BUENOS MUCHACHOS

FUERON DETENIDOS POR ASOCIACION ILICITA, CORRUPCION, FRAUDE, LAVADO Y TRAFICO DE INFLUENCIAS

Caen tres diputados por el caso Petrobras

La policía concretó ayer nueve órdenes de detención y otras dieciséis de búsqueda de pruebas en Brasilia y en los estados de Río de Janeiro, San Pablo, Bahía, Ceará, Pernambuco y Paraná. El rol de Caixa y el Ministerio de Salud en la maniobra.

La Policía Federal de Brasil arrestó a tres ex diputados y a otras cuatro personas en una nueva fase de la operación que investiga el escándalo de corrupción en torno de la petrolera estatal Petrobras. Los detenidos venían siendo investigados por delitos como asociación ilícita, corrupción, fraude en licitaciones, lavado de dinero, tráfico de influencias y uso de documentos falsos.

Fueron arrestados André Vargas, que era correligionario de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, en el Partido de los Trabajadores (PT) y renunció a su militancia después de que se ventilaron sospechas; Pedro Correa, del oficialista Partido Progresista (PP), y Luiz Argolo, del opositor Solidaridad (SD). Correa es uno de los condenados por el llamado “juicio del siglo”, expresión con el que se conoce al mensalao, el escándalo de corrupción destapado en 2005 y que puso contra las cuerdas al gobierno del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La policía arrestó también a otras cuatro personas: la secretaria de Argolo, Elisa Santos; el hermano de Vargas, León Vargas, y otras dos identificadas como Iván Mernon da Silva Torres y Ricardo Hoffmann, dueño de una agencia de publicidad implicado en el caso. Además, la policía concretó ayer nueve órdenes de detención temporal y otras dieciséis de búsqueda y aprehensión de pruebas en Brasilia y en los estados de Río de Janeiro, San Pablo, Bahía, Ceará, Pernambuco y Paraná.

La investigación no se restringe a irregularidades en Petrobras, sino que se extiende al Ministerio de Salud y a Caixa Económica Federal, el segundo banco público del país. La policía detectó que entre 2010 y 2014 se firmaron contratos de publicidad del Ministerio de Salud y de Caixa con la agencia dirigida por Hoffmann, que desviaba el 10 por ciento del valor para pagar comisiones a los ex diputados. El banco Caixa, por su parte, no respondió cuántos contratos firmó ni cuánto pagó a la agencia. Solamente afirmó que realizará una “depuración interna” y proporcionará la información que sea requerida por las autoridades.

El fiscal Carlos Fernandes Santos Lima, responsable del caso, afirmó ayer que la investigación está dando sus primeros pasos, aunque los trabajos de Inteligencia vienen siendo realizados desde hace más de un año. Según Lima, los sospechosos arrestados a lo largo de este año ya han devuelto a las arcas públicas cerca de 1000 millones de reales (unos 323 millones de dólares), lo que consideró “poco” en relación con la suma robada.

El comisario Igor Romário de Paula afirmó ayer que los desvíos, aunque no estén relacionados directamente con el caso de la petrolera estatal, replicaban el “modelo de negocio” de desvíos de dinero que se seguía en Petrobras. “Es el mayor caso de corrupción en Brasil. Parece que es un modelo de negocio repetido en Brasil para la contratación en el servicio público”, ironizó el comisario.

Por su parte, el Ministerio Público Federal reveló también que Vargas adquirió una propiedad con “recursos de origen dudosos”, tasada en 980.000 reales. La residencia, emplazada en un condominio en la ciudad de Londrina, fue declarada por medio millón de reales, por lo que Vargas también es apuntado por evasión impositiva. “La declaración subfacturada del valor de adquisición del inmueble fue una estrategia para ‘salvar’ la diferencia entre el lavado de dinero del crimen antecedente contra la administración pública”, afirmó un vocero del ministerio, quien también informó que ya solicitada la confiscación de dicho inmueble. Vargas también es investigado por negocios supuestamente irregulares con el cambista Alberto Youssef, que está arrestado desde el año pasado y confesó ser intermediario en el pago de sobornos de las socias de Petrobras a decenas de políticos.

Estas detenciones suman un nuevo capítulo al escándalo de corrupción destapado hace un año, que tiene como eje a la petrolera estatal, pero que según lo investigado, se puede extender a numerosas obras públicas. La Policía Federal, organismo a cargo del operativo, develó que Petrobras firmó contratos fraudulentos con un grupo de constructoras y otros proveedores, en los que elevaban los precios artificialmente en parte para enriquecerse y en parte para pagar sobornos a altos ejecutivos de la petrolera y a decenas de políticos que facilitaban los negocios ilegales.

Las corruptelas se prolongaron durante más de diez años, pero incluso pudieron iniciarse en la década de 1990 y desviaron una cantidad no precisada de miles de millones de dólares.

A lo largo de las investigaciones, fueron arrestados cinco ex altos cargos de Petrobras y una decena de ejecutivos de importantes constructoras. Algunos de los detenidos aceptaron acuerdos de colaboración con la Justicia a cambio de una futura reducción de pena y denunciaron a unos 50 políticos que habrían permitido las ilegalidades, entre ellos los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros.

