ANUNCIAN UN PARO NACIONAL TRAS CINCUENTA DIAS DE VIOLENCIA EN EL SUR DE PERU

Las protestas mineras jaquean a Humala

Tras un discurso de Humala, la minera mexicana anunció que suspendía su proyecto por dos meses en un intento por frenar las protestas en la provincia de Islay, que en más de cincuenta días han dejado tres muertos y más de doscientos heridos.

0rganizaciones sociales y civiles de siete regiones del sur de Perú convocaron ayer a un paro de 48 horas, para el 27 y 28 de este mes, en rechazo al proyecto minero Tía María, de la Southern Copper, filial del Grupo México. Los dirigentes se reunieron ayer durante más de cuatro horas para analizar las medidas que iban a tomar después de que la Southern anunciara ayer que iba a hacer una “pausa” de dos meses en la implementación del proyecto para conversar con sus opositores.

Al término de la cita, los representantes conformaron un comité de lucha y convocaron a un “paro macrorregional” en Arequipa, Cuzco, Tacna y Puno, al que se unirán con movilizaciones representantes de Apurímac, Ayacucho y Cajamarca, informó la emisora RPP Noticias. La protesta, señalaron, se realizará también para rechazar la gestión del presidente Ollanta Humala y puede convertirse en una huelga indefinida a partir de junio próximo.

Tras el anuncio de Southern, que intentó frenar las protestas en la provincia de Islay contra el proyecto minero, que en más de 50 días han dejado tres muertos y más de doscientos heridos, esa localidad se mantuvo en calma aunque con las principales vías de comunicación bloqueadas.

Medios locales informaron que en Cocachara, el centro de las protestas contra el proyecto, algunos comercios volvieron a atender al público y no se produjeron choques contra las fuerzas de seguridad. Pobladores de Cocachara consideran que el proyecto minero puede afectar su agricultura y contaminar la ciudad.

El procurador del Ministerio del Interior, Juan Carlos Portocarrero, también informó ayer que la detención del dirigente Pepe Julio Gutiérrez, el principal promotor de las protestas, se ha ampliado a siete días, mientras se lo investiga por la acusación de haber pedido dinero a la minera para levantar la protesta. Las protestas en la provincia de Islay, a las que en la última semana se sumaron manifestaciones en Arequipa y en Lima, han frenado temporalmente el proyecto minero del Grupo México, cuestionado por los defensores de la agricultura en Perú.

Southern contempla la inversión de unos 1400 millones de dólares para la construcción de Tía María, cuya producción estimada es de 120 mil toneladas métricas anuales de cátodos de cobre a partir del inicio de sus operaciones.

Humala descartó ayer que el Ejecutivo vaya a cancelar el proyecto de manera unilateral, porque consideró que su país se arriesga a ser denunciado ante los tribunales internacionales. “Demando a la empresa a cargo del proyecto minero Tía María a que manifieste su voluntad y ejecute acciones concretas para generar las bases del entendimiento requeridas para lograr la paz social y el desarrollo”, dijo Humala en un mensaje televisado. En su mensaje el presidente descartó la suspensión del proyecto. “No se puede suspender lo que no se ha iniciado”, dijo, recordando que Tía María aún no ha empezado a construirse, pero que se espera entre en operación en 2017. “El Estado no puede adoptar una decisión unilateral que no esté regida por el marco de la ley, porque una decisión arbitraria lo expondría a demandas internacionales por incumplimiento”, agregó, para luego dejar el balón en territorio de Southern.

La compañía acusó inmediato recibo del mensaje, y a través de un comunicado, hizo un llamado a la paz y pidió una “pausa” para buscar soluciones al conflicto. “Le solicitamos el tiempo y las facilidades necesarias para poder socializar el proyecto y despejar todas las dudas existentes en los próximos 60 días”, dijo el presidente ejecutivo de Southern Perú, Oscar González Rocha, en el documento. En Perú, segundo mayor productor mundial de cobre, la minería es clave para su crecimiento económico.

En su mensaje del jueves, Humala reiteró que Tía María “cumple con los requisitos exigidos por la ley”, pero estas explicaciones no han sido suficientes para los pobladores, que se oponen al proyecto valuado en 1400 millones de dólares. Humala aseguró que el envío de tropas policiales y militares a la zona en conflicto no es para defender “intereses individuales o de una empresa en particular, sino el estado de derecho, la estabilidad jurídica, el marco legal del país y las condiciones para la buena convivencia”.

Para ayudar en la contención de las protestas, el gobierno envió a Islay el pasado sábado un contingente de las fuerzas armadas, mientras evalúa la posibilidad de decretar el estado de emergencia que permitiría a los militares tomar el control de la zona. “La gente estaba esperando que se suspenda el proyecto (...). No sé qué va a pasar en Arequipa (...). En estas condiciones, que han causado tanto sufrimiento material y físico, este proyecto ya no va, está muerto”, dijo por su parte el dirigente del movimiento ambientalista Tierra y Libertad, a Canal N.

Las protestas contra la industria de extracción de recursos naturales se han intensificado en Perú a un año de las elecciones generales.

Según la Defensoría del Pueblo, hasta marzo se contabilizaron 211 conflictos sociales. De éstos, casi el 67 por ciento son socioambientales.

El llamado al entendimiento por parte del presidente ocurre en momentos en que un importante dirigente vinculado con las violentas protestas contra Tía María fue detenido. Se trata de Pepe Julio Gutiérrez, presidente del Frente de Defensa del Valle del Tambo, acusado de extorsión, resistencia a la autoridad y asociación ilícita para delinquir.

Según la denuncia, Gutiérrez habría pedido dinero para poner fin a las protestas contra el proyecto que iniciaron el 23 de marzo y han dejado a la fecha dos civiles y un policía muerto, decenas de heridos y daños. La denuncia se sustenta en una grabación de una conversación.

El gobierno busca que la detención sea ampliada por el delito de homicidio, debido a la muerte de un policía en las protestas, que fue agredido a golpes con una cadena por manifestantes. Según reportes de prensa regional, Gutiérrez calificó de “injusta” su detención y responsabilizó al presidente Humala del hecho.

El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, así como algunos integrantes del gabinete, acudieron al Congreso el viernes para explicar las acciones del gobierno frente a este conflicto. “Todas aquellas personas que violan la ley, deben estar sujetas a investigación y acusación (...). Hemos escuchado ese audio donde no se defendía a Arequipa, el medio ambiente o la agricultura. Lo que había era corrupción”, dijo Cateriano a la prensa, al llegar al Parlamento.

TRABAJO NO REGISTRADO :Awada y Cheeky en la mira

MIENTRAS EL TRABAJO NO REGISTRADO BAJO EN TODO EL PAIS, EN CAPITAL SE MANTUVO IGUAL Y HASTA CRECIO EN EL SUR

Una ciudad en negro

Un informe de NE muestra que una de las comunas donde se instalaron más textiles sin registrar es en la que ocurrió la muerte de los dos niños. Los legisladores investigan la relación de esos talleres con las marcas Awada y Cheeky, de la familia de la esposa de Macri.

 Por Carlos Rodríguez

Entre 2008 y 2013 “el trabajo no registrado ha tenido una disminución a nivel nacional, mientras que se mantuvo sin variantes en la Ciudad de Buenos Aires, salvo en las comunas del sur, donde en lugar de bajar subió cerca del diez por ciento.” El informe, al que tuvo acceso Página/12, fue realizado por los legisladores del bloque Nuevo Encuentro y señala también que las inspecciones realizadas en la Ciudad sobre normativa laboral, trabajo a domicilio y trabajo infantil, cayeron de 3748 en 2012 a 2700 en 2013, según datos oficiales del gobierno porteño. “Una de las comunas donde más se incrementó la presencia de talleres textiles no registrados es la 7, casualmente la de Flores, donde se produjo la tragedia en la que murieron dos niños”, Orlando y Rodrigo Menchaca, de 5 y 10 años, le dijo a este diario el diputado porteño José Cruz Campagnoli. Los legisladores del bloque ahora investigan una denuncia que involucra –una vez más– con los talleres clandestinos a las firmas Awada y Cheeky, propiedad de la familia de Juliana Awada, esposa del jefe de Gobierno, Mauricio Macri.

“La tragedia de la calle Páez (2796) y el incendio intencional posterior estarían relacionados con alguna documentación que vincula a las marcas Awada y Cheeky –señaló Campagnoli–. Hay que investigar bien a fondo si esos talleres trabajan para estas marcas tan importantes, porque de esa manera, esta tragedia lamentable, que no debe quedar impune, podría producirle un sacudón al gobierno porteño para incrementar las inspecciones y terminar con la explotación de los trabajadores.” Las dos firmas mencionadas fueron denunciadas varias veces ante la Justicia.

