Perdedores de siempre

Kreimerman: TISA va “contra el desarrollo” y “contra las clases trabajadoras”


Al igual que sucedió con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que se negoció en 2006 y nunca llegó a firmarse, el acuerdo de Liberalización del Comercio de Servicios (TISA, por su sigla en inglés) genera posiciones encontradas en el actual gabinete. Mientras ministros como Carolina Cosse (Industria) y Ernesto Murro (Trabajo) lo miran con preocupación, otros como Rodolfo Nin Novoa (Relaciones Exteriores) y Danilo Astori (Economía) han salido a defender públicamente la presencia de Uruguay en las negociaciones. Pero el TISA tampoco concitaba unanimidades en el gobierno de José Mujica, como quedó demostrado a raíz de las declaraciones del ex ministro de Industria Roberto Kreimerman el martes, durante un seminario sobre el acuerdo.

“TISA, los riesgos de los falsos atajos: miradas desde el sur” fue el título que escogieron la Federación Friedrich Ebert en Uruguay y la Internacional de Sindicatos Públicos (ISP) para organizar un seminario sobre el acuerdo, que contó con el apoyo del PIT-CNT y Redes-Amigos de la Tierra.

En su exposición, Kreimerman (Partido Socialista) comenzó clasificando los países según su nivel de avance tecnológico: en el escalón más bajo ubicó a los países de África, con muy bajo nivel tecnológico; un poco más arriba a los de América Latina, con un nivel bajo; luego a los denominados “tigres asiáticos”, con tecnología de soporte pero no de punta; y finalmente a los países desarrollados de Europa, con un nivel de tecnología muy alto. Sostuvo que con el TISA, la matriz productiva, “al contrario de diversificarse, como dicen algunos, se inhibe totalmente” al “poner en pie de igualdad sectores no desarrollados en nuestros países con sectores altamente desarrollados en otros países, lo que crea una suerte de tercerización y una desaparición de cualquier posibilidad futura de desarrollo”. “El desarrollo de las capacidades nacionales se ve frustrado cuando en este tipo de acuerdos se permite que sectores que no están maduros, o que sí existen y andan bien en los países subdesarrollados, terminen desapareciendo”, agregó.

A juicio de Kreimerman, acuerdos como el del TISA “siguen reflejando que a nivel de las grandes corporaciones, situadas en los países desarrollados casi todas, y a nivel de esos países, sigue primando la idea de patear la escalera, de que a medida que uno asciende en el desarrollo social y tecnológico, es conveniente patear la escalera para que otros no suban”.

El ex ministro de Industria opinó que el TISA “refleja cabalmente la mirada de muchas transnacionales, pero refleja más cabalmente la mirada total del modelo de acumulación”. “Como al capitalismo le es insuficiente generar sus ganancias a través de los sectores tradicionales, pretende incorporar sectores que todos pensamos que no son comercializables, como la educación o la salud”, advirtió.

Resaltó que el acuerdo del TISA abre la competencia a extranjeros en los servicios públicos no monopólicos, privando al Estado de la posibilidad de establecer condiciones más ventajosas para el sector público. “Es la pérdida de sectores que fueron trabajosamente mantenidos por el pueblo uruguayo, en los que el rol de las empresas públicas desaparecería completamente, al pretender, por ejemplo, que las ventajas que tienen las empresas públicas sean ofrecidas a las empresas privadas”, sostuvo. Concluyó que el TISA tiene subyacente una estrategia que “va contra el desarrollo de los países y las clases trabajadoras de todos los países”, y que Uruguay tiene “para perder mucho y para ganar muy poco para el futuro desarrollo” del país. “Entrar es entrar no en un riesgo, sino en una certeza total”, sentenció.

El protagonismo de Estados Unidos

Un reporte de la Unión Europea y un informe de la Misión Permanente de Uruguay ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), a los que accedió la diaria, ambos fechados en febrero de 2015, informan sobre el transcurso de las negociaciones del TISA. En los documentos consta el rol protagónico de Estados Unidos en las rondas; la mayoría de las iniciativas son propuestas por ese país. “El fuerte compromiso de Estados Unidos en este proceso y la prioridad que le asigna se manifiesta a través de continuas iniciativas y propuestas y un importante equipo negociador”, señala el informe de la misión uruguaya. “A juicio de esta delegación existe una fuerte tendencia de EEUU en especial, de proponer en los anexos disciplinas que están más bien en el ámbito de la reglamentación doméstica y que en muchos casos responden a situaciones concretas”, agrega. En el documento se valora que en las negociaciones, la Unión Europea (UE) está teniendo un rol “un tanto secundario” y “parece estar más reaccionando a las iniciativas de Estados Unidos, al menos en esta ronda [la de febrero]”. “Se destaca que Australia secunda y apoya fuertemente las iniciativas de Estados Unidos así como Canadá, aunque con menor intensidad”, añade.

Por el informe de la UE se conoce que Chile propuso liberalizar el transporte pero no tuvo éxito hasta el momento, y que México apoyó la propuesta de Turquía de liberalizar los servicios de salud. Nueva Zelanda hizo una presentación sobre la importancia de la educación privada y la necesidad de liberalizarla. Colombia y Costa Rica apoyaron la propuesta e incluso presentaron sus ofertas en esa área. “De los países latinoamericanos Chile es el más activo, aunque Colombia y Perú han tenido iniciativas al menos en los grupos en que esta delegación participó. También es el caso de Panamá y en menor grado México”, evalúa el informe de la misión uruguaya.

Más adelante, en el mismo texto, se recomienda la posición negociadora que debería adoptar en general Uruguay: “Hay un corte evidente entre aquellos miembros que desean que los textos del TISA se acerquen lo más posible al texto del GATS (acuerdo de servicios de la OMC) como forma de facilitar la multilateralización del TISA en el futuro. La UE y Suiza son los principales defensores de esta tesis y por otro lado está la visión de Estados Unidos, que desea el resultado más ambicioso posible. A juicio de esta misión es conveniente que Uruguay se adhiera a esta postura (la de la UE y Suiza) como una visión estratégica de la multilateralización del TISA”.

Además, la misión uruguaya recomienda que Uruguay se oponga a la cláusula de Nación Más Favorecida forward, por la cual “las ventajas del TISA se extenderían automáticamente a todo tercero con quien se negocie un acuerdo”.

LA TRUCHADA DE LOS CORTESANOS

CARLOS FAYT FUE A TRIBUNALES PARA FIRMAR UNA NUEVA ACORDADA SOBRE LA RE-RE-REELECCION DE RICARDO LORENZETTI

Acto de presencia para apoyar al presidente

La Corte confirmó la elección de Lorenzetti como presidente para 2016-2019. En un “acuerdo extraordinario” se afirmó que Fayt estuvo en la Corte el 14 de abril, una semana antes de la reelección, y que allí se debatió sobre la designación de autoridades.

 Por Irina Hauser

Cualquier lector desprevenido podrá pensar que esta noticia ya la leyó, y algo de eso hay. O que leyó casi lo contrario, y también de eso algo hay. O que, al mismo tiempo, la Corte Suprema vuelve a redactar la reelección anticipada de Ricardo Lorenzetti en la presidencia del tribunal porque asume que en la versión anterior algo estuvo mal. La noticia, la más reciente, es ésa: que la Corte confirmó la votación del juez para un cuarto mandato, que se extenderá desde enero de 2016 hasta 2019. Para eso firmó ayer una nueva acordada con la presencia estelar de Carlos Fayt, cuya ausencia previa (el día de la votación original) los supremos intentaron minimizar con el argumento de que existe una “práctica inveterada” según la cual sus decisiones son válidas sin importar si fueron tomadas “adentro o afuera de la sala de acuerdos”. El texto dice que el nombramiento de autoridades fue debidamente discutido y que se apuró por razones de “seguridad jurídica”, un concepto difícil de conciliar con los cambios de posición y fundamentos que protagonizó la propia Corte en los últimos días: si bien es la segunda vez que ratifica la “re-re-re” de Lorenzetti, cambió la explicación y en el ínterin difundió a través de todos los medios que el juez renunciaba a ese cargo desde el año próximo por “cansancio moral”. Al periodista Horacio Verbitsky le mandó una carta donde le decía que su renuncia era inmediata. La reelección de Lorenzetti –quien preside la Corte desde 2007– es un hecho desde el 21 de abril último. La premura con que se hizo la votación sorprendió a la propia familia judicial. El texto de su aprobación señalaba como “próxima” “la conclusión del mandato de las autoridades”, para la cual faltaban más de ocho meses. El periodista Horacio Verbitsky, además, reveló en este diario que Fayt no participó del plenario de la elección, pese a lo cual la acordada decía que todos los ministros estuvieron en la sala de acuerdos y a él le adjudicaba actos puntuales como apoyar la candidatura de Lorenzetti y proponer la de Elena Highton de Nolasco como vice. Fayt firmó en su casa. La hipótesis central es que ante la falta de certezas sobre la participación del ministro de 97 años de acá a unos meses, se optó por adelantar la elección: si fueran tres jueces, Lorenzetti debería votarse a sí mismo, al estilo Julio Nazareno.