BOICOTEABAN LAS NEGOCIACIONES

POR ESPIAR LA NEGOCIACION DE PAZ EN COLOMBIA

Condenan al hacker de Uribe y Zuluaga

Un juez colombiano condenó ayer a diez años de prisión al hacker Andrés Sepúlveda por el espionaje que realizó a varios negociadores del proceso de paz que el gobierno celebra desde 2012 en Cuba con las FARC. La lectura de la sentencia proferida por una magistrada de Bogotá es parte de un preacuerdo que Sepúlveda pactó con la fiscalía a cambio de información sobre el complot que se fraguó para sabotear los diálogos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El hacker se declaró culpable de los delitos de asociación para delinquir, espionaje, violación de datos personales y uso maliciosos de software y deberá pagar una multa de 120 salarios mínimos vigentes, que corresponden a un poco más de 30 mil dólares. “Es evidente que Sepúlveda puso en riesgo la seguridad nacional del país. Hay certeza de que cometió los delitos y tampoco hay dudas de su responsabilidad, quien en virtud del preacuerdo aceptó todas las imputaciones”, indicó la jueza. Durante la audiencia de condena, el hacker, quien trabajó para el partido de derecha radical Centro Democrático liderado por el ex presidente y ahora senador Alvaro Uribe, pidió disculpas al país y a todos los que fueron víctimas de sus interceptaciones, incluyendo a algunos miembros de la fuerza pública. “Quiero dejar en claro que no ofrezco disculpas al grupo terrorista de las FARC y mientras esté vivo nunca haré un buen comentario de ellos. Ofrezco disculpas a nuestras gloriosas fuerzas militares y a la policía, lamento profundamente el daño que les causé. Aquí estoy, con la frente en alto, poniendo la cara”, dijo.

El posible complot contra el proceso de paz saltó el año pasado, en la cual el presidente Juan Manuel Santos fue reelegido para otro período de cuatro años al derrotar a Oscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático.

El caso empezó en mayo, cuando la fiscalía arrestó a Sepúlveda, quien confesó haber espiado las cuentas de correo electrónico del equipo de las FARC en La Habana con el objetivo de hacer fracasar el proceso de paz. El escándalo aumentó cuando se estableció que el hacker era el encargado del manejo de las redes sociales de Zuluaga. En una entrevista que concedió en agosto, el ingeniero de sistemas aseguró que su tarea era hacer fracasar el proceso de paz y atacar en las redes sociales a todos los que criticaran al ex presidente Uribe. El hacker relató que al comienzo de su relación con la campaña de Zuluaga, quien es investigado con Uribe por el caso, se limitó a manejar las redes sociales hasta que un directivo le dijo abiertamente que necesitaban de sus conocimientos en seguridad informática y sus buenas relaciones con militares para espiar el proceso de paz.

EL BANCO CENTRAL SUSPENDIO POR 120 DIAS A LA FINANCIERA TRANSCAMBIO

EVASION Y FUGA DE DIVISAS

Otra cueva quedó al borde del knock out

La medida se decidió luego de un allanamiento en la sede de la agencia, que permitió hallar documentación de operaciones cuyo destino era facilitar a clientes la fuga de fondos al exterior a través de canales ilegales.

En el mercado estiman que Transcambio movilizaba un tercio del volumen negociado en el mercado paralelo.

El Banco Central suspendió ayer por 120 días a la financiera Transcambio para actuar en el mercado de cambios, a raíz de una serie de irregularidades encontradas durante un allanamiento realizado a fines del año pasado en una de las sedes de la agencia. Durante el operativo se había hallado documentación de operaciones cuyo destino era facilitar a clientes la fuga de fondos al exterior a través de canales ilegales, explicaron fuentes oficiales. Las firmas involucradas son Transcambio, Transacciones Agente de Valores y Anker, las cuales figuraban como independientes pero respondían a un mismo grupo financiero. La suspensión, según señalaron, se resolvió como medida precautoria a los efectos de evitar la continuidad de las irregularidades observadas y en virtud de las facultades de control y supervisión del Banco Central. “Dada la gravedad de las irregularidades, el BCRA podría adoptar otras medidas”, señalaron desde el organismo.

En el país hay más de cien sociedades de Bolsa registradas, pero sólo el 5 por ciento concentra más del 80 por ciento de los negocios de contado con liquidación, mecanismo utilizado para convertir pesos a dólares a través de la compraventa de activos bursátiles en el país y el exterior. De acuerdo con estimaciones de operadores cambiarios, Transcambio llegaba a movilizar un tercio del volumen negociado en el mercado paralelo. La entidad comenzó a operar en cambios en 1981 y ocho años después amplió sus servicios a negocios bursátiles. En 2002 fue clausurada por la Justicia por sospechas de haber fugado divisas durante el corralito bancario.

En una serie de operativos impulsados por el Banco Central en octubre último, luego de que la Presidenta recriminara al organismo falta de control sobre la operatoria cambiaria ilegal, se descubrieron distintas maniobras ofrecidas por bancos y casas de cambio como servicios a sus clientes para fugar divisas al exterior. Previo a su asunción al frente del Central, Alejandro Vanoli, quien se desempeñaba entonces como titular de la Comisión de Valores, había comandado una investigación sobre cinco entidades financieras que operaban como un mercado cambiario paralelo con destino al comercio exterior e inversión, entre los que se encontraba la casa de cambio y la sociedad de Bolsa Transcambio. En febrero último, la entidad fue allanada y los reportes de ese operativo fueron remitidos a la Unidad de Información Financiera (UIF) para determinar el origen y la licitud de los fondos.

El Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, dispuso en esa oportunidad un embargo por mil millones de pesos y la suspensión de los CUIT para la entidad y sus accionistas, bajo la figura de alteración al orden económico y financiero, artículo 303 del Código Penal, que contempla prisión de tres a diez años para sus socios y multas de dos a diez veces el monto de la operación del ilícito penal. El abogado de la financiera, el ex ministro de Justicia León Arslanian, apeló la medida ante la Cámara Federal de La Plata. La entidad mantenía hasta el momento el CUIT inhabilitado, pero seguía cursando operaciones “propias”, es decir movimientos internos que no implicaban actividad comercial de la firma.

El Central decidió ayer la suspensión de la matrícula de la entidad por 120 días corridos, y de sus sociedades vinculadas Ander y Transacciones Agente de Valores. De esta manera queda inhabilitada para cualquier tipo de operación, propia o para clientes, en el mercado de cambios. También suspendió para operar bajo las mismas condiciones a sus accionistas, Jorge Armando Vattuone, Santiago Esteban Vattuone, Osvaldo Juan Ventura, Andrés Sebastián Vattuone, Lucas Pueyrredón, Gonzalo Martín Acquila Rowlands y Alfredo Fernández Aguirre.

