"La Patria Financiera (2016-2018)": lecciones de un pasado cercano. Peligros del endeudamiento sin planificación estratégica, anatomía de una historia sin fin
Por Pablo Tigani*
13 de abril de 2025
Milei y Caputo persisten en el modelo del ajuste y desregulación sin políticas de desarrollo productivo.. Imagen: Prensa
La tragedia del período 2016-2018 no es solo el daño que ocasionó, sino su brutal similitud con el camino emprendido desde diciembre de 2023, que combina ajuste fiscal, sobreendeudamiento y desregulación desenfrenada.
El período comprendido entre 2016 y 2018 estuvo marcado por un modelo de endeudamiento y liberalización financiera que derivó en un crecimiento descontrolado de los pasivos del Estado. La eliminación de restricciones cambiarias, el acuerdo con los holdouts o “fondos buitres” y el acceso a los mercados de crédito internacionales generaron una serie de consecuencias económicas que, lejos de traducirse en un crecimiento sostenido, desembocaron en una crisis de magnitud.
La Argentina de Macri vivió entre 2016 y 2018 una de las etapas más frenéticas de su historia económica reciente. En un intento por restablecer la confianza en los mercados internacionales, en sus albores el gobierno aplicó una serie de reformas que, en lugar de cimentar un crecimiento sostenible, sembraron las bases de una crisis financiera devastadora.
La combinación de un endeudamiento acelerado, una política monetaria funcional y la especulación financiera generaron un contexto de extrema volatilidad, cuyas consecuencias aún resuenan en la actualidad. Argentina nunca se recuperó del naufragio 2015-2019.
El regreso a los mercados internacionales trajo consigo una avalancha de capitales especulativos, con inversores atraídos por tasas de interés exorbitantes y un modelo de valorización financiera que prometía rentabilidad inmediata. Sin embargo, lo que en un principio fue celebrado como una señal de estabilidad terminó por convertirse en una trampa mortal para la economía argentina. La inyección de deuda en moneda extranjera, sumada a una creciente apreciación del peso, generó un desequilibrio insostenible que, lejos de corregirse, se profundizó con el correr de los meses.
Las señales de alerta no tardaron en aparecer. Mientras los mercados financieros disfrutaban de altos retornos, la economía real mostraba signos de fatiga: la inversión productiva se estancaba, el déficit comercial se ampliaba y la inflación se resistía a ceder. Para el final del cortísimo ciclo, el país se encontraba nuevamente al borde del abismo, dependiendo de un auxilio del FMI para evitar el colapso total.
Lo que comenzó como una estrategia de “normalización económica” terminó por convertirse en un nuevo episodio de crisis estructural. El período estuvo marcado por un modelo de endeudamiento y liberalización financiera que derivó en un crecimiento descontrolado de los pasivos del Estado y el BCRA, desembocó en una crisis irreversible que terminó en 2019 con default selectivo o “reperfilamiento” compulsivo de deuda.
Auge del endeudamiento
La rápida y sospechosa resolución del litigio con los fondos buitres permitió el regreso de Argentina a los mercados voluntarios de crédito, con una emisión de deuda por 16.500 millones de dólares. El levantamiento de las restricciones cambiarias provocó una intensa salida de capitales, con una fuga estimada en 3.500 millones de dólares solo en el primer trimestre de 2016. El giro de utilidades de las compañías locales hacia sus casas matrices en el exterior pasó de “cero” a 600 millones de dólares mensuales, exacerbando la demanda de divisas. La liberalización del mercado de cambios para la compra de dólares con fines de importación elevó la demanda empresarial a un total de 12.700 millones de dólares en el mismo período.
Aprovechando el renovado acceso al crédito internacional, Argentina colocó bonos por un total de 67.000 millones de dólares a una tasa promedio del 7,5%, una cifra que excedía en un 720% las necesidades inmediatas del Tesoro. Este endeudamiento masivo no respondió a un criterio prudente de administración de pasivos, sino a la euforia generada por el optimismo de los mercados y las mejoras en la calificación crediticia del país.