–Además de las inspecciones y los allanamientos, los trabajadores de esos talleres están reclamando que se contemple que con cada cierre, ellos quedan en la calle, sin trabajo. ¿Están pensando en la posibilidad de encontrar una solución integral al problema?

–Lo que buscamos es ponerle fin a este sistema actual de indiferencia y desidia del gobierno porteño. Estamos empezando a construir una herramienta para que el Estado se haga cargo de las personas afectadas por la red de explotación laboral. Estamos de acuerdo en que hay que darle una respuesta seria e integral a este tema. Tenemos que evitar muertes como en el caso del taller de la calle Páez, que se podían haber evitado porque hubo allí una inspección en 2009 que no arrojó ningún resultado positivo. Al mismo tiempo, tenemos que instrumentar una respuesta integral.

Campagnoli explicó que se vienen realizando unas 15 inspecciones por semana, pero la mayoría de ellas no arroja ningún resultado porque “los inspectores, la mayoría de las veces, no pueden ingresar a los lugares denunciados, porque les niegan el ingreso o porque directamente no responden al timbre ni cuando golpean las puertas”. Precisó que esta imposibilidad de que ejerzan “su poder de policía es que nunca son acompañados por la fuerza pública de la Ciudad, porque la Policía Metropolitana nunca acompaña a los inspectores”.

El legislador afirmó que lo que se necesita es “un cuerpo de inspectores mucho más numeroso y la intervención de la fuerza pública de la Ciudad, para poder enfrentar a las marcas grandes que siguen explotando los talleres no habilitados donde las personas ganan dos pesos por hora y tienen que trabajar 15 horas por día, confeccionando prendas de vestir que luego se venden a 1500 pesos o más, en los mejores negocios del norte de la ciudad de Buenos Aires”.

El informe de Nuevo Encuentro recordó que la existencia del taller de la calle Páez, al igual que “otros de la misma zona” había sido previamente denunciado por la Fundación La Alameda, en octubre del año pasado. Sin embargo, el gobierno porteño “no realizó ningún tipo de inspección ni intervención” en los seis meses posteriores “para frenar los atropellos a los que eran sometidos los trabajadores que se desempeñaban allí”. Se puntualizó que la “inacción del Ejecutivo porteño” que llevó a la tragedia “no es una excepción” de lo que viene sucediendo “en la Ciudad más rica del país, administrada por uno de los estados subnacionales con mayor presupuesto”.

En la Capital Federal “el trabajo ilegal se ha mantenido prácticamente estable durante los últimos años e incluso ha crecido en las comunas del sur”, a diferencia de “lo que ocurre a nivel nacional, en donde el trabajo no registrado disminuyó entre 2008 y 2013 de 37 por ciento a 33,7 por ciento”. En la Ciudad de Buenos Aires se mantuvo con valores que “siempre oscilaron en el orden del 27 por ciento”. En ese marco, la diferencia más notoria es la que se observa entre las comunas del norte y del sur.

Los “niveles de desigualdad” se manifiestan de esta forma: “Mientras en las del norte la tasa promedio es de 22,8 por ciento, la del sur fue superior en casi 10 puntos porcentuales porque llegó al 32,2 por ciento” en 2013, superando al 31,6 que se había registrado en 2008, y alcanzando incluso picos del 34 por ciento de trabajo no registrado en 2009 y de 33,3 en el año 2010.

En esa situación, se subrayó que “la comuna en la que la tasa de trabajo no registrado alcanzó el mayor crecimiento entre 2008 y 2013 fue, justamente, la 7, donde está el taller clandestino donde fallecieron los dos chicos”, el 27 de abril pasado. “En efecto, en ella aumentó 4,6 puntos porcentuales (de 28,7 por ciento en 2008 a 33,3 por ciento en 2013”.

En el informe sostiene que frente a esta situación, el Gobierno porteño “contrariamente a lo que debería, ha debilitado notablemente las funciones de inspección laboral” que “son aquellas que podrían haber detectado estas irregularidades (...) evitado la tragedia” del taller de la calle Páez.

De acuerdo con información difundida por el Ejecutivo porteño a través de la Dirección General de Protección del Trabajo “se observa que, mientras el trabajo no registrado en el conjunto de la ciudad de Buenos Aires se mantuvo prácticamente estable entre 2012 y 2013, las tareas de inspección laboral (...) en lugar de intensificarse, se atenuaron.

Un primer indicador es “la cantidad de actas labradas en inspecciones, que disminuyó marcadamente tanto en lo que respecta a normativa laboral y a trabajo a domicilio, como a trabajo infantil”. La reducción más pronunciada fue “justamente la relacionada a trabajo infantil, que cayó un 57”, pasando de 92 inspecciones en 2012 a 40 en 2913.

Por otra parte, se observó una caía entre las metas que se habían fijado y las inspecciones que finalmente se hicieron. En materia de normativa laboral, las metas previstas se cumplieron en un 98 por ciento en 2012 (12.312 realizadas sobre un total de 12.500 proyectadas), mientras que en 2013 sólo se llegó al 84 por ciento de las expectativas (fueron 10.622 sobre un total proyectado de 12600). Las caídas en 2013 fueron también evidentes en materia de trabajo a domicilio (se cumplió sólo el 68 por ciento, 5253 inspecciones sobre 7700 previstas) y en trabajo infantil (se llegó al 51 por ciento, con 557 inspecciones sobre un total de 1100 que se habían puesto como meta).

El informe concluye diciendo que “en definitiva, la muerte de los dos chicos en Flores pone al descubierto no sólo la existencia de una red de talleres clandestinos que funcionan en la Ciudad de Buenos Aires y someten a sus trabajadores a condiciones rayanas a la esclavitud, sino también la absoluta inacción e incluso complicidad del Gobierno de la Ciudad, que durante estos años debilitó profundamente las funciones de inspección laboral” que son de su competencia.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-272853-2015-05-17.html

EL LABERINTO DE LORENZETTI, LA OPOSICION Y EL GOBIERNO

ARGENTINA

Gas pimienta

La situación de la Corte Suprema de Justicia está llegando a niveles de bochorno con pocos precedentes en períodos democráticos, por responsabilidad compartida de sus autoridades y de las principales fuerzas políticas, en las que reside la posibilidad y la obligación de rescatar de su marasmo a uno de los poderes del Estado.

 Por Horacio Verbitsky

Antes que en las anécdotas sombrías sobre su valetudinario decano, es aconsejable detenerse en los principales elementos de la crisis de la Corte Suprema de Justicia. Con pocos meses de distancia se produjo la baja de sus mejores jueces (Carmen Argibay murió el 10 de mayo, Enrique Petracchi el 12 de octubre y Raúl Zaffaroni renunció el 31 de diciembre), lo que acentuó el mesianismo de su presidente. Halagado por las cámaras patronales empresarias siempre solícitas con la corporación judicial, Ricardo Lorenzetti intenta erigirse en contracara de la presidente CFK, lo cual termina por alinearlo con sus más poderosos adversarios, enardecidos al iniciarse un proceso electoral que no está resultando como esperaban. No era ése su perfil cuando fue designado para el cargo y no es seguro que se sienta cómodo en ese peligroso sendero, del que tampoco puede retroceder.

Opinión innecesaria

En octubre de 2013, con una injustificada demora de cuatro años, la Corte convalidó la constitucionalidad de la ley audiovisual. La presión social y la paupérrima representación del Grupo Clarín en las audiencias públicas tornaron inviable otra solución. Sin embargo, Lorenzetti introdujo en el voto mayoritario un insidioso obiter dictum. Según el Black`s Law Dictionary, que se edita en Estados Unidos desde 1891, esa expresión latina describe “una opinión completamente innecesaria para la decisión del caso”, introducida por un tribunal “de paso y no sobre el asunto puesto a su consideración”. Lorenzetti escribió en su voto que ese superfluo estatuto del deber ser regulatorio sobre publicidad oficial, subsidios, medios públicos, carácter del órgano de aplicación, pluralismo y acceso a la información, podría hacerse valer en la etapa de aplicación de la ley. Así fue: en el último semestre dos jueces volvieron a paralizar la plena vigencia de la ley para el actor más poderoso del panorama mediático, que además está en plena operación para organizar un frente electoral más prometedor que las dispersas opciones de 2011. La confrontación se agudizó el año pasado, cuando el Congreso sancionó un paquete de leyes de “democratización de la Justicia”. La Corte Suprema declaró inconstitucional la que modificaba la composición del Consejo de la Magistratura y suspendió varias otras por liso y llano decreto administrativo, sin un caso en el que alguien las impugnara. Esta tropelía no mereció ni una observación por parte de los más entusiastas paladines republicanos de la calidad institucional, porque el objetivo único es doblarle la mano al gobierno nacional. El 3 de marzo, al inaugurar el año judicial, la acostumbrada homilía de Lorenzetti fue precedida por un video sobre las tragedias argentinas y la impunidad que se cerró con una imagen del fiscal Natalio Alberto Nisman, a dos semanas de la marcha de los paraguas con la que se intentó escorar al gobierno. El nerviosismo creciente obedece al fracaso de esos intentos y la ratificación del liderazgo de Cristina, como volvió a demostrar el baño de humildad al que se prestaron todos los destinatarios de su mensaje.

