y los juegos de poder. En América Latina, pasamos de los golpes militares cruentos, que convirtieron a los países del Cono Sur en dictaduras oprobiosas, a los golpes blandos o pasivos propinados contra los gobiernos progresistas elegidos democráticamente, percibidos por las élites tradicionales y los Estados Unidos como amenazas para sus intereses. Con la caída del Muro de Berlín, el mundo que respiraba el fin de la guerra fría no veía con buenos ojos las viejas tácticas del poder militar. Fue entonces cuando las teorías del “golpe blando” se abrieron paso para mimetizar, bajo apariencias jurídicas, la negación de la voluntad popular expresada en las urnas.
En efecto, a partir de 1996, en los países de la región, diez de los mandatarios progresistas democráticamente elegidos y tres candidatos con opciones muy favorables para ganar la presidencia han sido víctimas de las tácticas del lawfare: Hugo Chávez en Venezuela, Manuel Zelaya en Honduras, Ernesto Samper en Colombia, Correa en Rafael Ecuador, Fernando Lugo en Paraguay, Dilma Rousseff y Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Gustavo Petro (durante su gobierno como alcalde de Bogotá) en Colombia, Andrés Arauz en Ecuador, Pedro Castillo en Perú y Cristina Fernández de Kirschner en Argentina.
En todos estos casos, los programas de gobierno viraban hacia relaciones más horizontales y soberanas frente a los Estados Unidos, predicaban mayor integración de los países suramericanos dentro de un enfoque multipolar de sus relaciones internacionales y planteaban cambios en el modelo económico, alternativos al neoliberalismo que, a pesar de estar agotado, está todavía en boga entre las élites del continente.
El lawfare ha sido un verdadero torpedo contra el cambio y la democracia y ha logrado camuflar ante la opinión pública internacional verdaderos golpes de Estado bajo la desnaturalización de formas y formalidades jurídicas. En últimas, el lawfare se ha traducido en un instrumento de poder coercitivo que utiliza una supuesta “vía legal” que puede ser percibida como una alternativa menos violenta para conseguir cambios de régimen. Hoy es fundamental reconocer sus alcances y actuar para impedir nuevos golpes de gracia a los gobiernos democráticos empeñados en el cambio, como el anunciado, entre otros opositores, por el expresidente de Acore, el coronel en retiro John Marulanda, en Colombia contra el presidente Gustavo Petro.
CASOS DE LAWFARE EN AMÉRICA LATINA (1996-2022)
1. Ernesto Samper (1996) Colombia
El Proceso 8000 consiguió arrinconar al entonces presidente Ernesto Samper cuando se alejaba del dogma neoliberal a pesar de no existir una sola prueba en su contra. El testigo estrella, Fernando Botero, fue condenado en última instancia y después de perder el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia por hurto agravado por la confianza. En efecto, once años después del proceso ante la Cámara de Representantes, se pudo confirmar judicialmente que los dineros de procedencia ilícita ingresados a la campaña se consiguieron para esconder la sustracción de donaciones lícitas recibidas en Nueva York y depositadas en confianza en la cuenta personal del gerente de la campaña, Fernando Botero, tal como lo había planteado la defensa. Éste recibió pesos sucios en Colombia para reemplazar los dólares limpios que se había hurtado en Estados Unidos.
2. Hugo Chávez (2002) República Bolivariana de Venezuela
De Hugo Chávez en Venezuela se afirmó que había renunciado y dejado un vacío de poder, cuando había sido apresado e incomunicado, al punto de que el vicepresidente asumió temporalmente el reemplazo cuando el pueblo retomó el palacio presidencial de Miraflores. La OEA esperó el desenvolvimiento del golpe y solamente lo reconoció como tal cuando el helicóptero que traía al presidente Chávez de regreso de la Isla de la Orchila surcaba los cielos de Caracas, después de haber fracasado el intento de obligarlo a renunciar y salir del país.
3. Manuel Zelaya (2009) Honduras
A Manuel Zelaya en Honduras (2009), las fuerzas armadas lo apresaron y expatriaron forzadamente cuando la Corte Suprema de Justicia determinó que había desacatado un fallo del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, un juzgado de primera instancia sin competencia constitucional para ello. El presidente Zelaya relató en el Encuentro Latinoamericano Progresista (ELAP 2014) que cuando asumió el poder había recibido de manos del embajador de Estados Unidos una hoja de papel con las sugerencias de los principales ministros que él desechó.