Pese a todo esto, la Corte no tenía obligación ni necesidad de emitir una nueva acordada de ratificación de la elección de autoridades, pero lo hizo, y con Fayt de cuerpo presente, en un “acuerdo extraordinario”. Sobre este hecho, son varias las interpretaciones posibles, todas combinables entre sí. Por un lado, hay un reconocimiento implícito de la Corte de que algo estaba mal con la acordada original. También se puede leer una respuesta a Verbitsky y la negación de una “falsedad” en el acta. Más una demostración de fuerza, mientras el Congreso avanza con la investigación sobre el estado “psicofísico” de Fayt y prevalece la resistencia del presidente supremo a que este Gobierno nombre nuevos integrantes del tribunal.

Después de que Página/12 informó acerca de las posibles irregularidades en la reelección de Lorenzetti, la propia Corte difundió a través de sus voceros que el juez había planteado su renuncia a ese cargo por “cansancio moral” y que no asumiría en 2016. Verbitsky contó que a él le había mandado una carta diciéndole que su renuncia era un hecho y que lo reemplazarían Juan Carlos Maqueda y Highton. Luego la Corte publicó un comunicado sin firmas que señalaba que ratificaba “total y absolutamente” las autoridades designadas hasta 2019. Aun así, los informantes supremos decían que el tema podía volver a tratarse en el acuerdo del lunes, algo que –en ausencia de Fayt– no sucedió. Cuando este diario preguntó si el tema ya estaba terminado, la respuesta fue: “Sí, ya se cerró con el comunicado de la semana pasada”. Pero resultó que no.

La nueva acordada es, ante todo, un mensaje político que se inicia con la reivindicación de la facultad de la Corte de elegir sus propias autoridades según sus reglas. Dice que la designación de Lorenzetti y de Highton para el nuevo mandato se hizo “con arreglo a la tradición más antigua en el ejercicio de esta atribución”. Precisa que Fayt estuvo presente en el acuerdo del 14 de abril, una semana antes de la reelección, y que ahí “los cuatro ministros presentes deliberaron sobre la necesidad de proceder a llevar a cabo esas designaciones, concordando en una respuesta afirmativa”. Señala que ahí se analizaron “diversas propuestas sobre las autoridades a designar” y que la fórmula se “instrumentó” por la acordada del 21 de abril. La realidad es que es casi imposible saber qué hablaron los jueces en esa reunión de un mes atrás y en qué consistió la participación de Fayt.

“La decisión –dice ahora la Corte– se sustentó en una prudente ponderación de razones de diversa naturaleza, concernientes tanto a la seguridad jurídica –con la consecuente previsibilidad– en el gobierno del Poder Judicial en el marco de sus relaciones institucionales con los otros poderes de la Nación, con las autoridades de provincia y con la sociedad civil; como en preservar y profundizar la ingente actuación que la Corte viene llevando a cabo en defensa de la necesaria independencia del Poder judicial que exige el sistema republicano de gobierno.” Pero la acordada no precisa cuál sería el peligro de inseguridad jurídica si se eligen las autoridades en la fecha habitual, octubre o noviembre. Tampoco explica en qué ha visto condicionada su independencia ni por qué la salida elegida es una garantía, aunque el enfrentamiento con el Poder Ejecutivo es ostensible.

El tribunal defiende lo que considera que fue una “deliberación fidedigna” y afirma que es “indiferente para su validez el lugar en que fue en definitiva firmada por los ministros y por la señora ministra, en la medida en que ha sido una práctica inveterada del tribunal –mantenida hasta su última composición– la irrelevancia de que sus decisiones tomadas con arreglo a las normas establecidas fuesen suscriptas dentro o fuera del salón de acuerdos del tribunal”.

La Corte hizo un esfuerzo esta semana por mostrar que puede funcionar renga. El martes, con sólo tres jueces presentes, firmó varios fallos de casos conocidos. Fayt apareció ayer para confirmar a Lorenzetti. “Estoy bien”, dijo al salir, por fin, de su casa.

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NISMAN HIZO 59 VIAJES AL EXTERIOR MIENTRAS ESTABA A CARGO DE LA UNIDAD FISCAL AMIA

Con el pasaporte sin lugar para más visas

Un informe de la Dirección Nacional de Migraciones muestra que, en los últimos cinco años, Nisman estuvo 411 días en el exterior. Un análisis de los viajes revela que una mínima parte tuvo que ver con trabajo y la mayoría fue a destinos turísticos.

 Por Raúl Kollmann

El fiscal Alberto Nisman realizó nada menos que 59 viajes al exterior mientras estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación AMIA, con un record de 17 visitas a Estados Unidos. Sin embargo, lo llamativo es que hubo años en que estuvo más de dos y hasta tres meses fuera del país: en 2009, pasó 98 días lejos de Argentina; en 2010, 74 días afuera y la marca máxima fue en 2011, con 100 días de viaje, incluyendo seis periplos a Estados Unidos, donde pasó 65 días. El total es escalofriante: en los últimos cinco años estuvo 411 días en el exterior, el equivalente a un año y dos meses. El informe de la Dirección Nacional de Migraciones parece encajar con lo señalado durante años por los familiares de las víctimas del caso AMIA agrupados en Memoria Activa, que varias veces dijeron públicamente que “Nisman viaja mucho y trabaja poco”. Un análisis de los periplos demuestra que una mínima parte tuvo que ver con trabajo: de los últimos seis viajes, dos fueron a México con modelos; dos a Brasil –obviamente de vacaciones–, uno a Chile de compras y el viaje a España con su hija. Pese a estos datos, la familia presentó el pedido de liquidación de cien días de vacaciones, por un millón de pesos, alegando que el fiscal nunca se tomó las licencias correspondientes. El pedido lleva la firma de su ex esposa, Sandra Arroyo Salgado, en representación de sus dos hijas.

El informe de Migraciones llegará seguramente hoy a la fiscalía a cargo de Viviana Fein. El objetivo es investigar qué pudo haber llevado a Nisman a la muerte, enemigos posibles, tramas internacionales y motivos ocultos. El análisis de los viajes ahora deberá ser chequeado por la Procuración: ahí figuran unos pocos pedidos de autorización y viáticos para misiones de trabajo. Por lo que se sabe, no existen ni siquiera pedidos de licencias de vacaciones, lo que ahora derivó en que la familia esté pidiendo un millón de pesos por cien días de vacaciones no tomadas de los últimos diez años. La planilla de Migraciones evidenciaría que Nisman estuvo largas temporadas fuera del país, gran parte de vacaciones y en viajes con pocas explicaciones.

Lo primero que llama la atención del informe de Migraciones es la cantidad de días que Nisman pasó fuera del país, más teniendo en cuenta que hoy por hoy la información se transmite por vía electrónica: no hay que ir a buscarla.

Se podría argumentar que en la causa AMIA había que investigar la conexión internacional, pero lo cierto es que el centro de la pesquisa era –y es– la Argentina y los interrogantes alrededor del atentado están en el país: no se sabe de dónde salieron los explosivos; si hubo o no un suicida, cuál fue la ruta de la camioneta desde las manos del armador trucho, Carlos Telleldín, hasta Pasteur 633; cómo ingresaron los terroristas a la Argentina, con qué nombres, quiénes fueron los cómplices y decenas de preguntas más que hasta ahora no tienen respuesta y que seguro Nisman no las fue a buscar afuera.