La tri-tetra elección

Ese es el contexto de la apresurada rrrreelección de Lorenzetti, cuando aún le quedaba un tercio de su actual mandato. La Acordada 11, del 21 de abril, dice que sus miembros la firmaron reunidos en el salón de acuerdos de la Corte. Cuando en esta página se informó que Fayt no estuvo allí y la firmó en su casa, donde sólo reconoció a uno de los secretarios que se la llevaron, la Corte respondió que era un error formal. Sin embargo, la Acordada también dice que Fayt propuso como vicepresidente a Elena Highton, lo cual ya es una cuestión de fondo. La asesora de imagen de Lorenzetti comunicó a sus medios amigos la renuncia del presidente de la Corte a su cuarto mandato, por cansancio moral. Lorenzetti me escribió que la renuncia era inmediata y que sería sucedido hasta fin de año por Highton y Juan Carlos Maqueda. Joaquín Morales Solá narró que “esa debilidad anímica duró pocas horas” hasta que Maqueda le hizo comprender “que no podía rendirse ante algunos voceros oficiales”. Si la elección anticipada, aduciendo la presencia de un juez ausente se apartaba de los usos y costumbres de la Corte, el comunicado sin firma que el martes 5 “ratifica total y absolutamente las autoridades designadas mediante acordada 11 del 21 de abril de 2015” llega al pasmo. Y ni siquiera ese paso de varieté fue suficiente, porque el miércoles 13 una nueva acordada, con la firma de los cuatro ministros, ratificó de oficio el acto administrativo anterior. Incluyó una alambicada explicación sobre la génesis del acta rrrreelecionaria: el acuerdo ordinario se realizó el 14 de abril, con la presencia de Fayt, pero recién se firmó el 21 y es irrelevante que esto suceda dentro o fuera del Salón de Acuerdos. Así se intentó salvar la ostensible falsedad ideológica del primer texto. La enmienda no sólo fue firmada por los cuatro jueces sino también por los dos secretarios que intervinieron (Cristian Abritta, que recogió el autógrafo de Fayt, y Alfredo Kraut, que protocolizó lo decidido la primera vez), de modo que todos quedaran a cubierto.

La tridocumentación de la tetrareelección contiene dos menciones extraordinarias:

1. Al justificar la premura en elegir a un presidente que recién al año siguiente entraría en funciones, la Acordada 15 menciona la seguridad jurídica en la relación institucional con los otros poderes del Estado y “la ingente actuación” de la Corte en defensa de “la necesaria independencia del Poder Judicial que exige el sistema republicano de gobierno”. Es decir, ponerle límites al gobierno nacional, como predicó Lorenzetti en su última incursión por Córdoba para explicar su Código. Lo mismo dijeron el viernes 8 la Asociación Empresaria que orientan el Grupo Clarín y la transnacional italiana Techint, la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independiente que también conduce el Grupo Clarín, la Sociedad Rural, el pequeño pero influyente Colegio Público de la City de Buenos Aires que integran los lawyers de las grandes empresas locales y extranjeras, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas que depende del Episcopado Católico, la usina ideológica del sector IDEA, la Fundación Mediterránea y otras entidades afines: “un Poder Judicial independiente es un pilar fundamental del Régimen Republicano y cumple un rol central como garante de los derechos establecidos por nuestra Constitución”. En ese párrafo se advierte la pluma de Lorenzetti: es casi idéntico a uno del fallo “Aparicio” sobre los conjueces. Desde el púlpito, Lorenzetti destaca siempre el rol del tribunal en defensa de los derechos humanos y de los más vulnerables frente al poder; en la realidad política el poder contramayoritario que encabeza garantiza el derecho de propiedad tal como lo conciben los firmantes de la declaración: sin intromisiones regulatorias por parte de los poderes de elección popular.

2. Entre los fallos que la Corte menciona como antecedentes sobre cómo realizar los Acuerdos está el 233:172 (es decir el fallo publicado en la página 172 del tomo 233). Tanto fue el apuro, que citaron un fallo inexistente. En realidad está en la página 17 de ese tomo y es casi una confesión. Fue dictado el 19 de octubre de 1955 por los delegados en la Corte Suprema del general y el almirante golpistas Eduardo Lonardi e Isaac Rojas, y anula un fallo de la verdadera Corte Suprema, removida por decreto con la excusa de que había elogiado a Eva Perón al morir. Los secretarios de un juzgado civil de Córdoba Carlos Otero Torres y Marcelo Barrera habían sido removidos de sus cargos en marzo por lucir distintivos de la Acción Católica y de la Hermandad del Santo Viático y quebrado así la “solidaridad total” con Perón y la causa del justicialismo. Los justices de la Revolución Fusiladora revocaron la resolución con un argumento de fondo (la ley no veda el uso de esas insignias) y uno de forma (al Acuerdo en el que se confirmó la sanción no fue citado el ministro Tomás Casares, tan católico que sus nueve hijos, tanto varones como mujeres, se llamaban María). No por críptico el mensaje es menos significativo: Lorenzetti y Fayt (quien ya entonces combatía contra el tirano depuesto con los cursos de educación cívica que le enrostró Jauretche) se ofrecen como muralla contra el embate de los bárbaros que sitian la ciudadela democrática.

Memorias del Grupo Ahhhh...

Dicho esto, sería injusto atribuir todo el problema a Lorenzetti. La oposición política tiene su parte, al reiterar la misma política que siguió en 2010 y 2011 cuando tuvo mayoría en la Cámara de Diputados y constituyó el Grupo Ahhhhhh... para torpedear todos los proyectos oficiales. Pero luego de repartirse los cargos en las comisiones sólo consiguieron imponerle al Poder Ejecutivo la ley del 82 por ciento jubilatorio, para hacerle pagar a Cristina un terrible costo político. Pero el veto presidencial no originó una sola protesta de los jubilados, conscientes de que éste es el único gobierno en más de medio siglo que se preocupó por ellos. Hoy el Grupo Ahhhh... no tiene mayoría, pero pasa del tercio en el Senado, lo cual le permite impedir la designación de cualquier nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia. Cuando comenzó a analizarse la posibilidad de un aumento en el número de miembros del tribunal, Lorenzetti ofreció la renuncia de Fayt, para que el gobierno pudiera acordar con la oposición. Pero no cumplió. Temeroso de que se realizara la ampliación y se cubrieran las vacantes con miembros de la lista de conjueces, la declaró nula, en el fallo “Aparicio”, que no figurará entre los mejor fundados y coherentes: los jueces de la Corte se habían excusado porque la causa versaba sobre salarios judiciales. Pero el mismo 21 de abril de la rrrreelección se retractaron y la resolvieron. La Corte fundamentó que su conjueces deben tener el mismo acuerdo por dos tercios que la Constitución fija para los ministros del tribunal, pero luego pisoteó sus mismos argumentos al convalidar que esa función la cumplieran los presidentes de cámaras federales de apelación, que sólo reciben acuerdo por mayoría simple. La Corte insinúa que es un asunto constitucional y por eso divaga sobre la forma de gobierno, pero la existencia de conjueces o suplentes no figura en la Constitución, lo cual anula el razonamiento. Y en la Argentina, durante 125 años, entre 1862 y 1987 los conjueces fueron designados por la propia Corte, sin intervención del Senado. ¿Esto afectó principio republicano de la división de poderes?

