Lo dice la copla popular y este caso el dolor se acrecienta...
Uruguay como sabemos es considerado paraiso fiscal y nos
guste o no es una realidad insoslayable.Que sea un poco
menos o mas que otros estados no lo hace por ello ni mejor
ni peor, pero viendo el significado que adquiere esta condicion,
y la defensa corporativa que se hace del sistema financiero
uruguayo, debemos decir que es LA gran materia pendiente
que los gobiernos del Frente no han querido o podido modificar.
Este sistema laxo por el que se han ido miles y miles de recursos
de toda latinoamerica, de sus vergonzantes oligarquias ya sean
argentinas, brasileñas y ainda mais, nunca nos ha provocado
escozor , pues han quedado " para el pais" las migajas de la
triangulacion hacia otros destinos parecidos, donde la evasion
fiscal , la fuga de divisas y el dinero del narcotrafico, se dan
la mano para favorecer el desarrollo del primer mundo.
La increible proliferacion de sociedades "off shore" o sea
ficticias y para el unico fin de triangulacion, nos muestra el
grado de impunidad que han logrado y casi nulo control que
tiene la sociedad sobre un flujo de dinero que hace escala,
se acomoda, y sigue viaje " hacia destinos mas rentables".
Y el hecho casi logico de que alguna vez logremos tener DOCE
CONVENIOS de doble tributacion, que mas que controles
son via libre a no pagar impuestos aqui y alla , no modificara
en nada una ingenieria hecha y perfeccionada para evadir
contribuciones "ominosas" de estados que "despilfarran" en
gasto social...
Esta herencia, desarrollada en su mayor parte durante el apogeo
del neoliberalismo y cuyo unico fin sigue siendo proteger al
capital del aporte contributivo a la sociedad, ha contado con
una base de apoyo privado que no ha escatimado esfuerzos
en hacer ver como beneficiosa, toda desregulacion que de alguna
manera - a su criterio- coartara la libre empresa y el drenaje de
utilidades sin contrapartida de re-inversion , dejandole al estado
ademas de las deudas, los daños colterales si algo sale mal y a la
sociedad toda el costo social de los ajustes hipotecando el futuro.
Nada de esto hubiera podido llevarse a cabo, si aquellos que hoy
se espantan de la realidad, no hubieran apoyado canallescamente
toda medida que en ese sentido, fueron tomando desde muchos años
atras, la partidocracia blanquicolorada que en bien de cuidar sus
mezquinos intereses, no vacilaron en empobrecer y endeudar al
pais condicionando su desarrollo.
Y es claro que el pais por su caracteristica territorial se perfilara
como enfocado a los servicios- el financiero es uno de ellos- y
mirara a sus vecinos mayores con entusiasmo, sobre todo si buena
parte de la fuga de capitales pasa por aqui ,( algo queda en Punta)
y otros muchos mas aprovechan las "ventajas" del sistema para
triangular utilidades y desarrollar sociedades que encubren actividades
de toda indole por las que no se espanta nadie...
Por esto y porque de alguna manera sirve para haber empezado a
desandar el largo camino de pobreza y desigualdad, se le puede
dar al FRENTE la oportunidad de revertir esta situacion a fin de
poner al capital al servicio de la produccion, revertiendo esta
nefasta ecuacion de la cultura de renta y usura.
Porque ahora ya no quedan excusas , tampoco hay mucho margen
para barrer abajo de la alfombra y con poco , aprovechando la
imagen positiva que tiene hoy la sociedad para regular la actividad
financiera, se podria avanzar bastante en revertir la imagen.
Despues sera el turno de las zonas francas y los estimulos fiscales
a quienes decididamente no los necesitan...para hacer hay mucho.
Veremos si existe esa voluntad de terminar con los privilegios.
Todo lo demas, es folklore para los medios que desinforman.
18 oct 2011
SI LO DICE THE ECONOMIST....
Mayor carga fiscal sobre los ricos
En el mundo desarrollado tendrán que pagar más y hay maneras de lograrlo sin dañar el dinamismo de la economía
Las cornetas han sonado y los perros están ladrando. En todo el mundo desarrollado ha comenzado la caza de más impuestos a la riqueza. Los últimos presupuestos de austeridad de Francia e Italia han aplicado un 3% de sobretasa a quienes tengan ingresos que superen los 500.000 euros (U$S 680.000) y 300.000 euros respectivamente Los tories británicos están siendo atacados simplemente por considerar la posibilidad de dejar sin efecto la tasa máxima "temporaria", propuesta por los laboristas, del 50% del impuesto sobre la renta cuando los ingresos superen las 150.000 (U$S 235.000). Ahora Barack Obama ha propuesto un nuevo plan de reducción del déficit que directamente apunta a aumentar los aportes tributarios de los ricos, dentro del cual se incluye una "norma Buffett" destinada a garantizar que ningún hogar en el que ingresen más de US$ 1 millón anuales pague una tasa tributaria promedio inferior a la de las familias de "clase media" (Warren Buffett ha señalado que, a pesar de ser multimillonario, paga una tasa tributaria promedio inferior a la de su secretaria). Recurrir a los ricos para acabar con el déficit "no es lucha de clases", dice Obama. "Es matemáticas".
En realidad, no se trata simplemente de matemáticas (o en realidad matemática). La cuestión de si aumentarles los impuestos a los ricos o no radica en la concepción política de la dimensión que debe tener el Estado y el rol que debe desempeñar en la redistribución. La matemática dice que técnicamente podrían reducirse los déficits con sólo aplicar recortes en el gasto, tal como opina la oposición republicana. La expresión lucha de clases suele estar cargada de implicancias, pero pone en la palestra un debate pendiente y fundamental en las sociedades occidentales: ¿quiénes deben pagar los platos rotos de equilibrar las finanzas públicas?
LEVIATÁN. Por lo general, The Economist tiende a inclinarse a favor de un gobierno de pequeñas dimensiones y en contra de las subas de los impuestos para hacer frente a un Estado de bienestar insustentable. Rechazamos la idea, implícita en gran parte del debate actual, de que la suba de las tasas tributarias de los ricos esté justificada por el papel desempeñado por la industria financiera en este trance: el desquite es un argumento endeble en materia de política tributaria. Tampoco el actual patrón de contribución al erario público es claramente "injusto": el 1% más rico de la población estadounidense paga más de un cuarto de todos los impuestos federales (y un total del 40% de los impuestos a las ganancias), para llevarse menos del 20% de los ingresos antes de impuestos. Y el acto reflejo de ir contra los ricos, como lo es la suba de impuestos de los laboristas en Gran Bretaña, rara vez redunda en una buena política. Las tasas impositivas marginales elevadas desalientan la inversión y por más que Obama hable de "millonarios y multimillonarios", no bastará con sólo subirles los impuestos a ellos para acabar con el déficit de Estados Unidos. Por lo tanto, el debate nunca podrá dejar de ser sesgado. Pero existen buenas razones para argumentar por qué los ricos deberían pagar más impuestos, aunque no, en líneas generales, de las maneras que proponen los gobiernos de los países desarrollados.
Primero, los déficits de Occidente no deberían abordarse solamente con recortes en el gasto. El gasto público debería decididamente hacerse cargo de la peor parte: hay muchísimas áreas en las que podría hacerse adelgazar al ineficiente Leviatán y el estudio de los pasados programas de reducción del déficit sugieren que resultan mejor cuando predominan los recortes. La relación de cuatro a uno de Gran Bretaña está bastante bien. Pero, tal como se desprende de esta misma relación, la experiencia también nos demuestra que la suba de los impuestos también debería considerarse. En Estados Unidos la recaudación de impuestos es, en términos históricos, baja, fruto de años de reducciones en las tasas. Tanto allí como en cualquier otra parte, el aumento de los impuestos debe soportar parte de la carga.
Segundo, existe un argumento político para hacer que los ricos paguen más. Los recortes al gasto recaen de manera desproporcionada sobre los menos favorecidos y aún antes de la crisis, los ingresos promedios se estaban estancando. Mientras tanto, la globalización ha estado premiando a los exitosos con más y más generosidad. El apoyo del electorado a los programas de austeridad vigentes depende en gran medida de cualquier nuevo ingreso que se pueda obtener de la población rica.
Pero, ¿cómo se hace? Hasta ahora la mayoría de los gobiernos se han concentrado en aumentar las tasas impositivas marginales sobre la renta, algo a lo que la mayoría de los ricos responde con agilidad. Los capitalistas hacen que sus ingresos provengan de fuentes menos gravadas, como las ganancias de capital; se mudan; trabajan menos; corren menos riesgos empresarios. Aún cuando es difícil asegurar cuán determinantes serán estos efectos, parece ser que lo que importa es el valor del nivel máximo, por lo que la tasa británica del 50% es más peligrosa que la propuesta de Obama de subir la tasa máxima del impuesto federal sobre la renta del 35% al 39,6%. Quien gane U$S 1 millón pagará más impuestos en Londres que en cualquier otra capital financiera. La excusa de que en la década de los setenta era peor no inspira mucha confianza.
EFICIENCIA. Dada la necesidad del mundo desarrollado de crecer a mayor velocidad, los gobiernos no deberían fiarse demasiado de las subas abruptas de los impuestos (en especial, cuando son innecesarias). De hecho, el tercer argumento para obtener más dinero de los ricos es que no hace falta aumentar las tasas impositivas marginales para lograrlo, sino que basta con hacer que el código tributario sea más eficaz.
El alcance de esta medida resultaría más evidente en Estados Unidos, que depende mucho más que otros países de los impuestos sobre la renta y ampara un complejo número de deducciones, que van desde los pagos de intereses sobre las hipotecas hasta los servicios de salud provistos por los empleadores, con lo que la base de la recaudación tributaria es muy estrecha. Deshacerse de las deducciones simplificaría el código y permitiría recaudar hasta un billón de dólares más al año. Debido a que los principales beneficiarios de las deducciones son los ricos, serían estos últimos quienes más paguen. Y debido a que las tasas marginales permanecerían intactas (o reducidas), esta reforma no afectaría su intención de generar riqueza.
En Europa, donde los sistemas tributarios son más eficientes, una opción sería desplazar una parte mayor de la carga fiscal desde las provenientes de las ganancias hacia las generadas por la propiedad, lo que aumentaría la recaudación proveniente de la población rica pero tendría un menor impacto sobre la predisposición a correr riesgos. El "impuesto a la mansión" propuesto por los liberales demócratas británicos causaría así menos daño que la tasa del 50%. Y a ambos lados del Atlántico aún queda espacio para reducir la brecha entre las tasas impositivas sobre los salarios y los premios y las que recaen sobre los dividendos y las ganancias de capital. Esa brecha explica por qué Buffett, cuyos mayores ingresos provienen de las ganancias de capital y los dividendos, tiene una tasa impositiva promedio más baja que su secretaria. Además, es la única protección con la que han contado los inversionistas para salvaguardar los millones que acumulan.
Hay que lograr un acuerdo básico. Imaginemos un sistema tributario que haya logrado equiparar las tasas máximas sobre los salarios y sobre el capital y que virtualmente haya eliminado todas las deducciones. Para evitar gravar las inversiones dos veces, este sistema no aplicaría impuestos a las ganancias empresariales. También habría espacio para una tasa máxima mucho más baja en el impuesto sobre la renta. ¿El resultado? Una mayor recaudación de impuestos provenientes de la población rica, sin dañar el dinamismo de la economía. Entonces, sí valdría la pena hacer sonar las cornetas.
En el mundo desarrollado tendrán que pagar más y hay maneras de lograrlo sin dañar el dinamismo de la economía
Las cornetas han sonado y los perros están ladrando. En todo el mundo desarrollado ha comenzado la caza de más impuestos a la riqueza. Los últimos presupuestos de austeridad de Francia e Italia han aplicado un 3% de sobretasa a quienes tengan ingresos que superen los 500.000 euros (U$S 680.000) y 300.000 euros respectivamente Los tories británicos están siendo atacados simplemente por considerar la posibilidad de dejar sin efecto la tasa máxima "temporaria", propuesta por los laboristas, del 50% del impuesto sobre la renta cuando los ingresos superen las 150.000 (U$S 235.000). Ahora Barack Obama ha propuesto un nuevo plan de reducción del déficit que directamente apunta a aumentar los aportes tributarios de los ricos, dentro del cual se incluye una "norma Buffett" destinada a garantizar que ningún hogar en el que ingresen más de US$ 1 millón anuales pague una tasa tributaria promedio inferior a la de las familias de "clase media" (Warren Buffett ha señalado que, a pesar de ser multimillonario, paga una tasa tributaria promedio inferior a la de su secretaria). Recurrir a los ricos para acabar con el déficit "no es lucha de clases", dice Obama. "Es matemáticas".
En realidad, no se trata simplemente de matemáticas (o en realidad matemática). La cuestión de si aumentarles los impuestos a los ricos o no radica en la concepción política de la dimensión que debe tener el Estado y el rol que debe desempeñar en la redistribución. La matemática dice que técnicamente podrían reducirse los déficits con sólo aplicar recortes en el gasto, tal como opina la oposición republicana. La expresión lucha de clases suele estar cargada de implicancias, pero pone en la palestra un debate pendiente y fundamental en las sociedades occidentales: ¿quiénes deben pagar los platos rotos de equilibrar las finanzas públicas?
LEVIATÁN. Por lo general, The Economist tiende a inclinarse a favor de un gobierno de pequeñas dimensiones y en contra de las subas de los impuestos para hacer frente a un Estado de bienestar insustentable. Rechazamos la idea, implícita en gran parte del debate actual, de que la suba de las tasas tributarias de los ricos esté justificada por el papel desempeñado por la industria financiera en este trance: el desquite es un argumento endeble en materia de política tributaria. Tampoco el actual patrón de contribución al erario público es claramente "injusto": el 1% más rico de la población estadounidense paga más de un cuarto de todos los impuestos federales (y un total del 40% de los impuestos a las ganancias), para llevarse menos del 20% de los ingresos antes de impuestos. Y el acto reflejo de ir contra los ricos, como lo es la suba de impuestos de los laboristas en Gran Bretaña, rara vez redunda en una buena política. Las tasas impositivas marginales elevadas desalientan la inversión y por más que Obama hable de "millonarios y multimillonarios", no bastará con sólo subirles los impuestos a ellos para acabar con el déficit de Estados Unidos. Por lo tanto, el debate nunca podrá dejar de ser sesgado. Pero existen buenas razones para argumentar por qué los ricos deberían pagar más impuestos, aunque no, en líneas generales, de las maneras que proponen los gobiernos de los países desarrollados.