Había 11 provincias colocando deuda en los mercados globales. Es que el acuerdo con los fondos buitres abrió el cofre del despilfarro. Paralelamente, el Banco Central (BCRA) adoptó una política de esterilización monetaria mediante la emisión de Letras del Banco Central (LEBAC), incrementando su stock a niveles récord. En solo dos meses y medio, el stock de LEBAC aumentó en 155.000 millones de pesos, alcanzando un total de 404.000 millones de pesos, equivalente al 74% de la base monetaria. En este contexto, la tasa de interés de referencia alcanzó el 38%, incentivando el carry trade o “bicicleta financiera” en detrimento de la inversión productiva.
Hacia octubre de 2016, Argentina había absorbido más de la mitad del financiamiento externo disponible para toda la región, lo que evidenciaba la fragilidad del esquema aplicado. La reducción de encajes bancarios y el ingreso de capitales especulativos contribuyeron a una expansión artificial de las reservas del BCRA, pero al costo de un creciente pasivo en LEBAC, que en seis meses representaba el 92% de la base monetaria. Este mecanismo configuró un círculo vicioso de emisión, absorción y nuevo endeudamiento, que a largo plazo resultaría insostenible.
En esos esquemas, para bajar la tasa de inflación, el BCRA debía aplicar una tasa de interés real positiva y alta, para reducir la demanda agregada y disminuir la expectativa de inflación. Lo indecoroso es que había compromisos de emisión de base monetaria y debía emitir para financiar al sector público y pagar los intereses de la deuda en LEBAC. Estaban perpetrando el sueño de Milei, el BCRA se estaba incendiando.
Vulnerabilidad externa
En 2017, Donald Trump asumía y las tasas de interés a plazos mayores en EE.UU. pasaron de 1,80% a 2,40%, esto afectó el riesgo de los países emergentes, que pagarían más caro sus préstamos. Se encarecía aún más el costo de financiamiento para la Argentina.
A nivel doméstico, la política monetaria contractiva continuó con tasas de interés elevadas, que alcanzaron el 28,75% a finales del año, incentivando la entrada de capitales especulativos. Como consecuencia, el déficit de cuenta corriente alcanzó los 35.000 millones de dólares, representando el 5,2% del PBI, uno de los valores más altos en la historia reciente de Argentina. Mientras tanto, la inversión extranjera directa (IED) se mantuvo estancada en torno a los 2.500 millones de dólares trimestrales, reflejando la falta de confianza en el crecimiento sostenible de la economía.
El peso sobrevaluado generó un escaso crecimiento de las exportaciones, apenas del 1,8% anual, mientras que el déficit comercial trepó a 9.000 millones de dólares. Las importaciones aumentaron un 20% en términos interanuales, exacerbadas por una política cambiaria que favoreció la entrada de bienes de consumo y perjudicó a la industria local. La estructura de financiamiento externo dependía cada vez más de la colocación de bonos soberanos y de deuda provincial, que sumaron emisiones por más de 30.000 millones de dólares en el año, con tasas de interés que rondaban el 7-8% anual.
El 28 de diciembre de 2017, el gobierno anunció una “recalibración” de las metas de inflación, aumentando el objetivo del 12-17% inicial al 15% para 2018. Esta modificación generó incertidumbre en los mercados, debilitando la credibilidad de la política económica y provocando una suba del tipo de cambio que inició un proceso de devaluación más pronunciado en los meses siguientes.
Crisis y acuerdo con el FMI
Entre marzo y abril de 2018, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) intervino en el mercado con ventas de reservas por un total de 15.000 millones de dólares para sostener el tipo de cambio. Sin embargo, estas medidas no lograron estabilizar el mercado, y la depreciación del peso continuó su curso.
