OTHER NEWS (Por Roberto Montoya* – Público.es)
07.04.2025
Imagen: archivo/Xinhua
La sorpresa, conmoción y desconcierto de la mal llamada «comunidad» internacional tras el terremoto mundial provocado por las medidas arancelarias del Trump Temporada II está relegando a un segundo plano mediático otro grave hecho que tiene lugar en suelo europeo: la visita de Benjamin Netanyahu a Hungría.
No era una visita rutinaria. El primer ministro israelí había sido acusado formalmente el 21 de noviembre de 2024 de «presuntos» crímenes de guerra y de lesa humanidad contra la población civil palestina de la Franja de Gaza por la Corte Penal Internacional (CPI) y esta había ordenado a los 125 Estados miembros de la misma detenerlo y entregarlo a ese tribunal en caso de que Netanyahu ingresara en su territorio.
La denuncia contra Netanyahu fue presentada inicialmente en 2016 ante la CPI por expulsar violentamente durante décadas a cientos de miles de palestinos de sus viviendas, sus cultivos y tiendas ocupándolas con colonos judíos provenientes de todo el mundo sin ningún vínculo con Palestina, pero no se abrió oficialmente una causa hasta 2021.
Tendrían que pasar todavía tres años más, hasta el 20 de mayo de 2024, ocho meses después de los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 e inicio del genocidio actual en la Franja de Gaza, para que el fiscal general de la CPI, el británico Karim Khan, ampliara la causa y acusara a Netanyahu, a su ministro de Defensa Yoav Galant, y a varios altos cargos de Hamás, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
A diferencia de la causa abierta contra Vladimir Putin en 2023 que se gestionó aceleradamente y en menos de un año la CPI lanzó contra él una orden de detención internacional, en el caso de Netanyahu el proceso duró ocho años. La CPI recordó al publicar su orden a los 125 Estados miembros que han ratificado el Estatuto de Roma de 1998 por el que se rige y que entró en vigor en 2002, sobre la obligatoriedad de su cumplimiento.
La CPI es el único tribunal desde el Tribunal de Nüremberg con capacidad de investigar y juzgar en cualquier lugar del mundo crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio, aún en aquellos países que no hayan firmado el Tratado fundacional. Ni Israel, ni EEUU, China, Rusia, India, Ucrania, entre otros, lo han ratificado; no reconocen su competencia y desafían al tribunal desde su nacimiento.
Hungría sí ha ratificado en 2001 el Tratado, como todos los países miembros de la Unión Europea y, aunque aduce ahora que no lo ha incorporado a su legislación nacional y que su país se retirará de la CPI, ese no es un eximente; su salida no sería efectiva hasta dentro de un año y sus obligaciones seguirían existiendo al tratarse de hechos acaecidos durante un periodo en el que Hungría era miembro.
Existe un precedente, el del autoritario presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, quien a pesar de retirar a su país en 2019 del Tratado de Roma no pudo impedir que la CPI dictara una orden de detención contra él por crímenes de lesa humanidad cometidos durante los tres años anteriores, y terminara detenido el 11 de marzo pasado en el aeropuerto de Manila al regreso de un viaje a Hong Kong con su familia.
Por lo tanto, el Gobierno de Hungría está obligado a colaborar y cumplir con las órdenes del alto tribunal. Viktor Orbán fue de los primeros mandatarios que anunció en 2024, cuando se dictó la orden de la CPI, que se rebelaría contra ella, y lo ha hecho. Ha invitado estos días a Netanyahu a una visita oficial de varios días a Hungría donde le ha rendido grandes honores y juntos han condenado a la CPI, al igual que Donald Trump -y antes Biden- considerando que se trataba de un "juicio político".
Netanyahu dijo en Budapest en rueda de prensa junto a Orbán que ambos libraban una batalla común por "nuestra civilización judeo-cristiana, la civilización occidental", que según ellos está bajo ataque del "islamismo radical". A pesar del silencio que ha mantenido la UE ante el genocidio del pueblo palestino Orbán la acusó en ese mismo acto de "no poder o no querer hacer nada en contra de la importación del antisemitismo". Un "antisemitismo" que, según Orbán, está relacionado directamente con la inmigración irregular.
"Israel es la clave de la estabilidad en Oriente Medio", aseguró el ultraderechista primer ministro húngaro, quien durante la presidencia rotativa del Consejo de la UE también había visitado en Moscú a Putin contra el que ya pesaba la orden de arresto de la CPI.
A pesar de que Orbán anunció en noviembre de 2024 que desobedecería la orden de la CPI, Bruselas no parece haber encontrado todavía una fórmula para obligar a uno de sus países miembros a cumplir con las órdenes de ese alto tribunal, que carece de policía propia y depende de la colaboración de los propios Estados miembros para poder ejecutar sus órdenes.
La UE vuelve a mostrar una vez más con este grave incidente la debilidad de la Unión, la variopinta composición ideológica y política de sus miembros y la dificultad para adoptar medidas dada la necesidad de ser consensuadas previamente por sus 27 estados miembros.
Un año y medio y más de 50.000 muertos después, la tan democrática UE se muestra incapaz de condenar el genocidio del pueblo palestino y de aplicar sanciones drásticas contra el régimen sionista israelí, cuando tan fácil le ha resultado hacerlo con Rusia, Venezuela, Cuba y tantos otros países en el pasado.
La cobardita UE, que ha seguido durante tantos años a pie juntillas los dictados de EEUU en política exterior, que rechazó apostar por la negociación en Ucrania y abrazó de forma criminal en el último periodo el delirio belicista de Biden-Harris, de la misma forma en que antes fue cómplice de la «Guerra contra el Terror»; o miró para otro lado ante los «asesinatos selectivos» con drones de Obama o ante el campo de concentración de Guantánamo, se enfrenta ahora a otra importante prueba.
¿Va a aceptar sin más que Hungría, a la que todo hace prever que pueden seguir otros países miembros de la UE y de la OTAN, incumpla las obligaciones con la CPI a las que se comprometieron, enterrando así definitivamente el único tribunal de ámbito mundial constituido para juzgar crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio?
Estados Unidos ha boicoteado la acción de la Corte tanto durante gobiernos republicanos como demócratas; ha amenazado y tomado represalias contra sus fiscales y jueces cuando se atrevieron a abrir una causa para investigar los crímenes cometidos por sus tropas en Afganistán. Washington ha legislado incluso sobre las represalias a aplicar a los países que se atrevieran a entregar a la CPI a militares, mercenarios, diplomáticos, espías u otros ciudadanos estadounidenses que hubieran cometido delitos de su incumbencia dentro de sus propios territorios.
¿Ayudará la UE con su silencio y tradicional sumisión a que sus propios Estados miembros se desliguen gradualmente de sus compromisos con la CPI, como se desentienden de los asesinatos de médicos y personal de la UNRWA por parte del ejército israelí, o de las exigencias israelíes para que la ONU retire a sus cascos azules del Líbano? La respuesta es si.
Es la hora de retratarse en la UE. No valen las denuncias con la boca chica. ¿Podrá después del terremoto arancelario de Trump y sus ansias de expansión territorial reaccionar alguien en Europa con un golpe en la mesa e intentar un cambio en esta UE donde tantas veces no se llegan a distinguir lamentablemente posturas entre gobiernos y bloques conservadores, ultraderechistas, socialdemócratas o verdes?
*Periodista y escritor, autor de 'Trump 2.0'
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