Primero, los déficits de Occidente no deberían abordarse solamente con recortes en el gasto. El gasto público debería decididamente hacerse cargo de la peor parte: hay muchísimas áreas en las que podría hacerse adelgazar al ineficiente Leviatán y el estudio de los pasados programas de reducción del déficit sugieren que resultan mejor cuando predominan los recortes. La relación de cuatro a uno de Gran Bretaña está bastante bien. Pero, tal como se desprende de esta misma relación, la experiencia también nos demuestra que la suba de los impuestos también debería considerarse. En Estados Unidos la recaudación de impuestos es, en términos históricos, baja, fruto de años de reducciones en las tasas. Tanto allí como en cualquier otra parte, el aumento de los impuestos debe soportar parte de la carga.
Segundo, existe un argumento político para hacer que los ricos paguen más. Los recortes al gasto recaen de manera desproporcionada sobre los menos favorecidos y aún antes de la crisis, los ingresos promedios se estaban estancando. Mientras tanto, la globalización ha estado premiando a los exitosos con más y más generosidad. El apoyo del electorado a los programas de austeridad vigentes depende en gran medida de cualquier nuevo ingreso que se pueda obtener de la población rica.
Pero, ¿cómo se hace? Hasta ahora la mayoría de los gobiernos se han concentrado en aumentar las tasas impositivas marginales sobre la renta, algo a lo que la mayoría de los ricos responde con agilidad. Los capitalistas hacen que sus ingresos provengan de fuentes menos gravadas, como las ganancias de capital; se mudan; trabajan menos; corren menos riesgos empresarios. Aún cuando es difícil asegurar cuán determinantes serán estos efectos, parece ser que lo que importa es el valor del nivel máximo, por lo que la tasa británica del 50% es más peligrosa que la propuesta de Obama de subir la tasa máxima del impuesto federal sobre la renta del 35% al 39,6%. Quien gane U$S 1 millón pagará más impuestos en Londres que en cualquier otra capital financiera. La excusa de que en la década de los setenta era peor no inspira mucha confianza.
EFICIENCIA. Dada la necesidad del mundo desarrollado de crecer a mayor velocidad, los gobiernos no deberían fiarse demasiado de las subas abruptas de los impuestos (en especial, cuando son innecesarias). De hecho, el tercer argumento para obtener más dinero de los ricos es que no hace falta aumentar las tasas impositivas marginales para lograrlo, sino que basta con hacer que el código tributario sea más eficaz.
El alcance de esta medida resultaría más evidente en Estados Unidos, que depende mucho más que otros países de los impuestos sobre la renta y ampara un complejo número de deducciones, que van desde los pagos de intereses sobre las hipotecas hasta los servicios de salud provistos por los empleadores, con lo que la base de la recaudación tributaria es muy estrecha. Deshacerse de las deducciones simplificaría el código y permitiría recaudar hasta un billón de dólares más al año. Debido a que los principales beneficiarios de las deducciones son los ricos, serían estos últimos quienes más paguen. Y debido a que las tasas marginales permanecerían intactas (o reducidas), esta reforma no afectaría su intención de generar riqueza.
En Europa, donde los sistemas tributarios son más eficientes, una opción sería desplazar una parte mayor de la carga fiscal desde las provenientes de las ganancias hacia las generadas por la propiedad, lo que aumentaría la recaudación proveniente de la población rica pero tendría un menor impacto sobre la predisposición a correr riesgos. El "impuesto a la mansión" propuesto por los liberales demócratas británicos causaría así menos daño que la tasa del 50%. Y a ambos lados del Atlántico aún queda espacio para reducir la brecha entre las tasas impositivas sobre los salarios y los premios y las que recaen sobre los dividendos y las ganancias de capital. Esa brecha explica por qué Buffett, cuyos mayores ingresos provienen de las ganancias de capital y los dividendos, tiene una tasa impositiva promedio más baja que su secretaria. Además, es la única protección con la que han contado los inversionistas para salvaguardar los millones que acumulan.
Hay que lograr un acuerdo básico. Imaginemos un sistema tributario que haya logrado equiparar las tasas máximas sobre los salarios y sobre el capital y que virtualmente haya eliminado todas las deducciones. Para evitar gravar las inversiones dos veces, este sistema no aplicaría impuestos a las ganancias empresariales. También habría espacio para una tasa máxima mucho más baja en el impuesto sobre la renta. ¿El resultado? Una mayor recaudación de impuestos provenientes de la población rica, sin dañar el dinamismo de la economía. Entonces, sí valdría la pena hacer sonar las cornetas.
9 oct 2011
DE CRISIS, TASA TOBIN Y DEMAS...
La aguda crisis que atraviesan las economias del mundo,
tienen a la hora de calificarlas, variadas formas de explicarlas
segun la optica de quien lo hace y desde donde.
Que este sistema de capitalismo modelo occidental esta
resquebrajado, no quedan dudas. Las dudas comienzan cuando
se trata de encontrarle una solucion para que el robot no nos
termine matando, aunque esta visto que hoy nos tiene de rodillas...
Para entender estos procesos habria que retrotraer la discusion
a los albores de la revolucion indusrial y al desarrollo de un
sistema de salvaguarda de los beneficios de la produccion y
el comercio que se fue adaptando a las nuevas realidades y
fue dando marco a la creacion de un sistema financiero acorde
a los intereses de aquellos que protegian sus bienes de la voracidad
de la obligacion fiscal de estados siempre demandantes , valiendose
para ello de las estructuras legales que se fueron dando a si mismos, a fin
de legitimar distintas formas de evasion que comprenden los multiples
niveles en los que se desarrolla la actividad economica.
Todas las cadenas de produccion -aun las mas elementales- estan
orientadas en ese sentido y no hay actividad economica alguna
que no participe directa o indirectamente con esta premisa.
Los diferentes sistemas de gobierno, han tenido que lidiar de
una manera u otra con esta disyuntiva y aquellos que en algun
momento lograron tenerlo bajo un mediano control , han desarollado
economias avanzadas que han sostenido estados poco deficitarios
que les ha permitido sobresalir en el contexto mundial hasta que
la inefable economia de renta, mediante nuevos "instrumentos financieros"
cada vez mas sofisticados, vuelven ineficientes los pocos controles
que tiene la sociedad para hacer contributiva esa economia rentistica.
Los deficits presupuetarios que asolan a los estados DE TODO EL
MUNDO tienen en comun esta forma de garantizar que todos quieramos
evadir de todas las maneras posibles, la obligacion de contribuir
al sostenimiento de los gastos comunes que demanda cualquier estado
y segun donde nos toque estar, o en la organizacion que estemos,
va a marcar la relevancia del nivel de evasion.
Las grandes empresas han desarrollado economias paralelas
donde se compran y se venden bienes y servicios entre sus
departamentos o filiales extranjeras para dibujar costos ficticios,
fragmentar la base imponible y generar gastos inexistentes, de
manera tal que frente al fisco SIEMPRE SON DEFICITARIAS.
El manejo de esta arquitectura financiera esta reservada a los
bancos, cuyos servicios de ocultamiento y re-inversion en titulos
bonos, acciones y un sin fin de seguros, reaseguros etc, etc,
le da el marco legal que garantiza su desarrollo y crecimiento
con balances positivos para sus accionistas, PERO NEGATIVO
A LA HORA DE TRIBUTAR A FAVOR DEL ESTADO.
Esta caracteristica no se da solo en las economias occidentales,
podemos ver claros ejemplos en la Rusia post Gorbachov, o en las
multinacionales chinas, que pueden variar en cuanto a la forma
de administrar lo que se recauda, pero no en su estructura financiera.
(La timba que son las BOLSAS son iguales en todos lados).
El debate sobre los paraisos fiscales es un claro ejemplo de como
las consecuencias de esta realidad no permiten ver las verdaderas
causas del problema, ya que esta concentracion de evasion se da,
PORQUE EN SU LUGAR DE ORIGEN CARECE DE CONTROLES.
Suiza es un claro ejemplo de estas aberraciones -y no es desde hace
poco- ya que estas estructuras que favorecen la fuga de capitales,
la sobre y sub facturacion de las multinacionales, tambien lo hacen
con las transaccciones del narcotrafico, el trafico de armas y toda
actividad que requiera el secreto y el anomimato y un lugar seguro
donde todos se ponen de acuerdo para no tocar.
Las teorias que explican estas realidades, se han visto sobrepasadas
por la altisima especializacion tanto tecnologica como administrativa,
-hoy solo expertos pueden explicar como funciona este engendro-
y lo que es mas preocupante, es que todos formamos parte de esta
estructura de evasion permanente, de lo micro a lo macro, desde
las compras "en negro" hasta los ahorros jubilatorios que alimentan
fondos especulativos sean o no buitres, y desde donde nacen los
desequilibrios que todos decimos combatir.
La bancarizacion de la economia no va a mejorar mucho esta problematica
ya que los temas de fondo no estan en juego y solo va a haber una
sobrecarga a la economia formal, ya que la informal por su caracteristica
propia no entra en el esquema, lo que ahonda la problematica .
Quizas la tasa TOBIN pueda ser un buen comienzo, al menos para
evitar las transacciones electronicas altamente especulativas si se
logra hacer efectiva mundialmente y de forma uniforme , pero a futuro
LA REFORMA DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS -EN DESMEDRO
DE LA ECONOMIA DE RENTA- CUYO FIN SEA EVITAR ESE
DESMEDIDO GRADO DE EVASION, HARA POSIBLES
SOCIEDADES MAS JUSTAS Y EQUILIBRADAS.
Y de esto se habla poco....
tienen a la hora de calificarlas, variadas formas de explicarlas
segun la optica de quien lo hace y desde donde.
Que este sistema de capitalismo modelo occidental esta
resquebrajado, no quedan dudas. Las dudas comienzan cuando
se trata de encontrarle una solucion para que el robot no nos
termine matando, aunque esta visto que hoy nos tiene de rodillas...
Para entender estos procesos habria que retrotraer la discusion
a los albores de la revolucion indusrial y al desarrollo de un
sistema de salvaguarda de los beneficios de la produccion y
el comercio que se fue adaptando a las nuevas realidades y
fue dando marco a la creacion de un sistema financiero acorde
a los intereses de aquellos que protegian sus bienes de la voracidad
de la obligacion fiscal de estados siempre demandantes , valiendose
para ello de las estructuras legales que se fueron dando a si mismos, a fin
de legitimar distintas formas de evasion que comprenden los multiples
niveles en los que se desarrolla la actividad economica.
Todas las cadenas de produccion -aun las mas elementales- estan
orientadas en ese sentido y no hay actividad economica alguna
que no participe directa o indirectamente con esta premisa.
Los diferentes sistemas de gobierno, han tenido que lidiar de
una manera u otra con esta disyuntiva y aquellos que en algun
momento lograron tenerlo bajo un mediano control , han desarollado
economias avanzadas que han sostenido estados poco deficitarios
que les ha permitido sobresalir en el contexto mundial hasta que
la inefable economia de renta, mediante nuevos "instrumentos financieros"
cada vez mas sofisticados, vuelven ineficientes los pocos controles
que tiene la sociedad para hacer contributiva esa economia rentistica.
Los deficits presupuetarios que asolan a los estados DE TODO EL
MUNDO tienen en comun esta forma de garantizar que todos quieramos
evadir de todas las maneras posibles, la obligacion de contribuir
al sostenimiento de los gastos comunes que demanda cualquier estado
y segun donde nos toque estar, o en la organizacion que estemos,
va a marcar la relevancia del nivel de evasion.
Las grandes empresas han desarrollado economias paralelas
donde se compran y se venden bienes y servicios entre sus
departamentos o filiales extranjeras para dibujar costos ficticios,
fragmentar la base imponible y generar gastos inexistentes, de
manera tal que frente al fisco SIEMPRE SON DEFICITARIAS.
El manejo de esta arquitectura financiera esta reservada a los
bancos, cuyos servicios de ocultamiento y re-inversion en titulos
bonos, acciones y un sin fin de seguros, reaseguros etc, etc,
le da el marco legal que garantiza su desarrollo y crecimiento
con balances positivos para sus accionistas, PERO NEGATIVO
A LA HORA DE TRIBUTAR A FAVOR DEL ESTADO.
Esta caracteristica no se da solo en las economias occidentales,
podemos ver claros ejemplos en la Rusia post Gorbachov, o en las
multinacionales chinas, que pueden variar en cuanto a la forma
de administrar lo que se recauda, pero no en su estructura financiera.
(La timba que son las BOLSAS son iguales en todos lados).
El debate sobre los paraisos fiscales es un claro ejemplo de como
las consecuencias de esta realidad no permiten ver las verdaderas
causas del problema, ya que esta concentracion de evasion se da,
PORQUE EN SU LUGAR DE ORIGEN CARECE DE CONTROLES.
Suiza es un claro ejemplo de estas aberraciones -y no es desde hace
poco- ya que estas estructuras que favorecen la fuga de capitales,
la sobre y sub facturacion de las multinacionales, tambien lo hacen
con las transaccciones del narcotrafico, el trafico de armas y toda
actividad que requiera el secreto y el anomimato y un lugar seguro
donde todos se ponen de acuerdo para no tocar.
Las teorias que explican estas realidades, se han visto sobrepasadas
por la altisima especializacion tanto tecnologica como administrativa,
-hoy solo expertos pueden explicar como funciona este engendro-
y lo que es mas preocupante, es que todos formamos parte de esta
estructura de evasion permanente, de lo micro a lo macro, desde
las compras "en negro" hasta los ahorros jubilatorios que alimentan
fondos especulativos sean o no buitres, y desde donde nacen los
desequilibrios que todos decimos combatir.
La bancarizacion de la economia no va a mejorar mucho esta problematica
ya que los temas de fondo no estan en juego y solo va a haber una
sobrecarga a la economia formal, ya que la informal por su caracteristica
propia no entra en el esquema, lo que ahonda la problematica .
Quizas la tasa TOBIN pueda ser un buen comienzo, al menos para
evitar las transacciones electronicas altamente especulativas si se
logra hacer efectiva mundialmente y de forma uniforme , pero a futuro
LA REFORMA DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS -EN DESMEDRO
DE LA ECONOMIA DE RENTA- CUYO FIN SEA EVITAR ESE
DESMEDIDO GRADO DE EVASION, HARA POSIBLES
SOCIEDADES MAS JUSTAS Y EQUILIBRADAS.
Y de esto se habla poco....
20 sept 2011
11 sept 2011
DE MILITARES Y ABERRACIONES.....
Con infinita verguenza y frustracion, hemos asistido al
desprestigio que una delegacion uruguaya encargada de asegurar
la paz en el ya devastado Haiti, ha producido al verse
involucrada en actos aberrantes contra la dignidad humana.
Los perdones y las investigaciones que se realicen, no
podran nunca reparar el daño, aunque si limitar las
responsabilidades y actuar en consecuencia.
