Guatemala define su próximo presidente en clima encendido
Victoria Korn
On Ago 12, 2023
El próximo domingo 20 de agosto, 9,4 millones de guatemaltecas y guatemaltecos , en medio de la pobreza, la violencia y la corrupción, definirán quién presidirá el país los próximos cuatro años en una segunda vuelta electoral entre la conservadora Sandra Torres, que sacó un 15,7% de los votos en la primera ronda, y Bernardo Arévalo, hijo del expresidente Juan José Arévalo, que logró el segundo lugar con el 11,8%. El camino a la segunda ronda introdujo permanentes arremetidas desde el Poder Judicial para intentar inhabilitar al Movimiento Semilla, de fuerte discurso anticorrupción.
El arte de criminalizar a jueces, periodistas y candidatos
El próximo domingo 20 de agosto, 9,4 millones de guatemaltecas y guatemaltecos , en medio de la pobreza, la violencia y la corrupción, definirán quién presidirá el país los próximos cuatro años en una segunda vuelta electoral entre la conservadora Sandra Torres, que sacó un 15,7% de los votos en la primera ronda, y Bernardo Arévalo, hijo del expresidente Juan José Arévalo, que logró el segundo lugar con el 11,8%. El camino a la segunda ronda introdujo permanentes arremetidas desde el Poder Judicial para intentar inhabilitar al Movimiento Semilla, de fuerte discurso anticorrupción.
El arte de criminalizar a jueces, periodistas y candidatos
En las elecciones generales se eligen el presidente y vicepresidente, 160 diputados al Congreso, 340 corporaciones municipales y 20 diputados titulares al Parlamento Centroamericano. Ningún candidato obtuvo la mayoría absoluta en primera vuelta, por lo que se realizará un balotaje el 20 de agosto entre Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla y Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
El binomio presidencial de Movimiento Semilla denunció a escasos días de las elecciones una “sucia”campaña de desinformación en su contra.“Ya basta de desinformación. Estamos viendo una campaña que no solo es sucia, sino que tiene como principal vocera a una candidata presidencial”, señaló el presidenciable ante contenidos que han sido difundidos en diferentes formatos digitales, así como “insultos que la candidata Torres esparce en sus mítines”.
“Es impresentable que Sandra Torres sea el principal rostro de las mentiras, de la desinformación y de los mensajes de odio que hoy estamos viendo”, expresó Arévalo y añadió que se trata de “un daño directo y dirigido al desarrollo libre del proceso electoral (…). Busca estafarlos para que voten por miedo o por información que no es verídica”.
“Los de Semilla, todos son unos afeminados y una partida de huecos. En la UNE hay hombres y mujeres definidas, aquí no hay medias tintas”, fue parte del mensaje de Torres en un mitin político en San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
Arévalo tiene una ventaja de 15 puntos en la intención de voto, 43 por ciento por 28 de su rival, la candidata del partido Unión Nacional de la Esperanza (UNE) Sandra Torres, en una encuesta de la Fundación Libertad y Desarrollo y Cid-Gallup, en la cual 22 por ciento respondieron que no apoyará a ninguno de los dos y siete de cada 100 anularán su voto.
Antes de las elecciones hubo un operativo de Estado para negar el registro al Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) y su candidata, Thelma Cabrera, una campesina activista por los derechos a la tierra, el acceso a la energía eléctrica y contra la privatización de los servicios básicos. Pese a que 22 personas contendieron por la presidencia y de que más de 40 por ciento de los habitantes del país son indígenas, Cabrera era la única aspirante perteneciente a alguno de los pueblos originarios: prueba del racismo y carencia de representatividad del sistema político.
Todo comenzó cuando se anunciaron los resultados de la primera vuelta de las elecciones, celebrada el 25 de junio. Sandra Torres, que fue primera dama durante el gobierno de Álvaro Colom (2008-11) obtuvo un 15% de los votos y Bernardo Arévalo, hijo del histórico presidente Juan José Arévalo (1945-51), del Movimiento Semilla un 12%.