La combinación de elevado déficit de cuenta corriente (5,3% del PBI), tasas de interés prohibitivas y creciente desconfianza en la sostenibilidad de la deuda llevaron al gobierno a solicitar un rescate financiero al FMI. El acuerdo alcanzado implicó una calificación inicial de 50.000 millones de dólares, que luego escalaría hasta 57.000 millones, sujeto al cumplimiento de estrictas metas fiscales y monetarias. Como parte del programa, el gobierno implementó un severo ajuste fiscal, con recortes en el gasto público que representaron el 2,7% del PBI, en un intento por reducir el déficit primario.
Hacia finales de 2018, la percepción del riesgo de default sobre la deuda argentina se incrementó considerablemente, restringiendo aún más la capacidad del gobierno de acceder a los mercados internacionales. Nunca más, desde principios de 2018, logró conseguir crédito.
Los errores de funcionarios públicos y consultores privados de 2018 serían extravagantes: La inflación pronosticada en 11% fue 47.6%, el dólar vaticinado en $20 fue $40, el crecimiento de (+2.5) fue caída de (-2.5).
La tragedia del período 2016-2018 no es solo el daño que ocasionó, sino su brutal similitud con el camino emprendido desde diciembre de 2023, que combina ajuste fiscal, sobreendeudamiento y desregulación desenfrenada.
El período comprendido entre 2016 y 2018 estuvo marcado por un modelo de endeudamiento y liberalización financiera que derivó en un crecimiento descontrolado de los pasivos del Estado. La eliminación de restricciones cambiarias, el acuerdo con los holdouts o “fondos buitres” y el acceso a los mercados de crédito internacionales generaron una serie de consecuencias económicas que, lejos de traducirse en un crecimiento sostenido, desembocaron en una crisis de magnitud.
La Argentina de Macri vivió entre 2016 y 2018 una de las etapas más frenéticas de su historia económica reciente. En un intento por restablecer la confianza en los mercados internacionales, en sus albores el gobierno aplicó una serie de reformas que, en lugar de cimentar un crecimiento sostenible, sembraron las bases de una crisis financiera devastadora.
La combinación de un endeudamiento acelerado, una política monetaria funcional y la especulación financiera generaron un contexto de extrema volatilidad, cuyas consecuencias aún resuenan en la actualidad. Argentina nunca se recuperó del naufragio 2015-2019.
El regreso a los mercados internacionales trajo consigo una avalancha de capitales especulativos, con inversores atraídos por tasas de interés exorbitantes y un modelo de valorización financiera que prometía rentabilidad inmediata. Sin embargo, lo que en un principio fue celebrado como una señal de estabilidad terminó por convertirse en una trampa mortal para la economía argentina. La inyección de deuda en moneda extranjera, sumada a una creciente apreciación del peso, generó un desequilibrio insostenible que, lejos de corregirse, se profundizó con el correr de los meses.
Las señales de alerta no tardaron en aparecer. Mientras los mercados financieros disfrutaban de altos retornos, la economía real mostraba signos de fatiga: la inversión productiva se estancaba, el déficit comercial se ampliaba y la inflación se resistía a ceder. Para el final del cortísimo ciclo, el país se encontraba nuevamente al borde del abismo, dependiendo de un auxilio del FMI para evitar el colapso total.
Lo que comenzó como una estrategia de “normalización económica” terminó por convertirse en un nuevo episodio de crisis estructural. El período estuvo marcado por un modelo de endeudamiento y liberalización financiera que derivó en un crecimiento descontrolado de los pasivos del Estado y el BCRA, desembocó en una crisis irreversible que terminó en 2019 con default selectivo o “reperfilamiento” compulsivo de deuda.