Ello viene a cuento, porque desde hace unas cuantas
decadas, los militares de toda latinoamerica se vieron
envueltos en miles de denuncias de actos de la misma
naturaleza, por la cual una infima parte ha sido procesado
y la gran mayoria goza de la impunidad de una justicia
que en bien de la "paz social" olvida y perdona todo.
Y esto que pareceria un caso aislado y producto de unos
pocos desubicados, deja de serlo cuando vemos que la
formacion a la que estos individuos estan sujetos desde
sus academias y que vienen recibiendo desde tiempo ha,
los convierte en diminutos dictadores que pueden ejercer
la fuerza en nombre de alguna autoridad y por ende disponer
a su arbitrio la voluntad, la vida e integridad de sus semejantes.
Hoy vemos como aquellos que sistematicamente se han
negado a profundizar las investigaciones sobre el pasado
reciente, donde se han cometido infinidad de actos de esta
naturaleza y sobre los que ha caido la responsabilidad de
modificar estas situaciones, se " horrorizan" ante conductas
delictivas de aquellos que sintiendose impunes antes,
se sienten mas impunes ahora con una normativa juridica
que ha transformado los delitos de lesa humanidad en
daños colaterales y obediencias debidas...
Toda esta verborragia carente del significado practico
mas alla de no condenar a nadie, demuestra ese doble discurso
a la que se acostumbra a pensar a la sociedad con la
mirada de aquellos que en circunstancias similares y de
acuerdo a los intereses en juego, condenan o perdonan a
individuos que la sociedad les ha confiado la tarea precisa-
mente, entre otras, de evitar que ello ocurra.
Veremos si en funcion de la verdad y para reparacion
de las victimas alla y aca, se investiga como corresponde
y se da punto final a una herida abierta que estos y otros
degenerados han provocado en la sociedad.
Y QUE NO SEA POR OBEDIENCIA PARTIDARIA.
desprestigio que una delegacion uruguaya encargada de asegurar
la paz en el ya devastado Haiti, ha producido al verse
involucrada en actos aberrantes contra la dignidad humana.
Los perdones y las investigaciones que se realicen, no
podran nunca reparar el daño, aunque si limitar las
responsabilidades y actuar en consecuencia.
Ello viene a cuento, porque desde hace unas cuantas
decadas, los militares de toda latinoamerica se vieron
envueltos en miles de denuncias de actos de la misma
naturaleza, por la cual una infima parte ha sido procesado
y la gran mayoria goza de la impunidad de una justicia
que en bien de la "paz social" olvida y perdona todo.
Y esto que pareceria un caso aislado y producto de unos
pocos desubicados, deja de serlo cuando vemos que la
formacion a la que estos individuos estan sujetos desde
sus academias y que vienen recibiendo desde tiempo ha,
los convierte en diminutos dictadores que pueden ejercer
la fuerza en nombre de alguna autoridad y por ende disponer
a su arbitrio la voluntad, la vida e integridad de sus semejantes.
Hoy vemos como aquellos que sistematicamente se han
negado a profundizar las investigaciones sobre el pasado
reciente, donde se han cometido infinidad de actos de esta
naturaleza y sobre los que ha caido la responsabilidad de
modificar estas situaciones, se " horrorizan" ante conductas
delictivas de aquellos que sintiendose impunes antes,
se sienten mas impunes ahora con una normativa juridica
que ha transformado los delitos de lesa humanidad en
daños colaterales y obediencias debidas...
Toda esta verborragia carente del significado practico
mas alla de no condenar a nadie, demuestra ese doble discurso
a la que se acostumbra a pensar a la sociedad con la
mirada de aquellos que en circunstancias similares y de
acuerdo a los intereses en juego, condenan o perdonan a
individuos que la sociedad les ha confiado la tarea precisa-
mente, entre otras, de evitar que ello ocurra.
Veremos si en funcion de la verdad y para reparacion
de las victimas alla y aca, se investiga como corresponde
y se da punto final a una herida abierta que estos y otros
degenerados han provocado en la sociedad.
Y QUE NO SEA POR OBEDIENCIA PARTIDARIA.
17 ago 2011
¿Está el capitalismo condenado al fracaso?
¿Está el capitalismo condenado al fracaso?
Nouriel Roubini
2011-08-15
¿Está el capitalismo condenado al fracaso?
NEW YORK – La masiva volatilidad y la aguda corrección de los precios de las acciones que en la actualidad golpean a los mercados financieros globales son indicadores de que las economías más avanzadas se encuentran al borde de una recesión de doble caída. Una crisis financiera y económica causada por el exceso de deuda y apalancamiento del sector privado condujeron a un masivo re-apalancamiento del sector público con el fin de evitar la Gran Depresión 2.0. Sin embargo, la recuperación posterior ha sido anémica y mediocre en la mayoría de las economías avanzadas dado el desapalancamiento doloroso.
Hoy en día una combinación de los precios altos del petróleo y productos básicos, los disturbios en el Oriente Medio, el terremoto y tsunami del Japón, la crisis de deuda de la eurozona y los problemas fiscales de Estados Unidos (y ahora la rebaja de su calificación crediticia) han llevado a un aumento masivo en la aversión al riesgo. Económicamente los Estados Unidos, la eurozona, el Reino Unido y el Japón funcionan al ralentí. Incluso los mercados emergentes en crecimiento (China, Asia emergente y América Latina), y las economías orientadas a la exportación que se basan en estos mercados (Alemania y Australia, un país rico en recursos naturales), están experimentando desaceleraciones agudas.
Hasta el año pasado, los políticos siempre pudieron sacar un as de bajo la manga para reactivar los precios de los activos y detonar la recuperación económica. Estímulo fiscal, tasas de interés de casi cero, dos rondas de "flexibilización cuantitativa", separación estricta de las deudas incobrables y billones de dólares en rescates y provisión de liquidez para los bancos y entidades financieras: las autoridades ejecutivas intentaron todo esto. Ahora se han quedado sin ases.
La política fiscal hoy en día es un lastre para el crecimiento económico tanto en la eurozona como en el Reino Unido. Incluso en los EE.UU., los gobiernos estatales y locales, y ahora el gobierno federal, recortan el gasto y reducen los pagos de transferencias. Muy pronto, ellos subirán los impuestos.
Otra ronda de rescates para los bancos es políticamente inaceptable y económicamente inviable: la mayoría de los gobiernos, especialmente en Europa, están tan estresados que los rescates no son asequibles; de hecho, el riesgo soberano está, en realidad, alimentando por la preocupación por la salud de los bancos europeos, que tienen en sus carteras la mayor parte de los cada vez más inestables valores gubernamentales.
Tampoco la política monetaria puede ser de mucha ayuda. La flexibilización cuantitativa en la eurozona y el Reino Unido se ve limitada por una inflación por encima del nivel objetivo. La Reserva Federal de EE.UU. probablemente inicie una tercera ronda de flexibilización cuantitativa (QE3), pero esta ofrecerá muy poco y llegará demasiado tarde. El año pasado la flexibilización cualitativa (QE2) de $600 millardos y de $1 billón de dólares en recortes de impuestos y transferencias logró un crecimiento de apenas el 3% durante un trimestre. Posteriormente, el crecimiento cayó bruscamente a menos del 1% en el primer semestre del año 2011. QE3 será de mucho menor tamaño, y logrará mucho menos en cuanto a reactivar los precios de los activos y restaurar el crecimiento.
La depreciación de la moneda no es una opción viable para todas las economías avanzadas: todas ellas necesitan una moneda más débil y una mejor balanza comercial para recuperar el crecimiento, pero no todas ellas pueden estar en esta situación al mismo tiempo. Así que depender de los tipos de cambio para influir en la balanza comercial es un juego de suma cero. Por esta razón se vislumbran en el horizonte guerras cambiaras; Japón y Suiza son los participantes de las primeras batallas por debilitar sus tipos de cambio. Otros pronto seguirán el ejemplo.
Mientras tanto, en la eurozona, Italia y España están ahora en riesgo de perder acceso al mercado, y en la actualidad las presiones financieras sobre Francia también van en aumento. Sin embargo, Italia y España son países demasiado grandes para quebrar y demasiado grandes para ser rescatados. Por el momento, el Banco Central Europeo comprará algunos de sus bonos como un puente con el nuevo Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF, por el nombre en inglés) de la eurozona. Sin embargo, si Italia y/o España pierden su acceso al mercado, los €440 mil millones ($ 627 mil millones) del arca de guerra del EFSF podrían agotarse hasta finales de este año o principios del año 2012.
En ese momento, a menos que se tripliquen los fondos del EFSF – una medida a la que se opondría Alemania – la única opción que quedaría sería una reestructuración ordenada pero coercitiva de la deuda italiana y española, tal como ha ocurrido en Grecia. La reestructuración coercitiva de la deuda no garantizada de los bancos insolventes sería el siguiente paso. Por esta razón, aunque apenas ha empezado el proceso de desapalancamiento, se harán necesarias las reducciones de deuda si los países no pueden crecer o ahorrar o agrandarse por cuenta propia para salir de sus problemas de deuda.
Parece que Karl Max estuvo parcialmente en lo correcto al argumentar que la globalización, la intermediación financiera fuera de control, y la redistribución del ingreso y la riqueza de los trabajadores en beneficio del capital podría llevar al capitalismo a su autodestrucción (sin embargo se demostró que su idea de que el socialismo da mejores resultados fue errónea). Las empresas están recortando puestos de trabajo porque no hay suficiente demanda final. Sin embargo, al recortar puestos de trabajo se reduce el ingreso de los trabajadores, se aumenta la desigualdad y se reduce la demanda final.
Las protestas populares recientes, que se extienden desde el Medio Oriente hasta Israel y el Reino Unido, y la creciente ira popular en China – y que más temprano que tarde llegarán a otras economías avanzadas y mercados emergentes – son todas impulsadas por los mismos problemas y tensiones: creciente desigualdad, pobreza, desempleo, y desesperanza. Incluso las clases medias del mundo están sintiendo la presión de la caída de ingresos y oportunidades.
Para permitir que las economías orientadas al mercado operen como deberían y como pueden, tenemos que retornar al equilibrio adecuado entre los mercados y la provisión de bienes públicos. Esto significa alejarse tanto del modelo anglosajón de laissez-faire y economía vudú como del modelo europeo continental de los estados de bienestar impulsados por el déficit. Ambos modelos están resquebrajados.
El equilibrio adecuado hoy en día exige la creación de puestos de trabajo de manera parcial a través de estímulos fiscales adicionales dirigidos a las inversiones en infraestructura productiva. También requiere de impuestos más progresivos; más cantidad de estímulos fiscales a corto plazo junto con disciplina fiscal de mediano y largo plazo; de apoyo de préstamos de última instancia por parte de las autoridades monetarias a fin de prevenir corridas bancarias destructivas; de reducción de la carga crediticia de los hogares insolventes y de otros agentes económicos que atraviesan dificultades económicas; de supervisión y regulación más estricta de un sistema financiero que está fuera de control; y de fraccionamiento de los bancos que son demasiado grandes para quebrar y de los fondos de inversión oligopolísticos.
Con el tiempo, las economías avanzadas tendrán que invertir en capital humano, capacitación y redes de seguridad social para aumentar la productividad y permitir que los trabajadores compitan, sean flexibles y prosperen en una economía globalizada. La alternativa es – igual que en la década de 1930 – interminable estancamiento, depresión, guerras cambiarias y de balanza comercial, controles de capital, crisis financiera, insolvencias soberanas, y masiva inestabilidad política y social.
Nouriel Roubini es presidente de Roubini Global Economics, profesor en la Escuela Stern de Administración de Empresas de la Universidad de Nueva York y coautor del libro Crisis Economics [Cómo salimos de ésta, Ediciones Destino, Barcelona, 2010; traducción de Eva Robledillo y Betty Trabal].
Copyright: Project Syndicate, 2011.
www.project-syndicate.org
Traducido del inglés por Rocio L. Barrientos.
4 ago 2011
Noam Chomsky y las 10 Estrategias de Manipulación Mediática
Noam Chomsky y las 10 Estrategias de Manipulación Mediática
El lingüista Noam Chomsky elaboró la lista de las “10 Estrategias de Manipulación” a través de los medios
1. La estrategia de la distracción El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes.
La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales, en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. ”Mantener la Atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar; de vuelta a granja como los otros animales (cita del texto ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”.
2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado “problema-reacción-solución”. Se crea un problema, una “situación” prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también: crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos.
3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas (neoliberalismo) fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990: Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez.
4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como “dolorosa y necesaria”, obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que “todo irá mejorar mañana” y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento.
5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. Por qué? “Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá, con cierta probabilidad, a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 12 años o menos de edad (ver “Armas silenciosas para guerras tranquilas”)”.
6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un corto circuito en el análisis racional, y finalmente al sentido critico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir comportamientos�
7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. “La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores (ver ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”.
8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto�
9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades, o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se auto desvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y, sin acción, no hay revolución!
10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el “sistema” ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos.
“Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance: a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copias a sus amigos: nueve de cada diez las estarán esperando.
Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información”.
Rodolfo Walsh
El lingüista Noam Chomsky elaboró la lista de las “10 Estrategias de Manipulación” a través de los medios
1. La estrategia de la distracción El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes.
La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales, en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. ”Mantener la Atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar; de vuelta a granja como los otros animales (cita del texto ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”.
2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado “problema-reacción-solución”. Se crea un problema, una “situación” prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también: crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos.
3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas (neoliberalismo) fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990: Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez.
4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como “dolorosa y necesaria”, obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que “todo irá mejorar mañana” y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento.
5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. Por qué? “Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá, con cierta probabilidad, a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 12 años o menos de edad (ver “Armas silenciosas para guerras tranquilas”)”.
6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un corto circuito en el análisis racional, y finalmente al sentido critico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir comportamientos�
7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. “La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores (ver ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”.
8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto�
9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades, o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se auto desvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y, sin acción, no hay revolución!
10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el “sistema” ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos.
“Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance: a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copias a sus amigos: nueve de cada diez las estarán esperando.
Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información”.
Rodolfo Walsh
13 jul 2011
Nota de Rebelion sobre Europa de Eric Toussaint
Ocho propuestas urgentes para otra Europa
por Eric Toussaint
La crisis sacude a la Unión Europea hasta los cimientos. Para varios países la soga de la deuda pública se cierra sobre ellos y están asfixiados por los mercados financieros. Con la complicidad activa de los gobiernos, de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo y del FMI, las instituciones financieras responsables de la crisis se enriquecen y especulan sobre las deudas de los Estados. La patronal aprovecha la situación para lanzar una ofensiva brutal contra una serie de derechos económicos y sociales de la mayoría de la población.