Entre las irregularidades detectadas durante y después del allanamiento se constató la destrucción de documentación vinculada con operaciones financieras, pruebas que acreditan la vinculación de diversas sociedades de un mismo grupo que desarrollan actividades con total falta de independencia funcional y evidencias de que los accionistas y directores del grupo actuaban como facilitadores de salida de fondos desde y hacia al exterior para la cancelación de operaciones de comercio exterior, actividad que está prohibida para una casa de cambio. En la causa también sopesa la negativa de los directivos para que los inspectores de la Superintendencia accedan a un piso declarado como domicilio en el edificio donde funciona la entidad y la demora de los responsables de la sociedad para facilitar el inicio del operativo en la sede.

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-270245-2015-04-11.html

Embajadora de EEUU: “Apoyo de El Salvador a Venezuela dificulta habilitar fondos”

EXTORSIÓN E INGERENCIA

10 abril, 2015   El Salvador

El significado de los mensajes y firmas que han emitido y recolectado el FMLN a favor del gobierno de Venezuela son interpretados por la Embajadora de Estados Unidos en el país, Mari Carmen Aponte, como un obstáculo en la búsqueda de ayuda económica para El Salvador, con énfasis en $1,000 millones para desarrollar el plan de la Alianza del Triángulo Norte.

Pese a ello la diplomática recordó que el país norteamericano continúa en la disposición de ejecutar diversos proyectos, tanto a escala nacional como regional, según destacó.

“Estados Unidos y la Embajada están trabajando duro para conseguir este desembolso. Pero la realidad, con estos mensajes, es que vuelven la tarea de buscar dinero en el Congreso mucho más difícil y compleja”, consideró Aponte.

En este sentido la Embajadora recordó que es fundamental crear un clima político “sin confrontación” entre las naciones, en alusión a la participación de Guatemala y Honduras en la Alianza propuesta por Estados Unidos.

“Hay que recordar que este programa tendrá efectos positivos en el resto de Centroamérica y por ello no estamos en plan de confrontación, buscamos el diálogo, que es lo que debemos de hacer en todos los países y a todo nivel”, valoró la diplomática estadounidense.

Los mensajes que han enviado dirigentes del FMLN, entre ellos el secretario general del partido, Medardo González, y el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, forman parte de una campaña promovida por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para buscar derogar un decreto ejecutivo del gobierno de Estados Unidos en el que se declara al país sudamericano “una emergencia nacional”.

Al respecto Aponte dijo que entendía el apoyo “natural” entre los países latinoamericanos. Sin embargo, instó al trabajo coordinado para solventar problemas comunes como el narcotráfico, la inmigración y la violencia, como problemas comunes del Istmo y que están incluidos en el Plan, que también auspicia el Banco Interamericano del Desarrollo (BID).

Diputados divididos

Por su parte legisladores del partido ARENA coincidieron en que los mensajes enviados por el FMLN a Venezuela no son actos de solidaridad y coinciden con el planteamiento de la Embajadora.

Donato Vaquerano, jefe de la fracción tricolor en la Asamblea, calificó como un acto irresponsable la decisión del partido de gobierno y exigió coherencia en relación a la situación de violencia e inseguridad que vive el país.

“Ellos (el FMLN) hacen muchos actos y al final no se responsabilizan, no se hacen cargo. El decreto de Estados Unidos es una decisión soberana del gobierno y solo un partido iluso piensa que esto no nos afectará”, reflexionó.

Por su parte la diputada de oposición, Ana Vilma de Escobar, advirtió de que además de los fondos del Triángulo Norte “está en riesgo” el desembolso de $270 millones de Fomilenio II.

“Que representantes del gobierno recolecten 25 mil firmas para apoyar al presidente (de Venezuela) Nicolás Maduro es absurdo, eso nos pone en jaque y dificulta a todos los representantes del Congreso que tendrán que aprobar estos fondos”, señaló.

En el caso del FMLN el diputado Rolando Mata descartó la posibilidad que advierte Aponte e indicó que estas son “posiciones” en el marco de una política internacional.

“Cada país tiene una dinámica política, nosotros no podemos decidir las declaraciones que haga Estados Unidos”, finalizó.

El Salvador

25 expresidentes firman una declaración contra el gobierno venezolano

SINVERGUENZAS

10 abril, 2015   Regional

DECLARACIÓN DE PANAMÁ SOBRE VENEZUELA DE LOS EX JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO

Quienes suscribimos el presente documento, ex Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos, invitados por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) y preocupados por el curso que toma la grave alteración institucional, política, económica y social que afecta sin distinciones a nuestros hermanos venezolanos, hacemos constar lo siguiente:

La democracia y su ejercicio efectivo, fundamento de la solidaridad entre los Estados, consiste en el respeto y garantía de los derechos humanos, el ejercicio del poder conforme al Estado de Derecho, la separación e independencia de los poderes públicos, el pluralismo político, las elecciones libres y justas, la libertad de expresión y prensa, la probidad y transparencia gubernamentales, entre otros estándares, tal y como consta en la Declaración de Santiago de Chile adoptada por la Organización de los Estados Americanos en 1959, luego ampliada y desarrollada por la Carta Democrática Interamericana de 2001.

No obstante ello, el gobierno de Venezuela denuncia la Convención Americana de Derechos Humanos y sostiene una política de no reconocimiento ni acatamiento de las decisiones y pronunciamientos dictados por los órganos internacionales e interamericanos de tutela de derechos humanos, afectando gravemente el derecho al amparo internacional de derechos que consagra la Constitución de dicho Estado en beneficio de todas las personas.