De frente a la pared

Cualquiera sea el resultado de las elecciones de este año, ninguna fuerza obtendrá los 2/3 del Senado. Ante este bloqueo recíproco no hay otra salida que la negociación política, tal como lo quiso la Constitución de 1994 al crear esa mayoría especial. El oficialismo prefirió otro camino. Desplazó de la Comisión de juicio político de la Cámara de Diputados a la irreprochable Adela Segarra (quien rescató y preservó durante tres décadas la libreta roja donde su compañero detenido-desaparecido Joaquín Areta escribió el poema “Quisiera que me recuerden”, que Néstor Kirchner leyó en forma conmovedora en la Feria del Libro de 2005) y la reemplazó por la mendocina Anabel Fernández Sagasti, cuyo compañero Lucas Ilardo Suriani es el responsable de La Cámpora en esa provincia. Luego de estudiar el reglamento interno de la Comisión de juicio político, entendió que su artículo 9 autorizaba a la presidencia a analizar si se dan las condiciones subjetivas y objetivas para abrir una investigación, si existen indicios o semiplena prueba, y el 12 regula la apertura del proceso informativo y las medidas probatorias que se pueden llevar a cabo. Recién culminada esa investigación puede decidirse si procede o no el enjuiciamiento. Pero ese análisis omite que el artículo 7 del mismo reglamento niega a la comisión la iniciativa para promover el juicio político y el 8 define los requisitos que debe tener la denuncia para que pueda formalizarse el expediente. En este caso no hay denuncia sino un pedido de evaluación presentado por el ex senador Aníbal Fernández. El reglamento del Senado es modificable y alguien podría presentar una denuncia contra Fayt, dado que su deterioro cognitivo es manifiesto, como cuentan los funcionarios de la Corte que deben tratar con él, a quienes sólo a veces reconoce, y que deben repetirle una y otra vez cada cosa, porque las que entiende se las olvida. Aún así, para investigar una causa es preciso un auto formal de apertura del proceso de juicio político. Además, es discutible que un reglamento pueda anteponerse a la Constitución, cuyo artículo 53 estatuye los dos tercios para “la formación de la causa”. Una discusión acerca de si esto comprende o no el proceso informativo previo carece de sentido. En el actual contexto, lloverían las medidas cautelares inhibiendo el avance de la Comisión. Por eso cuando me preguntaron por la convocatoria de la Comisión respondí que sólo sabía de esa posibilidad por los diarios y que recién si me citaran evaluaría qué hacer, porque me parece un procedimiento irregular que colisiona con la Constitución. Lamento que la oposición obstruccionista e irresponsable coincida en este punto, pero un mínimo de previsión política hubiera podido preverlo. Anabel Fernández Sagasti respondió que podrían llevarme con la fuerza pública, excelente demostración de que la lengua es más veloz que la mente.

¿Esto quiere decir, como afirmaron algunos análisis, que estoy enfrentado con La Cámpora? Para nada. Me parece una de las mejores cosas que han ocurrido en la política argentina y tengo respeto y afecto por los camporitas que conozco, tanto dirigentes como militantes de base. Pero por este camino sólo llegan a una pared y no tengo ninguna obediencia que me impida decirlo.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-272894-2015-05-17.html

La herencia envenenada de Pinochet

La reforma constitucional que arranca en septiembre puede reabrir y aumentar las tradicionales diferencias entre los aliados en el actual Gobierno de Chile: democristianos, socialistas, radicales y comunistas.

 5/14/15 

FRANCISCO HERRANZ / SPUTNIK 

Evo Morales tiene razón. El líder boliviano dijo hace unos días que Chile sigue teniendo una Constitución que heredó de la dictadura de Augusto Pinochet. Y esa circunstancia atípica y sorprendente es un argumento demoledor para quienes no ven el país como un ejemplo de democracia y de defensa de los derechos humanos en Latinoamérica.

Pero eso puede cambiar. Debilitada por una crisis de liderazgo que ha minado su popularidad, la presidenta chilena ha emprendido una huida hacia adelante y ha anunciado que dentro de cuatro meses arrancará un proceso para transformar por completo el actual texto constitucional.

“La tarea que hoy emprendemos se completará de manera natural con la redacción y aprobación de una nueva Constitución. Por eso quiero anunciar que en septiembre daremos inicio al proceso constituyente abierto a la ciudadanía, que deberá desembocar en la nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos nos merecemos”, dijo Bachelet en una comparecencia que pilló a más de uno con el paso cambiado. Queriéndolo o no, la jefe del Estado ha abierto una especie de Caja de Pandora: ¿recuerdan?, aquella tinaja que según la mitología griega esparció por el mundo todos los males.

La Carta Magna chilena, elaborada en 1980, no tenía ninguna legitimidad democrática cuando fue adoptada, aunque desde 1989 se han venido acometiendo una serie de reformas que taparon los principales agujeros autoritarios. Se afirmó el pluralismo político, se fortalecieron los derechos y libertades fundamentales y se supeditó el poder militar al civil. Eso ha permitido que Chile sea un referente de transición política a nivel continental y que haya experimentado una alternancia efectiva del poder pues entre 2010 y 2014 ha gobernado tanto la izquierda (Michelle Bachelet) como la derecha (Sebastián Piñera), lo que ha favorecido el auge económico. Pero la esencia de la Constitución sigue siendo pinochetista y eso se presenta como algo inaceptable para muchos chilenos que no sólo quieren pasar página sino también alcanzar mayores cotas de democracia y solidaridad. De ahí que el proyecto de reescribir la Ley de Leyes haya sido una demanda histórica de la Concertación (centro-izquierda) y del bloque político que ha heredado sus posiciones, la Nueva Mayoría. Esa exigencia fue recogida por Bachelet en el programa electoral que le llevó a la victoria en las presidenciales de 2013.

La elaboración de un nuevo texto constitucional puede reabrir y aumentar las tradicionales diferencias entre los aliados en el actual Gobierno: democristianos, socialistas, radicales y comunistas. Además, la oposición de derechas —golpeada por los últimos escándalos de corrupción- está dividida en lo que respecta a este debate. Actualmente, la Unión Demócrata Independiente (UDI) rechaza que se cambie la Carta Magna mientras que Renovación Nacional (RN) se muestra más proclive a esa posibilidad.

Lo importante es que las encuestas de opinión sostienen que dos de cada chilenos no quieren la actual Constitución e incluso apoyarían que se redactara una nueva mediante la formación de una Asamblea Constituyente. Lo lógico sería que se organizara un referéndum nacional para saber si los ciudadanos aceptan o no lanzarse a un proceso constituyente que tomará meses de deliberaciones y que podría ser motivo de incertidumbre e incluso frenar el ansiado crecimiento económico. La patronal no parece muy interesada en mover este asunto, reticente a que se reduzca el ritmo de inversiones.

¿Es el mejor momento para acometer cambios tan profundos? ¿No habría que esperar a una ocasión menos tensa y evitar hacerlo en medio de una crisis política? ¿Es necesaria una reforma constitucional completa? El paso puede ser arriesgado, inoportuno y hasta populista, pero es el correcto y el necesario al fin y al cabo. No sólo porque cuenta con el apoyo mayoritario de la ciudadanía sino también porque tiene como fin reforzar la cohesión del país de cara al futuro y analizar con espíritu crítico 30 años de sistema de gobierno de cara al pasado. Como apunta un analista del periódico local La Tercera, el presidencialismo en Chile puede estar “perdiendo aceite”, lo que significaría abrir el melón de adoptar un modelo más parlamentarista. La tarea exige mucha valentía y determinación.

Lo cierto, además, es que los últimos escándalos de corrupción y de financiación ilegal de los partidos políticos chilenos han sido un revulsivo social y se han transformado en el catalizador de una vieja promesa que aguardaba en un cajón.

Bachelet es una política muy inteligente y ha sabido trasladar el debate de la crisis —que incluye hasta un cambio de ministros- a un plano distinto y superior, que se supone será más favorable para ella y su coalición. Falta les hace. Y el anuncio de un “proceso constituyente” no implica necesariamente una Asamblea Constituyente, hecho que plantearía más dificultades formales, pues habría que definir con qué criterios se elegiría a los legisladores o si optaría por formarla con los actuales diputados y senadores.

Cambiar de Carta Magna no es cosa fácil. Hay que buscar el máximo de consenso político y social porque, en caso contrario, las transformaciones sólo serán cosméticas y efímeras.

El primer paso de esta democratización ha sido la reciente reforma de la ley electoral, otra herencia envenenada de la época de Pinochet. Era el sistema binominal, según el cual cada circunscripción parlamentaria tenía dos escaños; el candidato ganador se quedaba con uno y en la mayoría de los casos el segundo mejor clasificado obtenía el segundo. Esta fórmula ha estado primando a las dos grandes coaliciones ideológicas, pero ha penalizado a las pequeñas formaciones políticas, impidiendo que entraran en el Congreso Nacional.