La reducción del déficit público no debe hacerse reduciendo los gastos sociales públicos, sino luchando contra el gran fraude fiscal y gravando más el capital, las transacciones financieras, el patrimonio y las rentas de los más ricos. Para reducir el déficit, también es necesario reducir drásticamente los gastos de armamento, así como otros gastos socialmente inútiles y peligrosos para el medio ambiente. En cambio es fundamental aumentar los gastos sociales, especialmente para amortiguar los efectos de la depresión económica. Pero más allá hay que considerar esta crisis como una posibilidad de romper con la lógica capitalista y realizar un cambio radical de sociedad. La nueva lógica que hay que construir deberá romper con el productivismo, incluir la cuestión ecológica, erradicar las diversas formas de opresión [racial, patriarcal, etc.] y promover los bienes comunes.
Para eso es necesario construir un frente anticrisis, tanto a escala europea como localmente, con el fin de agrupar las energías para crear una relación de fuerza favorable a la puesta en práctica de soluciones radicales centradas en la justicia social y climática. Desde agosto de 2010 el CADTM ha formulado ocho propuestas relativas a la actual crisis europea |1|. El elemento central es la necesidad de proceder a la anulación de la parte ilegitima de la deuda pública. Para ello, el CADTM recomienda la realización de una auditoría de la deuda pública efectuada bajo control ciudadano. En determinadas circunstancias dicha auditoría deberá combinarse con la suspensión unilateral y soberana del reembolso de la deuda pública. El objetivo de la auditoría es llegar a la anulación/repudio de la parte ilegal de la deuda pública y a una fuerte reducción del resto de la deuda.
La reducción drástica de la deuda pública es una condición necesaria pero insuficiente para sacar a los países de la Unión Europea de la crisis. Hay que completarla con toda una serie de medidas de gran amplitud en diferentes ámbitos.
1. Realizar una auditoría de la deuda pública con el fin de anular la parte ilegitima
Una parte importante de la deuda pública de los Estados de la Unión Europea es ilegitima porque es el resultado de una política deliberada de gobiernos que decidieron privilegiar sistemáticamente a una clase social, la clase capitalista, y a otros sectores favorecidos, en detrimento del resto de la sociedad. La rebaja de impuestos sobre las rentas altas de las personas físicas, sobre sus patrimonios y sobre los beneficios de las empresas privadas, han llevado a los poderes públicos a incrementar la deuda pública con el fin de cubrir el agujero producido por esa rebaja. Así, dichos poderes públicos han aumentado fuertemente la carga impositiva sobre los hogares modestos que constituyen la mayoría de la población. A eso hay que añadir, desde 2007-2008, el rescate de las instituciones financieras privadas, responsables de la crisis, que ha costado muy caro a las finanzas públicas y ha hecho estallar la deuda pública. La disminución de los ingresos provocada por la crisis que han causado las instituciones financieras privadas, una vez más se ha tenido que cubrir con préstamos masivos. Ese marco general señala claramente la ilegitimidad de una parte importante de las deudas públicas. A eso se añade, en cierto número de países sometidos al chantaje de los mercados financieros, otras fuentes evidentes de ilegitimidad. Las nuevas deudas contraídas a partir de 2008 se han asumido en un contexto en el que los banqueros [y otras instituciones financieras privadas] utilizan el dinero conseguido de los bancos centrales a tipos de interés bajos para especular y obligar a los poderes públicos a aumentar las remuneraciones que éstos tienen que reembolsar. Además en países como Grecia, Hungría, Letonia, Rumania o Irlanda, los préstamos concedidos por el FMI se han combinado con condiciones que constituyen una violación de los derechos económicos y sociales de las poblaciones. Con el agravante de que esas condiciones, una vez más, favorecen a los banqueros y a las demás instituciones financieras. También por estas razones son ilegitimas. Finalmente, en algunos casos se ha hecho burla de la voluntad popular: por ejemplo, mientras que en febrero de 2011 una amplia mayoría de los irlandeses votó contra los partidos que hicieron regalos a los bancos y aceptaron las condiciones impuestas por la Comisión Europea y el FMI, la nueva coalición gubernamental continúa grosso modo la misma política que sus predecesores. Más generalmente, en algunos países se asiste a la marginación del poder legislativo en beneficio de una política de hechos consumados impuesta por el poder ejecutivo que pasa los acuerdos con la Comisión Europea y el FMI. A continuación el poder ejecutivo presenta al Parlamento ese acuerdo «lo tomas o lo dejas», que llega incluso a organizar un debate sin votación en asuntos de primer orden. La tendencia del poder ejecutivo a transformar el órgano legislativo en una oficina de registro se refuerza.
En ese inquietante contexto, sabiendo que antes o después una serie de Estados se enfrentará al riesgo concreto de la imposibilidad de pagar por falta de liquidez y que el reembolso de una deuda ilegitima es inaceptable por principios, conviene pronunciarse claramente por la anulación de las deudas ilegitimas. Anulación cuyo coste debe recaer sobre los culpables de la crisis, a saber, las instituciones financieras privadas.
Para los países como Grecia, Irlanda, Portugal o los países de Europa del Este [y los de fuera de la Unión Europea, como Islandia], es decir, los países que están sometidos al chantaje de los especuladores, del FMI y de otros organismos como la Comisión Europea, conviene recurrir a una moratoria unilateral del reembolso de la deuda pública. Esta propuesta se hace popular en los países más afectados por la crisis. A finales de noviembre de 2010 en Dublín, en una encuesta de opinión realizada por teléfono a cerca de 500 personas, el 57% de los irlandeses preguntados se pronunció a favor de la suspensión del pago de la deuda [«default» en inglés] más que por la ayuda de emergencia del FMI y Bruselas. «Default ! say the people» [el pueblo por la suspensión del pago] titulaba el Sunday Independent, principal diario de la isla. Según el CADTM, ese tipo de moratoria unilateral debe unirse a la realización de una auditoría de los préstamos públicos [con participación ciudadana]. La auditoría debe permitir que se aporten al gobierno y a la opinión pública las pruebas y los argumentos necesarios para la anulación/repudio de la parte de la deuda identificada como ilegitima. El derecho internacional y el derecho interno de los países ofrecen una base legal para ese tipo de acción soberana unilateral de anulación/repudio.
A los países que recurran a la suspensión del pago, con la experiencia sobre la cuestión de la deuda de los países del sur, el CADTM pone en guardia con respecto a una medida insuficiente, una simple suspensión del reembolso de la deuda, que puede revelarse contraproducente. Hay que hacer la moratoria sin añadido de intereses de demora sobre las sumas no reembolsadas.
En otros países como Francia, Gran Bretaña o Alemania, no es imperativo decretar una moratoria unilateral durante la realización de la auditoría. Pero también debe llevarse a cabo allí con el fin de determinar la amplitud de la anulación/repudio a la que habrá que proceder. En caso de deterioro de la coyuntura internacional la suspensión del pago pueden llegar a ser necesaria incluso para los países que se creen a salvo del chantaje de los prestamistas privados.
La participación ciudadana es la condición imperativa para garantizar la objetividad y la transparencia de la auditoría. Esta comisión de auditoría deberá estar compuesta especialmente por los diferentes órganos del Estado afectados, así como por auditores expertos de las finanzas públicas, economistas, juristas, constitucionalistas, representantes de los movimientos sociales… y permitirá determinar las distintas responsabilidades en el proceso de endeudamiento y exigir que los responsables, tanto nacionales como internacionales, rindan cuentas a la justicia. En caso de hostilidad de un gobierno con respecto a la auditoría, será necesario constituir una comisión ciudadana de auditoría sin participación gubernamental
En cualquier caso es legítimo que las instituciones privadas y las personas físicas de altas rentas que poseen los títulos de esas deudas asuman el coste de la anulación de deudas soberanas ilegitimas, ya que son ampliamente responsables de la crisis de la cual, por añadidura, se beneficiaron largamente. El hecho de que deban asumir el coste de la anulación no es más que una justa vuelta hacia una mayor justicia social. Es importante elaborar un registro de los propietarios de títulos con el fin de indemnizar a los ciudadanos y ciudadanas con rentas bajas y medias que haya entre ellos.
Si la auditoría demuestra la existencia de delitos relacionados con el endeudamiento ilegal, hay que condenar firmemente a sus autores a pagar las reparaciones y no permitir que se libren de las penas de cárcel en función de la gravedad de sus actos. Hay que exigir justicia contra las autoridades que pusieron en marcha los préstamos ilegales.
En cuanto a las deudas que no están afectadas de ilegitimidad, convendría imponer un esfuerzo a los acreedores en términos de reducción del stock y de los tipos de interés, así como una ampliación del período de reembolso. También seria conveniente efectuar una discriminación positiva a favor de los pequeños propietarios de títulos de la deuda pública que convendría reembolsar normalmente. Por otra parte, el montante de la parte del presupuesto del Estado destinado al reembolso de la deuda deberá limitarse en función de la situación de la economía, de la capacidad de reembolso de los poderes públicos y del carácter irreducible de los gastos sociales. Hay que inspirarse en lo que se hizo con Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. El Acuerdo de Londres de 1953 sobre la deuda alemana, que consistía, en particular, en reducir el 62% del stock de la deuda, estipulaba que la relación entre el servicio de la deuda y los ingresos de las exportaciones no debía sobrepasar el 5%. |2| Se podría definir una ratio de este tipo: la suma asignada al reembolso de la deuda no puede exceder el 5% de los ingresos del Estado. También hay que adoptar un marco legal para evitar que se repita la crisis que comenzó en 2007-2008: prohibición de socializar las deudas privadas, obligación de organizar una auditoría permanente de la política de endeudamiento público con participación ciudadana, imprescriptibilidad de los delitos relacionados con el endeudamiento ilegal, nulidad de las deudas ilegales…
2. Detener los planes de austeridad, son injustos y profundizan la crisis
De acuerdo con las exigencias del FMI, los gobiernos de los países europeos han optado por imponer a sus pueblos políticas de estricta austeridad, con claros recortes en el gasto público: jubilaciones en la función pública, congelación e incluso rebaja de los salarios de los funcionarios, reducción del acceso a algunos servicios públicos vitales y de protección social, retraso de la edad de jubilación. A la inversa las empresas públicas reclaman -y obtienen- un aumento de sus tarifas mientras que el coste del acceso a la sanidad y la educación también se revisa al alza. Crece el recurso a la subida de impuestos indirectos particularmente injustos, en especial el IVA. Las empresas públicas del sector competente se privatizan masivamente. Las políticas de austeridad que se ponen en práctica se están empujando a un nivel nunca visto desde la Segunda Guerra Mundial. De esta forma los efectos de la crisis se duplican por los presuntos remedios que se dirigen sobre todo a proteger los intereses de los propietarios de capitales. En resumen, ¡los banqueros beben, los pueblos pagan!
Pero los pueblos cada vez toleran menos la injusticia de esas reformas caracterizadas por una amplia regresión social. En términos relativos son los trabajadores, los parados y las familias más modestas quienes más tienen que contribuir para que los Estados continúen engordando a los acreedores. Y entre las poblaciones más afectadas las mujeres ocupan el primer puesto, ya que la actual organización de la economía y la sociedad patriarcal hace que caigan sobre ellas los desastrosos efectos de la precariedad, del trabajo parcial y mal pagado. Afectadas directamente por la degradación de los servicios sociales públicos, ellas pagan un precio muy alto. La lucha para imponer otra lógica es indisociable de la lucha por el respeto total de los derechos de las mujeres.
3. Instaurar una verdadera justicia fiscal europea y una justa redistribución de la riqueza. Prohibir las transacciones con los paraísos judiciales y fiscales. Luchar contra el fraude fiscal masivo de las grandes empresas y de los más ricos
Desde 1980 no han dejado de bajar los impuestos directos sobre las rentas más elevadas y las grandes empresas. Así en la Unión Europea, de 2000 a 2008, las tasas superiores del impuesto sobre la renta y el impuesto de sociedades bajaron respectivamente 7 y 8,5 puntos. Esos cientos de miles de millones de euros de regalos fiscales se orientaron esencialmente hacia la especulación y la acumulación de riquezas por parte de los más ricos.
Hay que diseñar una reforma profunda de la fiscalidad con el objetivo de la justicia social [reducir al mismo tiempo las rentas y el patrimonio de los más ricos para aumentar los de la mayoría de la población] armonizándola en el plano europeo con el fin de impedir el dumping fiscal. |3| Se trata de aumentar los ingresos públicos, especialmente por medio del impuesto progresivo sobre la renta de las personas físicas más ricas [la tasa marginal sobre el tramo más elevado de renta debe llevarse al 90% |4|], el impuesto sobre el patrimonio a partir de cierto montante y el impuesto de sociedades. Este aumento de los ingresos debe ir parejo con una rápida rebaja del precio del acceso a los bienes y servicios de primera necesidad [alimentos básicos, agua, electricidad, calefacción, transporte público, material escolar...] especialmente por una reducción fuerte y concreta del IVA de dichos bienes y servicios vitales. Se trata también de adoptar una política fiscal que favorezca la protección del medio ambiente gravando de forma disuasiva a las industrias contaminantes.
La Unión Europea debe adoptar una tasa sobre las transacciones financieras, especialmente sobre los mercados de intercambios, con el fin de aumentar los ingresos de los poderes públicos.
Los diferentes G20, a pesar de sus declaraciones de intenciones, en realidad se han negado a atacar a los paraísos judiciales y fiscales. Una medida sencilla para luchar contra los paraísos fiscales [que todos los años hacen perder a los países del norte, y también a los del sur, recursos vitales para el desarrollo de las poblaciones], consiste para un Parlamento en prohibir a todas las personas físicas y a todas las empresas presentes en su territorio realizar cualquier transacción que pase por los paraísos fiscales, bajo pena de una multa de un importe equivalente. Además hay que erradicar esos agujeros negros de las finanzas, de tráficos criminales, de corrupción y de delincuencia de cuello blanco.
El fraude fiscal priva a la colectividad de medios considerables y actúa contra el empleo. Los medios públicos consecuentes deben ponerse al servicio del ministerio de finanzas para luchar eficazmente contra ese fraude. Los resultados deben hacerse públicos y sancionar severamente a los culpables.
4. Poner en orden los mercados financieros, en especial por la creación de un registro de los propietarios de títulos, por la prohibición de las ventas a descubierto y la especulación en una serie de sectores. Crear una agencia pública europea de calificación
La especulación a escala mundial representa varias veces el total de las riquezas producidas en el planeta. Los sofisticados montajes de la mecánica financiera la vuelven totalmente incontrolable. Los engranajes que suscita alteran la estructura de la economía real. La opacidad sobre las transacciones financieras es la norma. Para gravar a los acreedores en el origen, es necesario identificarlos. La dictadura de los mercados financieros debe acabar y se debe prohibir la especulación en toda una serie de sectores. Es conveniente prohibir la especulación con los títulos de la deuda pública, con las divisas y con los alimentos. |5| También se deben prohibir las ventas a descubierto |6| y los Credit Default Swaps se deben regular estrictamente. Hay que cerrar los mercados de contratación directa de productos derivados, que son verdaderos agujeros negros que escapan a toda reglamentación y vigilancia.