4. Fernando Lugo (2012) Paraguay
Fernando Lugo en Paraguay (2012) no respondió ante el legislativo para evitar un baño de sangre cuando se le seguía un juicio exprés que lo destituyó en 24 horas, sin debido proceso alguno, mientras francotiradores se apostaban alrededor de la plaza en la que el pueblo acudía a defender a su mandatario. En 2009 había cancelado los ejercicios militares del programa “Nuevos Horizontes” con la presencia de 500 soldados estadounidenses en suelo paraguayo.
5. Gustavo Petro (2013) Colombia
Siendo Alcalde Bogotá, el excandidato a la presidencia de la República Gustavo Petro fue destituido e inhabilitado para ejercer funciones públicas por un Procurador General conservador sin funciones judiciales. Alejandro Ordóñez adujo, sin razón legal alguna, que las políticas de recuperación del manejo de las basuras por parte del sector público eran ilegales, hizo caso omiso de la prohibición contenida en las normativas interamericanas que prohíben a funcionarios administrativos disponer de la libertad de personas que hayan sido elegidas popularmente. Sin la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Gustavo Petro no habría podido posesionarse como presidente en 2022.
6. Dilma Rousseff (2016) Brasil
Dilma Rousseff en Brasil sufrió un golpe parlamentario bajo la figura de un impeachment ilegal por unas supuestas irregularidades administrativas que son habituales en la presentación del presupuesto anual en Brasil. Su sucesor reversó muchas de las medidas de los gobiernos del PT (Partido de los Trabajadores) para regresar al viejo modelo y sirvió de mampara democrática al juicio espurio contra el expresidente Ignacio Lula da Silva.
7. Ignacio Lula da Silva (2018) Brasil
Cuando las encuestas lo daban como el virtual ganador frente a Bolsonaro, con argucias, arbitrariedades y una total ausencia del debido proceso fue encarcelado y se le impidió participar como candidato en las elecciones. La justicia brasilera ya se ha pronunciado sobre la ilegalidad del procedimiento dirigido contra él y restaurado su libertad por lo que pudo presentarse y ganar las elecciones presidenciales de 2022.
8. Rafael Correa (2018) Ecuador
Los derechos políticos de Rafael Correa, dos veces elegido presidente de Ecuador, fueron judicialmente desconocidos al punto de que la acusación que hoy lo tiene asilado en Bruselas, Bélgica, es la de haber sido “determinador psicológico” de casos de corrupción. Una indemostrable apreciación subjetiva de jueces, enemigos políticos. Por ello ni él ni su partido pudieron presentarse a las elecciones, pero su candidato, también víctima de lawfare, perdió por estrecho margen en 2022.
9. Evo Morales (2019) Bolivia
El presidente Evo Morales de Bolivia fue obligado a renunciar y exiliarse después de que la OEA presentó un informe con alegatos de fraude, los mismos que académicos e investigaciones hechas por el New York Times comprobaron que jamás existieron. Aun cuando a su partido y su candidato, Luis Arce, tuvieron dificultades para presentarse a las elecciones, en 2020 ganó las presidenciales.
10. Nicolás Maduro (2019) República Bolivariana de Venezuela
Con la legitimación hecha por Estados Unidos y los países latinoamericanos reunidos en el Grupo de Lima en 2019, Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, fue reconocido como presidente interino de Venezuela., Con ello, se impidió una salida dialogada a la crisis política venezolana que hasta ahora se vuelve a abrir paso.
11. Andrés Arauz (2021) Ecuador
En vísperas de la segunda vuelta presidencial en Ecuador, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, viajó a Quito para acusar con pruebas falsas a Andrés Arauz de haber recibido dinero del ELN para financiar su campaña lo cual pudo conducir a perder por un muy estrecho margen las elecciones.
12. Cristina Fernández de Kirschner (2022) Argentina
A Cristina Fernández de Kirchner la han condenado e inhabilitado (2022) cuando se acercan las nuevas elecciones presidenciales en las cuales podría haber sido escogida como candidata presidencial del peronismo.
13. Pedro Castillo (2022) Perú
El defenestrado presidente de Perú, Pedro Castillo, fue destituido en 2022 por un Congreso golpista sin las mayorías calificadas exigidas en la Constitución, hecho invisibilizado para justificar la actuación inconstitucional. Si bien es cierto que intentó cerrar el Congreso conforme a la muerte cruzada consignada en la Constitución peruana, su destitución no fue realizada conforme a las prescripciones constitucionales.
[1] Vollenweider, C. y Romano, S., Lawfare. La judicialización de la política en América Latina. CELAG
Revista Raya