Auge del endeudamiento
La rápida y sospechosa resolución del litigio con los fondos buitres permitió el regreso de Argentina a los mercados voluntarios de crédito, con una emisión de deuda por 16.500 millones de dólares. El levantamiento de las restricciones cambiarias provocó una intensa salida de capitales, con una fuga estimada en 3.500 millones de dólares solo en el primer trimestre de 2016. El giro de utilidades de las compañías locales hacia sus casas matrices en el exterior pasó de “cero” a 600 millones de dólares mensuales, exacerbando la demanda de divisas. La liberalización del mercado de cambios para la compra de dólares con fines de importación elevó la demanda empresarial a un total de 12.700 millones de dólares en el mismo período.
Aprovechando el renovado acceso al crédito internacional, Argentina colocó bonos por un total de 67.000 millones de dólares a una tasa promedio del 7,5%, una cifra que excedía en un 720% las necesidades inmediatas del Tesoro. Este endeudamiento masivo no respondió a un criterio prudente de administración de pasivos, sino a la euforia generada por el optimismo de los mercados y las mejoras en la calificación crediticia del país.
Había 11 provincias colocando deuda en los mercados globales. Es que el acuerdo con los fondos buitres abrió el cofre del despilfarro. Paralelamente, el Banco Central (BCRA) adoptó una política de esterilización monetaria mediante la emisión de Letras del Banco Central (LEBAC), incrementando su stock a niveles récord. En solo dos meses y medio, el stock de LEBAC aumentó en 155.000 millones de pesos, alcanzando un total de 404.000 millones de pesos, equivalente al 74% de la base monetaria. En este contexto, la tasa de interés de referencia alcanzó el 38%, incentivando el carry trade o “bicicleta financiera” en detrimento de la inversión productiva.
Hacia octubre de 2016, Argentina había absorbido más de la mitad del financiamiento externo disponible para toda la región, lo que evidenciaba la fragilidad del esquema aplicado. La reducción de encajes bancarios y el ingreso de capitales especulativos contribuyeron a una expansión artificial de las reservas del BCRA, pero al costo de un creciente pasivo en LEBAC, que en seis meses representaba el 92% de la base monetaria. Este mecanismo configuró un círculo vicioso de emisión, absorción y nuevo endeudamiento, que a largo plazo resultaría insostenible.
En esos esquemas, para bajar la tasa de inflación, el BCRA debía aplicar una tasa de interés real positiva y alta, para reducir la demanda agregada y disminuir la expectativa de inflación. Lo indecoroso es que había compromisos de emisión de base monetaria y debía emitir para financiar al sector público y pagar los intereses de la deuda en LEBAC. Estaban perpetrando el sueño de Milei, el BCRA se estaba incendiando.
Vulnerabilidad externa
En 2017, Donald Trump asumía y las tasas de interés a plazos mayores en EE.UU. pasaron de 1,80% a 2,40%, esto afectó el riesgo de los países emergentes, que pagarían más caro sus préstamos. Se encarecía aún más el costo de financiamiento para la Argentina.
A nivel doméstico, la política monetaria contractiva continuó con tasas de interés elevadas, que alcanzaron el 28,75% a finales del año, incentivando la entrada de capitales especulativos. Como consecuencia, el déficit de cuenta corriente alcanzó los 35.000 millones de dólares, representando el 5,2% del PBI, uno de los valores más altos en la historia reciente de Argentina. Mientras tanto, la inversión extranjera directa (IED) se mantuvo estancada en torno a los 2.500 millones de dólares trimestrales, reflejando la falta de confianza en el crecimiento sostenible de la economía.
El peso sobrevaluado generó un escaso crecimiento de las exportaciones, apenas del 1,8% anual, mientras que el déficit comercial trepó a 9.000 millones de dólares. Las importaciones aumentaron un 20% en términos interanuales, exacerbadas por una política cambiaria que favoreció la entrada de bienes de consumo y perjudicó a la industria local. La estructura de financiamiento externo dependía cada vez más de la colocación de bonos soberanos y de deuda provincial, que sumaron emisiones por más de 30.000 millones de dólares en el año, con tasas de interés que rondaban el 7-8% anual.
