El presidente Enrique Peña Nieto expresó su total disposición a reunirse nuevamente con los padres y madres de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos desde hace casi un año. ‘‘Ya me he reunido con ellos y tengo la total disposición’’ de volver a hacerlo, y con la presencia de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que el pasado domingo entregó los resultados de sus investigaciones del caso.
Además, el mandatario anunció que por medio de la cancillería se solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la ampliación del mandato del GIEI, para que los expertos concluyan sus trabajos.
Al fijar la postura del gobierno de la República sobre el reporte del GIEI, el Ejecutivo sostuvo que las indagatorias sobre los hechos de Iguala del 26 y 27 de septiembre de 2014 –donde seis personas fueron asesinadas y más de 20 resultaron heridas, además de los 43 normalistas que siguen desaparecidos– continuarán ‘‘hasta saber qué fue lo que realmente pasó’’ y llevar a los culpables ante la ley.
‘‘La sociedad mexicana demanda conocer la verdad’’
Este fue el primer tema que abordó en el discurso que dio en esta localidad, durante la ceremonia de inauguración del Bulevar Industria Automotriz y el Distribuidor Vial 9 Periférico en la capital poblana.
Peña Nieto subrayó su ‘‘invariable y permanente disposición de estar cerca de los padres t madres de las víctimas y apoyarlos de manera permanente. Me une a ellos el deseo de conocer la verdad de lo que ahí, lamentablemente, haya ocurrido. Soy el primero en asumir el pleno interés, no sólo como presidente de la República, sino porque la sociedad mexicana demanda’’ conocer la verdad.
Con este tema inició el mexiquense su participación en el acto al que también asistieron el gobernador Rafael Moreno Valle, secretarios de Estado, así como directivos y trabajadores de la empresa automotriz Audi.
Nuevamente se refirió a la desaparición de los estudiantes como el caso que ha indignado y lastimado a la sociedad mexicana y resaltó que, en aras de esclarecer los hechos, su gobierno solicitó la asistencia técnica de la CIDH. Fue así como se integró el GIEI, el cual ha contado con todas las facilidades para sus investigaciones, dijo. Enseguida reconoció que sus integrantes han realizado un trabajo profesional.
Ahora corresponde a la Procuraduría General de la República (PGR) valorar los resultados del grupo de expertos e incorporarlos a su propia investigación. Sin mencionar de manera específica el señalamiento de los especialistas respecto de que es científicamente imposible que los estudiantes hayan sido quemados en el basurero de Cocula, Peña Nieto mencionó que las diferencias en las diligencias realizadas por la PGR se superarán con nuevos peritajes que den mayor certeza y en los que participarán grupos de peritos forenses del más alto nivel.
El titular del Ejecutivo retomó la conclusión que confirma lo encontrado por la PGR, sobre la participación y probable responsabilidad de los policías municipales de Iguala y de Cocula, junto con el crimen organizado. Con base en ese dato se han ejercido 110 órdenes de aprehensión ‘‘y no cejaremos hasta que todos los culpables por este muy lamentable hecho sean llevados ante la ley’’.
Señaló que el caso se mantiene abierto, la investigación continúa, lo mismo que la búsqueda de los normalistas y será el Poder Judicial quien determine cuándo habrá de concluir.
Intervención de la SRE
Por esa misma razón la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitará a la CIDH un acuerdo para ampliar el mandato del GIEI. Además, señaló, para evitar que hechos trágicos como éste se repitan, el gobierno federal impulsa reformas legales.
Peña Nieto se refirió a la iniciativa de reforma constitucional que presentó al Congreso para combatir la infiltración del crimen organizado en las autoridades locales, fortalecer las instituciones de seguridad pública del país y redefinir el sistema de competencias en materia penal.
Indicó que también enviará un proyecto de ley general para prevenir, sancionar y erradicar la tortura, y una de desaparición forzada de personas.
