El cerco judicial con que Gerardo Morales y sus aliados políticos intentan asfixiar a Milagro Sala y la red de organizaciones sociales que lidera empezó por lo menos seis años atrás, o más. Con humor, los jujeños hablan de las causas penales de “los huevos y las bombachas”. La de los huevos se originó por un escrache a Morales en 2009, cuando era senador y fue a dar una charla sobre control de fondos públicos al Consejo de Ciencias Económicas de Jujuy. Un grupo de militantes sociales le tiró de todo, entre otras cosas huevos, y aunque “la Flaca” –como le dicen a Sala– estaba en la otra punta de la provincia, él la acusó de instigadora y el expediente desde entonces está abierto. El caso de las bombachas tiene un comienzo desopilante: un día la hija de María, asistente de Milagro, hacía compras en la feria y descubrió que en un puesto estaba en venta la ropa interior que su mamá había traído de Italia y que desapareció con las etiquetas puestas cuando unos ladrones desvalijaron su casa. La vendedora quedó detenida, pero la chica también, aunque sólo a la primera la liberaron enseguida. El hecho fue que la jefa de la comisaría denunció que Milagro la había amenazado por teléfono cuando llamó para cuestionar que dejaran presa a quien había descubierto el robo. “¿Por negra?”, inquirió a su estilo. A la comisaria Silvina Cabero la representa como abogado en la querella el hijo del gobernador Morales, Gastón.
Así, con estas historias y el brazo armado del Poder Judicial local, se asientan las estrategias que buscan minar el camino de Sala, o su vida. El 16 de enero fue detenida por protestar y acampar frente a la gobernación, pero era evidente no podía ser esa una razón para dejarla en prisión. El juez Gastón Mercau extendió el encierro lo más posible, casi dos semanas, lo suficiente como para que el oficialismo local armara una denuncia en la que se le endilga junto a un grupo de cooperativistas el desvío de fondos públicos para viviendas. El viernes a las 8.30 el juez finalmente le dio la excarcelación por la protesta pero a la media hora le notificó que quedaba detenida por partícipe de una asociación ilícita y fraude a la administración pública. Pareció una burla. Era la confirmación de una persecución contra alguien que es icono de la militancia territorial pero que lleva en sus orígenes la militancia sindical con los trabajadores del Estado, que hoy se vuelve significativa ante los miles de despidos del gobierno de Mauricio Macri.
El juez Mercau habilitó la feria judicial para tramitar esta causa por supuesta corrupción cocinada en unos pocos días y hasta última hora del viernes no había notificado a los abogados las razones tan acuciantes para hacerlo, ni había puesto fecha para indagar a Sala y al resto de los imputados. Nadie en tribunales, en cambio, atinó a habilitar la feria de enero para tratar las presentaciones penales de un tenor no menor que involucran a Morales. Por empezar, la denuncia por abuso de derecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por quitarle por decreto (403-G2016) la personería jurídica a la Tupac Amaru y la red de organizaciones y el acceso a beneficios sociales. El texto les adjudica “delitos cometidos en oportunidad de la toma y acampe en el denominado Paseo de la Bandera”, en Plaza Belgrano, que hasta entonces ningún juez había mencionado. La misma disposición los obligaba a empadronarse y aceptar el Plan de Regularización y Transparencia de cooperativas y beneficios sociales. De la mano, la organización presentó una medida cautelar, algo que requiere urgencia, para evitar la aplicación del decreto y planteó su inconstitucionalidad. Alegó la violación de los derechos de libertad de expresión, de petición, libertad de asociación, reunión pacífica, debido proceso legal y derecho al trabajo, según explicó el abogado Luis Paz. “Al quitar la personería habilitaron que una asociación civil sea calificada como asociación ilícita”, añadió. Otra de las denuncias penales ignoradas es la del allanamiento que la policía local hizo sin orden judicial en la sede del Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular (Fuyo), que lidera Sala.