El candidato presidencial de Semilla tildó la suspensión del partido de «golpe de Estado técnico…una acción desesperada de grupo político criminal que se da cuenta que tiene los días contados en términos del control sobre el poder político».
El avance a segunda vuelta de Arévalo, sociólogo y exdiplomático de 64 años, fue toda una sorpresa, ya que las encuestas previas le daban menos de un 5% de los votos.Su estandarte es la lucha contra la corrupción en las instituciones, un mal endémico que se ha ido agravando en los últimos años,
De tener “uno de los mecanismos más exitosos para combatir la corrupción y el crimen organizado” a que el sistema de justicia se haya convertido “en un brazo represivo para asfixiar a quienes buscan decir la verdad, investigan y promueven la libertad de expresión”.
Con ambas declaraciones sobre Guatemala –la primera se refiere a la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) de la ONU, que fue expulsada en 2019– la Oficina Humanitaria de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) describió la evolución vivida en los últimos años por el país centroamericano.
A partir del fin de la Cicig, el Ministerio Público se convirtió en un instrumento para defender al presidente de turno (Morales primero, y Alejandro Giammattei desde 2019) y perseguir a quienes no fueran afines a sus ideas. Y fueron sus investigaciones a las altas esferas de poder y las élites empresariales, las que determinaron su despido.
Esta tendencia desembocó en una creciente criminalización de jueces y medios de comunicación independientes. Así, cerca de 40 operadores de justicia que trabajaban en casos relacionados con corrupción y una veintena de periodistas que los investigaban acabaron detenidos o bien eligieron salir de Guatemala para evitar la cárcel.
Denuncian ser víctimas de una campaña para silenciar voces críticas contra el actual gobierno y cualquier investigación que pudiera salpicar sus intereses. “En Guatemala existe un proyecto autoritario encaminado a destruir la democracia”, condenó la organización Human Rights Watch (HRW) en una visita realizada al país en abril.
Aunque se refirió en pocas ocasiones a estas acusaciones, el presidente Alejandro Giammattei sí las rechazó tajantemente el año pasado cuando un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó a Guatemala entre los países que vulneran los derechos humanos.
El mandatario negó que exista “un ejercicio abusivo del poder” ni “una infracción sistemática de la independencia del poder judicial, y mucho menos actos de insubordinación de las instituciones del Estado”, tal y como señaló el organismo internacional.
También criticó que el informe cuestionara los procesos en curso contra fiscales y jueces que, en su opinión, “abusaron de su poder en el fuero interno y violaron el debido proceso (…). Cuestionar estas investigaciones socava nuestra institucionalidad”, denunció.
“Todas estas decisiones controversiales, el alto nivel de judicialización de la política y la persecución a candidatos y operadores de justicia hacen que, a pocos días de votar, el ambiente aquí esté bastante enrarecido y oscuro”, describe el analista guatemalteco Renzo Rosal.
“No se respira un aire de fiesta ni euforia como otras elecciones. Esta vez están marcadas por la regresión de la democracia, que en Guatemala nunca ha llegado a estar consolidada, y por un fortalecimiento autoritario”, agrega.
Juan Francisco Sandoval, quien estuvo al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, tiene muy claro que el parteaguas de esta situación fue la expulsión de la Cicig hace cuatro años.
“El hecho de que en algunas investigaciones se descubriera cómo la élite política era usuaria del sistema corrupto y financió ilícitamente la campaña política del anterior presidente (Jimmy Morales, quien ordenó la salida de la comisión) marcó el inicio del fin”, le dijo Sandoval a BBC Mundo desde Estados Unidos, donde vive después de que fuera destituido de su cargo en 2021.
Sandoval conoce bien el funcionamiento de la Cicig, el grupo de Naciones Unidas que apoyó al Ministerio Público en el que él trabajó durante más de 15 años y con el que se llevaron a cabo algunas de las investigaciones anticorrupción más sonadas del país, como la que acabó con el expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta en la cárcel.