Tampoco tenía sentido ir a buscar al exterior datos sobre otra investigación clave de la UFI-AMIA: la causa por encubrimiento. En ese expediente se investiga el desvío de la pesquisa durante el gobierno de Carlos Menem, e incluye como imputados al riojano, la SIDE, el juez, los fiscales y todos los que participaron del primer tramo de la pesquisa. Nada de esa causa se encuentra fuera de la Argentina y, sin embargo, Nisman no dejó de viajar.

En 2009, por ejemplo, el fiscal estuvo 24 días en Estados Unidos; 35 días en España (aunque posiblemente ésta sea sólo una escala hacia Israel o un viaje de placer a Europa); 8 días en Brasil y 31 días en Uruguay. Este resumen indica que estuvo tres meses y diez días fuera de la Argentina.

Al año siguiente, 2010, Nisman viajó nada menos que cuatro veces a Estados Unidos y pasó allí 48 días, el equivalente a un mes y medio. Ya en 2011 pasó 100 días fuera de la Argentina.

En cinco años, Nisman pasó en el exterior 411 jornadas: es seguro que ningún otro fiscal de la Argentina registra semejante nivel de ausencias del país.

Norte

El segundo dato que asombra es la cantidad de viajes a Estados Unidos desde que se creó la Unidad AMIA: Nisman estuvo 17 veces en suelo norteamericano, con el pico máximo en 2011, cuando viajó a los EE.UU. seis veces y estuvo allá 65 días, más de dos meses.

Los datos surgidos de la organización Wikileaks demuestran nítidamente el vínculo de Nisman con la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, al punto de que llevó escritos para que le corrigieran, no les pareció bien y terminó llevándoles otro texto. Todo esto fue reflejado en su momento por Página/12 y luego se publicó en forma detallada en el libro Argenleaks, de Santiago O’Donnell. Los cables de la embajada norteamericana demostraron que los funcionarios estadounidenses le exigían a Nisman que no investigara los desvíos en la investigación o la conexión local, sino que se concentrara en acusar a los sospechosos iraníes, algo que encajaba con la política exterior de Washington.

En los últimos cinco años, haciendo una sumatoria elemental, Nisman estuvo 150 días en Estados Unidos, el equivalente a cinco meses. El ex director ejecutivo de la DAIA Jorge Elbaum testimonió que Nisman no sólo tenía vínculos con las autoridades norteamericanas sino también con una fundación vinculada con los fondos buitre, la Fundación de Defensa de la Democracia, financiada por Paul Singer. En alguna foto se lo ve a Nisman disertando con el auspicio de la FDD, lo que seguramente explica alguno de los viajes y su relación con la derecha republicana.

Ocio

Una mirada a las últimas travesías del fiscal lleva a gravísimas sospechas respecto de sus viajes. Parece evidente que una parte importante fue de vacaciones, sin pedido de licencia, por lo que no se justificaría que se las paguen a sus deudos.

Si se toma 2014 y los primeros días de 2015, los datos son llamativos.

- Hubo dos viajes a México. El 24 de octubre de 2014 salió por Ezeiza y volvió el 2 de noviembre. Nueve días, volando por Aeroméxico. Es el famoso viaje con la modelo Florencia Cocucci y otra chica más. La joven declaró ante Fein que no sabe quién pagó los gastos, algo que a esta altura parece evidente.

- El viaje anterior a México fue el 27 de marzo de 2014. También salió por Ezeiza en avión de Aeroméxico. Es un viaje que se corresponde con las fotos con otra acompañante. Regresó el 6 de abril. El periplo fue de diez días.

- Por supuesto que es conocido el periplo por Europa con su hija, a principios de 2015. Tampoco fue un viaje de trabajo, sino una especie de regalo a la adolescente por su cumpleaños de quince. Salió el 1º de enero y regresó el 12, en ambos casos por Iberia.

- En 2014 también hay un viaje de tres días a Chile. Ida el 12 de mayo por Aerolíneas, regreso el 14 por Austral. Es la excursión de compra de ropa que contó el técnico Diego Lagomarsino. No fue un viaje de trabajo ni fue en un fin de semana: salieron un lunes y volvieron un miércoles.

- También Nisman estuvo dos veces en Brasil durante el año pasado. No hay registros de que pidiera viajar por trabajo, aunque en la Triple Frontera se encierran algunas claves del atentado contra la mutual judía. Sin embargo, Nisman viajó a destinos turísticos. El primer viaje fue de 15 días, en enero, saliendo el 6 y volviendo el 22 por TAM.

- El segundo viaje también fue al Brasil turístico. Se concretó en septiembre, saliendo el 21 vía TAM y regresando por la misma compañía el 28.

Sólo considerando esos viajes, Nisman estuvo fuera de la Argentina 61 días, dos meses, y ninguno por trabajo. Si la Procuración hace el cálculo como debe ser, la liquidación pedida por la familia debería dar saldo negativo, porque se tomó muchísimas más vacaciones que las que le correspondían.

Curiosidades

La planilla de Migraciones refleja 13 viajes a España. En verdad, da la impresión que se trata de escalas, posiblemente a Israel (uno de los tres viajes por los que pidió autorización) y a dos asambleas de Interpol. Sin embargo, a la mayoría de los periplos no los reportó como de trabajo, de manera que no está claro para qué fue. Tal vez sean también de vacaciones.

Hay viajes a Uruguay de un solo día, posiblemente como los que mencionó la madre, Sara Garfunkel, a firmar papeles por los tres terrenos en Punta del Este. Garfunkel dice que no recuerda cuándo fue, ni siquiera por qué vía. Las planillas indican que las idas y vueltas a Uruguay se hicieron por Buquebús.

Una parte importante de los viajes se dieron en enero de cada año. Se repiten invariablemente en esa época de feria judicial: en enero de 2011 a Uruguay; enero de 2012 a México; enero 2013 y enero 2014 a Brasil. Ni fueron reportados ni parecen viajes de trabajo ni pidió que se le computaran como vacaciones. Las escapadas a México, al estilo del viaje con Cocucci, se concretaron todos los años, incluso dos veces por año, desde 2012. Siempre en un plan parecido: diez días a alguna playa del Caribe.

Lo que se refleja en este calendario no es una investigación dramática ni vertiginosa ni llena de peligros. Más bien queda claro en qué se basaban los familiares de las víctimas de Memoria Activa cuando insistían en que el fiscal “viaja mucho y trabaja poco”. Desde hace varios años que Memoria Activa venía pidiendo la remoción del fiscal por ese motivo.

Tampoco parece existir en esa agenda de periplos un hostigamiento que explique la muerte de Nisman: a prácticamente ninguno de estos viajes llevó custodia o advirtió de riesgos. A primera vista, el escenario de un fiscal perseguido por comandos de terroristas internacionales no encaja con estas planillas de Migraciones. De todas maneras, el expediente todavía tiene un largo camino por delante.

raulkollmann@hotmail.com

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Extravagancia buitre

El último intento de los fondos buitre de extorsionar al país usando como rehenes a los tenedores de títulos Bonar 2024 no debería prosperar.

 Por Sebastián Soler *

. El lunes los fondos Aurelius y Blue Angel le solicitaron al juez Griesa que declare que dichos bonos constituyen “deuda externa” de la República Argentina y amplíe la orden vigente, que sólo alcanza a los bonos en moneda extranjera emitidos en los canjes de 2005 y 2010, prohibiendo también que la Argentina pague los Bonar 2024 o cualquier otra deuda externa si simultáneamente no le abona a los fondos buitre todo lo que reclaman.

Aun si se la examina desde la lógica jurídica desembozadamente parcial con la que Griesa ha evaluado anteriores demandas de los fondos buitre, esta pretensión desmesurada enfrenta obstáculos insalvables.

En marzo, cuando a pedido de los fondos buitre Griesa resolvió bloquear los pagos de los bonos en dólares regidos por ley argentina, adujo que lo hacía porque se trataba de bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010 y porque constituían “deuda externa” conforme la definición del contrato Fiscal Agency Agreement que regía los títulos cuyo pago reclaman los fondos buitre. Los Bonar 2024 no son ninguna de las dos cosas. Obviamente, no son bonos de los canjes porque fueron emitidos por primera vez en 2014. Y tampoco son deuda externa porque fueron ofrecidos exclusivamente en la Argentina (una de las excepciones a la definición de deuda externa contempladas en el Fiscal Agency Agreement), sin que el Gobierno realizara ninguna de las conductas que Griesa consideró relevantes en su fallo de marzo. La Argentina no registró los Bonar 2024 en la Comisión de Valores de los Estados Unidos ni en ningún otro organismo regulador extranjero, la Argentina no distribuyó un prospecto, publicó un aviso o realizó una gira para difundir la oferta de los Bonar 2024 en el exterior. El país tampoco solicitó el listado de los Bonar 2024 en ninguna Bolsa extranjera ni contrató un banco extranjero para que actuara como agente colocador. El propio Griesa ha expresado en su fallo de marzo que a su entender el factor determinante es el lugar “donde se ofrecieron los bonos”; por lo tanto, otros datos, tales como la nacionalidad de los bonistas, no hacen a la cuestión.