La nueva legislación acaba con este “cerrojo” —así lo define la propia Bachelet- al reducir el número de circunscripciones en la Cámara de Diputados de 60 a 28. Cada una de ellas tendrá entre tres y ocho candidatos, dependiendo de la población, que se elegirán de acuerdo a un criterio proporcional. En algunas circunscripciones, los pequeños partidos se asegurarán un escaño con sólo el 13% de los votos. El sistema también afecta a la Cámara Alta, pues algunas circunscripciones tendrán cinco senadores en vez de dos. La reforma implica finalmente una medida más impopular: aumentar el número de escaños de la Cámara de Diputados de 120 a 155, y el de senadores de 38 a 50.

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EEUU abatió a otro líder del Estado Islámico en Siria

La Casa Blanca informó que fuerzas especiales de Estados Unidos mataron en Siria a Abu Sayyaf, uno de los líderes del grupo yihadista Estado Islámico (EI) y capturaron a su esposa, según afirmó el secretario de Defensa del país norteamericano, Ash Carter.

Dirigía el comercio ilegal de petróleo y gas del grupo yihadista.

Sayyaf estaba implicado en las operaciones militares del EI y, además, dirigía el comercio ilegal de petróleo y gas, así como las operaciones financieras del grupo yihadista, según precisó Carter, citado por la agencia EFE.

"Bajo la dirección del presidente Barack Obama las fuerzas estadounidenses basadas en Irak llevaron a cabo una operación en al-Amr, en el este de Siria para capturar a uno de los líderes del EI y su mujer, Umm Sayyaf", explicó, por su parte, la portavoz del Consejo de seguridad nacional (NSC), Bernadette Meehan, a la cadena CNN.

La mujer del yihadista muerto se encuentra detenida en una prisión estadounidense en Irak, "puesto que sospechamos que sea cómplice de su marido y tenga un rol importante dentro del EI", precisó la vocera.

"Durante la operación Abou Sayyaf fue muerto tras un tiroteo con las fuerzas estadounidenses. La operación permitió liberar a una joven mujer yazidí, que parecería haber sido utilizada como esclava de la pareja", agregó la portavoz.

Según la CNN, una docena de combatientes del EI habrían muerto durante el asalto de las fuerzas especiales de Estados Unidos.

Por otra parte, en el norte del país al menos 19 integrantes del EI perecieron hoy por bombardeos contra sus posiciones en el campo petrolero de Al Omr, en la periferia de la provincia de Deir al Zur, uno de los bastiones de esta organización extremista.

Se desconoce si estos ataques aéreos fueron llevados a cabo por la coalición internacional, liderada por Estados Unidos, o por el régimen sirio, da cuenta la agencia EFE.

Asimismo, otras 42 personas, entre ellas 11 menores, murieron hoy en la provincia de Idleb, en el noroeste de Siria, por bombardeos de la aviación siria, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH).

La ONG no descartó que la cifra de muertos en ambos ataques pueda aumentar debido a la gravedad de algunos de los heridos.

Informe demoledor: explota la burbuja del fracking

Demoledor informe de la prestigiosa Academia Nacional de Ciencias de USA confirma contaminación por tóxicos en agua potable de viviendas próximas a explotación de Shale Gas. 

Publicado el 5/13/15 

 

Como el Cambio Climático, ha dejado de ser hipótesis, la técnica de fractura hidráulica -fracking- es una técnica nociva para el ecosistema y de toda la vida de la que es sustento.La prestigiosa National Academy of Sciencesha publicado informe- Proceedings of the National Academy of Sciences- demostrando de forma incuestionable la relación directa entre la práctica del fracking y la contaminación de los acuíferos poco profundos de agua potable de viviendas en el estado de Pennsylvania.

En el estudio científico queda acreditada sin lugar a dudas la presencia de agentes químicos en las muestras de agua potable tomadas en varias viviendas y fuentes de agua potable próximas a pozos de gas Marcellus Shale en explotación.Aunque la contaminación de las aguas subterráneas por gas natural  y derrames de fluidos de perforación se sabe que ocurre, nunca antes había sido plenamente documentada la contaminación de los acuíferos poco profundos de agua potable.

Al respecto, se investigó sobre el caso en los pozos de gas en Marcellus Shale de Pennsylvania, que causaron inundación de gas natural y de espuma en el agua subterránea potable básicamente utilizada por varios hogares.

En las muestras de agua potable tomadas se han encontrado restos de una sustancia química que normalmente se encuentra en líquidos usados durante ‘fracking’ en el yacimiento de esquisto de Marcellus, que también se extiende por el sur del vecino y densamente poblado Estado de Nueva York.

Mediante análisis cromatológico de gases, ha sido detectada mezcla compleja de compuestos orgánicos en el acuífero, así como la presencia de un compuesto positivamente identificado como 2-n-butoxietanol  (sustancia disruptora endocrina, y neurotóxica ) en el agua de una fuente potable próxima a la plataforma de explotación de gas en Marcellus Shale.

INVERSIÓN RUINOSA

Los mercados no han sido ajenos al significado de la sentencia por parte de la comunidad científica, y así David Einhorn, director y fundador de la firma de inversión Greenlight Capital, aseguró durante una conferencia en Nueva York que las empresas de fracking no valen nada.

Según este inversor  “Las compañías de fracking contaminan la rentabilidad de la inversión, es un negocio que quema dinero y no crece, no valen nada”, indicando lo inexplicable que resulta que Pioneer Natural Resources(empresa de fracking) puede tener una capitalización bursátil de 27.000 millones de dólares.

Tras las declaraciones del director de Greenlight Capital, Pioneer llegó a desplomarse en bolsa más de un 5%, su mayor caída intradía desde febrero, según publica el diario financiero The Wall Street Journal.

Einhorn aconsejó a los inversores que si están interesados en el petróleo inviertan en la propia materia prima. Hacerlo en las empresas de fracking puede ser una decisión fatal, pues se encuentra “Dramáticamente Sobrevaluado” , indicando que ni aunque el barril de crudo esté a 100 dólares estas empresas lograrán unos ingresos fuertes respecto a su endeudamiento.

El influyente inversor también señaló a Concho Resources como ejemplo de empresa dedicada a la fracturación hidráulica que invierte mucho y genera pocos beneficios. De la misma forma que Pioneer, las acciones de esta compañía comenzaron a caer tras sus palabras.

suelosolar.com

Panamá: cómo el tratado de libre comercio con EEUU arruinó el agro

Los banqueros están preocupados por la ofensiva norteamericana que mantiene a ese sector en la lista gris del mundo financiero. Más que un problema económico, es un mecanismo de presión política de Washington contra los centros de lavados que compiten con sus propias redes en varios estados. Al mismo tiempo, sin embargo, en el radar del gobierno panameño no aparece lo que el Senado de EEUU estaba a punto de aprobar[1] en materia de intercambio comercial que mueve todo el piso del tratado de promoción comercial firmado hace pocos años. Se trata de la Autoridad de Promoción Comercial (Trade Promotion Authority – TPC) que contiene líneas de acción que van mucho más allá de los intereses comerciales.

5/15/15 

MARIO A. GANDASEGUI / ALAINET – 

Panamá firmó con EEUU un ‘Tratado de Promoción Comercial’ que en pocos años ha arruinado el agro, la industria, la pesca y ha abierto la economía a la especulación con las exportaciones norteamericanas. EEUU se siente satisfecho con su éxito en Panamá. En cambio, los productores, consumidores y, en general, todos los panameños se sienten engañados por los gobiernos de turno por la entrega del futuro del país a los piratas internacionales.

El gobierno del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, se destacó creando negocios turbios aprovechando las políticas de comercio acordadas con EEUU. El actual presidente Juan C. Varela ha actuado subiendo los aranceles a los productos agrícolas del cero por ciento al 10 por ciento. EEUU, en cambio, no le pone aranceles a los productos que importan considerados estratégicos (alimentos, textiles y otros). Simplemente, prohíbe su importación.

La nueva legislación norteamericana también señala que todo acuerdo con otro país puede ser ignorado por EEUU si así lo decide el gobierno de Washington. En cambio, EEUU no le permite a su ‘socio’ modificar ni presentar una solicitud de cambio de lo pactado. Panamá está actualmente obligada a disminuir los aranceles a los productos alimenticios del país poco a poco en los próximos diez años. Al mismo tiempo, presenciamos la agonía y muerte del sector agrícola del país.

Las actividades agropecuarias de Panamá constituyen un baluarte de la economía nacional y de la estabilidad política del país. A menor producción en las áreas rurales, mayor inestabilidad (crimen organizado, corrupción y pandillas) en las ciudades. Igualmente, el cierre de industrias golpean a las familias panameñas que se desintegran creando un vacío en los sistemas educativos y comunitarios.