En lo particular, es manifiesta la ausencia de independencia de la Justicia, la persecución judicial de quienes manifiestan y se expresan políticamente disidentes frente al señalado gobierno, la presencia reiterada de actos de tortura por funcionarios del Estado, la existencia de grupos para estatales armados y de apoyo al mismo gobierno, y el ambiente de total impunidad, a cuyo efecto se le exige la inmediata liberación de todos los presos políticos, entre otros del dirigente democrático Leopoldo López y los alcaldes Antonio Ledezma y Daniel Ceballos.

Sucesivamente, funcionarios de la policía política, sin rostros visibles, sin mediación judicial ni procedimiento de investigación previo, apresan por la fuerza al Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, quien es la segunda autoridad civil de elección popular más importante en la capital de Venezuela, y hoy se le mantiene recluido junto a otros presos políticos, en una prisión militar; hecho que, siendo atentatorio del ejercicio del poder con apego al Estado de Derecho, lo anuncia y celebra el Presidente de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión – imponiendo previamente un black out informativo sobre la actuación arbitraria e ilegítima de sus funcionarios – acusando luego a Ledezma de suscribir junto al preso político Leopoldo López y la diputada María Corina Machado una opinión política en la que afirman el carácter antidemocrático del gobierno de Nicolás Maduro y señalan las vías constitucionales que, a juicio de éstos, permitirían superar de conjunto la crisis venezolana.

Rige en Venezuela, además, una hegemonía comunicacional de Estado, decidida por el mismo gobierno desde noviembre de 2004 en su documento La Nueva Etapa, El Nuevo Mapa Estratégico de la Revolución Bolivariana. Al efecto, se han dictado leyes de control de contenidos de la información y para el incremento de las sanciones penales por delitos de desacato, promoviéndose la censura y la autocensura de la prensa. La violencia contra periodistas, columnistas y twitteros tiene carácter sistemático y se les criminaliza. Han sido cerrados medios de comunicación social independientes, sea por decisión oficial o propia, por falta de insumos o papel periódico cuya importación controla el Estado, tanto como se han suspendido las señales de medios extranjeros o han expulsado a sus periodistas del territorio nacional.

La Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, en su Informe de 2013 da cuenta, por una parte, que “en Venezuela se ha producido un proceso de reformas estructurales del marco jurídico y de aplicación de políticas públicas que han debilitado las garantías del derecho a la libertad de expresión en el país” y, por la otra, hay un “uso persistente de declaraciones estigmatizantes utilizadas por funcionarios públicos para descalificar a periodistas, medios de comunicación y miembros de la oposición que expresan ideas, opiniones o difunden información contraria a los intereses del Gobierno venezolano”.

Desde 2009 la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos “considera que la falta de independencia y autonomía del poder judicial frente al poder político constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana, situación que conspira gravemente contra el libre ejercicio de los derechos humanos en Venezuela”.

Dentro de dicho contexto, en medio de la aguda crisis venezolana mencionada, signada por la persecución y judicialización de la oposición democrática, el gobierno se ha hecho ahora de una “ley habilitante” a fin de legislar por vía de decretos ejecutivos sobre todas las materias del orden constitucional y para establecer sanciones, incluidas las penales, arguyendo la inminencia de un conflicto internacional e interior, y obviando la necesaria declaratoria – si fuese el caso – de un estado de emergencia que le obligaría someterse al control judicial y su observación por los organismos internacionales de derechos humanos.

Por lo mismo, cabe observar que sin la efectiva vigencia de un sistema de separación e independencia de los poderes públicos, que permita el control de los mismos, ninguno de los componentes esenciales de la democracia a los que alude la misma Carta Democrática Interamericana pueden llegar a tener verdadera aplicación en Venezuela; es decir, no puede haber posibilidad real de exigir y controlar la transparencia y probidad de las actividades gubernamentales, y la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública; no hay forma de garantizar el efectivo respeto de los derechos sociales ni la libertad de expresión y de prensa; no se puede asegurar la subordinación de todas las autoridades del Estado, incluyendo la militar, a las instituciones civiles del Estado; en definitiva, no se puede asegurar el respeto al Estado de derecho.

La alteración constitucional y democrática que sufre Venezuela se profundiza, asimismo, en el plano de lo económico y social, en razón, por una parte, de los señalamientos y evidencias que suministran gobiernos e instituciones financieras internacionales sobre actos de corrupción y lavado de dineros agravados que comprometerían a altos funcionarios y jerarcas militares venezolanos y, por otra parte, al constatarse el derrumbe de la economía venezolana, en la que si bien influye la caída internacional de los precios del crudo, sus dimensiones se explican en la ausencia de políticas públicas propias de una economía sana y moderna, que ha contribuido al señalado clima de corrupción y la dilapidación gubernamental de la riqueza nacional.

Ello ha generado una serie de problemas y desbalances en la economía venezolana, que van más allá de la caída internacional de los precios del petróleo y se han profundizado notablemente durante los últimos años. Éstos y aquéllos se presentan en los ámbitos fiscales, monetarios, financieros, cambiarios, petroleros y reales, dando lugar a una recesión muy profunda en el país y a una galopante inflación que mina la capacidad de compra y los ingresos familiares, acentúa la pobreza, genera desempleo y deteriora la calidad de vida de la población, particularmente la de aquellos que menos tienen.

Un gasto gubernamental desbocado y desordenado que cada vez se distancia más de sus ingresos, ha generado enormes y crecientes déficits, que hoy ya alcanzan niveles equivalentes a cerca de 20% del PIB. Eso no solo ha hecho que la deuda pública se incremente notablemente, particularmente la interna, sino también que el gobierno haya forzado al Banco Central de Venezuela (BCV) a financiar buena parte de esa brecha a través de la creación masiva de dinero sin respaldo que, a su vez, se ha traducido en un crecimiento dislocado de la oferta monetaria.