El magistrado tampoco debería intentar sortear esos impedimentos supliendo el injustificable bloqueo específico de los Bonar 2024 con un bloqueo general de los pagos de toda la “deuda externa”. Además de constituir una ofensa gravísima a la soberanía de nuestro país, una orden genérica con semejante grado de indefinición vulneraría principios de equidad elemental que deben guiar la conducta de los jueces estadounidenses en materia de “injunctions”, incluyendo el requisito de que las órdenes no le causen un daño material y desproporcionado a los terceros.

Determinar si un bono es “deuda externa” porque no fue ofrecido exclusivamente en la Argentina es una cuestión de hecho que, según lo advirtió el mismo Griesa en su fallo de marzo, exige “revisar cientos de documentos”. La orden pretendida “delegaría” en cada inversor y en cada intermediario financiero tamaña revisión, con el consiguiente riesgo del inversor de no cobrar o del intermediario de ser condenado por desacato si su conclusión difiriera de la del juez una vez que éste se dignara a analizar cada situación específica. En consecuencia, desde el momento mismo del dictado de la orden, los terceros afectados padecerían un daño tan material como desproporcionado.

Además, las normas federales de procedimiento civil de los Estados Unidos establecen que el juez debe rechazar la solicitud de modificación de una orden de estas características si quien lo solicita ha actuado de mala fe o demorado indebidamente. La orden vigente fue dictada por Griesa hace más de tres años, en febrero de 2012, y su texto calca el lenguaje propuesto por los fondos buitre, quienes en ningún momento plantearon lo que ahora pretenden. Tampoco lo hicieron el año pasado, a pesar de que la Argentina emitió Bonar 2024 en dos ocasiones, o durante las audiencias en las que se trató el caso de los bonos de los canjes regidos por ley argentina. Sólo la mala fe y el afán de generar incertidumbre en los mercados pueden explicar esa demora a todas luces indebida.

Por último, existe una consideración práctica que podría influir en la decisión de Griesa tanto o más que cualquier valoración jurídica. La orden vigente fue confirmada por la Cámara de Apelaciones y quedó firme cuando la Corte Suprema rehusó revisarla. Si Griesa acepta la solicitud de los fondos buitre y la amplía para bloquear los pagos de los Bonar 2024 o de cualquier otra deuda externa que no fue emitida en los canjes de 2005 y 2010, estaría modificando la orden y no meramente aclarándola, por lo cual la ampliación podría ser apelada y sus efectos deberían suspenderse mientras tramita el recurso.

* Abogado. Master en Derecho Internacional de la Universidad de Harvard.

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La asociación ilícita de los espías

SE CONOCE HOY LA SENTENCIA EN EL JUICIO A TRES MIEMBROS DEL BATALLON 601

Los acusados son Leandro Angel Sánchez Reisse, Rubén Osvaldo Bufano y Arturo Ricardo Silzle. Durante las audiencias se ventilaron distintos casos de secuestros extorsivos realizados durante la última dictadura militar.

 Por Alejandra Dandan

Desde febrero se realiza en Comodoro Py el juicio a tres ex integrantes del Batallón 601 del Ejército. Hoy se escuchará la sentencia. Los acusados llegaron a juicio por integrar una asociación ilícita dedicada a realizar secuestros extorsivos en los ’70 y ’80 para financiar el aparato represivo dentro y fuera del país. El correr de las audiencias permitió, sin embargo, pasar de sus primeros planos a planos más generales para intentar mostrar globalmente las dimensiones todavía oscuras del emblemático 601: “La organización secreta militar que mayor poder detentó en la Argentina en el plan sistemático y masivo de represión ilegal”, dijeron los fiscales Alejandro Alagia y Gabriela Sosti. Que “centralizó la información y la Inteligencia y ejecutó operaciones de ataque contra grupos enteros de población nacional y en el extranjero. Fue el sistema nervioso que conectaba a las máximas autoridades militares del país con los centros de tortura y desaparición de personas, operados por personal de Inteligencia del Batallón 601”.

El debate está a cargo del Tribunal Oral Federal 6, integrado por María del Carmen Roqueta, José Martínez Sobrino y Julio Panelo. El principal acusado es Leandro Angel Sánchez Reisse, uno de los cerebros de la Inteligencia, operativo dentro y fuera del país, contratado por la DEA a partir de 1979. Además, se juzga a Rubén Osvaldo Bufano y Arturo Ricardo Silzle, socios operativos. Los fiscales pidieron 17 años para Reisse; 12 para Bufano y 10 para Silzle. Debería estar en juicio Luis Alberto “El Japonés” Martínez, pero está exceptuado por un litigado cuadro de salud.

Durante las audiencias se pudo iluminar el campo siempre sinuoso de la Inteligencia. Declararon protagonistas de secuestros extorsivos muy conocidos: el caso Alberto Martínez Blanco y Alberto Tomasevich, del grupo Puente Hermanos, secuestrados el 20 de septiembre de 1980, el financista David Koldobsky, de Cambio América SA, de principios de 1981, y Fernando Combal, del 8 de mayo de 1979. Los fiscales insistieron en que los casos no estuvieron en juicio para evaluar la participación de los acusados en ellos, sino que se los tomó como ejemplos para dar cuenta de los hechos cometidos en el contexto de otro delito como es la “la asociación ilícita”, que es lo que efectivamente debía probarse y la fiscalía dio por probado.

En esa búsqueda, los fiscales se nutrieron, además, de viejos documentos y expedientes para reconstruir a modo de arqueólogos, dijeron, lo que de momento era una tarea pendiente: la actuación y las dimensiones del 601 en el campo represivo, acá y afuera, y la financiación a partir de los secuestros de la exportación de la escuela represiva, sobre todo en la formación de cuadros en Centroamérica.

“El Batallón 601 –dijo Alagia en el alegato– fue una organización militar de Inteligencia que ocupó un papel jerárquico y protagónico en la producción de información y en la ejecución de operaciones ilegales en el país y el extranjero para la persecución, secuestro, tortura, extorsión y asesinatos masivos contra población civil”. El golpe de Estado de marzo de 1976 y las órdenes secretas de exterminio convirtieron a esa institución de la Inteligencia militar, dependiente de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército, “en un centro de reunión de información y ejecución de operaciones ilegales”. Y sobre la naturaleza “celular” agregó: “La información de todo el país se recibía en lo que se llamó Centro de Reunión del Batallón 601 y procedía de la tortura de personas desaparecidas en campos de concentración. Esta dependencia, a su vez, contaba con una estructura de naturaleza celular para la ejecución de ataques sistemáticos en el país tanto como en el extranjero”.

Los miembros del 601 fueron militares, policías, penitenciarios, gendarmes, prefectos y civiles bajo la dirección jerárquica de jefes del Ejército Argentino, dijo el fiscal. “Fue la policía secreta del régimen con dirección y estructura militar, una verdadera SS argentina.” Sus integrantes, dijo antes la fiscal Gabriela Sosti, “recorren las abultadas listas de condenados de las causas de lesa humanidad porque su accionar significó una grosera violación a los derechos humanos. Aparecen en cada centro clandestino; aparecen en operaciones en el exterior y en los secuestros extorsivos a los acaudalados ‘enemigos de la Nación’”.

En esa línea, agregó que el Batallón intervino en una enorme lista de secuestros.

Bruno Nápoli, de la Comisión Nacional de Valores, aportó datos de la investigación del organismo sobre los secuestros a empresarios bajo la figura de la “subversión económica”. Sosti señaló que a partir de 1978 “el aparato represivo diversifica el objetivo a reprimir y se encamina hacia este otro colectivo”, como los empresarios que eran personas “fuertemente relacionadas por afinidades empresariales, sociales y familiares, de reconocida relevancia en el universo económico de la época”.