Hay un nombre que se repite al hablar de la mayoría de estos casos de jueces y periodistas criminalizados es el de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras.En el cargo desde 2018, le atribuyen liderar una campaña de persecución en su contra, e incluso Estados Unidos la incluyó en una lista de actores “corruptos y antidemocráticos” por obstaculizar la justicia.
Sandoval asegura que “Su dedicación completa fue obstruir las investigaciones que ya habíamos adelantado. Y sobre las denuncias que recibíamos que podían involucrar al presidente y su círculo cercano, decidía que las deriváramos a otras fiscalías con el ánimo de que las investigaciones no avanzaran”.
La prensa independiente fue otro de los objetivos. El caso con mayor repercusión fue la reciente condena a seis años de cárcel por lavado de dinero de José Rubén Zamora, uno de los mayores exponentes del periodismo de investigación en el país y fundador del emblemático medio elPeriódico.
Juan Luis Font, quien fue director de dicho rotativo,señaló que «El actual gobierno tiene cooptadas todas las instituciones que juegan un rol en el sistema de justicia y en el sistema de control frente al Estado».
Las propuestas de Arévalo
Bernardo Arévalo, candidato por el Movimiento Semilla, anunció que una de sus metas principales es la lucha contra la corrupción, si gana la segunda vuelta electoral del 20 de agosto, para la cual aparece como favorito en las encuestas. Voy a concentrar mis acciones de corto plazo en cuatro ejes fundamentales: Salvar a Guatemala de la corrupción, rescatar la economía, construir un gobierno presente y frenar la delincuencia, señaló.
El programa sería puesto en práctica en los primeros 100 días de su gestión si triunfa en los comicios y asume su mandato el 14 de enero del próximo año. Son 100 días de efecto inmediato, en donde se busca obtener logros de corto plazo, que simbolicen la determinación del gobierno en intentar hacer funcionar las instituciones, subrayó.
La corrupción es un cáncer que se ha incrustado en la mayoría de instituciones públicas, y su gobierno denunciará los casos, nombrará funcionarios honestos y capaces y creará un gabinete anticorrupción. “Pondré el ejemplo, ya que reduciré el salario que tiene el puesto de presidente de la república y se revisarán las remuneraciones de los funcionarios de alto nivel para eliminar privilegios injustificados”, afirmó.
En cuanto al eje de rescate de la economía, anunció ocho medidas, entre ellas apoyo a la producción agrícola, un fondo nacional para la innovación y transformación productiva, formación para el empleo, rebaja de los precios de la electricidad y un sistema para el abastecimiento de medicinas a bajo costo.
Para construir un gobierno que sí esté presente, Arévalo propuso cuatro medidas; la primera de ellas es la revisión de los altos salarios de los funcionarios gubernamentales y eliminar la práctica de hacer de la política un negocio, además de programas para viviendas dignas, de vacunación y manejo de recursos hídricos y bosques.
Con relación a la lucha contra la delincuencia, Arévalo enfatizó que frenará las extorsiones desde las cárceles, reordenará el sistema penitenciario e impulsará el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil, entre otras medidas.
El binomio presidencial del partido Movimiento Semilla, conformado por Arévalo y Karin Herrera, presentó un plan de 10 medidas en contra de la corrupción, que incluye la conformación de un gabinete específico anticorrupción, y comisiones, así como reformas a varias leyes, entre ellas el Código Penal para dar “muerte civil” a las personas condenadas en casos de corrupción.
Como tercer punto, proponen un nuevo Plan Nacional de Gobierno Abierto, que promueva la transparencia; cuarto, un paquete de reformas a las leyes de Probidad, Contrataciones del Estado, la Contraloría General de Cuentas, Acceso a la Información y Servicio Civil, Electoral y de Partidos Políticos y contra el Lavado de Dinero y otros activos.