Así las cosas, cuando los consumidores acuden a los mercados o farmacias no encuentran los productos que buscan, pues la oferta se restringe cada vez con mayor intensidad, debido a:

la hostilidad gubernamental a las pocas empresas privadas que subsisten a las ya expropiadas o confiscadas en procura de una economía de Estado; la imposición de restricciones de todo tipo a productores y comercializadores, entre ellas controles desmedidos de precios sin tomar en consideración el comportamiento de los costos, condenando a muchos a trabajar a pérdida; los muy limitados accesos a las divisas dentro de una economía que poco produce y casi todo lo importa, acumulándose deudas con los proveedores externos; la ineficacia creciente de las empresas públicas, muchas de ellas expropiadas o expoliadas al sector privado, que al pasar a manos del Estado producen mucho menos que antes.

En consecuencia, preocupados por el inmediato futuro de los venezolanos y obligados a contribuir con nuestra palabra a la afirmación de un clima de paz y de negociaciones que permitan abrirle senderos a una solución no violenta a la mencionada crisis, nos permitimos alertar sobre ello a los gobiernos de nuestros países y a la Cumbre de las Américas, así como expresar nuestro parecer en los términos siguientes:

a) La severa crisis democrática e institucional, económica y social que afecta a Venezuela y a todos los venezolanos no admite sino soluciones negociadas y sería irresponsable y hasta criminal reducirla o desfigurarla, en su origen y efectos, a una suerte de confrontación entre el gobierno de Nicolás Maduro y el llamado imperialismo norteamericano, o atribuirla a la mera caída de los ingresos petroleros.

b) Venezuela, a corto plazo y dentro del complejo ambiente que la afecta, signado por la persecución política de los opositores y la ausencia separación de poderes como de balances institucionales, vivirá un proceso electoral para la renovación de los representantes de la soberanía popular en la Asamblea Nacional; dado lo cual, sólo una observación internacional autorizada, imparcial, y técnicamente calificada, que acepte el Poder Electoral actualmente bajo control de militantes gubernamentales, podrá contribuir con la existencia de garantías para el debate político libre y el carácter justo, equitativo y transparente de los comicios planteados.

c) La corrección de los múltiples desequilibrios macroeconómicos existentes en Venezuela se logrará a través de la implementación de un amplio y complejo plan de ajuste, que incluye múltiples componentes como la racionalización del gasto gubernamental, la eliminación del financiamiento de gasto público deficitario por el Banco Central de Venezuela, la ampliación y diversificación de la producción interna; el estímulo y promoción de la inversión reproductiva; la desregulación de la economía. Pero su implementación, de suyo difícil y orientada a corregir los múltiples desequilibrios macroeconómicos existentes, puede generar efectos inmediatos que golpearían a toda la población, pero en especial al segmento de más bajos ingresos. Y ello reclamará la existencia de un liderazgo capaz de producir consensos democráticos, movilizar y asegurar un amplio apoyo político por la población, para lo cual será esencial la aplicación de una serie de planes sociales compensatorios efectivos, que mitiguen las adversidades.

d) La corrección de los severos desequilibrios que hoy se padecen en Venezuela exige un cambio radical en el manejo de la cuestión económica, un giro en su modelo político y económico, que tiene que hacerse dentro de un contexto de mucha amplitud. A su vez, tiene que responder a un esfuerzo que ayude a crear las condiciones que aseguren el éxito en la implementación ulterior de un plan de desarrollo sustentable de largo alcance; que busque no solo el progreso sostenido en lo económico, sino también la consecución de los objetivos de desarrollo permanente en materia política, institucional, social, ambiental, tecnológica, científica, cultural y de renovación ética. Solo así podrá salir Venezuela del atolladero que la atenaza, y logrará alcanzar el desarrollo y el progreso sustentable al que tiene derecho y deben aspirar todos los venezolanos, sin distinciones de ningún género.

En suma y como desiderata cabe concluir que la única posibilidad de restablecimiento de la democracia en Venezuela y de una efectiva garantía de los derechos políticos, económicos y sociales de los venezolanos, pasa por el rescate del principio y sistema de separación de poderes, mediante la designación de sus titulares respetando las garantías democráticas representativa y participativa establecidas en la Constitución, de manera de asegurar su independencia y autonomía, comenzando por el Poder Electoral y a fin de que puedan asegurarse con imparcialidad, el desarrollo de elecciones libres y justas.

Así lo refrendamos, en el día de hoy, nueve de abril de dos mil quince.

Nicolás Ardito B., Panamá Oscar Arias, Costa Rica José María Aznar, España; Belisario Betancur, Colombia; Armando Calderón Sol, El Salvador; Felipe Calderón, México; Rafael Ángel Calderón, Costa Rica; Laura Chinchilla, Costa Rica Alfredo Cristiani, El Salvador Eduardo Duhalde, Argentina Vicente Fox, México; Felipe González, España; Lucio Gutiérrez, Ecuador Osvaldo Hurtado L., Ecuador Luis Alberto Lacalle, Uruguay Luis Alberto Monge, Costa Rica Mireya Moscoso, Panamá Andrés Pastrana, Colombia Sebastián Piñera, Chile; Jorge Quiroga, Bolivia; Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica; Julio M. Sanguinetti, Uruguay Alejandro Toledo, Perú; Álvaro Uribe, Colombia; Juan Carlos Wasmosy, Paraguay.

InfoLatam

Senado aprueba que agentes extranjeros puedan portar armas en el país

La Cámara de Senadores aprobó por 78 votos a favor del PRI y el PAN, 20 en contra y dos abstenciones reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con el fin de autorizar que servidores públicos extranjeros puedan portar armas en territorio mexicano en las agencias aduanales y centros migratorios.

10 abril, 2015   México

De acuerdo con estas modificaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) será la responsable de autorizar la portación temporal de armas a los agentes extranjeros de migración o aduanas, así como a los agentes de seguridad, que acompañen visitas oficiales o equivalentes, siempre que se trate de revólveres o pistolas de funcionamiento semiautomático, cuyo calibre no sea superior a 0.40 o equivalente.