Otro punto de análisis fue el componente antisemita. En la lista de secuestros enumeraron los casos de Koldobsky, Sivak, Siganevich, Neuman, Meller, Prisant, Saiegh, Tomasevich, Gurfinkel, Paslvan, Fejner. En una audiencias declaró Daniel Feierstein, “que ha investigado en profundidad las prácticas genocidas, en sus estudios detectó los desbordes antisemitas”: “Los sectores que desde la mirada del represor no pertenecían al grupo nacional, no tenían derecho a los bienes. Pero hizo una diferencia entre el régimen nazi, donde ese desapoderamiento se hizo de manera ‘legal’. En el caso argentino no existió legalización de la rapiña. Se producía mediante grupos de secuestradores que operaban dentro del aparato estatal con protección pero con importantes niveles de autonomía e impunidad y agregó además que todo proceso genocida tiene la doble faz de usar, por un lado, la estructura legal del aparato estatal y. por otro. configurar una estructura paralegal que opera simultáneamente”.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-272662-2015-05-14.html

Mercosur: países harán acuerdos por su cuenta

LO DIJO EL CANCILLER URUGUAYO, QUE ESPERA CONTAR CON EL APOYO DE BRASIL PARA LA PROPUESTA.
LA ARGENTINA, AFUERA.



Dilma Rousseff

Montevideo - Los países del Mercosur llegaron a un "consenso" y buscarán mecanismos para negociar acuerdos comerciales bilaterales fuera del grupo, un cambio histórico para el bloque fundado en 1991. El canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, dijo en rueda de prensa que su país ha hecho "consultas con todos los países integrantes del Mercosur, y con dificultades en algunos, pero hay consenso, hay acuerdo para trabajar una propuesta en ese sentido".

Sostuvo que el objetivo es que el Mercosur "se incorpore a los grandes flujos comerciales del mundo" y para eso es necesario que "salga a hacer acuerdos". "Brasil, Paraguay y Uruguay están en esa sintonía", aseguró.

Desde hace tiempo, Uruguay y Paraguay buscan realizar acuerdos comerciales por fuera del bloque regional, sin estar sometidos a un único ritmo marcado por los socios más grandes, y ahora creen haber convencido a Brasil, que actuaría obligado por las dificultades en su economía.

Fuentes al tanto de las conversaciones entre los socios indicaron que hay voluntad de que este cambio se procese sin modificar la normativa Mercosur, que impide a sus socios negociar tratados comerciales sin la anuencia de los demás. Según esos voceros, la Argentina y Venezuela no avanzarán en la misma dirección ni a la misma velocidad que los otros tres socios.

Por su parte, Washington Durán, vicepresidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Industrias de Uruguay (CIU), afirmó que el Mercosur "no puede seguir a espaldas de las grandes negociaciones internacionales".

La semana pasada, el ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, Armando Monteiro, dio a conocer que su país buscaría dotar al bloque de cierta flexibilidad, como vienen pidiendo reiteradamente Uruguay y Paraguay.

Según Monteiro, si bien "el Mercosur es una construcción muy importante para Brasil, y tiene que ser valorado y preservado, todos los países tienen un grado de libertad para celebrar acuerdos bilaterales y es eso lo que Brasil también va a buscar para insertarse en las principales corrientes del comercio del mundo. Nada impide que Brasil firme acuerdos bilaterales".

La postura aperturista de Brasil se acentuó desde que Dilma Rousseff asumió su segundo mandato en enero, primero abogando una y otra vez por un acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) y, últimamente, mencionando la posibilidad de abordar "la cuestión del libre comercio" con China.

Militares de EEUU llegarán este mes a Paraguay

Instructores militares norteamericanos pertenecientes al Grupo de Fuerzas Especiales llegarán este mes a Paraguay como parte de la cooperación establecida entre los dos países, se confirmó ayer.

Resumen Latinoamericano / 13 de mayo de 2015 – 



La Cámara de Senadores aprobó el ingreso al país de los mencionados instructores procedentes de la Guardia Nacional de Carolina del Norte con sus respectivos equipos, armas y municiones que serán utilizados en ejercicios conjuntos.

Los militares llegarán en dos vuelos de la Fuerza Aérea estadounidense el 31 de mayo y el 1 de junio y su estancia en territorio paraguayo se extenderá hasta el 30 de junio próximo.

La Cámara Alta, además, autorizó sobre tablas el paso por territorio nacional de dos buques de la Marina de Brasil, compuesta por la Flotilla de Mato Grosso “Monitor Parnaiba” y el navío de apoyo logístico “Potengi”, con una aeronave embarcada y personal militar, que irán a Corrientes (Argentina) en junio próximo para “estrechar lazos de amistad” con la Armada Argentina.

Colombia

Por otra parte, un total de 80 militares paraguayos viajaron a Colombia para recibir desde ayer un curso de instrucción con duración de tres meses. La autorización del viaje de los uniformados fue aprobada por unanimidad en el Senado.

La delegación está integrada por tres oficiales subalternos y 77 suboficiales del Ejército, Armada, Aviación y Comando Logístico, todo también como parte de los acuerdos suscritos por las Fuerzas Armadas de las dos naciones.

Según las fuentes militares en esos cursos a desarrollarse en la Escuela de Soldados Profesionales de Colombia se impartirán materias relacionadas con la lucha contra “estructuras narcoterroristas”.

Las instrucciones que reciben los militares paraguayos en Colombia son gracias a un convenio de cooperación entre los dos países. El nuevo grupo de uniformados comienza desde hoy hasta el 14 de agosto próximo las instrucciones del curso.

Arabia Saudí, reformas internas y agresión externa

Los cambios al interior de la Casa al Saud, con la serie de movimientos, renuncias, retiros y nombramientos efectuados y catalizados por el Rey Salman bin Abdulaziz al Saud muestran que el Clan Sudairi ha vuelto a reforzar sus posiciones de liderazgo. 

Tras la muerte del nonagenario Monarca Abdolá bin Abdulaziz al Saud el 22 de enero del año 2015, esos cambios se dan en el marco de la agresión de Arabia Saudita a la República de Yemen, secundada en esta acción violatoria del derecho internacional, por una coalición de países – principalmente Monarquías ribereñas del Golfo Pérsico - que responden a los objetivos de la triada Washington-Riad-Tel Aviv. 

Propósitos destinados a mantener su hegemonía política y militar en Oriente Medio, tratando en ello de contender contra la República Islámica de Irán, devenida en fuerte oponente a los planes de esta triada y sus apoyos a los movimientos terroristas takfirí, que operan tanto en Siria, Irak como en la propia Yemen. 

LA CASA AL SAUD Y SU DOBLE CARA 

Esto grupos radicales, nacidos bajo el alero del wahabismo han sido organizados, financiados, armados y apoyados por Arabia Saudita con el aval de Estados Unidos y la implicancia de Israel en materia de labores desarrolladas principalmente por el Mossad – su servicio de inteligencia - destinados crear una política regional que conduzca a la fragmentación de Oriente Medio y con ello el fortalecimiento del dominio occidental de este importante espacio geoestratégico y como efecto secundario pero funcional a Washington y Riad, las ofensivas aéreas y la posible intervención terrestre saudí en territorio de Yemen ha allanado el camino para el fortalecimiento y avance de Al Qaeda en la zona sur de la península arábiga .

Mientras el mundo es testigo de la agresión saudí a su vecino del sur y con ello los intentos de aplastar al Movimiento Ansarolá, los Comités Populares – conformados por civiles yemeníes - y el Ejército Yemení contrario a la acción de Riad, el Monarca Salman bin Abdulaziz emitió un decreto real por el cual nombró, como príncipe heredero, a su sobrino Mohamed bin Nayef de 55 años, que suma a este importante papel, los cargos de Ministro del Interior y Presidente de una macrocomisión que es la responsable de la seguridad interna y la política exterior saudí. 

El rey reemplazó así su propio hermano Muqrin bin Abdulaziz en la sucesión al trono. Muqrin en un acto inusual para la política interna de la familia real, emitió un comunicado que no sólo da cuenta de las dificultades al interior del régimen saudí, sino también los efectos derivados del ataque a Yemen y las consecuencias que tal hecho puede tener para la propia sobrevivencia de la Casa al Saud. 