La más temida
Fernando “Nando” Acosta es secretario de Interior de la CTA Autónoma y uno de los fundadores de la asociación Tupac Amaru. Milagro se forjó con él como dirigente gremial y lo considera su “hermano”. Cuando la fue a ver esta semana al penal de mujeres, ella le dijo que estaba convencida de que su detención por la protesta era solo una excusa y que se venía algo peor, tal como sucedió el viernes; y también le habló de que lo que más le preocupaba es “que no funcionan las cooperativas, ni el centro de rehabilitación de discapacitados, ni los polideportivos; son miles de personas, muchos de ellos niños, a la deriva”, relató Acosta a Página/12. Milagro Sala y la Tupac Amaru representan todo eso, y más: una organización autónoma, que funciona con un criterio colectivo diferenciado de cánones políticos tradicionales, que batalló con los punteros, que se fue desplegando en los barrios, primero con la coordinación de las copas de leche, hace años, y concibió una red humana y comunitaria impresionante, que desarrolló centros de salud, escuelas, centros recreativos, centros comunitarios y hasta viviendas, a través de un sistema de cooperativas que abarata costos en las obras que tuvo apoyo económico del Estado.
Esta construcción, con capacidad resolutiva propia de los problemas sociales básicos, que afectan a miles de habitantes, y con un criterio distinto de distribución de la riqueza se convirtió en un “cuco” para las fuerzas políticas de siempre. En el caso de Morales, cuyo partido venía batallando sin suerte por conseguir el poder en la provincia desde el retorno de la democracia, siempre fue una sombra. El ahora gobernador basó buena parte de su campaña, en alianza con Cambiemos, en atacar a Sala –mujer, negra, colla y aguerrida– para captar a la clase media. También sembró, en parte en alusión al ex gobernador Eduardo Fellner, la idea del “doble gobierno que ha instalado la decadencia en Jujuy” o del “Estado paralelo”.
El acampe frente a la gobernación derivó de la falta de respuesta a tres notas que la Tupac Amaru hizo a Morales desde que resultó electo gobernador, en octubre último. Le pedían abrir una mesa de diálogo para discutir cómo sería la continuidad de las obras y el programa de construcción de viviendas, a través de las cooperativas. “Teníamos contratos para una última etapa de construcción de 500 viviendas cada 180 días. Nosotros, desde la organización, no tenemos capacidad para hacer un puente, pero sí podemos hacer casas. Y desde 2004 lo hicimos a la mitad del costo que lo hacía una empresa privada”, explica Paz. “Nunca nos contestaron, pese a que no- sotros decimos que aceptamos el plan que proponen. Morales no quiere hablar con ‘la Flaca’, no quiere que esté nuestra representante en la mesa de diálogo”, explica. El 14 de diciembre hubo una movilización, al día siguiente una asamblea popular con 900 personas y se votó acampar. A Sala la fueron a detener un mes después a su casa. La imputación decía “instigación a cometer delito”, en relación a los cortes de calle, y “tumulto” o “sedición”, por no acatar el plan del gobierno para las cooperativas. “Esos delitos no tenían entidad, mucho menos para tener a una persona detenida”, agrega Paz.
La “Justicia” leal
El juez que ordenó la detención se llama Raúl Gutiérrez. Al rato de firmar esa decisión, para lo cual habilitó la feria un día sábado, pasó parte de enfermo y se esfumó. “Acá en Jujuy le abren causas a cualquiera que participa en movilizaciones, yo debo tener como treinta. Pero ¿sabe quién me mandó a detener una vez en una protesta por condiciones laborales en la Dirección de Rentas? Gutiérrez. ¿Y sabe lo que hizo? Se pidió licencia de enfermo al instante”, recuerda Fernando “Nando” Acosta a este diario. “Con Milagro se ensañaron, por lo que representa, y le inventaron lo del tumulto y la instigación. Ahora resulta que reclamar es extorsionar, y organizarse es asociarse ilícitamente. Así deberíamos estar todos presos”, ironiza. Con Gutiérrez de licencia, no hubo ninguna autoridad judicial que resolviera el pedido de excarcelación de Sala hasta el lunes a la madrugada, o sea, casi dos días después del arresto. Ahí apareció el juez Mercau, el que dilató y repitió la detención.