Según la iniciativa, enviada por el Ejecutivo federal, los permisos serán tramitados por las secretarías de Gobernación o de Hacienda ante la Sedena, con 15 días de anticipación, cuando menos. Los permisos serán extraordinarios para agentes aduanales y de migración.

En el debate, el senador del PT y exsecretario de Gobernación, Manuel Bartlett, afirmó que una reforma de este tipo viola los artículos 10, 21, 35, 36 y 89 constitucionales y violenta el artículo 89, fracción X, sobre los principios de política exterior de no intervención y autodeterminación de los pueblos, ya que el “monopolio de la fuerza pública dejará de existir y se compartirá con agentes extranjeros”.

Además, añadió Bartlett, el Congreso no tiene facultades para legislar sobre las armas de fuego que porten agentes extranjeros en territorio nacional.

Para el senador Alejandro Encinas, estas reformas equivalen a legalizar operativos como el de “Rápido y Furioso”, y calificó como “débil” y “falaz” el argumento de que con la intervención de agentes aduanales o migratorios extranjeros en territorio nacional se alentará más turismo, aumentará el comercio y se reactivará la economía.

“Si esa fuera la intención, en todo caso las reformas debieron realizarse a la Ley de Aduanas y de Migración, no a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”, puntualizó Encinas.

Dolores Padierna, senadora del PRD, advirtió que las aduanas nacionales no sólo están en los estados fronterizos. Son 49 aduanas, 19 en la frontera norte, dos en la frontera sur, 17 marítimas y 11 interiores, incluyendo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

“Se argumenta que esta iniciativa fomentará los ingresos por exportaciones y reducirá los costos de almacenamiento, pero no lo demuestran, no dan ningún cálculo, no dicen dónde estarán los beneficios, demuéstrenlo”, retó Padierna a los senadores que apoyaron la reforma.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, del PRI, argumentó que los cambios no implicarán sometimiento de una nación a otra. “Nuestro país cuenta con una de las legislaciones más estrictas en materia de armas de fuego a nivel internacional y los extranjeros deberán cumplir con ella”, aseguró.

A su vez, la otra senadora del PRI que dictaminó a favor, Graciela Ortiz González, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, insistió en que se trata de agilizar el intercambio comercial e incorpora supuestos no contemplados antes, como las visitas de alto nivel provenientes de Estados extranjeros.

En su turno, el senador Ernesto Cordero, del PAN, defendió las reformas y afirmó que “es más temible un policía armado de Iguala” que un agente migratorio o aduanal de Estados Unidos.

El también senador priista y exgobernador de Chihuahua, Patricio Martínez, afirmó que su grupo apoyaba la reforma porque mejorará las condiciones de vida de los mexicanos y de los empresarios en sus exportaciones e importaciones.

Proceso

Sin declaración consensuada y tras histórico encuentro de cancilleres de Cuba y EEUU, arranca la VII Cumbre de las Américas

La VII Cumbre de las Américas inicia en Panamá sin una declaración final debido a que el Gobierno de los EE.UU., ha manifestado su desacuerdo con algunas de las cláusulas; situación que impidió el acuerdo absoluto.

10 abril, 2015   VII Cumbre de las Américas

Esta información fue confirmada por el canciller de Argentina, Héctor Timerman, quien calificó al evento como “un debate entre presidentes”. En ese sentido lamentó la ausencia de consenso y destacó que “lo importante es hablar sobre las diferencias que tenemos”.

Aunque la convocatoria cuenta con la participación de 33 jefes de Estados (35 fueron convocados) y la calificación de ‘histórica’ por la participación de Cuba tras décadas de exclusión promovida por Estados Unidos, la reunión de cancilleres no logró un acuerdo en todos los temas de la agenda.

De acuerdo con información del diario La Estrella de Panamá los ochos ejes centrales abordados por las delegaciones diplomáticas fueron: seguridad, educación, migración, energía, medio ambiente, participación ciudadana, gobernabilidad democrática y salud.

Pese a que los mandatarios no recibirán la Declaración de Panamá podrán tener en sus manos las conclusiones de los cuatro foros previos: sociedad civil, juventud, rectores y el empresarial.

La canciller panameña, Isabel de Saint Malo explicó la situación: “Lo que tenemos es un proceso donde ha habido acuerdos y es posible que lo presentemos directamente a los organismos sin presentarlo a la reunión de cancilleres.

Los Gobiernos participantes de la VII Cumbre de las Américas instarán al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a derogar el decreto emitido el pasado 9 de marzo que declara a Venezuela como una amenaza para su seguridad nacional; así como a levantar el bloqueo sobre Cuba impuesto desde hace más de 50 años.

Escenarios previos
Antes del inicio oficial de la Cumbre una serie de acontecimientos marcaron el desarrollo de los foros previos.

La delegación cubana que asiste a la agenda paralela de la Cumbre de las Américas en Panamá denunció el miércoles la presencia de mercenarios pagados por Estados Unidos como el asesino de Ernesto Ché Guevara, Félix Rodríguez Mendigutía, alias “El gato”, al servicio de la CIA.

Por su parte el portavoz de la delegación venezolana en VII Cumbre de las Américas, Luis Pérez, afirmó el miércoles que las delegaciones suramericanas han sido víctimas de ataque por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).

A su vez informaciones de Prensa Latina detallan que la Organización de Estados Americanos logró la acreditación de civiles representantes de sectores adversos a Cuba y Venezuela financiados por Washington.

Telesur

Panamá se queda sin declaración final

La VII Cumbre de las Américas arranca oficialmente hoy, pero ya fue anunciado el fracaso del proclamado ‘Mandato de Panamá’, que quiso ser incluyente y vinculante.