Acuerdan diputados crear comisión especial para el caso Ayotzinapa
Un día después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa presentó su informe final, los grupos parlamentarios en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordaron constituir una comisión especial para dar seguimiento a las indagatorias sobre la desaparición de los 43 estudiantes.
En tanto, este miércoles en el Senado los expertos de la CIDH se reunirán con las comisiones de Derechos Humanos y la de Relaciones Exteriores para entregar su informe, en el que entre otras cosas se concluyó que no hay evidencia científica para afirmar que los normalistas desaparecidos fueran incinerados en el basurero de Cocula. En el encuentro también se prevé la participación de algunos de los padres y madres de los estudiantes, así como de organizaciones civiles.
De su lado, el líder del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) y al gobierno federal ‘‘hacerse cargo de sus errores’’ y replantear la investigación de los estudiantes desaparecidos sobre bases ciertas, ‘‘para que se conozca la verdad de lo ocurrido y se castigue a los responsables’’.
Gracias a la CIDH, dijo, fue posible conocer un conjunto de falsedades, se puso en claro que hay fuertes indicios de corrupción de la justicia y se evidenció la ineficacia del gobierno federal.
En San Lázaro, César Camacho, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), informó que se presentaron al menos tres propuestas para volver a integrar la comisión especial, así como abordar el tema en el pleno. El coordinador panista, Marko Cortés, explicó que la comisión tiene por objeto garantizar que el país sepa la verdad sobre la desaparición de los alumnos de la normal y garantizar que este tipo de hechos no se repitan.
Su homólogo perredista, Francisco Martínez Neri, informó que su bancada presentará una solicitud de juicio político contra el ex procurador Jesús Murillo Karam, porque condujo la investigación de una manera ‘‘contraria a la administración de justicia, así como a los derechos y garantías a las que estaba obligado’’.
En el Senado, legisladores de PRD y PAN demandaron que Murillo rinda declaración ministerial para que explique ‘‘los elementos jurídicos, legales y científicos’’ que lo llevaron a concluir como ‘‘verdad histórica’’ que los 43 normalistas fueron incinerados.
Alejandro Encinas sostuvo que el informe desnuda el nivel de corrupción y descomposición de las instituciones públicas. El coordinador de los senadores del sol azteca, Miguel Barbosa, dijo por su parte: ‘‘Desde el inicio hubo una decisión política para que la PGR eliminara evidencias que vincularan a servidores públicos del gobierno estatal y federal. Hubo una decisión política para hacer a un lado al Ejército y para crear una verdad formal’’.
Finalmente, la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Ximena Puente, anunció que todos los datos del caso Ayotzinapa serán públicos, salvo aquellos en que la ley prevé su reserva.
3 descubrimientos clave de los expertos independientes vs. la “verdad histórica” de la PGR
El pasado 27 de enero, el entonces procurador Jesús Murillo Karam presentó lo qué él mismo bautizó como la “verdad histórica” de los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, que dejaron como saldo 43 normalistas desaparecidos, seis personas asesinadas y 40 más heridas.
Según esa “verdad histórica” –soportada en cientos de testimonios, confesiones y pruebas científicas realizadas por la PGR, de acuerdo con el funcionario–, “los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados (en el basurero municipal de Cocula) y arrojados al río San Juan, en ese orden”.
Según esa “verdad histórica” –soportada en cientos de testimonios, confesiones y pruebas científicas realizadas por la PGR, de acuerdo con el funcionario–, “los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados (en el basurero municipal de Cocula) y arrojados al río San Juan, en ese orden”.
Para el entonces procurador, las evidencias con las que contaban las autoridades para sustentar dicha hipótesis eran de “una contundencia suficiente para poder consignar a los culpables”, y remató: “quien quiera dudar de eso, en vez de ser coadyuvantes del Ministerio Público debería ser coadyuvante de la defensa”.
Ocho meses después, sin embargo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para analizar los hechos ocurridos en Iguala, no sólo puso en duda las conclusiones de la autoridad, sino que demostró su falsedad con pruebas científicas.