La Limpieza de Plazas Fantasma es el quinto punto, dirigido a identificar y denunciar los puestos asociados al clientelismo político en el Organismo Ejecutivo y sus dependencias. También la limpieza de contratos derrochadores, la recuperación de puertos, una política antisobornos, municipalidades transparentes y la muerte civil que propone una reforma al Código Penal contra personas condenadas en casos de corrupción.
Arévalo aclaró que es la inhabilitación de una persona para ocupar cargos públicos y de sostener negocios con el Estado cuando sean halladas culpables de corrupción. El presidenciable indicó que se asesorarán de expertos para aplicar estas medidas.
Según una encuesta publicada por la Fundación Libertad y Desarrollo, la corrupción es considerada como el segundo problema del país que más afecta con un 18 %, incluso antes que el alto costo de la vida, que tiene un 15 %. Los resultados de la encuesta señalan que el primer problema identificado por los guatemaltecos es la falta de empleo.
*Periodista venezolana, analista de temas de migración, Centroamérica y el Caribe, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
El binomio presidencial de Movimiento Semilla denunció a escasos días de las elecciones una “sucia”campaña de desinformación en su contra.“Ya basta de desinformación. Estamos viendo una campaña que no solo es sucia, sino que tiene como principal vocera a una candidata presidencial”, señaló el presidenciable ante contenidos que han sido difundidos en diferentes formatos digitales, así como “insultos que la candidata Torres esparce en sus mítines”.
“Es impresentable que Sandra Torres sea el principal rostro de las mentiras, de la desinformación y de los mensajes de odio que hoy estamos viendo”, expresó Arévalo y añadió que se trata de “un daño directo y dirigido al desarrollo libre del proceso electoral (…). Busca estafarlos para que voten por miedo o por información que no es verídica”.
“Los de Semilla, todos son unos afeminados y una partida de huecos. En la UNE hay hombres y mujeres definidas, aquí no hay medias tintas”, fue parte del mensaje de Torres en un mitin político en San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
Arévalo tiene una ventaja de 15 puntos en la intención de voto, 43 por ciento por 28 de su rival, la candidata del partido Unión Nacional de la Esperanza (UNE) Sandra Torres, en una encuesta de la Fundación Libertad y Desarrollo y Cid-Gallup, en la cual 22 por ciento respondieron que no apoyará a ninguno de los dos y siete de cada 100 anularán su voto.
Antes de las elecciones hubo un operativo de Estado para negar el registro al Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) y su candidata, Thelma Cabrera, una campesina activista por los derechos a la tierra, el acceso a la energía eléctrica y contra la privatización de los servicios básicos. Pese a que 22 personas contendieron por la presidencia y de que más de 40 por ciento de los habitantes del país son indígenas, Cabrera era la única aspirante perteneciente a alguno de los pueblos originarios: prueba del racismo y carencia de representatividad del sistema político.
Todo comenzó cuando se anunciaron los resultados de la primera vuelta de las elecciones, celebrada el 25 de junio. Sandra Torres, que fue primera dama durante el gobierno de Álvaro Colom (2008-11) obtuvo un 15% de los votos y Bernardo Arévalo, hijo del histórico presidente Juan José Arévalo (1945-51), del Movimiento Semilla un 12%.
El candidato presidencial de Semilla tildó la suspensión del partido de «golpe de Estado técnico…una acción desesperada de grupo político criminal que se da cuenta que tiene los días contados en términos del control sobre el poder político».
El avance a segunda vuelta de Arévalo, sociólogo y exdiplomático de 64 años, fue toda una sorpresa, ya que las encuestas previas le daban menos de un 5% de los votos.Su estandarte es la lucha contra la corrupción en las instituciones, un mal endémico que se ha ido agravando en los últimos años,
De tener “uno de los mecanismos más exitosos para combatir la corrupción y el crimen organizado” a que el sistema de justicia se haya convertido “en un brazo represivo para asfixiar a quienes buscan decir la verdad, investigan y promueven la libertad de expresión”.