Muqrin mediante una carta pública criticó la invasión saudí contra el pueblo yemení, pidiendo el fin de esta agresión de manera tal de “trabajar en serio para detener lo que está sucediendo en Yemen y preservar la soberanía de ese país y emplear una solución política para zanjar la crisis” 

Muqrin bin Abdulaziz, cuya madre es de origen yemení, señaló con esta carta que “por asumir mi responsabilidad y dar a conocer el peligro que representa esta situación, decidí renunciar a mi cargo como príncipe heredero”. A las críticas de Muqrin se unió también la de su hermano Talal bin Abdulaziz al Saud, quien rechazó en forma categórica los cambios, nombramientos y decretos emitidos por Salman, que incluye la remodelación en la línea de poder de la Monarquía Wahabita. 

Efectivamente, en una jugada considerada temeraria, el Monarca Saudí nombró a su primogénito Mohamed bin Salman, como sucesor de Nayef, lo que marca una mutación interesante en la manera en que se proyectaba la sucesión monárquica del país de los Saud: de los hijos del fundador de esta casa a los nietos. 

Bin Salman, no sólo deviene así en un importante lugar de sucesión monárquica, sino que acumula en estos cambios otros cargos de importancia en el acomodo de piezas de su padre: Ministro de Defensa, Jefe de la Corte del Rey – por tanto quien da el pase para ver o no ver al rey – y Presidente de una Macro comisión encargada del desarrollo económico saudí, tomando a su cargo la empresa de Petróleo Aramco, en forma independiente del Ministerio del Petróleo 

En esta serie de decretos, el rey saudí también destituyó al veterano Ministro de Asuntos Exteriores, Saud al Faisal., siendo reemplazado por el hasta entonces embajador en Estados Unidos, Adel al Jubeir – quien fue el encargado de anunciar el inicio de las operaciones de agresión contra Yemen - igualmente el Monarca saudí sacó de la primera línea al omnipotente Ministro de petróleo Alí al Naimi. 

Todas ellas medidas que refuerzan el poder de Salman no sólo al interior del Clan Sudairi, sino también una clara señal al resto de la Casa al Saud que llevará las riendas del país con mano dura, como lo está demostrando de igual manera en el plano externo con la agresión a Yemen, el apoyo a la represión contra el pueblo bahreiní, sus oposición a los acuerdos nucleares aes entre el G5+1 e Irán y la clara implicancia en los afanes de derrocamiento del gobierno Sirio 

TEMOR A IRÁN 

El análisis fino de estos cambios ejecutados por Salman muestran que la supuesta continuidad anunciada por Riad tras la muerte de Abdolá bin Abdulaziz ha dado paso a una política, sobre todo en el plano regional, mucho más activa y agresiva. 

Ello, bajo el temor de la Casa Real Saudí frente al papel que está jugando la república islámica de Irán en los acontecimientos políticos y bélicos de Oriente Medio, en materias, sobre todo de combate activo de los grupos terroristas de raíz takfirí, que responden a los lineamientos generados en Washington-Riad y Tel Aviv. 

Temor que se une a la posibilidad de ver concretado el entendimiento entre Teherán y el G5+1 en materias del diálogo nuclear iniciado en noviembre del año 2013 y que tendrá antes del 30 de junio del 2015 una solución definitiva. 

Inquietud, pues ello conduce a pensar que la hábil diplomacia iraní y la férrea defensa de su derecho a desarrollar su programa nuclear en el marco de un desarrollo alejado de la posible construcción de armamento nuclear, llegaría a buen puerto. 

Ese panorama de un Irán pleno, fortalecido, reconocido y sobre todo libre de sanciones que impiden hacer uso de sus recursos, aterroriza no sólo a Riad, sino que también a Israel y a los Halcones republicanos estadounidenses. Un trío que no ha escatimado esfuerzos para echar abajo cualquier atisbo de solución al contencioso por el programa nuclear iraní. 

De allí la agresión contra Yemen, el incremento de los apoyos de los grupos terroristas que combaten al gobierno sirio e iraquí, la intensificación de la represión contra los afanes de libertad en Bahréin y el fortalecimiento de alianzas con el régimen egipcio, la Monarquía marroquí y el gobierno libio afincado en Trípoli de corriente radical en comparación con el gobierno de Bengazi, mucho más pro occidental. 

Sudairi ha vuelto a retomar posiciones al interior de una familia real, los al Saud que reúne a 3 mil miembros entre príncipes, jeques, sus familias, lo que convierte a Arabia Saudita, no sólo en un Estado cuyo nombre asume el nombre de su casa reinante, sino también crea un Estado Absolutista donde la familia del Monarca reúne todos los cargos de gobierno y en aquellos que la participación familiar es menor, como por ejemplo la Majlis as Shura - la Asamblea Consultiva – es el propio Monarca quien designa a dedo a sus miembros, controlando de hecho su accionar. 

El nombre de Clan Sudairi se utiliza, comúnmente, para denominar la alianza de siete hermanos – tres de ellos ya fallecidos – dotados de plenos derechos y sus descendientes dentro de la familia real de Arabia Saudí, hijos de Hassa al Sudairi, esposa favorita del fundador de la dinastía; Abdulaziz bin Saud, para ser parte de la sucesión dinástica. 

Transmisión de poder que se ha ido se ha ido efectuando en función de ser hijo del fundador del clan ya sea para ocupar la corona o para ser nombrado Príncipe heredero. Hoy, con Salman bin Abdulaziz ese tránsito contempla ya a los nietos – a partir de la decisión de nombrar a Mohamed bin Nayef como Príncipe heredero en primerísimo primer lugar y a su propio primogénito, Mohamed bin Salman como reemplazo de bin Nayef. 

Constatando, de ese modo que la gerontocracia saudí va dando pequeños pero significativos espacios a las noveles generaciones. Descendencias, que a contrapelo de lo que podría pensarse suelen tener una visión y un actuar más agresivo, como lo ha demostrado la actual agresión contra Yemen y el ímpetu político de seguir cercando a Irán, de la mano con los intereses israelitas y estadounidenses en la zona. 

Frente a los cambios tanto públicos como aquellos más soterrados llevados a cabo por el rey Salman, algunos análisis han alertado sobre la posibilidad de un Golpe de Estado en el Reino Saudí, alentado por aquel grupo de Príncipes y Jeques que han sido alejados de las esferas más cercanas al poder o definitivamente sin posibilidades de acceder a cargos de importancia. 

El Instituto Británico de Defensa IHS Jane´s señaló en un informe dado a conocer a principios del mes de mayo que “los intentos del príncipe heredero adjunto para consolidar el poder podrían desencadenar una reacción desestabilizadora de su rivales – en la familia al Saud – El ritmo de los cambios llevado a cabo por el rey Salman están cambiando la estructura de poder en Arabia Saudita en una forma sin precedentes”. Este informe y aquellos análisis más finos de los cambios implementados permiten avizorar algún tipo de rechazo a las medidas de cambio, sobre todo de uno de los hijos del difunto Rey Abdolá bin Abdulaziz, el Príncipe Mutaib bin Abdolá quien controla a la poderosa Guardia Nacional saudí, conformada por 200 mil miembros. 

Informes de inteligencia occidentales han revelado que Salman está considerando abolir el Ministerio de la Guardia nacional y dejar a ese cuerpo armado bajo el mando del Ministerio de Defensa, que es dirigido por su hijo Mohamed bin Salman. 

Esa posibilidad ha generado algún tipo de acercamiento entre el Príncipe Heredero Nayef y Mutaib destinado a tratar de alejar a Salman del poder, a través de labores de lobby efectuadas con el poderosos Consejo de la Lealtad, que es el órgano responsable de determinar la futura sucesión en el trono de Arabia Saudita. 

Este órgano fue creado en diciembre del año 2007 por el fallecido rey Abdulá bin Abdulaziz quien sostenía que su labor se enmarcaba en la codificación de las reglas no escritas, que han regido la selección de los gobernantes saudíes desde el fallecimiento del Rey Abdulaziz el año 1953. 

La fundación del Consejo fue visto como una forma de disminuir la influencia de los hermanos Sudairi que sin embargo mediante pago de favores, compra de apoyos e intrigas palaciegas han logrado reforzara aún más su poder en este Consejo conformado por 30 príncipes entre hijos y nietos del fundador de la dinastía al Saud. 