Mercau es el padre de las nietas de la recientemente designada presidenta del Superior Tribunal de Jujuy, Clara Langhe de Falcone, quien fue diputada radical en la provincia hasta 2010. La Corte local tendrá un gran poder de decisión en todo este paquete de asuntos, tanto los que afectan a las organizaciones como las denuncias contra el gobierno de Morales. Pero además, como todo tribunal superior, encarna un modelo. El inicio de la estrategia del gobernador para lograr apoyo del Poder Judicial en su ataque a los movimientos sociales estuvo ahí: consiguió ampliar su alto tribunal –como informó este diario– de cinco a nueve miembros apenas asumió: de los cuatro nuevos, dos eran diputados radicales que acababan de votar esa reforma y que a los tres días ya se estaban jurando y poniéndose la toga. Se trata de Pablo Baca y Beatriz Altamirano, y otro de los nuevos jueces nombrados, Federico Otaola, también había sido legislador de la UCR. Clara Langhe, quien viene del tribunal anterior llegó por un acuerdo entre el peronismo y el radicalismo, y ahora como presidenta tendrá gran poder porque el tribunal será dividido en salas donde ella tendrá la facultad de desempatar en los fallos.
En la misma tanda de nombramientos, el gobierno nombró al frente del ministerio Público Fiscal, a Sergio Lello Sánchez, de carrera judicial y familia radical. A cargo de la Defensoría General nombró a una de las hermanas del vicegobernador Carlos Haquim, Ivonne Haquim, y su otra hermana, Susana, es la secretaria de Derechos Humanos. El desalojo del acampe no sólo fue ordenado por el juez Mercau, sino por otro, contravencional, Matías Ustarez Carrillo, quien fue nombrado en ese cargo el 5 de enero último, es decir por Morales. Carrillo ha participado en eventos de la UCR fotografiados y el expediente de la protesta es el número “001” de su juzgado. El primer fiscal que intervenía en diciembre, Daniel Osinaga, quien consideraba que los manifestantes no cometían ningún delito, fue denunciado penalmente por el fiscal de Estado Mariano Miranda por no impulsar la acción penal. La fiscal Liliana Fernández de Montiel es del fuero de Menores –conocida por haber pedido prisión perpetua para Romina Tejerina– y fue designada especialmente para actuar en el mes de enero y ocuparse de este tema. De entrada pidió la detención de la dirigente de la Tupac Amaru. A mitad de mes, le renovaron esa subrogancia.
Más allá de las fronteras de Jujuy es factible deducir que hubo un hecho a nivel nacional que despejó el camino para el vale todo en plan de armarse la “justicia propia”, que fue la designación en comisión, por un decreto de Mauricio Macri, de dos jueces para la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz), algo que rechazó un gran espectro de la comunidad jurídica y del arco político. La Corte no les quiso tomar juramento de inmediato, pero todavía hay final abierto, con alguna chance de discusión en el Senado. Macri, en estos días, respaldó abiertamente a Morales.
Denuncias y más denuncias
La causa por los huevazos al ahora gobernador, que se remonta a 2009, refleja el comienzo del acoso judicial a Milagro Sala. El entonces senador la denunció en base al testimonio de un ex compañero de la dirigente, quien aseguró que ella había organizado el escrache a Morales en la sede del Consejo de Ciencias Económicas en una charla que daba junto al ex auditor general de la Nación Leandro Despouy. El primer juez federal, Wenceslao Cardozo, la imputó como instigadora y la llamó a indagatoria a pesar de que no hubo acusación fiscal. Los abogados de Sala decían que no era un delito federal, discutieron la competencia, la Cámara les dio la razón y la Sala IV de la Cámara de Casación, en cambio, sostuvo que sí era federal porque Morales actuaba en todos los planos de su vida como senador. El fiscal ante la Casación, Javier De Luca, sostuvo que una causa federal por ese hecho era algo descabellado.