Con ambas declaraciones sobre Guatemala –la primera se refiere a la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) de la ONU, que fue expulsada en 2019– la Oficina Humanitaria de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) describió la evolución vivida en los últimos años por el país centroamericano.
A partir del fin de la Cicig, el Ministerio Público se convirtió en un instrumento para defender al presidente de turno (Morales primero, y Alejandro Giammattei desde 2019) y perseguir a quienes no fueran afines a sus ideas. Y fueron sus investigaciones a las altas esferas de poder y las élites empresariales, las que determinaron su despido.
Esta tendencia desembocó en una creciente criminalización de jueces y medios de comunicación independientes. Así, cerca de 40 operadores de justicia que trabajaban en casos relacionados con corrupción y una veintena de periodistas que los investigaban acabaron detenidos o bien eligieron salir de Guatemala para evitar la cárcel.
Denuncian ser víctimas de una campaña para silenciar voces críticas contra el actual gobierno y cualquier investigación que pudiera salpicar sus intereses. “En Guatemala existe un proyecto autoritario encaminado a destruir la democracia”, condenó la organización Human Rights Watch (HRW) en una visita realizada al país en abril.
Aunque se refirió en pocas ocasiones a estas acusaciones, el presidente Alejandro Giammattei sí las rechazó tajantemente el año pasado cuando un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó a Guatemala entre los países que vulneran los derechos humanos.
El mandatario negó que exista “un ejercicio abusivo del poder” ni “una infracción sistemática de la independencia del poder judicial, y mucho menos actos de insubordinación de las instituciones del Estado”, tal y como señaló el organismo internacional.
También criticó que el informe cuestionara los procesos en curso contra fiscales y jueces que, en su opinión, “abusaron de su poder en el fuero interno y violaron el debido proceso (…). Cuestionar estas investigaciones socava nuestra institucionalidad”, denunció.
“Todas estas decisiones controversiales, el alto nivel de judicialización de la política y la persecución a candidatos y operadores de justicia hacen que, a pocos días de votar, el ambiente aquí esté bastante enrarecido y oscuro”, describe el analista guatemalteco Renzo Rosal.
“No se respira un aire de fiesta ni euforia como otras elecciones. Esta vez están marcadas por la regresión de la democracia, que en Guatemala nunca ha llegado a estar consolidada, y por un fortalecimiento autoritario”, agrega.
Juan Francisco Sandoval, quien estuvo al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, tiene muy claro que el parteaguas de esta situación fue la expulsión de la Cicig hace cuatro años.
“El hecho de que en algunas investigaciones se descubriera cómo la élite política era usuaria del sistema corrupto y financió ilícitamente la campaña política del anterior presidente (Jimmy Morales, quien ordenó la salida de la comisión) marcó el inicio del fin”, le dijo Sandoval a BBC Mundo desde Estados Unidos, donde vive después de que fuera destituido de su cargo en 2021.
Sandoval conoce bien el funcionamiento de la Cicig, el grupo de Naciones Unidas que apoyó al Ministerio Público en el que él trabajó durante más de 15 años y con el que se llevaron a cabo algunas de las investigaciones anticorrupción más sonadas del país, como la que acabó con el expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta en la cárcel.
Hay un nombre que se repite al hablar de la mayoría de estos casos de jueces y periodistas criminalizados es el de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras.En el cargo desde 2018, le atribuyen liderar una campaña de persecución en su contra, e incluso Estados Unidos la incluyó en una lista de actores “corruptos y antidemocráticos” por obstaculizar la justicia.
Sandoval asegura que “Su dedicación completa fue obstruir las investigaciones que ya habíamos adelantado. Y sobre las denuncias que recibíamos que podían involucrar al presidente y su círculo cercano, decidía que las deriváramos a otras fiscalías con el ánimo de que las investigaciones no avanzaran”.
La prensa independiente fue otro de los objetivos. El caso con mayor repercusión fue la reciente condena a seis años de cárcel por lavado de dinero de José Rubén Zamora, uno de los mayores exponentes del periodismo de investigación en el país y fundador del emblemático medio elPeriódico.