La radicalización de las intrigas al interior de la familia reinante podría desencadenar el enfrentamiento y un posible Golpe de Estado entre las fuerzas leales al Príncipe Mutaib y aquellas cercanas a la del Príncipe Nayef, que eventualmente podría oponerse a traicionar la confianza depositada por su tío Salman al nombrarlo como Príncipe heredero. 

La mesa en esta Guerra de Tronos está servida en la Monarquía más Absolutista que rige los destinos de un país, sin que ello signifique ninguna crisis moral o impedimentos de relaciones políticas, comerciales, militares y diplomáticas con las democracias occidentales, que suelen ser tan críticas frente a gobiernos que esas democracias representativas consideran como no democráticos. 

El desafío interno al que se enfrenta Salman bin Abdulaziz es saber cómo va a utilizar el poder absoluto que ha logrado aglutinar en estos tres mese de reinado y si va a tomar algún tipo de ventaja de los liderazgos más jóvenes que está colocando en puestos claves de la Monarquía saudí. Mientras la lucha por el poder sigue su curso al interior del país, Arabia Saudita, en el plano externo, sigue agrediendo a su vecino del sur. Generando con ello más muertes y destrucción a través de bombardeos aéreos, incursiones terrestres y el apoyo sostenido a las fuerzas takfirí con la entrega de armas y apoyo logístico. 

Suele decirse que no hay mejor solución para descomprimir los problemas políticos y económicos internos de un país, que exteriorizar esas dificultades – sacarlos de las fronteras - y ojalá con una guerra que frene las críticas a esos problemas domésticos en función de la defensa de la patria, de la seguridad nacional o en apoyo de los llamados de auxilio de un gobierno amigo en peligro. 

Arabia Saudita no es la excepción, el problema radica que Yemen está muy cerca, el radicalismo takfirí puede significarle un dolor de cabeza más que un paliativo y tenerlo a las puertas de sus fronteras y tensionar aún más el precario equilibrio al interior de la familia de la Casa al Saud. 

Fuente: http://www.hispantv.com/newsdetail/OPINIoN/23469/Arabia-Saudi,-reformas-internas-y-agresion-externa

http://www.telesurtv.net/bloggers/Arabia-Saudi-reformas-internas-y-agresion-externa-20150509-0002.html. 

Golpe en Burundi durante un viaje del presidente

AFRICA

El teniente general Godefroid Niyombare, ex jefe del servicio secreto, anunció que el Ejército tiene el control del país, envuelto hace semanas en masivas protestas por el proyecto de re-reelección del mandatario Pierre Nkurunziza. Sin embargo, la presidencia aseguró a través de su cuenta de Twitter que el intento de golpe de Estado "fracasó". Nkurunziza se hallaba en Tanzania para una cumbre.

Fuerzas militares leales a Nkurunziza rodearon instituciones clave, como el palacio presidencial y la radiotelevisión pública.

La situación era confusa y por el momento resultaba imposible saber quién controlaba el país, después de que Tanzania informara que Nkurunziza había tomado un avión rumbo a Burundi, donde el aeropuerto de la capital estaba cerrado y no llegaban aviones.

El general y exjefe del servicio de inteligencia burundés, Godefroid Nyombare, anunció la destitución del mandatario y agregó que "se disolvió el gobierno", antes de ordenar el cierre del aeropuerto y las fronteras del país. Nyombare había sido destituido a su vez en febrero por el jefe de Estado después de que le desaconsejara presentarse a un tercer mandato, considerado inconstitucional por sus adversarios políticos.

El general afirmó que estaba dispuesto a formar un "comité para la restauración de la armonía nacional", una entidad temporal cuya "misión, entre otras, es la restauración de la unidad nacional... y la reanudación del proceso electoral en un ambiente pacífico y justo". "Se pide a todo el mundo que respete la vida y las propiedades de los otros", declaró Nyombare.

El anuncio de Nyombare llegó horas después de que Nkurunziza viajara a Dar es Salaam (Tanzania) para hablar con líderes regionales y buscar soluciones a la crisis en Burundi. Poco después, la presidencia de Burundi afirmó en Twitter que el intento de golpe de Estado "fracasó". "La situación está bajo control, no hay golpe en Burundi", indicó el mensaje.

Fuerzas militares leales a Nkurunziza parecían seguir controlando instituciones clave, como el palacio presidencial y la radiotelevisión pública, según constataron testigos y un corresponsal de la agencia AFP. Los soldados realizaron disparos al aire para impedir que los manifestantes se dirijan hacia el edificio de la radio y televisión.

Desde hace algunas semanas se registraron grandes protestas en el pequeño país de África Oriental contra la intención del presidente de presentarse a un tercer mandato en las elecciones programadas para el 26 de junio, pese a que la Constitución solo permite dos mandatos. Sin embargo, la Corte Constitucional de Burundi dictaminó que el primer mandato no contaba porque Nkurunziza había sido elegido por el Parlamento y no con los votos de la población.

Los disturbios despiertan temor de nueva violencia étnica en Burundi, donde la guerra civil (1993-2005) que enfrentó a hutus y tutsis dejó más de 300.000 víctimas. De acuerdo con cifras de la ONU, unas 50.000 personas ya huyeron a los países vecinos.

Informe de la Contraloría ratifica la contaminación de Chevron en la Amazonía

Un informe de la Contraloría ecuatoriana revela que en el 80% de lugares analizados dentro un examen ambiental especial, de los campos operados por la compañía petrolera Texaco, posteriormente adquirida por Chevron, en la Amazonía ecuatoriana se evidencia elevadas concentraciones de hidrocarburos.


13 mayo, 2015 Ecuador

El informe realizado desde enero de 2009 hasta 31 de mayo de 2015 concluye, entre otros puntos, que los procesos de reparación ambiental desarrollados bajo responsabilidad de Texpet-Texaco, “no se cumplieron o fueron ejecutados parcialmente ya que aún persisten concentraciones de TPH (Hidrocarburos Totales de Petróleo) y de HAP (Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos) que superan la normativa”.

El examen correspondiente al análisis de los pasivos ambientales de los sectores aledaños a las plataformas de los pozos Aguarico 4, Sacha 99, Sacha 85, Guanta 5, Sacha 53-1, Auca Sur 1, Shushufindi 44 y Lago 31, concluye además, que “la existencia de TPH y HAP en el suelo afectó el entorno natural de los ecosistema amazónicos, alterando la composición química de los cuerpos de agua y afecta a los recursos naturales asociados en su trayecto”.

Rafael Miño, director de Auditoría de Proyectos y Ambiental subrogante, recomendó a los gerentes de Petroecuador, Petroamazonas, Operaciones Río Napo y del proyecto Amazonía Viva que recopilen y actualicen la información de los pasivos ambientales, con el fin de diseñar un plan de rehabilitación integral y que las tareas para lograr ese objetivo deberán coordinarse con el Ministerio del Ambiente.

Entre los objetivos del examen especializado estaban el determinar el estado de los pasivos ambientales en la región amazónica en los campos operados por Texpet-Texaco y verificar mediante muestreos y análisis de laboratorio el cumplimiento de los procesos de remediación y reparación ambiental, además de identificar los impactos de las áreas de influencia.

La compañía Texaco, adquirida posteriormente por Chevron, fue sentenciada por la justicia ecuatoriana a pagar 9.500 millones de dólares por las afectaciones ambientales a la Amazonía, debido a sus operaciones extractivas registradas entre 1964 y 1990, en una de las zonas más megadiversas del mundo. La demanda fue presentada por pobladores amazónicos que acusaban a la empresa de daños ambientales y a la salud.

La petrolera estadounidense, que ya no tiene activos en Ecuador, se niega a acatar la sentencia alegando que cumplió con sus obligaciones y sostiene que ello fue certificado por el Estado cuando dejó el país décadas atrás.