El sector de las agencias de calificación también debe reformarse y enmarcarse estrictamente. Lejos de una herramienta de evaluación científica objetiva, esas agencias son, estructuralmente, partes interesadas de la globalización neoliberal y en varias ocasiones han desencadenado repeticiones de catástrofes sociales. En efecto, la rebaja de la nota de un país implica una subida de los tipos de interés sobre los préstamos que se le han concedido. En consecuencia la situación económica del país en cuestión se deteriora todavía más. El comportamiento borreguil de los especuladores multiplica las dificultades encontradas que pesarán todavía más duramente sobre las poblaciones. La marcada sumisión de las agencias de calificación a los medios financieros estadounidenses las convierte en actores principales a nivel internacional, y su responsabilidad en el desencadenamiento y la evolución de la crisis no ha sido suficientemente aclarada por los medios de comunicación. La estabilidad económica de los países europeos se ha dejado en manos de esas agencias de calificación, sin protección, sin medios serios de control por parte de los poderes públicos. Es imprescindible la creación de una agencia pública de calificación para escapar de este callejón sin salida.
5. Transferir los bancos al sector público bajo control ciudadano
Tras decenios de desviaciones financieras y privatizaciones ya es hora de pasar el sector crediticio al dominio público. Los Estados deben recuperar su capacidad de controlar y orientar la actividad económica y financiera. También deben contar con instrumentos para realizar inversiones y financiar el gasto público reduciendo al mínimo el endeudamiento con instituciones financieras privadas y/o extranjeras. Hay que expropiar los bancos, sin indemnización, y transferirlos al sector público bajo control ciudadano.
En algunos casos, la expropiación de los bancos privados puede representar un coste para el Estado debido a las deudas puedan haber acumulado. El coste en cuestión debe recuperarse del patrimonio general de los grandes accionistas. En efecto, las empresas privadas que son accionistas de los bancos y que los llevaron al abismo mientras obtenían jugosos beneficios, son propietarias de una parte de su patrimonio en otros sectores de la economía. Debe hacerse, pues, una punción en el patrimonio general de los accionistas. Se trata de evitar al máximo la socialización de las pérdidas. El ejemplo irlandés es emblemático. La forma en que se efectuó la nacionalización del Allied Bank irlandés es inaceptable. Hay que aprender de eso.
6. Socializar las numerosas empresas y servicios privatizados desde 1980
Una característica de los últimos treinta años ha sido la privatización de muchas empresas y servicios públicos. Desde los bancos al sector industrial pasando por correos, las telecomunicaciones, la energía y el transporte, los gobiernos han entregado al sector privado gran parte de la economía, perdiendo al mismo tiempo toda la capacidad de regularla. Esos bienes públicos, procedentes del trabajo colectivo, deben volver al sector público. Se trata de crear nuevas empresas públicas y adaptar los servicios públicos según las necesidades de la población para responder, en particular, a la problemática del cambio climático, por ejemplo con la creación de un servicio público de aislamiento térmico de las viviendas.
7. Reducir drásticamente las horas de trabajo para crear empleos y aumentar los salarios y las pensiones
Distribuir de otra forma la riqueza es la mejor respuesta a la crisis. La parte de la riqueza creada destinada a los trabajadores se ha reducido considerablemente desde hace varios decenios mientras los acreedores y las empresas han aumentado sus beneficios para dedicarlos la especulación. El aumento de los salarios no sólo permite que las personas vivan con dignidad, sino que también fortalece los medios utilizados para financiar la protección social y las pensiones.
Al reducir el tiempo de trabajo sin menguar los salarios y creando empleos, se mejora la calidad de vida de los trabajadores y se proporciona empleo a aquéllos que lo buscan. La reducción radical del tiempo de trabajo también ofrece la oportunidad de practicar un ritmo de vida diferente, una forma diferente de vivir en sociedad alejándonos del consumismo. El tiempo ganado para el ocio permitirá una mayor participación activa de las personas en la vida política, en el fortalecimiento de la solidaridad, en actividades de voluntariado y en la creatividad cultural.
8. Refundar democráticamente otra Unión Europea basada en la solidaridad
Varias disposiciones de los tratados que rigen la Unión Europea, la eurozona y el BCE deben derogarse. Por ejemplo, es necesario eliminar los artículos 63 y 125 del Tratado de Lisboa, que prohíben cualquier control de los movimientos de capitales y cualquier ayuda a un Estado en dificultades. También hay que abandonar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Y más allá, es necesario sustituir los tratados actuales por otros nuevos en el marco de un genuino proceso constituyente democrático para alcanzar un pacto de solidaridad de los pueblos a favor del empleo y la ecología.
Se debe revisar por completo la política monetaria así como la normativa y las prácticas del Banco Central Europeo. La incapacidad del poder político de obligar al BCE a emitir dinero es un obstáculo muy grave. Con la creación del BCE como entidad por encima de los gobiernos y de los pueblos, la UE tomó una decisión desastrosa, la del someter a los seres humanos a las finanzas y no a la inversa.
Mientras que muchos movimientos sociales denunciaron los rígidos y profundamente inadecuados estatutos, el BCE se ha visto obligado a cambiar de opinión en lo más álgido de la crisis modificando con urgencia el papel que le había sido asignado. Por desgracia el BCE accedió a hacerlo por razones equivocadas: no porque se tuvieran en cuenta los intereses de los pueblos, sino para preservar los de los acreedores. Es la prueba evidente de que hay que barajar y repartir las cartas de nuevo. El BCE debe tener el poder de financiar directamente a los Estados que desean lograr los objetivos sociales y medioambientales que integran perfectamente las necesidades básicas de la población.
En la actualidad, actividades económicas muy diferentes, como la inversión en la construcción de un hospital o un proyecto puramente especulativo, se financian de manera similar. El poder político debe, al menos plantearse, imponer costes muy diferentes a unos y otros: los bajos tipos de interés se deben reservar para inversiones socialmente justas y ambientalmente sostenibles, mientras que las tasas muy altas, incluso prohibitivas cuando la situación lo exige, deben aplicarse a las operaciones de tipo especulativo siendo también deseable que pura y simplemente se prohíban en ciertos sectores [véase más arriba].
Una Europa basada en la solidaridad y la cooperación debe dar la espalda a la competencia y la rivalidad que nivelan «por abajo». La lógica neoliberal ha conducido a la crisis y ha revelado su fracaso. Dicha lógica ha empujado los indicadores sociales a la baja: menos protección social, menos empleo, menos servicios públicos. Los que se han beneficiado de esta crisis lo han hecho pisoteando los derechos de la mayoría. ¡Los culpables han ganado, las víctimas pagan! Esta lógica, que subyace en todos los textos fundadores de la Unión Europea, comenzando por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, debe atacarse directamente: no se puede sostener. El objetivo prioritario debe ser otra Europa basada en la cooperación entre los Estados y la solidaridad entre los pueblos. Para ello, las políticas presupuestarias y fiscales no deben ser uniformes, ya que las economías europeas presentan grandes diferencias, pero hay que coordinarlas para que finalmente surja una nivelación «por arriba». Hay que imponer políticas globales a escala europea que incluyan inversiones públicas masivas para la creación de empleo público en áreas claves [de los servicios comunitarios a las energías renovables, de la lucha contra el cambio climático a los sectores sociales básicos].
Esta otra Europa democratizada debe, según el CADTM, trabajar para imponer principios no negociables: el fortalecimiento de la justicia fiscal y social, decisiones dirigidas a elevar el nivel y la calidad de vida de sus habitantes, el desarme y la reducción radical del gasto militar [incluida la retirada de las tropas europeas de Afganistán y la salida de la OTAN], optar por energías sostenibles sin recurrir a la nuclear, rechazo de los organismos modificados genéticamente [OGM]. También debe acabar resueltamente con su política de fortaleza sitiada frente a los inmigrantes y convertirse en un socio justo y verdaderamente solidario con los pueblos del Sur del planeta.
Traducido para Rebelión por Jorge Aldao y Caty R.
30 jun 2011
COMPROMISO DE MONTEVIDEO
“Compromiso de Montevideo”
“Los participantes del 2° Encuentro Latinoamericano por la Memoria, la Verdad y la Justicia, celebrado en la ciudad de Montevideo entre el 24 y 26 de junio de 2011, a 38 años del golpe de Estado en Uruguay y en el Día Internacional contra la Tortura, coincidimos en que en nuestros países se debe investigar, juzgar, penalizar, reparar y no olvidar los casos de tortura sufridos por nuestros pueblos, que indignan a nuestro sentimiento y condición humana, y constituye un crimen de lesa humanidad, es decir, imprescriptible, no amnistiable y pasible de persecución por la justicia internacional, cuando y donde fuera que se cometiere el delito, ya sea cuando las dictaduras del cono sur o por cualquier autoritarismo del presente.
Nos comprometemos contra la impunidad. Porque los impunes y los impunidores, militares o civiles, no deben continuar sin castigo, ya que la aplicación de la tortura en la región implicó un plan supranacional, practicado en forma sistemática, con idéntica metodología y desde los mismos manuales, para imponer desde las dictaduras un modelo político y social, que requería la eliminación de toda resistencia popular y la instauración del terrorismo de Estado, con sus muertes y desapariciones, antes que el autoritarismo permitiera una reinstitucionalización condicionada por la aceptación de distintos tipos de leyes de amnistía, punto final o autoperdón.
Nos comprometemos con los reclamos de las víctimas y sus familiares. Porque con la tortura se buscó la cosificación del ser humano, su deshumanización y su destrucción física y moral, para dañar no sólo el cuerpo de la carne y el hueso, torturado con el golpe, la picana, el tacho, la colgadura, el plantón o la violación y llegar hasta a la perdida de embarazos, sino también al cuerpo social, cultural y ético de convivencia, entretejido por la comprensión y la solidaridad, para generar el miedo y la desprotección de la sociedad, provocándole un daño transgeneracional con la interrupción de la continuidad del relato no oficial de su propia historia.
Nos comprometemos con la reparación a quienes padecieron la tortura. Porque la tortura no es un tema del pasado, sino que su daño, secuelas físicas o morales, se siguen viviendo en forma constante por quienes la sufrieron y su entorno, transformándola en un crimen permanente, porque es tan cruel el tormento como la posterior ausencia de políticas de reparación social a sus víctimas, quienes deben convivir con los impunes victimarios, y porque también es necesario repensar, desde una mirada de género y otras ópticas, las políticas de memoria, justicia y reparación, ante las características que la violencia represiva tuvo sobre hombres y mujeres.
Nos comprometemos con los juicios contra la tortura a nivel local e internacional. Porque las víctimas tienen el derecho de realizar las denuncias ante un sistema judicial independiente, que no debe estar sometido por el poder político, porque es un crimen imprescriptible que en cada país impone la justicia universal establecida por los convenios y tratados acordados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 hasta las normas que lo tipifican en el tratado de Roma.
Nos comprometemos a impulsar una cultura y una educación que, basadas en los derechos humanos, sostengan la memoria. Porque es la cultura la que produce conceptos a partir de sus propias prácticas y herramientas, porque es la educación la que forja el aprendizaje y el conocimiento, porque ambas trasmiten y construyen la memoria colectiva que permitirá recordar y comprender lo ocurrido, para asegurar el nunca más al terrorismo de Estado. Un Estado que deberá ser vigilado por la sociedad, alerta en su conjunto, y a través de órganos autónomos de contralor”.
“Los participantes del 2° Encuentro Latinoamericano por la Memoria, la Verdad y la Justicia, celebrado en la ciudad de Montevideo entre el 24 y 26 de junio de 2011, a 38 años del golpe de Estado en Uruguay y en el Día Internacional contra la Tortura, coincidimos en que en nuestros países se debe investigar, juzgar, penalizar, reparar y no olvidar los casos de tortura sufridos por nuestros pueblos, que indignan a nuestro sentimiento y condición humana, y constituye un crimen de lesa humanidad, es decir, imprescriptible, no amnistiable y pasible de persecución por la justicia internacional, cuando y donde fuera que se cometiere el delito, ya sea cuando las dictaduras del cono sur o por cualquier autoritarismo del presente.
Nos comprometemos contra la impunidad. Porque los impunes y los impunidores, militares o civiles, no deben continuar sin castigo, ya que la aplicación de la tortura en la región implicó un plan supranacional, practicado en forma sistemática, con idéntica metodología y desde los mismos manuales, para imponer desde las dictaduras un modelo político y social, que requería la eliminación de toda resistencia popular y la instauración del terrorismo de Estado, con sus muertes y desapariciones, antes que el autoritarismo permitiera una reinstitucionalización condicionada por la aceptación de distintos tipos de leyes de amnistía, punto final o autoperdón.
Nos comprometemos con los reclamos de las víctimas y sus familiares. Porque con la tortura se buscó la cosificación del ser humano, su deshumanización y su destrucción física y moral, para dañar no sólo el cuerpo de la carne y el hueso, torturado con el golpe, la picana, el tacho, la colgadura, el plantón o la violación y llegar hasta a la perdida de embarazos, sino también al cuerpo social, cultural y ético de convivencia, entretejido por la comprensión y la solidaridad, para generar el miedo y la desprotección de la sociedad, provocándole un daño transgeneracional con la interrupción de la continuidad del relato no oficial de su propia historia.
Nos comprometemos con la reparación a quienes padecieron la tortura. Porque la tortura no es un tema del pasado, sino que su daño, secuelas físicas o morales, se siguen viviendo en forma constante por quienes la sufrieron y su entorno, transformándola en un crimen permanente, porque es tan cruel el tormento como la posterior ausencia de políticas de reparación social a sus víctimas, quienes deben convivir con los impunes victimarios, y porque también es necesario repensar, desde una mirada de género y otras ópticas, las políticas de memoria, justicia y reparación, ante las características que la violencia represiva tuvo sobre hombres y mujeres.
Nos comprometemos con los juicios contra la tortura a nivel local e internacional. Porque las víctimas tienen el derecho de realizar las denuncias ante un sistema judicial independiente, que no debe estar sometido por el poder político, porque es un crimen imprescriptible que en cada país impone la justicia universal establecida por los convenios y tratados acordados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 hasta las normas que lo tipifican en el tratado de Roma.
Nos comprometemos a impulsar una cultura y una educación que, basadas en los derechos humanos, sostengan la memoria. Porque es la cultura la que produce conceptos a partir de sus propias prácticas y herramientas, porque es la educación la que forja el aprendizaje y el conocimiento, porque ambas trasmiten y construyen la memoria colectiva que permitirá recordar y comprender lo ocurrido, para asegurar el nunca más al terrorismo de Estado. Un Estado que deberá ser vigilado por la sociedad, alerta en su conjunto, y a través de órganos autónomos de contralor”.