La Sala IV es la misma que revocó el procesamiento del empresario Pedro Blaquier acusado de delitos de lesa humanidad desde el Ingenio Ledesma durante la última dictadura. En el ínterin, Sala fue enviada a juicio oral. Otra vez, la discusión llega a Casación, que insistió en que sea enjuiciada. En un comienzo, como el tribunal oral federal estaba vacante, fueron designados allí los mismos jueces porteños que subrogaban en causas de lesa humanidad: Fátima Ruiz López y Daniel Morín. La obsesión de Morales con el tema se vio reflejada en un escrito en que quiso recusarlos con el argumento de que eran de Justicia Legítima –ninguno de los dos es socio de asociación, pero tampoco es un partido político– iban a favorecer a la dirigente. Lo adivinaba. La campaña llegó a punto tal que el diario La Nación publicó un editorial festejando que los habían apartado, cuando en realidad se les había terminado la subrogancia en la provincia, un paso burocrático. Por último, Sala, con esta causa convertida en un lastre a lo largo del tiempo, pidió la probation (aceptaba tareas comunitarias u otra opción): los nuevos jueces orales (Mario Juárez Almaraz y María Cataldi), nombrados hace más de un año, se la denegaron. En la audiencia pública en el Senado previa a su nombramiento, Morales les había preguntado que pensaban de ese instituto, la probation.
La causa de las bombachas robadas le costó a Milagro una denuncia por amenazas de la comisaria Cabero. Había llamado a la seccional para plantear que era un desatino que la hija de su asistente siguiera detenida mientras que la que vendía la ropa robada no. La comisaria dijo que le advirtió por teléfono que “iba a poner una bomba en la seccional van a volar todos a la mierda y ahí me van a conocer”. La causa es de 2014, sigue abierta y nunca nadie la llamó a indagatoria. Hoy es presentada por algunos medios como una grave mancha en su prontuario. También se ha difundido una causa sobre su supuesta participación en hechos de narcotráfico, que los abogados dicen desconocer y nunca haber sido notificados.
El expediente por el que finalmente quedó presa, algo que se veía venir cuando allanaron su casa esta semana, y por el que también fueron detenidos dos ex funcionarios del gobierno de Fellner, presidente del PJ, se inició –mientras estaba detenida por el acampe– por una denuncia de un grupo de cooperativistas ex aliados de Sala hasta hace unos días, captados por el gobierno de Morales, quien le adjudicó el desvío de 29 millones de pesos de las arcas de la Nación enviados a las cooperativas. Los acusan de asociación ilícita, extorsión y fraude a la administración pública, de exigirles a los cooperativistas los cheques que recibían para las obras, y de distribuir el dinero como quería. Sus abogados, ya reclaman su excarcelación: “En Jujuy una persona acusada de tentativa de homicidio fue liberada en 24 horas, a Milagro se le imputan delitos mucho más leves y nadie funda sospechas de que se va a fugar o entorpecer la causa”, dijo Paz. Ariel Ruarte, diputado de Fuyo y también abogado, dijo que así se instala en Jujuy, con una justicia dócil y dispuesta, el “derecho penal del enemigo” (el que castiga a alguien no por lo que hizo sino por su supuesta peligrosidad) como forma despiadada de criminalización. Es una lógica impensable en otros ámbitos, que impresiona ante situaciones como –sólo por dar un ejemplo– la de Federico Sturzenegger, quien está procesado por el Megacanje, que elevó la deuda en 55 mil millones de dólares, y espera su juicio en libertad y con el cargo de presidente del Banco Central.
Por Natalia Aruguete y Bárbara Schijman