Según Humberto Mazzei, la nueva legislación norteamericana instruye al ejecutivo (presidente de EEUU) a extender los acuerdos comerciales para que engloben sectores no comerciales. El Congreso de EEUU introdujo un nuevo concepto al hablar de ‘cadenas globales de valor’. Es un concepto que da “mucho mayor valor a la propiedad intelectual y a la inversión de capital en el valor final de un producto, que al trabajo, los materiales y cualquier otro insumo local de la producción”. Katú Arkonada plantea que “a pesar de que desde 2007 China es la principal productora de software y hardware, el 84 por ciento de las ganancias en este rubro siguen estando en manos de capitalistas de EEUU”.

Según el nuevo ordenamiento del Congreso de EEUU, el presidente de EEUU debe intervenir en otros países para asegurar que pongan en práctica políticas que beneficien a ese país. Panamá no tiene una política que defienda sus intereses en el mundo político y menos económico. Sólo sigue la línea del más poderoso. En la década de 1970, cuando el gobierno panameño negociaba con EEUU los Tratados del Canal, el país tuvo una política exterior coherente. Teníamos presencia en el Consejo de Seguridad de la ONU y su representante llegó a ocupar la Presidencia de la Asamblea General.

Según Mazzei, en medidas sanitarias y fitosanitarias (EEUU quiere) imponer sus propios patrones y reemplazar las normas internacionales. En el caso de Panamá ya logró imponer sus propias normas como patrón y que se acepten productos, entre otros, con organismos genéticamente modificados de EEUU.

Otro objetivo es reducir o eliminar subsidios de otros países, aunque los de EEUU son los más altos del mundo. Según Mazzei, este objetivo está “impregnado de cinismo”. En 2012, EEUU subsidió con US$139,5 mil millones a sus exportaciones agrícolas. En la OMC, EEUU denuncia a la India, que en 2010 gastó US$58 mil millones en ayuda a sus campesinos. Cada agricultor norteamericano recibe US$58 mil en subsidios. En cambio, cada agricultor de la India recibe sólo US$ 98.

Nota:

[1] Los demócratas del senado de EEUU impiden el debate sobre el acuerdo comercial secreto.

En una sorprendente derrota para el presidente Obama, los senadores de su propio partido impidieron (el 12 de mayo) que se realizara el debate sobre un proyecto de ley que habría dado al presidente una vía rápida para negociar el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP). La votación significó el triunfo del líder demócrata del senado Harry Reid, Elizabeth Warren y otros críticos del TPP, un pacto comercial de doce países que incluiría el 40 por ciento de la economía global y está siendo negociado en secreto entre Estados Unidos y otros once países del Pacífico. Los detractores afirman que el acuerdo perjudicaría a los trabajadores, debilitaría las regulaciones y aumentaría el poder de las grandes empresas. La vía rápida le concedería al presidente la autoridad para negociar el TPP y después presentarlo ante el Congreso para que este se expida por sí o por no, sin posibilidades de enmiendas. (Tomado de Democracy Now! 13 de mayo de de 2015)

Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA). www.marcoagandasegui14.blogspot.com, www.salacela.net

Abandonados en alta mar

Entre 6.000 y 10.000 inmigrantes y refugiados rohingya y bangladeshíes, a la deriva en el sureste asiático tras la campaña contra el tráfico humano lanzada por las autoridades tailandesas.


 may 15 2015 - 8:00am Por Nerea Castro

Indonesia, Tailandia y Malasia han decidido expulsar a los barcos de sus costas, abandonando a su suerte barcos cargados de personas sin agua ni alimentos.

Muchos traficantes están abandonando sus barcos, con sus ocupantes a bordo, para evitar ser detenidos.

Mónica G. Prieto · (Tailandia)⎮PerdiodismoHumano⎮15/05/2015




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En las imágenes se ven familias enteras a bordo de barcazas de madera, anegadas por el oleaje y la lluvia. Padres llorosos e impotentes con niños aterrados y demacrados que parecen amontonados, sin apenas espacio para moverse, que viajan hacinados en endebles embarcaciones donde se agotan las reservas de alimentos y agua potable, soportando las altas temperaturas sin destino fijo. Partieron hace dos meses con destino a Malasia pero hace varios días la tripulación abandonó el barco a nado, para evitar ser detenidos. De las costas malasias fueron rechazados, como les ocurrió en las aguas territoriales tailandesas. Hoy, los pasajeros beben su propia orina y lanzan por la borda los cadáveres de aquellos que no superan la travesía. A gritos, contaban a los periodistas que se acercaron a ellos que ya llevan 10 muertos.

Hablamos sólo de un barco con 350 pasajeros pero son miles los refugiados e inmigrantes que, en estos momentos, pasan por la espeluznante experiencia de haber sido abandonados en alta mar y que se enfrentan a una muerte segura si nadie les rescata. No se trata del Mediterráneo sino de la Bahía de Bengali y el estrecho de Malacca, entre el Pacífico y el Indico. Es allí donde unas 6.000 personas, según las estimaciones más conservadoras, y 10.000 según las más alarmistas corren el riesgo de morir de hambre y sed o, simplemente, de ahogarse después de que las autoridades de Malasia, Tailandia e Indonesia hayan anunciado que rechazarán toda embarcación que se acerque a sus costas. “No dejaremos que se acerque ningún barco extranjero salvo que se esté hundiendo”, ha anunciado el responsable de la agencia marítima malasia, Tan Kok Kwee. “En caso contrario, les entregaremos provisiones y les obligaremos a marcharse”. La postura es similar a la adoptada por Indonesia. “No deberían haber entrado en aguas indonesias sin permiso”, denunciaba el portavoz del Ejército Fuad Basya.

Según UNCHR, agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, un millar de personas han muerto desde marzo en esta huida desesperada por el mar. Fallecen de hambre, deshidratación o golpeados hasta la muerte por los traficantes, y la cifra aumentará en las próximas horas si prosigue el rechazo a lanzar operaciones de rescate para auxiliar a los barcos que permanecen en alta mar a la espera de una costa segura donde atracar. “Francamente, tienen pocas posibilidades de sobrevivir sin agua ni alimentos”, evalúa John Lowry, portavoz de la Organización Internacional de Migraciones. “Las condiciones a bordo deben ser horribles”.

Sólo en 2014, se estima que casi 55.000 birmanos rohingya o bangaldeshíes tomaron estos barcos como último recurso para escapar de la persecución o de la miseria, una cifra rebasada con creces este año: sólo en los tres primeros meses,25.000 rohingya pagaron una fortuna para escapar.



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El problema que ahoga hoy a centenares no es nuevo, simplemente ha sido ignorado hasta que la realidad de las fosas comunes ha estallado en la cara de los dirigentes. Hace dos semanas, el hallazgo de un campo de tráfico humano en la jungla tailandesa con una treintena de fosas removía conciencias. Fueron hallados 26 cadáveres de inmigrantes bangladesíes o refugiados birmanos de la comunidad rohingya, una de las más perseguidas del mundo.

En su país, Birmania, esta minoría musulmana (800.000 habitantantes) no tiene derechos. Ni siquiera es llamada por su nombre. “Llevan sufriendo desde hace muchos años abusos y persecución estatal. Hay unas 150.000 personas en situación de apartheid y eso les lleva a embarcarse”, explica el director ejecutivo de Fortify Rights, Matthew Smith, desde Bangkok. Los rohingya viven confinados en poblados rodeados por el Ejército, sin posibilidad de trabajar y por tanto sin futuro: una situación tan desesperada que todo aquel que puede reunir los 2.000 dólares necesarios, los paga a una mafia de inmigración para que le ayude a escapar a Malasia, Estado musulmán vecino donde siempre hay un familiar o amigo que, confía, le ayude a empezar una nueva vida, o a cualquier otro destino donde no sean perseguidos. Unos 140.000 rohingya ya han seguido ese caminodesde que en 2012 la violencia religiosa se cobrara 280 muertos. En cuanto a los bangladeshíes, la pobreza les lleva a buscar oportunidades a cualquier precio.

Se trata de un negocio que mueve 250 millones de dólares al año, valoran en Tailandia, y una oportunidad de oro para las mafias sin escrúpulos que han desarrollado una industria intermedia, la del secuestro: tras pagar sumas astronómicas por un pasaje en una barcaza ilegal, sin apenas agua ni alimentos, que a veces tarda meses en consumarse –dependiendo de si se llena o no la barcaza y de los controles marítimos- muchos traficantes les obligan a parar en la costa tailandesa. Allí les hacen andar a pie por la jungla con la promesa de hacerles cruzar la frontera con Malasia a pie, pero antes deben parar en campamentos provisionales erigidos por la jungla donde son confinados, a veces encadenados, por guardianes armados.