12 jun 2011
NO PERDER EL RUMBO
A poco de transcurrir la primera parte del mandato
popular que ha confiado en el FRENTE AMPLIO la gestion
de gobierno, pareciera atravesar una zona de tormenta
en la que por supuesto,hay mucho de ficticio y mucho
mas de crisis interesadas, en la que aquellos que han
tenido mucha responsabilidad en llegar a esta situacion
se presentan en los "medios" como ejemplos de claridad
y civismo.Ello podria pasar desapercibido, si no fuera
porque la corporacion mediatica y financiera que maneja
los resortes de la produccion y el consumo dia a dia
vaticina desastres economicos y debacles bancarias y
acostumbrados al discurso unico, no les cabe que puedan
haber opiniones divergentes o miradas personales que
puedan enriquecer o no, las propuestas que se debaten.
Quizas la ingenuidad de pensar que quieren lo mejor
para el pais y no lo mejor para sus bolsillos, hace
que la espontaneidad del discurso y la transparencia
de las intenciones, sean alevosamente manipuladas para
crear conflictos y desmoralizar a una opinion publica
sensibilizada por decadas de oprobio, creando esa imagen
de fragilidad en la toma de decisiones o en la firmeza de
las convicciones de aquellos que hoy tienen la responsabi-
lidad de dirigir los destinos del pais.A ello se suma el
desconcierto de muchos intelectuales de la comunicacion,
que no llegan a percibir que muchas criticas no responden
a intereses legitimos, sino a horadar la tarea de gobierno
de manera que cada vez le resulte mas dificil tomar esas
decisiones que benefician a muchos y "perjudican" a pocos.
Temas como la derogacion de las leyes de impunidad o el
mas reciente sobre la tributacion del agro, adquieren en
estos gestores del imperio financiero un tinte amarillo
de tremendismo y fatalidad, que no se condice con la
situacion actual del pais, que dicho sea de paso si estuviera
en manos ROSADAS, nunca nos hubieramos enterado del valor
de los commodities ya que estarian engrosando cuentas en
paraisos fiscales y unos pocos dandose vidas de reyes,
teniendo peones casi esclavos en plena fiesta neoliberal.
Si algo tenemos que tener presente del pasado es justamente
que todos aquellos que hoy pregonan falta de ideas, proyectos
y demas, SON LOS MISMOS QUE AYER EN CONTUBERNIO
CON LOS PODEROSOS Y EL SISTEMA FINANCIERO
DEPREDADOR sumaron al pais en la miseria y la bancarrota.
Por eso hay que salirles al cruce. No todo es tan negativo,
se ha recuperado confianza y las instituciones empiezan
a dar signos de recuperacion, se van decantando los delin-
cuentes y correligionarios que quedaron como herencia y
los oportunistas que se unieron a este proyecto van
quedando al descubierto,los proyectos tienen un verdadero
debate de enriquecimiento para las mayorias y no de opinion
unica para las grandes corporaciones y sus socios.
Desenmascarar a los Sanguinetti, los Batlle, los Lacalle
y sus socios mediaticos no solo es un aporte a la consolidacion
del proyecto frentista, sino un acto de justicia, esa que niegan
fervorosamente cuando se habla de delitos economicos o de
lesa humanidad, estos gestores del desconcierto y la desesperanza.
popular que ha confiado en el FRENTE AMPLIO la gestion
de gobierno, pareciera atravesar una zona de tormenta
en la que por supuesto,hay mucho de ficticio y mucho
mas de crisis interesadas, en la que aquellos que han
tenido mucha responsabilidad en llegar a esta situacion
se presentan en los "medios" como ejemplos de claridad
y civismo.Ello podria pasar desapercibido, si no fuera
porque la corporacion mediatica y financiera que maneja
los resortes de la produccion y el consumo dia a dia
vaticina desastres economicos y debacles bancarias y
acostumbrados al discurso unico, no les cabe que puedan
haber opiniones divergentes o miradas personales que
puedan enriquecer o no, las propuestas que se debaten.
Quizas la ingenuidad de pensar que quieren lo mejor
para el pais y no lo mejor para sus bolsillos, hace
que la espontaneidad del discurso y la transparencia
de las intenciones, sean alevosamente manipuladas para
crear conflictos y desmoralizar a una opinion publica
sensibilizada por decadas de oprobio, creando esa imagen
de fragilidad en la toma de decisiones o en la firmeza de
las convicciones de aquellos que hoy tienen la responsabi-
lidad de dirigir los destinos del pais.A ello se suma el
desconcierto de muchos intelectuales de la comunicacion,
que no llegan a percibir que muchas criticas no responden
a intereses legitimos, sino a horadar la tarea de gobierno
de manera que cada vez le resulte mas dificil tomar esas
decisiones que benefician a muchos y "perjudican" a pocos.
Temas como la derogacion de las leyes de impunidad o el
mas reciente sobre la tributacion del agro, adquieren en
estos gestores del imperio financiero un tinte amarillo
de tremendismo y fatalidad, que no se condice con la
situacion actual del pais, que dicho sea de paso si estuviera
en manos ROSADAS, nunca nos hubieramos enterado del valor
de los commodities ya que estarian engrosando cuentas en
paraisos fiscales y unos pocos dandose vidas de reyes,
teniendo peones casi esclavos en plena fiesta neoliberal.
Si algo tenemos que tener presente del pasado es justamente
que todos aquellos que hoy pregonan falta de ideas, proyectos
y demas, SON LOS MISMOS QUE AYER EN CONTUBERNIO
CON LOS PODEROSOS Y EL SISTEMA FINANCIERO
DEPREDADOR sumaron al pais en la miseria y la bancarrota.
Por eso hay que salirles al cruce. No todo es tan negativo,
se ha recuperado confianza y las instituciones empiezan
a dar signos de recuperacion, se van decantando los delin-
cuentes y correligionarios que quedaron como herencia y
los oportunistas que se unieron a este proyecto van
quedando al descubierto,los proyectos tienen un verdadero
debate de enriquecimiento para las mayorias y no de opinion
unica para las grandes corporaciones y sus socios.
Desenmascarar a los Sanguinetti, los Batlle, los Lacalle
y sus socios mediaticos no solo es un aporte a la consolidacion
del proyecto frentista, sino un acto de justicia, esa que niegan
fervorosamente cuando se habla de delitos economicos o de
lesa humanidad, estos gestores del desconcierto y la desesperanza.
19 may 2011
LA DECEPCION GANA LA PARTIDA
Cualquiera sea el resultado de la votacion sobre
las leyes aberrantes que consagran la impunidad
con o sin los articulos "interpretativos", como
sociedad hemos retrocedido.Al punto de considerar
como legales a normas nacidas bajo presion y rati-
ficadas en plebiscitos, donde la desinformacion y
el accionar mediatico de blancos y colorados en
contra de investigar delitos de lesa humanidad,
economicos y de todo calibre, propiciaban la
impunidad lisa y llanamente sin ambiguedades.
La decidida y pertinaz busqueda de justicia de
familiares y victimas del terrorismo de estado,
ha permitido mantener viva la memoria de semejantes
atrocidades y la esperanza de juzgar a los culpables,
saber el destino de sus familiares desaparecidos y
preservar intacta la llama de la verdad y la justicia.
Se podrian enumerar multiples razones por las cuales
estas aberraciones juridicas son nulas de nulidad
absoluta, pero lo mas atroz, es que esta sociedad
con cola de paja,quiere barrer para abajo de la alfombra.
El "proceso" lleno de militares corruptos y
correligionarios de uso multiple, benevolos con el
poder economico enriquecedor de muchos y creador
de pobreza extrema, desnutricion y analfabetismo,
al que no le bastaron años de desgobierno sin
oposicion, hoy nos habla de respeto al orden juridico.
Nuestra mayor flaqueza, si es que cabe el termino,
es la de no haber podido desenmascarar a los referentes
civiles de la partidocracia militar rosada.
El manejo a discrecion de la opinion publica a traves
de sus multimedios graficos, televisivos y de toda
indole, muestran el talon de aquiles en la busqueda
de un razonamiento colectivo que transforme estas
realidades -que solo sirven a determinados intereses-,
en algo concreto de enriquecimiento y valor informativo.
Nada mas alejado de la realidad, es creer que estos
individuos buscan el bien comun, solo intentan
mantener sus privilegios, sus fueros por si algo no
sale redondo y sus contactos para perpetuarse en una
banca viviendo del defenestrado estado.
Poco y nada les interesa la construccion de solidaridad,
respeto y demas valores y menos aun derechos consagrados
en la constitucion, pisoteada y deformada hasta el
cansancio de acuerdo a sus intereses, como para ver
que solo Y UNICAMENTE SE LOGRA JUSTICIA VERDADERA
CUANDO TODOS SOMOS IGUALES ANTE LA LEY.
LO DEMAS SON DISCURSOS VACIOS DE CONTENIDO, se podran
pasar horas hablando de acciones y reparaciones,
de derechas y de izquierdas, pero la gran ausente
sera la construccion de ciudadania, de verdad,
de respeto Y DE APRENDIZAJE DEL PASADO.
Pedir justicia es un derecho inalienable que
seguiremos buscando, mas alla de reparaciones
o como se le quiera llamar, por la memoria
de aquellos que dieron todo sin pedirnos nada,
y porque como dice la historia quien no aprende
de sus errores, esta condenado a repetirlos.
las leyes aberrantes que consagran la impunidad
con o sin los articulos "interpretativos", como
sociedad hemos retrocedido.Al punto de considerar
como legales a normas nacidas bajo presion y rati-
ficadas en plebiscitos, donde la desinformacion y
el accionar mediatico de blancos y colorados en
contra de investigar delitos de lesa humanidad,
economicos y de todo calibre, propiciaban la
impunidad lisa y llanamente sin ambiguedades.
La decidida y pertinaz busqueda de justicia de
familiares y victimas del terrorismo de estado,
ha permitido mantener viva la memoria de semejantes
atrocidades y la esperanza de juzgar a los culpables,
saber el destino de sus familiares desaparecidos y
preservar intacta la llama de la verdad y la justicia.
Se podrian enumerar multiples razones por las cuales
estas aberraciones juridicas son nulas de nulidad
absoluta, pero lo mas atroz, es que esta sociedad
con cola de paja,quiere barrer para abajo de la alfombra.
El "proceso" lleno de militares corruptos y
correligionarios de uso multiple, benevolos con el
poder economico enriquecedor de muchos y creador
de pobreza extrema, desnutricion y analfabetismo,
al que no le bastaron años de desgobierno sin
oposicion, hoy nos habla de respeto al orden juridico.
Nuestra mayor flaqueza, si es que cabe el termino,
es la de no haber podido desenmascarar a los referentes
civiles de la partidocracia militar rosada.
El manejo a discrecion de la opinion publica a traves
de sus multimedios graficos, televisivos y de toda
indole, muestran el talon de aquiles en la busqueda
de un razonamiento colectivo que transforme estas
realidades -que solo sirven a determinados intereses-,
en algo concreto de enriquecimiento y valor informativo.
Nada mas alejado de la realidad, es creer que estos
individuos buscan el bien comun, solo intentan
mantener sus privilegios, sus fueros por si algo no
sale redondo y sus contactos para perpetuarse en una
banca viviendo del defenestrado estado.
Poco y nada les interesa la construccion de solidaridad,
respeto y demas valores y menos aun derechos consagrados
en la constitucion, pisoteada y deformada hasta el
cansancio de acuerdo a sus intereses, como para ver
que solo Y UNICAMENTE SE LOGRA JUSTICIA VERDADERA
CUANDO TODOS SOMOS IGUALES ANTE LA LEY.
LO DEMAS SON DISCURSOS VACIOS DE CONTENIDO, se podran
pasar horas hablando de acciones y reparaciones,
de derechas y de izquierdas, pero la gran ausente
sera la construccion de ciudadania, de verdad,
de respeto Y DE APRENDIZAJE DEL PASADO.
Pedir justicia es un derecho inalienable que
seguiremos buscando, mas alla de reparaciones
o como se le quiera llamar, por la memoria
de aquellos que dieron todo sin pedirnos nada,
y porque como dice la historia quien no aprende
de sus errores, esta condenado a repetirlos.
16 may 2011
MIEDO AL MIEDO
A mas de veinte años del fin de la dictadura
seguimos con miedo...Es quizas la mayor herencia
que nos ha dejado el "proceso" de desintegracion
de la cohesion ciudadana hacia determinados temas
en los cuales opinar significaba carcel o tortura
y en muchos casos desapariciones forzadas.
La tergiversacion del orden juridico a favor de
todo tipo de delito, desde economicos a los de
lesa humanidad avalados por un parlamento complice
y atemorizado, dio lugar a la creacion de normas
contrarias a la larga tradicion de respeto que
hicieron en tiempos lejanos, honor al orden jurico
del Uruguay.Hoy ante la posibilidad historica de
reparar esa nefasta legislacion, vemos que muchos
dirigentes,senadores y diputados, contrariando el
sentido para lo cual fueron elegidos, se sienten
presionados por la corporacion militar y sus
defensores civiles entre los que se cuentan a casi
todos los representantes de los partidos tradicionales
y le ponen reparos dialecticos a algo que es tan simple
que no deberia haber duda sobre el camino a seguir.
Resulta paradojico pensar que algo que nacio inconsti-
tucional, sea defendido con ahinco y aunque violen
tratados internacionales aprobados por el mismo
parlamento, sean motivo de objecion cuando lo que se
pretende es conocer y sancionar delitos de lesa
humanidad, como la desaparicion forzada o el robo
de bebes, delitos que no se hubieran podido cometer
sin el silencio complice de un poder economico que se
vio favorecido por el neoliberalismo depredador y el
accionar de politicos corruptos y jueces indiferentes.
Son esos mismos personajes que hoy enfundados en un
doble discurso de legalidad, solapada y mediaticamente,
dicen defender principios que ayer pisotearon con
alevosia, deformando realidades y justificando lo
injustificable.
Y por si esto fuera poco, se aprovechan de la opinion
conciliadora y comprensiva de muchos compañeros de
militancia a los que los años de lucha despareja les
ha dejado la vida hecha jirones, para ponerlos como
ejemplo de una conciliacion que nunca buscaron , de un
perdon que nunca pidieron y de un arrepentimiento que
ademas de no sentirlo, no lo piensan declamar.
La agitacion de fantasmas desestabilizadores es la otra
gran pata de esta propuesta fascista que cuenta con
organos de difusion aceitados y retrotrae a la sociedad
al clima imperante en la dictadura, por la que cualquier
decision soberana, pone en riesgo al sistema democratico,
como si la transparencia y el acatamiento al orden
juridico, dependiera de la voluntad de un poder militar
tutelante y un parlamento sumiso, degradado y corrupto.