A continuación, presentamos los puntos clave de la “verdad histórica” presentada por la PGR el 27 de enero de 2015, y las refutaciones expuestas ayer por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, al hacer público su primer informe de labores, a seis meses de haber iniciado sus investigaciones en México.
1.- El fuego imposible
Según la “verdad histórica” de la PGR, los policías de Iguala detuvieron a los 43 normalistas en la calle Juan N. Álvarez, y luego los entregaron a policías municipales de Cocula que, a su vez, los entregaron a una célula del cártel conocido como Guerreros Unidos.
Basándose en declaraciones y peritajes realizados por su propio personal, la PGR concluyó que esta célula de sicarios trasladó a los normalistas hasta el basurero municipal de Cocula, donde los asesinaron e incineraron, hasta convertirlos en cenizas, en un lapso de 16 horas.
Tal como reveló Murillo Karam en enero pasado, en ese lugar fueron encontrados “residuos de diesel y gasolina en el suelo, tres zonas con ceniza, rocas con impacto térmico, (se encontró) el punto de origen del incendio, residuos diversos con alto grado de deterioro por el fuego, (como) aluminio fundido por la exposición al calor intenso, fragmentos de llantas con huellas de carbonización, así como residuos característicos de neumáticos, afectación del fuego sobre diversos restos humanos; así como un dictamen biológico que indica que las plantas fueron afectadas por el calor en la zona”.
El entonces titular de la PGR incluso entró en detalles sobre la mecánica de la incineración, basándose en los peritajes realizados por la Procuraduría: “Una vez alcanzada la ignición –aseguró–, las llantas utilizadas alcanzaron hasta 1600 grados centígrados, dificultando que el fuego se extinguiera por medios mecánicos, prolongando su combustión”.
Según la PGR, esta combustión a mil 600 grados se logró con 15 llantas, ramas y botellas de plástico que los homicidas recogieron de la basura.
Sin embargo, el grupo de expertos realizó su propio peritaje, para lo cual invitó al doctor José Torero, experto en manejo de fuego y seguridad, acreditado por las universidades de Berkley, de Edimburgo, de Queensland, y reconocido por esta experiencia por la Royal Society de Escocia, y sus conclusiones fueron contundentes: “Los muchachos –destacó Francisco Cox, del GIEI– no fueron incinerados en el basurero de Cocula”.
En este sentido, los expertos indicaron que “la evidencia recolectada (hasta al momento) no permite inferir mayores conclusiones acerca de los presuntos eventos ocurridos el 27 de septiembre o su correlación con la hipótesis establecida a base de testimonios”.
La lista de pruebas que exhibe el grupo de expertos para refutar la versión del la PGR es larga: en primera instancia, los peritajes del doctor Torero demuestran que para reducir a cenizas 43 cuerpos, estando al aire libre, habrían sido requeridas no 15 llantas y algunas ramas, sino 30 mil 100 kilos de madera y 13 mil 330 kilos de neumáticos.
Además, aún si hubiese sido posible reunir todo ese material para incinerar los 43 cuerpos, la pira debía permanecer ardiendo alrededor de 60 horas, y no 16 como asegura la PGR.
Otra inconsistencia es que, según la “verdad histórica”, los sicarios estuvieron revisando de cerca la hoguera con los cuerpos, para verificar que no se apagara. Sin embargo, los expertos del GIEI concluyeron que el calor emitido por una pira de esas dimensiones no sólo habría “quemado vivo” a cualquiera que se acercara a más de 30 metros, sino que también habría provocado un incendio forestal, ya que habría quemado todo el basurero, y no sólo el área de 12 metros cuadrados en el que la Procuraduría asegura que fueron reducidos a cenizas los 43 cadáveres.
En la versión de la PGR también se afirma que la llama generada tuvo una altura de siete metros, y fue dispuesta al fondo del basurero, en una hondonada de 20 metros de profundidad, por lo cual los habitantes de Cocula no se percataron de la incineración de los cuerpos.