Allí el agua escasea, los alimentos son casi inexistentes y los abusos están a la orden del día. Pueden hacer una llamada telefónica a sus familiares, durante la cual serán golpeados para añadir dramatismo: en ella, pedirán a sus seres queridos que paguen un rescate a sus secuestradores. Otros 2.000 dólares que no todos pueden recaudar. En el caso de no pagar –mediante un intermediario en su país de origen- a las mafias, hay variantes: pueden ser golpeados hasta la muerte o vendidos como esclavos a barcos pesqueros, en el caso de los varones, o como esclavas sexuales en el caso de las mujeres.



El relato de Mohammed Tasin, un joven rohingya de 18 años de Sittwe, en el Estado de Rakhine (Arakan) resume bien esa realidad. El joven abandonó Birmania en 2012 en un barco que llevaba a un centenar de mujeres, hombres y niños. “Nos arrestaron las autoridades tailandesas en el mar”, explicaba a la ONG Fortify Rights. “Nos dieron agua potable y cortaron el ancla remolcando el barco al oeste por un día y una noche. Después, nos dejaron marchar”. El barco terminó encallando en una isla tailandesa, donde volvieron a ser detenidos. Durante 11 meses, el grupo permaneció arrestado en un centro de inmigrantes ilegales de Ranong. Después, los oficiales tailandeses les entregaron a traficantes de personas que se llevaron a Mohammad y al resto a un campo situado en lo más remoto de la jungla. Entre torturas, les exigían 60.000 bath (unos 2.000 dólares) por persona. El joven describió cómo asistió al asesinato de varios secuestrados: los traficantes les obligaron a cavar fosas comunes donde enterrar sus cadáveres. “En las últimas semanas, 17 personas murieron. Los enterramos al amanecer. A veces, cuando regresábamos al campo, encontrábamos que otro había muerto”.

El negocio del secuestro de refugiados e inmigrantes era un secreto a voces en Tailandia, como ya contamos en Periodismo Humano, pero las autoridades negaban su existencia hasta que las imágenes de las fosas y de los famélicos supervivientes hallados al borde de la muerte fueron publicadas en la prensa. En un momento, además, sensible para las autoridades ya que el próximo mes Estados Unidos revisará su Informe de Tráfico de Personas (Tailandia, que ocupa el último escalón, intenta mejorar su graduación para así evitar sanciones) y la UE acaba de sacar ‘tarjeta amarilla’ amenazando con prohibir las importaciones de pescado a Tailandia si Bangkok no se compromete con el final de la pesca ilegal y de la esclavitud en los barcos pesqueros.

La maquinaria tailandesa de las relaciones públicas se inició con una campaña por todo lo alto, con batidas en la jungla e investigaciones en las localidades próximas a los campos hallados. A fuerza de buscar ya han sido hallados 78 campos de traficantes, tres de ellos masivos –con capacidad para mantener secuestradas a un millar de personas- y han sido ‘rescatados’ 213 inmigrantes y 63 víctimas de tráfico humano. Unos 80 funcionarios, cifra que incluye alcaldes y responsables municipales de toda índole, han sido detenidos o están en busca y captura y 67 policías han sido apartados de su cargo. Las autoridades aseguran que el líder de la principal red de trata de blancos es Patchuban Angchotipan, más conocido como Ko Tong (Gran Hermano), antiguo responsable municipal y propietario de varios complejos hoteleros en la provincia de Satul, incluida una isla privada cerca de Malasia desde donde se sospecha que dirigía su red de tráfico humano. Ko Tong está huido de la Justicia.

“Hemos acabado con el problema al 50%”, se ufanaba un alto cargo tailandés ante el escepticismo de las ONG, que consideran la campaña una mera estrategia propagandística para mejorar la imagen de la dictadura. La Junta militar discute la posible apertura de campos de refugiados para rohingya tras hallar a 300 rohingya y bangladeshíes abandonados por la red de traficantes, una posibilidad que horroriza a muchas víctimas: de los 300 rescatados por la Policía tailandesa, 187 han sido acusados formalmente por entrar ilegalmente en el país mientras que el resto será considerado víctima de trata.



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El despliegue militar ha congelado el paso de refugiados e inmigrantes por Tailandia y ha generado pánico entre las mafias, que están optando porabandonar su ‘carga’ en alta mar. Unos 1000 civiles habrían sido dejados a su suerte en las costas de Langkawi, en Malasia, mientras que otros 900 fueron rescatados en las costas de Aceh, en Indonesia, en los últimos días antes de que Yakarta se negara a permitir la entrada de más barcos. Las autoridades de Kuala Lumpur también aceptaron inicialmente la entrada de 350 refugiados antes de cerrar sus aguas territoriales, pese a los llamamientos internacionales como el del portavoz de UNCHR Adrian Edwards, que ha pedido a los gobiernos que “continúen sus operaciones de salvamento para encontrar y lograr el desembarco seguro de los pasajeros, muchos de los cuales están en un estado de extrema debilidad después de días, posiblemente semanas, sin comida ni agua”. La Organización Internacional para la Migración (OIM) se ha expresado en el mismo sentido. “Se necesita un esfuerzo regional… No tenemos capacidad para buscarles pero los Gobiernos sí la tienen. Ellos tienen barcos y satélites”, explicaba Joe Lowry.

Chris Lewa, fundadora de Proyecto Arakan –ONG especializada en la persecución de la comunidad rohingya- suena conmocionada al otro lado de la línea. “Una de las experiencias más duras de mi carrera se produjo esta misma tarde, cuando hablábamos con los ocupantes de un barco abandonado en alta mar: se podía escuchar a los niños llorando y gritando de miedo”, se desesperaba. Se refería al barco finalmente hallado por los reporteros y la Armada tailandesa al principio del texto. “Hemos estado en contacto con esa embarcación desde hace días. Tras dos meses en el mar, fueron abandonados hace tres días cerca de Langkawi, hoy (por el lunes) vieron un barco oficial de color blanco aproximarse a ellos y en lugar de rescatarles, se marchó. Podía oir a los niños gritando, es terrible. Necesitamos rescates, necesitamos acción. Esa gente está muriendo en medio del mar. Cientos de personas están muriendo por falta de agua y de alimentos, necesitamos que desembarquen y sean asistidos”.



El barco fue avistado finalmente por varios reporteros que fletaron barcas, entre ellos un equipo de la BBC. “Son unos 350 rohingya y están desesperadamente hambrientos y sedientos”, decía su corresponsal mientras la cámara enfocaba a un nutrido grupo de niños llorosos que se llevaban la mano a la boca pidiendo comida. Un barco de la Armada tailandesa también se aproximó: les entregó provisiones y se volvió a alejar. Se sabe con certeza que al menos otros siete cargueros de grandes dimensiones están errando por el mar.

Proyecto Arakan está siguiendo varios barcos con refugiados e inmigrantes. Uno de ellos lleva 350 pasajeros, la mayor parte rohingya, y partió desde la costa birmana hace dos meses. “Sus ocupantes ya han pagado a las mafias pero éstas ahora no les pueden desembarcar por la vigilancia que se ha impuesto en todos los países involucrados. Muchos capitanes y tripulaciones han decidido huir para evitar se arrestados, así que abandonan a la gente en el mar. Es el caso de este barco de 350 personas: fue abandonado por su capitán tres días atrás porque consideraba demasiado arriesgado atracar en la costa tailandesa. Los inmigrantes no saben cómo utilizar el motor, no saben cómo dirigir la barca”.

Otras mafias de los barcos habían optado por convertir sus embarcaciones en el nuevo campo de secuestrados: quien no pague el rescate exigido es arrojado por la borda. Una vez que pagaban, eran desembarcados hasta que el despliegue militar impidió nuevas llegadas en Tailandia. Pero los secuestros se ejecutan de formas variadas y por diferentes agentes, no sólo las mafias implicadas en el tránsito de personas. En declaraciones a Burma Times, Noor Kayas, una refugiada rohingya, relataba cómo asistió al secuestro de su marido junto a otros 12 hombres cuando atravesaban la frontera de Bangladesh provenientes de Birmania: el grupo, compuesto por 12 mujeres, 13 hombres y varios niños permanecía agazapado en la jungla para evitar ser detectados por los agentes de fronteras cuando siete hombres armados con machetes aparecieron y se llevaron a los varones. Nunca más se les volvió a ver.