El 28 de diciembre de 2017, el gobierno anunció una “recalibración” de las metas de inflación, aumentando el objetivo del 12-17% inicial al 15% para 2018. Esta modificación generó incertidumbre en los mercados, debilitando la credibilidad de la política económica y provocando una suba del tipo de cambio que inició un proceso de devaluación más pronunciado en los meses siguientes.
Crisis y acuerdo con el FMI
Entre marzo y abril de 2018, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) intervino en el mercado con ventas de reservas por un total de 15.000 millones de dólares para sostener el tipo de cambio. Sin embargo, estas medidas no lograron estabilizar el mercado, y la depreciación del peso continuó su curso.
La combinación de elevado déficit de cuenta corriente (5,3% del PBI), tasas de interés prohibitivas y creciente desconfianza en la sostenibilidad de la deuda llevaron al gobierno a solicitar un rescate financiero al FMI. El acuerdo alcanzado implicó una calificación inicial de 50.000 millones de dólares, que luego escalaría hasta 57.000 millones, sujeto al cumplimiento de estrictas metas fiscales y monetarias. Como parte del programa, el gobierno implementó un severo ajuste fiscal, con recortes en el gasto público que representaron el 2,7% del PBI, en un intento por reducir el déficit primario.
Hacia finales de 2018, la percepción del riesgo de default sobre la deuda argentina se incrementó considerablemente, restringiendo aún más la capacidad del gobierno de acceder a los mercados internacionales. Nunca más, desde principios de 2018, logró conseguir crédito.
Los errores de funcionarios públicos y consultores privados de 2018 serían extravagantes: La inflación pronosticada en 11% fue 47.6%, el dólar vaticinado en $20 fue $40, el crecimiento de (+2.5) fue caída de (-2.5).
Conclusiones
Durante el periodo de 2016 a 2018, los funcionarios Prat Gay, Caputo y Sturzenegger desempeñaron roles clave en la política económica de Argentina, implementando medidas que, en retrospectiva, se revelaron infaustas para la estabilidad financiera del país.
Alfonso Prat Gay, como Ministro de Hacienda y Finanzas, impulsó una política de liberalización cambiaria que favoreció la fuga de capitales y un endeudamiento excesivo. Caputo, quien ocupó la Secretaría de Finanzas y la Presidencia del BCRA, se vio envuelto en decisiones que llevaron a una expansión descontrolada de la deuda externa y a un aumento significativo en las tasas de interés, afectando la inversión y el consumo. Sturzenegger, al frente del BCRA, adoptó una estrategia monetaria basada en la “metodología de metas de inflación”, que resultó en una severa devaluación inicial del peso cuya ventaja competitiva se consumió en solo cinco meses por el incremento de la inflación, generando un contexto de recesión económica fenomenal.
La intermitencia de entrada y salida de estos funcionarios reiteradamente a cargo de la economía y las finanzas del país desde el 10 de diciembre de 2023 hasta el 20 de febrero de 2025 plantea serios interrogantes sobre la capacidad del actual gobierno para aprender de los errores del pasado, evidenciando que las decisiones tomadas no son meras casualidades, sino un patrón de gestión que pone en riesgo la estabilidad económica del país.
Desde diciembre de 2023, el gobierno ha vuelto a implementar un ajuste fiscal extremo y una liberalización financiera que repite los errores de aquel período. La combinación de una apertura irrestricta a los mercados, una brutal contracción del gasto público y una nueva ola de endeudamiento externo está generando las mismas condiciones que precipitaron la crisis de 2018. La historia no solo se repite, sino que lo hace de manera amplificada, con un impacto aún más severo sobre el tejido productivo y social del país.
La experiencia de la “Patria Financiera Recargada” 2016-2018 debería haber servido a Javier Milei como una advertencia ineludible de los peligros del endeudamiento sin planificación estratégica. Sin embargo, las actuales decisiones económicas sugieren un rumbo que, lejos de corregir errores del pasado, los profundiza. La persistencia en un modelo de ajuste y desregulación sin políticas de desarrollo productivo augura un desenlace aún más catastrófico, con un colapso financiero y social que se torna cada vez más inevitable.