Juan Luis Font, quien fue director de dicho rotativo,señaló que «El actual gobierno tiene cooptadas todas las instituciones que juegan un rol en el sistema de justicia y en el sistema de control frente al Estado».
Las propuestas de Arévalo
Bernardo Arévalo, candidato por el Movimiento Semilla, anunció que una de sus metas principales es la lucha contra la corrupción, si gana la segunda vuelta electoral del 20 de agosto, para la cual aparece como favorito en las encuestas. Voy a concentrar mis acciones de corto plazo en cuatro ejes fundamentales: Salvar a Guatemala de la corrupción, rescatar la economía, construir un gobierno presente y frenar la delincuencia, señaló.
El programa sería puesto en práctica en los primeros 100 días de su gestión si triunfa en los comicios y asume su mandato el 14 de enero del próximo año. Son 100 días de efecto inmediato, en donde se busca obtener logros de corto plazo, que simbolicen la determinación del gobierno en intentar hacer funcionar las instituciones, subrayó.
La corrupción es un cáncer que se ha incrustado en la mayoría de instituciones públicas, y su gobierno denunciará los casos, nombrará funcionarios honestos y capaces y creará un gabinete anticorrupción. “Pondré el ejemplo, ya que reduciré el salario que tiene el puesto de presidente de la república y se revisarán las remuneraciones de los funcionarios de alto nivel para eliminar privilegios injustificados”, afirmó.
En cuanto al eje de rescate de la economía, anunció ocho medidas, entre ellas apoyo a la producción agrícola, un fondo nacional para la innovación y transformación productiva, formación para el empleo, rebaja de los precios de la electricidad y un sistema para el abastecimiento de medicinas a bajo costo.
Para construir un gobierno que sí esté presente, Arévalo propuso cuatro medidas; la primera de ellas es la revisión de los altos salarios de los funcionarios gubernamentales y eliminar la práctica de hacer de la política un negocio, además de programas para viviendas dignas, de vacunación y manejo de recursos hídricos y bosques.
Con relación a la lucha contra la delincuencia, Arévalo enfatizó que frenará las extorsiones desde las cárceles, reordenará el sistema penitenciario e impulsará el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil, entre otras medidas.
El binomio presidencial del partido Movimiento Semilla, conformado por Arévalo y Karin Herrera, presentó un plan de 10 medidas en contra de la corrupción, que incluye la conformación de un gabinete específico anticorrupción, y comisiones, así como reformas a varias leyes, entre ellas el Código Penal para dar “muerte civil” a las personas condenadas en casos de corrupción.
Como tercer punto, proponen un nuevo Plan Nacional de Gobierno Abierto, que promueva la transparencia; cuarto, un paquete de reformas a las leyes de Probidad, Contrataciones del Estado, la Contraloría General de Cuentas, Acceso a la Información y Servicio Civil, Electoral y de Partidos Políticos y contra el Lavado de Dinero y otros activos.
La Limpieza de Plazas Fantasma es el quinto punto, dirigido a identificar y denunciar los puestos asociados al clientelismo político en el Organismo Ejecutivo y sus dependencias. También la limpieza de contratos derrochadores, la recuperación de puertos, una política antisobornos, municipalidades transparentes y la muerte civil que propone una reforma al Código Penal contra personas condenadas en casos de corrupción.
Arévalo aclaró que es la inhabilitación de una persona para ocupar cargos públicos y de sostener negocios con el Estado cuando sean halladas culpables de corrupción. El presidenciable indicó que se asesorarán de expertos para aplicar estas medidas.
Según una encuesta publicada por la Fundación Libertad y Desarrollo, la corrupción es considerada como el segundo problema del país que más afecta con un 18 %, incluso antes que el alto costo de la vida, que tiene un 15 %. Los resultados de la encuesta señalan que el primer problema identificado por los guatemaltecos es la falta de empleo.
*Periodista venezolana, analista de temas de migración, Centroamérica y el Caribe, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