No obstante, según los cálculos del experto en fuego consultado por el GIEI, una llama de siete metros provocaría un penacho de humo de 300 metros de altura, el cual, de haber existido, habría sido visto por todos los habitantes de ese municipio, lo cual no ocurrió.
Así, “podemos decir que ese evento (la incineración de los 43 cuerpos en el basurero de Cocula), tal cual ha sido descrito, no pasó”, remató al respecto Carlos Beristain.
2.- El quinto autobús…
De acuerdo con lo informado por Murillo Karam el 26 de septiembre de 2014, un grupo indeterminado de normalistas llegó a Iguala a bordo de dos autobuses. Su plan era retener más camiones de pasajeros en la caseta de peaje que se ubica poco antes de llegar a esta localidad, que serían usados la semana siguiente para trasladarse a la Ciudad de México, donde planeaban participar en la conmemoración anual de la matanza estudiantil del 2 de octubre.
Esta versión oficial señala que, además de los dos autobuses en los que arribaron, los normalistas tomaron en dicha caseta un tercer autobús, al cual se le permitió concluir su recorrido hasta la central de autobuses municipal –acompañado su chofer por un grupo reducido de estudiantes– para que así el pasaje pudiera llegar a su destino, luego de lo cual se había acordado con el conductor que emprenderían el camino hacia la normal de Ayotzinapa.
Ya en la terminal de Iguala, sin embargo, el chofer de este autobús encerró dentro de la unidad a los normalistas que llevaba a bordo, ante lo cual éstos pidieron vía telefónica el auxilio de los demás estudiantes que permanecían en la caseta de Iguala.
Estos normalistas llegaron a la central camionera municipal a bordo de los dos autobuses con los que salieron de Ayotzinapa y, según la versión oficial de la PGR, “en este lugar (la central camionera) los estudiantes se apoderan de dos autobuses más, sumando en total cuatro autobuses retenidos”.
Sin embargo, tal como comprobó el Grupo de Expertos a través de los videos de seguridad de la misma terminal de autobuses, los normalistas no se llevaron cuatro vehículos de pasajeros, sino cinco.
La existencia de este quinto autobús involucrado en el ataque contra los normalistas es importante debido a que, tal como señalan los testimonios recabados, las autoridades que persiguieron y detuvieron este camión no eran sólo policías municipales (hasta el momento las únicas autoridades cuya participación en los hechos reconoce la PGR), sino también por policías estatales y federales.
Esto quiere decir que, tal como pudo comprobar el grupo de expertos, sí hay indicios en la averiguación previa de que en los ataques contra normalistas hay responsabilidad de agentes del gobierno del estado de Guerrero y, peor aún, también de agentes del gobierno de la República.
En torno a este quinto autobús, tal como descubrió el GIEI, existen distintas anomalías en la investigación de la PGR, todas orientadas a ocultar su existencia: en primera, su confiscación por parte de los normalistas no es aceptada por las autoridades, aún cuando los mismos normalistas reconocen que capturaron este vehículo en la terminal de Iguala. Luego, la PGR terminó aceptando que este camión sí había sido confiscado por los estudiantes de Ayotzinapa, pero aseguró que inmediatamente después fue destruido por los normalistas.
Ante la presión del grupo de expertos, la PGR aceptó citar al chofer de esta unidad para que explicara qué había pasado con ella el día de los hechos, y el operador no sólo contradijo la versión de la Procuraduría (que el autobús había sido destruido inmediatamente después de salir de la terminal), sino que lanzó su propia historia: aseguró que el vehículo sí había sido confiscado por los estudiantes de Ayotzinapa y que sí salió de la terminal, pero, aclaró, debió reingresar a la central camionera porque detectaron una falla mecánica.
Sin embargo, tras revisar los videos de seguridad de la terminal, el grupo de expertos pudo concluir que los estudiantes sí se llevaron confiscados un total cinco autobuses (dos en los que llegaron de Ayotzinapa, y tres más capturados en la terminal), y que ninguno de estos vehículos regresó después.