La historia económica argentina parece condenada a repetir sus fracasos cuando se entrega a los dictados de la valorización financiera y el endeudamiento descontrolado. La combinación de tasas de interés funcionales al carry trade sin respaldo productivo y una política monetaria errática crearon otra tormenta perfecta que, inexorablemente, llevó al país a una nueva crisis. El colapso no fue accidental, sino el resultado predecible de un modelo que priorizó la especulación sobre el desarrollo y que, en su desenlace, dejó un tendal de deuda impagable y una economía al borde del abismo.
Advertencia
La tragedia de aquel período no es solo el daño que ocasionó, sino su brutal similitud con el camino emprendido desde diciembre de 2023. En una repetición casi cínica de la historia, la combinación de ajuste fiscal extremo, sobreendeudamiento y desregulación desenfrenada ha puesto nuevamente a la economía argentina en una espiral de deterioro social y productivo.
Como entonces, las promesas de estabilidad y confianza internacional han derivado en una fuga de capitales, caída del consumo y un aumento explosivo de la pobreza. El espejismo de la “modernización financiera” creada por Martínez de Hoz en 1977 ha vuelto a revelar su verdadera naturaleza: una maquinaria de extracción de riqueza y transferencia de ingresos hacia sectores especulativos.
La experiencia debería haber servido como advertencia ineludible de los peligros de abandonar la soberanía económica en favor de recetas dogmáticas que favorecen a unos pocos a costa de la mayoría. Sin embargo, el actual gobierno parece decidido a llevar ese mismo esquema a su máxima expresión, sin medir las consecuencias de la implosión social y financiera que se avecina. Como entonces, el desenlace no será otro que el colapso de una economía llevada al límite de su resistencia, condenada a un nuevo ciclo de crisis, ajuste y devastación social.
Con solo 5 años de descanso, la experiencia recurrente de esta versión de “Patria Financiera Recargada” resalta la importancia de diseñar políticas económicas que prioricen el desarrollo sostenible, evitando las trampas del endeudamiento y la especulación financiera como ejes centrales de la estrategia macroeconómica.
*Director de Fundación Esperanza. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros.
La tragedia de aquel período no es solo el daño que ocasionó, sino su brutal similitud con el camino emprendido desde diciembre de 2023. En una repetición casi cínica de la historia, la combinación de ajuste fiscal extremo, sobreendeudamiento y desregulación desenfrenada ha puesto nuevamente a la economía argentina en una espiral de deterioro social y productivo.
Como entonces, las promesas de estabilidad y confianza internacional han derivado en una fuga de capitales, caída del consumo y un aumento explosivo de la pobreza. El espejismo de la “modernización financiera” creada por Martínez de Hoz en 1977 ha vuelto a revelar su verdadera naturaleza: una maquinaria de extracción de riqueza y transferencia de ingresos hacia sectores especulativos.
La experiencia debería haber servido como advertencia ineludible de los peligros de abandonar la soberanía económica en favor de recetas dogmáticas que favorecen a unos pocos a costa de la mayoría. Sin embargo, el actual gobierno parece decidido a llevar ese mismo esquema a su máxima expresión, sin medir las consecuencias de la implosión social y financiera que se avecina. Como entonces, el desenlace no será otro que el colapso de una economía llevada al límite de su resistencia, condenada a un nuevo ciclo de crisis, ajuste y devastación social.
Con solo 5 años de descanso, la experiencia recurrente de esta versión de “Patria Financiera Recargada” resalta la importancia de diseñar políticas económicas que prioricen el desarrollo sostenible, evitando las trampas del endeudamiento y la especulación financiera como ejes centrales de la estrategia macroeconómica.
*Director de Fundación Esperanza. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros.