Andes

Informe

http://www.nodal.am/tag/destacado4/

GOLPE SUAVE SIN MUNICION

La Justicia archiva denuncia del fiscal Nisman contra la presidenta

13 mayo, 2015   Argentina

La Cámara de Casación archivó –de hecho– la denuncia formulada por Alberto Nisman en enero. El fiscal imputó a la Presidenta, al canciller, al diputado Andrés Larroque y a otros dirigentes por el delito de encubrimiento del atentado a la AMIA, una acusación de envergadura que fue usada a nivel internacional. El texto del fiscal –con mucho tufillo a la derecha republicana e israelí– fue arrasado en todas las instancias judiciales: el juez federal, la Cámara y Casación. El ex secretario general de Interpol Ronald Noble lo consideró falso. Y también cosechó rechazos en el mundo académico, como el de los juristas Julio Maier, Raúl Zaffaroni, León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra y Luis Moreno Ocampo. Finalmente, la denuncia fue desestimada por el fiscal Javier De Luca por inexistencia de delito y eso motivó que el expediente se envíe al juez de instrucción para su archivo. El desestimiento original provino del juez Daniel Rafecas, quien, en un pormenorizado fallo, analizó todos los elementos de la presentación: detalló que la Comisión de la Verdad nunca se puso en marcha porque ni siquiera el memorándum entró en vigencia; tampoco nunca hubo intercambio de petróleo por granos; no existió ninguna gestión para levantar las capturas con alertas rojos de los sospechosos iraníes y las escuchas no involucraban a nadie con poder decisorio. Rafecas, además, encontró un texto, con fecha de diciembre de 2014 y enero 2015, en el que Nisman afirmaba lo contrario de lo señalado en su denuncia: decía que el Gobierno y la Presidenta habían tenido una gran actuación en la causa AMIA buscando las formas de llevar a los sospechosos a la Justicia.

Tres páginas

La resolución de ayer de la Sala I de la Cámara de Casación es breve: en total, tres páginas. Ana María Figueroa transcribió una parte del desestimiento formulado por el fiscal De Luca quien, como Rafecas, consideró que no existió delito. “En esta causa –había dicho De Luca– por más que se recorran todas las hipótesis de la denuncia, una y otra vez, no se logra encontrar delito alguno a averiguar y demostrar. Lo mismo sucede con el requerimiento de instrucción, de apelación y del recurso de casación. Sostener que la firma de un tratado constituye un plan criminal es un absurdo desde el punto de vista jurídico. Si la firma de este acuerdo internacional pudiera ser entendida como una ayuda material a los prófugos, tentada o ya consumada, igualmente no constituiría delito porque recaería dentro de la competencia constitucional no justiciable de los poderes Ejecutivo y Legislativo.”

“Véase que la conformación de una Comisión de la Verdad –transcribió Figueroa– y la notificación a Interpol están escritas en el mismo acuerdo, totalmente a la vista y fueron ratificados por el Congreso de la Nación. Es decir, nuestros legisladores, en el ejercicio de su potestad constitucional, dispusieron esas cláusulas.”

Finalmente, Figueroa citó otra conclusión de De Luca: “De conformidad con el principio de legalidad, nuestra ley exige que lo que se denuncie e investigue sean hechos que constituyan delitos y no cualquier hecho de la vida”. Con textos más breves, de apenas un par de renglones, también votaron tomar razón del desestimiento los jueces Luis María Cabral y Gustavo Hornos.

Feria

La denuncia provocó un enorme asombro, no sólo por su contenido, sino porque se presentó en plena feria judicial, el 14 de enero. Sin explicaciones, Nisman volvió de un viaje a Europa y llevó a tribunales un texto visiblemente desprolijo, sin respaldo de jurisprudencia y sin presentar pruebas, como, por ejemplo, la transcripción de las escuchas que citó en su denuncia. La jueza María Servini de Cubría rechazó habilitar la feria e hizo saber a Nisman que había presentado el texto sin pruebas.

Un día más tarde, el juez Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la causa AMIA, arremetió con la máxima dureza: “Son textos originados en servicios de Inteligencia y tienen escaso valor judicial. Debo estudiar si el fiscal no incurrió en un delito, porque dice que estuvo dos años investigando esto, sin notificar a ningún juez y desviándose de lo que era su cometido: la pesquisa del atentado”. El magistrado Ariel Lijo decidió volver de sus vacaciones para ver si la denuncia debía ser tratada en forma urgente. Llego a la conclusión de que no había elementos que justificaran el tratamiento en feria y reiteró que Nisman no presentó pruebas.

Interpol

Dado que el centro de la denuncia consistía en señalar que la Presidenta y el canciller habían hecho gestiones para levantar las órdenes de captura con alertas rojos, los golpes demoledores vinieron de la documentación exhibida por la Cancillería y luego por el propio ex secretario general de Interpol Ronald Noble.

El viernes 16, Timerman mostró el intercambio con la sede de Interpol inmediatamente después de la firma del memorándum. La Cancillería envió una notificación de que se firmó el acuerdo con Irán, pero le advirtió a la central de policías que esto no cambiaba el status de las órdenes de captura contra los sospechosos iraníes. Además, muy poco después, exigió una respuesta por escrito de Interpol ratificando la vigencia de los alertas rojos. Noble, desde Dubai, envió un mail a Timerman y luego se prestó a una entrevista con Página/12 en la que sostuvo, taxativamente, que “la denuncia de Nisman es falsa”.

Muerte

Los rechazos a la denuncia dejaron al fiscal prácticamente solo a partir del viernes 16. Hasta la AMIA y la DAIA se movieron con cautela. Con ese cuadro de situación, Nisman debía concurrir el lunes 19 al Congreso a exponer sus pruebas. De entrada pensó que iba a ir únicamente de la mano de la oposición –de ahí las numerosas llamadas con Patricia Bullrich y Laura Alonso–, pero el Frente para la Victoria decidió hacerse presente y exigió que la sesión fuera pública. Como se sabe, Nisman murió en ese fin de semana. No sólo la denuncia había quedado seriamente averiada, sino que afrontó una seria pelea familiar, lo que pudo verse en los durísimos WhatsApp que intercambió con su ex esposa, Sandra Arroyo Salgado.

Jueces

El recorrido judicial terminó hundiendo la denuncia. El fiscal Gerardo Pollicita impulsó el texto, pero con un escrito que exhibía más dudas que certezas. Trascartón vino la desestimación firmada por Rafecas con argumentos lapidarios: no podía constituir delito un memorándum que nunca entró en vigencia, con una Comisión de la Verdad que no se constituyó, levantamiento de capturas que nunca se concretó, intercambios de petróleo por granos que tampoco existieron y una maniobra de quitarles responsabilidad a los iraníes a través de una pista de fachos locales que nunca se formuló.

Aun así, el fiscal de Cámara, Germán Moldes, apeló lo resuelto por Rafecas. Pero los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler también rechazaron la denuncia. “No se puede salir de pesca a buscar si hay un delito o no”, fue el concepto que salió de la Cámara Federal. Esto significa que cuando hay una denuncia se debe definir con precisión cuál es el delito y en este caso no existía ninguno. “No hay atisbo del supuesto delito. El memorándum pudo ser un fracaso, un error o lo que sea, no un delito”, escribieron los camaristas. Freiler agregó un trabajo sobre las escuchas en el que descubrió que se falsearon contenidos, uniendo comunicaciones de días distintos.

Final

Tras el desestimiento del recurso ante la Casación por parte de Javier De Luca, los tres jueces clausuraron ayer virtualmente el expediente. Ahora, la causa vuelve a Rafecas, a quien corresponde archivarla.

Uno de los mayores enigmas es el origen de la denuncia de Nisman. Hoy se conocen con mayor claridad sus vínculos con la derecha republicana de Estados Unidos, la derecha israelí e incluso con los fondos buitre, a través de la autoproclamada Fundación de Defensa de la Democracia. En paralelo, el fiscal operaba con la ex SIDE, encabezada por Jaime Stiuso, que también estaba alineado con Washington y Jerusalén. A la luz de esos vínculos, parece consistente la idea de que Nisman se involucró en la campaña que esos sectores emprendieron contra el inminente acuerdo de Irán con Estados Unidos, Rusia, China, Alemania, Francia y el Reino Unido para limitar los proyectos nucleares de Teherán. Los países más poderosos firmaron su memorándum con Irán y Nisman salió a torpedearlo con el argumento de que Teherán infiltra a América latina, tiene vínculos con algunos gobiernos y, sobre todo, es una fuerza terrorista con la que no se puede acordar. La campaña requería una denuncia rápida y no podía esperar, lo que explicaría por qué el texto fue poco trabajado, sin basamento jurídico y sin presentar evidencias. Todo derivó en el final de la historia de ayer: el archivo de la causa.

Página/12