En la reunión de cancilleres de ayer, en la que se concretaría el documento, los países no llegaron a un acuerdo y, por lo tanto, no habrá una declaración final.

La Cumbre en Panamá será un éxito en convocatoria y asistencia, con 33 de los 35 presidentes de la región presentes. Se lleva, además, la proclamación de ‘histórica’, por ser sede del primer encuentro entre un presidente de Cuba y otro de EEUU, tras más de medio siglo de conflicto bilateral. Tal vez era mucho esperar que también contara con una proclama conjunta que recogiera las firmas de todos los polos políticos de la región.

El escollo principal, según fuentes diplomáticas internacionales presentes, no ha sido Cuba ni el hecho de que aún no sea miembro pleno de la Organización de Estados Americanos, que auspicia la Cumbre. Tampoco se debió a que siga vigente su inclusión en la lista —elaborada por Estados Unidos—de los países relacionados con movimientos terroristas, ni las sanciones comerciales que aún le impone EEUU.

La culpa del fracaso del Mandato de Panamá fue el rechazo de Caracas hacia los últimos cuestionamientos contra algunos de sus funcionarios.

El descontento del gobierno venezolano ha sido tal que llegó a condicionar la asistencia del presidente Nicolás Maduro a la cita panameña. Para evitarlo, la diplomacia de Isabel Saint Malo tuvo que hacer gala de sus mejores oficios y la ayuda del gabinete del presidente Barack Obama, que suavizó su enfrentamiento contra el régimen venezolano la pasada semana hasta el punto de enviar al consejero del secretario de Estado, Thomas Shannon.

La reunión de ministros exteriores del continente, que se celebró a puerta cerrada, terminó con el ‘respaldo’ a la propuesta panameña de ‘trasladar’ los ‘Mandatos para la Acción’ , preparados para la Cumbre, a las instituciones del Sistema Interamericano y al Grupo de Trabajo Conjunto de las Cumbres, ‘para que gestionen la implementación de todo lo acordado’.

Una manera sutil, según los analistas consultados, de tapar el hecho de que no hubo compromiso ni forma posible de un acuerdo a 35 bandas.

El primer signo de esta discordia lo reveló la misma canciller, quien el pasado miércoles declaró a la agencia de noticias EFE que el documento final (de la Cumbre) no se haría público.

Saint Malo justificó la medida en el deseo de evitar ‘falta de consenso por matices políticos’. El presidente Juan Carlos Varela ratificó después la información a la prensa local, al señalar que el encuentro hemisférico concluiría con una ‘declaración institucional’ que formulará él. La Cumbre se queda sin proclama.

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SIN ACUERDO

Los ocho puntos de una propuesta que no fue

La Declaración de Panamá contenía ocho puntos o ejes temáticos que las 33 naciones del continente debían atender: seguridad, educación, migración, energía, medio ambiente, participación ciudadana, gobernabilidad democrática y salud.

El vicecanciller de la República de Panamá Luis Miguel Hincapié explicó que cada uno de los puntos contenía una agenda de trabajo y citó, como ejemplo, el área de seguridad, sobre la que se proponía aumentar la imprescindible lucha transfronteriza contra el narcotráfico.

Lo cierto es que los presidentes no recibirán la Declaración de Panamá, pero sí las conclusiones de los cuatro foros que se desarrollaron paralelos a la VII Cumbre de las Américas: el foro de la sociedad civil, juventud, rectores y el empresarial, que organizó el BID.

También recibirán un mensaje de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), por intermediación del presidente Varela, que reclama la libertad de prensa y la libertad de expresión como un derecho inalienable de todos los pueblos.

Se espera, asimismo, encuentros bilaterales y multilaterales y el avance de gestiones de trabajo de la OEA, que cambiará próximamente de manos.

La Estrella

Se reunieron en Panamá el canciller cubano y el secretario norteamericano de Estado

El canciller cubano, Bruno Rodríguez y el Secretario norteamericano de Estado John Kerry se reunieron durante varias horas en la capital panameña, previo al comienzo de la VII Cumbre de las Américas..

El departamento de Estado colgó en su cuenta oficial de la red social Twitter una foto en la que se ve a ambos diplomáticos estrechándose la mano.

El encuentro de Rodríguez y Kerry es el de más alto nivel diplomático en más de me­dio siglo.

La Habana y Washington avanzan en el proceso para el restablecimiento de relaciones diplomáticas desde que el pasado 17 de di­ciembre los presidentes Raúl Castro y Barack Obama anunciaran su intención de abrir un nuevo capítulo en la convulsa historia que une a los dos países.

Sin embargo, todavía persisten obstáculos como la injustificada inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo internacional y la ausencia de servicios bancarios para la misión diplomática en Washington.

El Departamento de Estado recomendó re­cientemente que Cuba debía salir de la lista, pero todavía el presidente no ha notificado su decisión al Congreso, que tiene 45 días para emitir una opinión pero carece de capacidad para revertirla.

Hasta el momento se han celebrado dos rondas de conversaciones para implementar el restablecimiento de los nexos, una en la capital cubana y otra en la estadounidense, y se han llevado a cabo otros encuentros bilaterales sobre temas específicos.

Radio Habana Cuba

Presidentes del SICA a encuentro con Barack Obama en Panamá

Los presidentes de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana (Sica) deben demandar del gobernante de Estados Unidos, Barack Obama, que asuma un mayor compromiso de cooperación con la región.

El rector de la Universidad José Simeón Cañas de El Salvador, André Oliva, hizo esa recomendación de cara al encuentro que los mandatarios de Sica sostendrán este día con el presidente Obama en Panamá, previo a la VII Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo el 10 y 11 de abril.

“Sería importante que el presidente Obama y Estados Unidos asumiera un compromiso de desarrollo con la región centroamericana, de manera que ese desarrollo lo vean como algo que no solo va a beneficiar a la región sino a Estados Unidos”, expresó el rector a EL HERALDO, primer medio de comunicación de Honduras presente en la VII Cumbre de las Américas.