La valentia con la que una gran parte de la sociedad
le hace frente al intento de preservar la impunidad,
deberia ser una leccion de coraje para aquellos que
creen que mirando para el costado, se puede construir
futuro, se pueden fortalecer las instituciones y por
sobre todo subordinar un poder militar que se considera
por arriba de las leyes nacionales y de la jurisprudencia
internacional. Que puede cometer cualquier delito
sabiendo que el miedo va a poder mas que la verdad,
y que en caso de dudas, los correligionarios estaran
para legalizar parlamentariamente la impunidad.
Derogar lisa y llanamente estas aberraciones juridicas
no es solo un acto de justicia, sino una demostracion
de coraje civico que honrara la memoria de todos
aquellos que por creer en la utopia de sociedades
mejores, han perdido lo mas valioso que poseian,
SU VIDA.
seguimos con miedo...Es quizas la mayor herencia
que nos ha dejado el "proceso" de desintegracion
de la cohesion ciudadana hacia determinados temas
en los cuales opinar significaba carcel o tortura
y en muchos casos desapariciones forzadas.
La tergiversacion del orden juridico a favor de
todo tipo de delito, desde economicos a los de
lesa humanidad avalados por un parlamento complice
y atemorizado, dio lugar a la creacion de normas
contrarias a la larga tradicion de respeto que
hicieron en tiempos lejanos, honor al orden jurico
del Uruguay.Hoy ante la posibilidad historica de
reparar esa nefasta legislacion, vemos que muchos
dirigentes,senadores y diputados, contrariando el
sentido para lo cual fueron elegidos, se sienten
presionados por la corporacion militar y sus
defensores civiles entre los que se cuentan a casi
todos los representantes de los partidos tradicionales
y le ponen reparos dialecticos a algo que es tan simple
que no deberia haber duda sobre el camino a seguir.
Resulta paradojico pensar que algo que nacio inconsti-
tucional, sea defendido con ahinco y aunque violen
tratados internacionales aprobados por el mismo
parlamento, sean motivo de objecion cuando lo que se
pretende es conocer y sancionar delitos de lesa
humanidad, como la desaparicion forzada o el robo
de bebes, delitos que no se hubieran podido cometer
sin el silencio complice de un poder economico que se
vio favorecido por el neoliberalismo depredador y el
accionar de politicos corruptos y jueces indiferentes.
Son esos mismos personajes que hoy enfundados en un
doble discurso de legalidad, solapada y mediaticamente,
dicen defender principios que ayer pisotearon con
alevosia, deformando realidades y justificando lo
injustificable.
Y por si esto fuera poco, se aprovechan de la opinion
conciliadora y comprensiva de muchos compañeros de
militancia a los que los años de lucha despareja les
ha dejado la vida hecha jirones, para ponerlos como
ejemplo de una conciliacion que nunca buscaron , de un
perdon que nunca pidieron y de un arrepentimiento que
ademas de no sentirlo, no lo piensan declamar.
La agitacion de fantasmas desestabilizadores es la otra
gran pata de esta propuesta fascista que cuenta con
organos de difusion aceitados y retrotrae a la sociedad
al clima imperante en la dictadura, por la que cualquier
decision soberana, pone en riesgo al sistema democratico,
como si la transparencia y el acatamiento al orden
juridico, dependiera de la voluntad de un poder militar
tutelante y un parlamento sumiso, degradado y corrupto.
La valentia con la que una gran parte de la sociedad
le hace frente al intento de preservar la impunidad,
deberia ser una leccion de coraje para aquellos que
creen que mirando para el costado, se puede construir
futuro, se pueden fortalecer las instituciones y por
sobre todo subordinar un poder militar que se considera
por arriba de las leyes nacionales y de la jurisprudencia
internacional. Que puede cometer cualquier delito
sabiendo que el miedo va a poder mas que la verdad,
y que en caso de dudas, los correligionarios estaran
para legalizar parlamentariamente la impunidad.
Derogar lisa y llanamente estas aberraciones juridicas
no es solo un acto de justicia, sino una demostracion
de coraje civico que honrara la memoria de todos
aquellos que por creer en la utopia de sociedades
mejores, han perdido lo mas valioso que poseian,
SU VIDA.
10 may 2011
UNA INICIATIVA ETICA
frenteamplistasxjusticia@gmail.com
>
>
>
> Montevideo, 8 de mayo de 2011.
>
>
>
> Queridos compañeros, queridas compañeras:
>
>
>
> Una vez más se plantean debates dentro de nuestro Frente Amplio sobre
> la mejor forma de erradicar la Ley de Caducidad y sus efectos. Esto
> nos sorprende, porque el Plenario Nacional estableció un claro mandato
> a nuestros legisladores, aprobado sin votos en contra y con sólo tres
> abstenciones, que ya fue cumplido en la Cámara de Senadores, pero la
> discusión es un hecho y debemos afrontarla.
>
>
>
> En los últimos días el compañero José Mujica, presidente de la
> República, ha sostenido que el proyecto interpretativo de la Ley de
> Caducidad, elaborado por el Frente Amplio y aprobado por el Senado con
> votos frenteamplistas, pone en peligro la victoria que todos deseamos
> en 2014, y con ella la profundización del proceso de cambios iniciado
> desde que alcanzamos el gobierno nacional.
>
>
>
> Durante el proceso de elaboración de ese proyecto interpretativo se
> tuvieron en cuenta diversas objeciones y propuestas, entre ellas las
> aportadas por el compañero José Korzeniak, experto en derecho
> constitucional. Si aparecen otras ideas, habrá que considerarlas con
> el mayor respeto, pero nos permitimos señalar que no es momento para
> improvisaciones en un asunto tan importante. Está bien que nos
> esforcemos por buscar la mejor solución posible, pero tengamos
> presente que demasiadas idas y venidas causan confusión y desánimo.
>
>
>
> El fondo de la cuestión es que la legislación uruguaya incluye, desde
> diciembre de 1986, una norma inconstitucional y violatoria de acuerdos
> internacionales firmados por Uruguay. Una norma que permite la
> impunidad de delitos de lesa humanidad y cuyos efectos deben ser
> eliminados, por elementales razones éticas y porque así lo decidió, en
> marzo de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
>
>
>
> Hoy debe quedar claro que nuestra voluntad política de terminar con la
> impunidad sigue firme. Con ese objetivo, ya es hora de que el sistema
> judicial recupere las potestades que le arrebató la Ley de Caducidad,
> y que en los últimos años sólo ha podido ejercer cuando le dieron
> permiso desde la presidencia de la República.
>
>
>
> La historia de la Ley de Caducidad es intrincada y llevamos muchos
> años atrapados en ella, por las malas artes de quienes quieren la
> impunidad y por nuestros propios errores. No soñemos con que hay un
> modo simple e indiscutible de resolver el problema. Si nos empeñamos
> en buscar una fórmula perfecta que no existe, el resultado puede ser
> que todo quede como está.
>
>
>
> La impunidad fue impulsada con amenazas y engaños. Ahora se intentará
> mantenerla con recursos jurídicos y políticos. Es una señal de que
> hemos avanzado: sigamos adelante.
>
>
>
> Nos dicen y nos dirán que la Ley de Caducidad fue respaldada por la
> mayoría de la población en el plebiscito de octubre de 2009, y que por
> ese motivo debemos dejarla en pie, que se ha vuelto invulnerable por
> la voluntad popular. Es un argumento eficaz pero mentiroso.
>
>
>
> En ese plebiscito se votó con una sola papeleta, y por lo tanto sólo
> fue posible contar cuántos votamos en contra de la impunidad.
> Ignoramos cuántos estaban a favor, y seguramente muchas personas no
> pusieron el Sí rosado en el sobre porque no tenían una opinión
> formada. Se abstuvieron. Decir que ésos fueron votos de apoyo a la Ley
> de Caducidad es como atribuir opinión definida a los encuestados que
> terminan en el casillero “no sabe / no contesta”.
>
>
>
> No nos enredemos una vez más: la Ley de Caducidad es inconstitucional,
> como lo han señalado la Suprema Corte de Justicia, la Asamblea General
> y el Poder Ejecutivo; no puede ser contrario al derecho anular todos
> sus efectos, que nunca fueron legítimos.
>
>
>
> Se ha dicho que la profundización del proyecto frenteamplista, en el
> tercer gobierno nacional consecutivo que todos queremos conquistar, es
> el mejor modo de defender los derechos humanos, que nada es más
> importante y que todo lo logrado se puede perder si, al aprobar el
> proyecto interpretativo, ponemos al FA en una situación vulnerable
> ante las críticas de otros partidos.
>
>
>
> Discrepamos fraternalmente con ese punto de vista. No aceptamos que
> sea necesario elegir entre la continuidad y el contenido de nuestro
> proyecto de gobierno.
>
>
>
> Sería un error grave, como elegir entre la libertad y la seguridad,
> entre el crecimiento y la distribución, entre la unidad y la
> diversidad, entre los cambios y la paz.
>
>
>
> Uno de los enemigos más poderosos que enfrentamos está dentro de
> nuestras propias cabezas, y nos dice que no es posible escapar a esas
> alternativas, que no podemos pensar fuera de ellas.
>
>
>
> Si nos convencemos de que debemos dejar por el camino nuestra
> identidad, no importará cuáles sean los resultados electorales:
> estaremos derrotados aunque ganemos.
>
>
>
> De nuestra conducta en estos días dependen muchas cosas: respetar la
> memoria de quienes ya no están, y también cuidar la esperanza de los
> que vienen. Podemos hacerlo juntos, si no se nos olvida quiénes somos.
>
>
>
> FIRMAN: Eduardo GALEANO, Margarita PERCOVICH, Belela HERRERA,
> Guillermo CHIFFLET, Ana OLIVERA, Daniel VIGLIETTI, José DÍAZ, Zelmar
> MICHELINI (h), Marina ARISMENDI, Miguel FERNANDEZ GALEANO, Victorio
> CASARTELLI, Maria Elia TOPOLANSKI, Fernando PEREIRA, Edgardo OYENART,
> Juan FAROPPA, Sara MÉNDEZ, Coriún AHARONIAN, Mariano ARANA, Ricardo
> ELENA, General ® Juan Antonio RODRIGUEZ ORLANDO, Pablo ANZALONE,
> Marcelo PEREIRA, Gabriel MAZZAROVICH, Carlos CAILLABET, Juan CASTILLO,
> , Jorge MAZZAROVICH, Alejandro ZAVALA, Milton ROMANI, Ricardo POSADA.
>
>
>
> Montevideo, 8 de mayo de 2011.
>
>
>
> Queridos compañeros, queridas compañeras:
>
>
>
> Una vez más se plantean debates dentro de nuestro Frente Amplio sobre
> la mejor forma de erradicar la Ley de Caducidad y sus efectos. Esto
> nos sorprende, porque el Plenario Nacional estableció un claro mandato
> a nuestros legisladores, aprobado sin votos en contra y con sólo tres
> abstenciones, que ya fue cumplido en la Cámara de Senadores, pero la
> discusión es un hecho y debemos afrontarla.
>
>
>
> En los últimos días el compañero José Mujica, presidente de la
> República, ha sostenido que el proyecto interpretativo de la Ley de
> Caducidad, elaborado por el Frente Amplio y aprobado por el Senado con
> votos frenteamplistas, pone en peligro la victoria que todos deseamos
> en 2014, y con ella la profundización del proceso de cambios iniciado
> desde que alcanzamos el gobierno nacional.
>
>
>
> Durante el proceso de elaboración de ese proyecto interpretativo se
> tuvieron en cuenta diversas objeciones y propuestas, entre ellas las
> aportadas por el compañero José Korzeniak, experto en derecho
> constitucional. Si aparecen otras ideas, habrá que considerarlas con
> el mayor respeto, pero nos permitimos señalar que no es momento para
> improvisaciones en un asunto tan importante. Está bien que nos
> esforcemos por buscar la mejor solución posible, pero tengamos
> presente que demasiadas idas y venidas causan confusión y desánimo.
>
>
>
> El fondo de la cuestión es que la legislación uruguaya incluye, desde
> diciembre de 1986, una norma inconstitucional y violatoria de acuerdos
> internacionales firmados por Uruguay. Una norma que permite la
> impunidad de delitos de lesa humanidad y cuyos efectos deben ser
> eliminados, por elementales razones éticas y porque así lo decidió, en
> marzo de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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>
>
> Hoy debe quedar claro que nuestra voluntad política de terminar con la
> impunidad sigue firme. Con ese objetivo, ya es hora de que el sistema
> judicial recupere las potestades que le arrebató la Ley de Caducidad,
> y que en los últimos años sólo ha podido ejercer cuando le dieron
> permiso desde la presidencia de la República.
>
>
>
> La historia de la Ley de Caducidad es intrincada y llevamos muchos
> años atrapados en ella, por las malas artes de quienes quieren la
> impunidad y por nuestros propios errores. No soñemos con que hay un
> modo simple e indiscutible de resolver el problema. Si nos empeñamos
> en buscar una fórmula perfecta que no existe, el resultado puede ser
> que todo quede como está.
>
>
>
> La impunidad fue impulsada con amenazas y engaños. Ahora se intentará
> mantenerla con recursos jurídicos y políticos. Es una señal de que
> hemos avanzado: sigamos adelante.
>
>
>
> Nos dicen y nos dirán que la Ley de Caducidad fue respaldada por la
> mayoría de la población en el plebiscito de octubre de 2009, y que por
> ese motivo debemos dejarla en pie, que se ha vuelto invulnerable por
> la voluntad popular. Es un argumento eficaz pero mentiroso.
>
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>
> En ese plebiscito se votó con una sola papeleta, y por lo tanto sólo
> fue posible contar cuántos votamos en contra de la impunidad.
> Ignoramos cuántos estaban a favor, y seguramente muchas personas no
> pusieron el Sí rosado en el sobre porque no tenían una opinión
> formada. Se abstuvieron. Decir que ésos fueron votos de apoyo a la Ley
> de Caducidad es como atribuir opinión definida a los encuestados que
> terminan en el casillero “no sabe / no contesta”.
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>
>
> No nos enredemos una vez más: la Ley de Caducidad es inconstitucional,
> como lo han señalado la Suprema Corte de Justicia, la Asamblea General
> y el Poder Ejecutivo; no puede ser contrario al derecho anular todos
> sus efectos, que nunca fueron legítimos.
>
>
>
> Se ha dicho que la profundización del proyecto frenteamplista, en el
> tercer gobierno nacional consecutivo que todos queremos conquistar, es
> el mejor modo de defender los derechos humanos, que nada es más
> importante y que todo lo logrado se puede perder si, al aprobar el
> proyecto interpretativo, ponemos al FA en una situación vulnerable
> ante las críticas de otros partidos.