Ahora, la campaña tailandesa para acabar con los campos de tráfico humano condena a los inmigrantes y refugiados a morir en el mar si nadie pone remedio, “lo cual es casi peor que los campos”, evalúa Lewa. “No podemos dejar a esa gente morir en medio del mar”, continúa. “Todo es un maquillaje político. Nos pretenden hacer creer que combaten contra la corrupción y contra el tráfico de personas y usan para ello a los rohingya, pero no creo que sea una política destinada a salvar vidas. De hecho, más gente va a morir si no se les permite desembarcar. No tienen a dónde ir, ningún país les quiere, no pueden regresar a Birmania porque no tienen documentos, porque el Gobierno birmano les niega su documentación. Siempre salen perdiendo”.

El representante especial de la Organización de Cooperación Islámica para los Rohingya, Tan Sri Syed Hamid Albar, ha pedido a la ASEAN (Asociación de Naciones del Sureste Asiático) una acción conjunta y urgente. “Si este problema no es afrontado por Tailandia, Indonesia, Malasia y Birmania, se convertirá en unatragedia humana de dimensiones catastróficas”, ha evaluado. Syed Hamid ha pedido al régimen birmano que revalide las ‘tarjetas blancas’ –tarjetas de identidad temporales emitidas a la comunidad rohingya y retiradas el pasado 31 de marzo por órdenes del presidente Thein Sein, dejando a los rohingya del Estado de Arakan sin papeles- para evitar que crezca el éxodo. “Si la mayoría de la gente opta por marcharse, podemos ver una repetición de la crisis de las gentes del barco vietnamita”, estimaba el representante en referencia a los cientos de miles de personas que abandonaron la represión de Vietnam tras la guerra, a finales de los 70 y los años 80, a bordo de precarias embarcaciones con rumbo a Malasia provocando una crisis de refugiados que terminó afectando a todo el sureste asiático: unos 800.000 sobrevivieron (llevó dos décadas reasentarles en todo el mundo) pero incontables personas murieron en alta mar.

La temible posibilidad de que aparezcan barcos cargados de cadáveres en las costas del sureste asiático está llevando a organizaciones internacionales como la ONU a presionar a los países concernidos. Tailandia ha convocado una cumbre regional el próximo día 29 a la que han sido invitados, además de Indonesia, Bangladesh, Malasia y Birmania, Vietnam, Laos, Camboya, Australia y Estados Unidos además de instituciones como la OIM o UNCHR. “Tailandia sólo es un país de tránsito”, ha señalado el general Prayuth, a cargo de la Junta militar tailandesa. “Se trata de un movimiento criminal trans nacional y sólo nos afecta como país de tránsito, así que tenemos que resolver el problema con la cooperación de otros países”. ONG como Fortify Rights han pedido a las autoridades de Tailandia, Indonesia y Malasia que “abran sus fronteras a los refugiados, garanticen su acceso a los procedimientos de asilo y les protejan de detenciones y regresos forzados, garantizando su libertad de movimientos”. Matthew Smith califica la situación de “grave crisis humanitaria que requiere una respuesta inmediata, porque hay vidas en juego”.



Fuente: http://periodismohumano.com/migracion/abandonados-en-alta-mar.html

Nisman no lo supo, pero la oposición había suspendido su declaración en el Congreso

La diputada Laura Alonso reconoció que tramaron una estrategia para mantener en reserva el testimonio del funcionario. Pero admitió que no llegaron a avisarle: el fiscal falleció creyendo que debía declarar en público.

15 de Mayo de 2015

Fue porque el titular de la UFI Amia no quería comparecer en una sesión pública

Néstor Espósito


El fiscal federal Alberto Nisman estaba decidido a ir "con todo" a exponer al Congreso sobre su denuncia por encubrimiento de los imputados iraníes por el atentado contra la AMIA que involucraba a la presidenta, Cristina Fernández, pero había pedido que la audiencia fuese secreta. Lo que ignoraba era que esa exposición, prevista para el lunes 19 de enero a las 15, estaba suspendida. Nisman no iba a hablar en el Congreso, porque cinco legisladores –cuatro del PRO y uno de la UCR– habían decidido que no lo hiciera. Pero no llegaron a comunicárselo y, de hecho, Nisman murió sin saberlo.
El dato, hasta ahora desconocido, quedó registrado en la investigación que lleva adelante la fiscal Viviana Fein a raíz de la declaración testimonial que prestó la diputada del PRO Laura Alonso en febrero pasado.
Ella, junto con sus colegas del PRO Patricia Bullrich, Federico Pinedo y Cornelia Schmitd Lierman, más el aporte telefónico del diputado radical Mario Negri, habían resuelto que Nisman no iba a exponer ante el Congreso.
¿Cuándo lo decidieron? "El domingo 18 a las 18 horas, a pedido mío, nos reunimos los diputados Patricia Bullrich, Federico Pinedo y Cornelia Schmidt Lierman, y se sumó por alta voz en un par de ocasiones el diputado Mario Negri", explicó Alonso ante Fein. "En esa reunión se evaluó el clima de violencia verbal que se había generado en esos días por parte de voceros del oficialismo y decidimos que dado que la reserva no estaba garantizada para la reunión del día siguiente en la comisión de Legislación Penal, el fiscal no se presentaría ante la comisión."
Nisman, según la decisión de los legisladores opositores, "permanecería en alguna sala u oficina y no se lo invitaría a exponer, dado que las condiciones solicitadas por el fiscal no estaban dadas", declaró Alonso.
La reunión, queda dicho, ocurrió según Alonso el domingo 18 a las seis de la tarde. A esa hora, Nisman ya estaba muerto, aunque nadie lo sabía. Eran las horas frenéticas en que los custodios y su madre, Sara Garfunkel, pugnaban por abrir las puertas del departamento en cuyo interior estaba Nisman, porque desde el mediodía nadie respondía a los llamados.
La suspensión de la exposición de Nisman se la iba a comunicar la diputada también del PRO Patricia Bullrich –presidenta de la Comisión y quien lo había convocado junto con Alonso– el mismo lunes 19, el día previsto para la presencia en el Congreso, "por la mañana". Ello nunca ocurrió, porque el fiscal había fallecido, según los peritos oficiales, el domingo al mediodía, en tanto que los de la querella, que representan a su ex mujer, Sandra Arroyo Salgado, indican que fue asesinado el sábado por la noche.
Laura Alonso contó que fue Patricia Bullrich quien le pidió a Nisman que adelantara su presencia en el Congreso. El mismo día en que el fiscal presentó la denuncia, el 14 de enero, Bullrich declaró que le había propuesto que concurriera al día siguiente. Nisman pidió postergarlo. ¿Hasta cuándo? Alonso explica que su colega Bullrich "lo llamó y él le dijo que no tenía ningún inconveniente pero prefería que fuera el martes para prepararse durante el fin de semana. Bullrich le dijo que prefería que fuera el lunes, y acordaron el lunes 19 a las 15".
Nisman quería que las dos diputadas del PRO con las que mantenía un fluido contacto "conozcan la denuncia y la difundan".
Alonso ratificó que Nisman estaba preocupado porque suponía que lo iban a remover de la investigación por el atentado contra la mutual judía. "Me dijo que tenía información fidedigna que lo iban a apartar de la UFI AMIA porque el gobierno sabía que él estaba trabajando en la denuncia de encubrimiento", declaró Alonso. La supuesta decisión de correrlo de la causa debía ser canalizada a través de la Procuración General de la Nación. Sin embargo, Alonso recordó que Nisman le dijo que la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, "lo había llamado en diciembre para decirle que había llegado una actuación donde se informaba que el nivel de amenazas se había elevado y le ofrecía más custodia, a lo que Nisman respondió en ese momento que no."
¿De dónde venía la relación de Nisman con Alonso? Según la diputada, el fiscal la llamó en 2014 para agradecerle una columna de opinión en contra del Memorando de con Irán publicada en el diario La Nación. Coincidieron el 27 de mayo de 2014 en una actividad de la Embajada de Israel en el hotel Panamericano, y al día siguiente se reunieron en el hotel Intercontinental. "No había por parte de Nisman un interés en el encuentro conmigo sólo por las aludidas publicaciones y mi posición respecto del Memorando, sino porque también soy vicepresidente de la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados", explicó la legisladora del PRO.
En aquella reunión, Nisman "comentó que seguía avanzando con la nueva investigación", supuestamente la del encubrimiento de los iraníes. "Yo le pedí que no me diera mayores detalles y que sólo respondiera por sí o por no a la siguiente pregunta: ¿si vos finalizás esta investigación y presentás la denuncia voy a tener que pedirle el juicio político a la presidenta?" La declaración de la diputada indica que Nisman "contestó", aunque no explica qué. «