De igual manera, en este encuentro sería oportuno que los gobernantes del Sica pidan al gobierno de Estados Unidos la aprobación de un estatus migratorio permanente y más amplio a favor de los inmigrantes centroamericanos, considero el rector Oliva.

Oliva participa en el Foro de Rectores que se lleva a cabo en el centro de convenciones Megápolis, uno de los tantos encuentros alternos a la cumbre.

Según Oliva, Estados Unidos resulta ganancioso de que Centroamérica obtenga mejores indicadores económicos y sociales, ya que de esa forma se frena la migración ilegal de centroamericanos.

Para esta reunión están invitados el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que llegó a Ciudad de Panamá acompañado de sus cercanos colaboradores.

En la reunión con Obama también estarán presentes el mandatario de Guatemala, Otto Pérez; el de Nicaragua, Daniel Ortega; el de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén; el de Costa Rica, Luis Guillermo Solís; y el primer ministro de Belice, Dean Oliver Barrow.

Temáticas

Temas bilaterales, energía, comercio, migración y seguridad son parte de los tópicos agendados en el encuentro.

Otro tema importante que se debe de plantear a Obama es que exista un comercio más igualitario entre Centroamérica y Estados Unidos desde el punto de vista de subvenciones.

Los cancilleres de los países del Sica sostuvieron reuniones para preparar el encuentro presidencial y otros puntos sobre la participación de los dignatarios en la Cumbre de las Américas.

El encuentro con Obama también servirá para que los gobernantes de, Honduras, El Salvador y Guatemala se refieran al Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte mediante el cual Estados Unidos aportará 1,000 millones de dólares para proyectos de desarrollo.

Con esos fondos, de los cuales Honduras tendría acceso a 330 millones de dólares, se pretenden poner en práctica estrategias encaminadas a lograr mayor crecimiento de las economías de los tres países por medio de un crecimiento de la inversión privada y la promoción de actividades económicas en áreas geográficas estratégicas

Una de las inversiones privadas que se piensa fomentar con el Plan para la Prosperidad consiste en la creación de zonas económicas especiales en donde se les brindará un tratamiento diferenciado, es decir, las Zonas Especiales de Desarrollo (Zedes).

El congreso de Estados Unidos ha solicitado mecanismos de rendición de cuentas para aprobar el desembolso de los 1,000 millones y se planea pedir los mismo para anteriores aportes financieros sobre los que considera ha existido poca vigilancia.

El Heraldo

AI denuncia a Londres en Estrasburgo por los programas de vigilancia masiva

Amnistía Internacional (AI) informó hoy de que ha demandado al Gobierno británico ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH o Tribunal de Estrasburgo), por los programas de vigilancia masiva de los servicios secretos del Reino Unido.
EFE - Londres

10/04/2015 -




La base de la acción judicial, a la que se han sumado también los grupos Liberty y Privacy International, radica en las revelaciones de Edward Snowden, el exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA) que puso de manifiesto el alcance del espionaje masivo desarrollado por Estados Unidos y el Reino Unido.

"Se ha permitido durante demasiado tiempo que continúen sin consecuencias y a una escala sin precedentes las prácticas de vigilancia del Gobierno británico, con graves consecuencias para la privacidad de las personas y la libertad de expresión", afirmó hoy en un comunicado el experto legal de AI Nick Williams.

El activista reiteró que "nadie" está por encima de la ley y el TEDH "tiene ahora la oportunidad de dejarlo claro".

AI, Liberty y Privacy International han llevado este caso a Estrasburgo después de que el pasado febrero el Tribunal de Poderes de Investigación británico (IPT, en inglés) asegurara que las actividades del centro de escuchas británico, conocido por sus siglas GCHQ, y los servicios secretos son ahora respetuosas con los derechos humanos.

El IPT, que celebró varias de sus vistas a puerta cerrada y en secreto, recordó que el GCHQ llevó a cabo antes de diciembre de 2014 programas de vigilancia masiva en internet ilegales, pero destacó que Londres introdujo después ciertas salvaguardas que legalizaron el intercambio de información entre agencias de espionaje y respetan los derechos humanos.

"Es ridículo el hecho de que el Gobierno haya permitido al IPT analizar políticas y prácticas secretas a puerta cerrada para demostrar que esas son legales y transparentes", reiteró hoy Williams.

En la demanda, las tres organizaciones arguyen que la legislación británica respecto a la interceptación de comunicaciones y su intercambio con otras agencias de inteligencia extranjeras viola el derecho a la privacidad, a la libertad de expresión y contraviene los principios de la Convención Europea de Derechos Humanos.

"El Gobierno nos dice constantemente 'confiad en nosotros, actuamos en interés de la seguridad nacional', pero la seguridad nacional y los derechos humanos fundamentales no son mutuamente excluyentes", dijo Williams.

Algunos de los recelos de AI, Liberty y Private Internacional son compartidos por el Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento británico (ISC), que el pasado marzo indicó que el marco legal que regula la vigilancia en el Reino Unido es "innecesariamente complicado" y "carece de transparencia".

No obstante, la investigación del ISC defendió la legitimidad de los programas de vigilancia masiva GCHQ, al considerarlos una herramienta de obtención de información necesaria.

"Gracias a las revelaciones de Edward Snowden y a las escasas informaciones que nosotros y los otros demandantes hemos logrado sacar al Gobierno sabemos algo acerca de las actividades de los servicios secretos", afirmó hoy en el comunicado el responsable de asuntos legales de Liberty, James Welch.

Snowden, acusado de espionaje y traición por EE. UU. y actualmente refugiado en Rusia, filtró documentos secretos a diarios como "The Guardian" y "The Washington Post" que revelaban que la NSA tenía acceso a registros telefónicos y en internet de millones de usuarios.