Esta mañana, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula, el titular de la SEIDO, Felipe Muñoz, dijo que la información acerca del quinto autobús sí está en la investigación de la PGR, y que de ahí fue donde obtuvieron los datos los expertos de la CIDH,
Según los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la operación coordinada de distintos grupos policiacos, quienes persiguieron y actuaron a los normalistas en al menos nueve puntos de la ciudad, evidencia que su preocupación no era realmente que los estudiantes ingresaran a Iguala, sino que intentaran sacar los camiones recién confiscados.
Al respecto, el grupo de expertos recordó que existen antecedentes de tráfico de drogas desde Iguala hacia Estados Unidos, empleando camiones de pasajeros, en compartimientos adaptados.
“Todo ello nos llevó a pensar que este bus tiene algo que ver con los hechos –señaló Carlos Beristáin, del grupo de expertos–: es un bus que no aparecía en el expediente. Luego dijeron que sí había salido (de la terminal). Después, que había sido destruido. Después, el chofer dice que no (que el autobús se descompuso), y después aparece un testimonio que refuerza la versión de los estudiantes (que involucra a agentes federales en la captura de este vehículo). Y todo eso no había sido considerado en la investigación… obviamente hablamos con la PGR y sugerimos que se investigue esto, porque pensamos que este bus puede tener que ver con los hechos.”
La principal evidencia del involucramiento de este quinto autobús en los hechos, así como de la participación de policías federales en el ataque contra los normalistas iban a bordo de este vehículo, es el video de vigilancia captado por las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala, mismo que, tal como denunció el GIEI, se encuentra desaparecido.
3.- La presencia militar
El 27 de enero, luego de una hora de conferencia, al final de la cual incluso respondió preguntas de la prensa, el entonces procurador Murillo Karam dio por concluido el acto y emprendió la retirada. Una última pregunta, no obstante, le fue lanzada cuando ya se alejaba: “¿Y qué hay de las denuncias sobre participación del Ejército?”
Se trataba de un tema sobre el que la “verdad histórica” no se pronunciaba.
Murillo captó la pregunta y volvió sobre sus pasos para clamar, ante el micrófono, para que fuera bien escuchado: “No hay una sola evidencia de que haya intervenido el Ejército, ni una sola, las mismas declaraciones de los que hoy dicen que el Ejército fue, lo acusaban (antes) de omisión, las mismitas. No hay una sola (prueba) de la participación del Ejército, ni siquiera había un grupo ahí…”
Con esta sentencia, el entonces titular de la PGR respaldaba la versión de la Secretaría de la Defensa Nacional, según la cual los elementos del 27 Batallón de Infantería –asentado en Iguala– se mantuvieron acuartelados y ajenos a los hechos que se desarrollaron durante la noche del 26 de septiembre del año pasado.
Esto, sin embargo, es falso, tal como descubrió el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, ya que la PGR cuenta con declaraciones de agentes de inteligencia militar, quienes reconocieron haber estado en algunos de los lugares donde se desarrollaron los ataques contra los estudiantes e, incluso, que reconocen haber presenciado estos ataques, sin intervenir en auxilio de las víctimas.
Según la investigación realizada por el grupo de expertos, la PGR posee declaraciones soldados adscritos a inteligencia militar, quienes que reconocen haber estado presentes en la zona aledaña al Palacio de Justicia de Iguala, lugar donde fueron detenidos dos de los cinco camiones en los que los normalistas intentaban salir de la ciudad.
Los estudiantes de uno de estos camiones fueron arrestados y desaparecidos, mientras que los del segundo vehículo lograron huir a pie.
Según estos agentes de inteligencia militar, en la detención-desaparición de este grupo de normalistas participaron policías municipales, estatales y federales.
Aún así, la “verdad histórica” sólo involucra en los hechos a policías municipales. Nunca a policías estatales o federales, a ministeriales o a soldados.