>
>
>
> Discrepamos fraternalmente con ese punto de vista. No aceptamos que
> sea necesario elegir entre la continuidad y el contenido de nuestro
> proyecto de gobierno.
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>
> Sería un error grave, como elegir entre la libertad y la seguridad,
> entre el crecimiento y la distribución, entre la unidad y la
> diversidad, entre los cambios y la paz.
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>
>
> Uno de los enemigos más poderosos que enfrentamos está dentro de
> nuestras propias cabezas, y nos dice que no es posible escapar a esas
> alternativas, que no podemos pensar fuera de ellas.
>
>
>
> Si nos convencemos de que debemos dejar por el camino nuestra
> identidad, no importará cuáles sean los resultados electorales:
> estaremos derrotados aunque ganemos.
>
>
>
> De nuestra conducta en estos días dependen muchas cosas: respetar la
> memoria de quienes ya no están, y también cuidar la esperanza de los
> que vienen. Podemos hacerlo juntos, si no se nos olvida quiénes somos.
>
>
>
> FIRMAN: Eduardo GALEANO, Margarita PERCOVICH, Belela HERRERA,
> Guillermo CHIFFLET, Ana OLIVERA, Daniel VIGLIETTI, José DÍAZ, Zelmar
> MICHELINI (h), Marina ARISMENDI, Miguel FERNANDEZ GALEANO, Victorio
> CASARTELLI, Maria Elia TOPOLANSKI, Fernando PEREIRA, Edgardo OYENART,
> Juan FAROPPA, Sara MÉNDEZ, Coriún AHARONIAN, Mariano ARANA, Ricardo
> ELENA, General ® Juan Antonio RODRIGUEZ ORLANDO, Pablo ANZALONE,
> Marcelo PEREIRA, Gabriel MAZZAROVICH, Carlos CAILLABET, Juan CASTILLO,
> , Jorge MAZZAROVICH, Alejandro ZAVALA, Milton ROMANI, Ricardo POSADA.
SOLO LA VERDAD TRAE LIBERTAD
SENTENCIA DE 24 DE FEBRERO DE 2011 DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
La sentencia de la Corte Interamericana, si bien era razonablemente previsible en cuanto a
su resultado, ocasiona algunas dificultades en cuanto a su cumplimiento. A pocos días de
conocido el texto es imposible hacer un estudio completo de la misma, pero sí es oportuno
referir a algunos aspectos que parecen ser claros y que no deberían merecer dudas ni
objeciones, así como adelantar, tentativamente y sujeto a mayor análisis, algunas otras ideas.
Sobre lo que a mi juicio no merecería discusión de tipo alguno cabe decir:
1. La sentencia de la Corte debe ser cumplida (no hay alternativa ni excusa en contrario).
Uruguay aprobó la Convención Americana de Derechos Humanos, y se sometió a la
jurisdicción de la Corte Interamericana, mediante la ley 15.737 (aprobada en marzo de
1985). No es válida la invocación de la soberanía para eludir la sentencia en la medida
que: (a) hay una decisión soberana de la República de someterse al sistema
interamericano de derechos humanos; (b) los Estados no pueden violar sus obligaciones
internacionales; y (c) aunque no sea un argumento jurídico, debe tenerse presente que
pretender salir del sistema interamericano o desconocerlo, pondría al Uruguay en la
denostada, y fallida, línea de Fujimori y Montesinos que procuraron eludir sus
obligaciones internacionales sin éxito. Los países serios cumplen con las sentencias. La
sentencia de la Corte no es una recomendación de la Comisión Interamericana, sino,
valga la redundancia, una sentencia y como tal obligatoria.
2. En la misma línea, no puede admitirse el argumento de que por encima de los órganos
internos no hay nada, pues esto es contrario a una decisión soberana del país. En materia
de derechos humanos, cuando se agotan los recursos internos, hay una instancia
internacional superior. No se puede negar esto y olvidar medio siglo de evolución
internacional en materia de derechos humanos y la aceptación que de esta jurisdicción
internacional hizo nuestro país.
3. Pero además debe repararse en que la sentencia de la Corte Interamericana es, en su
esencia, coincidente con la actual jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia (la ley de
caducidad es inválida) por lo que no puede extrañar, sorprender ni afectar la sensibilidad
de nadie el pronunciamiento internacional.
4. En definitiva, es claro que con la máxima prontitud el
Gobierno debe proceder: (a) a llevar adelante una investigación, seria, profunda, de buena
fe, sobre los hechos objeto de la sentencia, a los efectos de esclarecerlos, encontrar (si
fuera el caso) los restos y, si se identifican, sancionar a los responsables (por supuesto que
la obligación de investigar es una obligación de medios y no de resultados); (b) a realizar
un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado por el
caso resuelto; (c) a colocar una placa con el nombre de las víctimas en el Servicio de
Información de Defensa; (d) a realizar las publicaciones internas de la sentencia; (e) a
implementar un plan de derechos humanos dirigido a jueces y fiscales; (f) a establecer un
sistema de información acerca de las graves violaciones de derechos humanos cometidas
durante la dictadura; y (g) a abonar las indemnizaciones establecidas. Todo lo anterior
puede y debe ser cumplido en términos razonables, dentro de los máximos que fija la
sentencia.
Pero además de lo anterior la sentencia dispone que la Ley de Caducidad no debe volver a
representar obstáculo para las investigaciones de casos de violaciones de derechos humanos.
Es interesante que la Corte, luego de declarar la incompatibilidad de la ley con la Convención
Americana y con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, no
dice que la ley debe ser anulada por otra ley, sino que deben adoptarse las medidas para que
la ley no vuelva a ser obstáculo para las investigaciones. Incluso la Corte reconoce que con la
actual posición del Poder Ejecutivo y de la Suprema Corte de Justicia, esos obstáculos no
existen.
El problema es cómo se cumple con lo anterior. La “anulación” de la ley de caducidad por
otra ley posterior es inconstitucional (no lo puede hacer el legislador y esto está reservado a
los órganos jurisdiccionales). Tampoco puede derogarse con efecto retroactivo la ley pues
dicho efecto en ese tipo de leyes es inconstitucional. Si se transitan estas vías lo único que se
logrará serán nuevos obstáculos pues los involucrados suspenderán los procedimientos
pretendiendo la declaración de inconstitucionalidad de la nueva ley, por lo que habrá más
demoras y más obstáculos.
Entonces: ¿cuál es la mejor forma de cumplir con la sentencia?
Podría encontrarse un camino sencillo, que permitiría lograr altos consensos políticos (lo que
siempre es bueno en estos casos) y reduciría al mínimo (no desaparecería) el riesgo de
impugnaciones jurisdiccionales:
a) Los artículos 1, 3 y 4 de la Ley de Caducidad podrían ser derogados pero sólo hacia el
futuro (lo que sería ajustado a la Constitución y no violaría ningún principio superior),
con lo que se consolidaría la actual jurisprudencia de la Suprema
Corte de Justicia e impediría que se pueda volver atrás en materia de interpretación y
aplicación de la ley de caducidad. Como dice hoy la Corte Interamericana, hoy no hay
obstáculos para las investigaciones, y con la derogación se impediría que los mismos
vuelvan a aparecer. Esta solución, además, podría contar con el apoyo de todos los
partidos políticos, lo que le daría una gran legitimidad democrática.
b) En cuanto al pasado, el problema es la interpretación y aplicación que de la ley de
caducidad ha hecho el Poder Ejecutivo. Y en este caso, en cumplimiento de la sentencia
de la Corte Interamericana (hecho nuevo y superveniente a las anteriores
interpretaciones de la ley), podría el Poder Ejecutivo dictar un acto administrativo
revocando todos sus actos anteriores que consideraron diversos casos comprendidos en
la ley de caducidad. De esta forma, por razones de legitimidad (y con efectos
retroactivos), se cumpliría con la sentencia eliminando obstáculos hacia el pasado. Por
supuesto que hay un sector de la doctrina que entiende que también existe una suerte
de “cosa juzgada” administrativa, y bien, ninguna solución está libre de
cuestionamientos.
c) Con lo anterior se podría cumplir con la eliminación de obstáculos pasados y futuros
derivados de la interpretación y aplicación de la ley de caducidad, minimizando los
riesgos jurídicos y dejando al Poder Judicial, libre de obstáculos, la solución definitiva de
cada caso concreto, como es su competencia constitucional.
Reitero que las anteriores son algunas reflexiones todavía muy próximas a la sentencia,
por lo que corresponderá seguir analizando el tema.
Martín Risso Ferrand
La sentencia de la Corte Interamericana, si bien era razonablemente previsible en cuanto a
su resultado, ocasiona algunas dificultades en cuanto a su cumplimiento. A pocos días de
conocido el texto es imposible hacer un estudio completo de la misma, pero sí es oportuno
referir a algunos aspectos que parecen ser claros y que no deberían merecer dudas ni
objeciones, así como adelantar, tentativamente y sujeto a mayor análisis, algunas otras ideas.
Sobre lo que a mi juicio no merecería discusión de tipo alguno cabe decir:
1. La sentencia de la Corte debe ser cumplida (no hay alternativa ni excusa en contrario).
Uruguay aprobó la Convención Americana de Derechos Humanos, y se sometió a la
jurisdicción de la Corte Interamericana, mediante la ley 15.737 (aprobada en marzo de
1985). No es válida la invocación de la soberanía para eludir la sentencia en la medida
que: (a) hay una decisión soberana de la República de someterse al sistema
interamericano de derechos humanos; (b) los Estados no pueden violar sus obligaciones
internacionales; y (c) aunque no sea un argumento jurídico, debe tenerse presente que
pretender salir del sistema interamericano o desconocerlo, pondría al Uruguay en la
denostada, y fallida, línea de Fujimori y Montesinos que procuraron eludir sus
obligaciones internacionales sin éxito. Los países serios cumplen con las sentencias. La
sentencia de la Corte no es una recomendación de la Comisión Interamericana, sino,
valga la redundancia, una sentencia y como tal obligatoria.
2. En la misma línea, no puede admitirse el argumento de que por encima de los órganos
internos no hay nada, pues esto es contrario a una decisión soberana del país. En materia
de derechos humanos, cuando se agotan los recursos internos, hay una instancia
internacional superior. No se puede negar esto y olvidar medio siglo de evolución
internacional en materia de derechos humanos y la aceptación que de esta jurisdicción
internacional hizo nuestro país.
3. Pero además debe repararse en que la sentencia de la Corte Interamericana es, en su
esencia, coincidente con la actual jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia (la ley de
caducidad es inválida) por lo que no puede extrañar, sorprender ni afectar la sensibilidad
de nadie el pronunciamiento internacional.
4. En definitiva, es claro que con la máxima prontitud el
Gobierno debe proceder: (a) a llevar adelante una investigación, seria, profunda, de buena
fe, sobre los hechos objeto de la sentencia, a los efectos de esclarecerlos, encontrar (si
fuera el caso) los restos y, si se identifican, sancionar a los responsables (por supuesto que
la obligación de investigar es una obligación de medios y no de resultados); (b) a realizar
un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado por el
caso resuelto; (c) a colocar una placa con el nombre de las víctimas en el Servicio de
Información de Defensa; (d) a realizar las publicaciones internas de la sentencia; (e) a
implementar un plan de derechos humanos dirigido a jueces y fiscales; (f) a establecer un
sistema de información acerca de las graves violaciones de derechos humanos cometidas
durante la dictadura; y (g) a abonar las indemnizaciones establecidas. Todo lo anterior
puede y debe ser cumplido en términos razonables, dentro de los máximos que fija la
sentencia.
Pero además de lo anterior la sentencia dispone que la Ley de Caducidad no debe volver a
representar obstáculo para las investigaciones de casos de violaciones de derechos humanos.
Es interesante que la Corte, luego de declarar la incompatibilidad de la ley con la Convención
Americana y con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, no
dice que la ley debe ser anulada por otra ley, sino que deben adoptarse las medidas para que
la ley no vuelva a ser obstáculo para las investigaciones. Incluso la Corte reconoce que con la
actual posición del Poder Ejecutivo y de la Suprema Corte de Justicia, esos obstáculos no
existen.
El problema es cómo se cumple con lo anterior. La “anulación” de la ley de caducidad por
otra ley posterior es inconstitucional (no lo puede hacer el legislador y esto está reservado a
los órganos jurisdiccionales). Tampoco puede derogarse con efecto retroactivo la ley pues
dicho efecto en ese tipo de leyes es inconstitucional. Si se transitan estas vías lo único que se
logrará serán nuevos obstáculos pues los involucrados suspenderán los procedimientos
pretendiendo la declaración de inconstitucionalidad de la nueva ley, por lo que habrá más
demoras y más obstáculos.
Entonces: ¿cuál es la mejor forma de cumplir con la sentencia?
Podría encontrarse un camino sencillo, que permitiría lograr altos consensos políticos (lo que
siempre es bueno en estos casos) y reduciría al mínimo (no desaparecería) el riesgo de
impugnaciones jurisdiccionales:
a) Los artículos 1, 3 y 4 de la Ley de Caducidad podrían ser derogados pero sólo hacia el
futuro (lo que sería ajustado a la Constitución y no violaría ningún principio superior),
con lo que se consolidaría la actual jurisprudencia de la Suprema
Corte de Justicia e impediría que se pueda volver atrás en materia de interpretación y
aplicación de la ley de caducidad. Como dice hoy la Corte Interamericana, hoy no hay
obstáculos para las investigaciones, y con la derogación se impediría que los mismos
vuelvan a aparecer. Esta solución, además, podría contar con el apoyo de todos los
partidos políticos, lo que le daría una gran legitimidad democrática.
b) En cuanto al pasado, el problema es la interpretación y aplicación que de la ley de
caducidad ha hecho el Poder Ejecutivo. Y en este caso, en cumplimiento de la sentencia
de la Corte Interamericana (hecho nuevo y superveniente a las anteriores
interpretaciones de la ley), podría el Poder Ejecutivo dictar un acto administrativo
revocando todos sus actos anteriores que consideraron diversos casos comprendidos en
la ley de caducidad. De esta forma, por razones de legitimidad (y con efectos
retroactivos), se cumpliría con la sentencia eliminando obstáculos hacia el pasado. Por
supuesto que hay un sector de la doctrina que entiende que también existe una suerte
de “cosa juzgada” administrativa, y bien, ninguna solución está libre de
cuestionamientos.
c) Con lo anterior se podría cumplir con la eliminación de obstáculos pasados y futuros
derivados de la interpretación y aplicación de la ley de caducidad, minimizando los
riesgos jurídicos y dejando al Poder Judicial, libre de obstáculos, la solución definitiva de
cada caso concreto, como es su competencia constitucional.
Reitero que las anteriores son algunas reflexiones todavía muy próximas a la sentencia,
por lo que corresponderá seguir analizando el tema.
Martín Risso Ferrand
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